Auge del campo de la memoria histórica en Colombia (2011–2016)

El auge de la memoria histórica en Colombia (2011–2016)

Entre la sanción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el 10 de junio de 2011, y la firma del Acuerdo Final en el Teatro Colón, el 24 de noviembre de 2016, Colombia vivió un lustro en el que la memoria histórica dejó de ser un ejercicio marginal de organizaciones sociales, académicos y víctimas para convertirse en política de Estado. En esos años se instaló, con respaldo legal e institucional, un vocabulario que hasta entonces había sido combatido desde el poder: la existencia de un conflicto armado interno, la centralidad de las víctimas y el estatus público de la verdad histórica como categoría distinta —aunque no ajena— a la verdad judicial. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), creado por la propia Ley 1448, publicó decenas de informes que reconstruyeron masacres, desapariciones, desplazamientos, secuestros y violencias diferenciadas contra mujeres, indígenas y afrodescendientes. Esa producción no fue un adorno erudito del gobierno de Juan Manuel Santos: fue el suelo simbólico que hizo pensable, y luego legitimable, una negociación con las FARC-EP.

De la Ley de Justicia y Paz al Grupo de Memoria Histórica

El punto de partida no está en 2011 sino seis años antes, en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. Surgida del proceso de diálogo entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia, esa norma organizó la desmovilización de las estructuras paramilitares a cambio de penas reducidas y de la obligación de confesar los crímenes en versiones libres ante fiscales. El diseño priorizaba al desmovilizado —al perpetrador dispuesto a hablar— sobre la víctima, pero produjo un efecto lateral decisivo: las revelaciones públicas de masacres, desapariciones y complicidades políticas sacudieron a la sociedad colombiana. Los vínculos entre paramilitares y políticos, conocidos como parapolítica, escalaron hasta cortes federales; el jefe paramilitar Jairo Castillo Peralta declaró ante la Corte Suprema y su testimonio contribuyó a la condena de Mario Uribe Escobar, primo del presidente, a siete años y medio de prisión. La verdad judicial, aunque parcial y accidentada, había abierto una compuerta.

En el marco de esa ley se creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), y dentro de ella un Área de Memoria Histórica que dio lugar al Grupo de Memoria Histórica (GMH), consolidado a partir de 2007 bajo la coordinación de Gonzalo Sánchez Gómez. El GMH adoptó desde el principio una premisa que marcaría toda la producción posterior: la verdad y la memoria son socialmente construidas, y los mecanismos participativos son vitales para que las víctimas y sus organizaciones formen parte del proceso. No se trataba de escribir sobre las víctimas sino con ellas. La premisa metodológica se tradujo en una serie de informes de caso que se convirtieron, casi sin quererlo, en el canon de la memoria histórica colombiana: Trujillo. Una tragedia que no cesa (2008), sobre los hechos de 1989 a 1991 en ese municipio del Valle del Cauca; La masacre de El Salado (2009); Bojayá (2010); La Rochela (2010); Bahía Portete: Mujeres wayuu en la mira (2010); y La tierra en disputa (2011). Cada informe se convirtió en acontecimiento mediático: Semana, El Tiempo y El Espectador les abrieron espacio y visibilizaron a las víctimas en los lanzamientos públicos.

Cuando Juan Manuel Santos ganó la Presidencia en 2010, encontró un aparato de producción de memoria ya en marcha, con metodología, legitimidad social e informes emblemáticos. El giro decisivo del nuevo gobierno no fue crear la memoria histórica: fue apropiarla, institucionalizarla y ponerla al servicio de un proyecto político mayor.

La Ley 1448 de 2011: la bisagra

El 10 de junio de 2011, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y en presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, Santos sancionó la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El acto tenía carga simbólica calculada: se trataba de proclamar, ante un testigo internacional del más alto rango, lo que hasta el gobierno anterior había sido negado.

La ley hizo tres movimientos de fondo. Primero, reconoció formalmente la existencia de un conflicto armado interno en Colombia. Esa frase, hoy naturalizada, era una ruptura frontal con la doctrina uribista, que había calificado a las guerrillas como amenaza terrorista y rechazado toda calificación que sugiriera la existencia de un enemigo político organizado y con territorio. Reconocer el conflicto era admitir que había una guerra —con actores, causas y víctimas de todos los bandos— y no solo una operación de policía contra criminales. Segundo, desplazó el eje del sistema desde el perpetrador hacia la víctima: el reconocimiento del daño ya no dependía de que un victimario específico fuera judicialmente identificado y condenado. Tercero, fijó un marco temporal de cobertura: los hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, derivados de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves a los derechos humanos con ocasión del conflicto armado interno. Se reconocieron como víctimas quienes hubieran sufrido daños causados por guerrillas, paramilitares y bandas criminales en ese marco.

La ley creó, entre otras piezas, la Unidad Administrativa de Gestión de la Restitución de Tierras Despojadas, adscrita al Ministerio de Agricultura, y estableció las funciones misionales del CNMH. La memoria dejó así de ser un anexo de la Ley de Justicia y Paz para volverse mandato propio, con presupuesto, planta y estructura directiva: un Consejo Directivo presidido por el director del Departamento para la Prosperidad Social, e integrado por los ministros de Cultura, Educación Nacional y Justicia y del Derecho, la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas y representantes de organizaciones de víctimas.

Detrás de la letra jurídica había una decisión política deliberada. Santos había presentado el proyecto a finales de 2010, apenas asumido el cargo, y sabía que reconocer el conflicto rompería con su antecesor. Uribe se opuso a la Ley de Víctimas y a la restitución de tierras, y la brecha entre ambos —al principio disimulada bajo la retórica de continuidad— comenzó a ensancharse. El propio Santos identificaría después tres momentos de quiebre: abrir puertas al diálogo, nombrar en su gabinete a figuras consideradas adversarias por Uribe, y, sobre todo, impulsar la Ley 1448. La memoria, desde su origen institucional, nació disputada.

El CNMH: arquitectura de la memoria de Estado

Gonzalo Sánchez Gómez, historiador de larga trayectoria en el estudio de la violencia colombiana, pasó de coordinar el GMH a dirigir el CNMH, cargo que ejerció entre 2011 y 2018. La continuidad personal fue clave: garantizaba que la metodología, el equipo y los principios acumulados en el CNRR no se perdieran en la transición. El CNMH heredó y amplió la producción del GMH, pero además asumió tareas que rebasaban el trabajo de casos emblemáticos: informes generales, bases de datos, pedagogía, museos, apoyo a iniciativas comunitarias.

La producción del CNMH entre 2011 y 2016 fue voluminosa y deliberadamente plural. En 2013 apareció ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, que sistematizó una lectura de conjunto del conflicto armado y se convirtió en referencia obligada para cualquier discusión pública. Ese mismo año se publicó Una sociedad secuestrada, dedicado al secuestro como modalidad criminal central; en 2014 salió la segunda edición, revisada, de Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997. Vinieron después Una nación desplazada y Pueblos arrasados, sobre El Castillo, en el Meta; Hasta encontrarlos y los tomos coordinados por Carlos Miguel Ortiz sobre desaparición forzada; el volumen sobre tomas y ataques guerrilleros coordinado por Mario Aguilera Peña en convenio con el IEPRI de la Universidad Nacional; Tierras y conflictos rurales, coordinado por Rocío Londoño; y Crímenes que no prescriben: la violencia sexual del Bloque Vencedores de Arauca (2015). Se sumaron trabajos sobre líderes políticos asesinados en Norte de Santander, sobre la llamada limpieza social —a cargo de Carlos Mario Perea Restrepo— y sobre trayectorias insurgentes atípicas, como Guerra propia, guerra ajena, de Daniel Ricardo Peñaranda Supelano, dedicado al Movimiento Armado Quintín Lame.

La producción trazó el mapa de un país que, por primera vez, se dejaba nombrar en detalle desde una institución oficial: municipios y bloques, modalidades y perpetradores, cifras y rostros. Cada informe portaba una tesis metodológica: la memoria se construye con las víctimas, y la voz de estas no ilustra sino que estructura la narrativa.

Absalón Machado, cuya obra sobre la cuestión agraria antecedía largamente al CNMH, aportó el sustrato para pensar el conflicto desde la tierra; María Emma Wills empujó la incorporación del enfoque de género; Pilar Riaño Alcalá trabajó desde la antropología del desplazamiento urbano y participó como relatora en investigaciones sobre la Comuna 13 de Medellín. Jesús Abad Colorado, aunque no era funcionario del CNMH, se convirtió en el fotógrafo cuya obra visual acompañó buena parte de la producción de memoria en esos años. Alrededor del centro se articuló una red académica, artística y activista sin la cual el volumen y la calidad de la producción resultarían inexplicables.

Método: la construcción social de la verdad

El CNMH no era una fiscalía ni una comisión de la verdad clásica. No podía juzgar ni imponer versión oficial. Su método consistía en producir narrativas rigurosas —basadas en evidencia documental, estadística y testimonial— que fueran, al mismo tiempo, ejercicios reparadores para las comunidades afectadas. Ese doble filo forzó herramientas propias.

Los talleres de memoria fueron una pieza central. En ellos, sobrevivientes, familiares y víctimas indirectas se reunían en espacios acompañados por equipos con enfoque psicosocial para reconstruir hechos, elaborar duelos y producir materiales narrativos. Una guía del CNMH incorporó el cuerpo y el movimiento como eje transversal en talleres orientados a víctimas de minas antipersonal, buscando explorar memorias de vida, resistencia y dignidad sin reducir a la persona a su afectación. En el trabajo sobre violencia sexual, el enfoque privilegió el establecimiento de relaciones de confianza entre mujeres participantes: el trabajo grupal facilitaba que recuperaran la voz y la confianza en sí mismas y en su entorno.

A partir de 2014, la Dirección de Acuerdos de la Verdad del CNMH implementó el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad. En su marco se recolectaron entrevistas a personas desmovilizadas de estructuras paramilitares —en Medellín, Villavicencio, Apiay, Ibagué, Suesca y otras ciudades—, cuyos relatos se contrastaban con múltiples fuentes antes de incorporarse al análisis. La lógica era clara: el testimonio del excombatiente no era verdad automática; era insumo que debía someterse a validación cruzada con documentos, prensa, versiones libres y testimonios de víctimas. Junto a los desmovilizados, las contribuciones voluntarias incorporaron a víctimas, testigos, funcionarios públicos y periodistas, ampliando el universo de voces mucho más allá de los excombatientes. En 2015 el propio centro publicó una cartilla —Contribuciones Voluntarias ¡Tu voz construye memoria!— para explicitar conceptos y lineamientos del proceso.

El CNMH también tejió alianzas con universidades regionales. Con la Universidad de los Andes y el apoyo del United States Institute of Peace se impulsaron Grupos Regionales de Memoria Histórica en la Universidad del Magdalena, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, cada una encargada de un caso que iluminara dimensiones poco estudiadas del conflicto regional. En el Magdalena Medio, equipos del centro entrevistaron durante 2013 y 2014 a familiares de víctimas en San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja, Yondó, Cantagallo, San Pablo y Puerto Wilches, alimentando la investigación sobre desaparición forzada en la región. En marzo de 2014, el Comité de Integración del Macizo Colombiano solicitó apoyo al CNMH para un trabajo de memoria sobre la lucha social del campesinado maciceño en Cauca y Nariño.

Y estaba la cuantificación. El Observatorio de Memoria y Conflicto integró fuentes sociales e institucionales para documentar casos de desaparición forzada y otras violencias. La base de datos construida por el GMH y consolidada por el CNMH cubrió víctimas fatales entre el 1º de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012, y arrojó la cifra —hoy inseparable de cualquier discusión pública sobre el conflicto— de aproximadamente 220.000 personas muertas. En paralelo, la Contraloría General de la República construyó en 2013 la Primera Encuesta Nacional de Víctimas, publicada en enero de 2015, y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos produjo una base del Sistema de Información en Derechos Humanos con cobertura de 1982 a 2014. La memoria se volvía también aritmética pública: cifras que permitían dimensionar el país que se estaba narrando.

Memorias plurales: comunidades, mujeres, pueblos étnicos

La producción institucional no agotaba el campo. Simultáneamente florecieron iniciativas comunitarias que ampliaban el sentido de la memoria histórica en direcciones que el aparato estatal no podía cubrir.

En la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar, el Proceso Pacífico de Reconciliación e Integración construyó, junto con el CNMH, un bosque de memoria viva: dos mil árboles en cuyas raíces se sembraban mensajes escritos por afectados por la violencia a sus familiares desaparecidos o asesinados. La memoria se articuló allí con la recuperación ambiental de las cuencas hídricas, en una operación que rechazaba la separación entre duelo y territorio. En Medellín, colectivos sociales de la Comuna 13 intervinieron la Galería Viva en el cementerio La América para resignificar el espacio y conmemorar la Operación Orión de 2002 mediante murales, placas, plantas con mensajes, tejidos y rituales; el Museo Casa de la Memoria participó, junto con organizaciones sociales, de víctimas y académicas, en seminarios con la Unidad Municipal de Víctimas, el Instituto Popular de Capacitación y el Programa Preparémonos para la Paz de la Gobernación de Antioquia.

En el suroccidente, la Gran Familia Awá Binacional —integrada por la Gran Familia Awá del Ecuador, la Unidad Indígena del Pueblo Awá, el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte y la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo— desarrolló un proceso de memoria histórica como estrategia de unidad política y fortalecimiento cultural orientada a la pervivencia territorial; su resultado se materializó en el audiovisual Ñankara: tras la mirada Awá (2015), documentado por el CNMH. En el Medio Atrato, los debates sobre memoria afroatrateña —en un territorio marcado por Bojayá— se aproximaron desde las materialidades, el olvido y las espiritualidades, vinculando la memoria a nociones territoriales propias.

La memoria wayuu sobre la masacre de Bahía Portete mostró, quizás más que ningún otro caso, la pluralidad irreductible del recuerdo. Las narrativas no eran homogéneas: variaban según quién recordara —niños, hombres, mujeres, ancianos, líderes, autoridades— y en qué escenario, y había tensiones entre instituciones y medios frente a las autoridades wayuu en torno a cómo se debía narrar el evento. Algo similar ocurrió en Trujillo, San Carlos y Bojayá: los trabajos de memoria comunitaria mostraban fricciones internas entre grupos de víctimas, gestores, generaciones y orientaciones políticas. Recordar en común nunca fue recordar lo mismo.

El enfoque de género también atravesó el periodo. El GMH había publicado Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano, que documentó cómo entre 1997 y 2005 las AUC ejercieron violencia diferenciada por sexo contra mujeres de la Costa Caribe, incluyendo acceso violento y castigos físicos como estrategias de control social. Bajo la tesis explícita del CNMH, los daños causados a las mujeres surgieron de violencias que se aliaron con tradiciones patriarcales preexistentes y con intenciones de dominación, y no debían leerse como expresión natural del dolor en la guerra sino como afectaciones a la dignidad humana. Nombrar la violencia sexual como daño estructural, y no como fatalidad de la guerra, cambió lo que podía exigirse políticamente.

Verdad histórica y verdad judicial: fricciones y complementariedades

La coexistencia entre el proceso de Justicia y Paz —todavía en marcha durante el período— y la producción de memoria del CNMH planteó fricciones evidentes. Las versiones libres, diseñadas como confesión de excombatientes a cambio de beneficios penales, permitían a los victimarios retomar la escena pública con relatos que a menudo minimizaban o reencuadraban sus crímenes: masacres presentadas como operaciones militares, ejecuciones descritas como combates. Las memorias de las víctimas, en ese formato, tendían a quedar marginadas.

Los diagnósticos institucionales del propio proceso identificaron dificultades estructurales para las víctimas: desinformación sobre las versiones libres, falta de representación judicial, ausencia de atención psicosocial, barreras de acceso para población indígena y afrodescendiente, amenazas y asesinatos de líderes. La verdad judicial, tal como estaba diseñada, producía revelaciones importantes —expuso los vínculos de la parapolítica, llevó a condenas relevantes— pero dejaba fuera dimensiones enteras del daño.

Ahí operó la producción del CNMH como complemento necesario. No sustituía al juez ni pretendía tener fuerza penal, pero podía reconstruir hechos con métodos rigurosos, incorporar la voz de las víctimas como estructura narrativa y sostener una temporalidad más larga y una geografía más amplia que cualquier proceso judicial individual. Los resultados fueron medibles: en encuestas del período, el 64% de la población general declaró haber escuchado hablar en los últimos cinco años de al menos uno de los casos documentados por el GMH —Bojayá, Montes de María, El Salado, Segovia y Remedios, Trujillo, Bahía Portete, El Tigre, La Rochela—, con proporciones que subían al 84% entre víctimas organizadas y al 93% entre expertos. La memoria producida institucionalmente había alcanzado circulación pública real.

Existían también obstáculos técnicos. El silencio, el miedo y el olvido entre quienes presenciaron hechos violentos dificultaron la recopilación de testimonios y produjeron un subregistro persistente. Las diferencias institucionales sobre definiciones —si la desaparición forzada, por ejemplo, era exclusiva del Estado o también atribuible a guerrillas y grupos privados— obstaculizaron la construcción de registros únicos y la comparación de cifras entre entidades. Cada informe suponía negociaciones metodológicas invisibles al lector final.

Causas del auge: una convergencia poco casual

El auge de la memoria histórica en ese lustro no se explica por una sola causa. Se explica por una convergencia.

La Ley de Justicia y Paz había abierto en 2005 un ciclo en el que las víctimas se hicieron más visibles como actor social y político, y en el que el paramilitarismo comenzó a ser confesado públicamente por sus propios ejecutores. Ese ciclo produjo, hacia el final del gobierno Uribe, un quiebre parcial en las élites políticas en torno a la posibilidad de una salida negociada del conflicto; las guerrillas conservaban retaguardias en las fronteras, particularmente en Venezuela, y la salida militar parecía haber tocado un techo. La sociedad colombiana llegó a 2010 con una acumulación de revelaciones —parapolítica, falsos positivos, magnitud del desplazamiento— que hacía cada vez más costoso sostener el relato de un país sin conflicto.

La llegada de Santos a la Presidencia significó, sobre ese fondo, una inflexión política. El nuevo mandatario —ministro de Defensa de Uribe hasta poco antes— optó por reconstruir relaciones diplomáticas con Venezuela y Ecuador, rotas por su antecesor, entendiendo que ese apoyo sería crucial para eventuales negociaciones con las FARC. Y optó por reconocer el conflicto armado interno. La combinación de diplomacia y lenguaje fue el requisito político sin el cual la Ley 1448 y el CNMH no habrían sido posibles. Poco después de expedida la ley, en agosto de 2012, el gobierno firmó con las FARC-EP el Acuerdo General para iniciar las conversaciones de paz. La memoria institucional y la mesa de La Habana entraron en resonancia.

A eso se sumó una infraestructura previa. La existencia del GMH —con su metodología, su equipo, su credibilidad y su serie de informes emblemáticos publicados entre 2008 y 2011— dejó lista una plataforma epistémica que solo hacía falta escalar. Santos no creó la memoria histórica: recibió una que ya tenía masa crítica, la dotó de mandato legal y presupuesto, y le permitió ampliar radicalmente su alcance temático y geográfico.

Consecuencias: el vocabulario del posconflicto

El primer efecto, y quizás el más profundo, fue lingüístico. Al terminar el período, expresiones como "conflicto armado interno", "víctimas", "verdad histórica", "reparación integral" y "restitución de tierras" formaban parte del habla pública ordinaria. Ese vocabulario no era neutral: presuponía un país con guerra, actores múltiples, daños distribuidos y responsabilidad estatal en su reconocimiento. Cuando en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 se sometió a votación el Acuerdo con las FARC —y cuando el resultado, adverso por margen estrecho, obligó a renegociarlo antes de la firma del 24 de noviembre en el Teatro Colón—, la discusión pública se libró íntegramente dentro de esas categorías. Aun quienes se opusieron al Acuerdo lo hicieron reconociendo, implícitamente, que había víctimas, que había conflicto y que había que reparar.

El segundo efecto fue institucional. El CNMH quedó instalado como pieza permanente del Estado; la Unidad de Restitución de Tierras avanzó, con enormes obstáculos, en procesos concretos; la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas atendió a millones de personas registradas. La justicia transicional que vendría después —con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado en La Habana— no habría sido pensable sin ese andamiaje previo.

El tercer efecto fue social. Comunidades enteras encontraron en los procesos de memoria un vehículo de organización, duelo y exigencia de derechos. Museos, archivos comunitarios, colectivos artísticos, procesos étnicos, iniciativas urbanas: el campo de la memoria se expandió más allá de la institución, y muchas veces en tensión con ella. La memoria producida "desde arriba" convivió, y a veces chocó, con memorias "desde abajo" irreductibles a las categorías estatales.

Hubo también un costo. El vocabulario unificado —"conflicto armado", "víctima", "reparación"— fue simultáneamente la puerta que hizo posible el Acuerdo y una plantilla que aplanaba diferencias. Memorias étnicas y territoriales —wayuu, awá, afroatrateñas— resistieron traducirse enteramente a esas categorías. La memoria estatal, al legitimar el proceso de paz, invisibilizó parcialmente aquello que no cabía en su gramática. Y la oposición uribista siguió ofreciendo un relato paralelo en el que la palabra "conflicto" era una concesión ilegítima al enemigo.

Balance

Lo que ocurrió entre 2011 y 2016 no fue solo la producción de informes ni la creación de instituciones. Fue la construcción, a la vez rigurosa y política, de las condiciones para volver inteligible un país que quería —al menos en parte, al menos por un momento— salir de su guerra. La memoria histórica funcionó como el suelo donde el Acuerdo Final pudo pisarse.

El período dejó tres legados duraderos. Dejó cifras: los 220.000 muertos entre 1958 y 2012 quedaron como magnitud básica del conflicto colombiano, imposible de discutir sin invocar esa base. Dejó relatos: los informes sobre El Salado, Bojayá, Trujillo, Bahía Portete, la Comuna 13, el desplazamiento nacional y la desaparición forzada se convirtieron en material de escuelas, universidades, museos y debates. Y dejó una idea de trabajo: la de que un país puede narrarse a sí mismo, con sus víctimas al centro, sin renunciar al rigor.

Que el uribismo continúe cuestionando el vocabulario mismo, que las comunidades sigan disputando cómo se narran sus dolores, que las víctimas sigan sin ver plenamente cumplida la reparación prometida, no invalida lo hecho. La memoria histórica se volvió campo de discusión pública precisamente porque logró importar. Entre la Ley de Víctimas y el Teatro Colón, Colombia empezó a llamar a su guerra por su nombre.