Falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales

Falsos positivos

Entre 2002 y 2010, unidades del Ejército Nacional de Colombia asesinaron a civiles indefensos y los presentaron como guerrilleros muertos en combate para inflar las estadísticas oficiales de bajas. La práctica —conocida por el eufemismo militar de "falsos positivos"— cobró más de 1.500 víctimas, se concentró en el trienio 2006-2008 y funcionó como un sistema: reclutadores, batallones ejecutores, encubrimiento judicial y una cadena de incentivos económicos y profesionales que premiaba las muertes. No fue un exceso individual ni un puñado de "manzanas podridas": fue un patrón sostenido durante ocho años en múltiples departamentos, hoy investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz como una de las prácticas más atroces del conflicto armado colombiano.

Antecedentes: el terreno del que brotó la práctica

La presentación de civiles como bajas en combate no nació con la Seguridad Democrática. Desde los años ochenta, la XIV Brigada del Ejército reportó en comunicados oficiales a víctimas de masacres como guerrilleros muertos en enfrentamientos, con denuncias documentadas ante la Procuraduría General de la República en 1984. El informe del Procurador General de la época reveló la composición de grupos paramilitares en la región y la participación en ellos de miembros de la fuerza pública y organismos de seguridad estatal. La familia Palacios, militantes reconocidos de la Unión Patriótica, fue ejecutada en su finca —los obligaron a acostarse boca abajo y les dispararon— y luego reportada como guerrilleros abatidos en combate.

En octubre de 2002, ya bajo el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, comandante del Batallón La Popa en el Cesar, reportó una operación con varios guerrilleros del ELN muertos y recibió elogios del comandante del Ejército; investigaciones posteriores cuestionaron la veracidad de esos resultados. Ese mismo año, en la Comuna 13 de Medellín, la Operación Orión inauguró un ciclo en el que la fuerza pública actuó de manera premeditada y mancomunada con estructuras paramilitares; el general Mauricio Santoyo aparecería años después señalado como facilitador de las comunicaciones entre militares y autodefensas en esa zona.

Cuando la Seguridad Democrática convirtió las bajas guerrilleras en la principal métrica pública de éxito militar, encontró una cultura institucional que ya sabía cómo presentar civiles muertos como enemigos abatidos. Lo que cambió a partir de 2002 fue la escala, la sistematicidad y el conjunto de incentivos formales que rodearon la práctica.

Excomandantes del Bloque Centauros de las Autodefensas —entre ellos alias Chatarro y alias Don Mario— sindicarían más tarde a oficiales del Batallón XXI Vargas en el Meta de coordinar falsos positivos con paramilitares para mostrar resultados a sus superiores y aliviar la presión operacional sobre las autodefensas. El coronel Cabuya de León, según esos mismos testimonios, exigía a paramilitares del Bloque Centauros que le entregaran personas vivas para presentarlas como guerrilleros muertos. La alianza operativa entre unidades del Ejército y estructuras paramilitares no fue una novedad de la Seguridad Democrática: fue el sustrato sobre el que se montó la fase más letal del fenómeno.

El desarrollo: modus operandi y expansión territorial

El procedimiento se estandarizó. Reclutadores civiles pagados por miembros del Ejército contactaban a jóvenes en terminales de transporte, plazas de mercado y esquinas de barrios populares con ofertas de empleo —a veces como jornaleros, a veces como escoltas, a veces sin especificar—. Las víctimas viajaban por su propia voluntad hacia lo que creían un trabajo lejano. Eran trasladadas a zonas remotas de Norte de Santander, Cesar, Antioquia, Meta, Casanare o Nariño, donde tropas del Ejército las esperaban. Allí eran asesinadas, vestidas con uniformes camuflados, armadas con fusiles o granadas —el llamado "kit de legalización" que, según testimonios de exintegrantes del Ejército, se enseñaba a manejar desde la Escuela Militar— y reportadas como guerrilleros dados de baja en combate.

Miembros del Ejército alteraban la escena del crimen y cambiaban las vestimentas de las víctimas para reclamar incentivos económicos y profesionales y responder a la presión de resultados. La escena quedaba montada como un combate: una emboscada frustrada, un enfrentamiento en zona de operaciones, un guerrillero abatido en fuga. El cuerpo, en lugar de ser ocultado, se exhibía. Ese fue uno de los rasgos macabros del fenómeno: los cadáveres no se escondían, se mostraban con orgullo institucional. En algunos casos las víctimas fueron registradas como no identificadas y sepultadas en fosas comunes o cementerios rurales, prolongando durante años la incertidumbre de sus familias.

El perfil de las víctimas fue consistente: jóvenes de barrios populares, trabajadores informales, habitantes de calle, personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, consumidores de sustancias psicoactivas, personas en condición de discapacidad. La selección no fue casual. Eran personas cuyas desapariciones tardarían en ser denunciadas, cuyas familias tenían menos capacidad de presión pública, cuyos vínculos con las instituciones eran más frágiles. En algunas regiones, las desapariciones de habitantes de calle se habían normalizado al punto de que las familias no denunciaban, asumiendo que sus hijos podían haber muerto por su consumo. Esa normalización social fue parte del mecanismo: convirtió a los ejecutados en muertos socialmente disponibles.

La Terminal de Transportes de Tunja, en Boyacá, funcionó como uno de los puntos de captación documentados: al menos desde 2007 se denuncian desapariciones de jóvenes engañados allí, trasladados a parajes alejados y reportados por el Batallón Tarqui como guerrilleros de las FARC abatidos en combate. En Nariño, la JEP investiga 37 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2010, con 61 víctimas atribuidas al Batallón Batalla de Boyacá; el Observatorio de DDHH registra 82 ejecuciones en el mismo departamento y periodo. Antioquia concentra el mayor número de registros del país. En el 56% de los municipios de Colombia se registró al menos una ejecución extrajudicial en los últimos treinta años como parte del conflicto armado.

Las cifras trazan el arco. En 2006 hubo 68 casos; en 2007, 149; en 2008, 95 incidentes con 175 víctimas. En el primer semestre de 2008 se contabilizaron 106 acusaciones; en el primer semestre de 2009, apenas siete. El pico coincide con la comandancia del general Mario Montoya Uribe al frente del Ejército, entre marzo de 2006 y noviembre de 2008: bajo su mando se registró un aumento del 144% en ejecuciones extrajudiciales, el mayor de cualquier comandante del Ejército en el período estudiado.

Las causas: doctrina, presión de mando e incentivos perversos

La cultura institucional del Ejército venía moldeada por décadas de guerra contrainsurgente y por una convivencia sinuosa con estructuras paramilitares que enseñó a manipular la identidad de los muertos. Sobre ese sedimento, entre 2002 y 2008 un conjunto de directrices, presiones e incentivos hizo de las bajas el indicador central del éxito operacional y transformó la métrica en un motor de crímenes.

Testimonios de exintegrantes del Ejército y de oficiales de alto rango describen esa presión con crudeza: los resultados se medían, informalmente, "por litros de sangre". La frase circulaba en unidades y batallones como resumen del clima de mando. No aparece en un manual ni en una directiva firmada, pero fue la vara real con la que se juzgaba el desempeño de comandantes de batallón y de compañía. Las promociones, los reconocimientos, las asignaciones, las medallas, los permisos: todo se calibraba, en la práctica, contra el número de guerrilleros abatidos que cada unidad podía exhibir.

La Directiva Permanente n.º 0142 del 4 de mayo de 2008, firmada por el general Montoya, estableció criterios para el otorgamiento de la medalla por servicios distinguidos en materia de orden público vinculados a bajas en combate. Es uno de los pocos rastros documentales que amarran, con letra institucional, la relación entre número de muertos enemigos y reconocimiento profesional. A eso se sumaron incentivos menos formales pero más concretos: Montoya habría instruido a sus subordinados a ofrecer un millón de pesos por soldado y quince días de licencia por cada baja, con dineros extraídos de los fondos de gastos reservados de inteligencia. El patrón encaja con la mecánica descrita reiteradamente: víctimas ejecutadas y disfrazadas para reclamar incentivos económicos y profesionales.

No existe evidencia de una orden escrita que instruyera asesinar civiles, ni un decreto o directiva ministerial que estableciera formalmente las bajas como métrica oficial del éxito militar. El sistema operó en una zona gris: exigencias verbales de resultados, criterios de ascenso que premiaban el número de muertos, reconocimientos institucionales atados a operaciones exitosas y una tolerancia sostenida de los altos mandos ante señales tempranas de que las cifras se estaban inflando con civiles. Esa combinación —presión intensa, incentivos concretos, control laxo— produjo el patrón, no una orden centralizada.

El clima ideológico completó el andamiaje. La retórica pública de la Seguridad Democrática dividía el país entre patriotas y auxiliadores del terrorismo, estigmatizaba a defensores de derechos humanos —a quienes el presidente Uribe llamó en varias ocasiones "farsantes"— y descalificaba informes de organismos internacionales. En ese marco, las denuncias tempranas sobre ejecuciones extrajudiciales se percibieron como maniobras del enemigo. Y dentro del Ejército, la deshumanización de los marginados urbanos —vistos como poblaciones desechables— se combinó con la deshumanización del enemigo insurgente. El resultado fueron víctimas intercambiables: un habitante de calle podía ser presentado como guerrillero porque, en la lógica del sistema, uno y otro eran vidas prescindibles.

El escándalo de Soacha: el momento en que el país tuvo que mirar

En enero de 2008 comenzaron a desaparecer jóvenes en Soacha, el municipio del sur de Bogotá donde se hacinan familias desplazadas de todo el país. Recibían ofertas de trabajo de reclutadores civiles y no volvían. Sus madres —Luz Marina Bernal, Jacqueline Castillo y otras que en su mayoría no se conocían— empezaron a moverse cada una por su lado: preguntando en morgues, hospitales, comandos de policía, buscando en cualquier lugar donde pudiera haber pistas.

En septiembre de 2008 se identificaron, mediante pruebas de ADN, los cuerpos de jóvenes desaparecidos de Soacha y Bogotá —el número varía entre once y dieciséis— reportados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate en Norte de Santander, principalmente en la región de Ocaña. Los cuerpos habían aparecido a cientos de kilómetros de sus casas, apenas días después de su desaparición, presentados como combatientes abatidos en enfrentamientos que, según los reportes militares, se habían producido en zonas donde ni ellos ni sus familias habían estado nunca. La coincidencia de los patrones —desaparición en Soacha, muerte casi inmediata en zonas de operaciones militares del oriente— hizo insostenible la versión oficial.

Al reconocerse en la historia de las otras, las madres se organizaron. Ese vínculo colectivo —construido en salas de espera de Medicina Legal, en oficinas de la Fiscalía, en cementerios donde debían exhumar a sus hijos— fue la primera respuesta social masiva contra los falsos positivos y transformó el fenómeno de una acumulación de casos aislados en una denuncia nacional.

La reacción oficial combinó reconocimiento parcial y contención política. En octubre de 2008, el presidente Uribe destituyó a 27 oficiales militares, incluidos tres generales. A principios de noviembre, Montoya renunció como comandante del Ejército. La cobertura mediática de las ejecuciones extrajudiciales creció exponencialmente en los doce meses siguientes. Y las cifras cayeron de manera abrupta: de 106 acusaciones en el primer semestre de 2008 a siete en el primer semestre de 2009. La caída fue tan pronunciada que sugirió, más allá de cualquier declaración oficial, hasta qué punto la práctica había dependido de decisiones concretas de mando que podían suspenderse cuando la exposición pública se volvía inmanejable.

Pero el reconocimiento nunca fue completo. El gobierno adoptó un discurso de individualización de la responsabilidad, sostuvo que se trataba de casos aislados y no de un fenómeno generalizado y mantuvo una estrategia de estigmatización de las organizaciones y víctimas denunciantes: descalificó informes de Human Rights Watch, restó legitimidad a las intervenciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del CICR, y siguió tratando el trabajo de las madres de Soacha con desconfianza institucional. Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, emitió una declaración sobre Colombia en 2009 y documentó el carácter sistemático del fenómeno vinculándolo a la demanda de resultados y a la política de estímulos a la tropa.

La disputa por la justicia: jurisdicción ordinaria contra jurisdicción militar

La batalla judicial se dio en dos frentes: qué tribunal juzgaría los crímenes y hasta dónde llegaría la responsabilidad de mando.

Durante los años previos al escándalo, las ejecuciones extrajudiciales habían sido tramitadas mayoritariamente en la Justicia Penal Militar, donde el índice de condenas era mínimo y donde la corporación protegía a los suyos. Con directivas posteriores a 2008 se ordenó trasladar los casos a la jurisdicción penal ordinaria, pero las presiones institucionales para retener los expedientes en el fuero militar se intensificaron. Funcionarios de la justicia penal militar que insistieron en enviar los casos a la ordinaria enfrentaron amenazas, hostigamientos y consecuencias laborales. Algunos fueron apartados de sus cargos.

En 2012, ya bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, el gobierno propuso una reforma constitucional para ampliar la jurisdicción de los tribunales militares sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. El Congreso la aprobó en diciembre de ese año con amplia mayoría, en medio de la controversia de organizaciones de derechos humanos que advirtieron que reabría las puertas del fuero militar para crímenes contra civiles. La reforma fue posteriormente declarada inexequible por la Corte Constitucional y no llegó a aplicarse. Su sola tramitación, sin embargo, dejó ver hasta qué punto la protección corporativa del Ejército seguía teniendo peso político en años en que ya se conocía el alcance del fenómeno.

La Fiscalía, entretanto, avanzó en decenas de procesos ordinarios. Hacia mediados de 2013 se habían producido condenas contra oficiales de rango medio, incluidos al menos dos coroneles vinculados a los crímenes de Soacha. Los procesos contra los mandos superiores fueron mucho más lentos.

La JEP y el Macrocaso 03: la verdad tardía

La creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el marco del acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC en 2016, abrió una vía de investigación distinta. La JEP abrió un macrocaso específico para investigar las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, en el que comparecen tanto ejecutores directos como oficiales de mando.

Montoya firmó su sometimiento a la JEP en octubre de 2018. Durante su comandancia se habrían registrado más de dos mil casos de falsos positivos —una cifra atribuida a la defensa de víctimas, no un dato judicialmente establecido, pero coherente con el pico documentado en 2007-2008—. Ante la JEP ha negado haber cometido delitos y ha rechazado reconocer responsabilidad de mando. Sostiene que sus actuaciones se enmarcaron en la Constitución y el respeto por los derechos humanos, que existían reuniones mensuales de justicia para analizar muertes en combate y que firmó órdenes documentadas de respeto a los derechos humanos. Reconocer responsabilidad, ha dicho, equivaldría a admitir que el Ejército era una organización criminal.

Su versión choca frontalmente con tres cuerpos de evidencia: los datos estadísticos que asocian su mando con el pico de ejecuciones, el testimonio del oficial retirado que lo cita ofreciendo incentivos económicos por bajas, y la Directiva 0142 de 2008 que firmó como comandante del Ejército. Choca también con el reconocimiento parcial que sí han hecho algunos soldados y comandantes ante la Comisión de la Verdad, donde han pedido perdón a los familiares y a la nación y han descrito la mecánica interna del sistema.

El proceso ante la JEP contempla etapas de verdad temprana, verdad tardía y juzgamiento, con sanciones que pueden llegar a entre quince y veinte años de prisión para quienes no reconozcan responsabilidad. Es la primera vez que la justicia colombiana enfrenta de manera sistemática la pregunta que las madres de Soacha vienen formulando desde 2008: quién dio la orden y por qué los altos mandos no actuaron a tiempo. La respuesta institucional plena todavía está pendiente.

Las consecuencias: memoria, ejército, país

Las consecuencias inmediatas fueron visibles. La caída drástica de casos en 2009, las destituciones de octubre de 2008, la renuncia de Montoya, el crecimiento de la cobertura mediática, la articulación de las madres de Soacha en un movimiento estable de denuncia, la apertura de investigaciones penales que se prolongarían durante más de una década. La Comisión de la Verdad recibió testimonios de más de mil familias de asesinados a lo largo del país y planteó la pregunta —que sigue abierta— de por qué las autoridades no iniciaron antes la investigación que se emprendió en el segundo semestre de 2008, dado que las denuncias previas eran numerosas.

Las consecuencias de largo plazo son menos claras y más profundas. Los falsos positivos rompieron la confianza pública en el Ejército de una manera que ninguna otra denuncia de la Seguridad Democrática consiguió romper. Convirtieron la palabra resultados en un término sospechoso dentro del vocabulario militar colombiano. Obligaron a repensar los sistemas de incentivos, la doctrina operacional y los mecanismos de control interno de las fuerzas armadas, aunque los cambios efectivos hayan sido desiguales y contestados. Y establecieron, en el terreno de la memoria pública, un piso irreducible: la práctica existió, fue sistemática, alcanzó a más de 1.500 víctimas y no puede ser explicada como suma de excesos individuales.

Los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y los expedientes de la JEP constituyen hoy el archivo más completo que Colombia ha reunido sobre una violación masiva de derechos humanos cometida por su propio Estado.

Por qué sigue importando

Los falsos positivos no son un capítulo cerrado. La judicialización sigue en curso, la responsabilidad de mando sigue disputándose y las madres de Soacha —muchas ya ancianas— siguen asistiendo a audiencias de la JEP casi dos décadas después de que sus hijos desaparecieran.

La razón profunda por la que este acontecimiento pesa en la historia de Colombia excede, sin embargo, el proceso judicial. Los falsos positivos son la evidencia más brutal de que las políticas públicas de seguridad, cuando se diseñan con métricas equivocadas e incentivos mal calibrados, pueden producir crímenes masivos sin necesidad de una orden explícita. Bastó una presión sostenida por bajas, un sistema de recompensas atado a esos resultados, una cadena de mando dispuesta a mirar hacia otro lado y una sociedad entrenada para considerar prescindibles a los más pobres. Con esos ingredientes, el aparato militar de un Estado democrático produjo, en menos de una década, más de mil quinientas ejecuciones de civiles.

Ese diagnóstico incomoda porque no permite descargar la responsabilidad en un puñado de oficiales corruptos ni atribuirlo a la locura de la guerra. Los falsos positivos ocurrieron dentro de instituciones que funcionaban, bajo gobiernos elegidos, con supervisión formal de las autoridades civiles, en medio de una política de seguridad que gozaba de amplio respaldo popular. La pregunta que queda planteada es cómo la eficacia estatal, medida con las varas equivocadas, se convirtió en la maquinaria de un crimen sistemático. Y por qué las víctimas fueron, casi siempre, aquellos a quienes el país había aprendido a no ver.