Idea · Seguridad Democrática
Continuidad paramilitar
La continuidad paramilitar es el proceso estructural por el cual el paramilitarismo colombiano ha persistido durante más de medio siglo bajo formas jurídicas cambiantes —autodefensas, Convivir, AUC, bandas criminales emergentes— sin alterar sus funciones sustantivas de control territorial, despojo, disciplinamiento social y articulación con élites regionales, narcotraficantes y sectores del Estado.
Trayectoria de una idea
- 1965
Decreto 3398: fundamento legal del paramilitarismo
- 1979
Doctrina contrainsurgente formalizada en manuales militares
- 1983
Primera generación paramilitar: Tangueros y ACCU en Córdoba
- 1989
Corte Suprema declara inconstitucional el amparo legal paramilitar
- 1991
Orden Ministerial 200-05-91: redes de inteligencia encubiertas
- 1995
Convivir: la bisagra entre legalidad e ilegalidad paramilitar
- 1997
Fundación de las AUC: escala nacional del paramilitarismo
- 2003
Desmovilización de las AUC: inicio del proceso en Medellín
- 2005
Pacto de Ralito y parapolítica: refundar el Estado
- 2006
Ley de Justicia y Paz modificada: amenaza de extradición como presión
La lectura
La continuidad paramilitar no es un accidente de la historia colombiana sino su arquitectura profunda: el Estado no combatió el paramilitarismo desde afuera sino que lo externalizó desde adentro, delegando en actores privados armados funciones que la fuerza pública no podía o no quería asumir abiertamente. Esa delegación tuvo formas jurídicas sucesivas —el Decreto 3398, los manuales contrainsurgentes, las Convivir— y formas clandestinas —redes de inteligencia encubiertas, coordinación operacional, impunidad judicial—, pero en todos los casos respondió a la misma lógica funcional: controlar territorios, disciplinar poblaciones y proteger intereses de élites regionales. La desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006, presentada como el cierre definitivo del ciclo, fue en realidad su reorganización: miles de desmovilizados que nunca habían sido combatientes inflaron las cifras mientras el mando continuaba operando desde Ralito, y las estructuras que no se disolvieron se reconvirtieron en las llamadas bandas criminales emergentes. Lo que el concepto de continuidad paramilitar nombra es precisamente esa capacidad de metamorfosis: cambiar de piel —de autodefensa a Convivir, de Convivir a AUC, de AUC a bacrim— sin alterar el esqueleto funcional que articula violencia armada, acumulación de tierras y captura del Estado.
En Colombia, el paramilitarismo no es una anomalía que el Estado combatió sin éxito ni una recaída episódica del conflicto armado. Es un rasgo estructural del orden contrainsurgente que atraviesa medio siglo de historia republicana, y que ha cambiado de nombre —autodefensas, Convivir, Autodefensas Unidas de Colombia, bandas criminales emergentes, grupos armados organizados— sin alterar sus funciones sustantivas: control territorial armado, disciplinamiento social, despojo de tierras y articulación con élites regionales, narcotraficantes y sectores de la fuerza pública. La continuidad paramilitar es el concepto que nombra esa persistencia funcional bajo formas jurídicas cambiantes. Su prueba más elocuente es lo que ocurrió durante los ocho años de la Seguridad Democrática, cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez presentó como clausura definitiva del fenómeno un proceso que, examinado de cerca, fue sobre todo un reciclaje institucional: la desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006 no cerró el ciclo paramilitar, lo reorganizó.
Qué se hereda cuando se habla de "autodefensas"
Cuando en 2002 el gobierno entrante se sentó a negociar con Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso, no lo hizo con una insurgencia recién nacida sino con la sedimentación de casi cuatro décadas de figuras jurídicas, doctrinas militares y prácticas territoriales heredadas. El punto de partida legal es el Decreto 3398 del 24 de diciembre de 1965, promulgado bajo estado de excepción para organizar la defensa nacional frente al bandolerismo y a las guerrillas revolucionarias que empezaban a formarse. Su artículo 25 sujetó a todos los colombianos, hombres y mujeres, a alguna obligación relacionada con la defensa nacional. Ese enunciado, aparentemente cívico, se convirtió en el andamiaje sobre el que, al menos desde 1968, el Estado colombiano dio apariencia de legalidad, constitucionalidad y legitimidad a la constitución de grupos paramilitares.
Desde los años setenta, el Ejército promovió la creación de "juntas de autodefensas" o grupos de defensa civil amparados en el Decreto 3398, involucrando a ganaderos y terratenientes en la guerra contrainsurgente, especialmente en el sur de Córdoba. La doctrina se formalizó en manuales operativos sucesivos —el Manual de Contraguerrillas de 1979, el Manual de Combate contra Bandoleros o Guerrilleros recogido en la Resolución 0014 de 1982, el Reglamento de Combate de Contraguerrillas EJC-3-10/87—, todos con el propósito común de armar a la población civil en clave antisubversiva. Bajo ese amparo floreció en los años ochenta la primera generación paramilitar: en Puerto Boyacá con Gonzalo y Henry Pérez, en el Magdalena Medio con Ramón Isaza, en la Sierra Nevada con Hernán Giraldo, y en Córdoba con los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, quienes entre 1983 y 1994 crearon primero a los Tangueros y luego a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
El 25 de mayo de 1989 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos del Decreto 3398 que habían sustentado la apariencia de legalidad de esos grupos. La sentencia marcó formalmente el inicio de una etapa en que las relaciones entre el Estado y estas estructuras pasaron a ser clandestinas. Pero clandestinidad, en este caso, no significó ruptura: significó desplazamiento del vínculo hacia formas menos visibles.
La bisagra Convivir
El puente entre la ilegalización de 1989 y la eclosión nacional de las AUC en 1997 tiene un nombre administrativo: Convivir. El Decreto 356 de febrero de 1994, expedido en los últimos meses del gobierno de César Gaviria, estableció el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada y sentó la base legal para servicios especiales de vigilancia. Sobre esa base, el gobierno de Ernesto Samper autorizó formalmente en septiembre de 1994 la creación de las Convivir, aunque el nombre solo llegaría con la Resolución 368 del 27 de abril de 1995 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia desde 1995, fue su más decidido defensor: autorizó 67 de estas cooperativas en el departamento.
Lo que las Convivir eran realmente lo confesó Salvatore Mancuso en su testimonio público ante la Comisión de la Verdad. Las describió como "una autodefensa legal, amparada por el Estado, con fusiles del Estado, que servía de bisagra, de engranaje entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal", articulando pactos con comandantes de Brigada, División, Batallón, Policía, DAS y Fiscalía. La bisagra tenía nombres propios. La Convivir Siete Cueros, en La Ceja, estaba a cargo de alias Chepe Barrera. La Convivir Deyavan, en Yarumal, contaba entre sus principales miembros con alias Julián Bolívar. La Convivir Costa Azul, en Necoclí, fue dirigida por alias Carlos Correa, ganadero del Urabá que sería pieza clave en la consolidación del Bloque Élmer Cárdenas. El 26 de febrero de 1996, cuando Mancuso —según su propia versión— habría consumado ya más de diez masacres, la Superintendencia realizó una revista de inspección a su Convivir y encontró todo en regla. El acta la firmaron un funcionario de la dependencia, el coronel René Sanabria de la Brigada XI y el propio Mancuso.
La lección política de las Convivir hace ininteligible el proceso posterior si se pierde de vista: el Estado colombiano llevaba tres décadas experimentando formas híbridas de delegar en actores privados armados funciones que la fuerza pública no podía o no quería asumir abiertamente. El paramilitarismo no fue nunca una fuerza externa que el Estado combatió: fue una función que el Estado externalizó.
De ACCU a AUC: la escala nacional
El salto de las autodefensas regionales al proyecto paramilitar de escala nacional se produjo en dos movimientos. El primero, entre 1994 y 1998, cuando los hermanos Castaño concentraron su expansión en Urabá, incursionando en territorios donde antes operó el EPL y desplazando el eje paramilitar del Magdalena Medio hacia esa región. El segundo, el 18 de abril de 1997, cuando en Urabá se realizó la Primera Conferencia de las Autodefensas Unidas de Colombia, que aglutinó a las ACCU con otras estructuras regionales. No era el primer intento: bajo el liderazgo de Gonzalo y Henry Pérez se habían celebrado tres juntas nacionales de autodefensas entre 1986 y 1989, antecedente del que Carlos Castaño tomó la idea federativa.
Las AUC se autodefinieron como "un Movimiento Político-Militar de carácter antisubversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa", con dirección única y estado mayor conjunto, buscando posicionarse como actor político de orden nacional. Vicente Castaño operó como arquitecto del proceso: a principios de 1997 convocó en el Alto Sinú a líderes y comandantes de grupos del Bajo Cauca para informarles que quedaban integrados a las ACCU y para delimitar los territorios entre las distintas estructuras. Desde ese año, las AUC emprendieron una expansión hacia los Llanos Orientales, con avances documentados hacia Meta y Guaviare, y hacia el sur del Chocó, articulándose además en la Costa Caribe.
Hacia 2001, las AUC alcanzaban aproximadamente treinta mil hombres armados distribuidos en bloques. Su crecimiento se explica por una triple convergencia: la ofensiva contraguerrillera de las fuerzas militares, el respaldo activo de élites locales —hacendados, ganaderos, empresarios agroindustriales— y la compra masiva de tierras por narcotraficantes que necesitaban proteger su patrimonio de la extorsión guerrillera. Esa última variable es la que altera la escala: sin la irrupción del narcotráfico en los años ochenta, sin el capital del Cartel de Medellín volcado sobre la tierra, las autodefensas habrían permanecido como fenómeno regional y menor. El paramilitarismo nacional es hijo del pacto entre la doctrina contrainsurgente y el lavado de activos.
La cara institucional: fuerza pública, DAS y complicidades
Para comprender qué significó la Seguridad Democrática hay que dimensionar antes lo que las AUC habían tejido con el Estado durante las administraciones anteriores. La colaboración no fue anecdótica ni marginal: fue sistémica, aunque no monolítica.
En el 49% de los hechos verificados del Bloque Calima hubo participación de la fuerza pública, y en el 12% colaboración de más de una autoridad. Según declaraciones del comandante alias HH en Justicia y Paz, antes de la incursión del bloque en el suroccidente, alias "don Diego" puso en contacto a la estructura con personal de las Fuerzas Armadas y la Policía en Tuluá, y la información para las acciones armadas era suministrada por el Ejército, la Policía y el DAS. El Bloque Norte, por su parte, planificó y ejecutó ejecuciones extrajudiciales de manera conjunta con miembros de la fuerza pública, algunos de los cuales fungieron incluso como comandantes dentro de la organización.
La Orden Ministerial 200-05-91 de mayo de 1991, basada en recomendaciones de asesores militares estadounidenses, autorizó al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a establecer redes de inteligencia con civiles y militares retirados que operaban de forma encubierta. El teniente coronel Rodrigo Quiñones, al frente de la Red No. 7, fue absuelto por un tribunal militar en 1994 pese a pruebas descritas en la época como abrumadoras de haber planeado, ordenado y pagado a paramilitares para cometer asesinatos.
El patrón regional es reconocible: altos oficiales con mando territorial participaron, a través de alianzas con paramilitares, en conspiraciones contra la justicia en el Magdalena Medio, el Urabá antioqueño, los Montes de María, el Catatumbo y los Llanos Orientales. La colaboración se manifestó como suministro de intendencia y alimentos, transmisión de información, patrullajes conjuntos, coordinación de operaciones y apoyo en combates. No fue, sin embargo, una arquitectura rígida: los patrones de cooperación dependían de las pretensiones de los oficiales de turno, y hubo también tensiones y persecuciones. La articulación era funcional y contingente, no orgánica ni permanente. Esa distinción importa: explica por qué el Estado pudo, en momentos precisos, actuar contra sus propias criaturas.
Ralito: la desmovilización como escenografía
La Seguridad Democrática asumió la negociación con las AUC en 2002 con un guion aparentemente novedoso: por primera vez el Estado colombiano llevaría al paramilitarismo a un proceso de desmovilización, verdad, justicia y reparación. El proceso se inició con el Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003 y concluyó con el Bloque Élmer Cárdenas en noviembre de 2006. Las cifras oficiales oscilan entre 31.521 y 31.671 desmovilizados, según se incluyan o no las redes de apoyo logístico. Es la escenografía sobre la que se construyó la narrativa gubernamental del fin del paramilitarismo.
Pero la escenografía crujió desde adentro. En julio de 2011, Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, declaró ante el Tribunal Superior que la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara —la primera, la emblemática, la que Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, había orquestado en Medellín— había sido una farsa: la mitad de los desmovilizados no eran paramilitares. Ernesto Báez, uno de los ideólogos políticos de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, confesó que en los listados llegaron a figurar hasta trabajadores de fincas de Vicente Castaño, porque solo se pedía que pasaran los listados sin verificación real.
La aritmética no cierra por ningún lado. Vicente Castaño mismo declaró en junio de 2005 que unos 4.000 hombres de las AUC eran exguerrilleros; si eso representaba el 40% del total, el pie de fuerza real rondaba los 10.000 hombres. Frente a esa cifra, los más de 13.000 desmovilizados registrados entre noviembre de 2004 y diciembre de 2005 sobran por definición. Alias el Alemán estimó posteriormente el máximo en 16.000. La diferencia entre uno y otro cálculo es la medida exacta del inflamiento: miles de personas engrosaron las filas de la desmovilización sin haber pertenecido nunca a las estructuras que se decía disolver.
Mientras las cifras se inflaban, el mando continuaba. Los jefes paramilitares concentrados en la zona de ubicación de Santa Fe de Ralito, en Tierralta, Córdoba, siguieron ejerciendo control sobre estructuras armadas durante el proceso, mientras el gobierno pedía discreción para no comprometer la negociación. La revista Semana documentó la libertad y disposición con que se movían los jefes en la zona, incluso en vehículos de último modelo. El Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo transmitía a los comandantes que el presidente Uribe consideraba que cambiar la política de extradición sería un problema internacional inmanejable, mientras los paramilitares exigían garantías contra esa misma extradición. En junio de 2006, la Corte Constitucional modificó la Ley de Justicia y Paz de 2005 para establecer que si los líderes no cooperaban plenamente revelando la verdad y no restituían suficientemente, serían juzgados bajo la ley penal ordinaria y podrían enfrentar extradición. La amenaza quedó por escrito.
El pacto de refundar el Estado
Ralito no fue solo la zona de desmovilización. Fue también el corregimiento donde, según el documento conocido públicamente en 2007, comandantes de las AUC firmaron con más de cincuenta políticos —senadores, congresistas, alcaldes y gobernadores— un acuerdo cuyo objetivo declarado era "refundar el Estado". Entre los firmantes paramilitares figuraba Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. El pacto expuso lo que ya operaba de facto: la construcción de una red de influencia política que atravesaba Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, el Movimiento Nacional Progresista, Equipo Colombia y sectores del liberalismo y el conservatismo, aprovechando la proliferación partidista habilitada por la Constitución de 1991.
El escándalo estalló a partir de 2005 y 2006, cuando el entonces representante Gustavo Petro, del Polo Democrático, presentó los primeros debates parlamentarios que expusieron el fenómeno, secundado por las investigaciones de la Corporación Nuevo Arco Iris y de periodistas como Claudia López. La Corte Suprema de Justicia inició procesos contra 107 congresistas; 21 fueron condenados, junto con tres gobernadores, y otros 16 gobernadores resultaron procesados. Los partidos uribistas fueron los más afectados. De los 65 congresistas elegidos en 2006 arrestados por vínculos con paramilitares, 43 renunciaron a sus curules para ser investigados por la Fiscalía en lugar de la Corte, buscando un proceso más favorable. En marzo de 2010, la Corte condenó al exsenador Álvaro Araújo Castro a nueve años y tres meses de prisión por conspirar con Jorge 40 para ganar escaños en el Congreso en 2002.
La reacción del ejecutivo ante la investigación fue reveladora. El DAS, cuya infiltración por el paramilitarismo fue denunciada bajo la dirección de Jorge Noguera, realizó interceptaciones ilegales —las llamadas "chuzadas"— contra magistrados de las Altas Cortes que investigaban la parapolítica, en particular el magistrado auxiliar Iván Velásquez, contra periodistas y contra políticos de oposición. La agencia de inteligencia del Estado se convirtió en instrumento de protección de la red político-paramilitar que la Corte pretendía desmontar. Iván Cepeda, hijo del senador Manuel Cepeda Vargas y él mismo víctima de esas interceptaciones, se convertiría con los años en uno de los denunciantes más persistentes de la trama.
La extradición como sordina
El 13 de mayo de 2008 el gobierno colombiano ordenó de manera sorpresiva la extradición a Estados Unidos de catorce líderes paramilitares desmovilizados, entre ellos Salvatore Mancuso, Jorge 40 y Don Berna. La justificación oficial fue que habían incumplido sus compromisos con Justicia y Paz, principalmente por continuar delinquiendo desde prisión. Los efectos, sin embargo, fueron devastadores para el proceso de verdad. La continuación de las audiencias se volvió muy difícil por problemas logísticos y de voluntad política. Pese a las promesas de que los extraditados podrían seguir versionando desde Estados Unidos, la retransmisión fue limitada. Los tribunales estadounidenses juzgarían a los catorce por narcotráfico, no por violaciones de derechos humanos, lo que instaló el riesgo cierto de que la dimensión real de los crímenes y los vínculos con funcionarios, políticos y empresarios quedara sepultada.
Grupos defensores de derechos humanos y la oposición leyeron la extradición como una operación de sordina: sacar del país a quienes estaban confesando vínculos precisos con la clase política y con la fuerza pública. Analistas como Juan Manuel López Caballero señalaron que las autoridades estadounidenses concibieron las negociaciones esencialmente como asunto de narcotráfico y extradición, con poco interés en derechos humanos, verdad, justicia, reparación o parapolítica. El efecto material fue inequívoco: los relatos que amenazaban a sectores del establecimiento se apagaron o se volvieron inaccesibles.
La extradición tuvo un segundo efecto, tan grave como el primero: aceleró la fragmentación de las estructuras que aún operaban. Los subalternos, en su mayoría exlugartenientes, se convirtieron en actores criminales autónomos en competencia violenta por territorios y rentas. Lo que la desmovilización no había cerrado, la extradición lo pulverizó, pero sin desactivar sus componentes: los dispersó.
De AUC a Bacrim: el rebautizo y su economía
En los meses y años que siguieron a 2006, el gobierno de Uribe adoptó el término "bacrim" —bandas criminales emergentes— para nombrar los grupos armados que se multiplicaban en los mismos territorios donde antes operaron los bloques de las AUC. Iván Cepeda, desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y otros sectores críticos advirtieron que la denominación buscaba ocultar la reingeniería paramilitar y persuadir a la opinión pública de que el gobierno había acabado con el fenómeno. La disputa no era semántica: era sobre qué había ocurrido realmente.
Los datos apuntaban en una sola dirección. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación identificó tres tipos de grupos activos tras la desmovilización: los disidentes que no participaron en ella, los rearmados que reincidieron y los emergentes que coparon los territorios dejados por las AUC. En menos de dos años surgieron más de treinta grupos armados ilegales —la Oficina de Envigado, los Paisas, la Terraza, los Pachelly, los Caparrapos, los Rastrojos, las Águilas Negras, los Urabeños—, todos disputándose las rentas heredadas. La Fundación Nuevo Arco Iris reportó que en 2009 había 82 estructuras criminales con presencia en 273 municipios; de sus aproximadamente 10.000 combatientes, 5.000 eran desmovilizados reincidentes. La mitad. La coincidencia geográfica entre los bloques de las AUC y los grupos posdesmovilización es tan pronunciada que constituye por sí misma un indicador de continuidad: los territorios controlados no cambiaron, los mandos medios ascendieron, las alianzas locales persistieron.
En muchas zonas del país no hubo desmovilización real sino relevo. El control territorial siguió intacto porque el sistema de intereses que lo sostenía no se había desmontado, y ese sistema tenía una base económica precisa. El paramilitarismo no fue solo un dispositivo de guerra contrainsurgente: fue un régimen de acumulación por despojo cuya lógica sobrevivió intacta a la desmovilización. La defensa de las tierras acumuladas por narcotraficantes frente a la extorsión guerrillera fue el motivo principal por el que capos financiaron y dirigieron grupos paramilitares, generando alianzas con élites territoriales y captura del Estado local. El despojo se expandió desde los núcleos originales de Urabá, sur de Córdoba y Magdalena Medio hacia el resto del Caribe, el norte del Valle del Cauca, el Meta y otras regiones, en un proceso que hizo del paramilitarismo la punta de lanza de una vasta redistribución de la propiedad rural.
El Bloque Elmer Cárdenas introdujo la industria de la palma de aceite en el Bajo Atrato desde 1998, utilizando los territorios colectivos de las comunidades negras de Curvaradó, Jiguamiandó y Pedeguita y Mancilla como epicentro. Vicente Castaño Gil reconoció públicamente haber conseguido empresarios para invertir en cultivos de palma en Urabá como parte de un modelo de empresa desarrollado por los paramilitares a nivel nacional. La articulación entre desplazamiento forzado, despojo y monocultivo agroindustrial quedó documentada, y dos empresarios palmeros aliados con las AUC —Luis Alberto Flórez Pérez e Iván Patiño Patiño— fueron condenados por el desplazamiento de miles de afrocolombianos, aunque a penas notablemente leves de cuatro y cinco años de prisión. El Bloque Norte, por su parte, se expandió en territorios donde existían importantes cultivos de palma en Magdalena y Cesar, estableciendo con las empresas palmeras relaciones que combinaron colaboración forzada y voluntaria. Amnistía Internacional advirtió que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras podía, en algunos casos, terminar reconociendo derechos sobre tierras despojadas a trabajadores traídos por los grupos armados para laborar en los proyectos agroindustriales, en detrimento de los desplazados originales. La estructura del despojo se probó más difícil de revertir que la de la guerra: cuando la palma echó raíces, la sustitución de nombres —de AUC a Bacrim— importaba menos que la permanencia del régimen de propiedad que esos nombres protegían.
Los falsos positivos y la geometría del engaño
En el mismo período en que se negociaba en Ralito, otra práctica delataba la persistencia del vínculo entre fuerza pública y estructuras irregulares: las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros o paramilitares dados de baja en combate, los llamados falsos positivos, que alcanzaron su punto álgido bajo la Seguridad Democrática. El mayor Orlando Lizarazo fue condenado a 38 años y cuatro meses de cárcel por asesinar a dos personas en 2004 y presentarlas como paramilitares muertos en combate. El caso se inscribe en un patrón más amplio de investigaciones sobre presuntos vínculos entre unidades militares como el Batallón 21 Vargas y el Bloque Centauros de las AUC. En 2010, El Espectador publicó —y la Jurisdicción Especial para la Paz debate hoy— que un general en retiro habría recibido del Bloque Centauros 1.500 millones de pesos por apoyo militar en la guerra contra Los Buitragueños en Meta y Casanare, y que Miguel Arroyave, jefe del bloque, le habría entregado además un apartamento en Bogotá avaluado en cerca de 400 millones.
Las mismas estructuras militares que sostuvieron alianzas operativas con paramilitares durante la escalada de las AUC continuaron, tras 2003, produciendo víctimas civiles con la misma lógica de disciplinamiento territorial y borrado de la distinción entre civil y combatiente. La continuidad no era solo entre AUC y Bacrim: era entre las prácticas de la fuerza pública antes y después de la desmovilización.
El balance de una hipótesis
La continuidad paramilitar, vista con la sucesión de sus nombres, revela un patrón que la Seguridad Democrática no interrumpió sino que reorganizó. Desde el Decreto 3398 de 1965 hasta los grupos armados organizados que hoy operan bajo etiquetas heredadas —Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas—, el ciclo se repite con variaciones: una figura jurídica habilita la delegación armada, un contexto de conflicto la vuelve funcional, élites regionales y narcotraficantes la financian, sectores de la fuerza pública la articulan, un episodio de crisis institucional la deslegitima, un proceso de transición la reformatea, y una nueva figura la reinstala. Las Convivir aprendieron del Decreto 3398, las AUC de las Convivir, las Bacrim de las AUC.
Nada de esto supone un plan maestro ni un diseño institucional coherente. La articulación entre Estado y paramilitarismo fue contingente, dependió de oficiales concretos, de coyunturas políticas específicas, de intereses económicos localizados. Hubo tensiones, persecuciones y renegociaciones. La extradición de mayo de 2008 prueba que sectores del Estado pudieron actuar contra las estructuras paramilitares cuando sus revelaciones se volvieron peligrosas para la clase política. Lo que persiste no es un aparato monolítico sino una demanda estructural de control territorial, disciplinamiento social, despojo, gestión de rentas ilegales y contención de la protesta, que el orden colombiano ha requerido y para la cual ha ido diseñando, sucesivamente, los instrumentos jurídicos y las coberturas políticas que la hacían posible.
El legado de la Seguridad Democrática en este terreno es contradictorio y no admite balance limpio. Procesó por primera vez a una fracción significativa del paramilitarismo bajo un régimen de justicia transicional, produjo miles de versiones libres, permitió cierto acceso de las víctimas al relato del horror y expuso ante la Corte Suprema la red de la parapolítica. Al mismo tiempo, permitió que los listados se inflaran, que el mando continuara desde Ralito, que las estructuras se reciclaran en Bacrim, que la extradición cerrara bocas cuando las bocas amenazaban al establecimiento, y que la narrativa oficial del fin del paramilitarismo se consolidara en la opinión pública mientras los mismos territorios seguían gobernados por los mismos actores con otros nombres. Las dos cosas ocurrieron a la vez, y su simultaneidad es precisamente lo que define el período.
Que hoy el país siga discutiendo qué ocurrió realmente en aquellos años —en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la Comisión de la Verdad, en los tribunales ordinarios y en los debates legislativos— confirma que la continuidad paramilitar no es una etiqueta retrospectiva: es una hipótesis operativa sobre cómo funciona el poder en Colombia. En la asimetría entre lo confesado y lo probado, entre lo desmovilizado y lo rearmado, entre lo nombrado y lo ocurrido, es donde la continuidad paramilitar reclama, todavía, todo su peso.
En el archivo
1 apariciones públicas, ordenadas por período y año.
Relaciones
Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.
Relaciones editoriales
- 01Álvaro Uribe Vélez: gobernador de Antioquia que autorizó 67 Convivir y presidente durante cuya Seguridad Democrática se realizó la desmovilización de las AUC, proceso que no clausuró sino reorganizó el ciclo paramilitar
- 02Carlos Castaño Gil: comandante de las ACCU y cofundador de las AUC, figura central en la confederación paramilitar nacional de 1997 y en las negociaciones de Ralito
- 03Salvatore Mancuso: comandante paramilitar cuyo testimonio ante la Comisión de la Verdad documentó el funcionamiento de las Convivir como bisagra entre institucionalidad y autodefensas ilegales
- 04Decreto 3398 de 1965: instrumento normativo que durante más de dos décadas dio apariencia de legalidad al paramilitarismo colombiano hasta su declaratoria de inconstitucionalidad en 1989
- 05Convivir: forma híbrida legal-ilegal que entre 1995 y 1997 articuló la transición entre la primera generación paramilitar y las AUC de escala nacional
- 06Parapolítica: proceso judicial derivado del Pacto de Ralito que expuso la captura del Estado por redes paramilitares en múltiples regiones y partidos políticos
- 07Narcoparamilitarismo: convergencia entre doctrina contrainsurgente y capital del narcotráfico que explica la escala nacional alcanzada por el paramilitarismo desde los años ochenta
- 08Santa Fe de Ralito: corregimiento de Tierralta, Córdoba, donde se concentraron los jefes paramilitares durante la desmovilización y donde se firmó el pacto político con más de cincuenta funcionarios electos
Personas
Lugares
Ideas
Documentos y fragmentos citados
73 documentos · 97 fragmentos
01Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 521 cita
[1]de control directo de las élites políticas locales y regionales. El general Rojas Pinilla dio el primer paso para desestimular a los grupos armados civiles y despolitizar a la Policía y acabar con sus expresiones subnacionales (el Decreto 1814 del 13 de junio de 1953 la trasladó al Ministerio de Defensa y la convirtió…
p. 52
02Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 2521 cita
[2]desarrollo de organizaciones que brindaban protección a quien pudiese pagarla 326 Una suerte de delegación hacia arriba que se ha manifestado en la adopción de recomendaciones y políticas de seguridad y defensa internacionales, especialmente estadounidenses, para definir y afrontar las responsabilidades estatales en…
p. 252
03Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 1592 citas
[3]el autor, fundamentado en una pesquisa de documentos históricos, jurí- dicos y legales evidencia cómo el paramilitarismo en Colombia ha tenido dos momentos de más o menos una larga duración: la primera entre los años 1968 y 1989, cuando públicamente se alentaba y se ayudaba a constituir grupos pa- ramilitares sin…
p. 159
[4]el autor, fundamentado en una pesquisa de documentos históricos, jurí- dicos y legales evidencia cómo el paramilitarismo en Colombia ha tenido dos momentos de más o menos una larga duración: la primera entre los años 1968 y 1989, cuando públicamente se alentaba y se ayudaba a constituir grupos pa- ramilitares sin…
p. 159
04El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 3781 cita
[5]no solo dio vida, sino que apoyó políticamente a las Convivir (ver por ejemplo las declaraciones en este sentido de Carlos Holmes Trujillo en: E l Tiempo, 27 de agosto de 1997b; y E l Tiempo, 29 de octubre de 1997c). 365 C a p í t u l o i o “una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado…
p. 378
05Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 9121 cita
[6]con que paramilitares, en connivencia con miembros de la fuerza pública, perpetraron masacres en el nordeste y en el Urabá antioqueño en los años ochenta; 3) el trabajo manco- munado de agentes del Estado, narcotraficantes y paramilitares para lograr la muerte de Pablo Escobar en 1993; 4) el tránsito que…
p. 912
06Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 3981 cita
[7]instrucciones que el Ejército Nacional tienen más de 30 producidos, desde entonces y hasta ahora, son utilizados para ins- truir militarmente para combatir a los grupos guerrilleros” 715. 711 Ayudantía General del Comando del Ejército Nacional de Colombia. (1979). Manual de instrucciones generales para operaciones…
p. 398
07The Para-State: An Ethnography of Colombia's Death SquadsAldo Civico · 2016 · p. 631 cita
[8]E R Y T H I N G I D I D I N T H E N A M E O F P E A C E ” aspirations of social organizations in the rural regions. The Frente Nacional was an imperfect political arrangement that ultimately consolidated the tra- ditional elite’s domination of Colombia. Peace came with a cost, since the ensuing grievances fueled…
p. 63
08De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe No. 1Centro Nacional de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga Sarmiento, Anascas Del Río Moncada, Mauricio Barón Villa, Andrea García Hernández, José Alirio Duque Orrego, Edith Garzón Quintero · 2017 · p. 911 cita
[9]marco legal a la defensa que hacían los campesinos de sus propias tierras ante la amenaza de los grupos guerrille- ros, permitiéndoles el porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas a los particulares que hicieran parte como asociados de dichas Cooperativas” (Tribunal Superior del 92 DE LOS GRUPOS…
p. 91
09A las puertas de El UbérrimoIván Cepeda, Jorge Rojas · 2008 · p. 591 cita
[10]de la organización paramilitar. "Es más, el 26 de febrero de 1996, cuando, según su propio testimonio, ya había consumado más de 10 masacres, Mancuso recibió una revista de inspección de la Superin- tendencia de Vigilancia que encontró todo en regla, según consta en un acta firmada por un funcionario de esta…
p. 59
10Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in ColombiaWilliam Avilés · 2006 · p. 1301 cita
[11]by Gaviria’s civilian-led defense ministry examining the role that citizens could play in counterinsurgency led to the issuance of Decree 356 in February 1994 establishing “special services of vigilance and security” (Richani 2002, 50–51). The decree allowed anyone, with the approval of the Ministry of Defense, to…
p. 130
11Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica; Germán Lozano Villegas; Luz Janeth Forero M. · 2014 · p. 1191 cita
[12]las víctimas de desaparición forzada, Plaza de Bolívar – Bogotá. Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013. 121 Evolución de la normatividad internacional y colombiana sobre la desaparición forzada 3. Periodo 3: 1995-2002 3.1. Derecho interno 3.1.1. Las Convivir, las medidas contra el secuestro y la tipi fi cación…
p. 119
12Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 1051 cita
[13]políticos clandestinos en las ciudades a través de milicias urbanas y acciones de incidencia social y comunitaria desde el Movimiento Bolivariano, proyecto político que las FARC-EP presentaron el 29 de abril de 2000 desde la zona de distensión del Caguán. Alianzas entre narcotraficantes, paramilitares y políticos El…
p. 105
13El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 2392 citas
[14]Según el informe de labores de la estatal Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del año 1996, Mancuso se dotó de abundante y poderoso armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares creando cooperativas. El entonces gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, fue de los principales…
p. 239
[15]Según el informe de labores de la estatal Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del año 1996, Mancuso se dotó de abundante y poderoso armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares creando cooperativas. El entonces gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, fue de los principales…
p. 239
14Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1041 cita
[16]de Córdoba y Urabá (ACCU). Las masacres reaparecieron con una matanza en San Pelayo, subregión del bajo Sinú, el 19 mayo de 1997. Para entonces, las Convivir y las masacres se habían extendido a otros departamentos del Caribe, auspiciadas por las ACCU. El encargado de esta tarea fue Salvatore Mancuso Gómez. En su…
p. 104
15Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1221 cita
[17]primera vez por partidarios de una organización de Convivir en la región del Urabá. Buitrago describió su adminis- tración de La Tagua y los pagos de las autodefensas desde que su predecesor, Juan Manuel Alvarado, se fue en octubre de 1999 313. En el caso de la Convivir Siete Cueros, en La Ceja, Antioquia, quien…
p. 122
16No es un mal menor. Niñas, niños y adolescentes en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1571 cita
[18]Córdoba, bajo el mando de Fidel, Vicente y Carlos Castaño, entre 1983 y 1994 se crearon grupos paramilitares como los Tangueros, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y, posteriormente, en 1997, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su centro de control estaba ubicado en un conjunto de fincas…
p. 157
17Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC. Región Caribe, Departamento de Antioquia, Departamento de ChocóÁlvaro Villarraga Sarmiento, Alberto Santos Peñuela, Priscila Zúñiga Jiménez, Margarita Jaimes Velásquez, Lukas Rodríguez Lizcano, Gisela Andrea Aguirre García, Camilo Villamizar Hernández · 2014 · p. 24, 922 citas
[19]por Fidel Castaño en el sur de Córdoba y Urabá, en los últimos años ochenta, de manera que su despliegue se relaciona con la compra de tierras e instalación de infraestructura del nego - cio ilegal de la coca por parte de reconocidos miembros del Car - tel de Medellín y por los propios Castaño, con la fuerte ofensiva…
p. 24
[76]a la libertad, tanto de los que han decidido dejar las armas como de aquellos civiles que por señalamientos de estos desmovilizados son retenidos o son objeto de procedimientos militares” (Informe DDHH IPC, 2006, páginas 324 -325). La Corporación para la Participación Ciudadana (Conciudadanía) (Informe DDR, 2007)…
p. 92
18Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo ILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · 2022 · p. 1521 cita
[20]contrarios, por medio del uso de la violencia. La inadecuada respuesta de los poderes locales y del gobierno nacional a la precariedad de las condiciones de vida de los habitantes de la región, lo que estimuló el surgimiento de reivindicaciones y de organizaciones que al no ser bien recibidas, fueron objeto de…
p. 152
19Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 311 cita
[21]aspectos, el ca- pítulo ofrece los antecedentes de formación de los paramilitares y brinda elementos para comprender la manera como a partir de 1997 aplicaron un plan que buscaba constituirlos en un actor polí- tico de orden nacional y convertirlos en autoridades indisputadas en regiones de su interés. 1. La…
p. 31
20La maldita tierra. Guerrilla, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento de CesarCésar Molinares Dueñas, Nathan Jaccard · 2016 · p. 431 cita
[22]enviados a Cesar por el ganadero cordobés Sal- vatore Mancuso, cumplían órdenes de René Ríos, alias Santiago Tobón y del exguerrillero Baltazar Mesa Durango (Verdadabier- ta.com, 22 de agosto de 2013, “La historia del “Juan Andrés Ál- varez””). En 1996 el paramilitarismo iniciaba una expansión sin precedentes bajo la…
p. 43
21Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 1471 cita
[23]liderado por Pablo Escobar, y orientado a forzar al Gobierno a suspender la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. El sucesor de Barco, César Gaviria, ofreció como alternativa a la confrontación terrorista la política de sometimiento a la justicia y aceptó prohibir la extradición en la reforma…
p. 147
22¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 1071 cita
[24]de 1997), 9A. 160 INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica En 1995 se fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU –, y en 1997 se dieron cita en un lugar de la región los jefes de nueve organizaciones paramilitares de distintos puntos de la geografía nacional para conformar las…
p. 107
23El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 3782 citas
[25]paramilitar. Para el CNMH dado que Botalón ha reconocido que fue el creador y financiador de la Convivir, debe aceptar por la línea de mando cualquier crimen que esta haya cometido. La licencia de la Convivir fue cancelada el 12 de febrero de 2001 mediante resolución 1369. (Fiscalía Dossier BPB) 380 EL ESTADO…
p. 378
[26]paramilitar. Para el CNMH dado que Botalón ha reconocido que fue el creador y financiador de la Convivir, debe aceptar por la línea de mando cualquier crimen que esta haya cometido. La licencia de la Convivir fue cancelada el 12 de febrero de 2001 mediante resolución 1369. (Fiscalía Dossier BPB) 380 EL ESTADO…
p. 378
24Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo I. Bloque Central Bolívar: origen y consolidaciónCentro Nacional de Memoria Histórica, Alberto Santos Peñuela · 2021 · p. 1521 cita
[27]informó a los asistentes, entre los cuales se encontraba Javier Montañéz, que en virtud de la ordenada vinculación a las ACCU, a partir de ese momento quedábamos bajo las órdenes de Carlos Castaño Gil. (FGN, 2007b, p. 11) A principios del año 1997, el señor VICENTE CASTAÑO citó a los líderes y comandantes de estas…
p. 152
25La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 681 cita
[28]ya entrada la década de los noventa, sirvieron como plataforma para el posicionamiento, a nivel nacional, de los hermanos Castaño, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); y en la dimensión regional, de los grupos paramilitares en el sur del Chocó y su costa…
p. 68
26Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y VichadaÁlvaro Villarraga Sarmiento (Director general); Centro Nacional de Memoria Histórica · p. 1041 cita
[29]grupos armados bien constituidos 24. Sin embargo, el alcance de estas acciones se limitaba a sus zonas de influencia. Esta característica cambió con la aparición de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) en la región de los Llanos Orientales. En 1996 las ACCU, surgidas en 1994, emprendieron la ins-…
p. 104
27Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo II. El Frente Capital y el declive del Bloque Centauros de las AUCDaniel Ricardo Martínez Bernal (coordinador), Lorena Camacho Muete, Esteban Caviedes Alfonso, Laura Bibiana Escobar García, José María Gutiérrez Sierra, Daniela Moreno Arriola, Daniel Augusto Serrano Corredor, Juan Manuel Villarraga Beltrán · 2021 · p. 27, 362 citas
[30]en 2004 el general (r) recibió de parte del Bloque Centauros $1.500 millones por ayudarlo militarmente en su guerra contra Los Buitragueños, grupo comandado por Martín Llanos en Meta y Casanare. Y añadió que el extinto jefe del Bloque Centauros, Miguel Arroyave, le habría entregado un apartamento en Bogotá avaluado en…
p. 36
[39]con los relatos de los exparamilitares firmantes de los Acuer- dos de la Verdad, contribuciones voluntarias de víctimas y otros actores sociales, y con las versiones libres de exparamilitares acogidos a Justicia y Paz, el Bloque Centauros trabajó de la mano con instituciones, agentes del Estado pertenecientes al poder…
p. 27
28Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Valle y norte del CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1371 cita
[31]este bloque, expresó en versiones de Justicia y Paz que antes de la incursión don Diego los puso en contacto con personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía en Tuluá y luego la información para las acciones armadas era entregada por el Ejército, la Policía y el DAS. El 4 de junio de 2014, en una audiencia de…
p. 137
29Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 26, 3782 citas
[32]desarrollo del capítulo, las primeras incluyen acciones de suministro (in- tendencia, alimentos e información), patrullajes conjuntos, coordinación de operaciones, apoyo en combates e incursiones; y las segundas responden al favorecimiento o no interferencia en el accionar de los grupos paramilitares. El análisis de…
p. 26
[75]esfuerzos gubernamentales y estatales por refrenar en particular sus actuaciones ilegales y la instrumen- tación que hacen ahora de las expresiones de rearme posdesmovilización referidas. (CNMH, 2016a, p. 232) La conformación de grupos posdesmovilización ha tenido un impacto en di- ferentes zonas de los departamentos…
p. 378
30Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 851 cita
[33]están lu- chando contra nuestros enemigos, no tenemos ningún interés en comba- tirlos»25. Está visión se oye dentro de los círculos más altos de los mandos militares 26. De esta manera, las relaciones entre el Estado y los grupos son de colaboración en las zonas es en el terreno, mientras el tar. Este análisis se LOS…
p. 85
31"Falsos positivos" en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010Movimiento de Reconciliación (FOR), Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) · 2014 · p. 281 cita
[34]II División con Sede en Bucaramanga (Cfr. NCOS. El Terrorismo de Estado en Colombia. p. 146). 40 Ver al respecto: Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos-CREDHOS, Hoy, como ayer, persistiendo por la vida Redes de Inteligencia y Exterminio en…
p. 28
32Lucho Arango, el defensor de la pesca artesanalMelba Patricia Quijano Triana, Ledis Bohórquez Farfán, Clemencia Rodríguez · 2014 · p. 551 cita
[35]red son desembolsados por el Estado Mayor” p. 226. 56 Lucho Arango, el defensor de la pesca artesanal La responsabilidad de esta Red recaía en el Jefe del Estado Ma - yor de las Fuerzas Armadas, y a pesar de las diversas pruebas exis - tentes no ha habido hasta el momento condenas a los responsables y principales…
p. 55
33Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 2901 cita
[36]cuenta que las autodefensa lo recogió, porque [decían]: “Ah, eso fue la autodefensa”. Entonces, ya se legalizaba, e igual nadie sabía, [decían]: “Ah, eso es un guerrillero”. Y lo bajaban ahí, al pueblo [y la gente decía]: “Ah, es un guerrillero”. Y mentiras, que era 290 ISAZA, EL CLAN PARAMILITAR LAS AUTODEFENSAS…
p. 290
34La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaGrupo de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad (Relator), Gonzalo Sánchez G. (Coordinador) · 2010 · p. 3271 cita
[37]a Gráfica 8. Responsabilidad de los actores no asociados al conflicto en ataques selec- tivos e indiscriminados contra funcionarios judiciales vi. La victimización de funcionarios judiciales en Colombia 1979-2009 329 través de ejercer violencia sistemática contra los funcionarios judi- ciales que han tenido a cargo…
p. 327
35La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 275, 3882 citas
[38]quienes incluso fungieron roles de comandantes dentro de ella. En último lugar se caracterizan y describen al- gunas prácticas asociadas con ejecuciones extrajudiciales (los llamados falsos positivos) 29 llevadas a cabo por la organización con apoyo de la fuerza pública y viceversa. Aunque el tema de las ejecuciones…
p. 275
[83]dos sectores: por un lado, las em- presas de palma de aceite o palma africana. Por otro, los grandes cultivos industriales de banano. Respecto a la dinámica de la palma, esta estructura paramilitar encontró tres focos importantes de colaboración forzada y volun- taria: i) en el norte del Cesar, en especial en el…
p. 388
36El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 1092 citas
[40]paramilitares) que iniciaron con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003 y terminaron con la del Blo- que Élmer Cárdenas en noviembre de 2006, arrojaron la ci- fra de 31. 521 paramilitares desmovilizados (O fi cina del Alto Comisionado para la Paz, 2006). Sin embargo, tanto el cese de…
p. 109
[41]paramilitares) que iniciaron con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003 y terminaron con la del Blo- que Élmer Cárdenas en noviembre de 2006, arrojaron la ci- fra de 31. 521 paramilitares desmovilizados (O fi cina del Alto Comisionado para la Paz, 2006). Sin embargo, tanto el cese de…
p. 109
37Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 3371 cita
[42]Nutibara, que dejó muchas dudas en relación con el número de desmovilizados y su vinculación real con este grupo armado ilegal, el proceso sufrió una grave parálisis. Después se produjo la desmovilización del Bloque Ba nanero liderado por Ever Veloza, pero, según el relato de monseñor Vidal, fue gracias a la decisión…
p. 337
38Colombia: A Country StudyRex A. Hudson (editor) · 2010 · p. 3551 cita
[43]terms of this process, formal talks began in May 2004. The government set up a zone consisting of 368 square kilometers in Santa Fe de Ralito, Cordoba, to relocate demobilized paramilitaries 261 Colombia: A Country Study and conduct the talks, and an Organization of American States (OAS) mission came to verify this…
p. 355
39The Colombia Reader: History, Culture, PoliticsAnn Farnsworth-Alvear, Marco Palacios, Ana María Gómez López · 2017 · p. 4421 cita
[44]the leftist populism of Pablo Escobar’s public rhetoric. Paradoxically, the consoli- dation of a narco-paramilitary political strategy happened just as the best-known paramilitary group, the Castaño brothers’ auc, publicly committed itself to demobi- lization. Between 2003 and 2006, the administration of President…
p. 442
40Detrás de la guerra en ColombiaAriel Ávila · 2019 · p. 245, 2482 citas
[45]la OEA, MAPP/OEA, 2007b). Por otra parte, la cifra de desmovilizados dista de manera significativa de lo que los paramilitares afirmaban tener al principio del proceso. En una entrevista realizada por Semana a Vicente Castaño el 6 de junio de 2005, el jefe paramilitar afirmó que unos 4.000 hombres de las AUC eran…
p. 245
[71]el área rural visten de camuflado, portan brazaletes con la insignia ONG, y patrullan con armas largas.” (Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/ OEA), 2007b, p. 9). Lo anterior es concordante con la idea de que en Nariño la desmovilización tuvo un efecto muy limitado, pues cerca del 50 % de los…
p. 248
41Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 7801 cita
[46]a partir del 1° de diciembre, solicitaron el reconocimiento político, la suspensión de acciones judiciales en contra de sus voceros y seguridad para las regiones donde ejercían sus actividades. Para ese momento, herencia del gobierno de Pastrana, ya estaban en conversaciones confidenciales con Restrepo, a quienes sus…
p. 780
42Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 119, 1922 citas
[47]Báez) y Francisco Zuloaga (alias gordo lindo) entre otros, el ambiente era más que explosivo. Los cabecillas reclamaban un completo y real compromiso del gobierno para detener definitivamente su extradición hacia los Estados Unidos y la posibilidad de poder tener un estatus político y así poder más adelante ingresar…
p. 119
[50]delincuentes políticos, o sediciosos. Y así quedo establecido en la Ley de Justicia y Paz elaborada por el gobierno tiempo después. Acto se-guido, vendría el apoyo a sus compinches políticos para las elecciones al congreso en el 2002; la “elección” (de Uribe) parapresidente ese mismo año, y para las elecciones…
p. 192
43Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 119, 1922 citas
[48]Báez) y Francisco Zuloaga (alias gordo lindo) entre otros, el ambiente era más que explosivo. Los cabecillas reclamaban un completo y real compromiso del gobierno para detener definitivamente su extradición hacia los Estados Unidos y la posibilidad de poder tener un estatus político y así poder más adelante ingresar…
p. 119
[51]delincuentes políticos, o sediciosos. Y así quedo establecido en la Ley de Justicia y Paz elaborada por el gobierno tiempo después. Acto se-guido, vendría el apoyo a sus compinches políticos para las elecciones al congreso en el 2002; la “elección” (de Uribe) parapresidente ese mismo año, y para las elecciones…
p. 192
44Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 422, 4262 citas
[49]y Paz que aclaró quiénes podían ser beneficiarios, y un esfuerzo grande de convencimiento del comisionado Restrepo, se superó el escollo. Las desmovilizaciones siguieron entonces entre diciembre de 2005 hasta mayo de 2006 y registraron más de 12151 hombres. La MAPP - OEA contabilizó que hasta entonces habían dejado…
p. 426
[53]Montería, ovacionaron al comandante». 30 Años después, ante un tribunal de Justicia y Paz, Duque, quien como se recordará había sido secretario de Acdegam en los tiempos del paramilitarismo de Henry Pérez y Gonzalo Rodríguez Gacha en Puerto Boyacá, y era entonces el segundo al mando del BCB de “Macaco”, aseguró que el…
p. 422
45Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 15, 322 citas
[52]y económicos descritos en el Decreto 128 de 2003 reglamentario se desarrollaron en los artículos 13, 14, 15 y 16. 16 Justicia Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico La negociación conjunta derivó en una crisis de credibilidad para el Gobierno. La zona de negociación de Santa Fe Ralito, Cór-…
p. 15
[55]de las AUC en el Congreso colombiano. Para 2001, “las AUC quizá alcanzaron a tener treinta mil hombres armados a su disposición en distintos bloques” (Acemoglu, Daron y Robinson, James, 2012, página 444). Estos mismos autores relatan un hecho relevante en los términos del fenómeno que posteriormente se conocería como…
p. 32
46Colombia Elites and Organized CrimeHannah Stone · p. 621 cita
[54]as well. In June 2006, t he Peace and Justice Law of 2005, introduced by President Álvaro Uribe and approved by Congress as a way to facilitate demobilization of the AUC, was modified: the Constitutional Court ruled that if paramilitary leaders did not fully cooperate in telling t he truth about their criminal…
p. 62
47La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 89, 1092 citas
[56]una gran bancada en el Congreso que les permitiera ventilar sus intereses en los órganos de decisión de la Nación. Para tal efecto, les fue útil la proliferación de partidos políticos promovida por la Constitución de 1991. De hecho, para el momento en que las AUC estaban unificadas, ya existían varios movimientos…
p. 89
[90]colonos. Los actores y beneficiarios del despojo son múltiples y heterogé- neos, y así sus motivaciones. Los actores armados, en primer lugar los paramilitares, seguidos por la guerrilla; y detrás los «actores históricos»: hacendados y grandes ganaderos; o los más modernos, como los narcotraficantes 87 o los…
p. 109
48Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 144, 1522 citas
[57]significativos de las AUC junto con más de 50 políticos entre senadores, congresistas, alcaldes y gobernadores cuyo último propósito no era otro que el refundar el Estado. El nombre viene del corregimiento de Santa Fe de Ralito, en Tierralta, Córdoba, y donde toman especial relevancia muchos nombres de la política…
p. 144
[72]2008 2009 2010 2011 2012 20082009201020112012 Chocó 30 9 7 16 19 28 43 47 70 63 93 Cesar 25 15 14 21 23 23 60 56 76 92 92 Córdoba 28 15 21 23 24 25 54 75 82 85 89 Valle 42 16 20 20 26 32 38 48 50 61 76 Sucre 26 9 7 16 17 19 34 27 61 65 73 Meta 29 12 13 16 20 19 41 45 55 68 65 Bolívar 45 11 7 23 34 24 24 16 51 75 53…
p. 152
49Caminos de guerra, utopías de paz (Colombia: 1948-2020)Gonzalo Sánchez Gómez · 2021 · p. 1321 cita
[58]parecían tareas convergentes. Se politizaba la criminalidad de los paramilitares, asociándola al delito de sedición, y por consiguiente se la hacía negociable; mientras se criminalizaba a la insurgencia como “amenaza terrorista”, y su agenda se convertía en no negociable. En suma, se pueden destacar los siguientes…
p. 132
50Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 2922 citas
[59]conformar un nuevo partido político que representara los intereses de la seguridad nacional y de oposición a la guerrilla. Diez años antes, el líder paramilitar Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez) había creado un partido con esas características en la región del Magdalena medio. Llamado Morena, acrónimo de…
p. 292
[60]conformar un nuevo partido político que representara los intereses de la seguridad nacional y de oposición a la guerrilla. Diez años antes, el líder paramilitar Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez) había creado un partido con esas características en la región del Magdalena medio. Llamado Morena, acrónimo de…
p. 292
51Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 2241 cita
[61]respecto al estatus penal de los paramilitares, otros elementos complicaron la situación. En efecto, la intervención de la Corte Suprema fue más allá de las condiciones de desmovilización y se centró en las redes que los paramilitares mantenían en el corazón del Estado. En las siguientes páginas exploramos este…
p. 224
52Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1891 cita
[62]del ochenta, cuando cercaron con violencia el impulso de descentralización y democratización del poder local. Los resultados de «La Gran Encuesta de Parapolítica» 614, realizada en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 610 Valencia Agudelo, «Capítulo 3. Municipio y violencia paramilitar en Colombia 1984 - 2008», 152.…
p. 189
53Historia contemporánea de Colombia (1920-2010)José Ricardo Arias Trujillo · 2011 · p. 1891 cita
[63]que los anteriores ejemplos, hasta dónde estaba dispuesto a ir el Gobierno en su afán por satisfacer sus propios intereses: magistrados de las Altas Cortes, periodistas y políticos de la oposición, académicos, intelec- tuales, fueron objeto de seguimientos ilegales por parte de agencias estatales para calumniarlos e…
p. 189
54Fighting Monsters in the Abyss: The Second Administration of Colombian President Álvaro Uribe Vélez, 2006–2010Harvey F. Kline · 2015 · p. 1522 citas
[64]about links between paramilitaries and politicians. In addition to the three congressional members arrested in November 2006, five more were detained in February 2008 and another twenty-six in March 2008. In July 2008 Dilian Francisca Toro, the former president of the Senate, was also arrested, and a total of…
p. 152
[65]about links between paramilitaries and politicians. In addition to the three congressional members arrested in November 2006, five more were detained in February 2008 and another twenty-six in March 2008. In July 2008 Dilian Francisca Toro, the former president of the Senate, was also arrested, and a total of…
p. 152
55No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 498, 5182 citas
[66]en los magistrados que investigaban la parapolítica. Ante este escenario, la primera reacción del Gobierno fue minimizar la gravedad de las denuncias e intentar presentarlas como acciones aisladas de «manzanas podridas» o como «exdetectives de esa entidad que que- rían hacerle daño al DAS». Cuando se divulgaron…
p. 518
[77]bajan un poco las muertes, ya como que cesa un poquito. Algunos se quedan a vivir y se organizan aquí con niñas del municipio, ahí llegaron a conformar familia. Ellos se desmovilizan pero vuelven y aparecen otros grupos. Aquí en El Zulia hubo presencia de Águilas Negras y Rastrojos como en 2009. Esos también mataron…
p. 498
56Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 289, 2934 citas
[67]del paramilitaris - mo, pues ante la desaparición de las AUC y el surgimiento de los nuevos grupos referidos argumentaron que la única diferencia apreciable era que la labor antisubversiva se hacía en nuevas con - diciones, de forma más secundaria, pero que los demás objetivos y mecanismos eran básicamente los mismos.…
p. 289
[68]del paramilitaris - mo, pues ante la desaparición de las AUC y el surgimiento de los nuevos grupos referidos argumentaron que la única diferencia apreciable era que la labor antisubversiva se hacía en nuevas con - diciones, de forma más secundaria, pero que los demás objetivos y mecanismos eran básicamente los mismos.…
p. 289
[73]293 CAPÍTULO III. CARACTERÍSTICAS Y DINÁMICAS DE LOS GRUPOS POSDESMOVILIZACIÓN grupo por quienes participaron y se marginaron en el proceso de desmovilización convenido con el gobierno: Pese a que las bandas que relevan a las autodefensas se pre - sentan como una nueva expresión criminal, se puede reco - nocer la…
p. 293
[74]293 CAPÍTULO III. CARACTERÍSTICAS Y DINÁMICAS DE LOS GRUPOS POSDESMOVILIZACIÓN grupo por quienes participaron y se marginaron en el proceso de desmovilización convenido con el gobierno: Pese a que las bandas que relevan a las autodefensas se pre - sentan como una nueva expresión criminal, se puede reco - nocer la…
p. 293
57Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015). Trayectorias, rupturas y continuidadesTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera Ramírez, Carlos Andrés Hoyos, Javier Benavides Torres, Jefferson Corredor Uyaban, Mateo Morales · 2016 · p. 881 cita
[69]en escenarios urbanos. Es decir, la violencia derivaría de una lógica de disputa por el con- 89 1 El fenómeno paramilitar y la actual etapa de los GAPD. Una aproximación cualitativa fl icto armado (fuerza pública-guerrilla y paramilitares-guerrilla) a la violencia librada por las disputas históricas entre las…
p. 88
58Carne es guerra. Veganismo y conflicto armado en ColombiaColectiva Dostristestigres, La Calderita Vegana · 2021 · p. 311 cita
[70]hasta entonces empiezan a coordinarse alrededor del Clan Castaño en el sur de Córdoba, norte de Urabá y nordeste antioqueño, con intención de expandir el fenómeno a nivel nacional. Así, pasar del control mi - litar al control político, social y económico, intentan - do configurarse como un tercer actor 55 armado del…
p. 31
59Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte (Editores) · 2009 · p. 4841 cita
[78]52). Ahora bien, en cuanto a las tácticas de contrainsurgencia, Francisco Gutiérrez y Mauricio Barón (2007: 297) 13 establecen que, en lo posible, los aparatos paramilitares, incluso durante la etapa de expansión (1997-2003), evitaban las confrontaciones directas con los grupos insurgentes. Sin em - bargo, estas…
p. 484
60Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte · 2009 · p. 471, 4742 citas
[79]Esta clasificación se debe a quien, entonces, ejercía las labores de coordinador del área de ddr de la cnrr, el profesor Mauricio Romero, hoy catedrático de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Neoparamilitarismo en Colombia 473 ducto del Bloque Héroes de…
p. 474
[80]sobre cómo enfrentar sus nocivos efectos requiere elementos conceptuales para analizarlos y poder plantear una política pública de seguridad eficaz. Así, este capítulo propone algunos elementos conceptuales para categorizar los grupos armados surgi- dos, reconfigurados o evidenciados a partir de proceso de…
p. 471
61Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿cómo construir un posconflicto sostenible?María Alejandra Arias, Adriana Camacho, Ana María Ibáñez, Daniel Mejía, Catherine Rodríguez · 2014 · p. 24, 1072 citas
[81]100 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 farc eln auc Número de municipios i ntrodu CC ión 25 los retornos que tienen las actividades ilegales en el país, conllevó la mu - tación de muchos grupos paramilitares hacia nuevas bandas emergentes, conocidas como las bandas…
p. 24
[92]paramilitares En la madrugada del 13 de mayo de 2008, y de manera sorpresiva, el Gobierno colombiano levantó la suspensión de extradición de los líde - res paramilitares desmovilizados (incluidos Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna, y once cabecillas más) y ordenó su traslado inmediato a Estados Unidos. La gráfica…
p. 107
62Violence Entrepreneurs, Law and Authority in ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 71 cita
[82]and political networks were reconfigured and adapted to the new situation. The relations between violence, crime and politics were also reshuffled. The recognition on which citizenship and property depend remains connected to these forms of unofficial authority, but the hybridity of the new order — the various…
p. 7
63La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica, Lukas Rodríguez Lizcano · 2022 · p. 4391 cita
[84]Intereclesial de Justicia y Paz (2007), sus efectos nocivos se inscriben a partir de dos factores: el despojo territorial y la destrucción de ecosistemas. Desde el punto de vista de los derechos humanos, las empresas cultivadoras de palma llegan a los territorios ancestrales de comunidades nativas, des- pojando a…
p. 439
64Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 841 cita
[85]ajenas, usurpadas o for- zando a los dueños, para evitar riesgos de expropiación inheren- tes a la actividad ilícita. Finalmente, el verdadero gran impacto del narcotráfico fue la compra de tierras para lavar ingresos del negocio, como modo de acumular capital sin costos de almacenamiento, imitando a las éli- tes…
p. 84
65Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1381 cita
[86]el mapa 9 se pueden apreciar, por ejemplo, los municipios que presentan expansión de cultivos de palma en el periodo 2001-2013, en relación con los que registran fenómenos de desplazamiento forzado entre 2001 y 2004. Se evidencia allí una correspondencia en algunas regiones del Urabá, el Magdalena Medio o el Meta. La…
p. 138
66Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 761 cita
[87]rentas de la economía del narco- tráfico 90. Entre 2002 y 2006, el control territorial ejercido por el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC estuvo asociado a la consolidación de diferentes proyectos económicos en territorios étnicos, como la explotación maderera; agronegocios de palma, banano y plátano, y ganadería…
p. 76
67Etnización de la negridad: La invención de las 'comunidades negras' como grupo étnico en ColombiaEduardo Restrepo · 2013 · p. 2661 cita
[88]financiamos de las grandes cadenas de producción de la economía como el banano, el plátano, la ganadería. Pero en la región se adquirieron muchas tierras que se dice compraron las autodefensas. La realidad es que se quedaron con ellas los que iban atrás de nosotros ‘palmoteándonos’” (Urabá Hoy N o 34, abril 2006;…
p. 266
68Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and BeyondJasmin Hristov · 2014 · p. 1571 cita
[89]made available through paramilitary operations have been sentenced, and in those cases the sentences were quite short. For example, two palm oil entrepreneurs, Luis Alberto Flórez Pérez and Iván Patiño Patiño, who were allied with AUC groups responsible for displacing thousands of Afro-Colombians in the Department of…
p. 157
69Entre la incertidumbre y el dolor: Impactos psicosociales de la desaparición forzada. Tomo IIICentro Nacional de Memoria Histórica; Liz Arévalo Naranjo (relatora); Carlos Miguel Ortiz (coordinador) · 2014 · p. 361 cita
[91]territorial. r La motivación para la persecución política es la estigmatiza- ción que subsiste al interior de los cuarteles militares, élites políticas y económicas. El argumento central de esta apología del odio ha con- sistido en relativizar el principio de distinción entre com- batientes y no combatientes,…
p. 36
70Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 2671 cita
[93]excomandan- te del Bloque Élmer Cárdenas. Para dar cuenta del impacto que tuvieron las extradiciones en el cubrimiento del proceso de Justicia y Paz, a continuación daremos cuenta de cómo el énfasis que le dieron los medios a la voz del victimario determinó lo que se decía sobre el proceso y su &'* Verdad Abierta,…
p. 267
71Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 166, 1742 citas
[94]ridades colombianas” (Reyes, 2011, p. 373). Del mismo modo que la extradi- ción siempre ha sido temida por los narcotraficantes colombianos, grupos defensores de derechos humanos y de la oposición criticaron estas extradi- ciones porque, como se acaba de ver, reducen la posibilidad de hacer justicia sobre crímenes de…
p. 174
[95]colombianas” (Reyes, 2011, p. 373). Del mismo modo que la extradi ción siempre ha sido temida por los narcotraficantcs colombianos, grupos defensores de derechos humanos y de la oposición criticaron estas extradi ciones porque, como se acaba de ver, reducen la posibilidad de hacer justicia sobre crímenes de lesa…
p. 166
72«¡Déjennos en paz!» La población civil, víctima del conflicto armado interno de ColombiaAmnistía Internacional · 2008 · p. 341 cita
[96]Justicia. De este modo, la dimensión real de las violaciones de derechos humanos cometidas a lo largo de los años por los paramilitares, así como el papel fundamental desempeñado por las fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y destacadas personalidades de la política y del mundo empresarial en estos delitos,…
p. 34
73Álvaro Uribe: El Caballo de Troya del NeoliberalismoJuan Manuel López Caballero · 2009 · p. 981 cita
[97]de los de extracción narco que aprovecharon esa asociación para buscar sanear su situación gracias al status político, como ‘Don Berna’, ‘Macaco’ o ‘Gordolindo’; la de quienes sin ser origina- riamente capos pero por estar ya integrados con ellos optaron por respaldarlos, como Mancuso o Jorge 40; y la de quienes…
p. 98