El Estallido Social de 2021

El Estallido Social de 2021

Entre el 28 de abril y finales de julio de 2021, Colombia atravesó el ciclo de protesta más extenso, intenso y territorialmente disperso del siglo XXI. Lo que empezó como rechazo puntual al proyecto de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque Márquez se convirtió, en cuestión de días, en un estallido de agravios acumulados. La pandemia, el desempleo juvenil, los incumplimientos del Acuerdo de Paz, la memoria del paro de noviembre de 2019 y la criminalización histórica de la protesta se desplegaron en 862 municipios de los 32 departamentos del país. Cali fue reconocida como "la capital de la resistencia" a los pocos días de iniciadas las movilizaciones. Barrios enteros fueron renombrados: Puerto Resistencia, Portal de la Resistencia, Puente de la Dignidad. Las llamadas primeras líneas, mayoritariamente jóvenes, sostuvieron durante semanas bloqueos y confrontaciones con la fuerza pública. La represión, injustificada y desproporcionada, dejó muertes, torturas y exilios, y erosionó la legitimidad del uribismo hasta contribuir a su derrota en las presidenciales de junio de 2022, cuando Gustavo Petro y Francia Márquez inauguraron el primer gobierno de izquierda de la historia colombiana.

El país que llegó a abril de 2021

Colombia entró en el ciclo con una economía golpeada y una legitimidad institucional en su piso histórico. La pandemia de covid-19 había producido, desde 2020, un retroceso enorme en los avances de superación de la pobreza logrados en los años anteriores. Sobre un país que estructuralmente arrastraba una alta desigualdad —con casi un tercio de la población naciendo y muriendo en pobreza—, el confinamiento sumó desempleo, informalidad y hambre. Las cifras del malestar no eran solo económicas: en julio de 2021, la imagen desfavorable de los partidos políticos alcanzó el 89% según Invamer. Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Semana añadió el reverso: el 53% de los colombianos no se identificaba con ningún partido, y las adhesiones que quedaban se repartían en migajas —11% en el Partido Liberal, 6% en el Centro Democrático, 5% en Colombia Humana—.

El descrédito era el sedimento visible de una crisis más honda. El punto de mayor desconexión del gobierno Duque con la ciudadanía puede rastrearse a mediados de 2019, cuando la respuesta oficial ante el asesinato de líderes sociales y ex-combatientes de las FARC —hecho recurrente durante todo el cuatrienio— fue percibida como indiferente e insuficiente. El propio Acuerdo de Paz, firmado en 2016, arrastraba un déficit de legitimidad que la victoria de Duque en 2018 había profundizado: había sido elegido sobre una plataforma que prometía desmantelarlo o modificarlo sustancialmente. Y en noviembre de 2019, Colombia ya había vivido un primer paro nacional que instaló un vocabulario, unas rutinas de movilización y una memoria de agravios —incluida la muerte del joven Dilan Cruz por disparo de un agente del Esmad— que se reactivarían año y medio después.

Al cuadro se le añadió, en abril de 2021, una chispa muy concreta: el proyecto de reforma tributaria presentado por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. La propuesta ampliaba impuestos indirectos como el IVA sin cerrar antes las brechas en tributación directa ni reducir la corrupción, lo que la volvía regresiva: cargaba más sobre los sectores vulnerables justo cuando la pandemia los había empujado al borde. En un país donde el 89% desconfiaba de los partidos y donde la pobreza recién agravada tocaba a millones de hogares, pedir más IVA a los alimentos y ampliar la base gravable de los servicios sonó, para amplios sectores, a provocación. El paro nacional se convocó para el miércoles 28 de abril.

Del rechazo tributario al estallido

Las primeras marchas del 28 de abril superaron todos los cálculos oficiales. La convocatoria, impulsada por el Comité Nacional del Paro —central de organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales—, desbordó rápidamente a sus propios promotores. En decenas de ciudades salieron a la calle sectores que no respondían a ninguna estructura clásica de movilización: jóvenes de barrios populares, trabajadores informales, madres cabeza de familia, estudiantes de secundaria. La movilización se instaló en 862 municipios de los 32 departamentos, con concentraciones, marchas, bloqueos y asambleas que alteraron la rutina de vías, plazas y parques. No fue una protesta metropolitana ni un fenómeno de clase media urbana: fue un tejido nacional que combinó paros de transporte, cortes de ruta, cacerolazos nocturnos y ocupaciones prolongadas de puntos estratégicos.

Ante la magnitud del rechazo, Duque retiró el proyecto tributario el 2 de mayo, y Carrasquilla renunció al día siguiente. Pero para entonces, la reforma ya había dejado de ser el asunto: el paro había mutado. La represión policial de los primeros días —especialmente violenta en Cali— produjo muertos y heridos, y las imágenes de esa represión, difundidas en tiempo real por redes sociales, transformaron la protesta económica en protesta contra el gobierno mismo. A la lista de reclamos se sumaron el desmonte del Esmad, la renta básica de emergencia, la matrícula cero en universidades públicas, la implementación del Acuerdo de Paz y el cese de los asesinatos de líderes sociales. El diálogo entre el Comité del Paro y el gobierno se abrió y se cerró varias veces sin acuerdos sustantivos, y las movilizaciones se sostuvieron durante mayo, junio y buena parte de julio.

El desplazamiento del centro de gravedad hacia Cali fue el hecho geográfico decisivo. A los pocos días del inicio, la ciudad ya era llamada "la capital de la resistencia". Los puntos de bloqueo se instalaron en Siloé, en Puerto Resistencia —el antiguo Puerto Rellena, rebautizado por los manifestantes—, en la Loma de la Cruz y en el Paso del Comercio, y se convirtieron en escenarios cotidianos de confrontación con el Esmad, la Policía y el Ejército. En Bogotá, el Portal de las Américas de TransMilenio pasó a llamarse Portal de la Resistencia; en Usme, un puente peatonal fue rebautizado Puente de la Dignidad. Los nombres importaban: en cada rebautizo había una operación política de apropiación del espacio, una declaración de que esos puntos ya no eran meros nodos de infraestructura sino territorios en disputa.

El Valle del Cauca fue el epicentro sostenido. Además de Cali, un cinturón de municipios vecinos combinó bloqueos urbanos, cortes en corredores logísticos y paros portuarios en Buenaventura. Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Pereira y Popayán tuvieron ciclos de movilización intensos, pero ninguna otra ciudad concentró tantos puntos de resistencia prolongada, tanta represión estatal y tanta densidad simbólica como Cali. Que la ciudad con mayor población afrocolombiana absoluta del país fuera el epicentro respondía a una lógica: era la expresión concentrada de una geografía de exclusión étnica y territorial que el paro puso al desnudo.

La juventud, la primera línea y las redes de acompañamiento

El actor social decisivo del estallido fue una juventud que actuó, en buena medida, al margen de las organizaciones sindicales y partidarias tradicionales. Las llamadas primeras líneas —grupos de manifestantes que se ubicaban al frente de las marchas para contener la embestida del Esmad con escudos improvisados— nacieron en ese contexto como forma de autoprotección colectiva. Su composición era mayoritariamente juvenil y popular. Sus repertorios —el uso de escudos, gafas de natación contra los gases, la coordinación por barrios y por cuadras— configuraron un lenguaje político inédito, que no cabía ni en la iconografía del sindicalismo clásico ni en la del movimiento estudiantil universitario tradicional.

El protagonismo juvenil tenía detrás una historia larga de criminalización. Entre enero de 2000 y febrero de 2018 se abrieron más de 11.000 casos por rebelión o terrorismo contra jóvenes de entre 15 y 25 años en Colombia. El 33,6% de esos casos —4.155— no llegó siquiera a una investigación formal; solo el 8,1% (853 casos) alcanzó la etapa de juicio, y apenas 491 personas fueron halladas culpables. No se logró demostrar la culpabilidad del 95% del total de jóvenes acusados. La cifra dibuja un patrón: durante casi dos décadas, miles de jóvenes fueron judicializados por rebelión o terrorismo sin sustento probatorio suficiente, en un uso del sistema penal como dispositivo de disuasión y control de la protesta. Cuando en abril de 2021 esos jóvenes —o sus hermanos menores— salieron a las calles, no lo hicieron desde una experiencia abstracta con la fuerza pública, sino desde una memoria familiar y barrial muy concreta.

La memoria también tenía sus mártires. Nicolás Neira, de 15 años, fue golpeado por agentes del Esmad durante la manifestación del 1° de mayo de 2005 en Bogotá y murió pocos días después a consecuencia de las heridas. Su nombre, junto al de Dilan Cruz en 2019, funcionó durante el paro como recordatorio de que la represión letal contra jóvenes en manifestaciones no era una anomalía del gobierno Duque sino un patrón sostenido en el tiempo.

Alrededor de las primeras líneas se tejió una red de acompañamiento que fue tan característica del ciclo como la protesta misma. Colectivos de derechos humanos siguieron a los jóvenes detenidos, subiéndose a los camiones de traslado policial para verificar que no se violaran sus derechos y registrar las condiciones de detención. Atendieron heridos con primeros auxilios en los propios puntos de confrontación, y denunciaron la infiltración de personas armadas sin uniforme dentro de las movilizaciones. Ese trabajo —que también se había hecho en manifestaciones del Primero de Mayo en años previos— permitió que muchas de las violaciones cometidas durante el paro salieran a la luz pública en tiempo real.

La represión y la crisis internacional

La respuesta estatal al paro combinó al Esmad, a la Policía Nacional y, en varios momentos, al Ejército. El ministro de Defensa, Diego Molano, sostuvo un discurso oficial que atribuía la violencia en las calles a la infiltración de grupos armados ilegales, una narrativa que replicaba el marco discursivo tradicional del uribismo: la protesta como fachada de la subversión. El marco tiene antecedentes claros. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las investigaciones de organismos de derechos humanos sobre abusos de la fuerza pública fueron descalificadas sistemáticamente como estrategia de la guerrilla. Estudiantes universitarios y de secundaria fueron asesinados en manifestaciones pacíficas convocadas contra la privatización de la educación —el caso de Nicolás Neira es el emblema— y las guerrillas, por su parte, intentaron cooptar e instrumentalizar los escenarios de protesta social, contribuyendo a desvirtuar los métodos y objetivos de la lucha estudiantil y profesoral. El resultado histórico fue una zona de indeterminación en la que la protesta legítima quedaba permanentemente bajo sospecha, y en la que la represión encontraba coartada discursiva.

En 2021, la coartada operó de nuevo, pero ya no en el entorno mediático que la había hecho funcionar durante los años de Uribe. Las cámaras de los celulares, las transmisiones en vivo desde los puntos de bloqueo y la circulación internacional de imágenes convirtieron cada abuso en evidencia pública. Los puntos de mayor confrontación en Cali —Siloé, Puerto Resistencia, la Loma de la Cruz, el Paso del Comercio— y en Bogotá —el Portal de la Resistencia, el Puente de la Dignidad en Usme, el Portal de Suba— se volvieron nombres reconocibles no solo dentro del país. Las denuncias de muertes, torturas y exilios se acumularon, y el gobierno enfrentó un desgaste internacional creciente. La represión, injustificada y desproporcionada, ocurrió además en un contexto complejo: hubo bloqueos prolongados de vías con impacto humanitario en el suministro de alimentos y medicinas, y hubo vandalismo por parte de algunos manifestantes. Pero esos factores, aun señalados, no compensaron el saldo humano de la respuesta estatal.

El alcalde de Cali durante el paro fue Jorge Iván Ospina; el de Medellín, Daniel Quintero. Ambos, con matices distintos, intentaron distanciarse del manejo del gobierno nacional, en un gesto que anticipaba la fractura política que el paro estaba abriendo entre el poder central y buena parte de las administraciones locales de las grandes ciudades.

Cali, la geografía étnica del estallido

Que Cali fuera el epicentro sostenido no puede leerse solamente como accidente de la coyuntura. Colombia es el segundo país latinoamericano, después de Brasil, por tamaño de su población negra: cerca de 7,8 millones de afrocolombianos —alrededor del 18% de la población total—, con una mayoría que vive en zonas urbanas. Cali concentra la mayor población afrocolombiana absoluta del país, y la subregión sur del Valle del Cauca alberga a más de la mitad de la población departamental, con un porcentaje significativo de afrodescendientes. El departamento cuenta además con una red de resguardos indígenas donde viven miles de personas de los pueblos Embera, Nasa y Wounaan, presentes en municipios como Cali, Jamundí, Buenaventura y Dagua.

Esa demografía se cruza con una geografía de exclusión que el paro visibilizó. Los puntos de resistencia —Siloé encaramado en las laderas orientales, Puerto Resistencia en el oriente popular, el Paso del Comercio como corredor de entrada de la ciudad— son barrios donde la marginación urbana tiene rostros específicos: migrantes internos, población desplazada del Pacífico, comunidades negras e indígenas empujadas a la ciudad por décadas de guerra y despojo. Cuando esos barrios se levantaron, no protestaban solo contra el IVA de Carrasquilla: reclamaban un lugar en un orden que los había producido como periferia. La minga indígena, que había ganado protagonismo nacional en años previos y que acudió a Cali en apoyo del paro, tradujo ese reclamo territorial a un lenguaje explícitamente étnico, y sufrió, en algunos episodios, ataques armados por parte de civiles no identificados que dispararon contra sus caravanas.

Los movimientos populares colombianos no se limitan a reclamar inclusión en el orden existente: exigen transformar las fronteras, prácticas y horizontes de sentido del orden social que produce la marginación. En Cali, en 2021, la exigencia dejó de ser una consigna abstracta y se materializó en el control temporal de puntos de la ciudad, en la creación de asambleas populares en los barrios, en la asignación de nuevos nombres a espacios cuyo nombre oficial había dejado de tener autoridad.

Las causas: lo estructural y lo detonante

Separar lo que produjo el estallido exige distinguir con cuidado entre el suelo largo y la chispa. El suelo largo era la desigualdad crónica, el patrón de criminalización de la protesta juvenil, la represión letal cuyos marcadores son Nicolás Neira en 2005 y Dilan Cruz en 2019, el déficit crónico de legitimidad de los partidos, la desconexión del gobierno Duque frente al asesinato de líderes sociales y la crisis de implementación del Acuerdo de Paz. La chispa fue la superficie más reciente: la pandemia de covid-19, que desde 2020 revirtió avances de reducción de pobreza y arrojó a millones de hogares a la precariedad; el paro de noviembre de 2019, que dejó repertorios de movilización y estructuras organizativas activas; y, como detonante concreto, la reforma tributaria de Carrasquilla, cuya arquitectura regresiva resultó insostenible en un país cuya base social ya estaba agotada.

Reducir el paro a una reacción tributaria es empobrecerlo. Pero también lo es explicarlo solo por lo estructural, como si el detonante fuera arbitrario: la reforma Carrasquilla tocó exactamente los puntos que la pandemia había hecho más sensibles —los alimentos, los servicios básicos, el consumo popular— y por eso funcionó como catalizador. La particularidad del ciclo de 2021 fue la conjunción: un país cuya legitimidad institucional estaba en el 11%, una juventud con memoria familiar de criminalización, una pandemia que había multiplicado la pobreza, un Acuerdo de Paz incumplido, y una reforma que pedía más a quienes menos tenían.

Las consecuencias inmediatas: el gobierno Duque en su punto más bajo

El desenlace del ciclo fue ambiguo en lo institucional y contundente en lo político. El Comité Nacional del Paro y el gobierno no llegaron a un acuerdo integral. Muchas de las demandas quedaron sin resolver, y las movilizaciones se disolvieron a lo largo de julio más por agotamiento y por la propia dinámica de desgaste que por una salida negociada. La reforma tributaria fue retirada y reemplazada más tarde por una versión más moderada; Carrasquilla salió del gabinete; y las reformas al Esmad y a la Policía prometidas no llegaron a materializarse en cambios estructurales durante el gobierno Duque.

Pero el saldo político fue devastador para el uribismo. El gobierno terminó el paro con niveles de aprobación mínimos, un desgaste internacional considerable y una imagen indeleble de represión desproporcionada. La narrativa de la protesta como fachada subversiva —eficaz en la era de Uribe— no logró contener el flujo de imágenes de violencia policial que circularon durante semanas. Y las regiones donde la represión fue más aguda —el Valle del Cauca, en primer lugar— quedaron políticamente marcadas: sus poblaciones habían visto morir a los suyos en las calles, y esa memoria se traduciría, meses después, en comportamiento electoral.

Las consecuencias de largo plazo: el camino al Pacto Histórico

La proyección política del paro sobre las elecciones de junio de 2022 es innegable, aunque conviene medirla con cuidado. La victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez inauguró el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Márquez, activista ambiental galardonada en 2018 con el Premio Goldman por su oposición a la minería de oro ambientalmente degradante en el suroeste colombiano, se convirtió en la primera vicepresidenta afrocolombiana del país. La coalición progresista que los llevó al poder se identificó como de izquierda y defendió a los sectores más marginalizados de la sociedad colombiana, incluidos afrocolombianos e indígenas, construyendo sobre la plataforma de justicia social de Márquez.

Sería, sin embargo, una simplificación leer la victoria como consecuencia directa del paro. Los datos de julio de 2021 mostraban que solo el 5% de los colombianos se identificaba con Colombia Humana, y que el 53% no se identificaba con ningún partido: el ánimo del electorado era más de rechazo difuso al sistema que de conversión ideológica hacia una fuerza específica. La proliferación de candidaturas presidenciales por firmas —al margen de los partidos— fue interpretada como indicador del desprestigio partidario, aunque varios de esos precandidatos venían del propio establecimiento y habían militado previamente en partidos políticos. La crisis de representación era transversal, no unívocamente favorable a la izquierda.

Lo que el paro sí hizo fue acelerar y amplificar procesos de largo aliento. La victoria del Pacto Histórico se construyó sobre décadas de movilización de comunidades afrocolombianas e indígenas, sus luchas por justicia racial, derechos territoriales y paz. Francia Márquez no surgió del paro: venía de una trayectoria de dos décadas de activismo en el Cauca y el Valle. Petro tampoco: era una figura política nacional con recorrido de más de treinta años. Lo que el estallido produjo fue una condición de recepción distinta. Un país que había visto a su gobierno responder con violencia a un reclamo mayoritario, que había visto a la juventud popular organizarse fuera de los circuitos tradicionales, y que había visto a Cali y a las comunidades afrocolombianas ocupar el centro de la escena nacional. La reconfiguración del clima político hizo posible que la candidatura Petro-Márquez —con su composición étnicamente inédita y su plataforma explícitamente vinculada a las luchas territoriales— resonara con una intensidad que dos años antes habría sido inimaginable.

El paro fue catalizador y amplificador de una acumulación política más larga, no causa suficiente de la victoria de 2022. Pero sin él —sin la desnudez con que expuso la incapacidad del gobierno para procesar el conflicto social por vías distintas de la represión, sin la deslegitimación pública que produjo del uribismo, sin la irrupción de una geografía étnica y juvenil que reordenó los referentes del debate político— la ecuación electoral de 2022 habría sido otra.

Legados y asuntos pendientes

El estallido de 2021 dejó al país tres legados encadenados. El primero fue la prueba empírica del techo del uribismo. El gobierno Duque intentó gestionar una crisis social mayoritaria con las herramientas discursivas y policiales que le habían funcionado a Uribe en la década de 2000, y esas herramientas fallaron. La circulación de imágenes en tiempo real, la presión internacional en materia de derechos humanos y el agotamiento del marco de la protesta-como-subversión dejaron al descubierto los límites de una forma de gobernar que había definido dos décadas de política colombiana. No fue el reemplazo de un discurso por otro: fue la constatación de que el viejo repertorio ya no alcanzaba para contener el conflicto social.

La constatación abrió el espacio para la segunda transformación: la irrupción, en el centro del imaginario político nacional, de sujetos que antes ocupaban su margen. Los jóvenes de Siloé, de Puerto Resistencia, del Portal de la Resistencia; las mujeres afrocolombianas del Cauca y del Valle; las comunidades indígenas del suroccidente. Todos dejaron de ser figuras subalternas del relato colombiano para convertirse en protagonistas nombrables, con territorios propios, con lenguajes propios, con memoria política propia. La distancia entre esa irrupción y la vicepresidencia asumida un año después por una mujer afrodescendiente formada en las luchas ambientales del norte del Cauca es más corta de lo que parece: fue el paro el que abrió el canal por el que esa biografía pudo llegar hasta allí.

El tercer legado es una advertencia sobre lo que no se transforma con un ciclo de protesta ni con una elección. La desigualdad estructural, el asesinato de líderes sociales, la fragilidad del Acuerdo de Paz, la criminalización de la juventud popular: nada de eso se resolvió. El estallido fue una eclosión, no una solución. Los mismos jóvenes que sostuvieron las primeras líneas siguen siendo, en 2024 y 2025, blanco privilegiado de la violencia estatal y paraestatal en las periferias urbanas. Los mismos territorios afrocolombianos e indígenas que salieron a la calle siguen padeciendo asesinatos selectivos, desplazamiento y despojo. La irrupción política no canceló la geografía de exclusión que la había hecho posible.

En los mapas de la historia reciente de Colombia, el paro de 2021 marcará el momento en que una crisis larga de legitimidad encontró finalmente su lenguaje visible. Cali como capital de una resistencia económica, étnica y generacional a la vez. Puerto Resistencia como topónimo popular que sobrescribió al oficial. Las primeras líneas como forma de acción colectiva sin antecedente exacto en el país. Y, al fondo, una constancia incómoda: la periferia ocupó el centro durante tres meses de 2021, lo suficiente para reordenar el debate nacional y llevar a una mujer negra del norte del Cauca a la vicepresidencia, pero no lo suficiente para dejar de ser periferia. La brecha entre lo que el paro cambió y lo que sigue intacto es el asunto pendiente que la política colombiana no ha terminado de tramitar.