Bandas criminales y rearme posdesmovilización (2006–2014)

Bandas criminales y rearme posdesmovilización (2006–2014)

Entre 2006 y 2014, mientras el gobierno de Álvaro Uribe Vélez celebraba el desmonte de las Autodefensas Unidas de Colombia como la mayor conquista de la seguridad democrática, en las mismas zonas donde acababan de entregarse las armas surgía una constelación de estructuras armadas que heredaron territorios, rutas, mandos medios y economías ilegales del paramilitarismo. El Estado las bautizó bacrim —bandas criminales emergentes— y las clasificó como delincuencia común desprovista de proyecto político. Organizaciones de víctimas, investigadores y la propia MAPP-OEA hablaron de rearme, reciclaje y tercera generación paramilitar. Lo ocurrido en ese lapso no fue disolución sino mutación: la extradición masiva de los jefes en mayo de 2008 fracturó las cadenas de mando centralizadas de las AUC y produjo actores más descentralizados, orientados sobre todo al narcotráfico, pero con evidente continuidad territorial y operativa respecto de la organización que oficialmente había dejado de existir. El período se cierra hacia 2014, cuando la denominación de Grupos Armados Organizados (GAO) desplaza al término bacrim y el país entra de lleno en las negociaciones con las FARC, dejando abierta la pregunta que este ciclo nunca respondió: qué fue exactamente lo que se desmovilizó.

El proceso incompleto: las grietas del DDR paramilitar

Para entender el rearme hay que volver a las ceremonias mismas. Entre 2003 y 2006, los 30.944 paramilitares que se desmovilizaron colectivamente entregaron un arsenal muy inferior al que efectivamente controlaban. En estructuras como el Bloque Central Bolívar y los frentes de los Llanos Orientales se documentó la entrega de armas viejas o inservibles mientras se ocultaban en caletas las armas nuevas. El sacerdote jesuita Francisco de Roux, testigo presencial de varias de esas ceremonias, y testimonios de exintegrantes coincidieron en que la reserva de armamento no fue un descuido logístico sino una decisión deliberada del Bloque Central Bolívar para proteger sus bienes y sus rentas ilegales, en particular las minas y los cultivos de coca del sur de Bolívar.

La composición humana del proceso fue igual de porosa. De los 30.944 desmovilizados, un informe del Ministerio del Interior indicó que cerca de 12.000 —el 40%— no habría pertenecido a los llamados frentes de cheque de las AUC. La cifra, atribuida a admisiones de cabecillas de 36 estructuras, apuntaba a un fenómeno documentado por investigadoras como Jasmin Hristov: sicarios contratados, delincuentes urbanos y personas ajenas al conflicto se presentaron en las ceremonias para acceder a los beneficios jurídicos y económicos del programa, mientras combatientes reales permanecieron activos.

A esa doble filtración —armas ocultas, combatientes falsos— se sumó la continuidad de mandos medios que sencillamente nunca se presentaron. En el Bloque Héroes de Montes de María, en el Bloque Élmer Cárdenas y en el Bloque Central Bolívar, subestructuras enteras siguieron operando en sus zonas de influencia como reductos, según los términos que empezó a usar la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA desde 2007. Mauricio Romero, coordinador del área de DDR de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, distinguió entre disidentes —los mandos medios que nunca se desmovilizaron—, rearmados —los desmovilizados que volvieron a la violencia armada— y grupos emergentes surgidos del vacío dejado por las AUC.

El supuesto cese de hostilidades que las AUC habían declarado como precondición del proceso tampoco se cumplió. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató que durante la negociación y la desmovilización los grupos siguieron cometiendo crímenes contra la población civil. Y una vez concluida la entrega formal, la presión sobre los desmovilizados fue directa: en Barrancabermeja, durante 2006 y 2007, hubo asesinatos selectivos de excombatientes que se negaban a reincorporarse a las nuevas estructuras. El Centro Nacional de Memoria Histórica documentó, a partir de entrevistas con exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, que el 27% de ellos había recibido ofertas de vinculación a grupos armados ilegales tras su desmovilización: la mayoría no logró identificar la procedencia de la oferta, pero entre los grupos reconocidos aparecieron las Águilas Negras. La cifra no era abstracta; medía la puerta giratoria que operaba en el terreno mientras las ceremonias se cerraban.

Todo esto hizo posible el rearme desde el diseño mismo del DDR: armas ocultas, combatientes ficticios, mandos medios intactos, economías ilegales sin tocar.

Los primeros indicios: 2006–2007

Las señales aparecieron apenas concluida la ceremonia final. Desde 2007, la MAPP-OEA reportaba estructuras posdesmovilización activas en varias regiones: en el Bajo Cauca antioqueño se documentó una presunta organización compuesta por desmovilizados del Bloque Central Bolívar; en Urabá y el norte del Chocó, reductos vinculados al Bloque Élmer Cárdenas seguían controlando corredores. En el Tolima, las Águilas Negras y una estructura que pronto adoptaría el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia comenzaron a ocupar el espacio del Bloque Tolima, con un aumento notable de hechos victimizantes desde ese año.

El nombre Águilas Negras se convirtió pronto en un paraguas confuso. Bajo ese rótulo circularon panfletos, amenazas y reivindicaciones en regiones muy distintas, sin que existiera necesariamente una organización nacional articulada. Para 2008, algunas estimaciones calculaban entre 6.000 y 8.000 hombres armados bajo esa denominación: un ejército disperso, del tamaño de un bloque medio de las AUC, operando sin mando único. En muchos casos, la etiqueta funcionaba como firma intercambiable de estructuras locales heterogéneas; en otros, correspondía a la primera denominación de lo que después se llamaría Urabeños o Clan del Golfo. En mayo de 2009, un comunicado firmado con ese nombre rechazó explícitamente la designación gubernamental de bandas emergentes y se proclamó ejército de la Restauración Nacional, reclamando el carácter político que el Estado les negaba.

Los jefes desmovilizados, entretanto, no habían salido del negocio. Recluidos en el Centro de Reclusión de La Ceja —una sede penitenciaria que muchos denunciaron como escasamente carcelaria—, mantenían el control operativo de sus redes. El 1 de diciembre de 2006, en respuesta a esa evidencia, el gobierno ordenó el traslado de un grupo de comandantes a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí; las cifras oficiales oscilaron entre 22 y 58 trasladados, sobre un total cercano a 59 jefes concentrados en La Ceja. La justificación pública fue que los jefes planeaban fugarse y seguían delinquiendo. El 12 de mayo de 2007 salieron a la luz grabaciones telefónicas que confirmaron lo que ya era rumor: desde sus celdas, los comandantes ordenaban asesinatos, movían cargamentos de cocaína y administraban las caletas de armas no entregadas.

La extradición del 13 de mayo de 2008

La decisión que fracturó de manera definitiva la arquitectura AUC llegó en la madrugada del 13 de mayo de 2008. En un operativo sorpresivo, el gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos a catorce jefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo alias Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40 y Carlos Mario Jiménez alias Macaco, junto con otros once cabecillas acusados de narcotráfico. Dentro del gobierno estadounidense, el Departamento de Justicia y la DEA habían presionado por la extradición inmediata; la CIA y el Departamento de Estado preferían posponerla hasta completar la desmovilización y las contribuciones a la verdad. Ganaron los primeros.

La lectura oficial en Bogotá presentó la extradición como el golpe definitivo al paramilitarismo. En la práctica, sus efectos fueron ambivalentes. Por un lado, decapitó las cadenas de mando centralizadas que aún sobrevivían y neutralizó a los capos históricos. Por otro, convirtió a los mandos medios —muchos de ellos exlugartenientes de los extraditados— en actores autónomos que empezaron a disputarse las rutas, las plazas y las economías locales sin árbitro superior. El resultado, en menos de dos años, fue la aparición de más de treinta grupos armados ilegales que se aliaron entre sí o con las guerrillas para consolidar presencia territorial.

El proceso de Justicia y Paz quedó averiado. Pese a la promesa gubernamental de que los extraditados seguirían colaborando con la justicia colombiana desde suelo estadounidense, la continuidad de las audiencias se volvió muy difícil por obstáculos logísticos y por la falta de voluntad política de ambos lados. Los testimonios que debían esclarecer el fenómeno paramilitar quedaron truncos justo cuando empezaban a producirse las revelaciones más comprometedoras para políticos, militares y empresarios. Fue en ese vacío donde tomaron forma las estructuras que dominarían el ciclo siguiente.

El mapa del rearme: Urabeños, Rastrojos y las Águilas Negras

El 8 de enero de 2008, cuatro meses antes de la extradición masiva, en la finca Las Guacamayas del municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, se conformó oficialmente la organización que se llamaría Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Su Estado Mayor inicial lo integraron Daniel Rendón Herrera alias Don Mario —hermano del extraditado Freddy Rendón alias El Alemán, jefe del Bloque Élmer Cárdenas—, Juan de Dios Úsuga alias Giovanni y Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel. En algunas regiones se les conoció también como Urabeños o Clan Úsuga; el nombre Águilas Negras seguía usándose en comunidades del Bajo Cauca, el Nordeste antioqueño y el sur de Córdoba, donde el linaje territorial del Bloque Élmer Cárdenas se transmitía con menos ceremonia que reemplazo. La captura de Don Mario en 2009 no interrumpió el proceso: los hermanos Úsuga tomaron el control y, desde Urabá, extendieron la estructura por el noroccidente y luego hacia el Catatumbo, el bajo Cauca, Chocó y las costas del Pacífico.

Los Rastrojos siguieron una trayectoria distinta. Nacieron en 2002 en el norte del Valle del Cauca, en el entorno del Cartel del Norte del Valle, como brazo armado para el control del corredor cocalero hacia el Pacífico. Desde 2006 comenzaron una expansión sostenida que los llevó, hacia el final del período, a operar en cerca de un tercio de los departamentos del país. En 2007 aparecieron en Norte de Santander, en la región del Catatumbo, procedentes del occidente donde ya se habían asentado. Su perfil era el de una organización más nítidamente narcotraficante, con menos pretensiones ideológicas que los Urabeños, pero con la misma capacidad de operar rutas, cobrar extorsiones y disputar plazas urbanas.

A estos dos actores mayores se sumaron nombres regionales —Los Paisas, Los Machos, La Empresa en Buenaventura, la Oficina de Envigado en su nueva versión pos-Don Berna— y decenas de estructuras menores que aparecían y desaparecían con la velocidad de los ajustes de cuentas. La Corporación Nuevo Arco Iris, dirigida por León Valencia, publicó en 2008 una tipología que dividía a los grupos posdesmovilización en tres categorías: los enteramente nuevos, los compuestos por paramilitares rearmados y los formados por paramilitares que nunca se desmovilizaron. La heterogeneidad no borraba el hilo: lo enredaba.

La disputa por el nombre

Bacrim fue una palabra escogida con cuidado. Al adoptarla, el gobierno de Álvaro Uribe cerraba de un plumazo dos debates a la vez: negaba el estatus político y negaba la lógica contrainsurgente, y con ellos negaba también la responsabilidad estructural del proceso de desmovilización. El vicepresidente Francisco Santos fue una de las voces más enfáticas en sostener que el paramilitarismo había sido extinguido y que los grupos activos eran organizaciones de crimen organizado basadas en el narcotráfico, sin continuidad política con las AUC.

Iván Cepeda, líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y luego representante a la Cámara, respondió en abril de 2011 con una acusación directa: el término bacrim tenía como fin ocultar la reingeniería paramilitar y persuadir a la opinión pública de que su gobierno había acabado con el paramilitarismo. Detrás de la frase había un argumento verificable. En muchas regiones no había habido desmovilización real sino transmisión de estructuras, con relevo de mando y conservación de vínculos con élites políticas y económicas locales. Gustavo Duncan, León Valencia y Claudia López lo mostraron desde ángulos distintos: los grupos operaban en casi todos los departamentos donde las AUC habían tenido presencia violenta en 2002, los mandos medios seguían siendo los mismos y las economías ilegales no se habían movido de sitio. Las estadísticas oficiales, argumentaron, habían dejado de atribuir crímenes al paramilitarismo, trasladando la responsabilidad a la categoría de delincuencia común y evitando cualquier calificación política del fenómeno. La disputa tuvo costos personales: León Valencia y miembros de la Corporación Nuevo Arco Iris recibieron amenazas y algunos debieron abandonar el país.

La cuestión no era solo semántica. Reconocer que se trataba de neoparamilitarismo implicaba admitir que el mayor éxito reivindicado por el gobierno Uribe era, en el mejor de los casos, parcial; implicaba mantener obligaciones internacionales de protección a población civil frente a un actor con dimensiones políticas; implicaba, para las víctimas, la continuidad de un régimen de victimización. Llamarlos bacrim los reducía a un problema policial y les cerraba la puerta a futuras negociaciones formales como las de Justicia y Paz, aunque al mismo tiempo daba por descontada la posibilidad de acuerdos con lo que se presentaba como simples delincuentes, sin la carga de reconocer la trama política que sostenía el fenómeno.

Hacia 2014, el gobierno Santos empezó a introducir la denominación de Grupos Armados Organizados (GAO), que reconocía capacidad militar y estatus operativo sin conceder pleno carácter político. Fue una fórmula intermedia que admitía tácitamente los límites del rótulo bacrim sin renunciar del todo a su lógica.

Las economías del rearme

Ningún análisis del período se sostiene si no coloca en el centro la continuidad de las economías ilegales. Las AUC nunca fueron solo un proyecto contrainsurgente: fueron también una plataforma para el control del narcotráfico, la extorsión, el despojo de tierras, la minería ilegal y la captura de contratación pública. La desmovilización no tocó ninguna de esas estructuras económicas de manera efectiva. Los cultivos de coca del sur de Bolívar, las rutas del Urabá, los corredores del Pacífico, las minas del Bajo Cauca y del Chocó, las extorsiones urbanas de Medellín y Buenaventura seguían allí, y seguían generando rentas.

El caso del norte del Chocó ilustra la trama y anticipa la lógica del ciclo. Pacho Cifuentes había consolidado desde 2003 alianzas con el Cartel de Sinaloa para enviar cocaína desde la pista clandestina de Curiche, en Juradó, usando una empresa pesquera como fachada. En 2007, Don Berna —todavía operando desde su reclusión— ordenó su asesinato por oponerse a ceder a la Oficina de Envigado el control de las rutas del norte del Chocó. Incluso antes de la extradición, la disputa por las rentas del narcotráfico ya estaba fracturando el orden AUC desde adentro, y lo hacía por la vía que después se generalizaría: un jefe preso liquidando a un aliado incómodo para reasignar un corredor.

Tras la desmovilización del Bloque Pacífico en 2005 y del Bloque Élmer Cárdenas en 2006, las economías que estos sostenían —narcotráfico, extorsión, minería— fueron rápidamente cooptadas por nuevos grupos que incorporaron desmovilizados y reclutas frescos. Los Rastrojos y los Urabeños se disputaron los corredores cocaleros; en Nariño y Tumaco, en el Catatumbo, en el Bajo Cauca, el patrón se repitió. La extorsión —la vacuna— siguió siendo una fuente estructural de financiación, con cobros que iban desde tarifas fijas a comerciantes, transportadores y finqueros hasta cifras tan bajas como 5.000 pesos a vendedores ambulantes. La minería ilegal, particularmente del oro en el Bajo Cauca y el Chocó, se convirtió en una renta creciente que competía con la coca en importancia.

La lectura desde las economías ilegales complica la tesis de la simple continuidad paramilitar. La fragmentación en más de treinta grupos, la competencia armada entre ellos y la relativa autonomía de los mandos medios respondían a lógicas de mercado ilegal —control de rutas, alianzas con carteles mexicanos, disputas por plazas— que probablemente habrían producido rearme incluso con una desmovilización técnicamente impecable. Pero los actores que se disputaban esas rentas eran, en proporción sustancial, los mismos que habían operado bajo las AUC, y las estructuras territoriales y sociales que sostenían el negocio —redes de complicidad institucional, control de comunidades, alianzas con élites locales— eran también las mismas.

La captura política que no se fue

El componente que la denominación bacrim más deliberadamente ocultaba era el político. Los grupos posdesmovilización no se limitaron a mover cocaína: buscaron capturar administraciones locales, financiar campañas, decidir candidaturas, acceder a presupuestos oficiales e interferir en la contratación pública. La parapolítica —el escándalo que a mediados de la década había expuesto los vínculos entre políticos regionales y jefes paramilitares— no se cerró con la desmovilización: mutó.

Las elecciones locales del período muestran el efecto. En unos comicios posteriores a 2007, en los que los grupos posdesmovilización aparecían con dimensión propia —los Urabeños, los Rastrojos, los Machos—, los homicidios asociados al proceso electoral superaron los de 2007 (21 casos) y los de 2003 (29 casos), año este último en que las AUC todavía operaban formalmente. La paradoja era ilustrativa: la violencia electoral era mayor con el paramilitarismo oficialmente extinguido que cuando existía como tal.

Estructuras híbridas como las que después se agruparían en el Clan del Golfo se convirtieron en actores centrales del poder político y económico regional, particularmente en Urabá, Córdoba, Bajo Cauca y sur de Bolívar. La captura no era ya el proyecto centralizado que las AUC habían perseguido —con Vicente Castaño soñando en 2005 con una representación política nacional del paramilitarismo—; era una captura fragmentada, local, ajustada municipio a municipio, gobernación a gobernación, contrato a contrato. Lo que sobrevivió con más nitidez del paramilitarismo clásico no fue el ejército sino la infraestructura política; no la ideología antisubversiva sino el mecanismo de gobernanza territorial ilegal.

Impacto humanitario: los cuerpos del rearme

La discusión sobre nombres ocurrió mientras la violencia continuaba. Entre 2007 y agosto de 2011 fueron asesinados 126 líderes de derechos humanos en Colombia, en una práctica atribuida a los herederos del paramilitarismo que combinaba panfletos amenazantes, intimidación colectiva y asesinatos selectivos. Las amenazas alcanzaron a estudiantes, docentes y activistas universitarios, y estuvieron atravesadas por lógicas patriarcales que afectaron con particular saña a mujeres y a personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas.

En el Tolima, el incremento de hechos victimizantes desde 2006 fue notable: en 2007 el número de víctimas se aproximó a las 30.000, y el conjunto del período 2006-2009 registró más víctimas que el trienio 2003-2005, cuando el Bloque Tolima estaba en su apogeo. En Urabá, Chocó y Córdoba, los grupos posdesmovilización se articularon entre 2005 y 2009 a la cadena productiva y de comercialización de la coca, con impacto directo sobre movimientos sociales, líderes comunitarios y comunidades campesinas y afrodescendientes.

Un tipo emergente de violencia se abrió paso en el período: el desplazamiento forzado intraurbano. Barrios enteros se vaciaban por presión de estructuras armadas que disputaban control de comunas, corredores y expendios de droga. Bogotá, Medellín, Buenaventura, Tumaco y Timbiquí registraron las cifras más altas. Era una violencia menos visible en las estadísticas nacionales del conflicto —porque el gobierno la clasificaba como delincuencia común— pero producía las mismas fracturas sociales que el paramilitarismo clásico en el campo.

Medellín: la Oficina, los Urabeños y la Comuna 13

La extradición de Don Berna, el 13 de mayo de 2008, dejó a Medellín sin árbitro. La Oficina de Envigado, que él había heredado del legado de Pablo Escobar y consolidado durante los años del Bloque Cacique Nutibara, entró en una crisis interna que se convirtió pronto en guerra abierta. Dos mandos medios se disputaron la sucesión: Maximiliano Bonilla alias Valenciano y Erick Vargas alias Sebastián. La disputa se libró en las comunas, en los expendios de droga, en los corredores de transporte, en las extorsiones a comerciantes y transportistas. Desde 2007 ya había señales de resurgencia violenta en la ciudad; después de mayo de 2008 la escalada fue vertical.

Los homicidios en Medellín, que habían caído sostenidamente durante los años del pacto del fusil impuesto por Don Berna, se dispararon a partir de 2008. La ciudad, que había sido presentada como caso de éxito de la política de seguridad democrática, volvió a los indicadores propios de sus peores años. Los Urabeños aprovecharon el caos para ingresar a Medellín, ofreciendo apoyo a facciones locales y estableciendo poco a poco su propio dominio en el mercado ilegal urbano. Muchos de los combatientes reclutados por las nuevas estructuras eran excombatientes de las AUC, particularmente del Bloque Cacique Nutibara y del Bloque Héroes de Granada, que aportaban experiencia militar y conocimiento territorial.

En la Comuna 13, donde la Operación Orión de octubre de 2002 había dejado una reconfiguración forzada del control barrial en manos de los paramilitares, la extradición de Don Berna agudizó las pugnas y generó desplazamientos intraurbanos masivos y una redistribución del dominio armado. Los combos barriales, que en la fase anterior se habían articulado bajo el mando único de la Oficina, volvieron a operar como fichas móviles que negociaban lealtad con Valenciano, con Sebastián o con los Urabeños según la coyuntura. La detención de Valenciano el 28 de noviembre de 2011 y la de Sebastián el 8 de agosto de 2012 desactivaron el enfrentamiento armado directo, pero no la disputa: facciones de la Oficina de Envigado y estructuras vinculadas a los Urabeños siguieron compitiendo por control de plazas y rentas, ahora bajo un equilibrio más silencioso y menos legible en las estadísticas de homicidios.

Buenaventura: la guerra por el Pacífico

El puerto de Buenaventura fue, durante el período, uno de los escenarios más brutales del rearme. La ciudad concentraba tres condiciones que la hacían decisiva: era la principal salida colombiana al Pacífico y por tanto un nodo indispensable para la exportación de cocaína hacia Centroamérica y México; tenía una población afrodescendiente empobrecida, con presencia débil del Estado y con barrios de bajamar particularmente vulnerables; y estaba a mitad de camino entre los territorios cocaleros de Nariño y las rutas marítimas del norte.

Los Rastrojos, La Empresa —una estructura local aliada de los primeros— y los Urabeños se disputaron el control urbano. Cuando los Rastrojos se debilitaron y buena parte de La Empresa se pasó al bando de los Urabeños, el realineamiento desató una guerra en los barrios de bajamar que se libraba simultáneamente por dos activos: el control territorial para extorsiones y narcomenudeo, y las rutas de exportación de cocaína. Aparecieron entonces las prácticas que darían al puerto su reputación más siniestra del período: las llamadas casas de pique, donde se descuartizaban personas para hacer desaparecer los cuerpos, y una tasa de desapariciones forzadas y desplazamiento intraurbano que colocaba a Buenaventura por encima de casi cualquier otra ciudad del país. La violencia era selectiva y ejemplar a la vez, dirigida contra jóvenes en zonas de frontera invisible entre bandas, contra líderes comunitarios que denunciaban el control armado, contra familias que se resistían a abandonar predios apetecidos por el desarrollo portuario. En Buenaventura, la etiqueta bacrim alcanzó su nivel de ficción más flagrante: los grupos ejercían una gobernanza territorial de guerra, no una delincuencia común.

Continuidad territorial: el mapa que no cambió

Uno de los datos más contundentes contra la tesis del fin del paramilitarismo fue el mapa. En casi todos los departamentos donde las AUC tuvieron presencia violenta en 2002, año previo al inicio del proceso DDR, se encontró algún grupo neoparamilitar activo en el período posterior a 2006. Urabá, Bajo Cauca, sur de Córdoba, sur de Bolívar, Catatumbo, Magdalena Medio, Meta, Nariño: los enclaves fueron heredados con nombres nuevos.

A esa continuidad se sumó una expansión hacia zonas donde antes no había habido presencia paramilitar significativa, como Vichada y Guaviare, en un patrón que respondía a la lógica del narcotráfico y del control de nuevas fronteras cocaleras. La región del Catatumbo, particularmente compleja por la coincidencia de legados paramilitares, presencia guerrillera del ELN y las FARC, y rutas de exportación por Venezuela, se convirtió en escenario privilegiado del rearme, con Los Rastrojos primero y luego con la expansión de los Urabeños.

El fenómeno no fue solo militar: fue político-territorial. Los grupos no ocupaban regiones vacías; ocupaban entramados de complicidad institucional, alianzas con políticos locales, redes de contratación pública y estructuras económicas legales e ilegales que las AUC habían construido durante más de una década y que la desmovilización no había desmontado.

Lo que queda: la ficción de un desmonte

Cuando en septiembre de 2012 el gobierno de Juan Manuel Santos anunció desde La Habana el inicio de conversaciones formales con las FARC, el fantasma del ciclo 2006-2014 se sentó a la mesa antes que cualquiera de los negociadores. Los redactores del Acuerdo General sabían que una parte sustancial del país iba a leer cada punto —dejación de armas, reincorporación, garantías de seguridad, participación política— contra el telón de fondo de lo que había pasado con las AUC. Y lo que había pasado era, más que un fracaso técnico, un desplazamiento del problema: los territorios estaban ocupados, las rentas se recaudaban, los líderes sociales seguían cayendo, pero el Estado había decidido llamarlo con otro nombre.

La extradición del 13 de mayo de 2008 sí produjo un cambio de régimen dentro del universo armado heredero de las AUC. Las estructuras que dominaron el período posterior fueron más descentralizadas, más orientadas al narcotráfico puro y menos capaces de sostener un proyecto contrainsurgente nacional articulado. En ese sentido acotado, la denominación bacrim capturaba algo real: los nuevos actores no eran una réplica exacta de las AUC. Pero la política oficial usó ese cambio para negar lo que no cambió, y ahí estuvo el problema. Los territorios eran los mismos, las economías ilegales eran las mismas, buena parte de los combatientes y mandos medios eran los mismos, las redes de captura política eran las mismas.

Lo que ocurrió después de 2006 fue una fragmentación, un rebautizo y, en algunas regiones, un endurecimiento del problema: los grupos se volvieron más difíciles de combatir precisamente porque el Estado había decidido que ya no existían como fenómeno con lógica propia. La transición hacia la denominación GAO en 2014 fue el reconocimiento tácito de ese error, pero llegó cuando ya se había perdido casi una década de política pública. Para entonces, los Urabeños dominaban un mapa nacional que ninguna estructura AUC había alcanzado como organización única, y la Comuna 13 de Medellín y los barrios de bajamar de Buenaventura tenían tasas de desaparición forzada y desplazamiento intraurbano que resistían cualquier lectura optimista.

El costo más duradero fue conceptual. Nombrar mal un fenómeno durante ocho años equivalió a diseñar mal las políticas para enfrentarlo, capacitar mal a jueces y fiscales, informar mal a la opinión pública y proteger mal a las víctimas. En La Habana, la pregunta que rondaba las conversaciones no era retórica: cómo evitar que la dejación de armas de las FARC produjera, cinco años después, un paisaje análogo al que había dejado la de las AUC. La respuesta no dependía solo de lo que se firmara con la guerrilla; dependía, sobre todo, de si el Estado colombiano estaba dispuesto a mirar de frente lo que había ocurrido entre 2006 y 2014 y a llamarlo por su nombre.