Informe Final de la Comisión de la Verdad 'Hay futuro si hay verdad'

Informe Final de la Comisión de la Verdad "Hay futuro si hay verdad"

El 28 de junio de 2022, en Bogotá, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición entregó al país los primeros volúmenes de Hay futuro si hay verdad, un Informe Final compuesto por once tomos y veinticuatro volúmenes que constituye la primera verdad oficial extrajudicial sobre el conflicto armado colombiano. Surgida del Acuerdo de Paz de 2016 como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y con un mandato de tres años y medio, la CEV escuchó testimonios en veintiocho ciudades y regiones, abrió veintiocho Casas de la Verdad y llegó a comunidades remotas por los medios que exigía cada geografía, del río a la trocha. El resultado no es un libro sino una arquitectura: tomos autónomos para los pueblos étnicos, para las mujeres y personas LGBTIQ+, para la niñez y para el exilio; catorce volúmenes territoriales bajo el principio de que "lo nacional no se coma lo territorial"; una declaración expresa de dominio público que convierte al Informe en medida de reparación del derecho a la verdad. La ausencia del presidente en ejercicio Iván Duque en el acto de entrega y la presencia del presidente electo Gustavo Petro y la vicepresidenta electa Francia Márquez cifraron desde el primer minuto la condición política de la obra: una verdad transicional oficial que llegaba al mundo en medio de la disputa abierta por quién controla el relato del conflicto.

El mundo del que brota el Informe

El Informe Final no cae en un país sin memoria. Cae en un país saturado de ella. Desde 2007, cuando el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación empezó a consolidarse, y con mayor sistematicidad tras la Ley 1448 de 2011 —Ley de Víctimas y Restitución de Tierras—, el Estado colombiano venía construyendo, con recursos públicos y cooperación internacional, un acervo documental sobre el conflicto sin precedentes en la región. Entre 2008 y 2011 aparecieron los estudios de casos emblemáticos que dieron a esa producción su primer perfil reconocible: Trujillo, El Salado, Bojayá, La Rochela, Bahía Portete y La tierra en disputa. En 2013 el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, obra que se convertiría en referencia obligada para cualquier discusión sobre el conflicto armado. Los años siguientes trajeron balances por ejes —regiones, justicia, género, sujetos victimizados, paramilitarismo— y publicaciones con enfoques diferenciales sobre minas antipersonal, género, etnia y discapacidad. Buena parte de este trabajo se apoyó en aliados de prensa —Semana, El Tiempo, El Espectador— y, en el caso del balance sobre regiones y conflicto armado, en financiamiento de USAID a través del programa PAR-ACDI/VOCA.

A ese acumulado se sumaron la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, la jurisprudencia colombiana e internacional sobre casos del conflicto, la producción de organizaciones de derechos humanos y de víctimas, y una academia que había hecho del conflicto uno de sus objetos permanentes. El Informe Final lo reconoce sin rodeos: se declara heredero explícito de ese acervo y afirma sumarse al conocimiento acumulado del país. El reconocimiento importa porque desactiva un malentendido. La CEV no inventó las categorías con las que trabajó —el enfoque diferencial, la memoria étnica, la centralidad de las víctimas, la lectura territorial— sino que las recibió maduras del ciclo CNMH-GMH y del activismo de víctimas que había ganado terreno desde mediados de la década anterior. Lo que sí cambió, y cambió mucho, fue el estatuto de esas categorías. Al pasar del CNMH a la CEV, dejaron de ser producciones sectoriales de una entidad estatal de memoria para convertirse en la columna vertebral de la primera verdad oficial extrajudicial del país, respaldada por el Acuerdo de Paz y por un mandato transicional con temporalidad definida.

La CEV se instaló en un tablero adverso. En 2018, Iván Duque había ganado las elecciones presidenciales con una plataforma que prometía eliminar o modificar sustancialmente el Acuerdo de Paz firmado por Juan Manuel Santos con las FARC. Su victoria consolidó en el gobierno a los sectores que habían impulsado la polarización durante el plebiscito de 2016, aumentó el déficit de legitimidad del Acuerdo y creó las condiciones para que la CEV y la Jurisdicción Especial para la Paz operaran bajo crítica ideológica sostenida desde la derecha. La administración Duque se opuso, entre otras cosas, a los escaños especiales en el Congreso para las víctimas del conflicto. En el Comando de las Fuerzas Militares, entre tanto, algunos sectores reconocían la fragilidad institucional en materia de memoria histórica y creaban una Jefatura de Memoria Histórica, elevada de dirección a jefatura y liderada por un general de la República, mientras otras voces militares hablaban de sectores "enemistosos" empeñados en socavar la institución. La verdad, antes de escribirse, ya era campo de batalla.

La Comisión: doce personas, cuatro años, veintiocho territorios

La CEV empezó a operar en 2017 con doce comisionados presididos por el jesuita Francisco José de Roux Rengifo. Lo acompañaron el antropólogo Alejandro Castillejo Cuéllar y el salubrista Saúl Franco Agudelo; la gestora cultural Lucía González Duque; el médico y experto internacional en derechos humanos Carlos Martín Beristain; la economista feminista Alejandra Miller Restrepo; el líder afrocolombiano de Bojayá Leyner Palacios Asprilla; la periodista Marta Ruiz Naranjo; la lideresa indígena embera Patricia Tobón Yagarí; el abogado Alejandro Valencia Villa; el cronista campesino Alfredo Molano Bravo y la lideresa afrocolombiana María Ángela Salazar Murillo. Molano y Salazar murieron durante el mandato; sus nombres aparecen en los créditos oficiales del Informe seguidos de la fórmula "q. e. p. d.", una cicatriz institucional que la obra no oculta. Mauricio Katz García ejerció como secretario general.

El mandato era extrajudicial y acotado en el tiempo: tres años y medio para esclarecer patrones, contextos y responsabilidades de un conflicto de más de medio siglo, sin poder judicializar a nadie. No juzgar y trabajar contra el reloj: esa doble restricción empujó a la CEV hacia la escucha y no hacia la investigación forense. El testimonio, no el expediente, quedó en el centro. Y el testimonio se concibió expresamente no como recolección aséptica de datos sino como encuentro entre sujetos, con silencios, emociones y confianza, con un valor reparador en sí mismo, orientado a la elaboración de reflexiones identitarias y colectivas.

Para hacerlo posible, la Dirección de Territorios abrió veintiocho Casas de la Verdad y desplegó equipos en veintiocho ciudades y regiones, desde Aguachica y Apartadó hasta Tumaco, Quibdó, San José del Guaviare y Yopal, con presencia adicional en Barranquilla y Mocoa en la red de Casas. Esta capilaridad es el rasgo menos discutido y probablemente el más consecuente de la CEV: por primera vez, una instancia oficial de esclarecimiento construyó una infraestructura física de escucha capaz de llegar a lugares donde la institucionalidad civil del Estado nunca había tenido presencia estable. El trabajo de campo implicó desplazamientos en lanchas, canoas, mulas, camiones, aviones, buses escalera y motos. La consigna interna era explícita: "lo nacional no se coma lo territorial".

Entre 2019 y 2022, la CEV construyó un corpus testimonial que combinó cinco tipos de interlocutor —víctimas, actores armados, expertos y académicos, funcionarios y exfuncionarios, testigos directos— en conversaciones individuales y colectivas. Un sistema interno de codificación permitía distinguir cada tipo de interlocutor, con marcas específicas para víctimas, para expertos y protagonistas, para actores armados y para las entrevistas grupales. Entre estos últimos figuraron excombatientes y comandantes de las FARC-EP, un exguerrillero del M-19, exparamilitares y al menos un agente estatal-exmilitar. La CEV también entrevistó a sujetos étnicos colectivos: pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y el pueblo Rrom o gitano. En un episodio revelador de la tensión metodológica, el Ejército Nacional entregó a la Comisión en 2019 un documento que negaba enfáticamente violaciones al Derecho Internacional Humanitario en la Operación Berlín, contradiciendo de forma frontal los testimonios de víctimas recogidos por la CEV en el mismo periodo. La obra no lo esconde: exhibe la disputa.

El acto de entrega: 28 de junio de 2022

El acto de entrega pública del Informe Final ocurrió el 28 de junio de 2022. Francisco de Roux presidió la ceremonia y subió al escenario con diez de sus comisionados sentados detrás —Molano y Salazar ya no estaban—. Asistieron víctimas de todas las edades, personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, representantes nacionales e internacionales de movimientos sociales, excombatientes, diplomáticos, periodistas, académicos y políticos de amplio espectro. Estuvieron también el presidente electo Gustavo Petro y la vicepresidenta electa Francia Márquez, que asumirían funciones el 7 de agosto siguiente.

Iván Duque, presidente en ejercicio y destinatario formal del Informe, no asistió. En lugar de recibir la obra emprendió una gira europea de veinte días. La decisión, tomada por quien todavía representaba al Estado colombiano, transformó la ceremonia en un acontecimiento de dos caras. En una, el ritual previsto por el diseño transicional: la Comisión entrega su Informe al país y a sus autoridades. En la otra, una liturgia política inesperada: la verdad oficial extrajudicial fue recibida no por el gobierno que aún gobernaba sino por el gobierno entrante, cuya coalición había hecho de la implementación del Acuerdo de Paz una bandera. La ausencia de Duque no fue un incidente protocolar: fue la escenificación pública de una fractura sobre quién puede legítimamente hablar en nombre de la memoria del conflicto.

Ese mismo día empezó a circular la versión digital del Informe, publicado en primera edición en Bogotá bajo el sello de la Comisión de la Verdad. La obra completa impresa lleva el ISBN 978-958-53874-3-0; la digital, el 978-628-7590-18-2. Es dominio público. Cualquier ciudadano, cualquier universidad, cualquier organización puede reproducir, comunicar y distribuir su contenido contextualizado, porque el Informe se declara a sí mismo medida de reparación del derecho a la verdad individual y colectiva de las víctimas.

La arquitectura del Informe: once tomos, veinticuatro volúmenes

Hay futuro si hay verdad está compuesto por once tomos que suman veinticuatro volúmenes. Los diez primeros tienen cada uno un ISBN único y funcionan como unidades discretas; el Tomo 11 se subdivide en catorce volúmenes numerados. La obra incluye ilustraciones, diagramas, fotografías, mapas a color y referencias bibliográficas, y fue catalogada en la publicación por la Biblioteca Nacional de Colombia.

El Tomo 2, Hallazgos y recomendaciones, ocupa un lugar central y organiza el conjunto de conclusiones que la Comisión dirige al Estado y a la sociedad. El Tomo 4, Hasta la guerra tiene límites, documenta violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH y responsabilidades colectivas: es el volumen más próximo, en tono y estructura, a la tradición clásica de los informes de comisiones de verdad.

Cuatro tomos concentran el enfoque diferencial que constituye una de las señas de identidad del Informe. El Tomo 7, Mi cuerpo es la verdad, hace visibles a las mujeres y personas LGBTIQ+ en la guerra, con énfasis en las violencias sexuales. El Tomo 8, No es un mal menor, recoge la experiencia de niñas, niños y adolescentes en el conflicto. El Tomo 9, Resistir no es aguantar, aborda las violencias sufridas por pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rrom. El Tomo 10, La Colombia fuera de Colombia, se ocupa del exilio en diálogo explícito con el legado de otras comisiones latinoamericanas.

El Tomo 11, Colombia adentro, es la apuesta más ambiciosa por descentrar la narrativa. Sus catorce volúmenes incluyen un ensayo introductorio, ocho relatos regionales —de la Amazonía al Pacífico, del Caribe al Eje Cafetero, pasando por el Magdalena Medio, la frontera nororiental, la Orinoquía, la Región Centro, Antioquia con el sur de Córdoba y el Bajo Atrato chocoano, Nariño con el sur del Cauca y el Valle con el norte del Cauca— y dos volúmenes transversales: Dinámicas urbanas de la guerra y El campesinado y la guerra. No es un atlas ni una enciclopedia regional: es la traducción editorial del principio metodológico de que fue en los territorios donde ocurrieron los hechos, donde se dijeron los testimonios y donde debía escribirse el relato.

La premura de la producción dejó huellas menores en el aparato editorial: en varios fragmentos, el ISBN de la edición impresa aparece con una errata recurrente que le suprime el "9" inicial. El detalle importa menos por sí mismo que por lo que sugiere: un Informe entregado contra el reloj de un mandato que expiraba.

La lógica interna: por qué el Informe está construido así

La arquitectura editorial es, en el Informe Final, argumento. Dedicar tomos autónomos al exilio, a las mujeres y personas LGBTIQ+, a la niñez y a los pueblos étnicos, y reservar catorce volúmenes al relato territorial, no es organización ni cortesía: es la afirmación material de que el sujeto central del conflicto es plural. La víctima no es una figura abstracta sino un campesino del Bajo Atrato, una mujer indígena del Cauca, una persona trans en Buenaventura, una familia exiliada en Suecia, un niño soldado del Catatumbo. Cada tomo diferencial exige un aparato conceptual propio y una temporalidad propia; el Informe se los concede.

La obra define sus propias verdades como históricas, extrajudiciales, complejas y centradas en las víctimas. "Históricas" la inscribe en un tiempo largo y la separa de la denuncia coyuntural; "extrajudiciales" la distingue de la JEP y define un tipo de verdad que no requiere condena para ser dicha; "complejas" desactiva de antemano la exigencia de un relato monocausal; "centradas en las víctimas" jerarquiza la voz de quienes sufrieron el conflicto por encima de la voz de quienes lo hicieron. Ese último criterio es el más consecuente: toda la arquitectura del Informe deriva de él.

En los hallazgos del Tomo 2 aparece un argumento que atraviesa la obra: entre los factores de persistencia del conflicto figura la tardía o inexistente presencia de instituciones civiles del Estado en zonas controladas por grupos armados. La guerra no persiste solo por la voluntad de sus actores sino por la ausencia de Estado en su forma no armada. El Informe sobre mujeres y personas LGBTIQ+ lleva el diagnóstico un paso más allá al señalar que la guerra está en el núcleo del patriarcado, y apunta a la construcción de un mundo con dignidad e igualdad entre hombres y mujeres, y entre pueblos, como horizonte de no repetición. Es una afirmación que desborda la crónica del conflicto y compromete al Informe con una lectura estructural del país.

Lo que se puso en juego

Que Hay futuro si hay verdad haya podido escribirse en la forma en que se escribió responde a una convergencia precisa entre un país que llevaba quince años aprendiendo a nombrar su guerra, un Acuerdo de Paz que abrió el espacio institucional para decirla y un cuerpo de doce personas que decidió construirse como territorio antes que como oficina.

Sin el Grupo de Memoria Histórica, sin la Ley 1448, sin el CNMH y sus casos emblemáticos, sin la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, sin los informes de las ONG y las organizaciones de víctimas, la CEV habría tenido que partir de un país mudo. Partió, por el contrario, de un país que ya había aprendido a decirse a sí mismo, con vocabulario técnico y con enfoques diferenciales trabajados durante más de una década. La CEV heredó ese vocabulario y esa gramática y les cambió el estatuto.

El Acuerdo de Paz de 2016 aportó la pieza que faltaba. Creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, integrado por la CEV, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y le entregó a la Comisión un mandato específico, una temporalidad y una legitimidad jurídico-política. Esa arquitectura tripartita permitió que, por primera vez en el país, la verdad extrajudicial pudiera decirse con respaldo estatal sin depender del sistema penal.

Sobre esa base, la composición de la Comisión y su despliegue material hicieron el resto. Doce trayectorias distintas —del jesuita al cronista campesino, del médico salubrista a la lideresa indígena embera, del líder afrocolombiano de Bojayá al experto internacional en derechos humanos— y veintiocho Casas de la Verdad levantadas a marchas forzadas hicieron posible una escucha que no habría cabido en un diseño más centralizado. La CEV no eligió tener presencia territorial: se construyó como territorio.

Consecuencias inmediatas y en curso

La entrega del Informe convirtió un acervo hasta entonces disperso —testimonios de víctimas, informes sectoriales, memorias regionales— en una verdad oficial extrajudicial codificada y de dominio público. Ese cambio de estatuto es la mutación institucional decisiva. Lo que en el CNMH había sido producción estatal de memoria, en la CEV se volvió verdad estatal transicional. La diferencia no es semántica: la CEV entregó su Informe como cumplimiento de un mandato derivado del Acuerdo de Paz, con vocación de servir como base para políticas de no repetición y para las decisiones de la JEP y la Unidad de Búsqueda. A partir de ese día, el país cuenta con una verdad transicional dotada de mandato, ISBN, catalogación oficial y respaldo jurídico-político del Acuerdo de Paz.

En el plano político, la ausencia de Duque y la presencia de Petro y Márquez inauguraron un régimen de recepción polarizado. La CEV y la JEP han sido criticadas severamente desde posiciones ideológicas de derecha desde su misma creación; el Informe Final entró a ese debate no como pieza de consenso sino como pieza en disputa. Su legitimidad, en la práctica, depende de la voluntad política de los gobiernos sucesivos de asumirla como marco. El gobierno Petro, instalado semanas después de la entrega, hizo suyo el Informe. Qué ocurrirá con administraciones futuras es una pregunta abierta que el propio Informe no puede responder.

Más silenciosa, y probablemente más duradera, es la reconfiguración de la agenda académica sobre el conflicto. Al elevar el exilio a tomo autónomo, al declarar que la experiencia de mujeres y personas LGBTIQ+ merece un volumen propio con centralidad de las violencias sexuales, al organizar catorce relatos territoriales que descartan de entrada la lectura desde Bogotá, y al inscribir a los pueblos étnicos como sujetos históricos con violencias específicas, el Informe redefine el objeto legítimo del estudio del conflicto. La memoria étnica y la memoria del exilio, en particular, pasan de ser subcampos a ser ejes. La academia que trabaje sobre el conflicto después de 2022 lo hará ya con el Informe como referencia obligada, en diálogo o en discusión.

Por qué este hecho sigue importando

El Informe Final es, formalmente, el cierre del mandato de la CEV. En términos históricos, es lo contrario de un cierre. Instala una plataforma sobre la que otras instancias —la JEP en sus macrocasos, la Unidad de Búsqueda en su tarea forense, las políticas públicas de reparación, la investigación universitaria, las organizaciones de víctimas, la escuela— van a operar durante décadas. Su condición de dominio público no es un gesto administrativo: es la decisión de que la verdad transicional no le pertenezca a la Comisión que la produjo sino a la sociedad que se dijo a sí misma en sus testimonios.

Su potencia fundacional convive con una vulnerabilidad estructural. El Informe no puede blindarse ante los gobiernos que lo hostilicen, ni imponer sus categorías a sectores que las rechazan de partida. Que Duque decidiera irse de gira antes que recibirlo es el aviso más literal de esa fragilidad.

En el largo plazo, la potencia de Hay futuro si hay verdad no dependerá del reconocimiento oficial que reciba en cada coyuntura política sino de su condición material: una obra pública, gratuita, extensa y disponible. La verdad transicional que la CEV instituyó en junio de 2022 podrá ser discutida, matizada, ampliada o contestada. No podrá ser desdicha.