Carlos Holguín Mallarino

Formación caucana

Holguín se formó en el Cauca de mediados del siglo XIX, la región que produjo también a Julio Arboleda, a Sergio Arboleda, a Manuel María Mallarino —figura mayor del conservatismo civilista al que lo unían los apellidos— y a José María Rojas Garrido, entre otros. Era un territorio donde los apellidos definían facciones y donde la política se aprendía en las tertulias familiares antes que en las aulas. Popayán, ciudad episcopal y letrada, y Cali, entonces todavía villa provincial, marcaban los polos de esa geografía. Nóvita, en el Chocó, entraba en los itinerarios administrativos y comerciales de la élite caucana, cruzada de minería aurífera y curatos. Era un mundo pequeño, replegado sobre sí mismo, en el que las familias principales se conocían de infancia y se enfrentaban en las guerras civiles con la familiaridad de quien se ha sentado años antes en la misma mesa.

El siglo XIX colombiano trituraba talento joven en guerras civiles y ministerios efímeros, y Holguín se movió temprano en ambos escenarios. Fue conservador desde el comienzo, en la variante caucana que combinaba defensa del orden social, catolicismo militante y desconfianza del federalismo radical. La generación anterior de su familia había gobernado ya, y esa herencia política pesaba de un modo casi doméstico. Manuel María Mallarino, cuya cercanía nominal marcaba a Holguín desde el apellido, ocupó la presidencia y firmó el 3 de septiembre de 1855 un contrato con la Compañía Sainte Rose para amortizar deudas externas mediante la venta de hasta 30.350.250 hectáreas de tierras baldías. La cifra da la medida de las decisiones fiscales de la época y del tipo de operaciones que Holguín aprendería a considerar naturales dentro del oficio de gobernar.

Durante ese mismo gobierno se firmó, el 9 de julio de 1856, el tratado de amistad, navegación y comercio con Ecuador, y estallaron los sucesos del Melón de Panamá el 15 de abril de ese año. El mundo del que Holguín salió era ese: uno donde la deuda con Inglaterra, la vecindad con Ecuador, el istmo de Panamá y las banderías internas se cruzaban como hilos de una misma madeja, y donde un Mallarino podía sentarse en la silla presidencial y decidir el destino de millones de hectáreas con la firma de un contrato. La política, en ese Cauca, no era una vocación abstracta: era un oficio que se veía practicar en casa desde niño.

Su formación fue letrada —era un mundo en el que se llegaba al poder escribiendo—, jurídica en su base y periodística en su ejercicio. La prensa fue su primer campo de batalla. En un país donde los partidos se hacían y deshacían en los periódicos, saber escribir con eficacia polémica valía tanto como ganar una elección. Los conservadores caucanos publicaban hojas volanderas, respondían a los liberales de Cali y Popayán, y armaban en cada polémica una posición doctrinaria que luego trasladarían al Congreso. Holguín aprendió esa técnica pronto: la argumentación breve, el sarcasmo medido, la capacidad de fijar al adversario con un epíteto. Esa formación polémica lo acompañaría hasta el final, incluso cuando ya administraba el Estado y firmaba decretos, y explica en parte por qué toleraría tan mal la sátira ajena cuando le tocó el turno de gobernar.

Los años previos a la diplomacia lo vieron oscilar entre la redacción y el Congreso, entre el ataque impreso y el discurso parlamentario. El paso por la prensa no era, en su caso ni en el de sus contemporáneos, una etapa juvenil que se dejara atrás: era una condición permanente. Un conservador letrado del siglo XIX escribía siempre, aunque estuviera en un ministerio o en una legación. La pluma seguía en el bolsillo, dispuesta a responder al adversario del día. Esa continuidad entre gabinete y periódico explica por qué las clausuras posteriores tuvieron para él el sabor doble de la medida administrativa y del ajuste de cuentas entre publicistas.

Prensa, diplomacia, poder

La carrera de Holguín antes de 1888 combinó las tres pistas clásicas del hombre público conservador del siglo XIX: prensa, diplomacia y congreso. Fue redactor y publicista, animador de periódicos conservadores en el largo pulso contra los radicales, y luego representante diplomático de Colombia en Europa, con destinos en Madrid y Londres. Las legaciones londinenses tenían durante todo el siglo una función precisa: negociar con los tenedores de bonos británicos la deuda externa colombiana, asunto crónico desde la independencia. El Council of Foreign Bondholders publicó desde 1868 informes recurrentes sobre Colombia, y el país sostenía además una dependencia significativa del comercio con Gran Bretaña, respaldada por un tratado favorable a los ingleses. La misión de Juan de Francisco como Ministro Plenipotenciario en Londres —encomendada por el presidente Mariano Ospina Rodríguez y presentada ante la Reina Victoria el 25 de junio de 1857 para negociar con el súbdito británico James Mackintosh— era la clase de encargo en el que se formaban los diplomáticos colombianos de la segunda mitad del siglo. Holguín conoció ese oficio de cerca.

Las legaciones europeas fueron para él algo más que un cargo: fueron la escuela que le enseñó a mirar Colombia desde afuera. En Madrid negoció asuntos consulares y de reconocimiento, en un vínculo que arrastraba todavía el peso simbólico de la antigua metrópoli y que requería un tacto particular. En Londres pulsó el ánimo de los acreedores británicos y aprendió el idioma técnico de la deuda perpetua, los cupones vencidos y las conversiones. Los diplomáticos colombianos del período viajaban con instrucciones escuetas, presupuestos precarios y la obligación de improvisar frente a burocracias imperiales acostumbradas a tratar con potencias mayores. Las salas de espera, los oficios sin respuesta, los almuerzos con banqueros escépticos formaban parte del aprendizaje tanto como los despachos formales.

Esa experiencia dejó en Holguín una convicción difícil de disimular: que la política interior colombiana no podía separarse del vínculo financiero con Europa, y que gobernar Colombia significaba, entre otras cosas, saber conversar con Londres. Cuando volvió al país, esa mirada exterior lo distinguía de los conservadores puramente domésticos y le daba, dentro del régimen naciente, un lugar propio como intermediario natural con los intereses extranjeros. Manejaba un vocabulario técnico —el de las conversiones, los rendimientos, los sindicatos de tenedores— que pocos entre sus correligionarios dominaban con soltura, y esa competencia se convertiría, ya en la designatura, en una ventaja política silenciosa.

La coyuntura decisiva llegó en 1888. Núñez había ganado su cuarta elección presidencial en 1886, respaldado por el Partido Nacional, esa coalición conservadora-liberal que apenas duró unos meses antes de disolverse en su componente conservador. La Constitución acababa de ser sancionada el 5 de agosto de 1886 por el designado José María Campo Serrano, tras haber sido dada el 4 de agosto y suscrita por los delegatarios del Consejo Nacional Constituyente. El texto era, en lo esencial, obra de Miguel Antonio Caro: régimen centralista, presidente elegido por voto directo, período de seis años, división del país en departamentos, libertad de cultos condicionada a que no fueran contrarios a la moral cristiana ni a las leyes, y educación pública organizada en concordancia con la Religión Católica según su artículo 41.

Ese armazón se completó con el Concordato firmado en 1887. Devolvió a la Iglesia propiedades confiscadas por los gobiernos anticlericales de mediados de siglo. Otorgó efectos civiles al matrimonio católico, y con ello eliminó en la práctica el divorcio civil. Entregó a los ordinarios diocesanos, mediante sus artículos 12 y 13, la inspección y revisión de textos en materia de religión y moral en todos los centros de enseñanza. Ese control eclesiástico sobre la educación pública se mantendría, prácticamente sin fisuras, hasta 1930.

Sobre esa arquitectura, Núñez gobernaba a distancia y necesitaba delegar. Su primer designado, Eliseo Payán —de origen liberal independiente, caucano como Holguín—, no encajaba en la deriva del régimen. La Ley 40 del 4 de mayo de 1888 revocó su nombramiento y le impuso el alejamiento de la capital con prohibición de establecerse en el Cauca. Fue la operación conocida como la "payanización": desplazamiento personalista, hecho a la medida de la voluntad presidencial, para apartar a un designado incómodo. La destitución de Payán abrió la vacante. Holguín ocupó la designatura ese mismo año y ejerció el poder ejecutivo hasta 1892.

Los términos exactos de esa transición son reveladores. Hasta mediados de 1888, la Regeneración había mantenido la ficción de coalición bipartidista, con un designado de origen liberal independiente al lado del presidente conservador-nacionalista. Con la caída de Payán y el ascenso de Holguín, el control del ejecutivo pasó de hecho a manos de los conservadores con la anuencia expresa de Núñez, y los independientes de origen liberal prácticamente desaparecieron del escenario político como fuerza autónoma. Cuando en 1890 se venció el primer período de Holguín, los dos candidatos considerados para la designatura eran ya conservadores: el mismo Holguín y un general abogado antioqueño. La coalición había mutado sin ruido y sin declaración: el Partido Nacional era, para todos los efectos, el Partido Conservador.

En el terreno concreto de las medidas de gobierno, la administración de Holguín se define por dos frentes que se refuerzan mutuamente. El primero fue la política monetaria heredada. El Banco Nacional, creado por Núñez en 1881 durante su primera presidencia con el fin de centralizar la emisión, había recibido con el decreto 104 del 19 de febrero de 1886 la facultad de emitir papel moneda de curso forzoso, tras el triunfo de la Regeneración en la guerra de 1885. La ley 57 de 1887 le otorgó el privilegio exclusivo de emisión.

Durante el gobierno de Holguín ese sistema funcionó dentro del límite de doce millones de pesos que el Congreso había fijado en 1887, límite que Núñez respetaba con disciplina y que Caro luego violaría con emisiones secretas. El sistema producía descontento en los sectores comerciales y bancarios acostumbrados al predominio del crédito privado y al libre ejercicio de la usura. Sus críticos —no solo liberales— argumentaban que el papel moneda era intrínsecamente sin valor, constituía un préstamo forzoso arbitrario, expulsaba capitales, destruía el hábito del ahorro y forzaba la inversión improductiva; los defensores respondían que aumentaba el circulante, bajaba la tasa de interés y liberaba capital hacia otros sectores. Holguín administró el sistema sin romperlo, y esa disciplina fiscal —invisible en los grandes relatos del período— fue una de sus contribuciones específicas a la Regeneración.

Pero un régimen no se sostiene solo con equilibrios contables. La estabilidad monetaria que Holguín cuidaba tenía como reverso una disciplina política que había que garantizar por otros medios, y ahí entraba el segundo frente de su gobierno, el que definiría su memoria dura: la Ley 61 de 1888, conocida como la "Ley de los Caballos". Su texto facultaba al Presidente de la República para reprimir administrativamente crímenes y ofensas contra el Estado que afectaran el orden público, con la potestad de imponer confinamiento, expulsión del territorio, prisión o pérdida de derechos políticos por el tiempo que considerara necesario. Era, en esencia, la formalización del arbitrio ejecutivo sobre los adversarios. Junto con el artículo K del capítulo de Disposiciones Transitorias de la Constitución de 1886 —el famoso "artículo K"—, la Ley 61 conformó el aparato jurídico que permitió al régimen dictar decretos para "reprimir los abusos de la prensa" y perseguir liberales durante toda la Regeneración. La ley fue promulgada durante el gobierno de Holguín y aplicada durante su gobierno. No se le puede eludir esa autoría.

Bajo su amparo, la prensa opositora comenzó a caer. El caricaturista Alfredo Greñas, animador principal del periódico satírico El Zancudo, sufrió el rigor de la maquinaria: encarcelado primero en el Panóptico de Bogotá, luego trasladado a las bóvedas de Cartagena y finalmente desterrado mediante telegrama firmado por Núñez desde Cartagena, en aplicación de la "Ley K". El Zancudo fue clausurado por seis meses desde agosto de 1890 —bajo el gobierno de Holguín— y reapareció el 22 de febrero de 1891 con un texto irónico titulado "Y resucitó entre los muertos", alusivo a la Regeneración. La clausura definitiva llegó el 4 de octubre de 1891, todavía durante la administración Holguín. En otro periódico, El Mago (1891-1892), Holguín aparecía representado como un esqueleto junto a Núñez, entre tumbas de liberales muertos en la guerra. La caricatura no lo perdonaba, y él no perdonaba a la caricatura.

Todos esos elementos —la designatura, la Ley 61, la clausura de El Zancudo, el ascenso doméstico de los conservadores— configuran la trayectoria específica de Holguín. Al vencerse su período en 1892, el poder pasó a Miguel Antonio Caro, en el contexto de las elecciones de ese año, en las que ambas facciones conservadoras respaldaron la candidatura de Núñez para presidente pero se dividieron en torno a la vicepresidencia. Núñez fue elegido por cuarta vez, pero no ejerció el cargo: murió en 1894, y Caro, que como vicepresidente ya gobernaba en las ausencias del titular, asumió el control completo del gobierno en Bogotá.

Núñez, Caro y la red familiar

Lo que hizo Holguín cobra su sentido pleno solo cuando se lo mira en el triángulo que formaba con las tres figuras que lo rodearon en distintos momentos: Núñez, Caro y su propia parentela extendida.

Con Rafael Núñez la relación fue la del lugarteniente leal frente al caudillo distante. Núñez, cartagenero, prefirió gobernar desde El Cabrero, delegando cada vez más el ejercicio cotidiano del poder en sus designados. Holguín no fue una excepción a esa lógica sino su cumplimiento más acabado: conservador, gestor eficaz, sin ambición doctrinaria propia, capaz de administrar el aparato sin disputarle al titular el liderazgo simbólico. Su lealtad fue funcional al proyecto regeneracionista: mientras Payán —independiente, potencialmente autónomo— había resultado incómodo, Holguín no. Su designatura consolidó el modelo de un ejecutivo bicéfalo en el que Núñez conservaba la investidura y Holguín aplicaba las decisiones.

Con Miguel Antonio Caro la relación fue más compleja. Caro era el ideólogo puro del régimen, gramático, católico integral, tradicionalista de fondo, y llevaba ya años produciendo la arquitectura jurídica —la Constitución de 1886, el Concordato de 1887— sobre la que Holguín se apoyaba. El vínculo familiar entre los Holguín y los Caro añadía una capa a esa proximidad política: el patriciado conservador se sostenía tanto en las ideas como en los parentescos. Cuando Holguín entregó el poder en 1892, la continuidad con Caro no fue accidental: fue la culminación lógica de la deriva iniciada en 1888. Pero también hubo diferencia de temperatura. Caro insistiría en políticas que estrechaban aún más el acceso liberal al poder y contribuirían al clima de tensión previo a la guerra civil de 1899. Las emisiones secretas del Banco Nacional bajo su gobierno excedieron en más de nueve millones de pesos el límite que Núñez había respetado y provocaron finalmente que el Congreso aboliera el Banco, lo reemplazara con una sección del Ministerio de Hacienda encargada de la amortización gradual del papel moneda y prohibiera nuevas emisiones salvo en caso de guerra. Holguín no llegó a esos extremos.

En la red familiar —los Mallarino, los Holguín, el vínculo con los Caro— encarnó la faceta patrimonial de la política colombiana. Su hermano Jorge, autor de Desde cerca en 1907, prolongó la presencia familiar en la vida pública, y esa continuidad tenía poco de excepcional: los cargos se transmitían entre parientes —hijos, hermanos, primos, cuñados, sobrinos— como herencias familiares de influencia, tanto entre los Ospina en Antioquia como entre los Arboleda y los Mallarino en el Cauca. Holguín fue tan producto de esa lógica como agente de ella.

En el plano más amplio del elenco político, gobernó un país en que el liberalismo radical estaba excluido, los militaristas liberales eran reprimidos por considerárselos subversivos y los independientes habían perdido cualquier autonomía. Sergio Arboleda representaba el ala más tradicionalista del conservatismo caucano; José María Rojas Garrido, ya en el ocaso de su vida, encarnaba una elocuencia liberal cada vez más silenciada. Rafael Reyes, futuro presidente y hombre de una generación posterior, comenzaba a construir su capital político. Y en la disidencia conservadora, en Antioquia, Marceliano Vélez lideraba en 1891 una facción separada del Partido Nacionalista que lo nominó para presidente en boleta propia: el faccionalismo interno del conservatismo, que años después estallaría con el Manifiesto de los 21 en 1896 y con la fórmula Sanclemente-Marroquín de 1898, comenzaba ya a fisurar la unidad del régimen bajo la presidencia formal de Holguín.

El eslabón de la hegemonía

Medir el legado de Holguín exige distinguir tres capas.

En la inmediata, la de sus años de gobierno, dejó dos huellas concretas de signo opuesto. La positiva —desde la lógica del régimen— fue haber consolidado la transferencia del poder al conservatismo puro sin fracturas visibles y haber gestionado el sistema monetario dentro de los límites legales sin producir la crisis fiscal que Caro sí produciría después. La negativa fue la Ley 61 de 1888, que institucionalizó el arbitrio ejecutivo sobre los opositores y sentó el precedente jurídico que permitiría el destierro de Santiago Pérez por decreto número 1227 del 14 de agosto de 1893 —ya bajo Caro—, la clausura del Relator ese mismo año y, en general, la persecución de la disidencia que empujaría al partido liberal a la guerra civil de 1895 y luego a la de 1899. Los fusilamientos y destierros de líderes liberales, la clausura frecuente de periódicos, la manipulación electoral sistemática y la exclusión de los liberales del Congreso configuraron un régimen que el propio Holguín ayudó a armar en su versión operativa, aunque otros lo endurecerían.

En la estructural, la de la Regeneración como sistema, ocupa un lugar preciso: fue el eslabón que hizo la transición entre el proyecto bipartidista original de Núñez y el conservatismo militante de Caro. Sin su gestión de 1888-1892, la coalición nacionalista habría podido durar más, o habría podido romperse con un conflicto abierto entre facciones. Holguín permitió que la transición ocurriera sin ruido, que Payán quedara neutralizado, que los independientes se disolvieran y que Caro heredara un aparato ya afinado. La hegemonía conservadora, que se mantendría hasta 1930, tuvo en esos cuatro años su punto de consolidación operativa. La Constitución de 1886, en su esencia, se mantuvo vigente hasta la de 1991: sobre ella se organizó toda la vida institucional colombiana del siglo XX, y Holguín fue uno de los primeros administradores en darle contenido cotidiano.

En la memoria, ha sido un fantasma discreto. El recuerdo del período se concentra en Núñez —figura fundacional, poeta, ideólogo del "regreso al orden"— y en Caro —cerebro doctrinario del régimen, gramático, tradicionalista integral—, dejando a Holguín en un segundo plano administrativo, casi como un paréntesis entre dos titulares. No produjo una doctrina, no dejó un cuerpo de escritos comparable al de Caro, no fue el arquitecto del edificio constitucional. Pero firmó las leyes decisivas que dieron forma coercitiva al régimen, administró el paso de la coalición a la hegemonía, negoció con las facciones internas y preparó el terreno para la fase más dura de la Regeneración. Su relativa invisibilidad encubre una responsabilidad fundacional: la de haber sido el primer eslabón institucionalizado del autoritarismo que desembocaría, más de una década después, en la guerra de los Mil Días.

Sus Aclaraciones al Congreso Nacional, publicadas en 1894 —el año mismo de su muerte y de la de Núñez—, fueron un intento tardío de intervenir en el debate sobre la política monetaria del régimen, tal vez para defender la ortodoxia fiscal de sus años de gobierno frente a las emisiones secretas que Caro ya practicaba. No inventó el papel moneda de curso forzoso ni inauguró el monopolio de emisión: heredó ambos y los administró. Que decidiera escribir sobre ello en el ocaso confirma hasta qué punto se sabía parte de un debate que había ocupado el centro de la política nacional durante toda la década, y hasta qué punto sentía necesidad de fijar su versión antes de que otra prevaleciera.

Murió ese mismo año, 1894, en el umbral de una crisis que no vería. Núñez moriría meses después. Caro asumiría el control completo del gobierno y radicalizaría el régimen hasta el punto de que la guerra civil se volvería inevitable. La fórmula Sanclemente-Marroquín de 1898, propuesta por los nacionalistas para mantener el proyecto regeneracionista frente a los liberales, prolongaría la ficción unos años más. La pérdida de Panamá en 1903 —consecuencia lejana de las políticas que Caro había profundizado— cerraría el ciclo.

Holguín no vio nada de eso. Su nombre quedó fijado en la memoria del país como el de un designado eficaz, un conservador leal, un gestor competente. Pero esa modestia biográfica encubre su lugar real. La Regeneración fue la Constitución de Caro y el carisma de Núñez, sí, pero también la Ley 61 de 1888, la clausura de El Zancudo, la neutralización de Payán, la consolidación del ejecutivo en manos conservadoras. Todo eso lleva la firma de Carlos Holguín. Que un régimen se recuerde por sus ideólogos y no por sus operadores es la ilusión óptica de siempre: una hegemonía no se construye únicamente con doctrinas y constituciones, sino con un designado leal que, cuatro años seguidos, firma los decretos que hacen falta.