Ensayo · Constitución de 1991 · 1991–2002
El multiculturalismo de la Constitución de 1991
La Carta de 1991 declaró a Colombia nación pluriétnica, reconoció la jurisdicción indígena y ordenó titular colectivamente los territorios del Pacífico mediante el Artículo Transitorio 55 y la Ley 70 de 1993. La pregunta central es si ese giro fue una conquista arrancada por décadas de movilización étnica o una concesión simbólica funcional a la apertura neoliberal de Gaviria que coexistió —y acaso facilitó— el despojo paramilitar y extractivo sobre los territorios recién titulados.
Orientación para entrar
La respuesta en breve
El multiculturalismo de 1991 fue simultáneamente una conquista real y una trampa estructural. Sin la movilización étnica previa —el CRIC desde 1971, la ACIA en el medio Atrato, el Cimarrón y el Soweto en las ciudades, los núcleos fundacionales del PCN en Buenaventura, la desmovilización del Quintín Lame— el paquete jurídico no habría existido; la oposición transversal de constituyentes de todas las tendencias al reconocimiento afrocolombiano prueba que hubo pulso, no dádiva. Pero la arquitectura resultante reconoció con solidez el plano simbólico-territorial mientras dejaba intactos los dispositivos que hacen efectiva la protección de un derecho: la fuerza estatal armada, la redistribución material y la subordinación del capital extractivo al interés público. Esa asimetría —reconocimiento territorial robusto, articulación redistributiva y jurisdiccional débil— fue la condición misma de posibilidad del pacto, y explica que la titulación colectiva terminara facilitando el extractivismo: los mapas, censos y deslindes producidos por las comunidades para formalizar sus territorios sirvieron también a los actores armados y empresariales que penetraron esos mismos territorios desde 1996.
La historiografía y la teoría política se dividen en al menos cuatro posiciones que no se reducen entre sí. La lectura emancipatoria sostiene que el paquete multicultural fue el fruto tardío de un siglo de resistencia indígena y afrodescendiente —desde la Ley 89 de 1890 usada como herramienta de resistencia hasta el CRIC de 1971 y la ACIA de los ochenta— y que sus límites son de implementación, no de diseño. La lectura neoliberal-funcionalista, asociada a autores como Charles Hale, argumenta que el multiculturalismo operó como moneda simbólica: se pagó en derechos étnicos lo que se cobraba en apertura de mercados, privatizaciones y blindaje del poder militar, siendo la sincronía entre la Constitución y la apertura económica de Gaviria la evidencia más directa. Una tercera posición señala que la titulación colectiva, al introducir titularidades en territorios sin estatalidad efectiva, creó estructuras de intermediación —consejos comunitarios— susceptibles de captura clientelar y cooptación armada. Una cuarta lectura advierte que la propia categoría legal ('comunidades negras que habitan los ríos de la Cuenca del Pacífico') reprodujo el dispositivo racial decimonónico que decía superar, produciendo visibilidad jurídica e invisibilidad demográfica simultáneas —evidenciada en el censo de 2005, donde fue necesaria una campaña activa de autoidentificación—. El nudo irresoluble es que los mismos años en que se titulaban colectivamente los ríos del Pacífico fueron los años del asalto paramilitar-extractivo sobre esos ríos: el testimonio del paramilitar alias Ricardo ante la Fiscalía reveló que desde 1997 se compraban tierras en Curvaradó y Jiguamiandó a sabiendas del trámite de adjudicación colectiva, lo que obliga a decidir si hay relación causal entre titulación étnica y persecución armada o si el despojo habría ocurrido de todas formas.
Ensayo completo
La lectura
En julio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente promulgó una Carta que declaraba a Colombia nación pluriétnica y multicultural, reconocía la jurisdicción especial indígena, incorporaba la circunscripción étnica al Congreso y, en el último tramo de la negociación, incluía un Artículo Transitorio —el 55— que ordenaba al legislador titular colectivamente las tierras ribereñas del Pacífico ocupadas por comunidades negras. Dos años después, la Ley 70 desarrolló ese mandato con un régimen de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable. Ese paquete —Constitución, AT55, Ley 70, jurisdicción indígena, Convenio 169 de la OIT ratificado por la Ley 21— constituye el giro multicultural colombiano: el momento en que un Estado que había gobernado durante un siglo bajo la ficción del mestizaje homogéneo reconoció, en su norma fundamental, que la nación estaba hecha de pueblos distintos con derechos territoriales, jurisdiccionales y culturales propios.
¿Fue ese giro una conquista arrancada por décadas de movilización étnica organizada o una concesión simbólica funcional a la apertura neoliberal que se promulgaba en los mismos meses? Y la titulación colectiva, ¿no operó acaso como mapa para la contraofensiva paramilitar y extractiva que se desplegó sobre esos territorios a partir de 1996?
Qué se juega en la pregunta
Entre 1996 y 2005, las cuencas del Curvaradó, Jiguamiandó, Cacarica y Truandó —territorios titulados o en trámite de titulación bajo la Ley 70— fueron escenario de desplazamientos masivos, ejecuciones selectivas de líderes, siembra forzada de palma aceitera y expansión de la minería a gran escala. El comandante paramilitar Rodrigo Zapata Sierra, alias Ricardo, declaró ante la Fiscalía que desde 1997 estuvo comprando tierras en Curvaradó y Jiguamiandó a sabiendas de que estaban sometidas al trámite de adjudicación colectiva. En febrero de ese mismo año, operaciones coordinadas entre las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y unidades del Ejército provocaron desplazamientos masivos en Riosucio, Carmen del Darién y Vigía del Fuerte. Cuando el INCORA formalizó los títulos de Curvaradó y Jiguamiandó en el año 2000 —cerca de 46.000 y 55.000 hectáreas respectivamente—, buena parte de la población ya estaba desplazada.
Responder si el multiculturalismo fue conquista o concesión determina cómo se lee la relación entre reconocimiento jurídico y despojo material en la Colombia contemporánea. Si fue conquista pura, el problema es la implementación deficiente de una arquitectura sana. Si fue concesión, el reconocimiento operó como mecanismo de legitimación de un orden que requería precisamente esa claridad jurídica sobre los territorios para penetrarlos con capital y armas. La respuesta define qué se hace con el marco vigente, qué se le exige al Estado, y si la salida está en profundizar el multiculturalismo o en desbordarlo hacia otra economía política del territorio.
Los términos del debate
La lectura como conquista descansa en un hecho difícil de refutar: el paquete multicultural fue precedido y hecho posible por décadas de movilización étnica organizada. El Consejo Regional Indígena del Cauca se fundó en febrero de 1971 en una asamblea celebrada en el resguardo de Toribío, con representantes de Tacueyó, San Francisco, Jambaló, Guambía, Totoró y Pitayó, en articulación con dirigentes campesinos del FRESAGRO. Durante los años setenta emergió el movimiento indígena nacional; en los ochenta surgieron en el Chocó las primeras organizaciones campesinas negras que viraron del reclamo agrario hacia la reivindicación étnica —notablemente la Asociación Campesina Integral del Atrato, en el medio Atrato, en respuesta a las concesiones madereras—. En las ciudades, el Círculo de Estudios Afrocolombianos Soweto y el colectivo Cimarrón, presentes en Pereira y Buenaventura, articularon un discurso de reafirmación étnica; en Buenaventura, la confluencia del CEPAC con núcleos de militancia de izquierda daría origen a lo que después se llamaría Proceso de Comunidades Negras. El AT55 y la Ley 70 no cayeron del cielo constituyente: fueron el resultado de una elaboración cultural y política que el Estado capitalizó tardíamente, no un regalo del reformismo liberal.
La lectura como concesión, en cambio, subraya la sincronía con la apertura económica. El gobierno de César Gaviria adoptó el neoliberalismo a comienzos de los noventa, privatizó empresas estatales, redujo aranceles e impulsó la competitividad. La Constitución consagró la autonomía del banco central, habilitó la participación privada en servicios públicos y sociales, y estableció la posibilidad de enajenar empresas monopolísticas del Estado. En 2005, treinta y dos de las cien empresas más grandes de Colombia estaban en manos extranjeras, frente a cincuenta y cuatro en manos privadas nacionales y apenas catorce estatales; siete años antes había veinte estatales. La reforma constitucional operó, además, como instrumento de cooptación política: Gaviria nombró en su gabinete a representantes del M-19, del Partido Conservador y de la facción liberal opositora a su agenda económica, para reducir resistencias. La convocatoria misma de la Asamblea se hizo por decretos de Estado de Sitio —uno bajo Barco, otro bajo Gaviria— avalados por la Corte Suprema, en un procedimiento jurídicamente controvertido. Y las relaciones civiles-militares no se tocaron: solo se modificó uno de los artículos pertinentes de la Constitución de 1886. Desde esta lectura, el multiculturalismo fue moneda simbólica: se pagó en derechos étnicos lo que se cobraba en apertura de mercados y en intangibilidad del poder armado.
Hay una tercera posición, menos escuchada pero relevante: la que ve en el multiculturalismo una captura clientelar. Al introducir titularidades colectivas —consejos comunitarios— en territorios donde el Estado no tenía presencia administrativa efectiva, la Ley 70 habría creado nuevas estructuras de intermediación política susceptibles de ser cooptadas por facciones locales, actores armados y operadores del gasto público, transformando las reivindicaciones étnicas en redes de gestión de recursos. Y una cuarta lectura señala que la propia categoría legal —"comunidades negras que habitan los ríos de la Cuenca del Pacífico"— reprodujo, al fijar la etnicidad al territorio, el mismo dispositivo racial decimonónico que decía superar, produciendo visibilidad jurídica y a la vez invisibilidad demográfica: durante el censo de 2005, organizaciones no gubernamentales tuvieron que impulsar activamente la autoidentificación afrocolombiana para que las cifras siquiera se aproximaran a la realidad.
El pulso constituyente
El contenido efectivo del paquete multicultural revela algo que ninguna de las dos lecturas puras alcanza a explicar: el reconocimiento fue jurídicamente sustantivo, pero se detuvo justo antes de tocar la estructura del poder.
Los delegados indígenas —Lorenzo Muelas por los guambianos, Francisco Rojas Birry por las organizaciones amazónicas y del Chocó, Alfonso Peña Chepe por el Movimiento Armado Quintín Lame desmovilizado— llegaron a la Asamblea con demandas amplias: declarar plurinacional al Estado, atribuir la propiedad del subsuelo a las comunidades indígenas, ampliar la circunscripción especial a cuatro senadores y ocho representantes. Ninguna prosperó. Lo aprobado fue considerable —jurisdicción especial con autoridades y procedimientos propios, resguardos como propiedad colectiva bajo el artículo 63, ratificación del Convenio 169—, pero se detuvo en la frontera del subsuelo, es decir, del recurso extractivo. La jurisdicción indígena quedó, además, sujeta a una futura ley de coordinación con el sistema judicial nacional que la Corte Constitucional tuvo que suplir por vía jurisprudencial.
En el caso afrocolombiano, la evidencia de que hubo pulso —y no dádiva— es aún más clara. Los afrocolombianos no fueron considerados sujetos automáticos del modelo multicultural: constituyentes y funcionarios de tendencias diversas —conservadores, liberales, izquierdistas— se opusieron al reconocimiento de derechos especiales argumentando que generarían conflicto interétnico en un país ya en guerra, y muchos preferían políticas de integración racial sobre políticas de diferencia. El AT55 se coló al final del proceso, restringido en su alcance a los ribereños del Pacífico, dejando fuera a la población afro urbana y a la diseminada en el resto del país. La Ley 70 tuvo que ser arrancada al Congreso en un plazo de dos años, y su reglamentación quedó incompleta: más de veinte años después de expedida, el Estado no había reglamentado la totalidad de la ley, especialmente en materia de derechos culturales, educativos y de participación política más allá de la titulación de tierras.
Esa asimetría —reconocimiento territorial-simbólico robusto, articulación redistributiva y jurisdiccional débil— dibuja ya la mitad de la respuesta.
El despojo simultáneo
Los mismos años en que se titulaban colectivamente los ríos del Pacífico fueron los años del asalto paramilitar-extractivo sobre esos ríos. Y la coincidencia no fue casual.
En el Bajo Atrato, los desplazamientos masivos comenzaron en 1996 y 1997, justo cuando avanzaban los primeros trámites de adjudicación colectiva. En algunos casos, el INCORA debió hacer adjudicaciones globales porque no podía hacer presencia en las zonas. La lideresa Ricardina Perea fue asesinada en 1996 en el río Truandó —el homicidio se atribuye a las FARC—, y desde ese año comenzaron restricciones a la circulación de alimentos en la cuenca del Cacarica. En febrero de 1997, las ACCU y unidades del Ejército coordinaron operaciones que provocaron el desplazamiento masivo de comunidades afrodescendientes en Riosucio, Carmen del Darién y Vigía del Fuerte. Los cultivos de palma aceitera se expandieron en el Bajo y Medio Atrato de la mano de esa violencia paramilitar, invadiendo territorios colectivos. La Defensoría del Pueblo, en la Resolución Defensorial de junio de 2005, documentó la violación de derechos humanos por siembra de palma africana en Jiguamiandó y Curvaradó.
En el Pacífico sur, el patrón es el mismo con otros actores. El Bloque Calima de las AUC, con presencia en Tuluá bajo el mando de Antonio Londoño, alias Rafa Putumayo, perpetró la masacre del río Naya entre el 10 y el 13 de abril de 2001 contra población indígena y afrocolombiana, en el marco del control de un corredor hacia el Pacífico y zonas con cultivos de coca. En el norte del Cauca, según el testimonio de una lideresa afrodescendiente ante la Comisión de la Verdad, las zonas de fuerte presencia paramilitar a comienzos de los 2000 coinciden espacialmente con las áreas donde después se desarrolló minería ilegal con retroexcavadora protegida por grupos armados. Los pueblos Embera y Wounaan del Bajo Atrato sufrieron un desplazamiento forzado silencioso: familias que abandonaron sus tierras o las vendieron a bajo precio, parentelas desarticuladas, adultos mayores muertos en tierras panameñas.
El despojo no fue una externalidad. El testimonio de Ricardo es explícito: los paramilitares sabían, desde 1997, que las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó estaban sometidas a trámite de adjudicación colectiva, y actuaron precisamente sobre esa información. El modelo ensayado en Urabá, el sur de Córdoba y el Magdalena Medio en la primera mitad de los noventa se expandió hacia el resto del Caribe —Montes de María, corredor minero del Cesar— y hacia el Pacífico en la segunda mitad de la década. Hay, además, una correspondencia geográfica observable entre la expansión de los cultivos de palma en los años siguientes y los desplazamientos forzados en regiones como Urabá, el Magdalena Medio y el Meta.
La titulación colectiva terminó facilitando el extractivismo. Las comunidades invirtieron tiempo, recursos y trabajo propio en la formalización territorial; ese trabajo produjo mapas, censos, deslindes y actas que después sirvieron a los actores que penetraron esos mismos territorios. La consulta previa, consagrada como derecho por la Ley 70 y por el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, se convirtió en la práctica en un trámite subcontratado: empresas privadas y agencias del Estado contrataban antropólogos para llenar formularios, hacer visitas rituales y persuadir a las comunidades de que no podían detener el progreso. El resultado fueron hidroeléctricas que no dan electricidad a las comunidades que inundan, minería a gran escala y concesiones madereras aprobadas con firma indígena o afro adjunta.
La implementación estatal del reconocimiento fue paralelamente deficiente. En 2012, más de la mitad de las tierras adjudicadas recientemente al pueblo nasa y a otras comunidades indígenas seguía a nombre del Fondo Nacional Agrario, sin estatus jurídico de resguardo, es decir, fuera de la protección constitucional. De las 15.663 hectáreas pactadas como reparación al pueblo nasa por la masacre del Nilo de 1991, se habían adquirido 13.906 hectáreas en dieciséis predios; ninguna había sido legalizada como resguardo. La protección más fuerte del multiculturalismo colombiano —la propiedad colectiva inalienable, imprescriptible e inembargable— quedaba congelada en el trámite.
Conquista y trampa
El multiculturalismo de 1991 fue una conquista real y a la vez una trampa estructural. Lo fue porque su arquitectura reconoció con solidez el plano simbólico-territorial mientras dejaba intactos los dispositivos que hacen efectiva la protección de un derecho: la fuerza estatal armada, la redistribución material del ingreso y la subordinación del capital extractivo al interés público. Esa asimetría fue la condición misma de posibilidad del pacto.
Sin la movilización étnica previa —CRIC desde 1971, ACIA en el medio Atrato, Cimarrón y Soweto en las ciudades, el núcleo bonaverense del futuro PCN, la desmovilización del Quintín Lame— el paquete no habría existido. La oposición transversal de constituyentes conservadores, liberales e izquierdistas al reconocimiento afrocolombiano prueba que el Estado no lo entregó espontáneamente: fue arrancado. Cualquier lectura que reduzca el 91 a maniobra de cooptación gaviriana ignora la agencia de organizaciones étnicas que llevaban veinte años elaborando lenguaje, territorio y demanda jurídica.
Ese reconocimiento fue insertado, sin embargo, en una arquitectura constitucional que simultáneamente consagraba la apertura económica, dejaba las relaciones civiles-militares prácticamente intactas y postergaba a leyes futuras la coordinación entre jurisdicciones. La Constitución blindó al Banco de la República, habilitó la privatización, permitió la enajenación de monopolios estatales y no modificó la estructura del poder militar. En ese marco, los derechos étnicos operaron con toda su fuerza en el papel y con toda su fragilidad en el terreno: propiedad inalienable sobre tierras que nadie podía defender armadamente contra las ACCU, jurisdicción propia sobre territorios que el Estado concesionaba a multinacionales, consulta previa reducida a formulario. Multiculturalismo y neoliberalismo no se opusieron: se complementaron funcionalmente. El capital necesitaba precisamente la claridad jurídica del territorio —quién es titular, con quién se negocia, qué firma vale— y el multiculturalismo se la proveyó.
El despojo no fue reacción imprevista de actores privados desviados. Fue un proceso deliberado que actuó con conocimiento anticipado del marco multicultural y con la aquiescencia, en algunos casos la coordinación operativa, de agentes estatales. El testimonio de Ricardo sobre el conocimiento previo de los trámites de adjudicación, las operaciones conjuntas ACCU-Ejército en el Bajo Atrato en 1997, la resolución defensorial de 2005 sobre la palma en Curvaradó y Jiguamiandó, la masacre del Naya, la coincidencia espacial entre paramilitarismo y minería ilegal en el norte del Cauca: la contraofensiva armada operó como dispositivo de neutralización del sujeto étnico que la Constitución acababa de reconocer. Para muchos líderes afrocolombianos, esa violencia tuvo la intención explícita de revertir los logros de 1991 y de la Ley 70.
La pregunta correcta no es "conquista o concesión" sino cómo el mismo dispositivo produjo ambas cosas a la vez y en función de qué asimetría. Produjo emancipación allí donde las organizaciones étnicas tenían capacidad de hacerlo valer con fuerza organizativa —la Corte Constitucional, la acción de tutela, las Comunidades de Paz, las Zonas Humanitarias, la Declaración de Bojayá de 1999— y produjo despojo allí donde esa fuerza organizativa no bastaba para contener al capital y a los ejércitos privados que se movieron precisamente sobre los mapas que la titulación colectiva había producido. Reconocimiento sin estatalidad ni redistribución no es conquista completa: es una plataforma sobre la que se libra, en condiciones desiguales, la disputa efectiva por el territorio.
Esto no invalida al 91. Lo relativiza. La Ley 89 de 1890, expedida bajo concepciones abiertamente racistas, sirvió durante un siglo como herramienta jurídica de resistencia indígena; del mismo modo, la Ley 70 y el paquete constitucional siguen siendo, hoy, el andamio sobre el que las comunidades litigan, se organizan y resisten. La Corte Constitucional se consolidó como una de las instituciones más fuertes del país, y su Auto 004 de 2009 —que ordenó Planes de Salvaguarda para treinta y cuatro pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural— pertenece a la arquitectura del 91. Pero pensar el 91 como conquista sin más es olvidar que la conquista fue simultáneamente el mapa con que se ejecutó la contraofensiva. Y pensar el marco como plataforma frágil obliga a una decisión política que no admite prórroga: exigir del Estado la protección efectiva de lo ya reconocido, profundizar el marco hacia formas más sustantivas de autonomía territorial y jurisdiccional, o desbordarlo hacia una economía política del territorio que no dependa de la titulación bajo régimen de propiedad. La implementación desigual del capítulo étnico del Acuerdo de La Habana de 2016, veinticinco años después del 91, sugiere que el problema no se resuelve con más multiculturalismo del mismo tipo. En los ríos que la Constitución nombró se sigue litigando, con muertos y con resguardos, qué tipo distinto es ese.
Archivo documental
Documentos usados en esta lectura
61 documentos · 84 fragmentos de referencia01Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. El Movimiento Armado Quintín LameDaniel Ricardo Peñaranda Supelano · 2015 · p. 144, 3352 fragmentos
[1]la tierra (1960 – 1970) Número de propiedades - Extensión Rango 1960 % 1970 % 1960 % 1970 % - 1 15. 229 20,6 16.348 19,4 8.260 0,9 8.895 0,8 1-3 20.562 17,9 22.926 27,3 38.196 3,9 40.010 3,7 3-5 10.738 14,5 12.350 14,7 41.019 4,2 46.310 4,2 5-10 12.108 16,4 13.828 16,4 84.608 8,8 90.439 8,3 10-30 10.159 13,8 12.497…
p. 144
[9]democracia, terrenos en los que estamos avanzando muy lentamente 459. b) Los avances del movimiento indígena Contra toda previsión, como lo hemos reiterado, el movi miento indígena colombiano resultó ser uno de los más forta le cidos en las últimas décadas 460. En efecto, pese a sus dife ren cias, los pueblos…
p. 335
02Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y Memoria en el Cauca indígenaDaniel Ricardo Peñaranda Supelano (coordinador), Graciela Bolaños, Víctor Daniel Bonilla, Jorge Caballero Fula, Myriam Amparo Espinoza, Vianney Judith García, Jorge Hernández Lara, Pablo Tattay, Libia Tattay Bolaños · 2012 · p. 11, 1572 fragmentos
[2]Regional Indígena del Cauca (CRIC) fue cons- tituido el "# de febrero de $%&$ durante la Asamblea Indígena celebrada en el Resguardo de Toribío, a la cual asistieron repre- sentantes de los resguardos de Toribío, Tacueyó, San Francisco, Jambaló, Guambía, Totoró y Pitayó, así como dirigentes campesi- nos agrupados en…
p. 11
[20]se considera- ran nacionalidades distintas y por tanto se declarara al Estado co- lombiano como plurinacional, (() que la propiedad del subsuelo en los territorios indígenas perteneciera a las comunidades asen- tadas en ellos, (') que se concediera nacionalidad colombiana por nacimiento a todos los miembros de pueblos…
p. 157
03Movimientos sociales, Estado y democracia en ColombiaMauricio Archila, Mauricio Pardo (Editores) · 2001 · p. 243, 2572 fragmentos
[3]nuevos actores políticos, entre los que han sido no- torios los movimientos locales por servicios o atención estatal, movimientos por los derechos humanos, movimientos por la res- tauración democrática, movimientos de mujeres, movimientos barriales de solidaridad en la crisis, movimientos cristianos de base,…
p. 243
[13]se habían apartado del intento de crear una coordinación nacional del movimiento ne- gro, reticentes a ceder autonomía a grupos de activistas de sede urbana pero carentes de representatividad en el seno de las or- ganizaciones de base. En torno al movimiento negro en Colombia i 337 ] La Ley 70 contiene 8 capítulos y…
p. 257
04Gente negra en Colombia. Dinámicas sociopolíticas en Cali y el PacíficoOlivier Barbary, Fernando Urrea · 2004 · p. 3751 fragmento
[4]más intenso y complejo, con la movilización de líderes afrocolombianos y voceros de los intereses de la población negra, para que el Artículo Transitorio 55 (AT. 55), sancionado por la Constituyente, se ratificara como ley de la nación, a través de la Ley 70 o "Ley de Comunidades Negras". Pero como veremos a…
p. 375
05Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. PacíficoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 871 fragmento
[5]crearon en las siete cuencas que conforman el municipio: la Organización Negra Campesina Pro-defensa del río Calima (Oncaproteca), la Organización de Negros Unidos del río Anchicayá (Onuira), la Asociación de Comunidades Negras del río Raposo (Aconur), el Comité de Defensa de los Intereses del río Cajambre (Codinca),…
p. 87
06Etnización de la negridad: La invención de las 'comunidades negras' como grupo étnico en ColombiaEduardo Restrepo · 2013 · p. 90, 2942 fragmentos
[6]a las específicas sedimentaciones de la alteridad. Y esto no es un asunto únicamente del presente. Para poner un ejemplo, las disímiles maneras en que el racismo científico se materializa en debates y medidas eugenésicas en Argentina o Colombia se comprenden en relación con el lugar de la diferencia en las dos…
p. 294
[8]Obapo y la Ocaba. Entonces hacíamos la propuesta y la llevaba a discutir a otros departamentos. Entonces lo que hacían los otros departamentos era anexar algunos conceptos y validar la propuesta que nosotros llevábamos. Porque tampoco allá habían procesos organizativos […] A raíz del 91, del 93, inician a nacer…
p. 90
07Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 352, 3652 fragmentos
[7]de la Verdad analice y resuelva» 802. El despojo en el Pacífico: «Desafiamos la idea de los foráneos de creerse dueños y amos de nuestros territorios» 803 En los años setenta las comunidades negras del Pacífico norte iniciaron un proceso organizativo para el reconocimiento de la ocupación ancestral de sus territorios.…
p. 365
[14]Asamblea Nacional Constituyente. Puede afirmarse, entonces, que hay un continuo de resistencia jurídica en las luchas indígenas, ya que resulta válida la afirmación de que los programas jurídicos de las organizaciones constituyen una forma más de sus procesos de reivindicación histórica. Con la Asamblea Nacional…
p. 352
08Becoming Black Political Subjects: Movements and Ethno-Racial Rights in Colombia and BrazilTianna S. Paschel · 2016 · p. 117, 2062 fragmentos
[10]were being solidi- fied in the same period. However, whereas indigenous people were consid- ered the ideal subject of multicultural policies, black populations were not (Hooker 2005). Indeed, black Colombians were not automatically included in Colombia’s move toward a multicultural model of citizenship. Rather, they…
p. 117
[52](interview, Nicolasa Machado, March 2009). Throughout Colombia, the struggle for collective land titles for black com- munities conflicted directly with the interests of local and transnational capital. As a result, leaders often confronted state actors who were not sim- ply inefficient, but rather, who had many…
p. 206
09Buenaventura: un puerto sin comunidadConstanza Millán Echeverría, Ludivia Serrato Martínez, Oscar Pérez, Clara Castro, Danelly Estupiñán, Adriel Ruiz · 2015 · p. 82, 1082 fragmentos
[11]derecho al territorio y la explicitación de una identidad cultural afro desde el modelo de la región rural del Pacífico. Aunque el elemento ra- cial (denuncia de la discriminación) no desaparece si pierde fuerza frente a la reivindicación del derecho a la diferencia y la exigencia de su reconocimiento desde el trípode…
p. 82
[81]terri- toriales y titulación colectiva llegaron a las veredas en momentos en los que los pobladores estaban siendo desplazados (…) esto le dio un giro a las discusiones sobre los derechos territoriales de los afroco- lombianos, priorizando la necesidad de exigirle al Estado ahora la protección” (Domínguez, María…
p. 108
10Antropología hecha en Colombia. Tomo IEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 5751 fragmento
[12]modo específico se reconoce el derecho a la propiedad colectiva para las poblaciones negras que habitan los ríos de la cuenca del Pacífico y además el derecho a una normatividad especial que permita el desarrollo de su propia cultura. El discurso inaugurado en el medio Atrato en la mitad de los ochenta encuentra su…
p. 575
11La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 57, 612 fragmentos
[15]de organizaciones sociales a través de los consejos comunitarios, para la protección y utilización sustentable de los recursos naturales (Grueso, 2000). Estos consejos comunitarios son las instancias de organización de los pobladores dentro de un área delimitada del terri- torio que han ocupado de acuerdo a sus…
p. 57
[82]consideraron la discusión del uso del territorio en una instancia nacional (Grueso, 2000). Aunque el proceso organizacional de las comunidades presentó diferencias, se logró la articulación de las intenciones y la posterior presentación de las de- mandas al Gobierno central. Es relevante visibilizar que haber…
p. 61
12Representaciones y epistemes locales sobre la naturaleza en el Pacífico sur de ColombiaCarlos Enrique Osorio Garcés · 2018 · p. 681 fragmento
[16]parque naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Artículo 70. El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los…
p. 68
13Raza y derechos humanos en Colombia: Informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombianaCésar Rodríguez Garavito, Tatiana Alfonso Sierra, Isabel Cavelier Adarve · 2009 · p. 116, 3202 fragmentos
[17]55 de la Constitución Política de 1991 y, posterior- mente, fue desarrollado en la Ley 70 de 1993. Esta última fue reglamentada por el Decreto 1745 de 1995, en lo relativo a los requisitos y procedimientos para la titulación colectiva de los territorios ancestrales en la cuenca del Pacífico y en otras regiones del…
p. 116
[59]la región del Urabá chocoano sigue siendo una de las zonas más deprimidas en términos sociales y económicos, aún seis años después de haber sido expedida la política pública. 25 El bajo y medio Atrato, por su parte, es una de las zonas en donde el impulso de programas de desarrollo sostenible ha vulnerado los derechos…
p. 320
14Bojayá: La guerra sin límitesGrupo de Memoria Histórica, Martha Nubia Bello Albarracín, Pilar Riaño Alcalá, Gonzalo Sánchez G. · 2010 · p. 1541 fragmento
[18]2009. Sobre el despojo de tierras, ver: Machado, Absalón, et al. 2009. El Despojo de Tierras y Territorios: aproximación conceptual. Bogotá D.C.: Línea de Investigación Tierra y Conflicto, Área de Memoria Histórica, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación - CNRR -. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones…
p. 154
15Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 1271 fragmento
[19]dicción indígena: El análisis de esta norma muestra los cuatro elementos centrales de la ju- risdicción indígena en nuestro ordenamiento constitucional: la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, la potestad de estos de establecer normas y procedimientos propios, la sujeción…
p. 127
16Paz en Colombia: perspectivas, desafíos, opcionesMartha Nussbaum, Sara Victoria Alvarado (ed.), Eduardo A. Rueda Barrera (ed.), Pablo Gentili (ed.) · 2016 · p. 701 fragmento
[21]Respecto al litigio incluyente, porque para lograr la eficacia de tales derechos y ante la ausencia de un Estado de bienestar que ad- ministrativamente los aplique, las personas tienen que hacer uso de acciones constitucionales como la tutela, acciones populares, recursos de petición, de grupo, entre muchas más que…
p. 70
17Paz en Colombia: perspectivas, desafíos, opcionesSara Victoria Alvarado, Eduardo A. Rueda Barrera, Pablo Gentili (editores) · 2016 · p. 701 fragmento
[22]Respecto al litigio incluyente, porque para lograr la eficacia de tales derechos y ante la ausencia de un Estado de bienestar que ad- ministrativamente los aplique, las personas tienen que hacer uso de acciones constitucionales como la tutela, acciones populares, recursos de petición, de grupo, entre muchas más que…
p. 70
18Historia contemporánea de Colombia (1920-2010)José Ricardo Arias Trujillo · 2011 · p. 1771 fragmento
[23]participado de una manera más directa en sus propios asuntos, lo que se ha traducido en la consolidación de algunas de sus tradiciones más significativas. No menos importante ha sido la titulación colectiva de varios millones de hectáreas a favor de las dos comunidades. Sin embargo, los derechos de las minorías…
p. 177
19El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 812 fragmentos
[24]la Acción de Tutela La creación de la Corte Constitucional y la previsión de la ac- ción de tutela son dos de las innovaciones institucionales más im- portantes de la Constitución de 1991, marcando de fi nitivamente el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en los años siguientes en…
p. 81
[25]la Acción de Tutela La creación de la Corte Constitucional y la previsión de la ac- ción de tutela son dos de las innovaciones institucionales más im- portantes de la Constitución de 1991, marcando de fi nitivamente el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en los años siguientes en…
p. 81
20Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 2102 fragmentos
[26]Con el final de la Guerra Fría, y al presenciar una importante reforma política, los colombianos comenzaron a pensar que la paz podría regresar pronto al país. La paz y la prosperidad parecían ser el camino que tomaba el mundo a comienzos de los años noventa, época en la que los líderes de todo el mundo predicaban el…
p. 210
[27]Con el final de la Guerra Fría, y al presenciar una importante reforma política, los colombianos comenzaron a pensar que la paz podría regresar pronto al país. La paz y la prosperidad parecían ser el camino que tomaba el mundo a comienzos de los años noventa, época en la que los líderes de todo el mundo predicaban el…
p. 210
21Colombia: A Country StudyRex A. Hudson (editor) · 2010 · p. 3051 fragmento
[28]informa- tion. (For further information and complete citations, see Bibliography.) 211 Chapter 4. Government and Politics Top: An indigenous geometric design, C. Jaramillo Collection, Pasto Bottom: An indigenous geometric design, private collection, Pupiales Courtesy Carlos Arturo Jaramillo Giraldo, Murmullos del…
p. 305
22Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in ColombiaWilliam Avilés · 2006 · p. 711 fragmento
[29]of the economic groups, the Gaviria administration did employ various political strategies to reduce the existing opposition to its eco- nomic agenda. Gaviria and his advisors worked to “compensate” potential opponents of the reform process and co-opt others through political appoint- ments and promises that the…
p. 71
23Testigos olvidados. Periodismo y paz en ColombiaAndrés Felipe De Pablos, Luisa Fernanda Gómez · 2017 · p. 12 fragmentos
[30]63 III. Bienvenidos al futuro (1990-1994) En los últimos días del gobierno de Virgilio Barco ya se habían iniciado diálogos de paz con las guerrillas, y Quintín PRT EPL Lame. Por esta razón, desde la hora cero del gobierno de César Gaviria, se buscó recobrar esos diálogos y reiniciar procesos de desmovilización y…
p. 1
[31]63 III. Bienvenidos al futuro (1990-1994) En los últimos días del gobierno de Virgilio Barco ya se habían iniciado diálogos de paz con las guerrillas, y Quintín PRT EPL Lame. Por esta razón, desde la hora cero del gobierno de César Gaviria, se buscó recobrar esos diálogos y reiniciar procesos de desmovilización y…
p. 1
24Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994Marco Palacios · 2003 · p. 3301 fragmento
[32]más de medio sig lo transitando esta espiral de cri men-mo vimiento de opinión-represión-crimen. Pero, ya vi- mos, la repr esión no ha funcionado y ello obedece en alguna me- dida a que la población no confia en sus jueces y menos aún en sus po li cías. Si alguna conclusión se deriva de este último medio sig lo, es el…
p. 330
25Gran Enciclopedia de Colombia. Tomo 7: InstitucionesRoberto Hinestrosa Rey (Director Académico), Sandra Morelli Rico (Coordinación Académica) · 1993 · p. 351 fragmento
[33]elección de presidente de República. Este decreto se explicó amparado en el decreto 1038 do 1984, que dechró turbadoel orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, Su finalidad era facilitar el pronancamiento popular sobre el de- sE0- de comvecar una assmblen consti: tuyente para reformar la…
p. 35
26Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 189, 1932 fragmentos
[34]el país. A pesar de lo corto del tiempo, su coordinador, Ricardo Santamaría, sostiene que hubo mucho interés, el cual se vio reflejado, por ejemplo, en el Una de las mayores paradojas de la Constitución de 1991 fue que esta nació con base en la controvertida figura del “estado de sitio”. En efecto, el presidente…
p. 193
[39]Parque ie Naciones Unidas en Medellín. E l Q u i n t í n L a m e y e l C o n s e j o M u n d i a l d e P u e b l o s I n d íg e n a s Según Ricardo Peñaranda, el itinerario que condujo al maql a la nrma del acuerdo de paz en 1991 había comenzado tres años antes, en julio de 1988, con un comunicado en el cual este…
p. 189
27Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 2711 fragmento
[35]a c ó mo ofrecer a los grupos pol í ticos surgidos de la guerrilla condiciones favorables para el ejercicio democr á tico. La negociaci ó n llev ó, a comienzos de 1990, a la fir ma de la paz con el m -19 y otros grupos guerrilleros (el epl, el prt, el ind í gena Movimiento Armado Quint í n Lame), convencidos ya de la…
p. 271
28Una vida, muchas vidasGustavo Petro Urrego · 2021 · p. 1701 fragmento
[36]para que se privilegiaran las listas únicas. El M-19 pactó con el Gobierno que el acuerdo se volviera ley en el Congreso y que luego se convocaría a un referendo para reformar electoral- mente la Constitución del 86. Pero la mafia actuó por medio de sus congresistas y tumbó el acuerdo con mayorías parlamenta- rias…
p. 170
29Violent Democratization: Social Movements, Elites, and Politics in Colombia's Rural War Zones, 1984-2008Leah Anne Carroll · 2011 · p. 321 fragmento
[37]initiatives bifurcated the guerrilla movement, which then re- inforced a bifurcated state policy toward the two halves. Gaviria continued the peace initiatives begun by Barco, o ff ering material incentives and po- litical representation in the Constitutional Assembly to guerrilla groups that would demobilize but,…
p. 32
30Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 1471 fragmento
[38]los car- teles en el Guaviare y Caquetá y la guerra a muerte que, como se mencionó, estos decretaron contra la UP. Barco y la transición a Gaviria, agosto de 1988-junio de 1994 De mayo a julio de 1988 el M -19 mantuvo en cautiverio al dirigente conserva- dor Álvaro Gómez Hurtado, secuestro que, inesperadamente, puso…
p. 147
31Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 9341 fragmento
[40]políticos y conexos que hubieren cometido antes de su vigencia; estableció además requisitos y procedimientos para evaluar la voluntad del solicitante de reincorporarse a la vida civil y su pertenencia a la organización insurgente, de conformidad con los listados previamente elaborados. 731 Texto completo del Acuerdo…
p. 934
32Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (documento resumen)Álvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 901 fragmento
[41]Rafael González, Ernesto Falla e Iván Suárez. César Gaviria 1990-1994 91 en su diseño cuatro fases: iniciación, transición, consolidación y evaluación global. A partir de la política de normalización se destinaron recursos para desarrollar planes regionales en zonas de conflicto de influencia del PRT con el fin de…
p. 90
33Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 411 fragmento
[42]del Estado pero lo suficiente como para satisfacer los incre- mentos salariales y pensionales de los militares. Más del 60% de la fuer- za 1nilitar está dedicada a la protección de sectores clave de la economía, y casi el 70% del presupuesto de defensa se invierte en salarios y otros beneficios; el resto, en la…
p. 41
34Gran Enciclopedia de Colombia - Economía 2José Antonio Ocampo (Dirección Académica); Patricia Correa, Luis Nelson Beltrán, Roberto Steiner S. y otros (autores de capítulos) · 2007 · p. 35, 372 fragmentos
[43]eran industriales, apenas tres puntos porcentuales mas que en el periodo 1980-1985. Fl valor agregado de la industria se habia estacionado en 22 por ciento del pts, en tanto que la tasa de cambio real estaba en menos de ochenta puntos. Tomando como referencia el estudio del Banco Mundial y los diagnésticos oficiales,…
p. 35
[51]cert y se habia revisado el Plan Vallejo. Los resultados econémicos del primer periodo de apertura fueron importantes, toda vez que se logro estabilidad interna con crec miento y una mayor oferta exportable. Las impor taciones habian ayudado adisminuir la inflacion de 34 por cie 1990 a 26 por ciento en 1994. y el pis…
p. 37
35Historia económica de ColombiaJosé Antonio Ocampo Gaviria (compilador), Germán Colmenares, Jaime Jaramillo Uribe, Hermes Tovar Pinzón, Jorge Orlando Melo González, Jesús Antonio Bejarano Ávila, Joaquín Bernal Ramírez, Mauricio Avella Gómez, María Errázuriz Cox, Carmen Astrid Romero Baquero · 2017 · p. 559, 5802 fragmentos
[44]importante a través del cual las empresas extranjeras aumentaron su participación en los sectores minero, financiero y de servicios públicos, pero a ello se agregó en todos los sectores la adquisición de empresas nacionales por extranjeros (por ejemplo, Avianca, Coltabaco y varios bancos) y, en menor medida, la fusión…
p. 580
[47]principio según el cual el Estado debe promover el acceso de todos los colombianos a la propiedad y fomentar las formas solidarias y asociativas de ella y la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Creó, además, un complejo sistema de planeación nacional y regional. Algunos principios…
p. 559
36Estado crítico de la propiedad rural y de las políticas agrarias en ColombiaDelgado Castaño, P. · 2018 · p. 132 fragmentos
[45]que tiene su origen en la libertad económica y que se sustenta en las políticas EBSCOhost: eBook Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 8:25:35 PM UTC via UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use. 48 rentabilidad que deben obtener los campesinos. Este círculo vicioso que…
p. 13
[46]que tiene su origen en la libertad económica y que se sustenta en las políticas EBSCOhost: eBook Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 8:25:35 PM UTC via UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use. 48 rentabilidad que deben obtener los campesinos. Este círculo vicioso que…
p. 13
3725 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000Mauricio Archila Neira, Álvaro Delgado G., Martha Cecilia García V., Esmeralda Prada M. · 2002 · p. 301 fragmento
[48]importaciones. pero desatendió la infraestructura. sobre todo la rural. que atravesó la peor recesión en muchos años. Mientras el PIB general creció en pro- medio 4,26% entre 1990 y 1994. el agropecuario lo hizo en 2,52% con cambios dramáticos como pasar de 5.9% en 1990 a -2.0% en 1992"". El crecimiento del PIB…
p. 30
38Economía y Nación: una breve historia de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1994 · p. 5482 fragmentos
[49]públi- cos. Lo anterior se confirma al caer la remuneración de los 558 ECONOMÍA Y NACIÓN asalariados en 1990 después de haber avanzado un poco hacia 1980, mientras que el excedente bruto de explotación, que con- tiene ganancias, intereses y rentas, toma el curso contrario: pier- de casi 5 puntos hasta 1980 pero…
p. 548
[50]públi- cos. Lo anterior se confirma al caer la remuneración de los 558 ECONOMÍA Y NACIÓN asalariados en 1990 después de haber avanzado un poco hacia 1980, mientras que el excedente bruto de explotación, que con- tiene ganancias, intereses y rentas, toma el curso contrario: pier- de casi 5 puntos hasta 1980 pero…
p. 548
39Histories of Perplexity: Colombia, 1970s–2010sLina Britto, A. Ricardo López-Pedreros · 2024 · p. 1911 fragmento
[53]to have control over their territories, and dictate the routes of their own development, as the vice-minister of government promised in his opening statement, when Law 70 of 1993 was being discussed. In fact, Black com - munities inadvertently invested time, efforts, and resources, doing most of the local work that…
p. 191
40La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y políticaMauricio Romero Vidal (coordinador y editor), Ariel Fernando Ávila Martínez, Vilma Liliana Franco R., Ángela Olaya, Hernán Pedraza Saravia, Bernardo Pérez Salazar, Juan Diego Restrepo E., Diana Torres · 2011 · p. 203, 2082 fragmentos
[54]colectivos y expidió el de Curvaradó, con un área de 46.048 hectáreas, y el de Jiguamiandó, con 54.973 hectáreas." 6. Artículo 1. Capítulo 1. Objeto y Definiciones. Ley 70 de 1993, por e! cual se desarrolla e! artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Ver en Cartilla Consecutiva dela Jurisprudencia y Marco…
p. 208
[71]Difensorial No. 39 del2 de junio de 2005. Violación de derechos humanos por siembra de palma africana en territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, Bogotá, agosto de 2006. Reso- lución 2038 9 de noviembre de 2005. _~:, Resolución difensorial No. 25, Sobre las violaciones masivas de Dere- chos Humanos y…
p. 203
41Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 1301 fragmento
[55]haya habido amenazas, simplemente no había una formación catastral. Después viene el proyecto de palma y cogen la escritura de la fi nca y reinterpretan los linderos (León, 2005). Este discurso fue retomado por los actores involucrados en el acaparamiento de las tierras. La caracterización de la región como una…
p. 130
42Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 161, 2342 fragmentos
[56]consejos comunitarios por el Incora en 2000 y fueron objeto de des- plazamiento tanto por las FARC como por los paramilitares. De este proceso de otorgamiento de titulación colectiva a las comunidades del sector ya eran conscientes los paramilitares, según se recoge en las declaraciones de Rodrigo Zapata, alias…
p. 161
[58]y desplazamiento por parte del BEC, lo que afectó su estructura comunitaria y sus formas de organización social (Uariv, 2014a; 2015). 26 El daño político se entiende como impedimento, silenciamiento o exterminio de “(...) prácti- cas, mecanismos, organizaciones, movimientos, partidos, liderazgos e idearios políticos…
p. 234
43Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1311 fragmento
[57]coordinación opera- tiva de estructuras paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 347 Entrevista 077-VI-00002. Hombre, víctima, Consejo Comunitario, región del Urabá antioqueño. 348 Informe 119-CI-00686, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz et al, «Van por nuestras tierras a sangre y fuego».…
p. 131
44Panorámica afrocolombiana. Estudios sociales en el PacíficoMauricio Pardo Rojas, Claudia Mosquera, María Clemencia Ramírez · 2004 · p. 3571 fragmento
[60]monocultivo de la palma de aceite o “africana”, la propagación de la hoja de coca para uso tóxico y la vigencia de instrumentos legales, como la expedición de salvoconduc- tos reforzados con títulos de propiedad individual y la entrega de zarpes sin control, que sirven de paraguas al megaproyecto de explotación de…
p. 357
45Regiones y conflicto armado. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoClara Inés García · 2018 · p. 2151 fragmento
[61]modelos de explotación y ocupación territorial (específicamente los de la palma aceitera asociados a paras y testaferros). 1997 en ade- lante Comunidad de paz - zonas huma- nitarias A su regreso estas se organizaron en experiencias de resistencia civil conocidas como las Comuni- dades de Paz y las Zonas Humanitarias,…
p. 215
46Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1381 fragmento
[62]el mapa 9 se pueden apreciar, por ejemplo, los municipios que presentan expansión de cultivos de palma en el periodo 2001-2013, en relación con los que registran fenómenos de desplazamiento forzado entre 2001 y 2004. Se evidencia allí una correspondencia en algunas regiones del Urabá, el Magdalena Medio o el Meta. La…
p. 138
47Nos matan y no es noticia. Parapolítica de Estado en ColombiaRicardo Ferrer Espinosa, Nelson J. Restrepo A. · 2010 · p. 681 fragmento
[63]que se describía la región noroccidental de Colombia como «la mejor esquina de América», a finales de 1996 e inicios de 1997 miles de habitantes de Córdoba, Urabá y el norte del Chocó sufrieron bombardeos, masacres, desapariciones de líderes co- munitarios y vecinos, asesinatos selectivos y desplazamiento for- zado.…
p. 68
48Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo ILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · 2022 · p. 108, 1152 fragmentos
[64]la cuenca del río Truandó, entonces yo recuerdo al párroco que estaba allí, venir llorando y diciendo: “Tanto querer, ahora que te- nemos precisamente, los títulos, no tenemos a la gente”. La gente ha tenido que salir. (CNMH, CV, miembros de la Diócesis de Apartadó, 2018, 18 de octubre) Uno de los homicidios más…
p. 115
[69]sucedido en los años ochenta cuando se erigió ilegalmente como una autori- dad. En este marco surgieron los procesos organizativos de los pueblos Embe- ra y Wounan para hacer frente a las afectaciones que empezaron a registrar. CAPÍTULO 1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES DEL SURGIMIENTO DEL PARAMILITARISMO EN EL URABÁ…
p. 108
49No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 3931 fragmento
[65]el 10 y 13 de abril del 2001 en contra de población indígena y afrocolombiana. Esta zona entre Cauca y Valle del Cauca significaba para las AUC un corredor hacia la costa del Pacífico, además de un punto de interés por la presencia de cultivos de coca. Esto, sumado a una presunta retaliación por el secuestro de la…
p. 393
50La dimensión moral del conflicto armado en Colombia. Una lectura a partir de Theodor W. AdornoTulia Almanza Loaiza · 2022 · p. 2551 fragmento
[66]de Memoria Histórica (GMH), La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la Costa Caribe (1960-2010) (Bogotá:Taurus y Semana, 2010); Instituto de Estu - dios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI, El despojo de tierras y territorios. Aproximación conceptual (Bogotá: Editorial…
p. 255
51Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 1251 fragmento
[67]negras contemplados en la L ey 70 de 19 93, una ley que, a pesar de tener más de 20 años, aún no ha sido reglamentada en su totalidad. Este desconocimiento tuvo consecuencias en las dinámicas culturales de estas comunidades 315, que fueron violentadas al negarles la capacidad de gestionar y ordena r su vida con…
p. 125
52Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Valle y norte del CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1601 fragmento
[68]ríos como en los socavones 383. Esta economía fue estable hasta comienzos de la década del 2000, cuando irrumpieron el paramilitarismo y las pretensiones de minería a gran escala, como lo relató a la Comisión una lideresa afrodescendiente del norte del Cauca: «En el tema minero, esto fue apoyado más que todo por la…
p. 160
53Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 648, 6742 fragmentos
[70]años noventa dejaron un país convulsionado por la crudeza de la guerra. En las zonas donde el paramilitarismo fue ganando el pulso, los territorios fueron vaciados con desplazamientos masivos, como ocurrió en la frontera con Panamá, y el Caribe en las regiones de Urabá, Montes de María y los departamentos de Cesar y…
p. 674
[75]de esto son los casos de persecución de los pueblos indígenas awá, kofán, siona, koreguaje, uitoto (murui), inga, kamëntsá y kichwa, en Putumayo, que fueron afectados por la «fiebre» del caucho. En la década de los treinta el pueblo indígena motilón-barí, en Norte de Santander, sufrió algo similar. El Gobierno…
p. 648
54Estado crítico de la propiedad en ColombiaDelgado Castaño, P. · 2018 · p. 92 fragmentos
[72]de la comunidad indígena, el Estado, tanto a través del ejecutivo como de la rama judicial, avaló su desconocimiento y en reemplazo impuso un resarcimiento monetario de los perjuicios ocasionados. Debido a que la relación de los indígenas y de las comunidades negras con la tierra no se circunscribe a una relación…
p. 9
[73]de la comunidad indígena, el Estado, tanto a través del ejecutivo como de la rama judicial, avaló su desconocimiento y en reemplazo impuso un resarcimiento monetario de los perjuicios ocasionados. Debido a que la relación de los indígenas y de las comunidades negras con la tierra no se circunscribe a una relación…
p. 9
55Sus armas no lograrán extinguir nuestra palabra. Informe de riesgos de extinción en 6 Pueblos Indígenas de ColombiaObservatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia (Observatorio ADPI); José Aristizabal G.; Lina María González Correa · 2014 · p. 11, 2442 fragmentos
[74]30.8% para 2012. Pero el asunto más grave ha sido la reticencia para darle estatus jurídico de resguardos a estas nuevas tierras tituladas o para sumarlas a la ampliación de los resguardos. El 55% de las tierras adjudicadas en tiempos recientes sigue a nombre del Fondo Nacional Agrario (Ibid: 6). La situación de las…
p. 244
[76]ilícitos en su resguardo. El inicio de 2014 no ha sido mucho mejor. El 1 de enero fueron asesinados dos indígenas Emberá Chamí del asentamiento indígena La Esperanza, municipio El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca; y el 20 de enero una joven Nasa de 17 años, perdió la vida tras la aparente explosión de una…
p. 11
56Managing Multiculturalism: Indigeneity and the Struggle for Rights in ColombiaJean E. Jackson · 2019 · p. 1891 fragmento
[77]in this chapter, pueblos that successfully argue for the incommensurability between the basic premises of their justice system and national law demonstrate the attraction and valoriza - tion of the Other. When this value is in play, we have the curious situation of the state denying its own capacity to gather…
p. 189
57Antropología hecha en Colombia. Tomo IIEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 2481 fragmento
[78]de entidades públicas que se toman la tarea de juzgar quiénes pueden o no acceder a las políticas étnicas. En esta sección deseo analizar la manera en que se ha creado una estrecha relación entre etnicidad y lugar, como una de las características que comúnmente se utilizan para dictaminar sobre la pertenencia de un…
p. 248
58El desplazamiento en Colombia. Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez · 2005 · p. 1901 fragmento
[79]hasta Bogotá. Según ellas mucha gente se hace pasar por desplazado y en calidad de informantes llegan a Bogotá para dar con el paradero de personas sentenciadas de muerte. Es por eso que cuando se encuentran con gente de su región “no saben si alegrarse o salir corriendo”. Otros afirman que dicha red de informantes…
p. 190
59El desplazamiento en Colombia: Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez (editoras) · 2005 · p. 1901 fragmento
[80]hasta Bogotá. Según ellas mucha gente se hace pasar por desplazado y en calidad de informantes llegan a Bogotá para dar con el paradero de personas sentenciadas de muerte. Es por eso que cuando se encuentran con gente de su región “no saben si alegrarse o salir corriendo”. Otros afirman que dicha red de informantes…
p. 190
60The Work of Recognition: Caribbean Colombia and the Postemancipation Struggle for CitizenshipJason McGraw · 2014 · p. 2461 fragmento
[83]to one grounded in pluralism and multiculturalism has not come close to settling the issue of Afro-Colombian visibility. As Peter Wade and Elisa- beth Cunin note—echoing arguments made by Colombia’s writers and activists of color since the 1940s—the shift from mestizaje to multicul- turalism has produced less rupture…
p. 246
61Rites, Rights & Rhythms: A Genealogy of Musical Meaning in Colombia's Black PacificMichael Birenbaum Quintero · 2019 · p. 441 fragmento
[84]of “the people” (el pueblo) in the Colombian nation, including racial thinking about the people. The chapter traces the structure of this invisibility of blackness from conceptualizations of the nation’s cultural foundations, and it also shows how innovative practitioners were able to parlay a much- circulated…
p. 44