Sentencia C-055 de 2022: despenalización del aborto hasta la semana 24

Sentencia C-055 de 2022

El 21 de febrero de 2022, tras ocho horas de deliberación, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto voluntario hasta la semana veinticuatro de gestación. La decisión, conocida como Sentencia C-055, no eliminó el delito del Código Penal ni derogó por completo las restricciones anteriores: amplió el régimen de causales fijado en 2006 introduciendo un umbral temporal dentro del cual la interrupción voluntaria del embarazo quedaba fuera del alcance del derecho penal. Frente al edificio de la Corte, en Bogotá, mujeres con pañuelos verdes celebraron una conquista que consideraron histórica y a la vez incompleta. Colombia quedó esa noche a la vanguardia regional de los derechos reproductivos, con el plazo más largo entonces vigente en América Latina y el Caribe; y quedó también, según las propias voceras del movimiento, con una despenalización a medias, que dejaba abierto el trabajo político de las décadas siguientes. La C-055 es el objeto de esta ficha: hito jurídico del posacuerdo, umbral cultural para la ciudadanía de las mujeres y episodio de una historia larga que no comienza ni termina con la sentencia.

El mundo del que brota el fallo

Cuando la Corte se pronunció, el aborto era en Colombia la tercera causa de mortalidad materna, responsable del 17 % de esas muertes según cifras oficiales del sector salud. Uno de cada tres abortos ilegales terminaba en complicaciones que amenazaban la salud o la vida de la mujer. Detrás de esos números había un patrón conocido y sistemáticamente denunciado por el movimiento feminista: las mujeres de clase media y alta accedían al aborto de manera discreta con sus médicos, mientras las mujeres pobres recurrían a procedimientos clandestinos y llegaban con frecuencia a las salas de emergencia, o no llegaban. La ilegalidad no había suprimido el aborto; había suprimido su seguridad y la había repartido, con una geometría de clase precisa, entre quienes podían pagar el silencio y quienes pagaban con el cuerpo.

El paisaje sanitario coexistía con un poder eclesiástico particularmente denso. La Iglesia católica seguía siendo una fuerza extremadamente influyente en la vida pública, y los sectores conservadores más radicales sostenían abiertamente que la única fuente legítima de moralidad era la religión católica, aspirando a que las instituciones civiles administraran preceptos eclesiales. Contra esa pretensión, el propio movimiento feminista y voces de la política laica —entre ellas la de Humberto de la Calle Lombana— venían argumentando que la convicción religiosa no podía convertirse en fuente de legislación civil, y que el Código Penal había funcionado durante generaciones como una tecnología de control del cuerpo y de la vida de las mujeres.

La Corte Constitucional que resolvió el caso no era una institución neutra ante ese equilibrio. Había nacido con la Constitución de 1991, que reemplazó una carta centenaria vigente a la sombra del estado de sitio permanente e introdujo un catálogo robusto de derechos con mecanismos concretos para defenderlos, entre ellos la tutela. Desde sus primeras salas, aquella Corte se había ocupado de ampliar los derechos sociales, de proteger a minorías y de contener a los poderes conservadores; había producido jurisprudencia sobre víctimas del conflicto, sobre derechos de personas LGBTIQ y sobre exigibilidad de derechos económicos y sociales. La sentencia de 2022 se inscribe en esa larga labor de activismo judicial: la Corte no inventó la demanda social, pero disponía de las herramientas doctrinales y del músculo institucional para responderla.

Medio siglo de organización feminista

La C-055 no cae del cielo constitucional del posacuerdo. Es el destilado tardío de una historia que puede leerse, sin forzarla, desde comienzos del siglo XX. En los años veinte, Georgina Fletcher y Ofelia Uribe de Acosta impulsaron desde causas liberales una discusión pública sobre los derechos de las mujeres, en un contexto en el que el movimiento obrero incorporaba de manera intermitente esas demandas —más visibles en aquella década, más subordinadas a la identidad de clase y a las alianzas antifascistas en los treinta y cuarenta, hasta el punto de marginar a figuras como María Cano—. La reforma constitucional de 1936 autorizó a las mujeres a ejercer cargos públicos por nombramiento, pero reservó el voto exclusivamente a los varones. El sufragio femenino tuvo que esperar hasta la Asamblea Nacional Constituyente de 1954, bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, cuando un Acto Legislativo sobre la Ciudadanía de las Mujeres —impulsado por Esmeralda Arboleda, del Partido Liberal, y Josefina Valencia, del Partido Conservador— lo reconoció; su ejercicio efectivo llegó en 1956.

El giro decisivo hacia el cuerpo, la sexualidad y la reproducción como territorio político vino más tarde. En 1981 se celebró en Bogotá el Primer Congreso Feminista Latinoamericano, un momento de transformación regional en el que el énfasis del movimiento se desplazó desde los derechos civiles formales —educación, voto, herencia— hacia lo que las participantes llamaron la colonización patriarcal del cuerpo, la sexualidad y la reproducción de las mujeres. Las políticas de control de la natalidad ocuparon un lugar central en aquellos debates, y no de manera unívoca: la discusión estaba atravesada por la tensión entre reivindicar la autonomía reproductiva y denunciar el uso del control natal como instrumento demográfico contra mujeres indígenas, con discapacidad y empobrecidas, cuya reproducción era tratada como problema de orden público en un régimen clasista y racializado. La doble faz —autonomía frente a control poblacional— acompañó al movimiento por el aborto durante décadas y todavía se percibía, cuarenta años después, en las cautelas con que las activistas colombianas enunciaban su demanda.

La década de 1980 dejó también huella institucional. En 1984, Colombia se declaró primer país latinoamericano en aprobar una Política para la Mujer Campesina e Indígena, formalizada en el Documento CONPES DNP 2109, orientada al acceso de las mujeres a recursos productivos, a proyectos generadores de ingresos, a la participación política, a la superación del analfabetismo, a la mejora del trabajo doméstico y a los niveles nutricionales de las mujeres y sus familias. La política reconocía, siquiera parcialmente, que la desigualdad de género tenía una dimensión material y territorial que no se resolvía con el reconocimiento formal del voto.

El siguiente umbral fue constituyente. Durante el proceso de 1990-1991, las organizaciones de mujeres coordinaron una estrategia de cabildeo que dio origen a la Red Nacional de Mujeres. Aunque perdieron algunos derechos en disputa frente a los constituyentes, lograron consagrar en la Constitución la participación efectiva de la mujer en cargos decisorios de la administración pública, en el artículo 40, y la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en el artículo 43. Dos anclajes convergieron entonces: una Corte diseñada para proteger a las minorías y un texto constitucional que reconocía la igualdad de género como principio. Juntos dotaron al feminismo colombiano de un vocabulario jurídico. Dos décadas después, las luchas por el aborto podrían hablar el idioma de la Constitución.

La violencia reproductiva de la guerra

Entre el Congreso de Bogotá y la sentencia de 2022 se atraviesa el conflicto armado interno, cuya dimensión reproductiva es hoy uno de los antecedentes políticos más determinantes del fallo. El cuerpo de las mujeres fue usado como botín de guerra por los actores armados durante más de medio siglo. Amnistía Internacional documentó en un informe de 2004 que en las filas de las guerrillas se imponía a las combatientes el uso de métodos anticonceptivos y la interrupción forzada de embarazos. En el caso de las FARC-EP, se ha documentado la práctica de anticoncepción forzada sobre niñas y adolescentes reclutadas, incluida la inserción de implantes subdérmicos —los llamados jadelle— con participación de mandos de alto nivel, entre ellos Pablo Catatumbo; la práctica quedó institucionalizada a partir de la Octava Conferencia de la guerrilla, en 1993.

La violencia reproductiva no se agotó en los grupos armados ilegales. Testimonios recogidos en el marco del proceso transicional dan cuenta de mujeres que, tras violaciones reiteradas perpetradas por paramilitares, desarrollaron patologías uterinas y enfrentaron la posibilidad de la extirpación del útero. El desplazamiento forzado creó, además, condiciones de vulnerabilidad que en algunos casos derivaron en la desposesión de sus hijos por parte de mujeres gestantes, con participación de profesionales de instituciones sanitarias y de bienestar familiar. Las categorías con las que se ha empezado a nombrar este universo —violación, explotación sexual, secuestro para servicios sexuales, aborto forzado, anticoncepción forzada— indican un espectro de violencias que el Centro Nacional de Memoria Histórica y otros actores han recogido como violencia reproductiva.

Este archivo pesa sobre la C-055. Cuando el movimiento feminista y sus interlocutores internacionales hablaron, en la década anterior al fallo, de justicia reproductiva, no lo hacían solo en clave de acceso a servicios de salud: articulaban las luchas por el aborto seguro, legal y gratuito con las luchas contra la violencia colonial, patriarcal y económica, y con la exigencia de que ninguna persona debiera ser obligada a continuar un embarazo resultante de violencia sexual. Colombia llegó a 2022 con un archivo doloroso que hacía imposible seguir pensando la autonomía reproductiva como asunto de moral privada: la había convertido, por vía del conflicto, en una exigencia de justicia transicional.

La antesala jurídica y la nueva ola regional

En materia estrictamente jurídica, el precedente inmediato de la C-055 fue la Sentencia C-355 de 2006, en la que la propia Corte había despenalizado el aborto bajo tres causales —peligro para la vida o la salud de la mujer, malformación fetal incompatible con la vida y embarazo producto de violencia sexual—. Ese régimen convivió durante quince años con un país en el que las causales, aun existiendo, resultaban impracticables para vastos sectores: obstrucciones administrativas, objeciones de conciencia y estigma clínico redujeron su alcance efectivo, mientras la clandestinidad seguía cobrando su cuota diferencial de vidas.

En ese vacío entre norma y realidad, el movimiento acuñó casos emblemáticos que expusieron el límite del régimen de causales. Uno de ellos fue el de Marta González, mujer trabajadora, madre soltera de tres hijos, diagnosticada con cáncer mientras cursaba un cuarto embarazo y forzada a continuar la gestación pese a su condición médica grave. Su historia circuló como prueba de que, incluso con la C-355 vigente, el sistema podía imponer maternidad a mujeres cuya salud y cuyas condiciones materiales de existencia hacían de esa imposición una forma de crueldad. Casos como el suyo alimentaron la convicción de que la vía de las causales había tocado su techo y de que el próximo movimiento debía ser más ambicioso.

El contexto regional aceleró la conversación. En los primeros años de la década de 2020, una nueva marea política barrió América Latina, desplazando a gobiernos de derecha que habían dominado tras la crisis financiera global. Argentina había legalizado el aborto a finales de 2020, y en México la Suprema Corte había declarado inconstitucional su criminalización en 2021. La demanda colombiana llegó a la Corte Constitucional en un momento en el que la pregunta ya no era si América Latina se movería, sino con qué alcance y con qué velocidad lo haría cada país. Detrás de la acción judicial colombiana estaba el trabajo articulado del movimiento Causa Justa, del que Ana Cristina González Vélez fue voz visible y pionera de la demanda, y en el que participaron juristas como Cristina Rosero y Mónica Roa, esta última con experiencia previa en el litigio que había producido la C-355.

La jornada del 21 de febrero

Con esa acumulación de antecedentes —el régimen incompleto de 2006, los casos que exhibían sus grietas, la marea regional y una demanda técnicamente sólida sobre la mesa—, la Sala Plena entró a deliberar en la mañana del 21 de febrero de 2022. La sesión se extendió durante ocho horas. Al término de la jornada, la Corte Constitucional resolvió despenalizar el aborto voluntario hasta la semana veinticuatro de gestación. Frente al edificio de la Corte, en Bogotá, se congregaron mujeres con pañuelos verdes que celebraron la decisión como un momento fundacional. Ana Cristina González Vélez, dirigente del movimiento y pionera de la demanda, tomó la palabra en un país en el que la Iglesia católica conservaba un poder considerable y en el que la sola discusión pública del aborto había estado, hasta entonces, cargada de sanción moral.

La lectura de González combinó celebración y crítica. Calificó la decisión como un avance masivo que colocaba a Colombia a la vanguardia en América Latina y el Caribe, al establecer el plazo más largo de la región para acceder a servicios legales de aborto. Al mismo tiempo, señaló que la Corte había perdido la oportunidad histórica de eliminar el delito de aborto del Código Penal, y que la subsistencia de esa figura penal, junto con el umbral temporal, dejaba en pie límites a la ciudadanía plena de las mujeres. En su lectura pública, la maternidad forzada era la operación que la sentencia empezaba a desactivar; y las fuerzas que se le oponían eran, dijo, las mismas que en su día habían combatido el divorcio, la jornada laboral de ocho horas, el derecho de las mujeres a tener cuenta bancaria y a poseer tierras.

El doble movimiento —reconocer el hito y nombrar su incompletitud— definió la recepción feminista de la C-055. No era la formalidad reiterada del movimiento que celebra a medias sus conquistas; era una lectura política precisa. La sentencia amplió sustantivamente el acceso al aborto, pero no lo sacó del ámbito penal, y al fijar un plazo de veinticuatro semanas mantuvo un régimen bifronte: derecho antes del umbral, delito después. Para las voceras del movimiento, esa arquitectura conservaba, en su forma, el gesto que el feminismo había venido combatiendo: seguir pensando el aborto como una excepción tolerada, no como un derecho pleno.

Causas: por qué la Corte pudo, y por qué le tocó

La sentencia se produjo en 2022, y no antes, por la convergencia de tres procesos estructurales. Primero, la larga acumulación del feminismo colombiano, que desde los años veinte —y con inflexión clara desde el Congreso de Bogotá de 1981— había politizado el cuerpo, la sexualidad y la reproducción como territorios de ciudadanía. Segundo, la arquitectura constitucional de 1991, que dotó al país de una Corte diseñada para amparar minorías frente a mayorías conservadoras y a poderes confesionales, y que había ejercido esa función en materias de derechos sociales, derechos de las víctimas y derechos de las personas LGBTIQ. Tercero, la incorporación creciente de las mujeres al espacio público —al trabajo, a la educación superior, a la política— que desde la segunda mitad del siglo XX había desplazado el modelo esencialista del eterno femenino, aquel que las destinaba al espacio doméstico como garantía de la estabilidad familiar y del ejercicio masculino del poder.

A esa base estructural se sumaron dos detonantes coyunturales. El primero es el archivo del conflicto: la documentación acumulada sobre violencia reproductiva —anticoncepción forzada, aborto forzado, cuerpos como botín de guerra— convirtió la autonomía reproductiva en un asunto que ninguna transición podía dejar de lado. El segundo es la marea regional: la legalización argentina de 2020 y la sentencia mexicana de 2021 desplazaron la ventana de lo posible y desactivaron el argumento de excepción colombiana. La demanda de Causa Justa llegó a la Corte en el momento preciso en que un tribunal con vocación garantista podía leerla como continuidad —no como ruptura— del proyecto constitucional de 1991.

Persiste la pregunta sobre quién es el agente decisivo del cambio. Una lectura enfatiza la agencia del movimiento social: décadas de organización, litigio estratégico, incidencia, cambio cultural. Otra subraya la agencia institucional: sin la Corte de 1991, la mejor demanda habría tropezado con un aparato legislativo capturado por el poder eclesial. Ambas lecturas son la misma leída desde sus dos extremos. La C-055 es el punto en el que la organización feminista encontró el vector institucional capaz de traducir su demanda; sin cualquiera de los dos términos, no habría fallo.

Consecuencias inmediatas y de largo alcance

En lo inmediato, la sentencia amplió el acceso legal al aborto de una manera cuantitativamente decisiva. Bajo el régimen de causales, la interrupción del embarazo dependía de que la mujer y las instituciones de salud acreditaran la existencia de una de las tres circunstancias reconocidas; bajo el nuevo régimen, hasta la semana veinticuatro no era necesario acreditar causal alguna. Para las mujeres pobres —aquellas que morían en las manos de los carniceros que la propia dirigencia feminista denunciaba— esa diferencia era vital en el sentido literal de la palabra. La despenalización de clase que operaba de facto en Colombia, con acceso discreto para las mujeres con recursos y clandestinidad para las demás, encontraba por primera vez un marco jurídico que la enfrentaba directamente.

En lo simbólico, la sentencia consumó un desplazamiento en la manera de nombrar la maternidad y la ciudadanía. Al menos en el discurso feminista que acompañó al fallo, ya no se trataba de discutir un permiso excepcional para casos límite: se trataba de reconocer que la libertad reproductiva era condición del ejercicio de derechos, y que su ausencia era discriminación. Ese vocabulario —autonomía, ciudadanía plena, discriminación por maternidad forzada— había sido acuñado durante décadas por el feminismo colombiano y latinoamericano, y la Corte lo incorporó al lenguaje del derecho constitucional.

Regionalmente, la C-055 fijó a Colombia como pilar de la marea verde junto con Argentina y México, con la particularidad de haber alcanzado por vía judicial —no legislativa— el plazo más largo de despenalización sin causal. Ese posicionamiento tenía valor propio para el movimiento feminista transnacional, pero también consecuencias prácticas: dotó a las activistas de otros países de un precedente al que apelar, y colocó al Estado colombiano en la vitrina internacional de los derechos reproductivos.

A largo plazo, las consecuencias siguen abiertas. La expresión el fallo no cerró el debate; lo abrió fue, en boca de las activistas, un programa: había que continuar hasta la despenalización total, hasta el desmonte del umbral y hasta que ninguna mujer que interrumpiera un embarazo estuviera en riesgo de ser criminalizada. Esa lectura crítica del propio hito —insólita en la historia jurídica del país, donde los movimientos sociales suelen celebrar sus conquistas sin problematizarlas— es una de las señales más maduras del feminismo colombiano de 2022: reconocía la fuerza de lo obtenido sin renunciar a la exigencia de lo que faltaba.

Después del umbral

La C-055 pertenece a esa clase infrecuente de decisiones que son a la vez punto de llegada y punto de partida. Punto de llegada del medio siglo largo de organización feminista que va del sufragio de 1954 a la Constitución de 1991, pasando por el giro corporal del Congreso de Bogotá de 1981 y por la política de mujer campesina e indígena de 1984. Y punto de llegada, también, del archivo de violencia reproductiva que dejó el conflicto armado: la sentencia hace justicia parcial a las mujeres que durante décadas murieron en la clandestinidad mientras las de mayores ingresos accedían discretamente al mismo procedimiento con sus médicos.

Punto de partida por una razón precisa: después de la semana veinticuatro, el aborto sigue siendo delito. El sistema conserva la posibilidad de criminalizar mujeres, y esa posibilidad recae, típicamente, sobre las que tienen menor acceso a información, a servicios de salud y a diagnósticos oportunos. Es decir, otra vez las mujeres pobres que el fallo pretendía proteger. La contradicción no anula la sentencia; la sitúa. La C-055 hizo mucho, no lo hizo todo, y su valor histórico no depende de que se pretenda otra cosa.

La sentencia importa, además, por lo que revela del diseño institucional colombiano. Sin la Corte Constitucional de 1991, no habría C-055. Sin las mujeres que, desde los años veinte, sostuvieron una demanda a la que casi nadie prestaba atención, la Corte no habría tenido nada que resolver. La genealogía institucional y la social, entrelazadas, hacen del 21 de febrero de 2022 una fecha del posacuerdo en sentido pleno. No solo por su marco temporal: también porque encarna la idea de un Estado social de derecho capaz de reconocer, en el idioma de la Constitución, aquello que las mujeres colombianas habían venido reclamando en el idioma de la calle, del consultorio clandestino, del duelo y de la organización. Cuando la historia de la Colombia contemporánea se escriba con distancia, la C-055 aparecerá en el mismo capítulo que el Acuerdo Final de 2016, la jurisdicción de paz y el reconocimiento de las víctimas: no como pieza aislada del derecho constitucional, sino como uno de los actos con los que el país intentó, tras la guerra, redefinir a quiénes reconoce como sujetos plenos de la vida pública.