Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres

Un jurista peninsular al servicio de las reformas

De los años previos a su llegada a Santafé se conserva menos de lo que su papel posterior haría desear. Peninsular de formación, jurista de oficio, Gutiérrez de Piñeres pertenecía a la generación de funcionarios que José de Gálvez y la corte de Carlos III desplegaron por América en la segunda mitad del siglo XVIII con un mandato tan ambicioso como brutal: reordenar la Hacienda, cerrar filtraciones, arrancar a las colonias los ingresos que la guerra permanente con Inglaterra exigía. Enérgico, autoritario y buen jurista: tres adjetivos que se repiten sin mucha variación al retratarlo, y que resultan coherentes con la misión. La Corona no enviaba negociadores; enviaba ejecutores capaces de argumentar en derecho lo que la política decidía sin apelación. Hombres de despacho más que de campo, de expediente más que de trato, formados en la idea de que el reino se gobernaba desde la letra de la ordenanza y no desde el pulso de las provincias.

El cargo con el que llegó al Nuevo Reino era, en sí mismo, una creación reciente y algo experimental. La Ordenanza de Intendentes del Río de la Plata, gran instrumento del reformismo administrativo borbónico, se estaba aplicando en distintos territorios americanos con resultados desiguales, pero en la Nueva Granada la Corona optó por una fórmula alternativa: no intendentes, sino regentes. Una Real Orden del 25 de marzo de 1783, dirigida a la Audiencia de Quito con motivo de la llegada del regente para ese territorio, acompañaba la Ordenanza rioplatense "para que se adapte en lo que fuere adaptable". El propósito era transparente: obtener con los regentes resultados análogos a los que se esperaban de los intendentes en otros lugares del imperio. Reforma sin decir su nombre, o reforma disfrazada bajo otro título; el Regente-Visitador del Nuevo Reino sería, en la práctica, un intendente con otra placa. La sutileza terminológica escondía un cambio sustantivo en el reparto del poder colonial: la Hacienda dejaba de ser una atribución más del virrey para convertirse en un dominio propio, con jurisdicción y jerarquía separadas.

Gutiérrez de Piñeres fue el primero en desempeñar el cargo en Santafé. Llegó a comienzos de 1778, cuando el virrey Manuel Antonio Flórez aún no se había hecho a la idea de lo que significaría compartir el gobierno con un funcionario venido con carta blanca en materia fiscal. La convivencia sería, desde el principio, tensa: dos autoridades superpuestas, dos escritorios rivales, dos maneras de entender lo que la Corona quería del virreinato. Flórez había gobernado hasta entonces con la lógica pausada del pacto colonial, esa negociación permanente entre autoridad real y notables locales que había sostenido dos siglos y medio de dominio español. Piñeres traía la lógica opuesta: la del rey que ya no consulta.

La caja del rey: una reingeniería tributaria en tres años

Lo que hizo entre 1778 y 1781 puede parecer, en la enumeración fría, una lista técnica; pero cada punto de esa lista tuvo consecuencias. Restableció el impuesto de la Armada de Barlovento, un gravamen de vieja data destinado en su origen a la defensa naval del Caribe y que llevaba tiempo suprimido o difuminado. Extendió la alcabala —el impuesto sobre las ventas— a productos que hasta entonces no la habían pagado. Aumentó la carga fiscal sobre la sal, los textiles y el algodón. En mayo de 1780 tomó una decisión de calibre distinto: duplicó el precio al detalle del tabaco y del aguardiente, los dos estancos que la Corona explotaba directamente. En agosto del mismo año reforzó un sistema de controles sobre el comercio, endureciendo la vigilancia contra el contrabando y estrechando el cerco a los circuitos informales que en las provincias suplían lo que el monopolio real no alcanzaba.

La reorganización del estanco del tabaco fue, tal vez, la pieza más ambiciosa de su gestión y también la más resentida en los pueblos. Mediante ordenanzas minuciosas dividió el territorio virreinal en cuatro zonas de cultivo autorizado —Ambalema, Girón, Pore-Nunchía y Palmira— y organizó seis administraciones y factorías de distribución para todo el virreinato. Estableció normas técnicas estrictas sobre elaboración y empaque, y desplegó un sistema de resguardos policiales encargado de vigilar la comercialización y perseguir el cultivo clandestino. Numerosos pueblos y regiones que hasta entonces habían sembrado tabaco de manera libre o semilibre quedaron excluidos legalmente de la producción. Lo que en el papel era un ejercicio de racionalización administrativa —concentrar el cultivo en zonas óptimas, garantizar la calidad, cerrar el paso al contrabando— en el terreno era la abolición de un medio de vida y la irrupción de guardias armados en pueblos donde el tabaco había sido durante generaciones un derecho tácito. El resguardo se convirtió, en el imaginario campesino, en la figura odiosa del régimen: hombre armado, forastero, con poder de decomiso y arresto sobre la matica sembrada al fondo del solar.

Los números permiten calibrar la magnitud del giro. En la última década colonial, los estancos de tabaco y aguardiente aportaban unos 770.000 pesos anuales, alrededor del 32% de los cerca de 2,4 millones de pesos que la Corona recaudaba cada año en el virreinato. La carga tributaria sobre el producto neogranadino, que antes de las reformas se estimaba en torno al 2,9%, ascendió durante el período borbónico a valores que oscilaron entre el 8,4% y el 10,4% en distintos quinquenios. En apenas una generación, el peso relativo del fisco sobre la economía se triplicó. Gutiérrez de Piñeres no fue el único artífice de ese salto, pero fue quien lo consolidó en la Nueva Granada, y quien lo hizo en el plazo más corto y sobre la región peor preparada para absorberlo.

Los estancos de aguardiente y tabaco concentraron las mayores críticas por una razón que va más allá de la queja fiscal: eran percibidos como la restricción más brutal a la libertad de comercio, pues sustraían del ámbito de comerciantes y agricultores dos productos centrales para la economía cotidiana. Prohibir a un labrador de Charalá sembrar tabaco no era subirle un impuesto; era arrebatarle la tierra a la mitad. Ese matiz —el estanco como expropiación disfrazada— explica por qué el descontento no fue meramente contable. Quien pagaba una alcabala más alta seguía siendo dueño de su oficio; quien perdía el derecho a sembrar tabaco perdía el oficio entero. La reforma no ajustaba tarifas: rediseñaba lo que estaba permitido producir, y con ello redistribuía el trabajo y la tierra en las provincias del oriente.

El oriente que ardía por dentro

Para entender por qué la reforma explotó donde explotó hay que mirar la geografía económica de la Nueva Granada. La región del Socorro, con San Gil y Girón como polos complementarios, constituía en el siglo XVIII una anomalía dentro del virreinato: allí la producción y la circulación mercantiles habían alcanzado un nivel superior a las economías de hacienda dominantes en el resto del territorio. Existía una división del trabajo relativamente sofisticada, se combinaban artesanía textil y agricultura, y se sostenía un tejido de pequeños productores independientes que dependían del mercado más que de la subordinación señorial. Los tejidos de algodón del Socorro fueron valorados, en la época del levantamiento, en cerca de un millón de pesos, testimonio de un peso económico nada marginal en una economía virreinal donde la manufactura local casi siempre había cedido ante la importación peninsular.

Esa estructura hacía a la región desproporcionadamente vulnerable a las medidas del regente. Cuando se aumentaron los impuestos sobre la alcabala, la sal, el tabaco, los textiles y el algodón, lo que se estaba gravando no era el excedente de una hacienda tradicional, sino los productos concretos con los que un tejedor de San Gil o un cultivador de Simacota se ganaban la vida en el mercado. A ello se sumaba una coyuntura miserable: en los años previos al levantamiento la región de Guanentá padeció escasez de alimentos y una epidemia de viruela que se llevó a cerca de seis mil personas. Sobre esa vulnerabilidad demográfica y económica cayeron las nuevas exacciones. Un pueblo diezmado por la enfermedad y hambreado por las malas cosechas fue puesto a pagar más por la sal y a pedir permiso para sembrar la mata que había cultivado durante generaciones.

La resistencia local había comenzado, de hecho, mucho antes del estallido general. En febrero de 1778 —el mismo año de la llegada de Gutiérrez de Piñeres— los vecinos de Mogotes expulsaron a los guardias del monopolio. En octubre de 1780 hubo disturbios nuevamente en Mogotes y en Simacota. En diciembre, en Charalá. Estas pequeñas rebeliones de pueblo, casi todas contra los resguardos del estanco de tabaco, funcionaron como sismos previos: nadie en Santafé quiso leerlos como tales. Los informes se archivaban con la etiqueta rutinaria del desorden local, se enviaban partidas de refuerzo, se reponían guardias caídos, y la máquina fiscal seguía adelante. Que dos años y medio de motines sucesivos en la misma región no bastaran para replantear la política dice más sobre la sordera del gabinete que sobre la mansedumbre de los pueblos.

1781: el año en que el edicto se rompió con las manos

El 16 de marzo de 1781, en la oficina de rentas del Socorro, Manuela Beltrán arrancó de la pared el edicto que anunciaba los nuevos tributos. El gesto ha quedado en la memoria como detonante simbólico, y lo fue, pero conviene recordar que las causas estructurales eran previas y que la pólvora estaba puesta desde hacía años. Lo que hizo la Beltrán —y quienes en las semanas siguientes multiplicaron su ejemplo por todo el oriente— fue transformar el malestar difuso en acción colectiva reconocible. Un papel roto en una plaza es solo un papel roto; un papel roto en una plaza en marzo de 1781, con Mogotes, Simacota y Charalá todavía frescos, era una convocatoria.

El movimiento se propagó con velocidad. De Socorro pasó a Pamplona, Vélez, Cúcuta, San Gil y los llanos orientales, incorporando a notables locales de decenas de pueblos. En pocas semanas se había constituido una jerarquía comunera con Juan Francisco Berbeo a la cabeza, José Antonio Galán en un ala más radical y figuras como Salvador Plata, Antonio Monsalve y Francisco Rosillo en distintos escalones del capitanato. Los rebeldes emprendieron la marcha hacia Bogotá. Lo que había empezado como resistencia parroquial contra guardias del tabaco se había convertido, en menos de dos meses, en un ejército campesino con mando, banderas y agenda política.

El 8 de mayo de 1781, al norte de Tunja, en el Puente Real, las tropas del gobierno enviadas a contener a los comuneros fueron derrotadas militarmente. La noticia sacudió a Santafé. El pánico en la capital fue inmediato, y para Gutiérrez de Piñeres —blanco declarado del odio popular, autor material de las medidas que habían llevado a esa derrota— significó tomar decisiones sin margen. Huyó a Cartagena, donde se encontraba el virrey Flórez, ocupado en prevenir un posible ataque de corsarios ingleses. La imagen del Regente-Visitador escapando por el camino de Honda hacia el Bajo Magdalena mientras los comuneros avanzaban desde el norte se ha vuelto emblemática de la crisis del gobierno virreinal en 1781, un año que la historia hispanoamericana asocia también con el levantamiento de Túpac Amaru en el Perú. Dos rebeliones simultáneas, dos huidas, dos regímenes coloniales golpeados en el mismo pulso.

En Santafé, con el regente ausente y el virrey lejos, quedó al mando efectivo del gobierno una junta que designó una comisión de negociación encabezada por el arzobispo Antonio Caballero y Góngora. La comisión partió al encuentro de los comuneros con la misión de impedir a cualquier precio la toma de la capital. Entre los oidores que en esos días sostuvieron el andamiaje institucional se contaba Juan Francisco Pey Ruiz, y en las gestiones criollas paralelas figuraron nombres como Manuel Bernardo Álvarez. La ciudad se preparaba para un asedio que nunca llegó: entre la derrota militar del Puente Real y la firma del pliego mediaron menos de cuatro semanas, y en ese intervalo Santafé descubrió lo poco que la sostenía cuando la reforma fiscal había volteado contra la Corona a las provincias productivas.

Zipaquirá: una pacificación con letra menuda

El 5 de junio de 1781, en el campamento comunero en territorio de Zipaquirá, se firmaron las Capitulaciones. Por los rebeldes suscribió Juan Francisco Berbeo; por las autoridades coloniales, entre otros, el arzobispo Caballero y Góngora. El texto había sido redactado por Agustín Justo de Medina y Juan Bautista de Vargas, delegados de Tunja, con modificaciones que Berbeo acordó con Jorge Lozano de Peralta. Su contenido apuntaba a lo esencial del reclamo: reversión de las medidas fiscales impuestas por Gutiérrez de Piñeres —Armada de Barlovento, alcabala extendida, aumentos sobre sal, tabaco y textiles, endurecimiento de los estancos—, y preferencia de los naturales del Nuevo Reino sobre los españoles en los nombramientos oficiales. Nada en el pliego proclamaba la independencia. Los comuneros pedían al rey que los tratara mejor; no lo desconocían.

En Santafé, la Real Audiencia formalizó la aceptación en un Acta de Aprobación y Juramento. Pero en Cartagena, el virrey Flórez recibió el texto y lo improbó de inmediato con un argumento jurídicamente contundente: las Capitulaciones adolecían de un defecto incorregible, pues habían sido negociadas bajo amenaza de violencia. La firma era, en derecho colonial, una firma coaccionada, y por tanto nula. Ese razonamiento —muy propio, dicho sea de paso, de un aparato de gobierno donde los juristas tenían peso decisivo— sería el pilar de la anulación posterior. La Corona ganaba tiempo mientras esperaba refuerzos, aceptaba de palabra lo que se disponía a repudiar en derecho, y trasladaba al terreno de la técnica jurídica una derrota que en el terreno militar aún no había podido revertir.

Los refuerzos militares llegaron desde Cartagena por los caminos habituales del Magdalena. Con las tropas del rey en el interior, la relación de fuerzas se invirtió. José Antonio Galán, que había rechazado las Capitulaciones por considerarlas una claudicación firmada demasiado rápido, intentó prolongar el alzamiento hacia otras provincias. Fue apresado y condenado a muerte. Su ejecución selló, por la vía del escarmiento, lo que la negociación había prometido evitar. La cabeza y las manos del capitán expuestas en los caminos del Socorro cumplían la función política que la firma de junio no había podido asegurar: recordar a las provincias productivas que la Corona, si aflojaba en la letra, no aflojaba en el hacha.

El 18 de marzo de 1782 —diez meses justos después de Zipaquirá— la Real Audiencia, reunida con todos sus ministros, expidió el Acuerdo de anulación de las Capitulaciones. Firmaron Juan Gutiérrez de Piñeres, ya de regreso en Santafé; Juan Francisco Pey Ruiz; Juan Antonio Mon y Velarde; Joaquín Vasco y Vargas; y Pedro Catani. Ese acto administrativo —cinco firmas al pie de un acuerdo redactado en términos de estricta legalidad— canceló de un trazo el pliego más sustancial de reivindicaciones populares que la Nueva Granada había producido en el siglo XVIII. Que el Regente-Visitador cuya política había desencadenado la revuelta fuera quien firmara su cancelación jurídica cierra una simetría exacta: los archivos la guardan intacta.

Las críticas de dentro: un gobierno que se miraba a sí mismo

No hizo falta esperar a la historiografía posterior para que la gestión de Gutiérrez de Piñeres fuera juzgada con dureza. Voces contemporáneas del propio aparato colonial dejaron testimonio de que las cosas se habían hecho mal. El más citado es el cronista Francisco Silvestre, funcionario informado y observador atento del gobierno virreinal, cuyos comentarios sobre la administración de los regentes son de una acidez notable.

Silvestre sostenía que los resultados de la gestión de los regentes en el campo administrativo no habían sido positivos y que sus efectos políticos fueron directamente negativos. Criticaba que, con el pretexto de arreglar las rentas, se hubieran restablecido ramos suprimidos y aumentado excesivamente los empleos, generando un aparato que se autoalimentaba a costa de la población. Señalaba que los funcionarios de la Real Hacienda actuaban con instrucciones secretas y se tomaban una autoridad excesiva, faltando al respeto a las justicias locales, cometiendo vejaciones y fraudes, y desatendiendo las quejas de los agraviados bajo el pretexto —cínico— de que era odio a las rentas querer contener sus excesos. Un retrato de administración fiscal desmandada, en el que el celo recaudador se transformaba en abuso cotidiano y las quejas legítimas eran descalificadas como resistencia interesada al rey.

Esa crítica interna revela algo decisivo: no fue solo la población del Socorro la que se sintió agredida por la maquinaria del regente; fue también parte de la propia administración colonial, la que veía cómo los cuerpos de justicia locales eran desbordados por funcionarios de Hacienda con carta blanca. La reforma borbónica, en su ejecución neogranadina, generó una fractura no solo entre gobierno y gobernados, sino dentro del gobierno mismo. Alcaldes, corregidores, jueces ordinarios: la vieja pirámide territorial de la justicia colonial se veía saltada por administradores de rentas que respondían a otra cadena de mando y que hacían valer su instrucción secreta frente a la costumbre local. La Comunería, leída en esa clave, no fue solo un levantamiento popular contra el fisco: fue también la exhibición pública de una administración enfrentada consigo misma.

Estructura e individuo

Reducir la Comunería a la mala política fiscal de un solo funcionario sería una simplificación grosera. El programa de Gutiérrez de Piñeres no fue una invención personal: era la traducción local de un proyecto imperial diseñado en Madrid para maximizar la extracción fiscal americana en un contexto internacional de guerras costosas y presión británica. Cualquier funcionario enviado con el mismo mandato habría restablecido rentas, extendido alcabalas, reorganizado estancos. La lógica estructural era inflexible.

Pero de ahí a hacer del regente un mero mensajero pasivo hay una distancia considerable. Duplicar el precio del tabaco y el aguardiente en mayo de 1780, en plena tensión ya visible en los pueblos del oriente, fue una decisión de calendario propia. Reorganizar el estanco del tabaco con normas técnicas draconianas y resguardos policiales que expulsaban del cultivo a poblaciones enteras fue una elección de forma. Firmar en marzo de 1782 la anulación de unas Capitulaciones que el arzobispo había suscrito para evitar la toma de Santafé fue un acto político con firma propia. Gutiérrez de Piñeres no era la reforma borbónica; era la reforma borbónica ejecutada por un jurista enérgico y autoritario que impuso a la aplicación un ritmo y una discrecionalidad que no venían dictados desde España.

De ahí que la mejor lectura de su papel no sea ni el villano solitario de la memoria popular ni el tecnócrata inocente que otros han querido rehabilitar. Fue la confluencia de una lógica imperial estructural con una ejecución local dura y a veces improvisada, y en esa confluencia se explica por qué la crisis estalló en 1781 y no antes ni después, y por qué estalló en el Socorro y no en otra parte. La pólvora era estructural —las reformas borbónicas y la especificidad económica del oriente neogranadino—; la mecha fue individual. Cambiar al regente no habría eliminado la pólvora, pero probablemente habría retardado la chispa, y ese retardo —unos años, quizás una década— habría bastado para que otras coyunturas, otros virreyes, otras guerras europeas modificaran la ecuación.

Regreso y borradura

Su gestión como Regente-Visitador concluyó en 1783, cuando la institución empezó a reconfigurarse. Permaneció en el Nuevo Reino algunos años más y regresó a España en diciembre de 1793. De ese trayecto peninsular final se conserva poco de lo que interese a la historia colombiana; su nombre se apaga en la documentación en la medida en que se aleja de Santafé. La huella que dejó no está en su biografía posterior sino en el país que ayudó a transformar, para bien y para mal: en la memoria del Socorro, en el archivo de la Audiencia, en las ordenanzas del tabaco que sobrevivieron a su autor, en la genealogía de un descontento que la independencia recogería treinta años más tarde con otra bandera.

Coda: la sombra larga del Socorro

La Comunería no fue la independencia, y sus dirigentes no la pidieron. Berbeo firmó en Zipaquirá como súbdito leal que exige de su rey un trato mejor, no como precursor de la ruptura. Pero el episodio quedaría inscrito, décadas más tarde, en la retórica insurreccional continental. Francisco de Miranda utilizaría la narración del alzamiento iniciado el 16 de marzo de 1781 como argumento para demostrar ante las cortes europeas que los suramericanos estaban listos para la revolución contra el dominio español: el Socorro se convirtió, en su prédica ante gabinetes londinenses y parisinos, en prueba política de una madurez insurreccional que las cancillerías debían tomar en serio. En esa reescritura, el nombre de Gutiérrez de Piñeres funciona como signo negativo: el opresor cuya política probaba, en negativo, la necesidad del cambio. Un burócrata peninsular convertido, por el uso que otros harían de su obra, en argumento a favor de la ruptura que él mismo habría considerado impensable.

Enérgico, autoritario, buen jurista. Ejecutó con celo un mandato imperial que otro habría ejecutado con el mismo celo. Añadió, sin embargo, una discrecionalidad propia que endureció los tiempos y las formas. Huyó cuando la revuelta militar exigía respuesta y firmó cuando la anulación jurídica exigía sello. No fue un monstruo ni un genio: fue el hombre exacto que Madrid necesitaba en el momento exacto en que la Nueva Granada no podía soportarlo. Esa coincidencia entre estructura y biografía es lo que queda de él, y lo que lo hace, dos siglos y medio después, ineludible para cualquier explicación seria del reformismo borbónico y de la Comunería.