Sincelejo

Un balcón sobre las sabanas

Sincelejo se levanta sobre una elevación modesta que ofrece, en días despejados, una vista corrida del litoral: la línea del golfo de Morrosquillo con Coveñas al fondo, Tolú a la izquierda y el archipiélago de San Bernardo desprendiéndose del continente. Detrás, hacia el sur y el este, se recuestan la Serranía de Coraza y los Montes de María, ese ramal bajo que en el departamento de Sucre alcanza los 700 metros de altitud y que se conoce también como serranía de San Jerónimo. Superada esa cresta, el relieve desciende abruptamente hasta los cien metros y se abre en una sabana llana, salpicada de humedales y ciénagas, que estructura buena parte del territorio departamental.

Sucre —un departamento joven, desprendido del Bolívar Grande apenas en la segunda mitad del siglo XX— ocupa el noroeste del país, entre el río Cauca y el mar Caribe. Limita al norte y al este con Bolívar, y al sur con Bolívar, Antioquia y Córdoba. Esta ubicación explica su carácter de encrucijada: por sus sabanas pasan las rutas históricas entre el interior antioqueño y la costa, y por su franja litoral corre uno de los oleoductos más importantes del país, con terminal en Coveñas. Sincelejo, en el centro de ese trapecio, es el punto donde convergen la sabana ganadera, el mundo anfibio de la depresión momposina y la costa del Morrosquillo.

La ciudad conserva, en la trama de sus barrios, la memoria de sus siete núcleos originales: Sabana de las Angustias, Sabana en Medio, Las Peñitas, El Palmar —también llamado Chacurí—, Colomuto, Rincónlargo y La Mochila. Aquellos conjuntos de casas dispersas por la sabana, que ninguna cuadrícula planificada logró jamás integrar del todo, siguen dándole a Sincelejo un carácter de pueblo grande crecido por agregación, más que de ciudad fundacional.

Los zenúes y el paisaje anterior

Cuando los españoles entraron a las hoyas de los ríos Sinú y San Jorge, a comienzos del siglo XVI, encontraron un territorio organizado en tres cacicazgos zenúes de cultura homogénea: Fincenú, con centro en los alrededores de la Laguna de Betancí, en el valle del Sinú; Pancenú, sobre la hoya del San Jorge; y Cenúfana, en el bajo Cauca y el Nechí. Sincelejo se encuentra en el área de influencia de Fincenú y Pancenú, en esa transición de sabana a ciénaga donde el mundo seco y el mundo anfibio se mezclan.

La sociedad zenú tenía elementos de culto centrados en templos e ídolos y jefes de carácter semidivino que, en algunos casos, eran mujeres. Su hazaña más duradera —visible aún hoy desde el aire— fue el sistema hidráulico construido por los panzenúes en la depresión momposina: un entramado de canales de desagüe, terraplenes, represas y canales de irrigación que las arqueólogas Clemencia Plazas y Ana María Falchetti caracterizaron como el delta interno más altamente desarrollado para la pesca en América del Sur. Ese sistema no era solo ingeniería: era una manera de habitar. Los zenúes tejían en sus textiles y en sus redes de pesca, y grababan en su cerámica, los patrones del paisaje construido; la tierra funcionaba, en su cosmovisión, como el tapiz de la imaginación. El oro no circulaba como moneda, sino como conducto de la energía del sol, símbolo de eternidad y fuente de poder numinoso.

Aquella civilización no fue exterminada por la Conquista, aunque sí desarticulada. Censos modernos reportan alrededor de cuatro mil zenúes sobrevivientes, y en el departamento de Sucre la población indígena —más de 11.847 habitantes, el 1,36% del total departamental— pertenece casi en su totalidad a ese pueblo. La persistencia zenú en el resguardo de San Andrés de Sotavento y en cabildos menores de las sabanas es una de las líneas más largas de continuidad histórica del país: sobre ese sustrato se depositaron, después, todas las capas coloniales y republicanas.

Fundaciones populares y refundación borbónica

La historia formal de Sincelejo como parroquia arranca en un episodio revelador. En 1729, los descendientes de un grupo endógamo birracial que habitaba las sabanas tenían ya una iglesia de paja en el sitio; y en 1740, cinco mujeres del estado llano —Luciana Vergara, Juana Buelvas, Teresa Saquero, María Mercedes Gamboa y Petronila España— lograron, por su iniciativa y como jefes de familia, convertir aquella iglesia rústica en parroquia. El detalle importa: la fundación institucional de Sincelejo no fue obra de un adelantado ni de una orden religiosa, sino de mujeres pobres, mestizas y mulatas, que gestionaron ante la Corona el reconocimiento eclesiástico de un asentamiento ya existente. Es una fundación desde abajo, en una región donde blancos pobres, mestizos y mulatos habían desarrollado fincas propias medianas y pequeñas dentro de la cultura anfibia regional, con formas de trabajo asalariado y régimen señorial, pero sin gran expansión de la servidumbre —salvo la esclavitud, que llegó a la costa por otros circuitos.

La refundación oficial, con planos y ordenanzas, llegó en 1775 de la mano de Antonio de la Torre y Miranda, el capitán español encargado por el gobernador de Cartagena de reagrupar y regularizar los innumerables caseríos dispersos por las sabanas del Bolívar Grande. De la Torre confirmó, en un mismo acto administrativo, los siete conjuntos de casas que ya existían y los articuló como un solo pueblo. Su labor —análoga a la que hizo en decenas de sitios de las sabanas— fue un intento borbónico de ordenar territorialmente una sociedad de frontera que se había armado por su cuenta, sin cuadrícula ni traza previa.

Durante la República, Sincelejo fue parte del Estado Soberano de Bolívar y luego del departamento de Bolívar; en 1908, en la efímera reforma administrativa de Rafael Reyes, formó parte de un departamento de Sincelejo que sobrevivió pocos años. Solo en 1966, con la creación definitiva del departamento de Sucre desprendido del Bolívar Grande, la ciudad accedió al estatus de capital que hoy tiene. Sincelejo lleva menos de sesenta años ejerciendo funciones de cabecera departamental, y su institucionalidad se construyó tarde, en paralelo a los ciclos más violentos de la Colombia contemporánea.

La hacienda ganadera y la concentración de la tierra

La marca estructural del territorio es más antigua y más honda que cualquier división administrativa. Sobre las sabanas de Sucre se desarrolló, desde el período colonial y con especial fuerza en el siglo XX, una economía ganadera extensiva que redefinió por completo la fisonomía de la costa Atlántica. Factores concretos —el clima, la escasez de mano de obra, la dispersión poblacional— dificultaron el desarrollo de una agricultura comercial intensiva y favorecieron la expansión de grandes hatos que exigen mucha tierra y poca gente. La ganadería fue, por eso, la actividad de mayor alcance regional; y también la que impuso el patrón de concentración más severo.

Las cifras contemporáneas son elocuentes: aproximadamente las tres cuartas partes de la tierra del departamento de Sucre están en manos de los grandes ganaderos y terratenientes, quienes representan menos del dos por ciento de la población. Al resto de los trabajadores del campo les corresponde apenas la cuarta parte, y su asentamiento se ha hecho en caseríos dispersos y hacinados. Esa desproporción no es residual, sino el producto de una transformación agraria que a lo largo del siglo XX desplazó a los antiguos rentistas para consolidar una nueva clase de empresarios capitalistas del agro, muchos vinculados entre sí por matrimonios, que resultaron los verdaderos triunfadores del proceso.

En el mapa nacional de conflictos por la tierra, la costa Atlántica ocupa un lugar central: cerca del 76,9% de los conflictos registrados en 1971 se concentraron en los grandes latifundios del Caribe, los valles interandinos y los Llanos Orientales —justamente allí donde el capitalismo agrario y la ganadería extensiva coincidían—. Sucre, y muy en particular la región de los Montes de María, se convirtió por eso en uno de los principales escenarios de la disputa agraria del siglo XX colombiano.

La ANUC y la irrupción campesina

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos fue creada en julio de 1970, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, como parte del intento reformista de dotar al campesinado de una organización nacional que respaldara la aplicación de la Ley 135 de reforma agraria. En torno a esa creación formal se hablaba de casi un millón de afiliados; un líder de la propia organización citaba en aquellos años una base de más de 800.000 campesinos. La cifra exacta importa menos que el hecho: por primera vez, el campesinado colombiano contaba con una estructura organizativa de escala nacional y con el aval —al menos inicial— del Estado.

En agosto de 1971, la Junta Directiva de la ANUC se reunió en Fúquene y aprobó el llamado Mandato Campesino, un documento que declaró a la organización autónoma del gobierno y exigió una reforma agraria integral y democrática, la extinción del dominio sobre tierras privadas incultas, la expropiación del latifundio y apoyos estatales para elevar el nivel de vida rural. Fue el punto en el que la ANUC dejó de ser un instrumento estatal y se volvió un movimiento propio, dispuesto a tomarse las tierras que el Estado no expropiaba.

Los Montes de María, con Sincelejo como centro urbano de referencia, fueron uno de los escenarios principales de esa disputa. Ni la Ley 135 ni el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, el INCORA, tenían capacidad para responder a la demanda creciente de tierra, y las movilizaciones campesinas —tomas de fincas, marchas, mítines— crecieron a lo largo de la década. La crisis interna de la ANUC llegó entre 1975 y 1980, y produjo divisiones y subdivisiones que debilitaron la organización a nivel nacional; en las sabanas de Sucre, sin embargo, la memoria de las luchas y de sus liderazgos persistió mucho más tiempo, y dejó una infraestructura organizativa que las élites regionales percibieron como amenaza.

En los años setenta, el campesinado sabanero estaba ganando políticamente una disputa que las estructuras económicas parecían haber cerrado en su contra. La respuesta que se articuló contra ese avance no fue ni institucional ni reformista.

El pacto de las élites y el paramilitarismo

Desde mediados de los años ochenta, varios hacendados de Sucre —entre ellos miembros de las familias Méndez, Meza y Cohen— empezaron a crear grupos armados en la región de los Montes de María, en parte como reacción a la presencia de la guerrilla y en parte como blindaje frente a los reclamos agrarios. Fueron estructuras aún locales, sin la escala ni la ambición política que vendrían después.

El salto cualitativo ocurrió en 1996. Ese año, el ganadero y diputado Joaquín García buscó a los paramilitares del alto Sinú y se reunió con Vicente Castaño y con Salvatore Mancuso; la reunión contó con la participación del entonces gobernador Miguel Nule Amín, del político Eduardo Chaui y del narcotraficante Javier Piedrahita, finquero con propiedades en Sucre y Córdoba, quien facilitó la conexión. El objetivo era llevar a los Castaño a las sabanas y montar en Sucre una estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia con vocación política, no meramente contrainsurgente. En 1997 hubo una reunión en un reconocido restaurante en las afueras de Sincelejo en la que participaron políticos, ganaderos y jefes paramilitares para conformar formalmente una estructura político-militar en Sucre, con un presupuesto inicial de sesenta millones de pesos. Entre los asistentes estuvieron el propio Joaquín García, Ángel Daniel Villarreal Barragán, Salvador Arana Sus —futuro gobernador— y un representante del senador Álvaro Alfonso García Romero.

De esa alianza nació operativamente el Bloque Héroes de los Montes de María, que operó en Sucre con área de influencia en Sincelejo, San Onofre y municipios vecinos, y cuyos principales comandantes fueron Eduardo Cobos Téllez, alias Diego Vecino; Huber Enrique Banquez Martínez, alias Juancho Dique; Rodrigo Antonio Mercado Peluffo, alias Cadena; y Marco Tulio Pérez, alias El Oso. Un segundo bloque, el Mojana, se articuló en la subregión del San Jorge. A partir de 1997, las AUC se propusieron recuperar la zona de los Montes de María, concentrando esfuerzos en Carmen de Bolívar, El Guamo, San Onofre, Tolú y Ovejas, con un incremento sostenido de masacres contra la población civil.

El 23 de julio de 2001, en Santa Fe de Ralito, jefes paramilitares se reunieron con gobernadores, congresistas, concejales, alcaldes y ganaderos de Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena para conformar una alianza orientada a "refundar al país" y "construir una nueva Colombia". La Corte Suprema de Justicia estableció después que esa reunión tuvo como finalidad conservar, consolidar o adquirir el poder político mediante la cooptación de las autodefensas, y que el control paramilitar sobre alcaldías y gobernaciones de Córdoba y Sucre fue total: un contubernio consciente y voluntario entre las AUC y los políticos.

La captura del Estado: parapolítica y regalías

Lo distintivo del caso de Sucre no fue solo la violencia, sino el uso sistemático de las instituciones. Los políticos del departamento buscaron a las autodefensas para asegurar victorias electorales; los paramilitares, a su vez, ampliaron la alianza para controlar los presupuestos municipales y los recursos públicos. Salvador Arana Sus, quien llegaría a gobernador, lo reconoció en su propia declaración.

El senador Álvaro Alfonso García Romero, con una trayectoria que incluyó cargos de concejal de Sincelejo, alcalde de Ovejas, diputado a la Asamblea de Sucre, tres períodos como representante a la Cámara y tres como senador, fue una pieza central de esa arquitectura. Junto a él, otros nombres quedaron ligados judicialmente a la estrategia paramilitar: el exsenador José María Conde Romero, la exrepresentante Muriel de Jesús Benitorrevollo Balseiro, el exsenador Jairo Enrique Merlano Fernández y el diputado Nelson Stamp Berrío, entre otros.

Salvador Arana Sus, exgobernador del departamento, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a cuarenta años de prisión por el asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo León Díaz Salgado, desaparecido y asesinado el 10 de abril de 2003 en cercanías a Sincelejo, y por concierto para delinquir en relación con la conformación del Bloque Mojana. El caso de Eudaldo Díaz —quien había denunciado públicamente presiones y amenazas— se convirtió en el emblema del costo humano de negarse a la alianza: el alcalde de un pueblo pequeño, asesinado por señalar lo que todos veían.

El engranaje económico fue meticuloso. El Bloque Héroes de los Montes de María, bajo el mando de alias Diego Vecino, utilizó Administraciones Públicas Cooperativas —entre ellas COOPSABANA— para capturar regalías y desviarlas hacia la financiación paramilitar, en alianza con políticos no tradicionales como Álvaro García Romero. En versión libre, Diego Vecino declaró que uno de los mayores logros de su "proyecto político" fue haber ganado las cinco alcaldías del Golfo de Morrosquillo en las elecciones de 2003.

Las regalías petroleras ofrecen el retrato más nítido del entramado. Entre 1999 y 2007, el total girado a municipios y gobernación de Sucre superó los 291.575 millones de pesos —cerca de 150 millones de dólares—, con incremento constante hasta 2006 por las fluctuaciones del crudo y la explotación de nuevos pozos. La mitad de esos giros correspondió a municipios del área de influencia de alias Cadena, y las cifras departamentales de 2006 lo confirman:

| Municipio | Regalías 2006 (millones de pesos) |

|---|---|

| Santiago de Tolú | 11.470 |

| Coveñas | 10.063 |

| Sincelejo | 7.554 |

| San Onofre | 3.678 |

| Total departamental | 70.421 |

La superposición entre las zonas de mayor captación de regalías y el control territorial paramilitar es demasiado exacta para ser accidental.

Sobre esa arquitectura se montaron carreras políticas posteriores. Yahir Acuña llegó a la política con el apoyo económico de Salvador Arana Sus y el aval de los jefes paramilitares alias Diego Vecino y alias Cadena; en 2004 fue elegido concejal de Sincelejo por el Movimiento Apertura Liberal con aval del exsenador Álvaro García Romero. Su ascenso posterior —hasta la Cámara de Representantes y aspiraciones a la Gobernación— se financió principalmente con recursos públicos de las administraciones de Tolú y Coveñas, en especial regalías, con la Secretaría de Educación Municipal de Sincelejo y con Corpomojana, y en 2013 incidió en la elección de alcaldes delegados ante los OCAD departamental y regional.

El costo humano y el mapa del despojo

La captura del Estado tuvo un correlato territorial brutal. Entre 1997 y 2007, el paramilitarismo contribuyó al abandono de miles de hectáreas en municipios de Sucre, siendo Ovejas, San Onofre y Colosó los más afectados; el desplazamiento en el departamento fue masivo. Sincelejo, como cabecera, absorbió buena parte de esa expulsión: entre 1997 y 2007 registró 4.293 personas desplazadas. En su propio territorio se contabilizaron 2.896 hectáreas abandonadas —564 atribuidas a paramilitares y 2.331 a otros grupos armados—, lo que revela que en la capital departamental el despojo fue un fenómeno diversificado, con protagonismo de actores armados distintos a las AUC.

Las razones estratégicas del control eran claras. Las dinámicas del conflicto en Sucre y Córdoba estuvieron motivadas por el dominio de territorios de alto valor: los Montes de María, la Mojana, la zona costera y el oleoducto de Coveñas, además del Nudo del Paramillo, los ríos Sinú y San Jorge, la hidroeléctrica de Urrá y la empresa Cerromatoso. Sincelejo, en el centro de ese mapa, era la ciudad donde se tomaban las decisiones administrativas que autorizaban contratos, giraban regalías y adjudicaban obras.

Tras la desmovilización de las AUC, la violencia homicida persistió en el departamento: en 2010, Sincelejo, San Marcos, San Onofre, Corozal y Tolú concentraban los mayores índices, con presencia reportada de grupos sucesores. Entre 2009 y 2014, Los Urabeños —hoy Autodefensas Gaitanistas de Colombia— y Las Águilas Negras mantuvieron presencia activa en Sincelejo, Majagual, Sampués y San Marcos, vinculados principalmente al control de rutas de narcotráfico. En San Marcos, en la subregión del San Jorge, las AGC custodiaban corredores entre el sur de Bolívar, el Nudo del Paramillo y el Bajo Cauca antioqueño. El sur del departamento, en la zona limítrofe con Bolívar y Antioquia, se consolidó como área estratégica para el narcotráfico, con laboratorios y pistas de aterrizaje; en Sincelejo, entre tanto, operaba un grupo de sicarios ligado a lógicas de violencia foráneas.

La ciudad hoy y la memoria disputada

Sincelejo llega al presente con las marcas de todos esos ciclos superpuestos. Es una ciudad de cerca de trescientos mil habitantes, con las funciones administrativas de una capital departamental joven y las inercias sociales de una cabecera de sabana. Su condición social, junto con la del resto de Sucre, se ubica por debajo de los promedios nacionales, con mayores tasas de analfabetismo, mortalidad infantil, pobreza y miseria, y menores coberturas de servicios públicos. La estructura agraria del departamento —tres cuartas partes de la tierra en manos de menos del dos por ciento de la población— sigue siendo la del principio del ciclo: la reforma agraria nunca ocurrió, la ANUC fue desarmada por vía política y armada, y el paramilitarismo consolidó, no revirtió, la concentración.

El pulso urbano lo marca la absorción de los desplazados que llegaron desde las veredas de Ovejas, San Onofre, Colosó, Chalán y Carmen de Bolívar entre 1997 y 2007, y que se asentaron en la periferia sur y oriental de la ciudad, ampliando barrios improvisados sobre lo que hasta entonces eran potreros. Sincelejo se volvió, en dos décadas, una ciudad de recepción sin haber tenido nunca las condiciones de una ciudad industrial: el comercio informal, la mototaxi y el empleo público municipal absorben lo que la economía ganadera —capaz de sostener grandes hatos con poca mano de obra— nunca podrá emplear. En enero, las Fiestas del 20, con las corralejas y las bandas papayeras, condensan la identidad ganadera y sabanera de la ciudad; también, con cierta incomodidad, exhiben la iconografía de un mundo hacendado que nunca dejó de mandar. Los estadios universitarios de la Universidad de Sucre y la CECAR, el mercado público y la avenida Okala son los espacios donde esa ciudad tardía se reconoce y se disputa.

La memoria zenú resiste en el 1,36% de la población departamental que se reconoce indígena, en el resguardo de San Andrés de Sotavento y en los cabildos menores que aún dialogan con el Estado. La memoria de las luchas agrarias sobrevive en los relatos de los antiguos líderes de la ANUC en los Montes de María. Y la memoria del horror paramilitar se procesa, con lentitud y con obstáculos, en los expedientes judiciales de la parapolítica, en las condenas contra exgobernadores y excongresistas, y en los testimonios de los desplazados que llegaron a la ciudad huyendo de sus veredas.

Sincelejo es, por eso, una ciudad de capas. La sabana zenú, con su ingeniería hidráulica y su cosmovisión solar, está debajo de todo. La refundación borbónica de Antonio de la Torre y Miranda le impuso una traza que nunca cuajó, porque los siete conjuntos originales —Sabana de las Angustias, Sabana en Medio, Las Peñitas, El Palmar, Colomuto, Rincónlargo, La Mochila— siguieron creciendo cada uno por su cuenta. La hacienda ganadera del siglo XX concentró la tierra a niveles latinoamericanos extremos. La ANUC probó, en los setenta, que el campesinado sabanero tenía agencia política propia. Y el pacto entre políticos, ganaderos y paramilitares de fines del siglo XX se encargó de que esa agencia no volviera a expresarse.

Su condición de capital tardía no responde a una fatalidad geográfica ni a una condena estructural, sino al resultado de decisiones concretas tomadas por actores identificables en momentos fechados. La geografía y el aislamiento explican el vacío que el Estado dejó; no explican, en cambio, por qué ese vacío fue llenado por una alianza deliberada que privatizó las regalías, controló las alcaldías del Golfo de Morrosquillo y asesinó a un alcalde por denunciarlo. La historia de Sincelejo obliga a mantener las dos verdades juntas: la de una sociedad de frontera fundada por mujeres pobres en 1740 y la de una capital departamental capturada por sus élites en 1997. Entre ambas cabe la historia entera del Caribe colombiano.