Encuentro de reconocimiento entre las madres de Toluviejo y el coronel Rincón Amado (2021)

El encuentro de Sucre entre las madres de Toluviejo y el coronel Rincón Amado (2021)

El 27 de julio de 2021, en una sala habilitada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el departamento de Sucre, once madres de jóvenes asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate se sentaron frente al coronel retirado Gabriel de Jesús Rincón Amado —al que los documentos de la Comisión llaman también Borja— y a otros oficiales que habían tenido responsabilidad en aquellos crímenes. Las madres llegaron juntas, en un mismo bus rumbo a Sincelejo, vestidas con una camiseta blanca que llevaba en el pecho un corazón con los rostros de sus hijos. No era un juicio: era un acto de reconocimiento, celebrado bajo una metodología que la Comisión denominaba diálogo de improbables, y que ese día ensayó, con las víctimas como interlocutoras políticas y no como testigos, una forma de verdad que Colombia no había practicado antes. El coronel, sentado enfrente, admitió: «nos creíamos dioses, no había justicia por encima de nosotros». Ese encuentro, breve y localizado, quedó como una de las escenas fundacionales del modelo restaurativo colombiano en materia de ejecuciones extrajudiciales.

Los antecedentes: un crimen de Estado con lógica de sistema

El acto de 2021 sería incomprensible sin la trama que lo produjo. Los falsos positivos —ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados por la fuerza pública como guerrilleros dados de baja en combate— no fueron un exceso aislado ni una desviación tardía. La práctica de disfrazar civiles muertos como bajas enemigas antecede a la política de Seguridad Democrática, pero se intensificó desde el segundo semestre de 2003, en el marco del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando la presión institucional por presentar resultados operacionales se articuló con un sistema de incentivos: recompensas económicas, condecoraciones, permisos, reconocimientos profesionales. El resultado fue una industria macabra que ejecutaba a jóvenes empobrecidos, campesinos y habitantes de calle, y los reportaba en boletines de guerra.

La mecánica era estable y repetida. Reclutadores engañaban a las víctimas con ofertas de trabajo, las trasladaban a regiones distantes de su lugar de origen y las ejecutaban allí. Después venía el montaje: se alteraba la escena del crimen, se cambiaban las vestimentas del cadáver, se le ponía un fusil junto al cuerpo. En un testimonio de oficial se describe cómo se comentaba desde la Escuela Militar la existencia de un kit de legalización —fusil AK-47, camuflado adicional— para el montaje de bajas. El traslado geográfico cumplía una función objetiva: al ejecutar a un joven de Bogotá o de Soacha en Santander o Norte de Santander, la distancia entorpecía la reclamación de las familias, la identificación forense y la investigación judicial. La impunidad estaba inscrita en la logística.

La magnitud y el carácter metódico de la práctica llevaron a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a considerarla equivalente a un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, es decir, a un crimen de lesa humanidad. Pero durante años los casos avanzaron en silencio, dispersos en jurisdicciones militares complacientes o en fiscalías desbordadas.

El escándalo estalló en septiembre de 2008. Once jóvenes desaparecidos de Bogotá y Soacha aparecieron reportados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate en Santander y Norte de Santander. La versión oficial inicial sostuvo que habían sido reclutados por grupos guerrilleros y llevados allá para entrenarse. Antes incluso de condenar los hechos, el presidente Uribe declaró en público que los jóvenes de Soacha «no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales». La frase, lejos de cerrar el caso, encendió una cadena de reacciones: los medios comenzaron a rastrear casos similares, y en menos de un mes se hablaba ya de unos doscientos en distintas regiones del país. En los doce meses siguientes, la cobertura mediática de ejecuciones extrajudiciales creció exponencialmente y la Fiscalía inició la depuración institucional que llevaría a la expulsión de los militares implicados. De haberse actuado antes ante las denuncias previas, cantidades enormes de asesinatos habrían podido evitarse.

En paralelo al escándalo, algo distinto empezaba a ocurrir en Soacha. Las madres de los jóvenes asesinados —que no se conocían entre sí, aunque vivían en el mismo municipio— fueron encontrándose durante 2008 en la Personería Municipal, en la Fiscalía, en Medicina Legal. Los rostros repetidos en las salas de espera, los relatos idénticos de hijos desaparecidos y cuerpos aparecidos en Ocaña o en zonas que las familias no reconocían, la misma explicación absurda —que sus hijos, obreros de construcción, panaderos, jóvenes con discapacidad cognitiva, habían muerto en combate como guerrilleros en departamentos que jamás pisaron—: todo eso las fue juntando. La Personería de Soacha las convocó a reuniones colectivas donde comenzaron a compartir sus relatos y a advertir el patrón. Ahí nació el sujeto político que luego se conocería como Mafapo, Madres de Falsos Positivos.

Adoptaron una bata blanca como símbolo de la inocencia de sus hijos. Realizaron plantones en la Fiscalía y en las calles de su municipio. Enfrentaron obstáculos institucionales severos: durante al menos una exhumación, el Ejército irrumpió en el cementerio, sometió a indagatorias intimidatorias a las madres presentes, cuestionó la identidad de los muertos, volvió a señalarlos como guerrilleros. La estigmatización presidencial y la obstrucción castrense dieron forma al sujeto colectivo: mujeres populares que, como sugieren análisis comparados con las Madres de la Plaza de Mayo, fueron socializando su maternidad y pasando de la reivindicación individual al reclamo político. Sin ese proceso de politización de más de una década, no habría habido en 2021 interlocutora capaz de sentarse frente a un coronel.

Toluviejo, Sucre y una geografía de la desechabilidad

Sucre no era, para el país, uno de los escenarios centrales del escándalo de 2008 —ese lugar lo ocuparon Soacha, Ocaña, los departamentos de Santander—. Pero los Montes de María y la sabana sucreña habían sido durante décadas un laboratorio de violencia armada donde jóvenes empobrecidos aparecían muertos con la etiqueta cambiada.

La región vio pasar, desde los años ochenta, a varias guerrillas. El ELN se instaló temprano; el PRT y la CRS lo hicieron también, para desmovilizarse a comienzos de los años noventa y dejar un espacio que el ELN fue ocupando; el EPL tuvo presencia menor. Desde 1994, las FARC establecieron el Frente 35 con énfasis en La Mojana. La contraofensiva llegó dos años después: a partir de 1996, los paramilitares entraron a Sucre a petición de ganaderos y finqueros locales que buscaban contrarrestar la violencia guerrillera, y Javier Piedrahita aparece identificado como el enlace que facilitó esa conexión. Desde el inicio, la estructura paramilitar se articuló con empresarios agropecuarios y políticos —el ganadero Joaquín García Rodríguez, un representante del senador García Romero— en una reunión celebrada en un restaurante a las afueras de Sincelejo, donde se sentaron las bases de una estructura político-militar para La Mojana. El bloque que consolidó ese dominio fue el Montes de María, comandado por Edwar Cobos Téllez (Diego Vecino), Huber Enrique Bánquez Martínez (Juancho Dique), Rodrigo Antonio Mercado Peluffo (Rodrigo Cadena) y Marco Tulio Pérez (El Oso), que impuso su ley con masacres sucesivas, desplazamiento forzado y apropiación de tierras. La región quedó marcada por una guerra de tierra arrasada contra la población civil.

En ese territorio, la lógica de los falsos positivos encontró un caldo de cultivo. Los jóvenes de Toluviejo y de otros municipios sucreños —hijos de familias campesinas, trabajadores de oficios informales— eran, en la mirada institucional, prescindibles. Cuando el coronel Rincón Amado se sentó frente a las once madres, no dijo lo contrario: dijo que ni él ni sus compañeros sentían que estaban haciendo algo reprochable al quitarles la vida a jóvenes empobrecidos, porque pensaban que nadie preguntaría por ellos. Esa era, cifrada, la premisa de clase del crimen.

La CEV y la ingeniería del reconocimiento

El acto de 2021 no ocurrió en el vacío institucional. Se inscribió en el marco creado por el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC-EP: el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Ese sistema articulaba tres piezas complementarias. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, órgano temporal y extrajudicial, no dictaba sentencias ni imponía penas: su tarea era esclarecer, reconocer y promover la convivencia. La Jurisdicción Especial para la Paz, en cambio, sí tenía capacidad sancionatoria: el Acuerdo estableció para ella un régimen especial con penas de entre quince y veinte años de prisión para los casos más graves, diseñado para no constituir impunidad y aplicable de manera simétrica, equilibrada y simultánea —aunque diferenciada— a exguerrilleros y miembros de la fuerza pública. Este tratamiento buscaba corregir la asimetría de procesos anteriores, en los que los militares habían quedado sin garantías judiciales equivalentes a las otorgadas a los desmovilizados. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas completaba el diseño en el terreno humanitario.

El marco venía de más atrás. La Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, surgida de la negociación con los paramilitares, había introducido en Colombia el discurso de la justicia transicional y el reconocimiento formal de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas, del gobierno Santos, articuló medidas de reparación integral con flexibilización penal, aunque persistieron enormes retos en la reparación efectiva. El Acuerdo de 2016 heredó y reformuló esa arquitectura.

Dentro de ese diseño, la CEV desarrolló una metodología específica: los procesos de reconocimiento voluntario de responsabilidades. Acompañó en total 25 procesos en los territorios, dieciséis de ellos con firmantes del Acuerdo de Paz en localidades repartidas entre Antioquia, Cauca, Urabá, Huila, Tolima, Caquetá, Vaupés, Meta, los Montes de María, Chocó, Norte de Santander, Arauca y Boyacá. Uno se hizo en Antioquia con Elda Neyis Mosquera —Karina—, por reclutamiento forzado, pese a que ella no estaba cobijada por la comparecencia ante el sistema integral. En 2019 y 2021 se realizaron dos Encuentros Nacionales por la Verdad, uno dedicado a la dignidad de la población campesina y otro al sector universitario.

La metodología se llamó Acuerdos para la Convivencia y el Buen Vivir y combinaba diálogos privados y públicos entre víctimas y responsables. La idea rectora era que la verdad, en su forma más productiva, no se obtenía por interrogatorio judicial sino por encuentro cara a cara: por la presencia mutua, por el reconocimiento del daño, por el silencio cargado de vergüenza que la propia Comisión describiría después como parte constitutiva del acto. En los territorios, la CEV atestiguó estos silencios y también preguntas cuyas respuestas solo conocían personas ya muertas en la guerra.

El referente ineludible, tanto en Colombia como fuera del país, era la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sudafricana, presidida por Desmond Tutu en los años noventa, y su equivalente peruano encabezado por Salomón Lerner. Pero el modelo que la CEV colombiana ensayó —bajo la presidencia del sacerdote jesuita Francisco de Roux, con comisionadas y comisionados como Patricia Tobón Yagarí y Carlos Martín Beristain— tomó distancia del arquetipo judicializado sudafricano, donde la confesión operaba como transacción por amnistía. En el modelo colombiano, especialmente en los actos con responsables de la fuerza pública, la lógica no era transaccional sino relacional: la víctima estaba presente, con nombre y rostro, y su presencia condicionaba la palabra del responsable.

El acto: 27 de julio de 2021

La escena tuvo elementos rituales precisos. Las once madres viajaron en un mismo bus hacia Sincelejo. Vestían todas la misma camiseta blanca. En el centro del pecho, un corazón contenía las fotografías de sus hijos asesinados. El cuerpo de cada una llevaba, literalmente, la imagen del muerto: las madres no acudieron a hablar de sus hijos, acudieron portándolos. La camiseta cumplía la función que en Soacha había cumplido la bata blanca, con un giro decisivo: ya no era el símbolo genérico de la inocencia, sino la restitución individual del rostro. Cada hijo estaba ahí, mirando al coronel.

Frente a ellas se sentó Gabriel de Jesús Rincón Amado, coronel retirado del Ejército Nacional, en el marco de un proceso de reconocimiento en el que admitió haber ordenado la muerte de jóvenes empobrecidos. Lo acompañaban otros oficiales. La sesión operaba bajo la metodología del diálogo de improbables: personas que la guerra hizo enemigas y que en circunstancias ordinarias jamás se habrían sentado en una misma sala.

Las madres iniciaron el diálogo con una pregunta que era una llave: le preguntaron al coronel si tenía hijos. La pregunta cumplía dos funciones. Establecía una simetría —él, como ellas, podía ser padre— y desplazaba el registro del acto: no comenzaba con un reclamo por los muertos ni con una exigencia jurídica, sino con una interpelación humana que obligaba al responsable a responder desde su condición de persona antes que desde su condición de exoficial. Esa maniobra, ensayada por víctimas populares sin formación jurídica, articuló metodológicamente todo el encuentro.

Rincón Amado habló. Dijo la frase que quedaría fijada: «nos creíamos dioses, no había justicia por encima de nosotros». Reconoció, con sus propias palabras, que él y sus compañeros se sentían por encima de la justicia. Añadió, ya no en cita textual sino en paráfrasis, que ninguno sentía que estuviera haciendo algo reprochable al quitar la vida a jóvenes empobrecidos, y que pensaban que nadie preguntaría por ellos.

Y sin embargo, cuando las madres le pidieron precisiones —el modo, el tiempo, el lugar de los crímenes—, el coronel no pudo responder. La razón fue estructural, no de mala fe: daba sus órdenes detrás de un escritorio, sin conocer los detalles de ejecución. La cadena de mando lo protegía de saber. Es una de las revelaciones más elocuentes del acto: la burocratización del crimen, la distribución del conocimiento en niveles jerárquicos, garantizaba que cada eslabón supiera solo lo necesario para cumplir su parte, y que ningún responsable individual pudiera reconstruir el cuadro completo. La pregunta ¿quién dio la orden? —eje del relato del encuentro— no podía ser respondida por el coronel porque, incluso queriendo hacerlo, no sabía. El propio Rincón Amado planteó que esa pregunta debía ir acompañada de otra, complementaria, aludiendo a una responsabilidad más amplia dentro de la institución.

Pese a esa limitación, el acto no fracasó. Al contrario: la vulnerabilidad y la vergüenza expresadas por el coronel bastaron para que las once madres creyeran en su palabra. La verdad producida ese día no fue la verdad forense de los hechos —esa siguió faltando— sino una verdad relacional: la aceptación pública de que hubo un daño, de que fue injustificable, de que quien lo ordenó se reconocía indigno de la investidura que había usado para ordenarlo. Fue una verdad performativa: se hizo al ser dicha, y solo pudo hacerse porque las víctimas estaban allí para recibirla.

Las causas: por qué este modelo, y por qué aquí

El encuentro de Sucre no fue una improvisación. En él confluyeron condiciones acumuladas durante más de una década, y su lógica se entiende como trama, no como suma de factores.

La condición más profunda es la existencia previa de un sujeto político colectivo. Las madres de víctimas de falsos positivos venían organizándose desde 2008, y ese trabajo largo —los plantones, las exhumaciones interrumpidas por el Ejército, los expedientes aprendidos a fuerza de leerlos, la construcción de una simbólica propia con la bata blanca primero y luego con la camiseta— fue lo que produjo al interlocutor que se sentaría frente al coronel. La CEV no inventó a las madres; las encontró. El modelo restaurativo colombiano funciona con la víctima como interlocutora porque en Colombia las víctimas de este crimen específico llevaban años constituyéndose como sujeto, y sin esa base la metodología habría sido letra muerta.

Sobre esa base actuó el diseño del Sistema Integral. La existencia de una JEP con capacidad sancionatoria hacía posible que la CEV operara como espacio no judicial sin que ello significara impunidad: los responsables que se sentaban ante las víctimas no compraban con su palabra una liberación de la pena, hablaban en paralelo a un proceso judicial que seguía su curso. Esa arquitectura dual —extrajudicial y judicial simultáneas— es lo que diferencia al modelo colombiano del sudafricano, donde la confesión ante la comisión era la vía de amnistía. En Colombia, el reconocimiento no compraba nada; expresaba algo. Y detrás del diseño mismo había una tradición latinoamericana de justicia transicional: la Ley 975 de 2005, la Ley 1448 de 2011 y una larga discusión pública sobre las víctimas del conflicto habían acumulado un lenguaje, unas categorías y unas expectativas sociales sobre qué debía significar reconocer. Cuando el coronel se sentó frente a las madres, tanto él como ellas operaban dentro de una gramática ya construida.

A esas condiciones estructurales se sumaron otras más contingentes, que operaron como catalizadores. El liderazgo de la CEV bajo Francisco de Roux, con su formación jesuita y su lenguaje ético-religioso, imprimió al proceso una impronta que reforzaba el registro restaurativo sobre el judicial. Un grupo de exoficiales, Rincón Amado entre ellos, aceptó participar en procesos de reconocimiento en un momento en que la JEP investigaba activamente el macrocaso 03 sobre falsos positivos: sin esa disposición no habría habido acto. Y la elección de Sucre —territorio marcado por la violencia armada pero periférico frente a los grandes escenarios mediáticos como Bogotá o Antioquia— permitió que el encuentro se celebrara con una intimidad que en otras localidades habría sido imposible.

Las consecuencias: precedente metodológico y sus límites

Las consecuencias inmediatas del acto fueron simbólicas y locales. Once madres regresaron a sus casas con una escena que no habían tenido antes: alguien que había dado la orden se había sentado frente a ellas, había reconocido el crimen, había expresado vergüenza. Nada de eso les devolvía a sus hijos; ninguna de esas palabras cerraba un duelo. Pero el reconocimiento público tuvo el efecto de invertir, aunque fuera parcialmente, la estigmatización que había recaído sobre los muertos desde 2008: si el responsable admitía que había ordenado matar jóvenes empobrecidos, entonces los hijos no habían sido, después de todo, guerrilleros.

Las consecuencias de mediano plazo se juegan en dos planos. En el plano metodológico, el encuentro de Sucre quedó registrado como uno de los ejemplos de cambio posible bajo los Acuerdos para la Convivencia y el Buen Vivir, y su lógica —la víctima como interlocutora, la vergüenza como moneda, el diálogo cara a cara— alimentó otros procesos de reconocimiento que la CEV desarrolló en los territorios. La JEP, en su tramitación del macrocaso 03, incorporó también diligencias de reconocimiento con presencia de víctimas, en una lógica que hereda del modelo ensayado por la CEV: el responsable no habla en abstracto ante un juez, habla ante quienes perdieron. Esa metodología, hoy replicada en distintos escenarios del posconflicto colombiano, tiene su antecedente reconocible en encuentros como el de julio de 2021 en Sucre.

En el plano político, las consecuencias son más ambiguas y merecen enunciarse sin eufemismos. Los responsables que participaron en procesos de reconocimiento asumieron responsabilidad individual pero no institucional. La versión que sostuvieron —incluso al reconocer el crimen— fue la de las manzanas podridas: decisiones personales, extravíos individuales, no una arquitectura sistémica de incentivos, presiones y silencios. Algunos expresaron sentimientos de soledad y abandono por parte de la institución, quejándose de cargar solos el deshonor mientras la institucionalidad que los había amparado permanecía intacta. El coronel Rincón Amado, al no poder responder sobre modo, tiempo y lugar, y al remitir a una responsabilidad más amplia dentro de la institución sin nombrarla, dejó abierto un hueco que ningún acto restaurativo puede llenar por sí solo: la cadena de mando que dio la orden, la política institucional que produjo los incentivos, los mandos superiores que toleraron o exigieron resultados operacionales.

Ahí está la tensión no resuelta del modelo. El encuentro de Sucre inauguró una metodología restaurativa genuina que el modelo judicial no puede replicar: ningún tribunal habría producido la escena de las once camisetas blancas, la pregunta empática, la confesión de haberse creído dios. Pero al mismo tiempo, al anclar la responsabilidad en el individuo arrepentido, corre el riesgo de personalizar lo que fue estructural. Si el crimen se explica por hombres que se creyeron dioses, la institución que los formó, los premió, los ascendió y luego los abandonó a su suerte queda relativamente protegida. La CEV misma lo cuestionó al preguntar por qué los mandos militares no actuaron a tiempo ante las denuncias, sugiriendo que una rendición de cuentas más amplia sigue pendiente. Esa pregunta es la que el modelo restaurativo, por sí solo, no puede cerrar. Necesita del brazo judicial, de la JEP, de investigaciones ordinarias, para completarse.

Por qué este encuentro sigue importando

Un acto de menos de un día, en una sala de Sucre, con once mujeres y unos pocos oficiales, no debería —en la aritmética habitual de la historia— ocupar un lugar prominente. Importa, sin embargo, por lo que hizo pensable.

Importa porque materializó un modelo colombiano de verdad que no imita ni al sudafricano ni al peruano. En Sudáfrica, la comisión operó como órgano cuasi-judicial que otorgaba amnistía a cambio de confesión. En Colombia, la CEV separó explícitamente el reconocimiento de la sanción: el que habla ante la víctima no compra libertad, expresa daño. Esa separación permite que el registro del acto sea ético antes que transaccional. En Sucre, esa arquitectura tomó forma concreta.

Importa también porque puso a la víctima como sujeto político y no como testigo. La pregunta ¿tienes hijos? con la que las madres abrieron el diálogo no era una pregunta prevista por ningún protocolo institucional: fue una decisión propia, forjada por años de organización, que reorientó el acto entero. El modelo funcionó porque las víctimas ya eran interlocutoras cuando llegaron a la sala, y no porque la Comisión las hubiera convertido en tales. La calidad del reconocimiento depende de la calidad política previa del sujeto que lo recibe.

Importa, por último, porque produjo enunciados que ninguna otra vía habría producido. La frase «nos creíamos dioses» y la constatación de que ni él ni sus compañeros sentían estar haciendo algo reprochable al matar a jóvenes empobrecidos porque nadie preguntaría por ellos permiten leer, con una densidad que ninguna investigación forense alcanza, cómo pensaban los perpetradores en el momento del crimen. Y al mismo tiempo el encuentro dejó lo que no pudo saldar: quién ordenó, por qué se toleró, hasta dónde llegó la cadena. Esa es la tarea abierta del posconflicto colombiano.

Las once madres regresaron a sus casas con las camisetas puestas. En el pecho, los rostros de sus hijos. Habían obtenido menos de lo que merecían y más de lo que Colombia había ofrecido nunca a víctimas como ellas.