Pacífico colombiano

El Pacífico colombiano

El Pacífico colombiano es una franja de 1.300 kilómetros de selva pluvial, esteros y cordillera baja que se extiende desde el Darién panameño hasta la frontera con Ecuador, y comprende los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Es una de las regiones más biodiversas del planeta —la precipitación en el centro del Chocó supera los 7.000 milímetros anuales— y una de las más pobres de Colombia. La habitan mayoritariamente afrocolombianos, descendientes de los esclavizados que la Corona española llevó a las minas desde el siglo XVI, y pueblos indígenas embera, wounaan, eperara y otros que resistieron primero a la conquista y luego a cada oleada extractiva que vino después. Entenderla exige leer al mismo tiempo la cuenca del Atrato y el contenedor del puerto de Buenaventura: no es una periferia olvidada por accidente geográfico, sino un territorio construido, durante cinco siglos, como frontera extractiva racializada. Esa continuidad —oro colonial, platino norteamericano, madera, palma, cocaína, tráfico portuario— y la resistencia sostenida de sus comunidades son las dos claves que este artículo intenta ordenar.

Un país de aguas

La geografía manda en el Pacífico como en pocas regiones de Colombia. La cordillera Occidental corre paralela al litoral, pero se acerca al mar en el norte —donde la serranía del Baudó forma un cordón montañoso propio— y se aleja al sur del cabo Corrientes, dejando una planicie ancha y anegadiza. Esa diferencia física produce dos Pacíficos. El del norte, el chocoano, es un mundo cerrado de selvas altísimas, ríos caudalosos y lluvia diaria. El del sur, sobre el Valle, el Cauca y Nariño, es un laberinto de esteros de agua semisalobre por donde las mareas suben tierra adentro y donde una rama de la corriente fría de Humboldt, que roza la isla Gorgona, condensa la humedad y baja la temperatura del aire: sigue siendo húmedo, pero no superhúmedo. La ensenada de Utría, en el litoral chocoano —un saco marino angosto y profundo, de aguas cristalinas—, es santuario de los apareamientos anuales de ballenas jorobadas que viajan desde regiones polares.

Los ríos son el sistema circulatorio de la región y también sus fronteras internas. El Atrato baja hacia el norte para desembocar en el golfo de Urabá; el San Juan corre hacia el sur y desagua en el Pacífico; el Baudó se abre camino entre serranías; el Patía atraviesa el litoral nariñense; el Iscuandé y el Micay articulan el Cauca costero. Estos cauces funcionaron durante la Colonia como arcifinios —fronteras naturales— que marcaron procesos distintos de poblamiento dentro de un mismo territorio administrativo. Sobre ellos se organizó una etnoecología de precisión extraordinaria: los habitantes leen mareas, corrientes, ciclos lunares, comportamiento del río desde la cuenca alta hasta la desembocadura, tipos de manglar y de selva, maderas de agua, plantas útiles, hábitos de peces. Ese saber, acumulado durante generaciones, es lo que ha permitido vivir de esas aguas.

La fauna terrestre, en cambio, cede desde hace décadas. La danta centroamericana ha desaparecido del litoral. El puerco de monte es raro. En el Iscuandé, el Micay y el Patía, ríos antes reputados por su abundancia, ya cuesta pescar. La presión de la cacería, la pesca comercial y la contaminación de la minería mecanizada ha ido vaciando el paisaje por dentro sin alterar su verdor de fotografía.

La conquista tardía y las minas del Chocó

El Pacífico fue conquistado tarde y con dificultad. Mientras el altiplano andino quedó bajo control español en pocas décadas, el Chocó resistió durante más de un siglo. En 1640, indígenas rebeldes cerraron las minas chocoanas y cruzaron la cordillera para saquear e incendiar los pueblos españoles de Anserma, Arma y Cartago: no era una escaramuza, era una guerra fronteriza que los conquistadores no supieron ganar rápido. Los jesuitas habían llegado al San Juan hacia 1624 y solo tras unos treinta años de labor lograron algunas conversiones. Los franciscanos que intentaron establecerse en el Atrato fueron rechazados desde la década de 1640 hasta cerca de 1670. Las misiones de Simón Amigo y Luis Antonio de la Cueva, desde mediados de la década de 1660, buscaron reducir a los indígenas mediante el modelo clásico de concentración, pero fracasaron: los pueblos del Chocó, con un largo historial de contacto europeo y en un territorio donde el oro era abundante, no tenían incentivo para aceptar unos términos misioneros que además les exigían mantener a los frailes. La gran rebelión de 1684 sacudió a la vez el distrito del San Juan y el del Atrato. Solo dos años después, hacia 1686, los españoles lograron someter efectivamente el territorio.

Sometido —nunca del todo—, el Chocó comenzó su función definitiva dentro del orden imperial: producir oro. Desde la última década del siglo XVI, el esclavo africano fue reemplazando al indígena en las minas. La población nativa, diezmada por el trabajo forzado y las enfermedades, fue desplazada a la producción agraria y al abastecimiento; para 1782, sobre unos 35.000 habitantes del Chocó, la población negra representaba cerca del 75% y los blancos apenas el 2%. Esa demografía dice casi todo sobre lo que la región había llegado a ser: un enclave esclavista donde la mano de obra africana extraía el metal que sostenía el comercio exterior de la Corona.

El modelo productivo se llamaba real de minas. Un empresario con capital reunía una cuadrilla de esclavos, la instalaba junto al yacimiento y explotaba el territorio bajo la vigilancia fiscal de la Corona, que había creado esas unidades administrativas para asegurar el cobro de sus derechos. Los reales eran asentamientos provisionales, precarios, que se movían con la veta. Su inestabilidad daba al Chocó un aspecto de frontera permanente y escandalizaba a los funcionarios reales que lo visitaban. En 1712, el oidor Aramburo fue comisionado para instalar una Caja Real en Nóvita y fundó el pueblo de San Felipe de Tamana como su asiento, con casas para las Cajas y para vivienda: un intento de fijar en el paisaje al menos un punto de control urbano.

Los dueños de las minas más ricas nunca vivieron en el Chocó. Controlaban sus propiedades desde Buga, Cartago, Cali, Anserma, Popayán o Santa Fe de Bogotá, en parte porque se creía —no sin razón epidemiológica— que el clima cálido y húmedo era mortal para los blancos. Aquí aparece uno de los rasgos estructurales que se repetirá durante siglos: la riqueza extraída del Pacífico se acumulaba fuera del Pacífico. El oro salía; el capital nunca volvía. Cualquier progreso basado en la minería era eminentemente precario y no sobrevivía al cierre del yacimiento.

Dentro de las cuadrillas, sin embargo, se estaba fraguando algo que la Corona no había planeado. Mujeres esclavizadas que llegaban a las minas como mancebas del capitán de cuadrilla podían, con los años, establecer vínculos con otros trabajadores, formar familias y convertirse en figuras centrales de linajes mineros. Ese proceso, estudiado por Diego Romero, está en el origen del sistema que más tarde se conocería en el Pacífico como los troncos: redes de parentesco extensas que organizan la memoria familiar y la territorialidad afropacífica hasta hoy. La manumisión por autocompra fue más frecuente que la otorgada por los amos; la gratuita solía beneficiar a esclavas concubinas y a sus hijos mulatos. Así, dentro mismo del sistema esclavista, se abrieron los intersticios por donde una sociedad afrocolombiana propia empezó a existir.

Ríos, troncos, palenques: la construcción de un mundo

Cuando la esclavitud fue abolida en 1851, las comunidades negras del Pacífico ya habían comenzado a construir, sobre las cuencas de los ríos, un patrón de poblamiento propio. Aldeas lineales ribereñas, casas dispersas a lo largo del cauce, agricultura de plátano y frutales, pesca, minería artesanal, corte de madera: una economía de subsistencia articulada a los ciclos del río y del bosque. Ese trazado lineal ribereño y ese poblamiento disperso en sistemas de cuencas eran compartidos por las aldeas indígenas del Pacífico: dos grupos étnicos con trayectorias muy distintas terminaron habitando el mismo paisaje con lógicas espaciales convergentes.

La dispersión no impidió la cohesión. En el Atrato, el patrón de vida afroatrateño se caracterizaba por una fuerte solidaridad comunitaria: se compartía el plátano, se compartía el pescado con vecinos y parientes, y el problema de uno era el problema de todos. Vivir separados por kilómetros de río no impedía redistribuir alimentos, cuidar a los enfermos ajenos, sentir como propio el luto del otro. Los troncos —esas redes de parentesco venidas de los reales de minas— sostuvieron la trama social a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX, cuando el Estado colombiano prácticamente no existía en la región.

Ese Estado, cuando aparecía, aparecía para extraer. La abolición de 1851 no rompió el patrón: liberó a los esclavizados sin dotarlos de tierra, y el ciclo extractivo continuó bajo otras manos. En el valle del Cauca, los cimarrones asentados desde tiempos coloniales fueron despojados de sus tierras a finales del siglo XIX, en un proceso que empujó a nuevas colonizaciones. En el Pacífico propiamente dicho, la población afrodescendiente —cerca del 85% del total regional— quedó como titular de hecho de un territorio del que carecía de titularidad de derecho. Los indígenas embera y wounaan, entre el 6% y el 10% de la población regional, ocupaban las cabeceras de los ríos y las zonas altas, con una relación de vecindad y ocasional tensión con las comunidades negras del curso medio y bajo.

Del oro colonial al platino de la Chocó Pacífico

El siglo XX trajo al Chocó una nueva potencia extractiva: la Compañía Minera Chocó Pacífico, empresa norteamericana que se convirtió en la principal beneficiaria del auge del platino colombiano entre 1916 y 1930, y que operó sin pagar impuestos al gobierno colombiano. Sus grandes dragas revolvían el lecho de los ríos para extraer oro y platino, dejando los desechos amontonados en las orillas, alterando cauces, contaminando aguas y produciendo, año tras año, la mayor parte de la producción metálica de la región. El patrón colonial se repetía con actor nuevo: capital extranjero, mano de obra local, riqueza que salía sin transformar el territorio de donde venía. La minería, desde la Colonia hasta hoy, nunca generó en el Chocó un desarrollo económico endógeno sostenible; los datos son elocuentes en su continuidad: 24.529 kilos de oro producidos en el Chocó en 2010, 27.915 en 2011, 24.438 en 2012; platino 991, 1.225 y 1.439 kilos en los mismos años; corte de madera 268.558 metros cúbicos al cierre de 2011. Cifras robustas de extracción en un departamento que sigue en los últimos lugares de todos los indicadores de bienestar.

La era liberal (1930-1946) intentó tímidas correcciones. En 1946, el Chocó fue elevado a departamento, poniéndolo formalmente en igualdad política con el resto del país. Diego Luis Córdoba, jurista y político nacido en la región, fue la gran figura liberal chocoana de esos años y motor de esa reforma. Los subsidios nacionales al territorio crecieron durante la era liberal, pero siguieron siendo insuficientes y las oportunidades económicas no se ampliaron más allá de la expansión burocrática local. La lógica no cambió: la periferia recibía funcionarios, no inversión productiva.

Buenaventura, mientras tanto, seguía otro camino. En los años sesenta, la creación de Colpuertos —la empresa estatal de puertos— generó en la ciudad empleo estable, una fuerte organización sindical portuaria y, por primera vez en el Pacífico colombiano, una clase media y una élite política local afrodescendiente con capacidad de ascenso. A principios de los años noventa, la privatización del puerto invirtió el proceso. El nuevo modelo instaló una economía de enclave portuario y clausuró aquellos mecanismos de movilidad social: mucho contenedor, poca ciudad. Buenaventura pasó a ser un puerto sin comunidad, un territorio paradójico: principal puerto de Colombia, con importancia geoestratégica, y a la vez una ciudad con pobreza aguda, servicios insuficientes y violencia crónica.

1991: el reconocimiento y su límite

Algo, sin embargo, se movió desde abajo. En la segunda mitad de los años ochenta, en el curso medio del río Atrato, surgió por primera vez un discurso y una estrategia organizativa que imaginaban a los campesinos negros como un grupo étnico con cultura, identidad y derechos territoriales propios. No era una obviedad: hasta entonces, el orden jurídico colombiano reconocía derechos étnicos a los indígenas pero no a las comunidades negras, que aparecían como campesinos sin adjetivo o simplemente no aparecían. La formulación atrateña rompió ese esquema y llegó a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 con fuerza suficiente para inscribirse en la nueva Constitución.

La Constitución Política de 1991 reconoció formalmente a los afrocolombianos y a los indígenas como sujetos colectivos con derecho a la titularidad de sus territorios y a la autonomía cultural. Fue un cambio sustancial. El Artículo Transitorio 55 ordenó al Congreso expedir, en un plazo de dos años, una ley que reconociera a las comunidades negras ocupantes de tierras baldías en zonas rurales ribereñas de la cuenca del Pacífico el derecho a la propiedad colectiva sobre dichas áreas. Dos años después, dentro del plazo, se expidió la Ley 70 de 1993: ocho capítulos, sesenta y ocho artículos. Los cinco primeros regulaban la delimitación, constitución y manejo de los territorios colectivos del Pacífico; los tres restantes abordaban derechos, identidad cultural y desarrollo económico y social de las comunidades negras en términos más generales. El Decreto 1745 de 1995 reglamentó los requisitos y procedimientos de titulación colectiva y consolidó los consejos comunitarios como instancia de organización y autoridad administrativa dentro de cada territorio.

El resultado en el mapa es contundente. En los cuarenta y cuatro municipios del Pacífico viven hoy 859.716 afrodescendientes —el 19,93% del total nacional— junto con población indígena. Ambos grupos habitan territorios colectivos y resguardos que abarcan el 63% de la región: 7.071.488 hectáreas en total, distribuidas en 5.476.338 hectáreas correspondientes a 166 territorios colectivos de comunidades negras y 1.595.150 hectáreas en 172 resguardos indígenas. En el corredor pacífico funcionan 128 consejos comunitarios y más de 169 resguardos de los pueblos wounaan, embera dobidá, chamí, katío, eyabida y eperara siapidara. Nunca antes en la historia de Colombia una minoría étnica había obtenido, en tan poco tiempo, una titularidad territorial de esa escala.

Pero la Ley 70 también encerraba trampas. Restringida en su alcance directo a las comunidades rurales del Pacífico, dejó fuera a los pobladores negros urbanos y a los de otras regiones del país. Ató a las organizaciones a una perspectiva institucional trazada por la propia ley y las hizo dependientes de recursos estatales, lo que agudizó el faccionalismo interno del movimiento negro y redujo su dinamismo. Las organizaciones que se habían apartado antes de intentos de coordinación nacional —por reticencia a ceder autonomía a los grupos urbanos— quedaron ahora en competencia con ONG y liderazgos nuevos por protagonismo y reconocimiento. Y varios capítulos de la Ley 70 permanecieron sin implementar durante décadas: en 2013, veinte años después de su promulgación, un vicepresidente prometió públicamente activarlos antes de fin de año, promesa que tampoco se cumplió.

Detrás de los incumplimientos hay una lógica más honda. El Estado central colombiano ha mantenido con el Pacífico —y muy especialmente con el Chocó y el Medio Atrato— una relación predominantemente absentista e intervencionista: carencia crónica de recursos, servicios y beneficios sociales comparables a los de otras regiones, combinada con presencia puntual cuando se trata de aprovechar recursos naturales o de garantizar corredores estratégicos. Esa presencia selectiva ha tratado a los habitantes del Pacífico como ciudadanos de segunda categoría. La representación colonial del Chocó como territorio vacío, útil al Imperio español para justificar la eliminación indígena y la expansión del dominio, se prolongó bajo formas nuevas: territorio para explorar, territorio desarrollizable, territorio para el desarraigo. El reconocimiento de 1991 no rompió esa trama; la disputó.

La guerra sobre los ríos

A finales de los años setenta, las FARC iniciaron presencia en el Chocó, primero en el bajo Atrato y luego en el Atrato medio, usando el departamento como zona de retaguardia y descanso. Durante casi dos décadas, la guerra colombiana rozó el Pacífico sin instalarse. Eso cambió en 1996. La penetración paramilitar comenzó ese año en Bajirá y luego en Riosucio, con una ola de masacres, desplazamientos y terror que se extendió hacia Murindó, Vigía del Fuerte y Bojayá. En 2002, la masacre de Bojayá —un cilindro bomba lanzado sobre una iglesia donde la población civil se había refugiado— dejó una herida que aún no ha cicatrizado y produjo daños culturales directos: al desconocer y burlarse de las autoridades tradicionales y de las prácticas rituales, la violencia atacó las certezas construidas por generaciones.

En el sur, el paramilitarismo se extendió sobre el eje Buenaventura-Tumaco a finales de los noventa. Los bloques Calima y Frente Pacífico de las AUC entraron a las comunidades afrocolombianas de Bajamar en Buenaventura entre 2000 y 2001; en ese lapso se registraron allí 46 masacres. La cifra sola cuenta poco; hay que sumarle lo que vino después. Entre enero y abril de 2005 hubo en Buenaventura 90 asesinatos; en todo 2005, 324 homicidios según Medicina Legal; en 2006, 416. La disputa entre actores armados por el control de barrios produjo fronteras invisibles que la población civil aprendió a leer para sobrevivir, y una estigmatización de los jóvenes negros como sospechosos permanentes.

La violencia en Buenaventura ha estado atada a dos intereses simultáneos sobre el territorio: el narcotráfico, que necesita corredores hacia el Pacífico, y la ampliación del puerto, que necesita terrenos costeros libres de comunidad. Los desplazamientos intraurbanos, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual persistieron durante cerca de una década tras las masacres de 2000-2001. En Nariño, la presencia paramilitar coincidió con la expansión del cultivo de coca en el litoral y con tensiones sobre la tierra de comunidades negras e indígenas. Las FARC, presionadas en Putumayo y otras zonas tradicionales, ampliaron su presencia en Nariño, Cauca y el Valle del Cauca. El Pacífico, que había permanecido relativamente al margen del conflicto durante décadas, se convirtió en uno de sus escenarios más agudos justo en el momento en que sus comunidades acababan de obtener reconocimiento jurídico.

A las guerras se sumó una economía extractiva reforzada. La minería ilegal invadió el Atrato y sus afluentes con dragas y retroexcavadoras, contaminando el agua con mercurio, tornándola oscura y maloliente, arruinando la pesca. En 2016, la Corte Constitucional declaró al río Atrato sujeto de derechos mediante la Sentencia T-622/16 y ordenó recuperar sus ecosistemas: un fallo pionero en América Latina, hijo directo del movimiento etnoterritorial nacido en los años ochenta. La palma africana, la ganadería extensiva y la tala industrial completaron un cuadro donde las comunidades han sido desplazadas por ciclos extractivos sucesivos —oro, tagua, madera, palma, minería mecanizada, coca— cuya lógica capitalista choca frontalmente con las formas colectivas y de subsistencia de uso de la tierra.

Desde la década de 1980, los gobiernos han formulado planes sucesivos para desarrollar la región: el Pladeicop (1983), el Plan Pacífico (1993), el Proyecto Biopacífico (1993-1996). Cada uno prometía integrar la región al país aprovechando sus recursos. Pocos indicadores muestran que lo hayan logrado en beneficio de sus habitantes.

Voces que nombran la región

El Pacífico ha producido también su propia palabra sobre sí mismo. Manuel Zapata Olivella, novelista, médico y antropólogo, publicó en 1983 Changó, el gran putas, obra monumental sobre la diáspora africana y el pensamiento libertario en las Américas, estructurada sobre la cosmogonía yorubá y trazada desde la época colonial hasta el siglo XX. La novela ha sido leída como una épica afrocolombiana y afrodiaspórica, próxima a la tradición radical negra que Cedric Robinson identificó en la historia intelectual del Atlántico. Rogerio Velásquez, antropólogo chocoano de generación anterior, fue pionero del estudio de la cultura afropacífica desde adentro. Jaime Arocha y Nina S. de Friedemann, desde la antropología académica, ayudaron a instalar el estudio riguroso de las comunidades negras en las universidades colombianas y a construir el lenguaje conceptual que después nutriría el movimiento etnoterritorial.

En el terreno de la política, Diego Luis Córdoba encarnó en la primera mitad del siglo XX la aspiración liberal chocoana; Piedad Córdoba, senadora nacida en la región, ha sido una de las voces afrocolombianas más visibles de las últimas décadas; y Francia Márquez, lideresa ambiental del norte del Cauca, llegó en 2022 a la Vicepresidencia de la República como la primera mujer afrocolombiana en ocupar ese cargo, culminación política de un ciclo de organización que comenzó, hace cuarenta años, en el curso medio del Atrato.

Y está la música. En el Pacífico no se dio masivamente el mestizaje que sí modeló otras regiones colombianas, y en las expresiones de sus comunidades negras predomina la matriz africana: marimbas, cununos, bombos, guasás, cantos de arrullo y de alabao. Con una excepción notable: el pueblo chocoano reinterpretó danzas europeas —jota, mazurca, danza, contradanza— con conjuntos de chirimía de instrumental europeo, produciendo un híbrido regional distintivo. La coreógrafa Mercedes Montaño trabajó, desde su compañía, con integrantes venidos de Guapi, Tumaco, Buenaventura y Chocó, incorporando un repertorio inusualmente diverso de estilos regionales que rara vez habían sido presentados juntos en escena. El Festival Petronio Álvarez, que se celebra anualmente en Cali desde 1997, se ha convertido en la vitrina más importante de esta producción musical y en un espacio donde las comunidades del Pacífico reafirman, año tras año, una identidad cultural que la geografía disgregada nunca logró romper.

Lo que queda

El Chocó sigue siendo, en 2020s, uno de los departamentos más pobres de Colombia y uno de los más desconocidos para sus propios compatriotas. Su débil integración socioeconómica con el resto del país, su aislamiento geográfico —no hay carretera decente que conecte Quibdó con el interior— y los estereotipos sociorraciales sobre las culturas amerindias y afroamericanas que lo habitan han producido una invisibilidad persistente. Guías turísticas internacionales como Lonely Planet omiten la región citando problemas de seguridad, y esa omisión, aunque justificada por episodios reales, refuerza la marginalidad que documenta. Buenaventura mueve una parte enorme del comercio exterior colombiano y sigue teniendo una de las tasas de pobreza más altas de sus ciudades intermedias. Tumaco es a la vez puerto pesquero, capital cocalera del Pacífico sur y epicentro de disputas armadas que no cesaron con el Acuerdo de Paz de 2016.

Y sin embargo, la región no es solo lo que le hicieron. En 166 territorios colectivos, en 172 resguardos, en los consejos comunitarios que funcionan río arriba y río abajo, hay una experiencia jurídica y organizativa sin equivalente en América Latina: comunidades afrodescendientes con propiedad colectiva reconocida sobre millones de hectáreas, autoridades propias, formas de gobierno que combinan tradición y ley. La Sentencia T-622 de 2016 sobre el Atrato, la elección de Francia Márquez en 2022, la vitalidad del Petronio Álvarez, la persistencia del alabao y del currulao, la memoria activa de Bojayá: son señales de que la lógica extractiva racializada, aunque siga operando, no ha logrado ni logrará clausurar el territorio.

El Pacífico colombiano no es una frontera perdida. Es una región donde el país, si algún día decide serlo entero, todavía tiene una deuda por saldar y una historia por reconocer como propia. Los ríos, entretanto, siguen bajando. Los troncos, siguen creciendo.