Manuel Cepeda Vargas

Un cuadro del comunismo colombiano

Nacido en 1930 en Armenia, en el corazón del Quindío cafetero, Cepeda pertenece a la generación de dirigentes comunistas formada en la posguerra, en los años del Frente Nacional y de la consolidación del PCC como partido tolerado pero marginal dentro del sistema político colombiano. Su itinerario intelectual y político siguió el patrón canónico del comunismo latinoamericano de la Guerra Fría: militancia temprana, formación doctrinaria en los países socialistas —el paso por la Unión Soviética era, en la tradición del PCC, marca de cuadro serio— y ascenso paulatino por los cargos internos del partido hasta las instancias de dirección nacional.

Ese patrón explica el lugar que ocupó en el aparato partidario. El PCC había hecho de la lealtad a la línea soviética uno de sus criterios centrales para seleccionar dirigentes; la formación en Moscú funcionaba como credencial de fiabilidad ideológica. Cepeda pertenecía a esa aristocracia interna: hombre de partido antes que hombre de tribuna, doctrinariamente ortodoxo, disciplinado en las formas y duro en el fondo. Cuando más tarde ganó una curul en el Congreso, lo hizo como una excepción cargada de significado: la tradición de los partidos comunistas en democracias competitivas era la no participación electoral de sus secretarios generales y principales dirigentes, y el hecho de que varios cuadros del PCC —Cepeda entre ellos— ocuparan cargos de elección popular marca un giro estratégico que solo se entiende en el contexto de la UP.

Además del militante, hubo el poeta. Cepeda cultivó una obra literaria discreta pero constante, cercana a la tradición de la poesía política latinoamericana, y esa dimensión —la del intelectual que escribe versos entre editoriales y comités centrales— fue parte de su capital simbólico dentro del partido. No era un tecnócrata de la agitación ni un burócrata gris: en la iconografía interna del comunismo colombiano, era el dirigente culto, el que citaba a Vallejo y a Neruda en los mítines, el que dirigía un periódico y escribía columnas.

El periodista de Voz

Su escuela política fue el semanario Voz, órgano oficial del Partido Comunista Colombiano. Fundado en 1964 bajo el nombre de Voz Proletaria, con formato tabloide e impreso por el propio partido, el periódico había tenido como primer director a Joaquín Moreno Díaz y llegaría, con el paso del tiempo, a simplificar su cabecera hasta quedar solo en Voz. Cepeda asumió su dirección y desde allí ejerció durante años el papel que en la cultura comunista es quizá más importante que el de parlamentario: la conducción de la línea editorial pública del partido, la voz oficial que interpretaba la coyuntura y fijaba posiciones.

Bajo su dirección, Voz fue mucho más que un boletín militante. Fue una fuente informativa con acceso privilegiado a las FARC en momentos cruciales del conflicto armado, lo que le dio una centralidad periodística que ningún otro medio de izquierda alcanzó en Colombia. Cuando en 1984 el gobierno de Belisario Betancur emprendió los acercamientos de paz con la guerrilla —los diálogos que desembocarían en los Acuerdos de La Uribe y en el nacimiento de la UP—, Voz fue el semanario que cubrió el proceso desde adentro, con información exclusiva que los grandes medios comerciales no tenían. Ese acceso no era un logro periodístico neutral: era el reflejo material del vínculo histórico entre el PCC y la insurgencia farianna, un vínculo que Cepeda administraba desde la dirección del periódico.

Uno de los reporteros que cubrió aquellas negociaciones para Voz fue Jorge Enrique Botero, entonces joven periodista cercano a Cepeda, quien años después escribiría uno de los libros fundamentales sobre el exterminio de la UP. Otro colaborador cercano, mucho más joven, era el propio hijo del director, Iván Cepeda Castro. Alrededor de Voz se tejió así una red intelectual y política que combinaba periodismo, militancia y proximidad afectiva, y que sobreviviría al asesinato del director para convertirse en uno de los núcleos de la memoria del movimiento.

La editorial no operaba en un ambiente pacífico. En medio de amenazas del ministro de Defensa contra la prensa disidente y de una racha de atentados que incluyó a la embajada soviética y la Cinemateca Distrital, la sede del semanario sufrió también un ataque con bomba. La militancia periodística en la Colombia de los ochenta se ejercía bajo fuego, y Cepeda lo sabía desde antes de convertirse en candidato.

La apuesta parlamentaria

La Unión Patriótica surgió en mayo de 1985, en el marco de los Acuerdos de La Uribe entre las FARC y el gobierno de Betancur. Fue concebida como un frente amplio de convergencia democrática, no como simple brazo político de la guerrilla: además de militantes de las FARC y del PCC, integró a liberales, conservadores disidentes, campesinos, estudiantes, sindicalistas y ciudadanos sin adhesión partidaria previa. La idea era abrir un cauce legal a la izquierda insurgente, permitir su tránsito hacia la política electoral y probar, en las urnas, la promesa de una democracia ampliada.

Cepeda se sumó al proyecto desde la dirección de Voz y luego dio el salto a la representación popular. Ganó primero un escaño en la Cámara de Representantes y más tarde uno en el Senado, siempre bajo la bandera de la UP. Su trayecto siguió el patrón de otros dirigentes del PCC: afiliación al partido durante la juventud —en varios casos, mientras se estudiaba derecho—, organización de las Juntas Patrióticas cuando la UP emergió en 1985 y, más adelante, conquista de curules regionales o nacionales. En su caso, la ascensión fue especialmente significativa porque la hizo desde una posición de línea dura, sin abandonar el contacto con las FARC ni siquiera después de que el grupo guerrillero y el partido anunciaron oficialmente su separación.

Las primeras elecciones a las que la UP se presentó, para el período 1986-1988, arrojaron un resultado inédito para la izquierda colombiana: dos senadores propios y otros cuatro en coalición con fuerzas afines, tres representantes propios a la Cámara y seis en coalición, veintinueve diputados departamentales —diecisiete propios y doce en coalición—, veinticuatro alcaldías y mayoría en los concejos de treinta municipios. Era una presencia modesta en términos absolutos, pero histórica en términos relativos: por primera vez, un movimiento surgido del acuerdo con la insurgencia armada obtenía representación parlamentaria significativa en Colombia.

Cepeda hizo del Congreso una prolongación de la tribuna que había dirigido en Voz. No fue un parlamentario conciliador ni un negociador de pasillo: utilizó su curul como plataforma de denuncia, de defensa política de la UP y del PCC, y como espacio desde el cual mantener contactos que otros representantes electos no habrían sostenido. En el mapa interno del movimiento, esa dureza lo diferenciaba de figuras como Bernardo Jaramillo Ossa, quien en los meses previos a su propio asesinato reflexionaba en público sobre la necesidad de que la guerrilla revisara su política de combinación de todas las formas de lucha y se inclinara verdaderamente hacia la negociación y el socialismo democrático. En el II Congreso de la UP, en 1989, el movimiento reconoció la crisis del socialismo real y afirmó el valor del pluralismo; hubo, en ese sentido, posiciones divergentes sobre la estrategia política. Cepeda encarnaba una de las orillas de esa discusión, la que sostenía que la presencia electoral no debía suplantar sino complementar el proyecto revolucionario.

En las elecciones regionales de 1992 la UP ya sufría el peso del exterminio: su representación se había reducido a ciento setenta y cinco concejales, catorce alcaldes y diez diputados, con presencia en apenas ochenta y ocho municipios. El movimiento estaba en repliegue territorial, sus cuadros regionales caían asesinados y sus dirigentes nacionales morían uno tras otro. Jaime Pardo Leal, su primer candidato presidencial, había sido asesinado por sicarios del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, con apoyo logístico atribuido a servicios de inteligencia del Batallón de la Escuela de Caballería. Bernardo Jaramillo Ossa, su segundo candidato presidencial, había caído en el aeropuerto de Bogotá. José Antequera había sido asesinado. Representantes a la Cámara como Octavio Vargas Cuéllar habían muerto en ejercicio de sus funciones. Betty Camacho de Rangel, dirigente liberal del Meta elegida en la lista de la UP, había sido asesinada. Cuando comenzaba la legislatura para la cual fue elegido senador, Cepeda era ya uno de los últimos dirigentes nacionales del movimiento que seguía con vida y visible.

La maquinaria del exterminio

Su asesinato no fue un episodio aislado sino la culminación de un patrón. Desde 1986, los hermanos Castaño —Fidel primero, Carlos después— y su ejército paramilitar habían decidido que los miembros de la UP eran agentes de las FARC disfrazados de civiles, y comenzaron a asesinarlos sistemáticamente. Casi todos los activistas del movimiento, incluidos muchos socialdemócratas que se oponían abiertamente a la lucha armada, murieron a manos de esas estructuras paramilitares o de sus aliados en el aparato estatal y en el narcotráfico. El exterminio se extendió entre 1984 y 2002, alcanzó todo el territorio nacional y se concentró con especial dureza en las zonas donde la UP había tenido su mejor desempeño electoral —Urabá, los Llanos Orientales, el Nordeste Antioqueño, el Magdalena Medio—, precisamente aquellas donde su irrupción amenazaba el control político y económico de élites regionales, terratenientes y redes narcoparamilitares.

Las cifras son elocuentes en su vaguedad: al menos dos mil setecientas veintidós víctimas de desplazamiento forzado y referencias testimoniales a más de seis mil militantes asesinados. El libro de Iván Cepeda Castro, Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido, con más de cuatrocientas cincuenta páginas, recogió por primera vez un listado de mil quinientas noventa y ocho víctimas de la matanza entre 1984 y 1997.

Los planes documentados dan la medida de la sistematicidad del proyecto. La Operación Cóndor, en 1985. El plan Baile Rojo, en 1986, orientado a socavar las estructuras de dirección nacional y a asesinar o secuestrar a sus dirigentes elegidos a corporaciones públicas, con acciones especialmente intensas en los Llanos Orientales y Caquetá. El plan Esmeralda, en 1988, con el objetivo de desaparecer las seccionales del Meta, Caquetá y Urabá. El plan Retorno, en 1993, con propósitos similares. Y el plan Golpe de Gracia, en 1992, que apuntaba, otra vez, contra las estructuras de dirección nacional y sus dirigentes electos. Una vez exterminada o desterrada la dirigencia de la izquierda en Cimitarra, Puerto Boyacá y Puerto Berrío, el genocidio se coordinó desde Puerto Boyacá hacia Urabá, los Llanos y el Nordeste Antioqueño, siguiendo la geografía política del movimiento.

Entre 1988 y 1994 —los años decisivos, los que enmarcan la eliminación de Cepeda—, los métodos combinaron acciones encubiertas de organismos estatales de seguridad y asesinatos selectivos ejecutados por paramilitares coordinados con agentes del Estado. Es el período de la llamada guerra sucia, coincidente con el compromiso profundo del gobierno de Estados Unidos en la lucha antidroga y con la reconfiguración de las fuerzas paramilitares que desembocaría, años después, en las Autodefensas Unidas de Colombia.

El exterminio tuvo, además, un efecto retroalimentador sobre el conflicto armado. Muchos militantes sobrevivientes, al ver clausurada la vía de la participación política legal, optaron por subirse al monte, es decir, por ingresar a las FARC-EP. La eliminación física de la apuesta electoral empujó de vuelta hacia la lucha armada a quienes habían intentado abandonarla, y confirmó a la insurgencia en su desconfianza histórica frente a cualquier salida negociada. Matar a la UP fue también, a mediano plazo, alimentar la guerra.

El 9 de agosto de 1994

El 9 de agosto de 1994, cuando se desplazaba desde su casa hacia el Congreso, Manuel Cepeda Vargas fue atacado en Bogotá. Tenía sesenta y cuatro años y acababa de ser elegido senador para el periodo 1994-1998, después de haber sido representante a la Cámara entre 1991 y 1994. Era uno de los últimos dirigentes nacionales de la Unión Patriótica con presencia parlamentaria.

La justicia colombiana condenó a los suboficiales del Ejército Justo Gil Zúñiga y Hernando Medina como autores materiales. El caso llegó después a la Corte Interamericana, que en sentencia del 26 de mayo de 2010 declaró responsable al Estado por la ejecución, por no investigar con debida diligencia todas las líneas —incluidas las posibles responsabilidades intelectuales— y por afectar la libertad de expresión, los derechos políticos y la integridad de sus familiares. El fallo situó el homicidio dentro del patrón de violencia contra la Unión Patriótica sin dar por probada cada hipótesis formulada durante la investigación.

La sentencia se apoyó en un informe de la Defensoría del Pueblo de 1992 para establecer el contexto de victimización sistemática, y se inscribió en un conjunto de fallos con los cuales la Corte IDH contribuyó a esclarecer legalmente la historia del paramilitarismo en Colombia y el rol del Estado en su conformación, promoción y falta de acción para desarticularlo. Fue uno de los pronunciamientos internacionales más contundentes contra el Estado colombiano por su responsabilidad en el genocidio político de la UP.

La red humana

Detrás del dirigente había una familia. La primera hija de Cepeda, María Estella Cepeda, y su hijo Iván Cepeda Castro sobrevivieron al asesinato del padre y asumieron, con Claudia Girón, esposa de Iván, la tarea prolongada de la memoria y la justicia. Iván había trabajado desde joven en Voz, en cercanía cotidiana con el director. Esa proximidad —biográfica, política y afectiva— se convirtió, tras el crimen, en el motor de una lucha de décadas por documentar el exterminio de la UP y por conseguir que fuera nombrado, tipificado y juzgado como genocidio político.

Iván Cepeda Castro rindió declaración pericial ante la Corte Interamericana en el caso de la Masacre de La Rochela, en enero de 2007. Publicó, con documentación exhaustiva, Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido, un texto de referencia que reconstruye el genocidio entre 1984 y 1997 y que ha sido uno de los pilares del reclamo de las víctimas. Fue elegido representante a la Cámara y luego senador de la República, ocupando en democracia el mismo espacio institucional del que su padre había sido expulsado a tiros, y desde allí ha sostenido durante años un pulso político —particularmente frente al expresidente Álvaro Uribe Vélez— que ha convertido a la familia Cepeda en uno de los símbolos vivos de la memoria de la izquierda colombiana.

Alrededor de la figura del padre asesinado se organizaron también otras trayectorias. Jorge Enrique Botero, el reportero que había cubierto los acercamientos de paz de 1984 desde Voz, continuó su trabajo periodístico y fue catedrático de periodismo en varias universidades del país. La red humana que Cepeda había tejido desde la dirección del semanario sobrevivió al crimen y siguió operando, transformada por el luto pero fiel a la vocación intelectual y política de origen.

La memoria disputada

Las víctimas de la Unión Patriótica han sostenido durante más de veinticinco años que lo ocurrido contra el movimiento debe ser nombrado y tipificado como un genocidio político. Lo han hecho en declaraciones públicas, ante la justicia nacional y ante instancias internacionales. En reconocimiento a ese reclamo, el Centro Nacional de Memoria Histórica decidió conservar la caracterización de genocidio en el título de su informe sobre la UP y ofrecer los elementos para comprender el porqué de esa exigencia.

Hay, en la periodización, una diferencia elocuente. El libro de Iván Cepeda delimita el genocidio entre 1984 y 1997. El informe del CNMH extiende el período de victimización hasta 2002, dieciocho años en total, con violencia de gran magnitud en todo el territorio nacional. Esa diferencia no es un tecnicismo: refleja dos formas de contar el mismo horror, una centrada en el pico de las masacres y otra en la larga extinción del movimiento. Ambas coinciden en lo esencial: fue un exterminio sistemático, dirigido contra los miembros de una organización política legal, en condiciones que involucraron a paramilitares, narcotraficantes y agentes del Estado, según lo han documentado testimonios de perpetradores, sentencias del Tribunal Superior de Bogotá y fallos de la Corte Interamericana.

Cepeda ocupó un lugar central en la convergencia entre el Partido Comunista y la Unión Patriótica. Su militancia comunista y su trabajo parlamentario legal coexistieron en un periodo de debates intensos sobre la relación de la izquierda con la insurgencia y sobre la llamada combinación de las formas de lucha. Esa discusión histórica no modifica su condición de dirigente civil elegido ni el deber estatal de proteger su vida y sus derechos políticos, elementos centrales del fallo interamericano.

Su huella

La historia de Manuel Cepeda Vargas es, en su núcleo, la historia de una apuesta política que fracasó a tiros. El PCC había hecho de la UP el vehículo con el cual, por primera vez en décadas, aspiraba a convertir su influencia orgánica en representación institucional. Cepeda fue el rostro más visible de ese giro: el director de periódico convertido en congresista, el cuadro doctrinario convertido en tribuno público. Su eliminación cerró el ciclo que había comenzado con los Acuerdos de La Uribe y demostró, con una brutalidad que aún hoy pesa sobre la política colombiana, que los márgenes de tolerancia del sistema hacia la izquierda organizada eran considerablemente más estrechos de lo que el propio movimiento había supuesto.

La memoria de Cepeda quedó vinculada al exterminio de la Unión Patriótica y al alcance de la responsabilidad estatal. La sentencia interamericana estableció la participación de agentes militares en el homicidio, las fallas de la investigación y la violación de derechos políticos y de expresión. La militancia de Cepeda y la estrategia de su partido pertenecen al debate histórico; esas controversias no atenúan la responsabilidad declarada por el asesinato de un parlamentario civil.

Cepeda fue periodista, poeta, director de Voz y representante elegido de una organización sometida a violencia sistemática. Después de su asesinato, sus familiares y organizaciones de derechos humanos llevaron el caso ante el sistema interamericano. La sentencia de 2010, los actos de memoria y las medidas de reparación convirtieron su nombre en una referencia jurídica y pública para comprender tanto el exterminio de la Unión Patriótica como las obligaciones del Estado frente a la participación política de la oposición.