Triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez (2022)

El triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez

El 19 de junio de 2022, Colombia eligió por primera vez en su historia un gobierno de izquierda. Gustavo Petro Urrego, exmilitante del M-19, exalcalde de Bogotá y senador, ganó la segunda vuelta presidencial frente al empresario santandereano Rodolfo Hernández Suárez. Con él llegó a la Vicepresidencia Francia Elena Márquez Mina, lideresa ambiental afrocolombiana del norte del Cauca, primera mujer negra en ocupar ese cargo. El resultado cerró simbólicamente un ciclo de exclusión violenta que había atravesado el siglo XX colombiano —desde el exterminio de la Unión Patriótica hasta el asesinato de Carlos Pizarro— y solo fue concebible en un país donde el viejo bipartidismo liberal-conservador ya se había desintegrado en un archipiélago de personalismos, coaliciones coyunturales y candidaturas por firmas. La victoria fue, a la vez, alternancia electoral y clausura de una larga época en la que la izquierda entraba a la política por la puerta pequeña, y a menudo salía por el cementerio.

La antesala larga: un sistema hecho para excluir

Para entender lo que ocurrió esa noche de junio hay que retroceder al modo en que se construyó el sistema político colombiano después de la Violencia. El Frente Nacional —el pacto firmado en la Declaración de Benidorm el 26 de julio de 1956 entre Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, y afinado en el Pacto de Sitges de 1957— estableció que liberales y conservadores se alternarían en la Presidencia cada cuatro años durante cuatro periodos, entre 1958 y 1974, y se repartirían por mitades exactas los cargos públicos. El plebiscito de diciembre de 1957, que además inauguró el voto femenino en Colombia, aprobó el acuerdo de manera abrumadora.

El Frente Nacional apaciguó la guerra bipartidista, pero fundó otra cosa: un sistema cerrado. La burocracia entera del Estado giraba en torno a los dos partidos. El presidente nombraba a los gobernadores, los gobernadores a los alcaldes, y los alcaldes a los empleados operativos, de modo que cada elección arrastraba una barrida completa de funcionarios del partido perdedor. Cualquier fuerza ajena al pacto —comunistas, populistas, izquierdas de nueva generación— tenía prohibido por diseño el acceso a las instituciones. El artículo 120 de la Constitución prolongó, más allá de 1974, alguna forma de coalición bipartidista hasta 1986. Y el estado de sitio, invocado con recurrencia por el ejecutivo, funcionó durante décadas como límite adicional a lo que se atrevía a llamarse democracia.

De ese cierre nació, entre otras cosas, un grupo guerrillero cuyo nombre era una fecha: el M-19. La sigla remitía al 19 de abril de 1970, la jornada en que las elecciones presidenciales entre Misael Pastrana Borrero y el general Gustavo Rojas Pinilla —candidato de la Alianza Nacional Popular, ANAPO— terminaron con un apagón masivo, la posterior proclamación del conservador Pastrana y la convicción, en amplios sectores de la izquierda, de que la vía electoral estaba clausurada. Sindicatos, juntas de acción comunal, movimientos regionales: el bipartidismo tuteló todo espacio con potencial opositor, cultivando un clientelismo de demandas individuales que fragmentaba lo colectivo. Quien quisiera hacer política por fuera del acuerdo aprendía pronto que el sistema no estaba diseñado para escucharlo. Y quien insistiera aprendía otra cosa, más grave: que había costos físicos por hacerlo.

La Unión Patriótica: el nombre de la exclusión violenta

En ese sistema, la primera gran apuesta de la izquierda por dejar las armas y competir electoralmente fue la Unión Patriótica. Surgió a mediados de los años ochenta, ligada al Acuerdo de La Uribe de 1984 entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, como una plataforma amplia que reunió a militantes guerrilleros dispuestos a la política civil, organizaciones campesinas, sectores independientes de liberales y conservadores, movimientos regionales y grupos de izquierda de vieja data. Su primera prueba, las elecciones de 1986, arrojó un resultado inesperadamente robusto: curules en el Senado y presencia significativa en departamentos como Meta, Caquetá, Huila y Tolima, en algunos casos aliada con otras fuerzas.

La respuesta fue el exterminio. Desde 1986, los asesinatos de militantes, concejales, alcaldes, dirigentes nacionales y bases regionales se sucedieron con un patrón que no era espontáneo ni aleatorio: se atacaba a las personas por su identidad política, con mayor intensidad allí donde el partido tenía mayor peso electoral y organizativo. El epicentro fue Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio, desde donde el aparato paramilitar coordinó la expansión de la violencia hacia Urabá, los Llanos Orientales y el Nordeste Antioqueño. Cayeron dirigentes de primer orden como Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa y Manuel Cepeda Vargas, en una lista larga que incluía a la militancia y a la simpatía. En 1993 el plan continuaba: fueron asesinados Oliverio Molina y José Miller Chacón, y otros dirigentes regionales fueron encarcelados por vías judiciales.

En 2002, el Consejo Nacional Electoral le retiró a la UP la personería jurídica por no cumplir los umbrales de votación de la Ley 130 de 1994, sin considerar que la baja votación era el resultado directo de haber matado a sus candidatos, alcaldes y militantes. Se cerraba así, por vía burocrática, lo que ya había cerrado por vía criminal: la posibilidad de que la izquierda hiciera política electoral. Es una ironía difícil de igualar en la historia política del continente: un partido borrado del registro por no obtener los votos que sus votantes ya no podían dar porque estaban muertos.

La violencia no se limitó a la UP. En el Magdalena Medio también fue perseguido el movimiento sindical vinculado al partido. Y a las opciones que quedaban —el exilio o volver "al monte"— hay que sumar la muerte de líderes que no eran de izquierda pero incomodaban al orden vigente, como el propio Luis Carlos Galán Sarmiento del Nuevo Liberalismo. El mensaje para dos generaciones fue inequívoco: el sistema no soportaba la competencia real por fuera del bipartidismo, y menos aún desde su izquierda.

Un M-19 desmovilizado y una promesa rota

La otra ruta —la de las guerrillas que dejaban las armas para competir— tampoco encontró garantías. El M-19 entregó su armamento en una ceremonia en la que Carlos Pizarro Leongómez, su comandante después de la muerte de Jaime Bateman Cayón, depositó su pistola calibre 45 envuelta en la bandera de Colombia. La transición parecía viable. Pizarro se lanzó a la Alcaldía de Bogotá el mismo mes de la desmovilización y obtuvo la tercera votación; luego anunció su candidatura presidencial. En abril de 1990, un sicario del paramilitarismo lo asesinó. Su campaña quedó truncada; su partido, huérfano; el mensaje, otra vez, claro.

De aquella desmovilización sí sobrevivieron trayectorias notables. Antonio Navarro Wolf fue copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ministro, congresista, alcalde y gobernador. Otros excombatientes ocuparon posiciones nacionales y regionales. Entre ellos, un joven exmilitante que había participado en el aparato urbano del M-19: Gustavo Petro. Su carrera política, en las décadas siguientes, se hizo por la ruta institucional —Cámara de Representantes, Senado, denuncia de la parapolítica desde su curul, Alcaldía de Bogotá— pero cargó siempre con el estigma de la izquierda armada y con la memoria de compañeros muertos.

La Asamblea Constituyente de 1991 fue, en parte, el resultado político de esa desmovilización. La nueva Constitución prometió abrir el sistema: elección popular de gobernadores (que se sumaba a la de alcaldes, vigente desde 1988), reconocimiento del pluralismo étnico, ampliación de derechos, proliferación de partidos y movimientos alternativos. Pero la apertura tuvo consecuencias no previstas.

La fragmentación como nuevo cierre

El bipartidismo liberal-conservador, ya tensionado, quedó severamente debilitado tras 1991. Los partidos y movimientos alternativos que surgieron exhibieron desde el principio una fragmentación tal que impidió consolidar un sistema multipartidista estable. Desde finales de los noventa, el liderazgo de los jefes naturales de los partidos tradicionales fue decayendo frente al poder de los políticos regionales; partidos fundados por antiguos miembros del Partido Liberal —Cambio Radical, el Partido de la U— fueron ganando representatividad. La descentralización, al ampliar competencias y recursos de mandatarios locales, fragmentó las redes clientelistas tradicionales y generó espacios de poder subnacional más autónomos. El poder ya no bajaba desde Bogotá por escalones ordenados; se repartía en meandros regionales, cada uno con su gramática y sus lealtades.

El resultado fue paradójico. La apertura no democratizó tanto como se esperaba: la proliferación de partidos fue aprovechada, entre otros, por las Autodefensas Unidas de Colombia, que se sirvieron de múltiples movimientos afines para lograr representación en los órganos de decisión de la nación. El fenómeno de la parapolítica, denunciado desde el Congreso en los años dos mil, fue uno de sus síntomas más ostensibles. La fragmentación había creado, en vez de un sistema plural, un mercado más disperso de captura del Estado.

En paralelo, el desprestigio de los partidos se hizo estructural. Para julio de 2021, la imagen desfavorable de los partidos políticos colombianos alcanzaba el 89% según Invamer, y el 53% de los colombianos no se identificaba con ningún partido según el Centro Nacional de Consultoría. Solo el 11% se sentía cercano al Partido Liberal, el 6% al Centro Democrático y el 5% a Colombia Humana. En el período previo a las elecciones de 2022 proliferaron las candidaturas por recolección de firmas, una vía que muchos precandidatos —varios con militancia anterior en partidos tradicionales— utilizaron como distancia estratégica frente a esos aparatos. El bipartidismo estaba muerto; su sucesión era un archipiélago.

Esa es una de las llaves del 19 de junio de 2022: cuando llegó una candidatura de izquierda con capacidad de convocatoria masiva, ya no existía el dique bipartidista que en el pasado, con la burocracia entera a su servicio, la habría atajado. El sistema no había producido pluralismo, pero había producido, casi sin quererlo, la condición para su propia disrupción.

El uribismo, la polarización y el eje del 2016

Entre la fragmentación y la izquierda apareció, sin embargo, un actor determinante: Álvaro Uribe Vélez. Elegido presidente en 2002 en primera vuelta, Uribe capitalizó ante todo su tenaz oposición al proceso de paz que Andrés Pastrana había adelantado con las FARC, su fama de partidario de la mano dura y una plataforma que también incluía denuncias contra la corrupción, el despilfarro y las políticas neoliberales. Durante su primer mandato alcanzó aprobaciones superiores al 70%; a mediados del segundo, entre 80% y 90%, cifras que lo convirtieron en el presidente más popular de las Américas.

El uribismo estructuró, más que ningún otro movimiento posterior, el eje de la competencia política colombiana durante dos décadas. Impulsó al menos dos iniciativas reeleccionistas, con actitudes desestabilizantes y antidemocráticas, incluidas presiones sobre la Corte Constitucional. Y desarrolló un rasgo que ningún otro movimiento con votación equivalente compartió: la justificación pública, por parte de sectores de su base y de figuras visibles, de los llamados a la violencia y al homicidio político, sin que sus jerarquías desautorizaran esas expresiones. El propio Uribe reivindicó en Twitter "las masacres con sentido social" sin retractarse jamás.

Ese eje encontró su prueba decisiva en 2016. El plebiscito por el Acuerdo de Paz con las FARC —firmado bajo el gobierno de Juan Manuel Santos— fue ganado por el "no" con el 50,2% (6.431.376 votos) frente al 49,8% del "sí" (6.377.482), una diferencia de poco más de cincuenta mil votos. La abstención rozó el 73%, la más alta en veintidós años. El "sí" ganó en las regiones rurales que habían padecido directamente la guerra y entre los colombianos en el exterior, salvo en tres países. Durante la campaña, activistas uribistas publicaron mensajes en redes que llamaban más o menos directamente al atentado físico contra sus adversarios políticos. Petro y Uribe, por su parte, habían convertido sus cuentas de Twitter en medios propios y hablaban a sus públicos sin intermediarios.

El plebiscito dejó a Colombia partida en dos, con el uribismo como principal fuerza opositora al acuerdo. Esa fractura sería la matriz emocional del voto de 2022. La segunda vuelta de junio, en ese sentido, no fue una elección entre izquierda y derecha en el sentido clásico europeo, sino un capítulo más del pulso paz-guerra abierto seis años antes.

De la protesta a las urnas: 2019-2022

A la fractura del 2016 se sumó un descontento acumulado. En noviembre de 2019, Colombia vivió una jornada de protestas que combinaron malestar económico, indignación por el asesinato de líderes sociales bajo el gobierno de Iván Duque Márquez y la percepción de un ejecutivo desconectado y sordo. La pandemia de covid-19, desde 2020, agregó una crisis social y económica que profundizó la incertidumbre. En 2021 estalló el paro nacional, con bloqueos, vandalismo, movilización masiva y una represión policial injustificada y desproporcionada: hubo muertes, torturas y exilios.

El paro de 2021 no tuvo una causa única ni una lectura sencilla. Comenzó como rechazo a una reforma tributaria que golpeaba a las clases medias en plena pandemia, pero se convirtió rápidamente en algo más ancho: el desahogo de una juventud sin horizonte laboral, la memoria fresca de los líderes sociales asesinados en los meses previos, el hartazgo con una policía cuya doctrina de tratamiento del orden público seguía anclada en el conflicto armado. Ciudades enteras vieron cortados sus corredores viales durante semanas; Cali se convirtió en epicentro de una violencia asimétrica en la que civiles armados dispararon contra manifestantes bajo la mirada pasiva o cómplice de la fuerza pública. Los efectos fueron dobles: el gobierno de Duque retiró la reforma pero perdió cualquier margen de maniobra política, y en la ciudadanía movilizada se instaló la convicción de que el cambio, si venía, no vendría por la protesta sola sino por las urnas del año siguiente.

Las protestas no obedecieron a una identidad política única. Fueron descontento general con el gobierno, con la falta de oportunidades, con decisiones deficientes en salud pública y con una polarización institucional en la que hasta los gestos conciliadores fracasaban: el expresidente Santos ofreció colaboración a Duque durante el paro estudiantil de 2018, las protestas de 2019, la pandemia y el paro de 2021, sin recibir respuesta. Ese detalle, en apariencia menor, dice algo del clima: la política colombiana había dejado de tener capacidad de escucharse a sí misma, incluso entre expresidentes del mismo espectro. El descrédito de instituciones y liderazgos era transversal.

Colombia llegó a las elecciones de 2022 con una ciudadanía cansada, con partidos tradicionales en 89% de imagen desfavorable, con la memoria fresca del "no" del 2016 y de las calles del 2021, y con un descontento que ya no encontraba cauce en las coaliciones coyunturales ni en las candidaturas heredadas. Era, por primera vez en décadas, un terreno donde una candidatura de izquierda con arraigo urbano, alianzas étnicas y capacidad de canalizar la protesta podía ganar.

Petro y Márquez: dos trayectorias que convergen

Petro llegaba a esa elección con una biografía que resumía el arco entero. Militante urbano del M-19 en los años setenta y ochenta, formado en la política institucional tras la desmovilización, congresista, denunciante de la parapolítica, alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015. En diciembre de 2013, en pleno ejercicio de la alcaldía, el Procurador General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por quince años; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares que el gobierno colombiano se negó a acatar, evidenciando una tensión entre el Estado colombiano y el régimen internacional de derechos humanos. Petro regresó al cargo. La saga lo dejó marcado como figura resistente al sistema —y con una cuenta de Twitter, como la de Uribe, convertida en aparato propio de comunicación.

En 2010, Petro había competido por la Presidencia sin el apoyo del Polo Democrático, tras haber apoyado él mismo a César Gaviria en una consulta anterior. La construcción de su base electoral fue lenta y urbana: Bogotá primero, luego una coalición progresista con vocación nacional bajo el nombre del Pacto Histórico. En cada uno de esos pasos, la biografía traía consigo su propio archivo de fantasmas: los compañeros del M-19 caídos antes y después de la desmovilización, la sombra de Pizarro, la certeza personal de que la ruta institucional era, para alguien de su origen, una apuesta larga y sin fiadores.

La figura que lo acompañó en la fórmula era, en cambio, el rostro de un país distinto. Francia Márquez, defensora ambiental y de derechos humanos, venía del municipio de Suárez, en el norte del Cauca, y encarnaba una trayectoria que no dependía de la historia de la izquierda armada urbana. Su vida política había comenzado en la adolescencia, defendiendo el río Ovejas frente a proyectos de desvío, y se había construido después contra la minería ilegal que envenenaba las aguas de su comunidad y desplazaba a las familias de La Toma. En 2014 encabezó la Marcha de los Turbantes: ochenta mujeres afrocolombianas caminaron desde el Cauca hasta Bogotá para exigirle al gobierno la expulsión de la minería ilegal de sus territorios. Ese liderazgo, sostenido bajo amenazas de muerte que la obligaron a exiliarse temporalmente, le valió en 2018 el Premio Goldman, el reconocimiento internacional más importante para activistas ambientales de base.

Su llegada al binomio presidencial no fue una concesión: fue la coronación de décadas de movilización de comunidades negras e indígenas por justicia racial, derechos territoriales y paz. Márquez no representaba a la izquierda tradicional sumándole un componente étnico; representaba una tradición política propia, la de las comunidades del Pacífico y sus procesos organizativos, con genealogía distinta a la del sindicalismo urbano, las guerrillas o los partidos de izquierda clásica. Su consigna —"vivir sabroso"— venía de esa tradición: no era eslogan de campaña sino una idea de dignidad heredada de las comunidades cimarronas, la afirmación de que la vida digna no era un lujo sino un derecho por el que valía la pena organizarse. Su plataforma articuló a los sectores más marginados de la sociedad colombiana, y particularmente a los afrocolombianos del Pacífico y el Caribe, con la coalición progresista que Petro lideraba.

Esa convergencia —la izquierda urbana proveniente de la desmovilización institucional y los movimientos étnicos y sociales acumulados desde abajo— fue clave. Sin Márquez, la candidatura habría sido una versión más de la izquierda de Bogotá; con ella, se volvió un proyecto nacional con anclaje en las regiones que habían padecido directamente el conflicto y que en 2016 habían votado "sí". En la consulta interpartidista del Pacto Histórico, en marzo de 2022, Márquez obtuvo cerca de 785 mil votos: una cifra que la ubicó como segunda fuerza dentro de la coalición y que convirtió su nombre en la fórmula vicepresidencial en una decisión que ya no admitía cálculo. Los votos le habían dado el lugar que la política tradicional no le habría ofrecido.

La segunda vuelta

En la primera vuelta del 29 de mayo de 2022 quedaron eliminados los candidatos que representaban las opciones más orgánicas de la política tradicional y de centro. Federico Gutiérrez, apoyado por el uribismo y las maquinarias herederas del bipartidismo, no alcanzó a pasar al balotaje. Sergio Fajardo, la carta de un centro que aspiraba a superar la polarización, quedó fuera. La sorpresa fue Rodolfo Hernández, empresario y exalcalde de Bucaramanga, que llegó a la segunda vuelta con una candidatura por firmas, un discurso antipolítico y una comunicación centrada en TikTok.

El país entró en un balotaje inédito: por primera vez, ninguno de los dos finalistas provenía de los partidos tradicionales ni de sus sucedáneos inmediatos. El eje ya no era liberal-conservador ni siquiera uribismo-antiuribismo en sentido estricto: era proyecto de cambio social frente a proyecto antipolítico personalista. En las semanas finales, sin embargo, el uribismo y sectores de la derecha se alinearon con Hernández, restaurando parcialmente la lógica del 2016: paz y transformación contra continuidad y orden.

El 19 de junio de 2022, Petro y Márquez ganaron. Colombia eligió, por primera vez en su historia, un gobierno de izquierda. La vicepresidenta electa era la primera mujer afrocolombiana en ocupar el cargo.

Lo que el resultado clausuró y lo que dejó abierto

La lectura inmediata fue de alternancia electoral. La lectura histórica —la que el país tardaría más en asimilar— fue otra: un ciclo de exclusión violenta se cerraba simbólicamente. La izquierda que había sido exterminada como Unión Patriótica desde 1986, cuyos candidatos habían sido asesinados en 1987, 1990 y años sucesivos, cuyos alcaldes habían sido perseguidos y cuya personería jurídica había sido retirada en 2002, llegaba por fin, treinta y seis años después de la primera votación de la UP, a la Casa de Nariño. Y llegaba, además, con una vicepresidenta afrocolombiana que hacía visible una dimensión —la étnica— que la izquierda tradicional había subordinado durante décadas.

Un gesto de aquellos meses lo condensó. Cuando la Comisión de la Verdad, encabezada por el padre Francisco de Roux, entregó su informe final, el presidente en ejercicio Iván Duque se negó a asistir y emprendió una gira europea de veinte días. Los que sí estuvieron fueron el presidente electo Petro y la vicepresidenta electa Márquez, junto a personas de diversas edades, orientaciones e identidades, representantes de movimientos sociales, excombatientes, diplomáticos, periodistas, académicos y políticos de amplio espectro. De Roux tomó la palabra con los diez comisionados sentados detrás. La imagen describía el desplazamiento sin necesidad de traducirlo: la memoria del conflicto pasaba a ser materia de gobierno.

El cierre no fue, sin embargo, un desenlace natural de una apertura democrática progresiva. Fue una convergencia contingente. Coincidieron el colapso de legitimidad del bipartidismo y de sus sucesores fragmentados; la acumulación organizativa de las comunidades negras e indígenas y de los movimientos sociales urbanos; el agotamiento del modelo de exclusión violenta, que se había reciclado del paramilitarismo al uribismo sin desaparecer; y un descontento ciudadano que las protestas de 2019 y 2021 habían depositado sin cauce en el sistema. Nada de eso era inevitable. Cualquiera de esos factores, alterado, habría podido producir otro resultado.

También quedó pendiente lo que la victoria no clausuró. El uribismo, aunque derrotado en las urnas, seguía siendo el único movimiento político con un número significativo de votantes que había justificado públicamente el homicidio político sin desautorización jerárquica. La polarización que había fracturado el plebiscito de 2016 se mantenía intacta en la sociedad, ahora con los polos invertidos en el poder. La fragmentación del sistema de partidos no había desaparecido con el triunfo del Pacto Histórico: había producido, al contrario, el balotaje entre dos candidatos por firmas. Y la memoria del exterminio de la UP, del asesinato de Pizarro, de Galán, de Pardo Leal, de Jaramillo Ossa, de Cepeda Vargas, no era una herida cerrada sino una herida contenida por la victoria.

Por eso el 19 de junio importa más allá de la aritmética. Fue el día en que Colombia rompió, por primera vez, la regla no escrita según la cual la izquierda solo podía llegar al poder si dejaba de ser izquierda o si aceptaba morir intentándolo. Fue posible porque el bipartidismo que sostenía esa regla ya no existía como fuerza organizada, porque décadas de movilización étnica y social habían construido una base electoral autónoma, y porque el país que había votado "no" en 2016 no logró esta vez detener a quienes proponían continuar el camino abierto en La Habana. Fue el cierre simbólico de un siglo XX que en Colombia se había prolongado demasiado y una apertura cuyo alcance seguiría discutiéndose. Lo que se decidió esa noche no fue el destino de un gobierno: fue la posibilidad, larga y difícilmente ganada, de que la izquierda colombiana pudiera perder elecciones sin morir por ellas.