Casas de pique y violencia urbana afrocolombiana en Buenaventura (2010–2015)

Casas de pique y violencia urbana afrocolombiana en Buenaventura (2010–2015)

Entre 2010 y 2015, la principal terminal portuaria de Colombia sobre el Pacífico —por donde entra y sale la mayor parte del comercio del país— fue también el escenario de una de las formas más extremas de violencia urbana documentadas en la historia reciente colombiana. En los barrios de bajamar de Buenaventura, construidos sobre pilotes por afrodescendientes desplazados de los ríos del sur del Chocó y el norte del Cauca, grupos neoparamilitares surgidos del rearme posterior a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) instalaron casas de pique: inmuebles ordinarios donde jóvenes eran torturados, desmembrados con motosierra y descuartizados vivos, y sus restos arrojados a los esteros y a la zona de bajamar. La práctica no era clandestina en el sentido corriente: los vecinos escuchaban los gritos. Su clandestinidad era otra —la del cuerpo que no aparece, la del duelo que no se cierra, la del Estado que reclasifica el crimen como delincuencia común—. Ese repertorio funcionó, al mismo tiempo, como negocio criminal, como disputa territorial entre estructuras herederas de las AUC y como fuerza objetiva de vaciamiento sobre unos suelos que la expansión del puerto y sus corredores logísticos codiciaban. El ciclo se rompió parcialmente con el paro cívico de mayo de 2017, cuando la ciudad detuvo el puerto para exigir lo que nunca había tenido: agua, hospital, empleo, vida.

El puerto sin comunidad y sus barrios en pilotes

Buenaventura es la más nítida ilustración colombiana de lo que el Centro Nacional de Memoria Histórica llamó, en 2015, un puerto sin comunidad: una ciudad que concentra el mayor movimiento portuario del país mientras su población, mayoritariamente afrodescendiente, vive en condiciones de pobreza y exclusión severas. La paradoja no es reciente. En los años sesenta, la creación de Colpuertos —la empresa estatal que administraba las terminales— generó empleo formal, organización sindical y el surgimiento de una clase media y una élite política afrodescendientes con capacidad de representación local. A comienzos de los noventa, la reconfiguración del puerto hacia un modelo de enclave —operado por concesionarios privados, integrado en circuitos logísticos globales, desacoplado del tejido urbano— redujo esos mecanismos de ascenso y de representación, al tiempo que se articulaba con dinámicas de narco-para-política y corrupción armada.

El sector de bajamar concentra la contradicción. Son barrios levantados sobre el mar, en la isla Cascajal —justo al costado del puerto—, poblados por familias desplazadas de las cuencas de los ríos Yurumanguí, Naya, Calima y Cajambre durante las oleadas de violencia rural. Son los barrios más pobres de la ciudad. Sus habitantes los llaman territorios ganados al mar: una resignificación política que reivindica la construcción histórica sobre el agua como fundamento del derecho colectivo. Jurídicamente, sin embargo, esa reivindicación queda en un vacío. La Ley 70 de 1993, que garantiza derechos territoriales colectivos a comunidades afrocolombianas, se orienta a zonas rurales ribereñas bajo condiciones de ocupación histórica y actividades tradicionales; su aplicabilidad plena a comunidades urbanas asentadas sobre bajamar es limitada. La deficiente protección jurídica e institucional de los territorios colectivos afrocolombianos —a pesar de su carácter inembargable, imprescriptible e inalienable— ha sido identificada como uno de los factores estructurales del desplazamiento forzado de estas comunidades.

Sobre esa geografía —comunas 1, 2, 3 y 4, todas en bajamar— convergen dos intereses sobre el territorio: el narcotráfico, que necesita el litoral y sus rutas hacia Centroamérica y el Pacífico norte, y la ampliación del puerto, que necesita suelo continuo, corredores viales y la desaparición de los barrios que se interponen entre el muelle y el continente. Lideresas sociales de Buenaventura han señalado ante la Comisión de la Verdad que la violencia en los barrios con acceso al mar guardaba relación con intereses de desplazar a los moradores para favorecer la expansión portuaria. Los testimonios describen una convergencia estructural cuyos efectos resultaron funcionales al capital.

La herencia del Bloque Calima y el rearme como continuidad

La violencia urbana de 2010–2015 no se entiende sin la irrupción paramilitar de comienzos de la década anterior. Entre 2000 y 2001, las comunidades afrocolombianas de bajamar sufrieron 46 masacres en el marco de la incursión de los bloques Calima y Frente Pacífico de las AUC. El Bloque Calima avanzó desde el norte del Valle del Cauca hacia el puerto alrededor del año 2000; pobladores reportaban entonces campamentos instalados en plantaciones forestales de la zona, posiblemente en terrenos asociados a empresas como Smurfit Kappa, aprovechando la amplitud y despoblación de esas áreas.

La desmovilización formal de las AUC, cerrada en noviembre de 2006 con el Bloque Élmer Cárdenas, fue en Buenaventura un proceso incompleto. A finales de 2004 se produjeron las ceremonias de entrega de integrantes del Bloque Calima y del Frente Pacífico con cobertura sobre la ciudad. El cese de hostilidades no se cumplió, se entregaron menos armas de las que las estructuras poseían, y una proporción de los participantes en las ceremonias no eran combatientes reales sino sicarios contratados. La consecuencia inmediata no fue la pacificación, sino su reverso: la violencia y el desplazamiento se hicieron más críticos y sus repertorios más degradados en los años siguientes. Entre enero y abril de 2005 se registraron 90 asesinatos; el Instituto de Medicina Legal contabilizó 324 homicidios en todo 2005 y 416 en 2006. Y comenzó a ser frecuente la aparición de cuerpos mutilados y torturados en la bahía.

Lo que ocurrió en Buenaventura formaba parte de un fenómeno nacional que la Corporación Nuevo Arco Iris cartografió en 2008: cerca de cien bandas con veintiún denominaciones distintas y aproximadamente ocho mil miembros, presentes en 246 de los 1.102 municipios del país. La corporación distinguía tres tipos: grupos completamente nuevos, grupos rearmados tras la desmovilización y estructuras que nunca se desmovilizaron. El gobierno de Álvaro Uribe se negó a reconocerlos como paramilitares y los denominó Bandas Criminales Emergentes (Bacrim), una etiqueta que las estadísticas oficiales tradujeron atribuyendo sus crímenes a la delincuencia común. Esa reclasificación semántica permitió que ciertas reducciones aparentes en cifras de masacres y desplazamientos convivieran con una violencia que no había desaparecido sino cambiado de nombre.

En Valle del Cauca, Los Rastrojos se impusieron sobre Los Machos tras la captura de Diego Fernando Murillo Bejarano —alias Don Berna—, en el proceso que llevaría también a la caída de Jorge Iván Urdinola, alias La Iguana. Copaban a sangre y fuego los territorios y rutas antes controladas por Los Machos, cuya base de recomposición eran precisamente desmovilizados del Bloque Central Calima. Para 2014, el mapa nacional había vuelto a cambiar: Los Urabeños —también llamados Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan Úsuga, comandados por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel— se habían consolidado como el grupo posdesmovilización más fuerte y extendido, con entre dos y tres mil efectivos organizados en ocho bloques, mientras Los Rastrojos experimentaban un marcado debilitamiento. En Buenaventura, esa recomposición nacional se tradujo en una disputa localizada entre estructuras vinculadas a Los Urabeños y una organización de raíz local conocida como La Empresa, ambas herederas del control territorial legado por las AUC y ambas insertadas en el mismo circuito de rentas portuarias e ilegales.

Casas de pique: la tecnología del cuerpo desaparecido

En los barrios de bajamar, entre 2010 y 2015, la disputa adoptó una forma que en Colombia no tenía precedente urbano de esa escala: el pique. La población llamó picaderos o casas de pique a inmuebles ordinarios —viviendas de madera sobre pilotes, casas indistinguibles de las de sus vecinos— donde los grupos armados asesinaban y descuartizaban personas para hacer desaparecer los cuerpos. Los restos eran arrojados a los esteros y a la zona de bajamar; la marea los llevaba. La imposibilidad estructural de recuperar los cadáveres era el punto: no una consecuencia lamentable del método, sino su función.

Las casas de pique fueron simultáneamente lugares de tortura, de desaparición forzada y de exhibición del control. En algunos casos, las partes del cuerpo de las víctimas desmembradas eran abandonadas en distintos puntos del barrio o de la ciudad, como advertencia sobre quién controlaba el territorio. La violencia no se ocultaba; se dosificaba. Se hacía visible lo justo para producir miedo, e invisible lo justo para producir impunidad.

Los métodos incluían golpes con martillo y bate y el uso de motosierra para descuartizar a las víctimas. El descuartizamiento con motosierra no es una técnica de eficiencia sino de duración. Prolonga. Suena. Y esa dimensión sonora es central para entender el efecto sobre las comunidades. Los gritos de las víctimas torturadas y desmembradas eran escuchados por los habitantes de los barrios circundantes. Un testimonio recogido por la Comisión describe con nitidez la mecánica del terror: un hombre que escuchó los gritos de una víctima se encerró en su casa, no quiso salir al día siguiente y terminó yéndose a vivir con un familiar al distrito de Aguablanca, en Cali. El gritado convertía en desplazado al oyente. El pique era, en un mismo movimiento, un asesinato, una desaparición y una orden de evacuación transmitida por vía acústica.

Sobre la magnitud del fenómeno, la Jurisdicción Especial para la Paz estimó entre 2.533 y 3.722 víctimas de desaparición forzada en Buenaventura entre 1990 y 2019. La cifra abarca casi tres décadas y varios actores armados, pero el peso del período 2010–2015, con las casas de pique en su apogeo, es innegable dentro de ese universo. Los duelos que ese repertorio produjo son de un tipo específico: duelos sin cuerpo presente. Sin cadáver no hay velorio en el sentido pleno; sin cadáver no puede cumplirse el ritual afrocolombiano de envolver el cuerpo en sábanas blancas para ayudar al alma en su tránsito. Los ríos y esteros de Colombia fueron usados sistemáticamente, no solo en Buenaventura, para hacer bajar cuerpos mientras se prohibía a pescadores y ribereños recuperarlos. En Buenaventura ese patrón general tomó la forma particular de una tecnología urbana: la casa contigua a la mía, ahora sé, es donde matan.

Fronteras invisibles y confinamiento en las comunas

Paralela a la tecnología del pique, y en cierto sentido su prolongación diurna, se instaló el confinamiento territorial. Las disputas entre actores armados generaron fronteras invisibles entre barrios y al interior de ellos: líneas no señalizadas —una esquina, una acera, el cruce de dos calles— que la población aprendía a no atravesar so pena de muerte. Ese régimen de circulación producía inseguridad, señalamiento y limitación de la movilidad, y algo más profundo: la estigmatización colectiva de los habitantes de ciertos barrios como integrantes de grupos ilegales por el solo hecho de residir allí. Vivir en tal cuadra de la Comuna 4 significaba, ante los ojos del grupo que controlaba la Comuna 3, ser del otro bando. Un traslado por trabajo, una visita a un familiar, un partido de fútbol al otro lado de la línea podían costar la vida.

Las comunas 1, 2, 3 y 4 —todas en bajamar— fueron las más afectadas por el desplazamiento intraurbano y la violencia armada. En ellas se profundizaron durante 2012 los repertorios de violencia extrema: descuartizamientos en picaderos, degollamientos, desapariciones forzadas y violencia contra mujeres. Habían sido identificados desde 2011, pero en 2012 se hicieron sistemáticos. Un caso condensa la lógica del período. En 2005, en el sector de Punta del Este, un grupo de jóvenes fue asesinado y sus cuerpos aparecieron mutilados y torturados en el estero; el número de víctimas oscila, según los registros, entre once y doce. El episodio se recuerda como ejemplo temprano del uso del terror para consolidar el control territorial en bajamar. A las familias les entregaron los cuerpos en ataúdes sellados, impidiéndoles cumplir con el ritual afrocolombiano de envolverlos en sábanas blancas. El sello del ataúd, como la marea del estero, era una forma de negar el duelo dos veces: primero al matar, después al obstaculizar el cierre.

El desplazamiento intraurbano —la salida forzada de un barrio a otro dentro de la misma ciudad— fue la forma dominante que tomó la evacuación bajo terror. Su magnitud, sin embargo, quedó estructuralmente subregistrada. La Ley 1448 de 2011, de víctimas y restitución de tierras, implicó un retroceso en el reconocimiento del desplazamiento forzado intraurbano al clasificar los hechos ocurridos en la ciudad como delincuencia común u organizada, y no como violencias del conflicto armado interno. Las entidades estatales, siguiendo esa lógica, convirtieron el desplazamiento intraurbano en un hecho invisible. Salir de la Comuna 4 hacia otro barrio de Buenaventura huyendo de una amenaza neoparamilitar no producía, en registros oficiales, un desplazado del conflicto: producía, si acaso, una mudanza. La invisibilización estadística cerraba el ciclo iniciado por la invisibilización de los cuerpos en los esteros.

Dentro de ese régimen, un enclave de resistencia ganó visibilidad nacional. En abril de 2014, habitantes del barrio Puente Nayero, en la Comuna 4, declararon su calle como Espacio Humanitario: un ejercicio de neutralidad activa frente a los grupos armados, con acompañamiento de organizaciones de derechos humanos. Todd Howland, entonces representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció públicamente en ese período la existencia de las casas de pique en Buenaventura, contribuyendo a instalar el fenómeno en la agenda internacional. La denuncia forzó al gobierno de Juan Manuel Santos a reconocer lo que la etiqueta Bacrim había ayudado a diluir.

Puerto, capital y las cuentas de la coincidencia

Las violaciones de derechos humanos que persistieron en bajamar durante los años siguientes a 2001 —desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, desplazamientos intraurbanos— están relacionadas con dos intereses sobre el territorio: el narcotráfico y la ampliación del puerto. La coincidencia geográfica entre las zonas más golpeadas y las zonas con mayor valor logístico no es fácil de atribuir a un plan. Tampoco es fácil de atribuir al azar.

El Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN) y la construcción de la Vía Interna-Alterna afectaron directamente a comunidades de los barrios Isla de la Paz, La Inmaculada y Santa Cruz, generando contaminación ambiental, deterioro en la calidad de vida y proliferación de enfermedades principalmente en niños y niñas. Comunidades de esos barrios denunciaron mecanismos de despojo asociados al TCBUEN: presión para el abandono o la venta forzada de casas, y despojo jurídico mediante la aparición de nuevos propietarios sobre predios previamente ocupados por familias afrodescendientes. Familias de bajamar denunciaron también haber sido privadas del acceso al mar, viéndose obligadas a pedir permiso a TCBUEN para transitar por territorios que habían habitado durante décadas. La expansión portuaria no era solo un fenómeno económico: era un rediseño físico del acceso a la costa, y ese rediseño coincidía con las zonas donde el pique y el confinamiento producían vaciamiento.

En Buenaventura se configuró una articulación entre narcotraficantes, grupos armados ilegales y funcionarios públicos —narco-para-política y corrupción armada— vinculada a la economía portuaria, y ese entramado sostuvo un orden de violencia funcional a intereses económicos concurrentes. Las casas de pique fueron instrumento del negocio criminal neoparamilitar y, simultáneamente, mecanismo objetivo de despojo territorial sobre comunidades afrodescendientes de bajamar. El terror produjo efectos de vaciamiento y silencio que resultaron funcionales —y no meramente coincidentes— con la expansión del enclave.

Esa funcionalidad se apoyaba, además, sobre una vulnerabilidad previa. La exclusión estructural de la población afrocolombiana coloca a estas comunidades en situación de mayor marginación, y agrava la debilidad de la protección jurídica de sus territorios colectivos. En el caso urbano de bajamar, esa debilidad es doble: comunidades afrodescendientes históricamente excluidas, sobre territorios cuya ocupación nunca fue plenamente reconocida por el marco legal orientado a lo rural. El terror encontró suelo blando.

La omisión sistemática del Estado

Si la violencia tuvo forma de casa de pique, la respuesta institucional tuvo forma de vacío. La caracterización oficial de los grupos posdesmovilización como Bacrim —delincuencia común organizada, no continuidad paramilitar— hizo que las estadísticas oficiales trasladaran la atribución de crímenes que en rigor eran neoparamilitares al terreno de la criminalidad ordinaria. La consecuencia práctica fue doble: las víctimas quedaban por fuera del reconocimiento del conflicto armado, y las estructuras responsables quedaban por fuera del marco de tratamiento político que había cobijado a las AUC. La estrategia estatal frente a las Bacrim se basó en la persecución de objetivos de alto valor —captura de jefes y mandos medios—, sin resultados de fondo: cada captura generaba disputas internas por el control del grupo, pero el negocio criminal no se afectaba. La sustitución de cabezas dejaba intactas las estructuras.

A esa insuficiencia estratégica se sumó, en Buenaventura, la omisión local. Un testimonio recogido por la Comisión documenta que patrulleros de la Policía se acercaron al sitio donde una joven iba a ser desaparecida y se retiraron tras recibir la indicación de que era una orden del jefe de la banda —alias el Viejo—. El caso resume un patrón: presencia estatal contigua a la violencia, sin capacidad —o sin voluntad— de interrumpirla. La víctima terminó desaparecida.

La Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, había prometido un marco de verdad, justicia y reparación para los desmovilizados de las AUC. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha señalado que la negligencia estatal en su implementación convergió en fenómenos de criminalidad de gran calado que generaron nuevas formas de violencia, entre ellos los grupos paramilitares emergentes y las Bacrim, como consecuencias del propio proceso. El rearme no fue una anomalía por fuera del proceso, sino en parte un producto de sus fallas. Y la Ley 1448 de 2011, al reclasificar el desplazamiento intraurbano como asunto de delincuencia común, retiró de las víctimas de Buenaventura precisamente el marco jurídico que habría podido reconocerlas.

Bacrim como categoría, Ley 1448 como cerca, capturas de jefes como estrategia, omisión policial como práctica: esa arquitectura sostuvo el ciclo del pique durante media década. No fue el narcotráfico solo, ni el capital portuario solo, ni la herencia paramilitar sola: fue la cobertura estatal que permitió que esos vectores operaran sobre bajamar sin interferencia sostenida. Las víctimas eran mayoritariamente jóvenes afrodescendientes; los barrios vaciados eran barrios afrodescendientes; las comunidades cuyo duelo quedó suspendido eran comunidades afrocolombianas cuyos rituales de despedida —el envolver en sábanas blancas, el acompañamiento del alma en su tránsito— fueron impedidos por la desaparición de los cuerpos. La dimensión racial atraviesa cada eslabón del ciclo. Un relato del período que no la ponga en el centro pierde su núcleo.

El paro cívico y la ruptura de la ecuación

La denuncia internacional de 2014 —con Todd Howland como voz visible desde la ONU— y la movilización local en torno al Espacio Humanitario de Puente Nayero comenzaron a agrietar el silencio. Pero la ruptura efectiva del ciclo llegó en mayo de 2017, cuando Buenaventura se detuvo. El paro cívico de ese año, sostenido durante veintidós días, articuló demandas históricas —agua potable, hospital, empleo, inversión— con la exigencia implícita de otro régimen de vida frente al terror. El paro no fue una consecuencia directa de las casas de pique en sentido narrativo simple; fue la culminación de una acumulación en la que la violencia neoparamilitar urbana, la exclusión estructural y el modelo de enclave portuario se habían mostrado, a los ojos de la ciudad, como caras de un mismo problema.

Liderazgos afrodescendientes formados en la resistencia territorial del Pacífico —entre ellos Francia Márquez, del Cauca, y Leyner Palacios, del Chocó— aportaron, desde fuera de Buenaventura pero desde la misma red histórica de organización afrocolombiana, un lenguaje político que permitió leer el ciclo bonaverense como parte de un patrón regional. El paro obligó al Estado a firmar acuerdos de inversión y a reconocer, aunque parcialmente, que el puerto sin comunidad no era una expresión metafórica.

El paro de 2017 puso una interrupción, no un final. Los procesos judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la desaparición forzada en Buenaventura, con su horquilla estimada de 2.533 a 3.722 víctimas entre 1990 y 2019, siguen en curso. Las casas de pique como práctica sistemática han cedido, pero las condiciones estructurales que las hicieron posibles —el enclave portuario, la debilidad de la protección territorial afrocolombiana urbana, la continuidad de estructuras neoparamilitares bajo otros nombres— no han sido desmontadas. La casa contigua sigue en pie, y el estero sigue siendo estero.