Arqueología nacional

Arqueología nacional en Colombia

La arqueología nacional en Colombia es la práctica científica y el aparato institucional que, entre finales del siglo XIX y mediados del XX, convirtió los objetos y sitios prehispánicos del territorio en patrimonio del Estado y en materia prima de la identidad nacional. No existió como disciplina profesionalizada hasta la República Liberal (1930-1946): antes hubo viajeros, coleccionistas y guaqueros; después, un Servicio de Arqueología, un Museo Arqueológico Nacional, un Instituto Etnológico Nacional y una generación de investigadores formados en método. Ese salto —de la vitrina de curiosidades a la excavación estratigráfica— ocurrió tarde, dependió en buena medida del exilio europeo que huía del nazismo y del franquismo, y fijó un relato del pasado prehispánico centrado en San Agustín, Tierradentro y la orfebrería quimbaya. La arqueología colombiana nació, así, como un dispositivo estatal para producir ancestralidad monumental en un país que apenas empezaba a preguntarse qué había sido antes de la Conquista.

Antes de la disciplina: viajeros, guaqueros y anticuarios

Durante buena parte del siglo XIX, lo que hoy llamaríamos arqueología en el territorio colombiano fue una mezcla de curiosidad ilustrada, saqueo sistemático y coleccionismo privado. Alexander von Humboldt, en su paso por la Nueva Granada, atribuyó a los muiscas ciertas cabezas de obsidiana que probablemente habían llegado desde Centroamérica por rutas de comercio anteriores a la Conquista: un error temprano y revelador de cuán poco se sabía sobre la geografía de las culturas prehispánicas. Junto a él, José Celestino Mutis, Agustín Codazzi y sus colaboradores locales dejaron descripciones y registros cuyas consecuencias antropológicas aún no han sido evaluadas con detenimiento para el caso colombiano.

El grueso del material que hoy reposa en museos, sin embargo, no salió de esas expediciones sino de las tumbas. La colonización antioqueña del Gran Caldas, a lo largo del siglo XIX, se hizo en gran parte profanando sepulturas quimbayas. Grupos de comerciantes financiaban el saqueo, fundían el oro para venderlo por peso o atesoraban las piezas más notables, y de ese circuito nacieron las primeras colecciones de orfebrería prehispánica del país, que luego serían compradas por museos europeos y norteamericanos. El guaquero —figura que la conquista española inauguró y que la República no supo o no quiso desmontar— era el proveedor último de una cadena que terminaba en vitrinas de Berlín, Madrid, París o Washington. Allí los objetos servían para exhibir la riqueza material de los antiguos pueblos indígenas del recién formado territorio colombiano: mostraban una grandeza pretérita sin obligar a nadie a pensar en los indígenas vivos.

El episodio más emblemático de esa lógica fue la donación del Tesoro Quimbaya. En 1892, con motivo del IV Centenario del Descubrimiento celebrado en Sevilla, se exhibieron 122 piezas de orfebrería extraídas de dos sepulturas de La Soledad, en el municipio de Filandia. Terminada la exposición, el presidente Carlos Holguín entregó la colección entera a la reina María Cristina de España como reconocimiento por su labor arbitral en la delimitación de fronteras entre Colombia y Venezuela. El Tesoro Quimbaya sigue hoy en el Museo de las Américas, en Madrid. Un Estado que regala su patrimonio prehispánico para saldar una gestión diplomática dice, sin necesidad de explicarlo, en qué lugar tenía a los muertos indígenas del propio territorio.

El coleccionismo interno era igualmente ambiguo. En Antioquia, el coleccionista Leocadio guardó celosamente su acervo: en 1877 se negó a enviar un inventario al profesor Adolf Bastian, del Museo Etnográfico de Berlín, y luego declinó participar en la Exposición Histórico-Americana de Madrid (1892) y en la Exposición Universal de Chicago, permitiendo apenas fotografías de algunas piezas. Su colección tendría que esperar hasta 1924 para que el gobierno la declarara reliquia nacional, en un intento de frenar las gestiones para venderla al exterior: una operación con el Smithsonian se había frustrado en 1918 por muerte del propietario, y en 1933 Germán Olano, cónsul en Nueva York, volvía a moverla. La declaratoria de reliquia nacional llegó tarde y llegó como reacción, no como política.

En ese siglo XIX de anticuarios y hombres de letras, la aproximación al pasado prehispánico fue, sobre todo, descriptiva y distante. Eruditos con inclinación hacia la etnología y la lingüística leyeron las crónicas españolas para reconstruir ritos y costumbres, pero rara vez conectaron los vestigios arqueológicos con las sociedades que los habían producido, y menos aún con los pueblos indígenas contemporáneos. La atracción era por objetos exóticos, no por historias vivas. Vicente Restrepo llevó esa lógica al terreno del debate identitario en 1895, cuando atacó frontalmente la exaltación de la cultura muisca: lo que se sabía de ellos, argumentó, era pura conjetura; no podían ser pilar de la nacionalidad por ser solo uno de los innumerables grupos del territorio; y su sociedad, en cualquier caso, había sido relativamente pobre. La polémica dejaba al descubierto un problema que la arqueología del siglo XX heredaría entero: en un país sin un imperio prehispánico único y visible como el azteca o el inca, ¿qué pasado indígena podía sostener una identidad nacional?

El andamiaje institucional heredado

La arqueología liberal no partió de cero en materia institucional, aunque sí en materia científica. El Museo Nacional había sido creado por ley del Congreso el 28 de julio de 1823, bajo el nombre de Museo de Historia Natural y Escuela de Minería, y abrió sus puertas el 4 de julio de 1824 en la antigua Casa de la Expedición Botánica. A mediados del siglo XIX se estableció un Instituto de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas que agrupaba el Observatorio Astronómico, el Jardín Botánico, el Laboratorio Químico Nacional y el propio Museo de Historia Natural de Bogotá.

El hito mayor del período fue la Comisión Corográfica, establecida por la Ley 29 de 1849 durante la administración de José Hilario López y activa entre 1850 y 1859. Fue el primer intento científico institucional de alcance global en Colombia y la primera vez que el Estado asumió la responsabilidad de dotarla de fondos y garantizar su permanencia. La dirigió el coronel-ingeniero italiano Agustín Codazzi (1792-1859) y la integraron, entre otros, Manuel Ancízar (1812-1882), Manuel María Paz (1820-1902) y José Jerónimo Triana (1826-1890). Su tarea fue el levantamiento del mapa de la República y el estudio de sus provincias, en un contexto en que la disolución de la Gran Colombia había dejado a los mandatarios de la Nueva Granada frente a la urgencia de conocer y construir la identidad nacional. La Comisión trabajó a la vez con instrumentos científicos y con lápices: dejó mapas, memorias descriptivas y acuarelas que fijarían durante décadas la imagen del país.

Una década después, en 1859, Ezequiel Uricoechea —profesor de química y mineralogía en el Colegio del Rosario— fundó la Sociedad de Naturalistas Neogranadinos, inspirada en las corrientes liberales e ilustradas de la época. Empezó a declinar a comienzos de la década de 1860 y, tras varios relevos —Sociedad de Naturalistas Colombianos, Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales—, terminó transformada en la Academia Nacional de Medicina. Ninguna de estas instituciones se dedicó específicamente a la arqueología, pero todas prepararon el terreno: acostumbraron al Estado a financiar ciencia y crearon una tradición mínima de sociedades científicas que la República Liberal recogería casi un siglo después.

La República Liberal como coyuntura

En 1930, la victoria de Enrique Olaya Herrera puso fin a casi medio siglo de Hegemonía Conservadora y abrió lo que la historiografía llama República Liberal. El giro no fue inmediato en materia cultural: el gobierno de Olaya (1930-1934) priorizó los problemas políticos y económicos, y las reformas educativas y culturales quedaron en segundo plano, limitadas por las estrecheces del erario. Fue el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), bautizado como "Revolución en Marcha", el que dio a la cultura y la educación un lugar central: reforma universitaria, apertura de la universidad a la mujer, construcción de la Ciudad Universitaria en Bogotá y la Ley 12 de 1934, que creó la Campaña de Cultura Aldeana y Rural, asociada a la Comisión de Cultura Aldeana. En ese ambiente —de indigenismo latinoamericano, ecos de la Revolución mexicana, aprismo peruano y lectura mariateguista del marxismo— la intelectualidad liberal empezó a mirar el pasado prehispánico con ojos distintos.

La Revista de las Indias, órgano cultural del período, publicó investigaciones arqueológicas sobre culturas precolombinas: los hipogeos de Inzá, una "Máscara de oro de Inzá" firmada por José Pérez de Barradas, "Investigaciones arqueológicas de Tierra Adentro" de Gregorio Hernández de Alba. El pasado indígena dejaba de ser una curiosidad de anticuario para convertirse en materia de un proyecto político-cultural.

Dos piezas hicieron posible el salto disciplinar. La primera fue la Escuela Normal Superior, que reunió a un plantel de profesores extranjeros llegados a Colombia huyendo de las persecuciones nazis y franquistas: el etnólogo francés Paul Rivet, el geógrafo alemán Ernesto Guhl, el catalán Pablo Vila y, junto a ellos, Justus W. Schottelius, Rudolf Hommes, Kurt Freudenthal, Gerard Mazur, Juan Friede, Luis de Zulueta, Urbano González de la Calle, José María Ots Capdequí, entre otros. La comunidad académica que formaron fue pequeña e incipiente, pero decisiva: formó a la primera generación colombiana de científicos sociales profesionalizados —Jaime Jaramillo Uribe, Gregorio Hernández de Alba, Virginia Gutiérrez, Luis Flórez— en disciplinas hasta entonces en manos de aficionados. La segunda pieza fue la voluntad del gobierno de Eduardo Santos (1938-1942) —caracterizado como una "pausa" moderada respecto al reformismo de López— de acoger a los intelectuales españoles refugiados de la Guerra Civil, que llegaron en 1940. En el mismo lapso se inauguró el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional (1938) y se fundó la Radiodifusora Nacional, y en 1939 Jorge Eliécer Gaitán fue nombrado ministro de Educación.

El azar geopolítico jugó un papel que no conviene subestimar: la arqueología colombiana adquirió metodología científica porque Europa expulsó a sus científicos, no porque una demanda interna consolidada la reclamara. Pero el Estado liberal supo aprovechar el desembarco.

1938: el año fundacional

El año 1938 concentra los actos de fundación. Con motivo del cuarto centenario de la fundación de Bogotá se organizó una exposición arqueológica y etnográfica de gran escala, que reunió colecciones públicas y privadas y funcionó como puesta en escena del pasado prehispánico ante la ciudad capital. Cerrada la muestra, la decisión política fue abrir al público, de manera permanente, el Museo Arqueológico Nacional. Durante sus primeros años funcionó en algunos salones de la Biblioteca Nacional; a partir de 1946 se instaló en la primera planta del antiguo panóptico de Bogotá.

Ese mismo 1938 se creó el Servicio de Arqueología, adscrito al Ministerio de Educación Nacional: el brazo estatal encargado de investigar, excavar y custodiar los sitios prehispánicos. Y en 1939 el Banco de la República inició, como iniciativa institucional propia, la adquisición de piezas precolombinas provenientes fundamentalmente de la región del Quindío, con el propósito de formar una colección de orfebrería. Nacía así el Museo del Oro, cuya trayectoria terminaría eclipsando por completo a su hermano estatal.

La pieza más ambiciosa fue el Instituto Etnológico Nacional (IEN), articulado al Museo Arqueológico y Etnográfico y montado según el modelo francés que Paul Rivet conocía de primera mano en el Musée de l'Homme de París. Rivet fue su primer director y dirigió también, en su fase inicial, la Revista del Instituto Etnológico Nacional. El IEN cumplía dos funciones a la vez: era escuela —formó a los primeros etnólogos y arqueólogos titulados del país— y era brazo de investigación, con salidas de campo, publicaciones periódicas y contacto con las redes internacionales del americanismo.

Alrededor de Rivet gravitaron figuras que, sin el exilio, difícilmente habrían coincidido en Bogotá. Wolfram Schottelius, intelectual alemán de tendencia socialista y alumno de Konrad Theodor Preuss, llegó en 1938 y murió tres años después, en 1941, dejando apenas una obra iniciada; su artículo "Estado actual de la arqueología colombiana", publicado póstumamente en 1946 en el Boletín de Arqueología, formuló con precisión los tres problemas centrales que la disciplina debía enfrentar: el análisis de las relaciones mutuas entre culturas locales, su relación con otras partes de América y el establecimiento de un orden cronológico. En 1941, Rivet envió a su discípulo austriaco Gerardo Reichel-Dolmatoff a la Sierra Nevada de Santa Marta a hacer trabajo de campo etnológico: el joven investigador iniciaba allí una trayectoria que, décadas después, lo convertiría en el arqueólogo colombiano más influyente del siglo. Blanca Ochoa (1914-2008) fue una de las primeras etnólogas egresadas del IEN, en una generación en que la profesión, apenas fundada, ya empezaba a abrirse a mujeres.

El aparato institucional resultante tenía una arquitectura reconocible: un Ministerio de Educación que coordinaba, un Servicio de Arqueología que autorizaba y excavaba, un Museo Arqueológico que exhibía, un Instituto Etnológico que investigaba y formaba, y una revista propia que difundía. Sobre el papel, un dispositivo completo. En la práctica, un edificio frágil, sostenido por un puñado de personas y muy dependiente de la voluntad política de cada gobierno.

San Agustín y Tierradentro: los sitios fundadores

Toda arqueología nacional necesita sus sitios emblemáticos. En Colombia, los años treinta y cuarenta consagraron dos: San Agustín, en el Huila, y Tierradentro, en el Cauca.

San Agustín era conocido desde el siglo XVIII. Fray Juan de Santa Gertrudis, en su recorrido colonial, describió las estatuas interpretándolas como representaciones de obispos franciscanos y atribuyéndolas, con la lógica de su tiempo, a los demonios. La descripción muestra cuán ilegible era el sitio para la mirada colonial: solo cabía traducirlo al catolicismo o al infierno. Cuando la arqueología liberal volvió sobre él, San Agustín se reveló como el complejo más espectacular del país: varios centenares de grandes estatuas de piedra y un crecido número de túmulos o montículos de tierra que cubren templos y entierros, distribuidos en más de treinta agrupaciones —Las Mesitas, Alto de Lavapatas, Alto de los Ídolos, Alto de las Piedras— sin evidencia de un centro urbano o aldea principal.

Las investigaciones se concentraron desde el comienzo en la excavación de estatuas, túmulos y entierros: los rasgos monumentales que producían impacto visual y encajaban con la vocación patrimonialista del Estado. Los patrones de asentamiento, los campos de cultivo, los basureros estratificados —lo que hubiera permitido reconstruir la vida cotidiana— quedaron sistemáticamente en segundo plano. La imagen que se fijó de San Agustín fue, por eso, una imagen parcial: monumentos sin sociedad.

La estratigrafía terminaría complicando el relato. Las excavaciones revelaron una secuencia con al menos dos ocupaciones nítidamente separadas: el Complejo Isnos, cuya cerámica muestra parentescos con el sur de la Costa Pacífica y cuya ocupación termina hacia 330 d.C., y un largo período posterior seguido del Complejo Sombrerillos, datado por radiocarbono entre 1410 y 1630 d.C., correspondiente a una población distinta que ya no presentaba características de cacicazgo sino de nivel tribal selvático. Los entierros mostraron una variedad notable: tumbas en pozos profundos con cámara lateral, sarcófagos tallados, ajuares diversos. San Agustín no era, en rigor, una cultura: era un lugar ocupado sucesivamente por sociedades diferentes, con discontinuidades poblacionales que la mirada monumentalizante tendía a borrar.

Tierradentro, la otra pieza, ofrecía un espectáculo distinto: hipogeos subterráneos tallados en toba volcánica, con escalones descendentes en los pozos y nichos labrados en las cámaras funerarias. Gregorio Hernández de Alba trabajó allí y publicó, en 1938, "Investigaciones arqueológicas de Tierra Adentro" en la Revista de las Indias, además de un Colombia: Compendio arqueológico del mismo año que lo situó como uno de los pioneros de la clasificación arqueológica del país. José Pérez de Barradas hizo lo propio con la "Máscara de oro de Inzá" y otros trabajos sobre la región. La composición geológica del subsuelo de Tierradentro —una capa de toba bajo el humus superficial— parece haber favorecido esa forma de enterramiento: la toba permite tallar y sostener escaleras y nichos que en otros suelos se derrumbarían.

De ahí surgió la hipótesis, todavía discutida, de una relación estrecha entre San Agustín y Tierradentro: comparten caminos prehispánicos, contemporaneidad y una estética funeraria elaborada; la principal diferencia —el tipo de tumba— podría explicarse por razones geológicas antes que culturales. Fuera o no cierta la conexión, la operación patrimonial estaba hecha: San Agustín y Tierradentro se convirtieron en los dos escenarios canónicos del pasado prehispánico colombiano, aquellos donde el país podía mostrarle al mundo —y a sí mismo— que también tenía monumentos.

La elección tenía una ventaja política silenciosa. A diferencia de la Sierra Nevada, todavía habitada por koguis y arhuacos, o del altiplano cundiboyacense, donde los muiscas contemporáneos eran una presencia incómoda para la narrativa mestiza, San Agustín y Tierradentro ofrecían un pasado indígena grandioso sin indígenas vivos que reclamaran nada en su nombre. La arqueología liberal podía monumentalizarlos sin negociar con comunidades presentes.

La clasificación del territorio prehispánico

Uno de los grandes problemas que enfrentó la arqueología liberal fue el ordenamiento del mosaico prehispánico colombiano. A diferencia de México o Perú, donde imperios centralizados dictaban una periodización natural, Colombia era un archipiélago de sociedades sin unidad política. La solución más recurrida fue la clasificación por áreas arqueológicas: dividir el territorio en regiones, cada una con su cultura, su cerámica, su cronología.

Los principales autores que ensayaron esa operación se pueden ordenar en una serie reveladora: Joyce (1912), Thompson (1936), Hernández de Alba (1938), Wendell C. Bennett (1944 y 1946), Nachtigall (1961), Angulo Valdés (1963) y Perdomo (1979). Bennett publicó dos textos fundamentales —Archaeological Regions of Colombia: A Ceramic Survey, en la serie Yale University Publications in Anthropology (n.º 30, 1944), y "The Archaeology of Colombia" en el Handbook of South American Indians (1946)— que fijaron el esquema durante décadas. En su clasificación, San Agustín recibió una posición cronológica "temprana"; muisca, tairona y algunos materiales del alto Cauca se ubicaron como "tardíos"; quimbaya, tierradentro y sinú se agruparon en un período "medio".

Contra esa lógica de áreas, Gerardo Reichel-Dolmatoff propondría más tarde un enfoque distinto: trazar etapas sucesivas de desarrollo cultural, procesos dinámicos antes que compartimentos regionales. La orientación procesual buscaba escapar de la fragmentación —cada cultura en su casilla— para reconstruir trayectorias históricas que atravesaran el territorio. El debate, en el fondo, era sobre qué tipo de pasado se estaba construyendo: uno hecho de piezas emblemáticas y estáticas, o uno hecho de procesos vinculados.

Ese debate tenía su antecedente en las tres preguntas que había dejado planteadas Schottelius en 1946: las relaciones entre culturas locales, sus vínculos con el resto de América, la cronología. La arqueología colombiana del siglo XX se pasó las décadas siguientes tratando de responderlas, con avances desiguales y con un desequilibrio notorio hacia el tercer problema —fechar— en detrimento de los dos primeros.

Las tensiones del proyecto

La arqueología liberal fue un proyecto real, pero también un proyecto tensionado. La primera tensión era estructural: dependía casi por completo de intelectuales extranjeros. Rivet, Schottelius, Reichel-Dolmatoff, Guhl, Vila, González de la Calle, Friede, Ots Capdequí: la nómina científica era, en su mayoría, exiliada. Sin nazismo ni franquismo no habría habido Escuela Normal Superior en el sentido en que la conocemos, ni Instituto Etnológico Nacional en su forma efectiva. Los discípulos colombianos —Hernández de Alba, Duque Gómez, Jaramillo Uribe, Virginia Gutiérrez, Blanca Ochoa— se formaron en esa red y la sostuvieron cuando los maestros partieron o murieron. Pero la fragilidad quedó inscrita en el edificio.

La segunda tensión era ideológica. El indigenismo liberal exaltaba el pasado prehispánico —lo llevaba a la Revista de las Indias, lo excavaba en San Agustín, lo exhibía en el Museo Arqueológico— pero no siempre lo conectaba con los indígenas contemporáneos. La memoria muisca había sido objeto de sucesivas operaciones ideológicas: represión en los siglos XVI y XVII, mirada nostálgica en el XIX, idealización indigenista en el XX y, hacia el final del siglo, la culpa quincentenaria. Cada época extrajo del pasado indígena lo que necesitaba y descartó el resto. La República Liberal tomó lo monumental —estatuas, orfebrería, hipogeos— y dejó de lado, en buena medida, el problema de las comunidades vivas. Juan Friede, que había asistido en abril de 1940 al primer congreso indigenista de Pátzcuaro —donde se creó el Instituto Indigenista Interamericano—, fue uno de los pocos que trató de mantener las dos puntas del hilo unidas.

La tercera tensión era patrimonial. El Estado que creaba el Servicio de Arqueología y el Museo Arqueológico era el mismo que, décadas antes, había regalado el Tesoro Quimbaya a España y que seguía viendo salir piezas por vías legales e ilegales. La declaratoria de 1924 sobre la colección de Leocadio, y las negociaciones frustradas con el Smithsonian y con Nueva York, muestran un Estado siempre a la defensiva, reaccionando después del intento de venta más que anticipándolo. La arqueología liberal quiso poner orden en ese campo, pero heredó un panorama en que buena parte del patrimonio ya estaba fuera del país o fuera del alcance del Estado, en manos de coleccionistas privados que fijaban las reglas.

La cuarta tensión era la división del trabajo intelectual. En Colombia, historiadores y antropólogos se repartieron el pasado: los primeros investigaron lo colonial y republicano; los segundos, lo indígena. Esa división —herencia del siglo XIX— sobrevivió durante décadas y dificultó una antropología histórica plena, con justificaciones distintas para cada campo y muy poca comunicación entre ellos. La Revista del Instituto Etnológico Nacional y el Boletín de Historia y Antigüedades podían coexistir en la misma ciudad sin apenas dialogar.

Huella y declive

El aparato liberal empezó a debilitarse antes de terminar la década de 1940. El Museo Arqueológico Nacional se instaló en el antiguo panóptico en 1946, y desde entonces fue perdiendo relevancia frente al Museo del Oro, que crecía apoyado en la solvencia del Banco de la República y en una museografía moderna que ponía al oro prehispánico bajo iluminación teatral. Al Estado le costaba sostener el Museo Arqueológico; al Banco le sobraba dinero para comprar y exhibir. La consecuencia fue larga: el pasado prehispánico colombiano quedó asociado, en la imaginación pública y en la mirada extranjera, sobre todo con el brillo del oro —los quimbayas, la Balsa Muisca— antes que con la piedra estatuaria, la cerámica o la vida cotidiana.

Los discípulos formados en el IEN siguieron trabajando en las décadas siguientes. Gerardo Reichel-Dolmatoff se convirtió en la figura dominante de la disciplina, con investigaciones en la Sierra Nevada, el Bajo Magdalena y San Agustín. Luis Duque Gómez dirigió excavaciones en el macizo colombiano. La bibliografía canónica de la arqueología del sur andino colombiano quedó fijada en un núcleo de nombres —Bennett (1944, 1946), Hernández de Alba (1938, 1946), Pérez de Barradas (1943), Reichel-Dolmatoff (1961a, 1961b, 1965)— que las siguientes generaciones repetirían durante décadas.

Pero la República Liberal terminó en 1946 y con ella, aunque no de manera inmediata, se cerró el ciclo en que el Estado colombiano había hecho de la arqueología una prioridad cultural. Los gobiernos siguientes no desmontaron el aparato, pero tampoco lo ampliaron. La arqueología profesional siguió existiendo, cada vez más apoyada en universidades y menos en el Ministerio de Educación, mientras la guaquería —que la ley había perseguido a medias durante todo el siglo— continuaba surtiendo el mercado internacional.

La huella del período, sin embargo, resistió. La lista de instituciones creadas entre 1938 y 1946 —Servicio de Arqueología, Museo Arqueológico Nacional, Museo del Oro, Instituto Etnológico Nacional, Revista del Instituto Etnológico Nacional, Boletín de Arqueología— sigue siendo el esqueleto sobre el que se ha construido todo lo posterior. La generación formada en la Escuela Normal Superior y en el IEN dio a Colombia sus primeros antropólogos, arqueólogos y etnólogos titulados, sin los cuales las ciencias sociales del país serían impensables. El mapa mental del pasado prehispánico —San Agustín y Tierradentro como escenarios monumentales, la orfebrería como emblema, las áreas arqueológicas como esquema clasificatorio— se fijó en esos años y todavía estructura la manera en que los colombianos imaginan lo que hubo antes de 1492.

Que ese mapa fuera parcial —monumentos sin sociedad, oro sin comunidades, culturas emblemáticas sin las decenas de grupos menores que quedaban fuera del canon— es también parte del legado. La arqueología liberal produjo un pasado grandioso a la medida de un proyecto modernizador que necesitaba ancestralidad sin conflicto. Fabricó, en ese sentido, un antepasado útil. Pero produjo, al mismo tiempo, la disciplina que décadas más tarde permitiría criticar esa fabricación desde adentro: los arqueólogos formados por Rivet, Schottelius y sus discípulos fueron los mismos que empezaron a preguntar, ya en la segunda mitad del siglo, por los indígenas vivos, por los saqueos no perseguidos, por las piezas en museos europeos. El dispositivo estatal se volvió, con el tiempo, capaz de examinarse a sí mismo. No es poco para un edificio levantado con exiliados, en un país que apenas empezaba a saber qué había sido antes de sí.