Librecambio

El librecambio en Colombia

El librecambio fue la doctrina económica —y el pacto político— que rigió la vida material de Colombia entre 1845 y 1885, cuatro décadas en que la República decidió disolver el andamiaje colonial de monopolios, resguardos, esclavitud y estancos para atarse al mercado mundial como proveedora de materias primas. No fue una teoría importada sin más: fue el instrumento con el que una élite regional de comerciantes y terratenientes, transversal a los partidos, tradujo una convicción sinceramente abrazada —la promesa liberal del progreso por el intercambio— en un reordenamiento profundo de la propiedad, el trabajo y el poder. Sus beneficios se concentraron en pocas manos, sus costos recayeron sobre artesanos, indígenas y campesinos, y su fracaso material, precipitado por el colapso exportador de 1875, abrió el camino a la Regeneración conservadora. Entender el librecambio es entender por qué Colombia entró tarde y débil al capitalismo mundial, y por qué el siglo XIX fue tan denso en guerras.

La doctrina y su promesa

El librecambio colombiano se apoyaba en una idea sencilla y de aspecto irresistible: las naciones prosperan cuando se especializan en aquello que producen mejor y compran fuera lo demás. Florentino González, su ideólogo mayor, lo formuló con la crudeza de una ley natural: hay pueblos llamados a ser agrícolas y otros llamados a ser manufactureros, y a los primeros les toca exportar materias primas y recibir productos industriales. Colombia estaba, por naturaleza y por atraso, en el primer grupo. Discutir esa asignación era, para los liberales de mediados de siglo, discutir contra la civilización misma.

Porque el librecambio no era, en la cabeza de sus defensores, un mero cálculo aduanero: era la palanca para arrancar al país del arcaísmo colonial y llevarlo al progreso. La palabra que le oponían no era proteccionismo sino barbarie. Bajo esa ecuación se agruparon lecturas variadas —Frédéric Bastiat, Jean-Baptiste Say, el utilitarismo de Bentham, doctrinas que se enseñaban en las escuelas de derecho de la República—, y de esa mezcla salió una convicción compartida por la primera generación republicana: romper con el monopolio y el mercantilismo español, adoptar el laissez-faire, laissez passer, y confiar en que el mercado produciría, con el tiempo, la riqueza que la Colonia había estancado.

Lo revelador es cuán amplia era esa convicción. Los fundadores del conservatismo colombiano —Julio Arboleda, Mariano Ospina Rodríguez, José Eusebio Caro— defendieron el librecambio con tanto entusiasmo como los liberales; la diferencia no estaba en la doctrina económica sino en su alcance social. Los conservadores creían que la libertad mercantil era compatible con un orden jerárquico de raíz hispánica; los liberales extraían de ella consecuencias más amplias: secularización, disolución de resguardos, abolición de la esclavitud, ruptura del orden de castas. El librecambio fue el suelo compartido sobre el que ambos partidos construyeron sus proyectos opuestos.

Los antecedentes: reformas borbónicas y herencia colonial

La idea no llegó con la República. Desde comienzos del siglo XVIII, una literatura económica española —Gerónimo de Uztáriz, José del Campillo, Bernardo Ward— venía argumentando que el imperio prosperaría si liberalizaba su comercio con las colonias. Esa corriente encontró en Carlos III (1759-1788) su mecenas político, y el Reglamento de Comercio Libre de 1778 fue su expresión más ambiciosa: un intento borbónico de abrir puertos, agilizar tráficos y aumentar los ingresos fiscales del Nuevo Mundo.

Pero la liberalización borbónica fue mutilada de origen. España seguía prohibiendo la producción textil colonial que pudiera competir con la metropolitana y mantenía el control de precios sobre productos clave mediante los estancos. En la Nueva Granada, las consecuencias fueron ambivalentes: los lienzos finos importados desplazaron las telas del Reino y de Quito, las ferias de Tunja perdieron importancia, y los pequeños productores textiles fueron los primeros en sentir la mordida de una apertura sesgada. Al mismo tiempo, los nuevos gravámenes fiscales endurecieron la vida de los productores modestos y contribuyeron a desencadenar la revolución comunera del Socorro en 1781.

Ese aprendizaje fue decisivo. Hacia la década de 1790, los criollos ilustrados habían comenzado a culpar al régimen español no ya por liberalizar demasiado, sino por hacerlo mal: por obstruir el comercio exterior con reservas mezquinas y por no mejorar las comunicaciones internas. Era una queja que la República heredaría casi intacta. Las reformas borbónicas, pensadas para modernizar el imperio, terminaron sembrando la conciencia económica de la Independencia: la certeza criolla de que solo un gobierno propio podría llevar la apertura hasta el final.

1847: el año en que empezó todo

El ciclo del librecambio republicano tiene una fecha inaugural precisa: 1847. Ese año, Florentino González, secretario de Hacienda del gobierno conservador de Tomás Cipriano de Mosquera (1845-1849), impulsó una reducción drástica de las tarifas aduaneras que introdujo formalmente el liberalismo económico internacional en la vida neogranadina. Que la primera medida del nuevo orden viniera de un antiguo santanderista actuando en un gabinete conservador es señal de cómo el librecambio desbordaba las lealtades partidarias.

González encarnaba al ideólogo puro. Su teoría de la división internacional del trabajo no era una concesión pragmática sino una convicción arquitectónica: Colombia debía aceptar su vocación agroexportadora, importar manufacturas europeas más baratas y mejores, y confiar en que ese intercambio la civilizaría. La reforma arancelaria fue el primer acto de ese guion. También fue el primer detonante.

En octubre de 1847, los artesanos de Bogotá se organizaron en respuesta directa a la rebaja aduanera. No era la primera vez que se agrupaban —desde 1838 existía una sociedad artesanal fundada por Lorenzo María Lleras—, pero ahora el motivo era defensivo y claro: pedir protección para sus oficios frente a las mercancías importadas. La Sociedad de Artesanos, que pronto se transformaría en Sociedad Democrática, viró de gremio en club político. El librecambio, apenas nacido, ya había producido a su enemigo interno.

El gobierno de Mosquera fue, en rigor, el prefacio del ciclo. La ejecución vino con José Hilario López (1849-1853), y detrás de López estuvo la figura decisiva de Manuel Murillo Toro, secretario de Hacienda, coordinador silencioso de la reforma más ambiciosa del siglo. Bajo su mano se abolió el monopolio del tabaco, se decretó la libertad definitiva de los esclavos en 1851, se descentralizaron rentas hacia las provincias, se dispuso la venta de tierras de resguardo. El congreso de 1850-1851 fue el punto culminante: representantes de las burguesías regionales, reunidos en el partido liberal, aprobaron un cuerpo legislativo que la historiografía ha caracterizado —sin exageración— como revolucionario.

Cada una de esas medidas respondía a una lógica común. Suprimir el estanco liberaba la principal palanca exportadora. Abolir la esclavitud ampliaba el mercado de trabajo libre. Disolver los resguardos incorporaba tierras y brazos al circuito comercial. Descentralizar rentas fortalecía a las oligarquías regionales que sostenían la reforma. Vista en conjunto, la política de López-Murillo fue un solo movimiento coherente: desarmar el pacto colonial para vincular a Colombia al mercado mundial.

El tabaco y la ilusión exportadora

El librecambio necesitaba un producto que probara sus promesas, y ese producto fue el tabaco. Hasta la abolición del monopolio, la producción tabacalera estaba encerrada en tres factorías estatales —Ambalema, Girón, Palmira— y no superaba los 35.000 quintales anuales destinados al consumo interno. Liberado el cultivo, el tabaco se convirtió entre 1846 y 1857 en el principal producto de exportación colombiano, con destinos en Londres y Bremen, y con un volumen que promedió entre dos y tres millones de pesos oro anuales entre 1850 y 1875.

La coincidencia con la crisis del oro fue determinante. Los hallazgos auríferos de California y Australia habían depreciado el metal y relegado a Colombia a un lugar secundario en la producción mundial. La clase comerciante —entre ella los hermanos Samper— buscaba nuevas fuentes de divisas y el tabaco apareció como la respuesta. La abolición del estanco y el ascenso comercial de una burguesía exportadora fueron dos caras de la misma jugada.

El auge tuvo efectos concretos. Ambalema, un pequeño enclave del Magdalena Medio, se convirtió en el epicentro de una economía de exportación que llegó a movilizar cerca de 40.000 trabajadores rurales desplazados desde la agricultura de subsistencia. La navegación a vapor por el río Magdalena, que había arrancado con dificultad en las décadas anteriores, alcanzó condiciones de regularidad a partir de 1850: las cargas de tabaco proveyeron el flete de bajada que hasta entonces faltaba, y las empresas navieras se asentaron sobre bases sólidas. El tráfico fluvial se multiplicó: de las 12.000 cargas estimadas por Elbers en 1827 pudo pasar a unas 65.000 cargas anuales de bajada hacia 1850-1870. El librecambio, por un momento, pareció cumplir.

Pero la ilusión era frágil. La escasez crónica de capitales, las técnicas de producción rudimentarias y los costos prohibitivos del transporte hacían que los productos colombianos fueran poco competitivos en los mercados europeos. La recesión financiera mundial de 1857 fue la primera crisis externa que afectó directamente la economía interna del país, un aviso temprano de la fragilidad del modelo. El Banco de Londres, México y Suramérica, establecido en 1846, se liquidó en 1869 arrastrado por la crisis de las exportaciones tabacaleras: una institución financiera enterrada por el mismo ciclo que había prometido sostenerla.

El tabaco fue apenas el primero de una sucesión de auges efímeros. Vinieron la quina, el añil, el algodón —este último impulsado por el cese temporal de la producción estadounidense durante la Guerra de Secesión— y, finalmente, el café, el único que sobreviviría al siglo. Un observador de la época llamó a esta economía un reino de la especulación. La expresión captura bien lo que ocurría: cada bonanza duraba lo que un capricho del mercado mundial, y cada colapso dejaba tras de sí una geografía de fortunas rotas y campesinos sin tierra ni retorno.

Los indicadores de largo plazo confirman lo modesto del logro. Entre 1821 y 1880, el comercio exterior colombiano se situaba habitualmente por debajo del séptimo u octavo lugar entre los países latinoamericanos. Cuatro décadas de librecambio no lograron sacar a Colombia de la periferia; apenas la ataron con más fuerza a ella.

Artesanos: la rebelión que el librecambio no supo evitar

La contradicción central del modelo se expresó en el conflicto artesanal. La rebaja aduanera de 1847 golpeó de frente a los productores urbanos de manufacturas: sastres, zapateros, herreros, ebanistas, tejedoras, un mundo laboral que en su mayoría era doméstico —el 71% de los artesanos eran mujeres trabajando en el hogar— y de baja división del trabajo. Ese dato importa: la artesanía colombiana no era una industria embrionaria a punto de saltar al capitalismo, sino un tejido de producción familiar y de escala pequeña. El librecambio no destruyó una vía industrial viable; destruyó, sí, la subsistencia de miles de familias que dependían de una protección aduanera que la República acababa de retirarles.

La reacción fue rápida y política. Las Sociedades Democráticas, nacidas como gremios, se convirtieron en clubes de agitación. Hacia 1853, el enfrentamiento en las calles de Bogotá se había vuelto rutina: la muerte del joven Antonio París y la ejecución posterior de su agresor, Nepomuceno Palacios, marcaron uno de los momentos más ásperos de la polarización. El Partido Liberal se dividió en dos facciones cuyos nombres capturan el ánimo de la época: los gólgotas, doctrinarios del librecambio absoluto, expresión política de los comerciantes; y los draconianos, defensores del proteccionismo, aliados de los manufactureros y artesanos. La correspondencia no era perfecta —Florentino González, ideólogo del librecambio, no era formalmente gólgota—, pero la línea general de las facciones se sostuvo.

El desenlace fue militar. En abril de 1854, el general José María Melo dio un golpe de Estado contra el presidente José María Obando, apoyado por las Sociedades Democráticas y por el ejército permanente que el Congreso amenazaba con reducir. Fue una de las alianzas más insólitas del siglo: artesanos urbanos y militares profesionales frente a la élite civil librecambista. Contra Melo se formó una coalición aún más extraña, un frente constitucionalista que reunió a enemigos declarados —Mosquera, José Hilario López, Murillo Toro, Tomás Herrera, junto con conservadores—, unidos por la certeza de que la doctrina económica liberal debía prevalecer. Ganaron. Y con la derrota de Melo se implantó el librecambio sin contrapesos.

La victoria fue duradera en lo económico y efímera en lo político. Entre 1853 y 1870, la política librecambista se practicó casi sin interrupción; la hegemonía política radical, en cambio, duró apenas diez años. Los artesanos aplastados en 1854 no volvieron a ser fuerza autónoma en el siglo, pero su derrota dejó una herida abierta en el pacto liberal: la evidencia de que el progreso prometido por el librecambio se construía sobre la exclusión de quienes producían para el mercado interno.

Tierra e indígenas: la disolución del resguardo

Si el conflicto artesanal ocupó las calles de Bogotá, la reforma más profunda —y más silenciosa— del librecambio se libró en el campo, sobre el cuerpo de las comunidades indígenas. La disolución de los resguardos no fue un episodio sino un proceso largo que las Reformas Liberales culminaron sin haberlo iniciado.

La descomposición había comenzado en la Colonia. La mita y el concierto agrario introdujeron la economía monetaria en las comunidades indígenas; desde el siglo XVIII el Estado remataba baldíos a particulares y los terratenientes se apropiaban de tierras comunales. Cuando las Reformas Liberales decretaron la posibilidad de venta de los resguardos, no rompieron una estructura intacta: aceleraron un despojo que llevaba dos siglos avanzando y le dieron marco legal.

La lógica del despojo era doble y explícita en la mente de los reformadores. Por un lado, se buscaba ampliar el mercado de tierra: parcelas comunales convertidas en propiedad privada, transables, hipotecables, integrables a la producción comercial. Por otro, se buscaba ampliar el mercado de trabajo: indios desprovistos de tierra que se trasladaran a las ciudades, a las haciendas o a los enclaves de exportación, y se convirtieran en jornaleros, aprendices, obreros. Era la misma lógica que operaba sobre la esclavitud: liberar cuerpos para que el mercado los absorbiera.

El resultado benefició a una minoría. La eliminación de los resguardos permitió que particulares con capital y contactos accedieran a grandes extensiones de tierra, consolidando una élite agraria regional que capitalizó la reforma. Los indígenas, en cambio, rara vez se convirtieron en los obreros manufactureros que Nieto Arteta y Ospina Vásquez identificarían más tarde como la meta implícita del proyecto. Se convirtieron, sí, en fuerza de trabajo dispersa, disponible pero no absorbida: pequeños propietarios precarios, agregados, aparceros. Hasta comienzos del siglo XX, las formas de trabajo asalariado fueron relativamente escasas en el campo colombiano. La reforma removió restricciones institucionales a la movilidad de tierras y personas, pero no creó la economía capitalista que iba a acogerlas.

La abolición de la esclavitud, decretada definitivamente en 1851 bajo López, siguió una lógica emparentada. La medida fue radical en lo simbólico y modesta en lo demográfico: para 1850 solo quedaban unos 17.000 esclavos en la Nueva Granada, menos del 1% de la población, frente al 4% de 1825. La emancipación de facto había precedido a la ley: entre 1843 y 1849, cuando el sistema de aprendizaje forzado bajo antiguos amos era la norma y las manumisiones legales casi habían cesado, las poblaciones esclavas de Cartagena y Santa Marta se redujeron a la mitad, en buena parte por autoliberación. Los terratenientes esclavistas se opusieron con dureza a la abolición, y su resistencia los agrupó en el Partido Conservador, con el respaldo decisivo de la Iglesia católica, el mayor terrateniente del país: sus propiedades en 1861 estaban avaluadas en diez millones de pesos, cuando el presupuesto nacional apenas alcanzaba dos millones.

Sobre este punto conviene el matiz: la abolición no puede reducirse a maniobra económica. Fue también el logro moral más limpio del liberalismo colombiano, un componente extraeconómico progresista que no se agota en la lógica del mercado de trabajo. Los liberales rompieron con el orden de castas raciales heredado de la Colonia y debilitaron ideologías que la Iglesia sostenía sin fisuras. Ese aporte pertenece al haber del ciclo, y explica por qué el librecambio, con todas sus injusticias distributivas, fue también instrumento de una modernización civil que ningún proyecto conservador habría emprendido.

Los hombres de la doctrina

El librecambio tuvo cuerpo en un grupo de figuras cuya biblioteca importa tanto como sus decretos. Florentino González fue el ideólogo mayor: el hombre que redujo a Colombia a su función agraria y no vaciló en escribirlo. Su nombre queda ligado a la reforma arancelaria de 1847 y a la formulación más dura de la doctrina.

Manuel Murillo Toro fue el ejecutor. Desde la Secretaría de Hacienda del gobierno de López coordinó la ofensiva reformista: supresión del estanco del tabaco, abolición de la esclavitud, descentralización de rentas, disolución de resguardos. Murillo entendía el librecambio no como fin sino como palanca para un proyecto político mayor: la construcción de una república federal, secular, radicalmente moderna. Sería presidente dos veces (1864-1866 y 1872-1874) y encarnó, mejor que ningún otro, el radicalismo liberal en su fase de plenitud.

Miguel Samper fue la conciencia doctrinaria del librecambio en su segunda mitad. La historiografía lo señala como el escritor colombiano que sostuvo con mayor pureza la concepción liberal del Estado y del laissez-faire. Pero Samper fue también el más matizado: pese a su compromiso con el liberalismo económico, no creía en la capacidad autorreguladora del mercado en todos los ámbitos y sostenía que la moralidad era una precondición para la libertad y el progreso. Esa tensión —librecambio pleno en lo económico, exigencia moral en lo social— resulta más rica que la caricatura del liberal ortodoxo, y explica por qué su pensamiento sobrevivió a la crisis del modelo.

Salvador Camacho Roldán y Aníbal Galindo completaron el equipo doctrinario, articulando el librecambio con proyectos estadísticos, jurídicos y educativos. Ezequiel Rojas, más filósofo que economista, aportó el sustrato utilitarista. Del otro lado del arco político, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro defendieron el librecambio con argumentos tan sólidos como los de sus rivales, pero lo enmarcaron en un orden social jerárquico de matriz hispánica y católica: prueba de que la doctrina económica no dividía tanto como la disputa por la sociedad que debía acompañarla.

Sobre todos ellos pesaba una mezcla de lecturas. El liberalismo colombiano se nutrió principalmente del pensamiento anglosajón —Bastiat entrando por vía francesa, Bentham por vía inglesa, Say como puente—; los antiliberales prefirieron las fuentes francesas y prusianas más críticas. La primera generación republicana estuvo más expuesta a ideas foráneas que ninguna anterior, y esa exposición explica tanto la ambición de sus proyectos como el desfase entre esos proyectos y la realidad material del país.

Los límites materiales

Ninguna doctrina se aplica en el vacío, y el librecambio colombiano tropezó con obstáculos que sus ideólogos subestimaron. El primero y más obvio fue el transporte. La geografía andina, tres cordilleras cortando el territorio, hacía del viaje interior un suplicio: en ausencia de ferrocarriles, personas y mercancías dependían de cargueros humanos o de mulas, y trasladar una carga de Bogotá a la costa podía tomar semanas. La navegación por el Magdalena mejoró después de 1850, pero el río solo conectaba el interior con el Caribe; cruzar de una cordillera a otra seguía siendo una expedición.

Ese estrangulamiento tuvo un efecto perverso: las exportaciones colombianas llegaban al mercado mundial caras, lentas y de calidad irregular, y las importaciones penetraban con más facilidad de la que el país podía absorber sin desequilibrar sus términos de intercambio. Las importaciones per cápita alcanzaron su máximo en el quinquenio 1870-1874 y luego descendieron: señal de que incluso el consumo importado, principal beneficio prometido del librecambio, se estancó cuando la base exportadora comenzó a flaquear.

A la geografía se sumaron la escasez crónica de capitales y las técnicas rudimentarias. Colombia no tenía banca, no tenía crédito de largo plazo, no tenía industria auxiliar. Cada auge exportador —tabaco, quina, añil, algodón— reposaba sobre estructuras productivas frágiles, montadas de prisa para aprovechar una ventana en el mercado internacional, y desmontadas con la misma prisa cuando la ventana se cerraba.

La segunda mitad del siglo registró, es cierto, un esfuerzo notable de obras públicas —carreteras, ferrocarriles incipientes—, pero llegó tarde y avanzó lento. Cuando las condiciones materiales del comercio empezaron a mejorar de veras, el modelo librecambista ya estaba en crisis y otro proyecto político se preparaba para reemplazarlo.

1875-1886: el desmoronamiento

El colapso del ciclo tuvo fecha reconocible: 1875-1876. Las exportaciones de tabaco se derrumbaron, arrastrando consigo la quina y otros productos. El reino de la especulación mostraba su rostro más duro: cuando los mercados europeos giraban, la economía colombiana no tenía sobre qué caer. La base material del liberalismo radical se erosionó en pocos años, y con ella su hegemonía política.

Rafael Núñez leyó ese desmoronamiento antes que nadie. Proveniente del ala liberal que se distanciaba del radicalismo, en alianza estrecha con el conservatismo y su ideólogo Miguel Antonio Caro, condujo el relevo en las elecciones de 1880. Su primer gobierno (1880-1882) tomó medidas proteccionistas: recargos arancelarios para artículos que se quería fomentar internamente —ropa, muebles—, un primer paso para contener la crisis fiscal y económica. La inestabilidad política, agravada por las guerras civiles y por el federalismo extremo que llegó a implantar aduanas internas entre estados soberanos, alimentó el otro brazo del programa nuñista: el retorno a la autoridad y el fortalecimiento del gobierno central. La Regeneración estaba en marcha.

En 1885, en el punto más bajo de la depresión exportadora, el Partido Liberal, dividido y desacreditado, apenas ofreció resistencia simbólica. La guerra civil de ese año cerró el ciclo. La Constitución de 1886 selló el nuevo orden.

Conviene precisar el sentido del viraje. La Regeneración fue proteccionista en lo arancelario, pero no rompió con el vínculo agroexportador: siguió apostando al mercado mundial como principio de organización económica, en una versión más templada y con más intervención estatal que la liberal. Núñez y Caro no derogaron la promesa de la modernidad capitalista; la reformularon. La continuidad económica entre las dos épocas —bajo la aparente ruptura política y doctrinaria— es una de las claves menos reconocidas del tránsito.

La herencia larga

El balance del librecambio colombiano se juega en dos planos que la historiografía tarda en reconciliar. En el plano doctrinario y político, las Reformas Liberales fueron un logro civil de largo alcance: desmontaron el orden colonial, abolieron la esclavitud, secularizaron parcialmente el Estado, ampliaron los espacios de libertad individual, sembraron una tradición republicana que sobrevivió al ciclo. Sin ese trabajo, la Colombia del siglo XX habría sido inconcebible.

En el plano económico y social, el saldo es más gris. El librecambio concentró los frutos de cuatro décadas de crecimiento exportador en una élite de comerciantes y terratenientes, precarizó a artesanos e indígenas, dependió de enclaves regionales frágiles como Ambalema, no logró construir un mercado interno robusto ni una industria propia, y dejó a Colombia en la periferia comercial de América Latina. Cuando la coyuntura mundial giró, el país se descubrió sin ahorro, sin capital y sin capacidad de absorber a los perdedores del modelo. La violencia política del siglo —el golpe de Melo, las guerras civiles, la Regeneración, en cierta medida los conflictos posteriores— hunde una parte de sus raíces en esa brecha entre la promesa modernizadora del librecambio y la realidad que produjo.

Hay una tentación de leer el fracaso como error de diseño: si en lugar de librecambio los reformadores hubieran optado por proteger a los artesanos y fomentar la industria nacional, otro habría sido el rumbo. La lectura no resiste el examen. Las condiciones estructurales —geografía, capital, técnica, tamaño del mercado— habrían condenado cualquier proyecto de inserción al capitalismo mundial en la Colombia de mediados del siglo XIX. La artesanía doméstica no era la semilla de una industria; el proteccionismo, en ausencia de capital y transporte, habría producido no manufacturas nacionales sino escasez.

Lo que sí es imputable al librecambio es la desnudez con que ejecutó la transición: sin política de crédito, sin infraestructura previa, sin acompañamiento a los desplazados por la reforma, sin conciencia de que abrir el país al mercado mundial no era suficiente para modernizarlo. Los ideólogos del ciclo confiaron en que la doctrina bastaba; confundieron una condición necesaria con una condición suficiente. Esa confianza, más que la doctrina misma, es el legado que la historiografía sigue discutiendo. El café, que salió indemne del naufragio, terminaría dándole al país la exportación estable que el librecambio había prometido y no supo entregar; pero ese es ya otro capítulo, y otras élites, y otro siglo.