Disolución de resguardos

Disolución de los resguardos

La disolución de los resguardos indígenas fue el proceso jurídico, económico y político por el cual la propiedad comunal de la tierra reconocida a las comunidades durante el orden colonial fue desmantelada, parcelada y transferida —en su mayoría— a terratenientes, comerciantes, mestizos, colonos y, en menor medida, a los propios indios convertidos en propietarios individuales. Iniciado como presión difusa desde mediados del siglo XVIII bajo los Borbones, formalizado como política de Estado desde 1821 en la República de la Nueva Granada, acelerado por las reformas liberales de 1850 y solo parcialmente frenado por la Ley 89 de 1890, este proceso constituye una de las transformaciones agrarias de mayor calado en la historia colombiana: el mecanismo por el cual millones de hectáreas cambiaron de régimen de tenencia y una fracción sustantiva de la población indígena fue empujada, como peonaje, aparcería o terrajería, hacia la hacienda. Su resultado no fue uniforme: donde la geografía, la cohesión comunitaria y la habilidad para negociar dentro del marco legal republicano coincidieron —sobre todo en el suroccidente—, los resguardos resistieron; donde faltaron, se extinguieron.

Qué era un resguardo

Antes de disolverse, el resguardo tuvo que existir, y su existencia arrastra ya la doble cara que acompañaría toda su historia. Instituido por la Corona española en la segunda mitad del siglo XVI, respondió al escándalo del trato esclavista que los encomenderos daban a los indios y, simultáneamente, a la necesidad fiscal de asegurar el tributo. En su núcleo, fue un territorio delimitado —entre doscientas y veinte mil hectáreas, según cada caso— entregado a una comunidad indígena para su administración por un cabildo propio, con tenencia predominantemente colectiva, aunque en ciertos casos dividida entre familias. Frente a la encomienda, que otorgaba a un hidalgo el control, la catequización y el usufructo laboral de determinados indígenas, el resguardo desplazó al encomendero por la figura del corregidor de indios, funcionario real encargado de recaudar el tributo directamente para la Corona.

La protección tuvo su precio. Los resguardos concentraron —"redujeron", en el vocabulario de la época— a grupos indígenas dispersos en asentamientos delimitados, con lo que las tierras circundantes quedaban vacas de moradores y disponibles para adjudicarse mediante mercedes a los españoles. Se protegía a los indios, se los tributaba y se liberaba tierra para el conquistador en un solo gesto administrativo. El fiscal Verdugo y Oquendo formuló, ya en la Colonia, la tesis que resurgiría con fuerza en el siglo XIX: solo el pago del tributo había originado el usufructo transitorio de esas tierras. La consecuencia jurídica era inquietante: si el tributo desaparecía, el fundamento del resguardo se evaporaba con él. La historiografía posterior matizaría el argumento —el reconocimiento de los resguardos coincidió con la racionalización del tributo y con la supresión del monopolio de mano de obra de los encomenderos, no fue su consecuencia mecánica—, pero el silogismo verdugueño quedó sembrado, y sería recogido por los legisladores republicanos casi tres siglos después.

Los problemas internos también son parte de la definición. Concentrar en una misma unidad a poblaciones de orígenes y tradiciones distintas produjo tensiones sostenidas: los indígenas no se resignaban a la pérdida de sus tierras originarias y tendían a abandonar los resguardos. La mita, al forzar el trabajo fuera del territorio comunal, y el concierto agrario, al trasladar indios a las haciendas donde permanecían a veces de forma indefinida casi en calidad de siervos, erosionaron desde adentro la cohesión que la institución pretendía preservar. Encomienda, mita y resguardo formaron, más que un sistema coherente, un dispositivo tenso de captura de mano de obra y renta tributaria, cuyas contradicciones lo carcomerían por dentro mucho antes de que la República lo pusiera en la mira.

La erosión borbónica

Cuando los Borbones asumen la política imperial en la primera mitad del siglo XVIII con su proyecto de centralización, los resguardos de la Nueva Granada llevaban ya un siglo largo de desgaste. La recuperación demográfica iniciada hacia 1690, alimentada por la rápida reproducción de mestizos, negros y mulatos, había transformado el mapa social del virreinato. El censo de 1778 lo cristalizó en cifras contundentes: la categoría de "libres" —principalmente mestizos, aunque incluía otros grupos de ascendencia mixta— representaba el 46,4% de la población total, muy por encima del 26% de blancos y del 19,5% de indios. Esa masa creciente, sin tierra propia ni cabida clara en el orden estamental, presionaba sobre las tierras de indios con una fuerza demográfica que ninguna cédula real podía contener.

La política borbónica tradujo esa presión en un ataque sistemático. Se concentran varios resguardos en uno solo, casi siempre en tierras de menor calidad y lejos de los centros poblados; se traslada a los indígenas a suelos más distantes y menos fértiles; se disuelven resguardos completos y se rematan grandes extensiones de baldíos a particulares. Los beneficiarios principales son los terratenientes, pero la presión de mestizos y colonos pobres empuja también en la misma dirección. Los Borbones, que consideran demasiado autónomos a las audiencias y cabildos heredados de los Habsburgo, y que expulsan a los jesuitas en parte por la existencia de entidades como las reducciones —imposibles de vigilar desde Madrid—, tienden a ver en el resguardo una figura anómala: un cuerpo territorial semiautónomo, incompatible con la racionalización fiscal y administrativa que persiguen.

El resultado es doble. Por un lado, la descomposición de los resguardos genera una masa creciente de campesinos desposeídos que se incorporan como peones, aparceros y arrendatarios en las haciendas; por otro, la voracidad latifundista y el criterio fiscalista del Estado colonial no resuelven la demanda de tierra de mestizos y colonos pobres, cuya presión sigue creciendo. Solo en el suroccidente —Popayán, Pasto, el macizo colombiano— los resguardos conservan una vitalidad relativa, protegidos por las barreras cordilleranas, los cañones profundos y los ríos caudalosos que dificultan la penetración administrativa y económica. Cuando llega la Independencia, la institución está herida, no muerta: la República no la encuentra intacta, sino ya reducida en muchas regiones a su mínima expresión, y en otras defendida por comunidades que habían aprendido a resistir dos siglos y medio de asedio.

La República contra el resguardo: 1810-1832

La primera decisión republicana sobre los indígenas fue también la más consecuente para los resguardos: la abolición del tributo. Decretada por la Junta Suprema de Santafé en 1810 y ratificada por la Constitución de Cúcuta de 1821, esa abolición cortaba el vínculo jurídico —según la lectura verdugueña— que había fundamentado la entrega de tierras. Si el resguardo existía como contrapartida del tributo, y el tributo se extinguía en nombre de la igualdad ciudadana, la propiedad comunal quedaba jurídicamente huérfana. Los indios pasaban a ser ciudadanos —al menos en el papel, y aún con las cortapisas de la distinción entre ciudadanía activa y pasiva heredada de la Ley Fundamental de Angostura de 1819—, y como ciudadanos debían acceder a la propiedad individual, no colectiva.

El razonamiento era pulcramente liberal y profundamente conveniente. Los criollos ilustrados que lo articulaban —herederos intelectuales de Pedro Fermín de Vargas y su temprana propuesta de disolver la especificidad indígena por la vía del mestizaje y el trabajo, y de Antonio Nariño en su lectura ilustrada del ciudadano abstracto— convergían con los intereses concretos de terratenientes, comerciantes y una minoría indígena letrada dispuesta a capitalizar su parcela. La igualdad ciudadana, formulada como principio, operaba como cobertura ideológica de una redistribución de tierras que llevaba décadas gestándose bajo la presión demográfica y latifundista.

Bolívar introdujo la primera contramarcha. En 1828, en plena crisis de la Gran Colombia y ante la necesidad de recursos fiscales, restableció transitoriamente el tributo indígena, gesto que suspendía de hecho la lógica igualitaria republicana en su aplicación a los indios. La medida fue breve: en 1832, ya bajo el régimen neogranadino y con Santander de retorno al primer plano político, el tributo fue derogado de manera definitiva, y ese mismo año la ley ordenó la disolución de la propiedad comunal y la distribución de las tierras entre los indios tributarios. Fue una decisión mayúscula, pero incorporó una cláusula reveladora: se prohibía a los indios vender su parcela por espacio de diez años. La prohibición transitoria admitía, sin decirlo, que la libre enajenación equivaldría al despojo casi inmediato de los nuevos propietarios individuales, y que la ficción del ciudadano-indio-propietario necesitaba muletas legales para no derrumbarse el primer día.

La Ley de 1821 había establecido antes oficinas de agrimensura nacional y provinciales para el registro de propiedades rurales, obligando a todos los propietarios a inscribir sus tierras en un plazo de cuatro años; vencido el plazo, ningún juez ni escribano podría autorizar contratos de compraventa sin el certificado del agrimensor. El aparato técnico y burocrático de la disolución quedaba así perfilado desde muy temprano, aunque su aplicación efectiva demoraría décadas y encontraría, a cada paso, los obstáculos prácticos que las cámaras provinciales no tardarían en denunciar.

Marchas y contramarchas, 1832-1849

La ley de 1832 no fue punto final, sino comienzo de un forcejeo prolongado. Desde 1835, varias cámaras provinciales solicitaron al Ejecutivo la suspensión de las leyes de reparto, aduciendo la imposibilidad práctica de ejecutarlas. La provincia de Riohacha obtuvo un decreto de suspensión el 27 de noviembre de 1835; Neiva, Cartagena y otras siguieron por el mismo camino en los años siguientes. Las razones eran diversas —falta de agrimensores, resistencia de las comunidades, litigios sobre linderos, imposibilidad de identificar tributarios en poblaciones ya mezcladas— pero apuntaban a una realidad común: el resguardo no era un objeto administrativo dócil que pudiera fragmentarse en un plano por decisión de gabinete.

La legislación acumulada durante estos años mostró una notable continuidad a través de los cambios constitucionales, la alternancia de partidos y los ciclos de federalismo y centralismo. Liberales y conservadores, centralistas y federalistas coincidieron en la meta de extinguir la propiedad comunal, aunque discreparan sobre ritmos, mecanismos y salvaguardas. Ese consenso relativo entre las élites nacionales fue una razón estructural del proceso: no había en el sistema político formal un actor de peso que defendiera el resguardo como institución. La oposición efectiva vino, casi siempre, de las propias comunidades y de algunas cámaras provinciales cuyos miembros conocían el terreno.

Pero el consenso no era absoluto. Existieron divisiones entre élites liberales, conservadoras, regionales y nacionales; hubo pensadores conservadores —José Manuel Groot entre ellos— cuya postura sobre los indígenas se distanciaba de la línea liberal dominante, aunque sus escritos no estaban exentos de las caracterizaciones negativas de la época. Y en las regiones de frontera, donde el Estado necesitaba atraer y fijar población indígena a su territorio, se creaban de facto comunidades con tierras comunales, replicando de manera contradictoria las lógicas coloniales que la legislación central pretendía extinguir. La República tuvo, respecto a los indios, dos manos que no siempre supieron lo que hacía la otra.

El golpe de 1850

Cuando José Hilario López llegó a la presidencia de la Nueva Granada tras su elección del 7 de marzo de 1849, el país entró en el ciclo de reformas más ambicioso de su historia decimonónica. La revolución francesa de febrero de 1848 había resonado en la juventud universitaria y en el artesanado de la capital, fortaleciendo el impulso reformista; el equipo económico articulado en torno a Manuel Murillo Toro venía preparando un paquete de medidas para desmontar el orden colonial superviviente. Entre 1850 y 1853, el gobierno López suprimió el monopolio estatal sobre el tabaco, descentralizó rentas, avanzó en la abolición de la esclavitud —parte del mismo ciclo reformista— y, en lo que aquí importa, decretó la libre enajenación de las tierras de resguardo.

El cambio fue cualitativo. La ley de 1832 había repartido las tierras pero prohibido su venta por diez años; las reformas de 1850 autorizaron a las cámaras provinciales a proceder a la división definitiva de los resguardos y permitieron a los indígenas —igualados en derechos y obligaciones al resto de ciudadanos— disponer libremente de sus parcelas. La ficción del propietario-indio ciudadano se completaba; y con ella se abría el mercado de tierras de resguardo que la disposición de 1832 había mantenido cerrado.

Los resultados fueron los previsibles y los previstos. Los indígenas, sin capital, sin acceso al crédito, sin la protección de la propiedad comunal y presionados por deudas, tributos disfrazados de contribuciones parroquiales, sueldos escolares y necesidades básicas, vendieron —o fueron llevados a vender— sus parcelas a comerciantes locales y hacendados. La descomposición de los resguardos, que venía avanzando desde el siglo XVIII, encontró en 1850 su marco jurídico definitivo. La masa de campesinos desposeídos que ya alimentaba las haciendas creció de golpe; el peonaje, la aparcería y el arrendamiento se consolidaron como formas dominantes de vinculación laboral en el agro; y las grandes propiedades, especialmente en Cundinamarca, Boyacá, la Sabana de Bogotá, la provincia de Vélez y el Tolima, se expandieron sobre tierras que habían sido comunales.

En Cundinamarca y Tolima, las haciendas cafeteras que empezaban a formarse operaron bajo sistemas de arrendamiento precapitalista, con propietarios comerciantes y trabajadores de distinta adscripción racial, en un latifundismo más exclusivo que inclusivo. En el Cauca y Popayán, la aristocracia caucana logró sobrevivir al declive minero, a la manumisión de esclavos y a los sucesivos conflictos civiles apoyándose en las tierras y el trabajo indígena liberados por la liquidación de resguardos. Chiquinquirá, Guatavita, Tunja y una constelación de poblaciones altiplánicas vieron desaparecer o encogerse hasta la irrelevancia los resguardos que las habían circundado durante trescientos años.

El impacto de otras reformas del ciclo López-Murillo Toro fue más desigual. La desamortización de bienes de manos muertas, que en teoría debía complementar la disolución de resguardos como golpe general a las propiedades colectivas, tuvo efectos modestos en varias regiones donde la Iglesia había tenido un papel secundario como prestamista y propietaria rural: en el distrito de La Mesa, en el Tequendama, no se remató ninguna propiedad en aplicación del decreto. El resguardo, en cambio, sí sufrió el golpe pleno: no había, como en el caso eclesiástico, una institución poderosa que negociara desde arriba la aplicación de la ley.

Resistencia y supervivencia: el suroccidente

Y sin embargo, no todas las comunidades cedieron. El suroccidente —Popayán, Pasto, el macizo colombiano, las tierras paeces del alto Cauca, Silvia— demuestra que el proceso, con toda su fuerza estructural, admitía inflexiones significativas cuando la geografía, la organización comunitaria y la habilidad política se conjugaban.

La geografía fue el primer aliado. Las provincias sureñas de Popayán y Pasto están protegidas por barreras cordilleranas, cañones elevados y ríos caudalosos que dificultaron siempre la penetración administrativa y económica. Los agrimensores nombrados desde Bogotá tardaban semanas en llegar; los expedientes se perdían; las diligencias de reparto se demoraban meses y a veces años. Esa fricción física dio tiempo a las comunidades para desarrollar respuestas.

La segunda fue la política. Los principales pueblos indígenas del alto Cauca estrecharon lazos entre sí para hacer frente a las disposiciones que amenazaban sus territorios. Los paeces, aliados de líderes regionales del liberalismo caucano, emplearon un repertorio diverso de resistencia: protestas violentas cuando fue necesario, dilaciones legales, resistencia pasiva, negociación paciente. La alianza táctica con facciones del liberalismo regional —que necesitaba electores, milicianos y respaldo social en sus luchas contra la aristocracia conservadora caucana— dio a los paeces un margen de maniobra que las comunidades del altiplano cundiboyacense, sin equivalente político, no tuvieron.

En el macizo colombiano, comunidades enteras lograron la suspensión de las diligencias de reparto mediante declaraciones colectivas ante los jueces, comprometiéndose incluso a pagar en común el sueldo del maestro de escuela. Así se salvaron —o al menos ganaron décadas de vida— los resguardos de San Sebastián, Guachicono, Caqueona, San Juan y otros. Los yanaconas del macizo defendieron con éxito tanto su condición de indígenas como sus tierras de resguardo a lo largo de toda la historia republicana, pese a la temprana pérdida de su lengua: la identidad y la propiedad comunal sobrevivieron incluso cuando el vehículo lingüístico ancestral se había perdido.

La supervivencia no fue gratuita. La aristocracia caucana presionó de manera sostenida durante todo el siglo XIX sobre las tierras y la mano de obra indígena, en un contexto de declive de la producción minera, manumisión de esclavos y sucesivos conflictos civiles que debilitaban la hacienda tradicional. La liquidación parcial de resguardos que sí ocurrió en el Cauca proveyó a esa aristocracia de tierras y trabajo indígena; el terrajero —el indio ligado a la hacienda por el pago en trabajo del derecho a habitar y cultivar una parcela— surgió como figura emblemática de esa transición. La resistencia salvó lo que pudo salvarse; no impidió que gran parte del suroccidente indígena entrara, también, al orden de la hacienda.

El giro de 1890 y su ambigüedad

En 1886, con la Constitución que inauguró la Regeneración, el país entró en un ciclo político dominado por el conservatismo y por el proyecto de reconciliación con la Iglesia sellado en el Concordato de 1887. En ese marco, el 25 de noviembre de 1890, el presidente encargado Carlos Holguín y el ministro de gobierno encargado Antonio Roldán sancionaron la Ley 89 de 1890, cuyo título revela con crudeza la ideología que la animaba: "por la cual se determina la manera cómo deben ser gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada".

La retórica es la del proyecto misional y civilizatorio del bloque conservador-católico; el efecto jurídico, sin embargo, fue el freno más significativo del ciclo de disolución. La Ley 89 reconoció el estatus oficial de los resguardos, legalizó los cabildos como órganos de gobierno interno de las comunidades y, en combinación con el Concordato, respaldó un régimen misional para los territorios de frontera que preservaba —bajo tutela eclesiástica— formas de gobierno colectivo que la legislación liberal había pretendido extinguir. La motivación no era una defensa genuina de la autonomía indígena, sino la lógica de control social, evangelización y ordenamiento territorial de la Regeneración; pero el instrumento jurídico, una vez creado, adquirió vida propia.

La ambigüedad de la ley se manifestó de inmediato. Autoridades locales declaraban extintos resguardos por falta de titulación adecuada, considerando las tierras como baldías y a los indígenas como simples ocupantes; los resguardos de Jegua y Guazo, en el San Jorge, la usaron en cambio como herramienta legal para intentar recuperar tierras invadidas por latifundistas. La misma norma servía para lo uno y para lo otro, según quién la aplicara y con qué respaldo político local.

La disolución no se detuvo. Las leyes 104 de 1919 y 19 de 1927 reactivaron la política de repartición; entre las décadas de 1940 y 1950, más de treinta cabildos del pueblo Quillacinga de Nariño fueron extinguidos. El caso de Anganoy, extinguido en 1948 por presión del propio gobernador de indígenas, ilustra el resultado: el resguardo, ya recortado por la absorción previa de lotes por parte de haciendas vecinas, se fragmentó en minifundios antieconómicos que agravaron los problemas agrarios de la región en lugar de resolverlos. La igualdad ciudadana, promesa republicana de 1821, había producido en el terreno una geografía de minifundio inviable y peonaje ampliado.

Y sin embargo, la Ley 89 mantuvo su vigencia bien entrado el siglo XX y se convirtió, contra su propia retórica civilizatoria, en el instrumento legal desde el cual las comunidades indígenas defenderían derechos territoriales en el Cauca y en otras regiones. Que una ley destinada a "reducir salvajes a la vida civilizada" haya terminado siendo, ochenta años después, el zócalo jurídico de la reivindicación indígena moderna es una de las ironías más densas de la historia colombiana.

Balance de un siglo

Visto en conjunto —desde el ataque borbónico del siglo XVIII hasta las extinciones del siglo XX— el proceso revela varias verdades que no se dejan reducir a fórmulas simples.

La primera es que el discurso igualitario republicano funcionó, en la práctica, más como legitimación que como causa motriz. La presión latifundista, el crecimiento demográfico mestizo y la demanda de mano de obra por parte de las haciendas venían empujando desde el siglo XVIII; la abolición del tributo en 1821, la ley de reparto de 1832 y la libre enajenación de 1850 canalizaron jurídicamente y aceleraron un proceso que estaba en marcha, pero no lo inauguraron. La retórica del indio-ciudadano-propietario individual sirvió para vestir de progreso lo que en el terreno era desposesión.

La segunda es que las decisiones legislativas concretas sí importaron. La prohibición de enajenación entre 1832 y 1850 demoró el despojo; su levantamiento lo desató. Las suspensiones provinciales entre 1835 y 1848 salvaron temporalmente resguardos que sin ellas habrían caído antes. La Ley 89 de 1890 dio herramientas defensivas que comunidades del Cauca y del San Jorge supieron usar. Las estructuras no operaban al margen de las instituciones: los ritmos, las formas y los actores del despojo dependieron de decisiones políticas específicas.

La tercera es que la variación regional fue decisiva. Los resguardos del altiplano cundiboyacense —Cundinamarca, Boyacá, Tunja, Chiquinquirá, Guatavita, la Sabana de Bogotá, la provincia de Vélez— desaparecieron o se redujeron a su mínima expresión bajo la presión combinada de haciendas expansivas, cercanía a los centros administrativos y ausencia de aliados políticos regionales. Los del suroccidente —el Cauca, Popayán, Pasto, Nariño, el macizo colombiano, las tierras paeces— resistieron con éxito desigual gracias al aislamiento geográfico, la cohesión comunitaria y la alianza táctica con líderes liberales regionales. La geografía y la agencia indígena fueron, en muchos casos, tan determinantes como la ley nacional.

La cuarta es que el consenso de las élites criollas sobre la extinción del resguardo fue amplio pero no absoluto. Liberales y conservadores, centralistas y federalistas coincidieron en la meta; la Regeneración de 1890 rompió parcialmente el consenso, no por convicción indigenista sino por lógica misional. La ideología dominante, desde el período republicano temprano hasta los años sesenta del siglo XX, concibió la propiedad comunal como obstáculo al proyecto de construcción nacional, y la política oficial buscó incorporar a los indios a la población general mediante mestizaje biológico y asimilación cultural. Que ese proyecto haya fracasado —que los pueblos indígenas colombianos hayan preservado identidad, lengua y territorio en proporciones significativas— se debe menos a las virtudes de la legislación que a la persistencia de las comunidades.

La disolución de los resguardos fue, al cabo, un proceso de acumulación primitiva de largo aliento: la transferencia masiva de tierra desde comunidades indígenas hacia propietarios individuales, latifundistas y capitales comerciales, envuelta en el lenguaje del progreso, la ciudadanía y la civilización. Produjo el proletariado rural y semiproletario que alimentó las haciendas cafeteras, azucareras y ganaderas de la Colombia moderna, y dejó como herencia una estructura agraria concentrada cuyas consecuencias —el conflicto por la tierra— siguen abiertas. Y produjo también, en su reverso, una tradición de resistencia comunitaria que, pasando por la Ley 89 de 1890 y por la lucha del siglo XX, mantendría viva la posibilidad —constitucionalizada en 1991— de que la propiedad colectiva de la tierra volviera a ser reconocida como derecho, no como anomalía.