Antonio de la Torre y Miranda

El oficial que llegó al Sinú

De la biografía previa de Antonio de la Torre y Miranda antes de su misión neogranadina se conserva menos de lo que se querría. Era español y había sido oficial de la Real Armada: esa condición de antiguo militar naval —no de conquistador, no de encomendero, no de clérigo— es en sí misma un dato del período. Los Borbones prefirieron para las tareas administrativas del imperio a hombres formados en la disciplina de los cuerpos profesionales del Estado, capaces de levantar planos, redactar informes, contar cabezas y trazar caminos, antes que a los notables locales cuyas lealtades estaban comprometidas con clientelas regionales. Un oficial naval sabía de instrumentos, de escalas, de reglamentos; sabía obedecer y sabía dar cuenta por escrito de lo obedecido. Esa combinación de destrezas explica que se le encomendara una tarea que no era, a pesar de las apariencias, la de un fundador de ciudades a la manera del siglo XVI, sino la de un funcionario territorial encargado de aplicar sobre el terreno una política de Estado.

Llegó a la Provincia de Cartagena en 1774. Los dos años previos habían visto un cambio de virrey en Santa Fe —Manuel de Guirior había reemplazado a Messía de la Zerda en 1772— y una intensificación de las presiones metropolitanas sobre la administración indiana bajo el impulso de José de Gálvez, ministro de Indias y arquitecto principal del reformismo borbónico en América. En Cartagena, la gobernación estaba en manos de Juan de Torrezar Díaz Pimienta, y a él correspondió instruir directamente al recién llegado. La comisión era clara en su formulación y ambiciosa en su alcance: recorrer los partidos rurales de la provincia, identificar la población dispersa, reagruparla en pueblos formales, trazar las plantas urbanas, distribuir solares, levantar iglesias y actas, y rendir informe de todo ello al gobernador y, por vía jerárquica, al virrey Manuel Antonio Flórez, que asumió en 1776 tras la salida de Guirior.

Lo que De la Torre encontró en la Provincia de Cartagena no era una periferia despoblada sino un territorio densamente habitado por una humanidad que la Corona clasificaba como problemática. En las orillas del río Sinú, en las Sabanas de Tolú, en el Bajo San Jorge, en los Montes de María, vivían decenas de miles de personas —los cálculos de la época situaban en torno a los sesenta mil los habitantes "arrochelados" del Caribe neogranadino hasta la década de 1770— repartidas en asentamientos ilegales llamados rochelas: chozas aisladas en las riberas, familias nucleares dispersas en el monte, agrupaciones en pantanos y colinas que no aparecían en los mapas ni en los padrones. A ellos se sumaban palenques de cimarrones, arrabales tolerados y sitios de indios no reducidos. El censo que se levantaría al final de la década, entre 1778 y 1780 —el primero confiable de Nueva Granada—, mostraría que los "libres de todos los colores" constituían dos tercios de la población caribeña que vivía fuera de las principales ciudades. Sobre esa mayoría demográfica, mayormente afrodescendiente y mestiza, se proponía el oficial naval imponer el patrón cuadriculado de la ciudad hispanoamericana.

La misión y su método

Entre 1774 y 1778, De la Torre trabajó en cinco regiones de la Provincia de Cartagena. El Valle del Sinú fue el escenario principal y el que él mismo destacó en sus informes como la joya de la campaña. Allí reasentó a indígenas, negros y mestizos arrochelados en nuevos pueblos, entre ellos el actual Montería, y en ese valle se concentraron las declaraciones más entusiastas de su memoria posterior: tres cosechas anuales de frutas, cereales y hortalizas en las parcelas repartidas a los pobladores; cultivos de algodón destinados a la confección de hamacas y de ropa; cría de cerdos y aves de corral en los solares. Los otros teatros de operación fueron las Sabanas de Tolú y de Corozal, con Sincelejo, Sampués y Chinú como núcleos ordenadores; la franja entre Chinú, Sahagún y las cabeceras del San Jorge, articulada por caminos de sabana; y las zonas anfibias del Bajo Sinú hacia Lorica.

El método, aunque el nombre elegante fuera "fundación", consistía en ubicar los sitios donde ya había concentración informal de habitantes, forzar el traslado de los dispersos en el radio circundante, y trazar sobre ese emplazamiento un plano regular. Las normas coloniales para pueblos de indios, herederas de una tradición jurídico-urbanística que se remontaba a las instrucciones dadas a Pedrarias Dávila para la fundación de Panamá en 1519 y a las cédulas posteriores de Carlos V, prescribían con precisión geométrica lo que había que hacer: plaza mayor de ciento ochenta varas en cuadro, calles rectas de catorce varas de ancho, manzanas cuadradas de ochenta varas de lado, iglesia levantada "lo mejor que pudieren", casa del cacique mayor que las demás, previsión de hospital, y una escala pensada para trescientos vecinos con espacio de crecimiento. Ese trazado en retícula, inspirado a su vez en teorías renacentistas sobre la ciudad ideal, era el instrumento físico de la reducción: la geometría hacía visible lo que la selva y el pantano habían mantenido invisible.

Sincelejo ilustra bien el procedimiento. De la Torre confirmó allí en 1775 el sitio del pueblo, pero la localidad ya contaba con presencia poblacional previa; su intervención no creó Sincelejo, la formalizó. Otro tanto puede decirse de Corozal, de Sampués, de Chinú. El acto fundacional en cada caso reproducía un guion antiguo: el fundador —De la Torre en persona, con vara de justicia— fijaba el emplazamiento, señalaba el lugar de la plaza, el de la iglesia, el de la casa de gobierno, diseñaba las calles, distribuía los solares y firmaba el acta con los vecinos, el escribano y las autoridades convocadas. Lo específicamente borbónico no estaba en el rito, que era heredado, sino en la escala y en la sistematicidad con que se aplicó: una campaña sostenida durante cuatro años, sobre cinco regiones, orientada a barrer un patrón completo de asentamiento disperso.

A la reducción se sumaba la infraestructura. De la Torre abrió un camino entre Corozal y San Benito Abad, obra menor en apariencia y decisiva en la práctica, porque conectaba el mundo de las Sabanas con la salida al San Jorge y, por él, a la red del Magdalena. En sus informes se preciaba también de haber convertido el río Sinú en vía navegable segura, "para transportar esclavos al Chocó y exportar oro a España", frase que revela con crudeza qué tipo de economía se pretendía activar mediante la reducción de la población libre. Los pueblos servían de nodos de abastecimiento, de reserva de mano de obra miliciana y tributaria, y de puntos de control sobre los ríos y caminos que hasta entonces habían sido lugares de fuga.

Un eslabón en una cadena

La campaña de De la Torre no fue una iniciativa aislada ni una ocurrencia particular del gobernador Díaz Pimienta. Fue el segundo movimiento de una operación mayor, cuyo primer acto había ocupado tres décadas en la Provincia de Santa Marta bajo la dirección de José Fernando de Mier y Guerra. Rico hacendado y comandante de las milicias urbanas samarias, Mier y Guerra fue encomendado por el virrey Sebastián de Eslava en 1743 y confirmado por José Alfonso Pizarro en 1752 para poner fin a los ataques de los chimilas y otros pueblos indígenas contra las haciendas y las embarcaciones del río Magdalena. Entre 1744 y 1770 fundó una veintena de pueblos a lo largo del Bajo Magdalena —Cascajal, Chimichagua, Chiriguaná, Santa Ana, Pinto, entre otros— y desde 1751 llevó pobladores blancos e indios a la Sierra Nevada para fundar San Sebastián de Rábago con la intención de fomentar el trigo.

La comparación entre Mier y Guerra y De la Torre y Miranda es reveladora. El primero era un hacendado local con intereses económicos directos en las tierras que "pacificaba"; el segundo era un oficial peninsular sin arraigo regional, un cuadro profesional del Estado. El primero venía del mundo criollo de las milicias notables; el segundo, del mundo peninsular de la Real Armada. Y sin embargo la lógica de sus campañas fue la misma: capturar población dispersa, concentrarla en trazas urbanas, subordinar el territorio a un orden legible. La transición de un tipo de agente al otro es en sí misma un dato del reformismo borbónico. Gálvez y sus enviados desconfiaban de los notables criollos precisamente por la fusión de interés privado y función pública que hombres como Mier y Guerra encarnaban; preferían funcionarios como De la Torre, más disciplinados, más controlables, más fáciles de rotar.

Esa preferencia, sin embargo, no eliminó la ambigüedad estructural del proyecto. En la Provincia de Cartagena, como en la de Santa Marta, la aristocracia local —hacendados, comerciantes de Mompox, oligarquías urbanas— participó activamente en las campañas de poblamiento y obtuvo beneficios de ellas. Los pueblos reducidos concentraban mano de obra disponible para la ganadería expansiva, liberaban tierras antes ocupadas por rochelas, canalizaban producción campesina hacia los mercados urbanos y proveían milicianos para la defensa costera. La declaración del propio De la Torre sobre el Sinú como vía para el tráfico esclavista al Chocó y como despensa para las minas del oro delata que la "legibilidad" producida por la reducción no beneficiaba solo al fisco borbónico, sino también a redes de extracción privada que el Estado más bien formalizaba y potenciaba que desplazaba. El proyecto ilustrado y los intereses terratenientes convergían, con costuras visibles.

El marco borbónico

Para entender qué tenía de específicamente ilustrado y borbónico la campaña de 1774-1778 conviene mirar los años inmediatos. En 1776, Manuel Antonio Flórez sucedió a Manuel de Guirior en el Virreinato de Nueva Granada. En 1777, la Corona segregó a Venezuela creando la Capitanía General de Caracas, reorganización mayor de la geografía imperial que respondía a la misma lógica de racionalización administrativa. En 1778 —el año en que De la Torre cerraba su campaña principal— llegó Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres como regente visitador de la Real Audiencia, con el mandato de restablecer el impuesto de la armada de Barlovento y de extender la alcabala a nuevos productos. Al año siguiente se levantaría el primer censo confiable del virreinato. Ese censo, esas reformas fiscales, esa reorganización jurisdiccional y las reducciones en la costa formaban parte de un solo dispositivo: hacer el imperio contable, cobrable, movilizable.

La ideología que sustentaba el dispositivo era la de la Ilustración española en su versión regalista. El proyecto de gubernamentalidad borbónica exigía centralizar en manos del Estado los flujos de capital simbólico y económico, desprivatizando ámbitos antes en manos de intereses particulares, incluida la Iglesia. Las audiencias y los cabildos conformados bajo los Austrias parecían a los reformadores demasiado autónomos, demasiado permeables a las oligarquías locales; había que someterlos a un control más firme desde arriba. En ese marco general, la reducción de la población libre de color al pueblo formal cumplía varias funciones simultáneas: fiscal, religiosa, militar y económica, porque los reducidos tributaban, quedaban bajo cura de almas, nutrían los cuadros de milicianos de pardos y morenos y proporcionaban trabajo y consumo. La frase con que la Corona resumía su temor a la población fuera de control —vivir "sin Dios ni ley", "arrochelada"— cifraba el vacío que la campaña venía a llenar. A los "arrochelados" había que ponerlos "en policía", esto es, en orden civil y religioso.

Este era el discurso, y sería ingenuo tomarlo por descripción neutra. La reducción producía sujetos coloniales antes que reflejarlos: convertía a familias campesinas afrodescendientes que llevaban generaciones viviendo en las riberas del San Jorge en "vecinos" de un pueblo cuya iglesia, plaza y trazado geométrico les eran ajenos. La biopolítica borbónica, con su vocabulario de policía y de fomento, redefinía a las personas al reagruparlas. Y lo hacía en un momento en que otro instrumento del mismo proyecto —la expedición botánica que José Celestino Mutis venía preparando desde Nueva Granada— estaba redefiniendo también el territorio, convirtiéndolo en un espacio de recursos naturales aprovechables mediante el conocimiento científico. Reducir arrochelados y clasificar plantas eran gestos del mismo movimiento: hacer visible, para el Estado, lo que la selva y el hábito habían mantenido opaco.

Lo que había antes: rochelas, palenques, resistencia

La legibilidad no era una virtud desde el punto de vista de los reducidos. Las rochelas eran, para sus habitantes, la forma concreta de una libertad conquistada frente a un orden colonial que había resultado insoportable en otras configuraciones: la esclavitud en las haciendas, el resguardo forzoso, el tributo indígena, el trabajo obligado. Los "arrochelados" incluían descendientes de esclavos fugitivos, pueblos indígenas no conquistados, mestizos desplazados por la presión de blancos pobres sobre las tierras, familias enteras que habían escapado de la mendicidad urbana o de la vagancia forzosa. Vivían en el monte, en el pantano, en la ribera, en la choza aislada, y ese modo de habitar no era pobreza sino estrategia: quien vivía disperso no tributaba, no era llamado a milicia, no era catequizado, no era registrado.

Junto a las rochelas, y en zonas contiguas a las que De la Torre iba a intervenir, existían los palenques. Herederos de la larga tradición cimarrona iniciada un siglo y medio antes por Benkos Biohó y su palenque de Matuna, los palenques del Caribe neogranadino eran comunidades de negros libertados por la fuga que subsistían de cultivos, caza y pesca, y que habían desarrollado formas propias de gobierno. En Matuna, Biohó fue proclamado "rey del arcabuco" y la comunidad eligió sus autoridades por mérito y servicio; ese modelo de cabildo palenquero se replicaría en asentamientos posteriores, sobre todo en la zona de Loba y en las cercanías de Mompox. La respuesta colonial al palenque había oscilado entre la negociación y la fuerza: en 1745, tras el fracaso de un pacto que ofrecía paz y libertad a cambio de no admitir nuevos fugitivos, una expedición militar comandada por Juan Álvarez Uría y Tomás Hurtado, con mediación del franciscano fray José Joaquín de Barrutieta, sometió el palenque de El Castigo. Pero el sometimiento militar era caro, incierto y episódico. La reducción borbónica ofrecía una alternativa más económica y duradera: en vez de perseguir cimarrones, capturar el continuo social del que salían.

Entre la rochela ilegal y la ciudad formal existía un tercer estatus: el arrabal tolerado, del que Getsemaní en Cartagena era el caso paradigmático. Allí vivían descendientes libres de esclavos que ejercían oficios artesanales y domésticos, formalmente reconocidos como vecinos de un barrio adjunto a la ciudad. Y existía también otra vía intermedia, la del miliciano de color: en la campaña previa de Mier y Guerra, la organización de milicias de mulatos, zambos y mestizos había servido como estrategia de integración parcial, otorgando a ciertos grupos un estatus específico a cambio de servicios militares. La reducción de De la Torre debe entenderse dentro de ese abanico de dispositivos: era el más ambicioso, el más geométrico, el más masivo, pero no el único.

Por eso mismo su éxito nunca fue completo. Los reducidos no eran materia inerte. Traían consigo memoria, redes de parentesco, prácticas culturales, expectativas sobre la tierra, formas de trabajo. La traza cuadriculada que De la Torre imponía sobre el terreno era eficaz para el padrón y para la parroquia, pero no clausuraba la vida social real, que siguió organizándose en parte según lógicas anteriores. Los nombres de los pueblos, los santos patronos, los repartos de solares quedaron consignados en las actas; lo que ocurría dentro de esos pueblos —los matrimonios, las herencias, las devociones, las fugas hacia el monte cuando la milicia arreciaba— siguió siendo un campo de negociación en el que los pobladores conservaron márgenes de agencia.

La Noticia individual y la operación de memoria

En 1794, dieciséis años después del cierre de su campaña principal, De la Torre publicó en Cartagena de Indias, en la imprenta de don Luis de Luque y Leyva, la Noticia individual de las poblaciones nuevamente fundadas en la provincia de Cartagena. Ese impreso —hoy la fuente primaria fundamental sobre su obra— no era un diario ni una crónica: era un memorial. Estaba dirigido al rey, y su función retórica era la de solicitar mercedes, ascensos, recompensas por servicios prestados. De la Torre enumeraba pueblo por pueblo, contaba sus vecinos, describía sus cultivos, ponderaba sus caminos, sus canales, sus ríos navegables. Encomiaba las ventajas de la obra para la propagación del evangelio, para el comercio y para el Estado: la triple justificación canónica de la política borbónica de poblamiento.

Ese tono encomiástico obliga a leer la Noticia con precaución. Las tres cosechas anuales en el Sinú, la seguridad del río, el abastecimiento pleno de las minas del Chocó desde las despensas sinuanas: todo eso está dicho por quien pedía al monarca el reconocimiento de sus méritos. La cifra que a veces se ha atribuido al oficial —cuarenta y tres pueblos fundados u organizados— pertenece a esa misma economía de la autoafirmación y no puede darse por establecida con seguridad. Lo que sí queda del memorial, y lo que le confiere su valor documental duradero, es el catálogo minucioso de un dispositivo: los emplazamientos, los trazados, las distancias, los ríos, los caminos, las tres regiones que menciona con detalle y las otras que apenas nombra. La Noticia es, en ese sentido, uno de los grandes documentos del reformismo borbónico en Nueva Granada, comparable a las relaciones de mando de los virreyes —Guirior, Flórez, Caballero y Góngora, Ezpeleta, Mendinueta— como fuente para reconstruir el intento estatal de organizar el territorio.

De la Torre continuó su carrera colonial después de 1780, fuera del recorte principal de esta biografía. La Noticia individual, publicada en 1794, es el último gran gesto público del que se conserva testimonio, y el que fijó su lugar en la historiografía. Su nombre pasó a los libros, primero como funcionario ejemplar del reformismo, después —cuando la mirada crítica del siglo XX se posó sobre él— como agente por excelencia de la biopolítica colonial en el Caribe.

Su red y su tiempo

Los interlocutores directos de De la Torre en Nueva Granada fueron pocos y bien identificados. En Cartagena, el gobernador Juan de Torrezar Díaz Pimienta lo comisionó y le dio marco jurisdiccional. En Santa Fe, los virreyes Manuel de Guirior primero y Manuel Antonio Flórez después tomaron las decisiones de alcance virreinal. Por encima de ellos, y de manera indirecta pero decisiva, José de Gálvez desde Madrid como ministro de Indias, y Carlos III como monarca que firmaba las políticas cuya aplicación en el terreno ejecutaban oficiales como De la Torre. En un plano administrativo intermedio, Francisco Silvestre, cronista y oficial de la administración borbónica, dejó relaciones útiles para contextualizar el período. Y como antecedente cuya sombra se proyecta sobre toda la campaña, José Fernando de Mier y Guerra, cuya obra en el Bajo Magdalena entre 1744 y 1770 De la Torre continuó y racionalizó.

Los territorios de su acción están hoy en los departamentos de Sucre y Córdoba y en los bordes de Bolívar. Sincelejo es hoy capital de Sucre; Montería, capital de Córdoba. Corozal, Sampués, Chinú, Sahagún, San Benito Abad, Lorica y San Andrés de Sotavento forman la trama urbana básica de las Sabanas de Tolú, del Valle del Sinú y del Bajo San Jorge. La ciénaga de Ayapel y el Bajo Cauca, en su borde oriental, quedaban al margen del recorrido pero conectados por la red de caminos y ríos que la campaña buscó articular. Cartagena de Indias, ciudad capital de provincia, era el centro administrativo del que salían las instrucciones y al que retornaban los informes.

Su huella y su disputa

De De la Torre queda, primero, una huella material que puede recorrerse: los pueblos que él reagrupó siguen ahí, con sus plazas centrales, sus iglesias cabeceras, sus trazas más o menos regulares donde el crecimiento de dos siglos y medio no las ha desdibujado. La celebración de sus fechas de reducción como días de fundación municipal es un rasgo notable: las comunidades que en el siglo XVIII habían sido forzadas a agruparse conservaron —o reconstruyeron, a la manera de las tradiciones inventadas— el recuerdo de aquel acto como origen. La palabra reducción fue perdiendo su carga forzosa hasta volverse sinónimo cívico de fundación. Esa domesticación semántica es en sí misma un capítulo de la historia cultural del Caribe colombiano.

Queda, en segundo lugar, la huella historiográfica. Durante mucho tiempo, De la Torre fue leído en clave celebratoria: el ilustrado laborioso, el civilizador de las selvas, el fundador de pueblos que consolidaron la nacionalidad regional. Esa lectura empezó a ceder cuando la historiografía social del siglo XX abordó el Caribe neogranadino con otras preguntas. La sociología histórica de Orlando Fals Borda situó las campañas de poblamiento del período borbónico dentro del proceso más largo por el cual las oligarquías costeñas —hacendados, ganaderos, comerciantes de Mompox y Cartagena— fueron consolidando su dominio sobre las tierras y las gentes de la depresión momposina, del Sinú y de las sabanas. En esa lectura, De la Torre aparece menos como fundador que como ingeniero de un despojo. Otros trabajos posteriores subrayaron la centralidad de la campaña como intento estatal —parcial y ambiguo— de gobernar la mayoría libre de color de la región, aportaron elementos sobre la geografía humana y la demografía del período que permiten dimensionar el objeto sobre el que De la Torre actuó, e iluminaron el marco de gubernamentalidad ilustrada en que ese objeto era pensado.

En esa historiografía contemporánea, la figura del oficial naval ha pasado de héroe civilizatorio a agente de una biopolítica colonial. Ni una lectura ni la otra son enteramente satisfactorias si se toman como retrato completo. De la Torre no fue el arquitecto solitario de un despojo, porque los despojos y las presiones sobre la tierra le precedían por siglos y le sobrevivirían por siglos más; los reducidos no eran pura víctima, porque conservaban formas de resistencia, negociación y adaptación que el memorial del funcionario no registra; el Estado borbónico que él encarnaba no era solo instrumento de una élite terrateniente, aunque tampoco era enteramente autónomo de ella. Su lugar propio está en el punto de intersección de todas esas fuerzas: un cuadro profesional del Estado imperial aplicando sobre una geografía humana ya densa un dispositivo de legibilidad que servía simultáneamente al fisco, a la parroquia, a la milicia y a las redes de extracción privada que operaban en el Caribe.

Su campaña forma parte, además, de un fenómeno estadístico mayor: entre 1750 y 1800 se fundó cerca del veinte por ciento de los municipios que hoy tiene Colombia, muchos de ellos en regiones de clima medio poblada por mestizos, y otros —los del Caribe— por libres de color. El período borbónico fue el gran momento fundacional de la geografía municipal colombiana, y De la Torre y Miranda es una de sus figuras emblemáticas. Que las reformas borbónicas hayan producido, como consecuencia indirecta y no buscada, la maduración de una conciencia territorial criolla y de una ideología distinta al absolutismo —consecuencia que se manifestaría en la Independencia dos generaciones más tarde— añade a la figura una ironía final. Los pueblos que De la Torre había reducido para volverlos tributarios de la Corona serían, en pocas décadas, escenario del proceso que rompió esa Corona. La legibilidad producida por el reformismo terminó sirviendo también a quienes la usaron contra el reformismo.

Antonio de la Torre y Miranda murió hacia 1810, en los años iniciales de la crisis del imperio español en América. Vivió lo suficiente para ver el comienzo del desmoronamiento de la maquinaria a la que había servido. Los pueblos que llevan su firma siguen ahí. Sus habitantes, herederos lejanos de aquellos arrochelados del Caribe zambo y mulato del siglo XVIII, celebran cada año un aniversario cuyo nombre técnico —reducción— olvidan alegremente, sin saber tal vez que en esa palabra está guardada la historia entera del oficial naval que pasó cuatro años, a caballo y a pie, entre 1774 y 1778, dibujando plazas cuadradas sobre los mapas del rey.