Manuel María Mallarino

La semblanza de un civilista en tiempo de guerras

En la galería presidencial neogranadina del siglo XIX, dominada por generales de charretera y por caudillos letrados de vocación militante —Mosquera, Obando, López, Herrán, Melo, el propio Ospina Rodríguez—, Mallarino es una figura de perfil distinto: abogado, diplomático, hombre de gabinete y de despacho, sin hoja de servicios en campaña ni tropa propia. Accedió a la primera magistratura no por elección directa ni por victoria de armas, sino por la vía designataria prevista en la Constitución de 1853, en un país que apenas se recuperaba del intento dictatorial de Melo en abril de 1854 y que buscaba un gobernante capaz de administrar la reconciliación sin encender de nuevo la pólvora.

Esa condición civil, poco habitual entonces, es lo primero que lo separa de sus contemporáneos. La segunda distinción es de temperamento: donde Obando polarizaba, Mosquera imponía y Ospina doctrinaba, Mallarino conciliaba. Julio Arboleda, adalid del conservatismo caucano y ex esclavista que le dio posesión, describió su ascenso al poder en términos de concordia, y la manera en que administró los dos años siguientes —con seguridad en la gestión pero sin ruptura frontal con las bases legales heredadas de los liberales— confirmó esa lectura. La tercera distinción, más sutil, es funcional: durante su presidencia el país inició la mutación institucional que lo llevaría del centralismo unitario de 1853 al federalismo pleno de la Confederación Granadina de 1858, y esa mutación se produjo por debajo de él, en el Congreso, sin que su programa la hubiera anunciado.

Ese conjunto —civilismo, moderación, protagonismo estructural más que ideológico— explica por qué Mallarino resulta simultáneamente central e invisible en la memoria histórica. Central, porque su gobierno es la bisagra sin la cual no se entienden ni el Tratado Mallarino-Bidlack que lo precedió ni la Confederación Granadina que lo siguió. Invisible, porque no dejó doctrina, ni escuela, ni epopeya militar, ni siquiera un programa económico propio: el discurso librecambista que orientaría su administración lo enunció Arboleda, no él, en el acto mismo de posesión.

Los orígenes vallecaucanos y la formación letrada

Manuel María Mallarino nació en 1808 en Cali, en el seno de una familia patricia del valle del Cauca vinculada por el apellido materno a los Ibargüen, linaje de raíces vascas asentado tempranamente en la gobernación de Popayán. Su padre, José Manuel Mallarino, y su madre, Ana Josefa Ibargüen —emparentada con Manuela Ibargüen—, formaban parte de esa élite provincial caucana que a lo largo del siglo XIX proveería a la república buena parte de sus dirigentes: los Arboleda, los Mosquera, los Caicedo, los Obaldía, los Herrán. La geografía humana en la que Mallarino se formó no era neutra: Popayán y Cali eran, junto con Cartagena y Bogotá, los grandes viveros de la clase política decimonónica, y de allí saldrían tanto los defensores del orden hispánico jerárquico como los ilustrados que negociarían con la modernidad liberal.

Los años de formación intelectual de Mallarino coincidieron con la disolución de la Gran Colombia y con la instalación del ordenamiento neogranadino tras 1832. En esa cohorte, la educación letrada suponía derecho, latín, retórica, algún conocimiento de humanidades clásicas y una familiaridad temprana con la escritura pública: los expedientes de la administración, la correspondencia oficial, la prensa faccional. Un fragmento descriptivo atribuido a él sobre el paso del río Combeima —terreno de altísima dificultad en el descenso desde la cordillera Central hacia el valle del Magdalena— revela una prosa cuidada, atenta al detalle físico del entorno y capaz de sostener una narración larga sin caer en el énfasis. Esa observación no lo convierte en un naturalista al estilo de Codazzi ni en un cronista de viaje profesional, pero sí perfila al hombre culto, viajero por obligación administrativa antes que por vocación científica, formado en el hábito de la descripción exacta.

De ese depósito de formación surgen los rasgos que definirán al político maduro: el uso preciso del castellano, la mesura en la argumentación, la preferencia por el pacto sobre la ruptura. En un país donde la retórica de la generación de los 40 se estaba radicalizando —con los gólgotas empujando por reformas jacobinas y los draconianos endureciéndose en defensa del ejército y del artesanado protegido—, esa mesura sería, primero, un déficit expresivo, y luego, una virtud política.

La carrera previa: del despacho ministerial a la provincia

Antes de 1846, Mallarino había recorrido los peldaños habituales de la carrera pública neogranadina: cargos legislativos, funciones provinciales y responsabilidades ministeriales cuyo detalle preciso se pierde en la densidad del período, pero cuyo saldo lo colocó a fines de la administración de Tomás Cipriano de Mosquera (1845-1849) al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue allí donde le tocaría estampar la firma que lo haría trascender.

El contexto internacional era de máxima tensión. Estados Unidos libraba en 1846 la guerra contra México que le arrancaría Texas, Nuevo México y California; el imperio británico consolidaba su influencia sobre la Mosquitia y sobre las rutas comerciales del Caribe; y la Nueva Granada, dueña nominal del Istmo de Panamá, no tenía capacidad militar ni fiscal para defender por sí sola aquel corredor codiciado por todas las potencias marítimas. El tratado firmado con Bidlack el 12 de diciembre de 1846 fue, en ese marco, un pacto asimétrico pero deliberado: la Nueva Granada concedía a ciudadanos, buques y mercancías estadounidenses en todos sus puertos —incluido el istmo— privilegios equivalentes a los de sus propios nacionales, y establecía un derecho de tránsito sin gravámenes por cualquier vía de comunicación existente o futura a través de Panamá, eximiendo de derechos de importación los bienes que por allí pasaran. A cambio, Estados Unidos se comprometía a garantizar la neutralidad perfecta del istmo, el libre tránsito entre los dos mares y —cláusula decisiva— los derechos de soberanía y propiedad de la Nueva Granada sobre ese territorio.

En términos de derecho internacional del siglo XIX, era un instrumento clásico de garantía externa a cambio de apertura comercial; en términos geopolíticos, era la primera hipoteca formal de la soberanía istmeña. El tratado abrió la puerta a la construcción del ferrocarril transístmico por la Panama Railroad Company, inaugurado en 1855, y sentó las bases jurídicas del canal que Estados Unidos terminaría negociando —ya con la República de Panamá— más de medio siglo después. Mallarino, al firmarlo, aseguraba a la Nueva Granada un protector formidable contra las apetencias británicas; también le entregaba a ese mismo protector el derecho a intervenir cuando lo estimara conveniente. La ambivalencia de esa firma marcaría el resto de su carrera pública.

A comienzos de la década de 1850, con el conservatismo replegado tras el ascenso de José Hilario López y luego de Obando, Mallarino se contó entre los funcionarios que, desde las provincias, disputaron el poder al gobierno liberal. Fue la figura que arrebató la provincia de Buenaventura a los obandistas durante el régimen de Obando, en un momento en que el conservatismo también recuperaba Bogotá con Pastor Ospina, Medellín con Mariano Ospina Rodríguez y Rionegro-Córdoba en Antioquia. Ese avance provincial fue el sustrato electoral e institucional que preparó el terreno para la coalición bipartidista que, meses después, derrotaría el golpe de Melo del 17 de abril de 1854.

La presidencia designataria (1855-1857): asumir sin programa

La coalición que reclamó la autoridad constitucional frente a la dictadura militar-artesanal de Melo fue letrada y bipartidista: conservadores como Julio Arboleda y Mariano Ospina Rodríguez actuaron junto a liberales gólgotas para restaurar el orden constitucional. Ese arreglo, más pragmático que doctrinal, sostuvo primero la sucesión provisional y luego decantó, por vía designataria, la llegada de Mallarino a la presidencia el 1 de abril de 1855.

Su programa, publicado en la Gaceta Oficial del 15 de enero de 1855, tuvo un rasgo enigmático: no se pronunciaba sobre política económica. Ni librecambio ni proteccionismo aparecían tomados como bandera, en un momento en que esa era la línea divisoria más caliente de la política neogranadina. El silencio no fue accidental: fue el precio de la coalición. Julio Arboleda, al darle posesión, se encargó de suplir esa reserva declarando desde la tribuna el camino librecambista que el conservatismo entendía seguir. Los padres doctrinarios del partido —Arboleda mismo, Ospina Rodríguez, José Eusebio Caro— habían defendido con entusiasmo el libre comercio, y sostenían con convicción hispánica que la soberanía del mercado era plenamente compatible con un orden social jerárquico en marcos republicanos. Tras el aplastamiento de la coalición militar-artesanal de 1854, esa doctrina quedó implantada como ortodoxia del bloque triunfante.

Que Mallarino no la enunciara y que Arboleda sí lo hiciera revela la mecánica del poder en su gobierno: el presidente aportaba la firma legítima y la cara respetable; el partido, la agenda. La expresión más brutal de esa mecánica se produjo pronto. En 1856, el Congreso —en el que tenían asiento, según la crónica de la época, algunos hombres de mente acalorada— acusó, juzgó y encontró culpable a José María Obando, imputándole participación en el golpe que lo había derrocado, y decretó su expatriación. La decisión fue del legislativo, no del ejecutivo; Mallarino la administró sin obstruirla, y con ello selló, sin pronunciarse él mismo, la revancha conservadora contra el caudillo obandista.

El ánimo de concordia con que había asumido —descrito así por la crónica contemporánea, y visible en la seguridad con que despachó los asuntos administrativos— convivió, por tanto, con una purga política que él no impulsó pero tampoco frenó. Esa combinación —moderación personal, dureza institucional— es la marca de fábrica de su gobierno.

La hacienda quebrada y el contrato de la Compañía Sainte Rose

Mallarino heredó una situación fiscal desastrosa. En 1856, según informe del secretario de Hacienda Rafael Núñez —futuro artífice de la Regeneración, aquí todavía joven funcionario liberal—, la deuda total de la nación ascendía a 39.985.124 pesos. La causa era triple: la descentralización de rentas iniciada bajo la Constitución de 1853, que había vaciado de recursos al gobierno central en beneficio de las provincias; la deuda externa acumulada desde los empréstitos de la independencia; y los costos de la guerra recién finalizada contra Melo.

La solución que ensayó su administración fue tan audaz como reveladora del apuro. El 3 de septiembre de 1855, Mallarino firmó un contrato con la Compañía Sainte Rose, sociedad fundada en París en 1854 y representada en Bogotá por Stevenson Bushman. El acuerdo contemplaba la venta de hasta 30.350.250 hectáreas —equivalentes según el propio texto contractual a 75 millones de acres— de tierras baldías a 50 centavos por acre, pagaderos en vales de deuda pública o en dinero efectivo, con un plazo de amortización no mayor de veintiún años. El objetivo declarado era usar los ingresos para saldar la deuda externa.

La cifra escandaliza en retrospectiva: 30 millones de hectáreas equivalen aproximadamente a una cuarta parte del territorio actual de Colombia. Que un gobierno neogranadino contemplara enajenar semejante extensión a una compañía privada francesa da la medida del apuro fiscal, pero también del modo en que se concebían los baldíos: espacio abstracto, mercancía disponible, no territorio poblado con derechos consuetudinarios. El contrato encajaba en la ortodoxia librecambista que Arboleda había enunciado en la posesión: convertir tierra en capital, capital en crédito, crédito en solvencia. Que la operación no llegara a materializarse en la escala prevista no anula su significado doctrinal.

El Melón de Panamá y el retorno del Tratado

El 15 de abril de 1856 estalló en la ciudad de Panamá el incidente conocido como el Melón de Panamá o Tajada de Sandía. La tensión, larvada durante meses, enfrentó a la población nativa del istmo con el personal de la Panama Railroad Company, la empresa estadounidense que operaba el ferrocarril transístmico inaugurado el año anterior. Un altercado menor —según la tradición, la disputa sobre el pago de una tajada de sandía a un vendedor local por parte de un pasajero norteamericano— derivó en tumulto, disparos y muertos, con el saldo desproporcionado y las reclamaciones diplomáticas subsiguientes que era previsible esperar dada la asimetría entre las partes.

El incidente activó por primera vez, en su vertiente conflictiva, las cláusulas del Tratado Mallarino-Bidlack. Estados Unidos —cuyo gobierno encabezaba entonces Franklin Pierce, con James Buchanan próximo a asumir— exigió reparaciones y presentó su reclamación al gobierno neogranadino. La ironía histórica era doble: el presidente que debía negociar la respuesta era el mismo hombre que, como secretario de Relaciones Exteriores, había redactado diez años atrás los términos del compromiso. Mallarino se encontró así frente al espejo de su propia diplomacia, obligado a defender la soberanía istmeña con un instrumento que él mismo había ayudado a limitar.

La resolución concreta del contencioso se prolongaría más allá de su mandato, pero el episodio marcó un antes y un después. Estableció que la garantía estadounidense de la neutralidad y soberanía del istmo era, en la práctica, un derecho de intervención condicional. Sentó el precedente de las reclamaciones pecuniarias por daños a intereses norteamericanos en Panamá, práctica que se repetiría a lo largo del siglo. Y confirmó, para cualquier observador atento, que la Nueva Granada tenía sobre el istmo una soberanía formal cuya sustancia dependía de la buena voluntad —o del cálculo geopolítico— del garante externo. El camino hacia 1903 empieza aquí, no en el rechazo del Tratado Herrán-Hay ni en la asonada separatista, sino en el modo en que un incidente urbano en abril de 1856 fue procesado bajo las reglas fijadas en diciembre de 1846.

En paralelo, la política exterior de la administración Mallarino consiguió resultados menos ruidosos pero significativos: el 9 de julio de 1856 se firmó con la República del Ecuador un tratado de amistad, navegación y comercio que ordenaba las relaciones con el vecino austral, en un momento en que la frontera sur y las cuestiones amazónicas empezaban a demandar atención diplomática regular.

La ley de abril de 1856 y la reforma del orden civil

El 20 de abril de 1856, durante la presidencia de Mallarino, el Congreso derogó el divorcio civil que había sido aprobado apenas tres años antes, en 1853, bajo la ola reformista liberal. La derogatoria no fue un gesto aislado: se inscribía en el reflujo conservador y católico que, tras la caída de Melo, buscaba desmontar lo más disruptivo del legado gólgota en materia de familia, culto y orden social. La misma ley contenía disposiciones adicionales cuyo alcance tocaba otras formas de exclusión social y de regulación del matrimonio, en particular en lo referido a la situación de los ciudadanos iletrados.

Que esta reforma se produjera bajo Mallarino y no antes o después vuelve a hablar de su papel: el presidente civilista, moderado, formalmente por encima de las facciones, prestó su firma a una restauración que ideológicamente pertenecía al conservatismo doctrinario. No la impulsó como programa —su plataforma de gobierno guardaba silencio sobre estas materias—, pero tampoco la vetó. En la aritmética política del período, esa disponibilidad era exactamente lo que la coalición triunfante en 1854 necesitaba de un designatario.

El giro federal: la reforma constitucional de 1855 y sus secuelas

La transformación institucional más profunda de su presidencia, sin embargo, no ocurrió en la hacienda ni en la política exterior ni en el orden civil, sino en la arquitectura misma del Estado. En 1855, el Congreso reformó la Constitución de 1853 para dotar al Istmo de Panamá de estatuto federal, creando una excepción explícita al esquema de República unitaria descentralizada vigente. La reforma incluyó una cláusula decisiva: la posibilidad de que, en el futuro, otros estados federales fueran creados por simple ley ordinaria, sin requerir nueva reforma constitucional.

Esa cláusula abrió las compuertas. En 1857, todavía bajo el marco constitucional heredado y en los meses finales de la administración Mallarino, el Congreso creó por ley los estados de Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Magdalena y Santander, además de Antioquia. Las antiguas provincias —que en 1853 habían llegado a ser 36 y habían expedido sus propias cartas fundamentales en al menos diecinueve casos (Bogotá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Santander, Cartagena, García Rovira, Neiva, Pamplona, Popayán, Sabanilla, Vélez, Medellín, Zipaquirá, Socorro, Túquerres, Tundama y Casanare)— quedaron agrupadas en entidades mayores. Ese proceso de reagrupamiento, iniciado bajo Mallarino, fue la antesala directa de la Constitución de 1858, promulgada bajo Ospina Rodríguez, que dio al país el nombre de Confederación Granadina y lo dividió en ocho estados federales.

El detalle importa por lo que revela sobre el gobierno de Mallarino. Su programa no había anunciado el federalismo; el impulso vino del Congreso, no del ejecutivo; y el desarrollo pleno de la Confederación se consumaría bajo su sucesor conservador. Sin embargo, la puerta jurídica la abrió su administración, y sin la reforma de 1855 —que él sancionó— no hay genealogía directa hacia la Constitución de 1858 ni, por extensión, hacia la Convención de Rionegro de 1863 y su radicalismo federal. Mallarino fue, en este sentido, el arquitecto involuntario de una transformación cuyo diseño ideológico estaba en manos de otros.

Que la Constitución de 1858 organizara los ocho estados bajo una fórmula simultáneamente federal y unitaria —ambigüedad reveladora del carácter transaccional del texto— es coherente con el estilo que Mallarino había inaugurado: la mutación institucional se producía por acumulación de reformas parciales, no por ruptura fundacional, y el conservatismo ospinista aceptaba el federalismo como marco siempre que preservara ciertos rasgos centralizadores en materia de orden público, culto y hacienda.

La red: contemporáneos, adversarios, sucesores

La biografía política de Mallarino se ilumina cuando se la sitúa en la red de sus contemporáneos. Su ascenso lo posibilitó Julio Arboleda —caucano como él, aunque de un caucanismo más militante—, quien encarnaba el ala doctrinaria y ruda del conservatismo esclavista. Su antecesor inmediato fue José María Obando, el general popayanejo cuya caída bajo el meloísmo y cuyo posterior juicio en el Congreso definieron el clima moral del período. Su sucesor fue Mariano Ospina Rodríguez, antioqueño, ideólogo del conservatismo político y económico, con quien compartía la ortodoxia librecambista pero no la vocación programática.

En segunda línea aparecen otros nombres del período que, sin protagonizar directamente su gobierno, forman parte del ecosistema en que se movió: Tomás Cipriano de Mosquera, expresidente y futuro caudillo federalista; Pedro Alcántara Herrán, expresidente y diplomático; Rufino Cuervo, jurista y vicepresidente en la década anterior; José de Obaldía, panameño y también designatario en su momento; Rafael Núñez, entonces joven secretario de Hacienda liberal, décadas después padre de la Regeneración. Con la contraparte estadounidense —Bidlack en 1846, Buchanan y sus sucesores en 1856— la relación fue de negociador a negociador; con representantes británicos como Philip Bourdillon, la diplomacia era la del equilibrio.

La geografía de Mallarino traza un triángulo: Cali y el valle del Cauca como origen y base social; Bogotá como escenario de gobierno; el Istmo de Panamá como espacio de su firma diplomática y de su gran crisis presidencial. La hacienda La Ciénaga, en tierras caucanas, aparece en la memoria familiar como uno de los espacios de retiro después del poder. Caracas y Washington completan el mapa por vía de las misiones y contactos diplomáticos que jalonaron su carrera.

La huella: entre la centralidad estructural y la opacidad memorial

Al entregar el poder el 1 de abril de 1857 a Mariano Ospina Rodríguez, Mallarino cerró un capítulo que la historiografía ha tratado con una mezcla de reconocimiento y desdén. Reconocimiento por la concordia con que administró un período que pudo haber sido tan violento como los que lo precedieron y siguieron; desdén por la ausencia de un programa distinguible, de una doctrina propia, de un rasgo epónimo que permita clasificarlo con la comodidad con que se clasifica a Ospina, a Mosquera o a Núñez.

Esa dualidad tiene razón de ser. Mallarino no fue un presidente-agente sino un presidente-escenario. El librecambismo lo enunció Arboleda desde el atrio de posesión; el federalismo lo pilotó el Congreso desde 1855; el juicio a Obando lo decidió el legislativo; la reforma del divorcio civil la impulsó la reacción católica; la reclamación de Panamá la impuso Estados Unidos. En cada uno de esos episodios, el presidente proporcionó firma, formalidad, legitimidad, pero no iniciativa. Podría leerse eso como pasividad y algunos así lo han leído. Es más justo verlo como una modalidad específica de poder ejecutivo: el poder de contención, ejercido en un momento en que cualquier programa propio habría fracturado la coalición posmeloísta y devuelto al país al ciclo de guerras civiles que se abriría plenamente en 1859-1862 bajo Mosquera y luego en 1876 y en 1884.

Que la historiografía posterior lo haya opacado tiene, además, una razón estructural. El gran relato liberal del siglo XX narró el período 1849-1863 como epopeya reformista con Melo y luego con Mosquera como picos, y a los conservadores como reacción; el gran relato conservador privilegió a Ospina Rodríguez, a Caro, a Miguel Antonio Caro y a Núñez como fundadores. Mallarino no encajaba en ninguna de las dos hagiografías: demasiado conservador para los liberales, demasiado tibio para los conservadores doctrinarios, demasiado civil para la memoria militarista, demasiado gris para la memoria mitológica.

Y sin embargo, su firma está en las dos escrituras fundacionales del destino istmeño colombiano: el tratado de 1846 que hipotecó la soberanía y la reforma constitucional de 1855 que separó a Panamá del régimen unitario y anticipó su condición de excepción federal. Basta esa doble firma para asegurarle un lugar permanente en la historia política del país, aunque ese lugar sea más el de un pivote que el de un protagonista. En el largo arco que va del Tratado Mallarino-Bidlack a la separación de Panamá de 1903, pasando por el Melón de 1856, la Constitución federal de 1858, la Convención de Rionegro de 1863 y el Herrán-Hay de 1902, el nombre de Mallarino aparece dos veces, siempre en momentos de fundación jurídica, siempre con la firma de un civilista moderado que administraba, sin proclamarlas, transformaciones cuyo alcance total sólo el tiempo revelaría.

Manuel María Mallarino murió en 1872, en un país que ya se llamaba Estados Unidos de Colombia, gobernado bajo el radicalismo federal que su gobierno de 1855-1857 había hecho posible sin haberlo formulado nunca como bandera. Esa distancia entre lo hecho y lo enunciado —entre las consecuencias reales de su gestión y la modestia de su programa— es, quizá, la mejor definición de su lugar en la historia. No fue el arquitecto de la Nueva Granada de mediados de siglo; fue el hombre que sostuvo la casa mientras otros la rediseñaban, y que firmó, con la serenidad del abogado antes que con la vehemencia del ideólogo, los papeles que fijaron el rumbo de las décadas siguientes.