Artesanado

El artesanado

En la historia política de Colombia, artesano no nombra solamente a quien trabaja con las manos: nombra a un sujeto colectivo que entre 1780 y 1854 aprendió a organizarse, a votar en bloque, a marchar y, finalmente, a levantarse en armas. Zapateros, sastres, herreros, plateros, carpinteros y curtidores fueron la espina dorsal de las ciudades neogranadinas mucho antes de que existiera una clase obrera fabril, y su crisis —abierta por la reforma arancelaria de 1847 y consumada tras la derrota del golpe de José María Melo en 1854— definió una forma de política popular urbana cuyos ecos alcanzarían el mutualismo de fin de siglo, el proteccionismo de la Regeneración y la primera organización obrera del siglo XX. La ruana frente a la casaca no fue solo una diferencia de tela: fue el lenguaje visible de una disputa por el lugar de las manufacturas locales en el orden económico republicano, y por el lugar de la gente que las producía en el orden político.

Un sujeto histórico entre el taller y la plaza

El artesano neogranadino no cabe en una sola imagen. Es el maestro platero de Cartagena que hacia 1780 vivía en casa de dos pisos y podía tener esclavos; es el sastre mestizo del barrio Las Nieves, en Santafé, que cortaba levitas para los doctores del cabildo; es la mujer que, hacia 1870, cosía por encargo desde su cocina y aparecía en el censo bajo el rótulo genérico de artesana. Es también el zapatero draconiano que en 1849 firmaba manifiestos en la Sociedad de Artesanos de Bogotá y, cinco años después, marchaba con las milicias de Melo. Bajo esa palabra caben oficios que hoy pertenecen a mundos distintos —platería y confitería, alarifería y música, herrería y tabaquería— y estratos sociorraciales igualmente diversos: mulatos y pardos en el Caribe, mestizos en el altiplano, algún blanco pobre en las ciudades intermedias.

Lo que unifica a esa población dispersa no es la técnica ni el gremio formal, que en Nueva Granada nunca alcanzó la fuerza corporativa que sí tuvo en México o Lima. Lo que la unifica es su posición estructural: producir para el mercado interno bienes de consumo cotidiano —ropa, calzado, muebles, sillas de montar, loza, herrajes— en un país que, tras la Independencia, se abrió cada vez más a las manufacturas europeas. Esa posición se volvió insostenible entre 1847 y 1870, y fue en esas décadas cuando el artesanado dejó de ser un agregado de oficios para convertirse, brevemente, en un sujeto político con nombre propio.

Del gremio colonial al oficio urbano

La cadena arranca en el siglo XVIII. Los censos artesanales de Cartagena de 1780 registran una densidad sorprendente: platería, carpintería, sastrería, zapatería, herrería, fundición, alarifes, pintura, farolería, confitería, tintorería, tornería, tabaquería, enfardelería, panadería, plumería, pulpería, pañería, música, calafatería, aserradería. No todos esos oficios constituían gremios formales —muchos no reunían el número suficiente de miembros—, pero la lista dibuja una economía urbana viva, jerarquizada y racialmente estratificada. Los artesanos pardos de Cartagena, dedicados sobre todo a zapatería, sastrería, albañilería y platería, ocupaban una posición intermedia: por encima de los esclavos, por debajo de los blancos peninsulares y criollos, con acceso a cierta prosperidad —casa de dos pisos, esclavos propios— pero sin acceso pleno a los privilegios reservados a la limpieza de sangre.

En Santafé el mapa era distinto. Los barrios artesanales —Las Nieves, Santa Bárbara— estaban poblados mayoritariamente por mestizos, no por pardos, y la ciudad funcionaba como centro burocrático virreinal antes que como polo manufacturero. La artesanía santafereña no compitió nunca con la de las capitales virreinales mayores: solo Pasto y Mompox alcanzaron un nivel algo superior al de la mera subsistencia, y el conjunto del artesanado neogranadino operó como un tejido de talleres pequeños, con escasa división del trabajo, buena parte de la producción realizada dentro del propio hogar. Existió, eso sí, una división regional del trabajo que persistiría hasta bien entrado el siglo XIX: los distritos mineros —Antioquia, Chocó, Cauca— frente a los centros artesanales de Santander, Nariño y el altiplano cundiboyacense.

Las técnicas europeas dejaron su huella. El trabajo en cuero, en particular, se enriqueció con nuevos instrumentos y con la adaptación del ganado vacuno, lo que permitió el repujado policromo y una expansión notable de la producción peletera. Pero la política imperial imponía un techo: España prohibía la producción local de textiles que pudieran competir con los suyos, y controlaba precios y circulación mediante estancos. El artesano neogranadino colonial fue, así, un productor de consumo interno tolerado en la medida en que no amenazara el monopolio metropolitano.

Las reformas borbónicas alteraron ese equilibrio en la segunda mitad del siglo XVIII. Los nuevos gravámenes fiscales golpearon a los pequeños productores, y su descontento —junto al de otros sectores populares y provinciales— entró en la ecuación que estalló en la revolución comunera de 1781 y, más tarde, en las guerras de Independencia. El primer intento documentado de organización gremial artesanal en la capital virreinal data de 1777. Y la vida gremial no se interrumpió con la guerra: el 23 de junio de 1817, en plena reconquista, las autoridades de Medellín pidieron a los maestros mayores de todos los gremios que presentaran listas de sus oficiales. El artesano llegó a la República con una tradición organizativa breve pero real, y con oficios que la Independencia no destruyó.

La apertura republicana y el arancel como problema político

Lo que sí cambió con la Independencia fue el entorno comercial. La gente empezó a consumir más artículos importados —telas sobre todo, no solo entre las élites—, y ese cambio benefició a los comerciantes mayoristas y a los mercaderes itinerantes que traían género inglés y francés por el Magdalena. Pero durante las primeras décadas republicanas la protección de las manufacturas locales se mantuvo, más por necesidad fiscal que por convicción proteccionista: los ingresos aduaneros eran la principal fuente del gobierno, y presidentes como Francisco de Paula Santander y José Ignacio de Márquez sostuvieron aranceles altos —aunque menores que los coloniales— por esa razón. El arancel ad valorem promedio sobre importaciones fue del 22% en la década de 1830 y subió al 27% en la primera mitad de la de 1840; los textiles importados pagaron entre 17% en 1831 y 20% en 1840. Los gravámenes más altos recaían, en realidad, sobre alimentos: el arroz pagaba el 173% de su precio en puerto, la harina el 63%, la manteca de cerdo el 70%.

En ese régimen los artesanos vivían presionados pero no aplastados. El vapor por el Magdalena, introducido en esas mismas décadas, ya venía reduciendo los costos de transporte —por velocidad y seguridad más que por tarifas—, y los champanes iban perdiendo su lugar; los géneros europeos llegaban con más facilidad al interior. La ruptura, sin embargo, vino con la política, no con la técnica. En 1847, siendo ministro de Hacienda del gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, Florentino González impulsó la reforma arancelaria que redujo drásticamente los derechos sobre bienes de consumo importados. Los aranceles cayeron a la mitad o menos para la mayoría de las manufacturas terminadas; las telas finas bajaron entre 20% y 30%. Contemporáneos la describieron como una adopción brusca e inesperada del liberalismo económico internacional, y para los sastres, zapateros y ebanistas de Bogotá abrió la perspectiva desalentadora de una competencia creciente de ropa y muebles ingleses y franceses. El impacto real sobre los precios se sentiría con más fuerza después de 1850, pero la señal política fue inmediata.

Ese fue el detonante. Hasta 1847 los artesanos habían sido un cuerpo social; a partir de 1847 empezaron a organizarse como cuerpo político.

La Sociedad de Artesanos y el año de 1849

La Sociedad de Artesanos de Bogotá se fundó en ese contexto. En 1847 contaba con 300 miembros; a finales de 1849 tenía 1.500, incluidos estudiantes universitarios y algunos afiliados de clase alta. El salto —de 300 a 1.500 en dos años— indica no solo alarma económica sino politización acelerada. La Sociedad no era exactamente un gremio ni un sindicato: era una asociación de propósito explícito, orientada a obtener del Estado protección aduanera para las manufacturas locales, y organizada con formas de mitin, prensa y presión callejera que la volvían de inmediato un actor electoral.

La ocasión llegó el 7 de marzo de 1849. Ese día el Congreso eligió presidente en una votación tensa, con presión popular en las calles, y el candidato liberal José Hilario López obtuvo el triunfo. El resultado dependió de la dinámica interna del Congreso, pero la presión de los artesanos —concentrada frente al edificio— formó parte del ambiente que lo hizo posible. Fue el primer momento en que la política nacional colombiana registró la existencia de una masa popular urbana capaz de inclinar una elección presidencial, y los artesanos lo entendieron así. En los meses siguientes, la Sociedad cambió su nombre por el de Sociedad Democrática y se convirtió, de manera cada vez más nítida, en un club político.

Ese giro tuvo un costo. La demanda proteccionista original —tarifas altas para ropa, calzado, muebles, sillas de montar, loza, tejidos de algodón— quedó absorbida en un programa mayor de reformas liberales que los propios artesanos apoyaron: abolición de la esclavitud, expulsión de los jesuitas, libertad de prensa, federalismo. La Sociedad Democrática se replicó en un gran número de municipios, con formas semejantes de organización, y el gobierno de López —y luego el de José María Obando— la promovió activamente como base popular, la armó, le impartió ejercicios militares y la utilizó como brazo movilizador. El artesanado ganó, en esos años, más visibilidad política que en toda su historia previa; pero la ganó dentro de un aparato que no controlaba.

Gólgotas y draconianos: el liberalismo se parte

El precio se hizo evidente pronto. El propio liberalismo colombiano se fracturó a comienzos de la década de 1850 entre dos tendencias que expresaron, en el plano político, el conflicto económico de fondo: los gólgotas, jóvenes doctrinarios formados en la Universidad y en la lectura de la revolución francesa de 1848, defendían el librecambio y los intereses de los comerciantes importadores; los draconianos, más ligados a los militares veteranos de la Independencia y a los sectores populares urbanos, defendían el proteccionismo en nombre de manufactureros y artesanos.

La fractura tuvo su lenguaje visible. Los artesanos y los draconianos acusaban a los librecambistas —a quienes llamaban "los ricos"— de egoísmo y falta de patriotismo por promover doctrinas extranjeras, como la de Jean-Baptiste Say, que arruinarían la manufactura nacional. La élite les devolvía el desprecio con una fórmula que hizo carrera: la política se libraba entre la "gente de casaca" y la "gente de ruana". La casaca —el traje europeo de la clase dirigente— y la ruana —el capote de lana basta usado por la gente modesta— no eran solo prendas: eran identidades. Hacia 1839 el escritor José Eusebio Caro había observado, con lucidez, que los artesanos empezaban a usar para sí mismos casacas y botas, prendas que antes fabricaban para otros, y que los hombres de ruana se detenían en la calle a leer avisos y letreros. Vio en ello un síntoma de democratización social. Diez años después esa misma democratización se había vuelto conflictiva. Cuando Ambrosio López, líder de la Sociedad Democrática, se arruinó políticamente y se vio obligado a vender su ropa decente, adoptó la ruana; contó luego que a partir de entonces nadie lo reconocía en la calle ni recordaba sus servicios, salvo los artesanos de su círculo. La prenda había pasado a ser una frontera social operativa.

Bajo el gobierno de Obando esa frontera se politizó del todo. Los draconianos exigían tarifas proteccionistas y una defensa activa del ejército permanente, en el que muchos oficiales tenían intereses corporativos propios. Los gólgotas, en cambio, impulsaban al mismo tiempo la reducción del ejército, el federalismo radical y la profundización del librecambio. En 1854 el Congreso decidió reducir el ejército, y con ello quitó a los draconianos su otra base institucional. La bomba estalló en abril.

La revolución de 1854

El 14 de abril de 1854 el general José María Melo, comandante militar de Bogotá, dio un golpe contra el presidente Obando. El pronunciamiento tenía dos motores. Uno, militar: la defensa del ejército contra el proyecto de reducción impulsado por el Congreso. Otro, popular: la Sociedad Democrática de Artesanos de Bogotá, dirigida por Ambrosio López, respaldó el golpe en oposición a las políticas librecambistas, y los artesanos urbanos aportaron una masa organizada, armada y adiestrada por el propio gobierno liberal en los años anteriores. La coalición melista fue más heterogénea de lo que sugiere ese binomio —incluyó intelectuales y liberales de tendencias diversas—, pero su núcleo movilizador fue la alianza entre militares agraviados y artesanos proteccionistas.

Fue, en sentido preciso, la primera revolución popular urbana de la historia colombiana. Y encontró de frente una reacción sin precedentes: los antiguos rivales de la élite —Mosquera, López y una amplia coalición constitucionalista— se aliaron para derrotarla. Los ejércitos gobiernistas se organizaron fuera de la capital; el general Tomás Herrera figuró entre sus principales comandantes. La guerra civil duró aproximadamente ocho meses. En diciembre de 1854 Bogotá cayó ante las tropas constitucionalistas y la dictadura de Melo terminó.

Las consecuencias fueron duras. Numerosos artesanos fueron desterrados —la tradición señala Panamá como destino—, y el primer intento serio de organización política de los trabajadores colombianos quedó descabezado. Melo salió del país y años después murió en México combatiendo en las filas del gobierno de Benito Juárez. La derrota fijó una lección que la política colombiana repetiría: cuando un movimiento popular urbano se salió del cauce que las facciones de élite le habían trazado, esas facciones fueron capaces de suspender temporalmente sus disputas para aplastarlo.

Lo que vino después fue la implantación casi sin interrupción de la doctrina librecambista entre 1853 y 1870. Los aranceles bajos se consolidaron, las importaciones de manufacturas se dispararon, y las condiciones materiales del artesanado se deterioraron con rapidez. En 1861 Miguel Samper escribía que sastres, zapateros y curtidores eran los oficios más golpeados por la pobreza generalizada de Bogotá. En 1870 el censo registró alrededor de 320.000 artesanos, fabricantes y artistas en Colombia —cerca del 22% de una fuerza laboral estimada en 1'508.493 personas sobre una población total de 2'890.637—, y el 71% de ellos eran mujeres, que trabajaban predominantemente desde el hogar. La cifra es enorme, pero engaña: describe menos una industria que un mundo de talleres domésticos dispersos, sin división del trabajo, sin capacidad de competir con la manufactura fabril europea. La política librecambista y el creciente comercio de importación fueron erosionando ese mundo sin pausa.

Actores, escenarios, ideas

La trama tuvo protagonistas nítidos. Florentino González, ministro de Hacienda de Mosquera, fue el nombre asociado a la reforma de 1847 y, para varias generaciones de artesanos, el símbolo del liberalismo doctrinario que sacrificó el trabajo nacional en el altar de las ideas inglesas. José Hilario López, elegido en 1849 con apoyo artesanal, y José María Obando, derrocado por Melo en 1854, encarnaron las dos caras del pacto entre liberales y sectores populares: la utilización electoral y la ruptura armada. Melo mismo, militar veterano de la Independencia, pasó a ser la figura mítica del primer levantamiento popular urbano. Ambrosio López y Miguel León, líderes de la Sociedad Democrática, dieron rostro a la dirigencia artesanal; Emeterio Heredia representó la misma tradición en otras plazas. Frente a ellos, Mosquera y Manuel Murillo Toro trazaron distintos caminos dentro del liberalismo victorioso.

Los escenarios importan tanto como los nombres. Bogotá, con sus barrios artesanales de Las Nieves y Santa Bárbara, fue el epicentro; allí se concentró la Sociedad Democrática, allí ocurrió la elección de 1849, allí se libró el episodio central del golpe de 1854. Pero el fenómeno fue nacional: Sociedades Democráticas se fundaron en Cali, Cartagena, el Socorro, Pamplona, Vélez, Popayán y otras ciudades, con desigual intensidad. En Santander la actividad artesanal coexistía con una base rural fuerte en Vélez, San Gil y el Socorro; en el Sinú, en Montería y Cereté, en Cartagena y Barranquilla, las asociaciones de artesanos combinaron desde temprano funciones mutualistas con reivindicaciones sociales. La geografía del artesanado siguió, en gran medida, la geografía colonial: donde había tradición de talleres urbanos hubo también, después, tradición de organización política.

Las ideas circularon con rapidez. La revolución francesa de 1848 tuvo repercusión inmediata en la juventud universitaria y en la clase artesanal de Bogotá, e inspiró el vocabulario de igualdad, libertad y fraternidad con que las Sociedades Democráticas se autodefinieron. El proteccionismo, en cambio, se nutrió menos de doctrinas importadas que de la experiencia práctica del taller: cuando el zapatero veía llegar botas inglesas más baratas que las suyas, no necesitaba a List ni a Hamilton para pedir tarifas. La tensión entre estos dos registros —romanticismo republicano y demanda económica concreta— atravesó a la Sociedad Democrática de principio a fin, y explica por qué su discurso podía combinar sin dificultad la defensa del arancel con la exaltación de la fraternidad universal.

De la derrota a la huella

Después de 1854 el artesanado dejó de ser un actor nacional visible durante décadas. Pero no desapareció. En 1880, cuando Rafael Núñez inició su primer gobierno y ensayó un recargo arancelario proteccionista para artículos de producción interna —ropa, muebles, cerillas—, artesanos colombianos expresaron su apoyo al Banco Nacional y a la reforma, viéndolos como instrumentos de salvación frente a banqueros, monopolistas y grandes revendedores. Núñez no era un líder popular ni un draconiano; su proyecto real, el de la Regeneración, apuntaba más a desarrollar la gran hacienda cafetera y a controlar la balanza de pagos que a rescatar a los artesanos. Pero por primera vez desde 1854 el discurso proteccionista volvía al centro del poder, y los artesanos —o lo que quedaba de ellos— se reconocieron en él.

La Regeneración, sin embargo, miró con recelo la organización artesanal cuando parecía escapar a su tutela. La Sociedad de Mutuo Auxilio de Bucaramanga fue liquidada en 1890 por sospecharse que se había convertido en club político, y al reconstituirse en 1892 requirió aprobación previa del gobernador y del cura párroco. La memoria de 1854 seguía viva: una asociación de artesanos podía volverse, en cualquier momento, una amenaza al orden. Ese temor produjo un mutualismo domesticado, orientado a la ayuda mutua, a la caja de socorros, al entierro digno, pero también capaz —cuando la ocasión lo pedía— de intervenir en política nacional. En 1903, tras la separación de Panamá, numerosas organizaciones mutuales exigieron al gobierno medidas en defensa de los intereses nacionales. El repertorio de 1849 no se había perdido; se había vuelto más discreto.

El puente hacia el siglo XX lo tendieron esas organizaciones. Los artesanos participaron, junto a los obreros incipientes, en la fundación de la Unión de Industriales y Obreros en 1904 y de la Unión Obrera Colombiana en 1913, transmitiendo una tradición de asamblea, de manifiesto, de negociación colectiva que la clase obrera propiamente dicha —la de los tranviarios, los portuarios, los ferrocarrileros, los trabajadores del petróleo— asumiría en las dos décadas siguientes. En 1916 se fundó el Partido Obrero; en 1919, la Asamblea Obrera. En el Sinú las asociaciones de artesanos y obreros se articularon hacia 1919-1920 con los comités socialistas. La cadena organizativa que iba desde los maestros mayores de gremios coloniales de 1817 hasta las Sociedades Democráticas de 1849 llegaba, con eslabones más finos, a los sindicatos y partidos obreros de la posguerra.

Mientras tanto, la política económica había dado un giro. El arancel de 1905, promulgado bajo la administración de Rafael Reyes, estableció derechos de aduana altos para bienes finales y muy bajos para materias primas semielaboradas o elaboradas. Esa estructura —importar semielaborados, terminarlos localmente, venderlos como bien final con alto margen— sentó las bases de la primera industrialización colombiana, cuyo dinamismo perduró hasta la década de 1920. Pero esa industrialización nacía ya como manufactura fabril, no como artesanía; los artesanos que habían defendido la protección en 1849 no eran los industriales que la aprovecharon en 1905. La misma política que ellos habían reclamado, cuando llegó, favoreció a otros.

Ese es el nudo. El artesanado neogranadino tuvo una intuición económica correcta —que sin protección arancelaria el trabajo local no podía competir con la manufactura industrial europea— pero no tuvo el modo de producción capaz de aprovecharla. La artesanía doméstica, no diferenciada, hecha en el hogar sin división del trabajo, era una forma que la industrialización estaba destinada a superar en cualquier régimen arancelario. El proteccionismo, cuando finalmente se instaló en Colombia, no salvó al artesano: creó al industrial. Y sin embargo el artesano hizo algo que ningún otro sector popular del siglo XIX colombiano hizo: se pensó a sí mismo como sujeto político, organizó su propio partido dentro del liberalismo, forzó una elección presidencial, apoyó una revolución, sostuvo una guerra civil de ocho meses y transmitió a la clase obrera del siglo XX un repertorio organizativo entero.

En la memoria política del país, la ruana quedó como signo. Cuando en el siglo XX los movimientos populares urbanos —el gaitanismo, el sindicalismo, la izquierda estudiantil— buscaron una tradición propia distinta de la de las élites liberales y conservadoras, la encontraron en 1854 antes que en cualquier otra fecha. No siempre supieron que la encontraban ahí, porque la historiografía escolar tardó en devolver a Melo, a Ambrosio López y a la Sociedad Democrática el lugar que les correspondía. Pero el gesto —el de una masa urbana organizada que, con sus propios cuadros y su propio discurso, disputa el rumbo del país a la élite dirigente— lo inauguraron ellos. Los artesanos perdieron su guerra y su oficio; ganaron, sin saberlo, un lugar fundacional en la historia política colombiana.