Trabajo asalariado

El trabajo asalariado en Colombia

El trabajo asalariado en Colombia designa la relación laboral en la que un trabajador libre vende su fuerza de trabajo a cambio de un jornal en dinero. En el país, más que una realidad económica dominante durante el siglo XIX, fue una promesa jurídica que el liberalismo radical proclamó sobre un tejido productivo hecho de otras materias: concierto colonial, esclavitud tardía, arrendamiento con obligaciones coercitivas, peonaje por acceso a parcela, mazamorreo independiente en las quebradas antioqueñas. Durante los Estados Unidos de Colombia (1863-1886) esa promesa se codificó y se propagó desde la capital y las provincias radicales, pero chocó con la geografía irregular del país y con los intereses de una élite terrateniente que descubrió cómo perpetuar la sujeción sin coerción legal explícita. La institución que hoy llamamos con soltura "trabajo asalariado" es, en Colombia, el sedimento de esa tensión: un jornalero libre de código conviviendo, durante décadas, con el peón endeudado del hacendado, el arrendatario obligado del oriente cafetero y el liberto que aprendía a vender su día de labor por una ración de chicha.

Herencia colonial: del servicio personal al concierto

El trabajo remunerado en dinero no nació con la República. Nació —lentamente, a regañadientes— dentro de las instituciones de coerción de la Colonia. La encomienda había articulado durante el siglo XVI el control del trabajo indígena y la extracción de tributos en oro o especie, sin frontera clara entre lo uno y lo otro: el indio tributaba con su cuerpo. La supresión formal del servicio personal a los encomenderos no eliminó las obligaciones laborales; las redistribuyó bajo modalidades nuevas —trabajo obligatorio pagado, alquiler general para servicios urbanos, tandas mineras— debidas ya no solo al encomendero sino a otros sectores de la población española.

De esa redistribución surgió el concierto, la forma que más se acerca a un trabajo asalariado colonial. Minuciosamente reglamentado, el concierto agrícola debía formalizarse por escrito, tenía una duración de seis meses a un año, se pagaba en dinero y obligaba al propietario a suministrar casa y servicios religiosos al trabajador. El papel escrito no impidió que la práctica derivara hacia una sujeción cada vez más estrecha: algunos indígenas asignados a la hacienda permanecían allí por tiempo indefinido, casi como siervos, y cuando los hacendados empezaron a combinar salario en dinero con acceso a terrenos se fue consolidando una mano de obra permanente con rasgos señoriales. Esa combinación —jornal en metálico más parcela usufructuada— sería el molde en que se fundiría, dos siglos después, el arrendatario cafetero.

En paralelo, en los resguardos de la Nueva Granada una cuarta parte de los indios útiles era alquilada a estancieros, mineros y comerciantes; los salarios se pagaban al cacique o capitán de forma colectiva, no individual, y en el fondo servían para cubrir los tributos del pueblo indígena. El "salario" retornaba así al circuito fiscal colonial: era un mecanismo tributario disfrazado de contrato. Las ordenanzas del oidor Diego de Inclán Valdez en Popayán, en 1668, redujeron el reparto para las minas del 20 al 10 por ciento de los tributarios, señal de que la población indígena disponible había mermado y de que los mineros preferían ya el trabajo esclavo. En ese cruce —resguardo debilitado, minería que migra hacia el brazo africano— empieza la larga superposición colombiana de formas de trabajo que nunca se reemplazan del todo, sino que se apilan.

Al lado del concierto y el repartimiento subsistía el peonaje. Los llamados gañanes o jornaleros —mestizos, mulatos e indios contratados temporalmente— recibían un jornal y una ración de chicha sin distinción de sexo o edad. Con ellos aparece ya, en pleno régimen colonial, la figura del trabajador plenamente libre en el sentido jurídico: alguien que vende su día. Que fueran los más pobres, los más móviles y los peor pagados dice mucho del origen de la institución: el trabajo asalariado nació en Colombia no como conquista sino como residuo, como lo que quedaba después de que las formas serviles hubieran cubierto su cuota.

Esclavitud, abolición y la primera ficción del trabajo libre

Cuando el presidente José Hilario López sancionó, en mayo de 1851, la ley sobre libertad de los esclavos, la Nueva Granada eliminó formalmente la institución de la esclavitud. La abolición fue un acto solemne del liberalismo, pero sus razones eran más prosaicas de lo que la retórica dejaba ver: la esclavitud se había vuelto antieconómica, e Inglaterra —que necesitaba retener mano de obra africana para sus propias colonias en África— presionaba contra la trata con un discurso filantrópico que encubría intereses imperiales bien concretos. Colombia abolía a destiempo y por confluencia de fuerzas, no por convicción unánime.

El día siguiente de la abolición no produjo la explosión de contratos salariales que la teoría liberal habría anticipado. En el Chocó y Popayán, donde la minería era intensiva en mano de obra esclava, la huida de esclavos y su reclutamiento durante las guerras de independencia habían provocado ya un estancamiento minero que se prolongó todo el siglo XIX. Antioquia, por contraste, lideró el resurgimiento minero con trabajo libre. La geografía de la abolición se dibuja así por contraste: donde la esclavitud había sido el eje, la economía se contrajo; donde ya operaban formas libres, el impulso continuó.

La transición del esclavizado al asalariado dejó rastros que anticipan la ambigüedad del período radical. En el hato de De Zabaleta, en San Marcos de la Mojana, al morir el amo en 1706 algunos esclavos habían sido liberados y se convirtieron en jornaleros o colonos independientes en tierras cercanas: un siglo y medio antes de la abolición general, la manumisión testamentaria producía ya jornaleros libres en la Costa. La libertad por gracia y las cartas de libertad urbanas coexistían con la esclavitud formal, y por esas rendijas se colaba, de a poco, una experiencia del salario. El debate sobre la definición del trabajo libre —tan intenso en Estados Unidos, Brasil y el Caribe de plantación— fue en Colombia curiosamente tenue: ni la economía ni la política estaban definidas por la esclavitud a gran escala, y los ejes de disputa se corrieron hacia la expresión religiosa, las ideologías raciales y las culturas políticas. El liberto colombiano entró al mercado de trabajo sin que casi nadie preguntara qué significaba ser trabajador libre.

Los Estados Unidos de Colombia: el contrato como dogma

En 1863 los liberales radicales fundaron los Estados Unidos de Colombia sobre una constitución federal, un anticlericalismo militante y una fe casi religiosa en el librecambio y la libertad contractual. En ese marco, el trabajo asalariado se convirtió menos en una realidad económica que en una figura jurídica: el jornalero libre que contrata su fuerza de trabajo y que, por el mero hecho de contratarla, deja de ser siervo. Los nombres de la generación que sostuvo esa idea son conocidos —Manuel Murillo Toro, Salvador Camacho Roldán, Miguel Samper, Aquileo Parra, Tomás Cipriano de Mosquera antes de su ruptura tardía—; su convicción, también: la libertad de contrato bastaba, en principio, para producir un trabajador moderno.

El período radical no partió de cero. El propio López, entre 1849 y 1850, había decretado la partición de las tierras comunales indígenas, una medida más radical que las adoptadas en otros países latinoamericanos de la época. La disolución de resguardos —iniciada concentrando varios en uno solo, generalmente en tierras de menor calidad y distantes de los centros poblados— generó la masa de campesinos desposeídos que los terratenientes absorberían como peones, aparceros y arrendatarios. La desamortización de bienes de la Iglesia, decretada por Mosquera en 1861, aceleró el proceso: hubo un aumento en las ventas y los precios de la tierra, y el país se polarizó entre latifundios y minifundios. El período 1845-1885, dominado por los radicales, aceleró el ritmo de cambio agrario más de lo que la retórica constitucional confesaba.

La ecuación radical era clara en el papel: liberar la tierra de sus amarras coloniales y eclesiásticas produciría un mercado; liberar al trabajador de sus amarras serviles produciría un asalariado; el encuentro de ambos en el contrato libre produciría prosperidad. En la práctica, la ecuación funcionó a medias. La tierra se liberó, sí, pero para concentrarse en pocas manos. El trabajador se emancipó jurídicamente, pero encontró que su única puerta al sustento era la parcela del hacendado, y en ella entró en condiciones que la ley radical desconocía o fingía desconocer.

La hacienda del oriente: el arrendamiento como sujeción

En Cundinamarca y Tolima, donde la expansión cafetera se aceleró en las últimas décadas del siglo XIX, la forma dominante de trabajo en las haciendas fue el arrendamiento precapitalista. El contrato era formalmente libre: el arrendatario recibía una estancia dentro de la hacienda para construir vivienda y cultivar, a cambio de trabajar en la hacienda por un salario inferior al del peón voluntario. La libertad terminaba ahí. Sobre el arrendatario pesaban obligaciones adicionales que ningún jornalero libre habría tolerado: trabajo personal subsidiario para construcción y mantenimiento de caminos, policía rural, multas por violar disposiciones del hacendado y —crucialmente— la prohibición de sembrar café en su propia parcela o de comerciar con él.

La prohibición del café en la parcela del arrendatario es reveladora. No era una cláusula agronómica: era un mecanismo de dependencia. Sembrar café significaba, en el oriente de fines del siglo XIX, acceder al único producto con salida internacional; prohibírselo al arrendatario garantizaba que su parcela nunca lo emancipara del jornal. La hacienda cafetera del oriente se construyó, así, sobre la ficción de un contrato entre iguales que en realidad encadenaba al trabajador a una condición estructuralmente subalterna. La diferencia racial reforzaba la jerarquía: propietarios "blancos" y jornaleros o peones "indios", con actitudes racistas circulando entre hacendados, administradores y capataces como sentido común de la faena.

A los arrendatarios residentes se sumaban los jornaleros temporales, especialmente en época de cosecha. En haciendas como Fagua, en la sabana de Cundinamarca, durante las primeras décadas del siglo XX se ve con nitidez la coexistencia de jornaleros temporales con trabajadores residentes denominados arrendatarios y aparceros: un mismo predio combinaba varios regímenes laborales según la coyuntura de la cosecha y la oferta de brazos. Esa combinación no era desorden sino estrategia. El hacendado disponía de un núcleo estable —el arrendatario, atado por la parcela— y de una periferia flexible —el jornalero, contratado y despedido con el ciclo del grano—. Entre ambos, mayordomos y capataces ocupaban la única posición desde la que podía aspirarse a cierta autonomía frente al patrón.

El sistema de remuneración era mixto, y esa misma mezcla delataba el carácter transitorio del asalariado colombiano. El pago combinaba dinero en metálico, especie alimenticia —raciones— y, en algunos casos, días de trabajo en tierras del propietario como forma de pago del arriendo. Coexistían el trabajo a destajo y el jornal, con tarifas que variaban por cultivo, calidad del suelo y región. En tierra templada, sembrar una hanega de maíz valía varios pesos de oro corriente, mientras trigo y cebada se pagaban a un peso; en tierra caliente con arcabuco bravo la tarifa subía. Los terrajeros en la Costa pagaban unos pocos pesos anuales por rozas nuevas y menos por las viejas en tierras del Estado; en Loba, muchos entregaban apenas un par de pesos de plata al año. La renta en especie se iba complementando con pago en metálico, y el metálico entraba en la vida rural más como unidad de cuenta del arriendo que como salario propiamente dicho.

Antioquia: la excepción del mazamorrero

Al otro lado de la cordillera, Antioquia inventó otra cosa. Los mazamorreros —mineros pobres que trabajaban prácticamente sin capital ni maquinaria, con bateas de madera talladas a mano— representaban cerca de cuatro quintas partes de los aproximadamente quince mil mineros de oro que hubo en la región en los años de máximo empleo del siglo XIX, y extrajeron alrededor de una cuarta parte del oro exportado desde Antioquia durante ese siglo. La mayoría eran descendientes de esclavos o mestizos que habían huido de los onerosos sistemas de trabajo prevalecientes en la agricultura de las tierras altas; aproximadamente una tercera parte eran mujeres.

El mazamorrero no era exactamente asalariado: era, más bien, un trabajador libre por cuenta propia, un pequeño productor independiente que vendía el oro extraído. Pero su existencia definió el mercado de trabajo antioqueño. Cuando surgieron los empresarios que aplicaron métodos racionales y modernos a la minería —Ricardo Olano es el prototipo—, encontraron una fuerza de trabajo ya libre, ya desligada de los mecanismos serviles del oriente, dispuesta a vender su jornada por un salario. La minería antioqueña del siglo XIX introdujo mano de obra asalariada para la búsqueda y extracción del oro sistemáticamente, aplicando incluso sistemas de contabilidad heredados del comercio.

En la agricultura antioqueña también predominó una forma distinta: el contrato de agregados, con un patrón de asentamiento concentrado, en contraste con la dispersión de parcelas y la heterogeneidad racial entre propietario y trabajador característica de Cundinamarca-Tolima. Antioquia produjo, por ímpetu regional y por herencia demográfica —minifundio, mestizaje, movilidad—, costumbres de remuneración y jornadas que sirvieron después como base para negociaciones en otras regiones y quedaron incorporadas en los primeros intentos de codificación laboral colombiana. Que la capital económica del país se desplazara hacia Medellín en la primera mitad del siglo XX no fue casualidad: fue el fruto tardío de una configuración laboral que, ya bajo los radicales, ofrecía condiciones más cercanas al modelo del asalariado libre que el oriente cafetero jamás llegó a producir.

Frente al abuso de gobernantes y propietarios de empresas mineras y comerciales, la Iglesia Católica y la Compañía de Jesús exigieron en Antioquia y los Santanderes la aplicación de la legislación indiana, actuando como contrapeso legal ante el desamparo jurídico de los trabajadores. La ironía histórica es que, en una república gobernada por radicales anticlericales, la protección residual del trabajador en algunas regiones se apoyó en instituciones eclesiásticas que la Regeneración habría de rehabilitar poco después.

Artesanos y Sociedades Democráticas: la conciencia del jornal

Antes incluso de que los radicales llegaran al poder, los artesanos urbanos habían tomado conciencia de lo que significaba vender el trabajo. La Sociedad de Artesanos de Bogotá contaba con trescientos miembros en 1847 y aproximadamente mil quinientos a finales de 1849, con presencia probable de estudiantes universitarios y afiliados de clase alta. La drástica rebaja arancelaria de 1847 —expresión temprana del librecambismo que dominaría después— hizo que los artesanos tomaran conciencia de que su futuro les ofrecía pocas perspectivas frente a los bienes importados.

De la Sociedad de Artesanos nacieron, hacia 1849, las Sociedades Democráticas, que se extendieron rápidamente en capítulos provinciales por toda la Nueva Granada. Los artesanos se asociaron políticamente con el Partido Liberal, cuyas Sociedades Democráticas movilizaban apoyo popular junto con estudiantes e intelectuales de izquierda. La tensión latente era evidente: los artesanos necesitaban protección arancelaria; la élite liberal predicaba librecambio. Esa contradicción atravesaría todo el período radical y culminaría, en cierta medida, en la ruptura de 1854.

Los miembros de las Sociedades Democráticas se identificaban visualmente con la ruana teñida de rojo y el uso de cachiporra, en contraposición a la "casaca azul" de las élites: una simbología de clase que anticipaba conflictos que las leyes radicales no sabrían nombrar. Los artesanos de Bogotá influyeron decisivamente en la elección presidencial del 7 de marzo de 1849, contribuyendo a que el Congreso eligiera a José Hilario López. Cinco años después, la agitación desembocaría en el movimiento artesano de 1854 liderado por el general José María Melo con apoyo del artesanado: un episodio breve, derrotado por la coalición de liberales y conservadores contra Melo, que dejó sin embargo una lección clara sobre la fragilidad del vínculo entre el liberalismo y sus bases populares.

En el período circuló un discurso de conciencia proletaria explícito: identificaba a los ricos como usurpadores de la "clase proletaria y trabajadora", anticipaba el comunismo como destino histórico y llamaba a las mayorías a "recobrar por la fuerza" lo arrebatado. Las Sociedades Democráticas, sin ser sindicatos gremiales, constituyeron el primer intento histórico de organización de los trabajadores colombianos para defender intereses comunes. La política librecambista, practicada casi sin interrupción entre 1853 y 1870, y el creciente comercio de importación presionaron negativamente a la industria artesanal, generando un clima económico poco propicio para el desarrollo de una clase artesanal vigorosa y confiada. El asalariado urbano colombiano nacía, pues, en retirada.

Tabaco, quina, oro y camino: los espacios del jornal

Bajo los Estados Unidos de Colombia, algunos escenarios concretos concentraron formas de trabajo asalariado más nítidas. Ambalema, en el Tolima, fue el gran centro tabacalero de mediados del siglo XIX: allí se acumularon jornaleros —hombres y mujeres— vinculados a las factorías de tabaco, con salarios en dinero y jornadas relativamente definidas, aunque siempre precarias. En Santander, el cultivo del tabaco y sobre todo la explotación de la quina, ligada a los ciclos de exportación, movilizaron cuadrillas temporales que trabajaban en el monte por jornal o por contrata.

Los ríos también producían asalariados. Girardot y Barranquilla se consolidaron como puertos fluviales del Magdalena; el vapor y la carga demandaban bogas, cargadores, jornaleros portuarios. La construcción del Camino del Quindío y la del Ferrocarril de Panamá emplearon mano de obra en obras públicas cuya remuneración fue estrictamente en dinero. Las haciendas cañeras del Cauca combinaron, tras la abolición, jornales para libertos con formas de terraje y aparcería. La geografía del asalariado colombiano se dibuja así en manchas: puertos, minas antioqueñas, factorías tabacaleras, obras públicas. Lo que quedaba en medio —el grueso del país rural— seguía funcionando con arrendamiento, aparcería y peonaje por deudas.

La distancia entre esas manchas y el resto se medía en la mesa. Desde mayo de 1880, la alimentación contratada por el Gobierno para los trabajadores de la Escuela Militar costaba doce pesos mensuales por persona y garantizaba carne diaria, sopa, pan y chocolate. Un empleado militar en Bogotá comía carne todos los días; un peón de hacienda en el oriente cafetero recibía ración de chicha y una parcela vedada al café. En ese abismo se juega la historia del salario colombiano en el siglo XIX.

Baldíos: la política que producía dependencia

La legislación de baldíos fue, junto con la disolución de resguardos, el segundo gran mecanismo por el cual el Estado radical modeló el mercado de trabajo. Herederas de la época colonial, las normas condicionaban los derechos de propiedad sobre tierras baldías a quienes establecieran habitación y labranza. En teoría, la política estimulaba tanto la inversión capitalista como la colonización campesina en las regiones de frontera. En la práctica, entre 1827 y 1900 los grandes títulos —los que superaban las cinco mil hectáreas— se contaron con los dedos, pero concentraron una porción mayoritaria del área adjudicada; los títulos medianos, de veintiuna a cien hectáreas, sumaban varios centenares y representaban apenas una fracción menor del suelo repartido. La política que decía repartir baldíos consolidó latifundios.

En el período 1870-1900 las adjudicaciones de menos de quinientas hectáreas crecieron en número relativo, pero la mayor parte del área siguió concentrándose en grandes propiedades. La prescriptibilidad de los baldíos rigió solo entre 1873 y 1882, tras la sanción del Código Civil y el Código Fiscal; después de 1882 se restableció la imprescriptibilidad. Miles de colonos independientes fueron despojados de sus tierras y convertidos en arrendatarios durante la expansión agraria de 1850-1920: los grandes propietarios facilitaron el proceso restringiendo el acceso de los campesinos pobres a los baldíos. La política de tierras, lejos de crear un país de pequeños propietarios asalariables por temporadas, creó un país de arrendatarios sujetos a la hacienda.

Las provincias sureñas de Popayán y Pasto, con alta concentración indígena, resistieron la disolución de resguardos gracias al aislamiento geográfico. Los paeces y otros pueblos del alto Cauca combinaron protestas violentas, dilaciones legales y negociación para conservar sus tierras comunitarias. En esas regiones, el trabajo asalariado apenas penetró: la comunidad indígena, defendida contra la ficción liberal, siguió operando con lógicas propias. La fragmentación regional que caracteriza al mercado de trabajo colombiano hasta bien entrado el siglo XX se enraíza aquí: en la incapacidad —o el desinterés— del Estado radical para uniformar sus reformas frente a la resistencia territorial.

La Regeneración: obras públicas y masa de brazos

La decadencia económica iniciada a mediados de los años setenta y el debilitamiento del Estado radical generaron una masa de desempleados cuya presión social confluyó con el proyecto de Rafael Núñez a partir de 1886. La Regeneración amplió las obras públicas buscando tanto el fomento económico como el alivio de esa presión: la construcción de ferrocarriles absorbía brazos ociosos y, de paso, integraba territorialmente al país.

Entre 1885 y 1898 el gasto público de fomento se realizó principalmente en ferrocarriles, sostenido por un giro monetario de fondo. A comienzos de 1886 se implantó el papel moneda de curso forzoso, y al año siguiente se estableció el privilegio exclusivo de emisión en manos del Banco Nacional, creado en 1881 durante la primera administración de Núñez, que había buscado una emisión de dinero cubriendo la totalidad del país. Las emisiones aumentaron el dinero en circulación y disminuyeron la tasa de interés. En el terreno del trabajo, el efecto fue perceptible: las obras públicas financiadas con papel moneda demandaban jornaleros, y la Regeneración, sin proponérselo teóricamente como los radicales, produjo probablemente más asalariados en obra pública que dos décadas de retórica librecambista.

El primer decenio de la Regeneración coincidió con una reactivación económica que incluyó la expansión del sector exportador cafetero, el impulso a obras públicas y ferrocarriles, y la aparición de industrias incipientes como ferrerías, fábricas de cerveza y de envases de vidrio. El asalariado urbano —el obrero fabril— comenzaba a asomar, tímidamente, en los alrededores de las capitales. Su historia, sin embargo, pertenece al siglo XX.

Balance

Cuando cae la Constitución de 1863 y la Regeneración instala en 1886 un régimen centralista, el trabajo asalariado en Colombia es una institución jurídicamente reconocida, socialmente marginal en el campo y regionalmente concentrada. El código radical proclamó el jornalero libre; la práctica lo entregó atado a la parcela del arrendador, endeudado en la tienda de raya, remunerado en raciones y en promesas. El divorcio entre norma y realidad no fue accidente ni hipocresía deliberada: fue el resultado de imponer una ficción liberal sobre estructuras coloniales que ninguna ley, por sí sola, podía disolver.

La huella del período radical en la historia del trabajo colombiano es doble y ambivalente. Por un lado, quedó instalada la figura jurídica del asalariado libre, base sobre la cual construirían el siglo XX las primeras huelgas, las primeras leyes laborales, los primeros sindicatos —siempre en tensión con las herencias serviles del campo—. Por otro, quedó consolidado un modelo de concentración de la tierra que hizo del trabajador rural colombiano un arrendatario perpetuo, un peón endeudado, un jornalero migratorio, y que alimentó, décadas después, los grandes conflictos agrarios del siglo XX.

En la Colombia radical no hubo un proceso unitario de formación del trabajo asalariado, sino trayectorias regionales incompatibles: el mazamorrero antioqueño que vendía su oro libre en la plaza, el arrendatario cundiboyacense atado por la prohibición del café, el liberto costeño que ya antes de 1851 se ganaba el día como jornalero, el artesano bogotano derrotado en 1854, el peón caucano protegido apenas por resguardos que resistían el reparto. La Regeneración heredó esa fragmentación sin resolverla, y la República del siglo XX habría de gestionarla —con leyes, con violencia, con reformas fallidas— hasta el presente. El jornalero libre del código radical fue, entonces, menos un obrero que una promesa; y las promesas, cuando se codifican sin las palancas que las hagan cumplir, envejecen en los archivos mientras la parcela y el jornal siguen su vida propia.