Paro nacional del 21 de noviembre de 2019 (21N)

El paro nacional del 21 de noviembre de 2019

El 21 de noviembre de 2019 —conocido desde entonces como 21N— cientos de miles de personas salieron a las calles en las principales ciudades de Colombia en la mayor jornada de protesta convocada en décadas. Lo que se anunció semanas antes como un paro cívico nacional contra un paquete de reformas económicas y sociales del gobierno de Iván Duque Márquez terminó siendo un ciclo de movilización sostenido durante casi cuatro meses, con marchas casi diarias en Bogotá, cacerolazos nocturnos en barrios de clase media, asambleas populares en el sur de la capital y una coalición sindical, estudiantil, campesina, indígena y de pensionados que se agrupó en el Comité Nacional del Paro. El ciclo se cerró abruptamente en marzo de 2020 con la irrupción del COVID-19, pero no se disolvió: sus repertorios, sus lugares y su pliego alimentaron el estallido del 28 de abril de 2021. El 21N marcó el momento en que la protesta social colombiana dejó atrás la lógica reivindicativa fragmentada de finales del siglo XX para articular, por primera vez en el siglo XXI, una impugnación transversal al gobierno de turno y, con él, al régimen de representación política.

El mundo del que brota el 21N

Iván Duque asumió la presidencia el 7 de agosto de 2018 en circunstancias que anunciaban tensión. Llegó al Palacio de Nariño sin experiencia previa como ministro, gobernador o alcalde, en contraste con predecesores como Ernesto Samper, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos o Andrés Pastrana, y su elección se sostuvo sobre el respaldo decisivo de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático. La campaña había prometido eliminar o modificar sustancialmente el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno Santos y las FARC, y esa promesa condicionó desde el primer día la relación del nuevo gobierno con la implementación de lo pactado.

La implementación del Acuerdo fue limitada durante los primeros años del gobierno Duque. La administración se opuso a medidas concretas como las curules especiales para víctimas en el Congreso, y el Centro Democrático mantuvo una presión constante para excluir a la guerrilla desmovilizada de la competencia política, con el argumento de que sus miembros debían cumplir penas de cárcel antes de ocupar escaños. El partido de gobierno impulsó además, con respaldo del presidente, una campaña que señalaba a excombatientes como violadores de menores y promovía penas drásticas, lo que se interpretó como un ataque indirecto a su participación política.

Sobre ese fondo se acumulaban tres crisis simultáneas. La del propio Acuerdo: el 29 de agosto de 2019, Iván Márquez y otros veinte excombatientes, entre ellos Jesús Santrich, anunciaron su retorno a las armas con la acusación de que el gobierno había traicionado lo firmado en La Habana. La del asesinato sistemático de líderes sociales, cuyas cifras siguieron creciendo sin que el Estado produjera política capaz de revertir la tendencia; el caso emblemático fue el de María del Pilar Hurtado, asesinada en Tierralta, Córdoba, en junio de 2019, mientras el presidente tuiteaba desde un foro publicitario en Cannes: la imagen de desconexión pegó y no se desprendió. Y una tercera, más difusa pero más corrosiva: un descrédito institucional generalizado. La imagen desfavorable de los partidos políticos alcanzaría el 89% según Invamer en julio de 2021, indicador de un desprestigio que en 2019 ya era abismal y atravesaba por igual a gobiernos, congresos y liderazgos de todos los signos.

Ese descrédito coexistía con un fenómeno más profundo: la exclusión múltiple y sistemática de millones de ciudadanos que no se sentían representados por los canales electorales formales, que no estaban ceduladas o que no creían que su voto pudiera cambiar algo. La firma del Acuerdo de Paz había producido, a la vez, dos efectos convergentes. Por un lado, reabrió el espacio para otras demandas de la sociedad civil, largamente aplastadas bajo la lógica de la guerra. Por otro, desactivó —al menos parcialmente— la estigmatización guerrillera de la acción colectiva, ese reflejo que durante décadas permitió tratar cualquier protesta como fachada del enemigo. Los años posteriores a 2016 vieron, en consecuencia, un incremento sostenido de la conflictividad social.

Faltaba, sin embargo, una pieza organizativa. Y esa pieza la puso el movimiento estudiantil.

El laboratorio de 2018

En octubre de 2018, apenas dos meses después de la posesión de Duque, los estudiantes de las universidades públicas iniciaron un paro que se convertiría en el mayor movimiento estudiantil en al menos una década. El 10 de octubre de 2018, una marcha multitudinaria reunió por primera vez en muchos años a estudiantes de universidades públicas y privadas al unísono, en un gesto que anticipaba la lógica de coalición amplia del ciclo posterior.

El movimiento estudiantil no llegó con una consigna, sino con un pliego. Diez puntos de exigencias nacionales que rebasaban el problema presupuestal para tocar el diseño de la educación superior: condonación de deudas del Icetex y del programa Ser Pilo Paga, congelamiento de matrículas en universidades privadas, aumento del 100% para Colciencias, pago de la deuda histórica del Estado con las instituciones de educación superior. Los organizadores confrontaron el argumento oficial de que la inversión total en educación había crecido con un dato incómodo: la reducción relativa del presupuesto asignado a universidades públicas como porcentaje del gasto educativo total.

El gobierno intentó primero negar la crisis. La estrategia fracasó por la envergadura y sostenimiento del paro, y por su capacidad para producir marchas multitudinarias que obligaron a abrir una mesa. Lo que se ensayó durante esas semanas fue un repertorio: alianzas con profesores, padres de familia y egresados; uso de la consulta y la movilización masiva; una estructura de vocerías que permitía negociar sin fragmentarse. La lección de 2018 no fue ganar todo lo que se pedía —los acuerdos alcanzados fueron parciales— sino demostrar que un pliego amplio podía sostenerse en el tiempo y que la coordinación intersectorial era técnicamente posible.

Ese aprendizaje quedó disponible. Cuando en 2019 se abrió la ventana para un paro cívico nacional, muchos de los cuadros y muchas de las asambleas del movimiento estudiantil ya estaban en pie. No hubo que empezar de cero.

La convocatoria y la coalición

El anuncio del paro para el 21 de noviembre de 2019 surgió de una convergencia gradual entre las centrales obreras —encabezadas por la CUT, cuya presidencia ejercía Diógenes Orjuela, y con figuras como Francisco Maltés en la coordinación—, el movimiento estudiantil, organizaciones campesinas e indígenas, gremios de pensionados y colectivos ciudadanos. La coalición se agrupó bajo el nombre de Comité Nacional del Paro, y su composición fue desde el inicio deliberadamente heterogénea. No era un paro obrero clásico, ni una toma estudiantil, ni una minga indígena: era una asamblea de coaliciones parciales que compartían un adversario común y una desconfianza estructural.

El pliego que se fue configurando en las semanas previas reunía demandas que en otras coyunturas habrían circulado por separado. Contra el llamado "paquetazo" —un conjunto de reformas económicas atribuidas al gobierno y al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que incluían iniciativas sobre pensiones, régimen laboral y contratación juvenil—; contra el asesinato sistemático de líderes sociales; por la implementación plena del Acuerdo de Paz; contra la política ambiental del gobierno, en particular el fracking y los proyectos extractivos en territorios comunitarios; por el cumplimiento de acuerdos previos con estudiantes, indígenas, campesinos y sectores gremiales.

La lectura del gobierno fue defensiva desde el principio. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el propio presidente intentaron desactivar la convocatoria mediante una "conversación nacional" anunciada para después del paro y mediante la amplificación mediática de amenazas de infiltración violenta. En los días previos al 21N se produjeron allanamientos a colectivos artísticos y sedes de organizaciones sociales en Bogotá y otras ciudades, y se desplegó un discurso oficial sobre supuestos planes de vandalismo. Lejos de disuadir, la operación tuvo el efecto contrario: convirtió el 21N en una prueba de dignidad ciudadana. La imagen de un gobierno que trataba la protesta como amenaza —y no como interlocutor— se instaló antes de la primera marcha.

Había un dato de fondo que hacía particularmente frágil la posición oficial. No existía, en 2019, un espacio institucional para el diálogo con los sectores marginalizados equivalente al que se había habilitado con las FARC en La Habana. El gobierno invitaba a algunos líderes al Palacio, pero no para escucharlos sino para imponer su visión. La calle era, para amplios sectores, el único canal de interlocución disponible.

El 21 de noviembre y las semanas siguientes

La jornada del 21 de noviembre superó las previsiones más optimistas de sus organizadores. En Bogotá, columnas enormes descendieron por la carrera Séptima hacia la Plaza de Bolívar; hubo concentraciones en el Parque Nacional, en la Plaza de Toros y en múltiples nodos barriales. En Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Popayán las marchas ocuparon centros históricos y avenidas principales. Participaron sindicatos, universidades, colegios, iglesias, colectivos culturales, gremios de artistas, comunidades indígenas del suroccidente, organizaciones LGBTIQ+, colectivos feministas, pensionados. La composición desbordó cualquier categoría gremial previa.

El día terminó con reportes de vandalismo en algunos puntos —hechos aislados que la comunicación gubernamental amplificó— y con la decisión del alcalde saliente de Bogotá, Enrique Peñalosa, de declarar toque de queda esa noche, el primero en la ciudad en más de treinta años. La medida, en lugar de contener, encendió. Esa noche del 21 al 22 de noviembre, en decenas de barrios de Bogotá —desde Chapinero hasta Suba, desde Kennedy hasta Ciudad Bolívar— surgió espontáneamente un cacerolazo masivo, con vecinos golpeando ollas desde ventanas y balcones. La imagen sonora se replicó en Medellín, Cali y otras ciudades. El cacerolazo, hasta entonces un repertorio secundario en la protesta colombiana, se instaló esa noche como forma central del ciclo: barato, distribuido, imposible de reprimir, capaz de convertir cada barrio en un punto de protesta simultáneo.

Los días siguientes consolidaron el paro como jornada continuada y no como pico aislado. El 22 y el 23 de noviembre se sucedieron marchas y concentraciones. El 23 de noviembre, en el centro de Bogotá, un proyectil disparado por un agente del ESMAD impactó en la cabeza a Dilan Cruz, un joven de 18 años que participaba en una manifestación cerca de la carrera Séptima. Cruz murió el 25 de noviembre. Su nombre se volvió inmediatamente el símbolo del ciclo: la evidencia, en un solo cuerpo, de que la respuesta estatal a la protesta ciudadana seguía siendo el escuadrón antidisturbios, con todo lo que ese cuerpo cargaba de historia.

Porque el ESMAD no era una anomalía. Su patrón de intervención se había cristalizado en episodios como la muerte de Nicolás Neira, un joven de 15 años herido gravemente por agentes del escuadrón durante la manifestación del 1° de mayo de 2005 y fallecido el 6 de diciembre de ese mismo año. La huelga cívica de Buenaventura en 2017 había registrado la aparición del ESMAD poco después de que la delegación del gobierno se retirara de la mesa de negociación. En la Universidad del Valle, agentes del escuadrón habían permanecido ocultos en el campus tras un plantón y disparado cuando los estudiantes intentaban retirarse. La institución tenía un modo de operar, y el 23N lo repitió.

Detrás del uniforme y el gas había un archivo judicial. Entre enero de 2000 y febrero de 2018 se abrieron más de 11.000 casos por rebelión o terrorismo contra jóvenes de 15 a 25 años en Colombia; solo 491 terminaron en condena. Nueve de cada diez expedientes eran, en la práctica, expedientes vacíos: capturas de madrugada, meses de detención preventiva, prensa que replicaba la versión del ente acusador, y luego el silencio de una absolución que ya no reparaba nada. La judicialización era menos un mecanismo de justicia que un dispositivo de intimidación de baja intensidad sobre una generación entera, y ese archivo caminaba con los jóvenes que salieron a la Séptima el 21 de noviembre.

Entre el 23 de noviembre y los primeros días de diciembre, la protesta ganó capas. Aparecieron asambleas populares en parques y plazas de Bogotá, Medellín y Cali, donde vecinos sin experiencia previa en organización política discutieron pliegos locales. La protesta cultural desbordó lo simbólico: conciertos improvisados en la Plaza de Bolívar, intervenciones de orquestas sinfónicas frente a la Universidad Nacional, performances, proyecciones de video sobre fachadas de edificios en el centro. La producción de imágenes fue masiva, y el uso del cacerolazo, los cánticos y las intervenciones en el espacio urbano configuró una dimensión estética de la protesta sin paralelo en ciclos anteriores.

Claudia López, elegida alcaldesa de Bogotá el 27 de octubre de 2019 y aún sin posesionarse, intentó posicionarse como interlocutora del movimiento en la capital, en contraste con la línea dura de Peñalosa. La tensión entre alcaldías y gobierno nacional, que se profundizaría en 2020, empezó a dibujarse en esas semanas.

El 27 de noviembre se produjo una masiva marcha de silencio en homenaje a Dilan Cruz. El 4 de diciembre, el Comité Nacional del Paro convocó una nueva jornada nacional que reunió de nuevo a cientos de miles en las principales ciudades. La mesa entre el Comité y el gobierno se instaló, se rompió, se reinstaló. Duque anunció la "Gran Conversación Nacional", que el Comité rechazó por considerarla una maniobra dilatoria: una serie de mesas temáticas convocadas por el propio gobierno, sin representación efectiva de los sectores movilizados y sin capacidad vinculante. La negociación formal entre el Comité del Paro y el gobierno avanzó apenas.

Diciembre y enero vieron marchas más pequeñas pero sostenidas. El 21 de enero de 2020 se convocó una nueva jornada nacional, con menor asistencia que noviembre pero con presencia significativa en las principales ciudades. Durante febrero, el ciclo se sostuvo en la lógica de asambleas barriales, movilizaciones sectoriales y cacerolazos periódicos. La mesa con el gobierno seguía instalada sin producir resultados.

En marzo de 2020, la irrupción del COVID-19 y el decreto de cuarentena nacional cerraron el espacio físico de la protesta. El ciclo se congeló, pero no se resolvió: ninguna de las demandas del pliego había sido atendida, la mesa había fracasado, y el saldo humano —Dilan Cruz como caso emblemático, decenas de heridos, detenidos y estigmatizados— se sumó a los agravios previos en vez de disolverlos.

Las causas: estructura y detonante

El 21N no tuvo una causa única, y reducirlo al paquete de reformas económicas del gobierno Duque falsifica el fenómeno. Hubo, sí, un detonante coyuntural: el conjunto de iniciativas atribuidas al Ministerio de Hacienda de Carrasquilla en materia pensional, laboral y de contratación juvenil, que operó como pretexto articulador para una convocatoria que necesitaba un enemigo concreto. Sin ese paquete, el pliego habría tenido más dificultades para unificarse; con él, la convergencia se produjo casi por gravedad.

Pero las causas estructurales estaban en otra parte, y se sostenían unas a otras como un trípode. Estaba, para empezar, la crisis de legitimidad del gobierno Duque: un origen electoral marcado por la tutela de Uribe, una implementación limitada del Acuerdo de Paz, la indiferencia performativa de Cannes frente al asesinato de líderes sociales, una relación tensa con la justicia transicional y una gestión económica leída como continuidad neoliberal sin correctivos sociales. A esa crisis de gobierno se le enroscaba una crisis más grande, la del régimen: un 89% de imagen desfavorable de los partidos políticos no es un dato coyuntural, es un diagnóstico. Y por debajo de ambas corría la fractura decisiva, la exclusión estructural de amplios sectores urbanos del canal electoral: jóvenes no cedulados, informales, habitantes de periferias que hacía tiempo no encontraban en el voto un mecanismo de cambio y que en noviembre encontraron una calle.

Sobre esas condiciones estructurales operó un elemento habilitador: la firma del Acuerdo de Paz había desactivado, al menos en parte, el reflejo de estigmatizar la protesta como fachada guerrillera. Movilizarse en 2019 era menos peligroso simbólicamente que hacerlo en 2005 o en 1995. La conflictividad social se había incrementado en Colombia desde 2016, y el 21N fue el punto en que esa acumulación difusa encontró forma coordinada.

Y sobre todo eso operó el aprendizaje organizativo del movimiento estudiantil de 2018: los cuadros, los pliegos multidemanda, las estructuras de vocería, la lógica de coalición intersectorial. El Comité Nacional del Paro no se inventó en octubre de 2019; se ensambló con piezas que ya estaban ensayadas. Sin la crisis estructural de legitimidad, ningún repertorio organizativo habría producido el 21N; pero sin el laboratorio de 2018, la crisis habría estallado en formas más fragmentadas y menos sostenidas.

Vale una perspectiva más larga. La protesta cívica nacional coordinada tiene en Colombia una genealogía que comienza con el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977, convocado por las centrales obreras bajo un programa común de ocho puntos y organizado a través del Consejo Nacional Sindical. Aquel paro reunió sectores heterogéneos —desde organizaciones de izquierda hasta liberales, conservadores ospinistas, juntas comunales, educadores y estudiantes universitarios—, en un pliego que incluía aumento salarial del 50%, levantamiento del estado de sitio, congelamiento de precios de primera necesidad, derogatoria del Estatuto Docente, entrega de tierra a campesinos, jornada laboral de ocho horas, supresión de decretos sobre el Seguro Social y abolición de la reforma administrativa que afectaba a trabajadores estatales. La lógica de coalición amplia con pliego multidemanda tenía, entonces, cuarenta años de tradición en Colombia. Lo que el 21N añadió fue la incorporación masiva de sectores urbanos no sindicalizados —jóvenes de clase media, artistas, feministas, colectivos ambientales— y la centralidad de repertorios simbólicos y culturales sobre los repertorios laborales clásicos.

Los paros cívicos regionales de las décadas siguientes —el movimiento cívico del oriente antioqueño con epicentro en San Carlos contra las hidroeléctricas, el paro del nororiente colombiano del 7 de junio de 1987, el paro del suroccidente en noviembre de 1999 sustentado en los planes participativos Pladamasur y Plademaco del Macizo Colombiano— habían construido un mapa de la protesta territorial que el 21N recogió y reescaló. La huelga cívica de Buenaventura de 2017, con su repertorio de asambleas y su enfrentamiento con el ESMAD, fue el ensayo local del 21N.

Consecuencias inmediatas y de largo plazo

En lo inmediato, el 21N no produjo los cambios de política que el Comité del Paro exigía. Las reformas económicas fueron parcialmente ajustadas, la mesa de negociación se estancó, y la "Gran Conversación Nacional" del gobierno no derivó en acuerdos vinculantes. En el sentido estricto de la eficacia reivindicativa, el paro fracasó.

Pero sus consecuencias operaron en otro plano. Primero, instaló un repertorio: el cacerolazo nocturno, la asamblea barrial, la intervención cultural en el espacio público, el renombramiento simbólico de lugares urbanos como forma de apropiación política. Ese repertorio, refinado y expandido, sería el corazón estético del estallido de 2021, cuando decenas de lugares cambiarían de nombre —Puerto Resistencia en Cali, Portal de la Resistencia y Puente de la Dignidad en Usme en Bogotá— en una operación de resignificación territorial masiva.

Segundo, consolidó una geografía de la protesta que rebasaba el eje Bogotá-Medellín y ponía a Cali, al suroccidente y a ciudades intermedias como escenarios centrales. La lógica de acción territorial descentralizada —concentraciones, marchas, bloqueos, asambleas simultáneas en decenas de municipios— se ensayó en 2019 y se desplegaría plenamente en 2021, cuando las movilizaciones alcanzarían 862 municipios de los 32 departamentos.

Tercero, dejó al gobierno Duque marcado. La indiferencia acumulada desde Cannes, la muerte de Dilan Cruz y la respuesta represiva al 21N se fundieron en una sola imagen pública de la que la administración ya no logró despegarse. La caída de Duque en las encuestas comenzó allí y no encontró piso.

Cuarto —y esto es lo decisivo— dejó un ciclo inconcluso. La pandemia interrumpió el paro, pero no resolvió sus tensiones. Los pliegos siguieron ahí, los agravios siguieron acumulándose, la crisis económica derivada del confinamiento profundizó la precariedad de los sectores movilizados. Cuando el 28 de abril de 2021 se convocó un nuevo paro nacional contra una reforma tributaria del ministro Carrasquilla, el detonante fue nuevo pero la energía era la misma, ahora radicalizada por catorce meses de encierro, pérdida de ingresos, muertes por COVID y ausencia total de interlocución.

El 28A heredó del 21N su coalición, su geografía, su repertorio estético, sus nombres. Le añadió una intensidad que el 21N no había tenido: bloqueos sostenidos durante semanas, enfrentamientos prolongados con el ESMAD, la Policía y el Ejército, y una escalada represiva que dejó muertos, torturas y exilios. Cali se convirtió en "la capital de la resistencia" con puntos de bloqueo en Siloé, Puerto Resistencia, la Loma de la Cruz y el Paso del Comercio. Bogotá tuvo el Portal de la Resistencia, el Puente de la Dignidad en Usme y el Portal de Suba. Buga, Jamundí, Yumbo y Buenaventura se sumaron desde el Valle del Cauca. Lo que en noviembre de 2019 había sido un paro estructurado por un comité central, en 2021 se descentralizó en primeras líneas, asambleas locales y coaliciones territoriales que a menudo desbordaron al propio Comité Nacional del Paro.

Por qué el 21N sigue importando

El 21 de noviembre de 2019 es la fecha en que la protesta social colombiana entró en su forma contemporánea. Antes del 21N, la movilización marchaba por carriles separados: los maestros paraban solos, las mingas indígenas bajaban de la cordillera solas, los estudiantes tomaban su rectoría, Buenaventura o Tumaco resistían en su litoral. Cada quien con su gremio, su región y su pliego. Después del 21N —y sobre todo después del 28A que el 21N hizo posible— la protesta opera en un registro transversal que combina agendas económicas, ambientales, de género, étnicas, de memoria y de crítica al régimen político, articuladas por coaliciones amplias y sostenidas por repertorios simbólicos que exceden el gremio.

El 21N mostró también los límites del sistema institucional colombiano para procesar el descontento. La ausencia de un canal equivalente al de La Habana para los sectores urbanos excluidos, la impermeabilidad de la mesa entre gobierno y Comité del Paro, la respuesta represiva del ESMAD, la criminalización judicial de la juventud movilizada: todo eso configuró una lección que el estallido de 2021 tomaría en serio. Si el Estado no dialogaba, la calle era el único espacio disponible; si el diálogo era una maniobra dilatoria, la radicalización era una respuesta racional a la impermeabilidad institucional, no una desviación del cauce democrático.

Queda una imagen abierta que el 21N dejó sin resolver. La noche del toque de queda, los cacerolazos no salieron de una sede sindical ni de una universidad tomada: salieron de ventanas de conjuntos residenciales, de balcones de apartamentos de arriendo, de patios interiores donde vivía gente que nunca había marchado y que probablemente no volvería a hacerlo. Millones de colombianos —muchos jóvenes, muchas no ceduladas, muchos escépticos del voto como mecanismo de cambio— ensayaron esa noche una forma de participación política que no cabía en las categorías institucionales existentes. Democracia callejera, se le llamó. El sistema político colombiano no ha construido, hasta ahora, una gramática institucional capaz de recibir a esa olla que sonaba en el noveno piso sin criminalizarla ni domesticarla. Mientras esa olla siga colgada de la cocina, esperando la próxima noche, el 21N seguirá siendo menos un episodio del pasado que el primer día de un ciclo que aún no cierra.