Virreinato de Caballero y Góngora y pacificación reformista (1782–1789)

El virreinato de Caballero y Góngora

Entre 1782 y 1789 gobernó el Nuevo Reino de Granada un hombre que reunía dos poderes que la Corona rara vez juntaba: el báculo del arzobispo de Santafé y el bastón del virrey. Antonio Caballero y Góngora, cordobés de nacimiento y prelado de oficio, llegó al mando civil no por mérito administrativo previo sino porque, un año antes, había sabido apagar con juramentos y hostias consagradas la mayor sublevación fiscal que había conocido el virreinato. Su gobierno fue el laboratorio donde el reformismo borbónico ensayó una fórmula distinta de la represión pura: pacto con las élites criollas, amnistía calculada, patrocinio de la ciencia útil, expediciones a las fronteras indígenas. Bajo su mandato se inauguró la Real Expedición Botánica, se hizo el primer empadronamiento del territorio y se intentó —con éxito magro— someter el Darién. Pero ese mismo gobierno se levantó sobre un cadáver descuartizado, el de José Antonio Galán, y sobre unas Capitulaciones firmadas en el altar y anuladas en secreto.

Zipaquirá antes del virreinato: la traición fundacional

Para entender el virreinato hay que empezar por el episodio que lo hizo posible. En marzo de 1781, la comerciante Manuela Beltrán arrancó en la oficina de impuestos de Socorro un bando que informaba sobre nuevos tributos. El gesto —un papel roto en una plaza de provincia— condensó una acumulación de agravios que llevaba años fermentando. Desde 1778, el regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres había ejecutado la política fiscal de la Corona con celo administrativo: restableció el impuesto de la armada de Barlovento, extendió la alcabala a nuevos productos, apretó las rentas del tabaco y del aguardiente, reprimió las siembras clandestinas de hoja. La presión tributaria, que en el período inicial rondaba el 2,9% del producto, había trepado en algún quinquenio del período borbónico tardío hasta alrededor del 10,4%. No era percepción: era el bolsillo.

La revuelta se extendió como reguero desde Socorro hacia Pamplona, Vélez y Cúcuta. Se sumaron criollos, mestizos e indígenas —una coalición inestable, cargada de agendas distintas bajo una misma bandera— y las columnas comuneras marcharon hacia Santafé de Bogotá. El virrey Manuel Antonio Flórez estaba en Cartagena atendiendo la guerra imperial con Inglaterra; la Real Audiencia, sin tropa suficiente, entendió que solo una mediación podía frenar la avalancha. Fue entonces cuando Antonio Caballero y Góngora, arzobispo de Santafé desde 1779, aceptó desplazarse a Zipaquirá como negociador.

El 7 de junio de 1781 se firmaron allí las Capitulaciones. Juan Francisco Berbeo, comandante visible del movimiento, encabezó la firma por el bando comunero. El texto acogía las demandas fiscales más ruidosas: rebajar el precio del aguardiente, moderar la alcabala. Circulaba además, en el pliego que el movimiento traía desde el Socorro, la exigencia de que los cargos del virreinato se dieran preferentemente a americanos por encima de peninsulares —una demanda que apuntaba al corazón del sistema borbónico de reemplazo administrativo, aunque no quedó incorporada al texto firmado. Para dar solemnidad al acuerdo, el arzobispo lo hizo jurar en la iglesia de Zipaquirá. Hubo eucaristía, hubo palabra empeñada ante el altar.

Ese mismo día, o en las horas inmediatas, Caballero y Góngora y las demás autoridades españolas firmaron en un aparte un acta secreta declarando que las Capitulaciones eran inválidas por haber sido arrancadas bajo amenaza de violencia. El juramento en la iglesia era, por decisión previa de los firmantes, letra muerta. El virrey Flórez, desde Cartagena, improbó el pacto con lenguaje enérgico. La invalidación formal quedaría consumada el 18 de marzo de 1782, mediante un Acuerdo firmado por Gutiérrez de Piñeres, Pey Ruiz, Mon y Velarde, Vasco y Vargas y Catani, una vez que la tropa enviada desde Cartagena había restablecido la relación de fuerzas.

José Antonio Galán, capitán comunero de origen popular, había desconfiado del acuerdo desde el principio. Cuando llegó a Mogotes en septiembre de 1781, ya sostenía que las Capitulaciones se habían aprobado demasiado rápido y que las promesas del arzobispo de hacerlas cumplir no eran fiables. Continuó movilizándose por el nororiente. Lo apresaron cerca de Onzaga, en compañía de nueve de sus hombres, dos días antes de la marcha que había convocado para el 15 de octubre hacia Santafé. Un tribunal lo juzgó y condenó, y el 1 de febrero de 1782 murió en la horca y descuartizado. Junto a él recibieron pena similar Molina, Alcantuz y Ortiz. La sentencia dispuso que el cuerpo de Galán fuera repartido en el territorio del que había salido: la cabeza a Guaduas, la mano derecha a El Socorro, la mano izquierda a San Gil, el pie derecho a Charalá, el pie izquierdo a Mogotes. Declaró infame su descendencia, confiscó sus bienes para el real fisco, ordenó asolar su casa y sembrarla de sal. Un castigo de sintaxis medieval ejecutado con puntualidad al final del siglo XVIII.

Berbeo tuvo otro destino. La Corona lo hizo corregidor, con un sueldo anual de mil pesos. El hecho está allí, escueto y elocuente: el líder criollo de la insurrección quedó cobrando de la administración a la que se había enfrentado. Sobre esa asimetría —Galán descuartizado, Berbeo asalariado— se levantó el gobierno que vendría.

De arzobispo a virrey-arzobispo

Al arzobispo, la Corona lo premió con el virreinato. En 1782 asumió el mando civil sin renunciar al eclesiástico: virrey y arzobispo a la vez, condición inusual que le daba una legitimidad simbólica particular en un reino donde el altar y el trono se sostenían mutuamente. Esa doble investidura terminaría siendo el eje interpretativo de su figura en la historiografía posterior.

El primer acto de gobierno fue una amnistía total. No era generosidad ilustrada abstracta, era la contrapartida política del descuartizamiento de Galán. La Corona había hecho ver el filo del hacha; ahora ofrecía el olvido. La amnistía cerró las cuentas del 81 con las provincias del nororiente y permitió reanudar la vida administrativa sin insurrecciones latentes. A los comuneros que quedaban, sin líder ni bandera, se les levantaba la persecución; a las élites locales se les garantizaba que la represión no escalaría. Era la última cláusula del pacto que las Capitulaciones habían intentado escribir en junio de 1781 y que el acta secreta había desmentido: se cumplía en la práctica lo que se había traicionado en el papel, pero se cumplía sin obligación jurídica, como gracia del soberano.

Sobre esa base pudo desplegarse el resto del programa. Caballero y Góngora entendió pronto que gobernar el virreinato desde Santafé, en la meseta interior, lo dejaba fuera de los dos frentes que la política imperial priorizaba: la costa Caribe y las fronteras indígenas. Se trasladó a Cartagena y a Turbaco para supervisar tareas costeñas y operaciones militares en el Darién. La decisión tenía razones militares y misionales explícitas, pero también un componente político menos confesado: alejarse del peso simbólico del cadalso, del recuerdo fresco de la represión ejecutada bajo su antecesor Flórez, y quizá también del papel personal ingrato que él mismo había representado como mediador de Zipaquirá.

La ciencia útil como programa de Estado

El 27 de abril de 1783 se inauguró oficialmente la Real Expedición Botánica del Virreinato del Nuevo Reino de Granada. Al frente quedó José Celestino Mutis, médico gaditano que había llegado a Santafé en 1761 como facultativo del virrey Pedro Messía de la Cerda y que llevaba más de dos décadas herborizando, calculando y enseñando por su cuenta. La Expedición era el proyecto de una vida: entre 1760 y 1783 Mutis había financiado con recursos propios sus primeras indagaciones; desde 1783 recibía el respaldo económico de la Corona.

Mutis había pagado caro su modernidad intelectual. Cuando en Santafé enseñó la teoría heliocéntrica de Copérnico, chocó con la orden de los dominicos, que la consideraron contraria a las Sagradas Escrituras y a las prohibiciones de la Inquisición. En 1774 los dominicos anunciaron una disputa pública para atacar las doctrinas copernicanas y lo denunciaron ante el Santo Oficio. En aquel episodio, Mutis recurrió al virrey Manuel de Guirior. Años después, ya bajo el virreinato de Caballero y Góngora, la protección del arzobispo-virrey fue decisiva para que las presiones dominicas no lograran expulsarlo. Que un prelado protegiera a un enseñante de Copérnico frente a los dominicos revela el reacomodo interno del clero ilustrado a finales del siglo XVIII: había curas —en Madrid y en algunas ciudades americanas— para quienes la utilidad del reino pesaba más que la ortodoxia tomista.

El respaldo a la Expedición no fue solo una decisión personal del virrey. La política de Carlos III había convertido las expediciones científicas en instrumento explícito de gobierno: cartografiar, herborizar, medir, catalogar recursos. La botánica no era ornamento erudito sino inteligencia económica. Entre los propósitos declarados de la Expedición figuraba descubrir las propiedades comerciales de la quina —febrífugo estratégico para los ejércitos europeos y las poblaciones tropicales— y de otras plantas del reino. Mutis, además, cargaba una motivación propia: desentrañar las propiedades médicas de la quina, prolongando una preocupación farmacéutica que venía del médico y no del funcionario.

El patrocinio del arzobispo-virrey a Mutis tuvo, así, una doble condición. Fue genuino en su contenido científico —los pliegos de la Expedición, las láminas, la formación de una generación de naturalistas criollos que sería más tarde matriz política— y simultáneamente funcional al régimen de estabilización que Caballero y Góngora estaba construyendo. La ciencia útil legitimaba simbólicamente un gobierno cuyo fundamento inmediato era el pacto con las élites y la amnistía de un descontento popular no resuelto. Ilustrar el reino era, entre otras cosas, dotar a la administración de un discurso propio, distinto al del cepo y la horca, que le permitiera reclamar la lealtad activa —no solo la sumisión— de los criollos educados. La generación que se formó en el círculo de Mutis, y que aprendería en el laboratorio botánico las virtudes de la observación empírica y del cálculo, sería la misma que dos décadas más tarde comenzaría a pensar la capacidad de autogobierno del reino.

Contar el reino: censo, territorio, reformas

Al patrocinio botánico se sumó un esfuerzo de conocimiento administrativo del territorio. Durante el gobierno de Caballero y Góngora se realizó la primera operación con semejanza a un censo del Nuevo Reino de Granada: un empadronamiento que estimó la población en aproximadamente 800.000 almas en el territorio que corresponde a la actual Colombia. Los resultados fueron incompletos y poco precisos —las divisiones y subdivisiones territoriales no estaban demarcadas de forma inequívoca y el aparato de recolección era desigual—, pero era la primera vez que la Corona intentaba saber, con voluntad sistemática, cuántos súbditos gobernaba.

El censo formaba parte de un proyecto más ambicioso. Caballero y Góngora propuso una reforma poblacional del virreinato que incluía el arreglo de límites y jurisdicciones de los corregimientos. La lógica era coherente con el reformismo borbónico: racionalizar la administración, ordenar el territorio, dotar al gobierno de mecanismos de control que la vieja arquitectura de audiencias y encomiendas no proporcionaba. Su sucesor José de Ezpeleta recibiría esos proyectos con escepticismo pesimista —dudaba que se pudiera pasar de un cierto orden mínimo en las poblaciones existentes—, pero reconoció su conveniencia en principio.

Contar y ordenar el reino era, además, condición para la política tributaria. El crecimiento sostenido de la población criolla y mestiza había generado una conciencia social capaz de producir actitudes críticas frente a la administración colonial, y ese hecho no había pasado desapercibido a las autoridades españolas: parte de la lógica de las reformas era anticiparse a esa dinámica dotando al Estado de instrumentos de control más finos. El censo, la cartografía, la reforma de corregimientos, la Expedición Botánica: todos convergían en la misma dirección, la construcción de un aparato de gobierno más capaz que el heredado.

Las fronteras indígenas: el Darién

Si el interior se administraba mediante el pacto con las élites y la ciencia útil, las fronteras exigían otra respuesta. La política borbónica de fronteras, impulsada tras el ascenso de José de Gálvez al ministerio de Indias, apuntó de modo prioritario al Darién y, en menor medida, a la Guajira. El objetivo era pacificar y colonizar naciones indígenas que hasta entonces habían operado como territorios soberanos de facto, mediante expediciones militares y la reducción de comunidades en pueblos de indios bajo caciques controlados por España.

En el Darién, esa política fracasó. Los caciques kuna aceptaron en número creciente los títulos reales de capitanías asalariadas —era un ingreso, y era también un reconocimiento— pero rechazaron abiertamente el vasallaje al rey de España y continuaron comerciando con los británicos, cuyas rutas atlánticas les ofrecían mejores condiciones que las que podía prometer la Corona. La diplomacia del salario no bastó para desactivar la geopolítica del comercio. En 1787, en un frente adyacente, se encomendó a Palacios de la Vega la misión de reducir a los indios de San Cipriano y terminar los palenques cercanos de Carate, Lorenzana, Las Catas y otros; la operación tuvo fuertes encontrones con el capitán González Belandres y no logró el resultado esperado.

Caballero y Góngora se implicó personalmente en la vigilancia de estas operaciones desde Turbaco, y su viaje a la costa se justificó, entre otras cosas, por la necesidad de supervisar directamente el frente militar y misional. El balance fue modesto: la retórica de la pacificación ilustrada, aplicada a territorios indígenas con capacidad de negociar con potencias rivales, encontró sus límites en la simple realidad geopolítica del Caribe. Los kuna sabían negociar, y sabían con quién.

Hacienda, comercio y renta

El respaldo material de todo el programa venía de una hacienda pública que, pese a las tensiones de la reforma, mostró números sostenidos durante el período. La renta del aguardiente, junto con la del tabaco, era la principal fuente de ingresos fiscales del virreinato, con un crecimiento continuo entre 1760 y la década de 1790. En la última década del dominio español, los ingresos de la Corona en el Nuevo Reino promediaron 2,4 millones de pesos anuales, y cerca de un tercio provenía de los estancos de tabaco y aguardiente: los mismos que habían encendido el fósforo comunero. La política de Caballero y Góngora consistió en mantener el sistema fiscal borbónico sin repetir la torpeza que había desatado la insurrección, moderando la aplicación pero no el fondo.

El comercio exterior confirma la buena salud del período. Entre 1784 y 1788, íntegramente bajo su gobierno, el reino embarcó algo más de diez millones de pesos en oro y plata frente a apenas setecientos mil en frutos, mientras las importaciones superaron los once millones. Solo en 1787 salieron más de cuatro millones de pesos en metales, cifra excepcional que da la medida del músculo minero del virreinato. En el quinquenio siguiente los metales bajaron ligeramente, pero los frutos casi doblaron su volumen y las importaciones cedieron: seguía siendo un reino de minas, pero empezaba a asomar, tímidamente, una canasta agrícola exportable. El cacao de Pamplona y Cúcuta viajaba hacia Maracaibo, San Bartolomé y Cartagena, articulando circuitos comerciales regionales que la administración procuraba fortalecer.

Esa aritmética explica por qué el pacto pudo sostenerse. Un virreinato en bancarrota no puede permitirse ni amnistías, ni expediciones botánicas, ni empadronamientos: exige cuero y cepo. Caballero y Góngora heredó una hacienda ya reformada por Gutiérrez de Piñeres —quien pagó el costo político— y pudo administrarla con relativa holgura, capitalizando ingresos crecientes para financiar el programa de estabilización simbólica.

Las causas: por qué este gobierno tomó esta forma

Las causas estructurales del período están en la lógica misma del reformismo borbónico. Desde Madrid, Carlos III había impulsado una política de racionalización imperial: aumentar la extracción fiscal de las colonias, sustituir criollos por peninsulares en los altos cargos, incorporar la ciencia al servicio del Estado, endurecer las fronteras contra las potencias rivales. Esa política, aplicada al Nuevo Reino por Gutiérrez de Piñeres desde 1778, había producido dos efectos simultáneos: aumento sostenido de la recaudación y estallido social en 1781. El virreinato de Caballero y Góngora no invirtió esa política; la administró con menos abrasividad, aprendiendo del error.

Las causas coyunturales están en el 81 mismo. La rebelión comunera dejó a la Corona ante una evidencia incómoda: su capacidad de mando militar en el interior era limitada —Flórez estuvo atrapado en Cartagena durante los meses críticos— y sus mecanismos de legitimidad simbólica dependían más de lo que se admitía del clero y de las élites locales. El pacto con las élites criollas dejó de ser una opción ideológica para convertirse en una necesidad práctica. Caballero y Góngora, arzobispo con crédito eclesiástico intacto y con la experiencia de haber negociado en Zipaquirá, era el candidato natural para encarnar esa vía.

Había también una causa personal, aunque nunca declarada así por la administración imperial. Elevar al negociador de Zipaquirá al virreinato funcionaba como reconocimiento tácito de servicios prestados. Las Capitulaciones habían sido traicionadas por escrito pero cumplidas de facto mediante la amnistía; la Corona premió a quien había construido esa ambivalencia productiva.

Consecuencias

En lo inmediato, el gobierno consiguió su objetivo: apagó las brasas del 81, estabilizó la hacienda, dotó al virreinato de un discurso ilustrado propio y mantuvo el orden sin recurrir a nuevas oleadas represivas. Cuando Caballero y Góngora entregó el mando en 1789, el reino era un territorio administrado, no un territorio en armas.

Las consecuencias de largo plazo son más ambiguas y más profundas. La Expedición Botánica, inaugurada bajo su patrocinio, se prolongaría hasta comienzos del siglo XIX y formaría a una generación de naturalistas criollos —Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, Francisco Antonio Zea, entre otros— que sería el núcleo intelectual del movimiento de independencia. La Corona financió, así, la formación de las mentes que después la desafiarían. La élite criolla ilustrada de finales del siglo XVIII vivió esa contradicción como experiencia biográfica: se formaba gracias a las reformas borbónicas, y esa misma formación le permitía concebir su capacidad de autogobierno.

La rebelión comunera, en cambio, quedó relativamente olvidada durante más de un siglo. Habría que esperar hasta 1880, casi cien años después de los hechos, para que Manuel Briceño publicara en Bogotá Los comuneros, el primer texto considerado importante sobre el episodio. Ese olvido fue funcional al pacto que Caballero y Góngora había sellado: las élites criollas que dirigirían la independencia preferían no recordar que en 1781 habían estado del lado del arzobispo y del cadalso, no del lado de Galán. Francisco de Miranda, sí, utilizó el relato comunero ante potencias extranjeras como prueba de que los suramericanos estaban listos para la revolución. Pero fue una excepción diplomática, no una tradición política interna.

Los sucesos del 81, sin embargo, resonaron en las crisis posteriores del virreinato: en la conmoción de 1794-1797, con la traducción de los Derechos del Hombre por Antonio Nariño; y en la crisis imperial de 1808-1810, que precipitó la independencia. Las autoridades coloniales sabían que había un antecedente. La generación que crecía leyendo a Mutis y a los enciclopedistas también había oído contar, en voz baja, la historia del descuartizamiento de Galán.

Hay una lectura menos consoladora del período que conviene no evadir. La rebelión comunera había revelado una fractura de clase dentro del propio descontento anticolonial: Berbeo y las élites criollas negociaron y fueron cooptadas, mientras Galán —el único con visión de transformación social más profunda— fue ejecutado con la corresponsabilidad de esas mismas élites criollas. La sentencia contra Galán la firmaron con la misma pluma los auditores de Santa Fe, el corregidor Berbeo, el arzobispo-virrey Caballero y Góngora y los poderosos españoles y criollos. El verdadero corte, en 1781, no fue metrópoli contra colonia sino élites contra sectores populares. El virreinato de Caballero y Góngora consolidó esa fractura: convirtió el pacto entre Corona y élites criollas en la estructura política del reino, y dejó afuera —sin representación, sin memoria, sin cadáver que reclamar— a los mestizos, indígenas y campesinos que habían marchado detrás de Manuela Beltrán. De aquel pacto salió la Ilustración criolla que se suele evocar como raíz intelectual de la independencia, y con ella el acento con que la república hablaría durante buena parte del siglo XIX: una idea moderna del reino formulada por, para y desde las élites que se habían sentado en 1781 a la mesa del arzobispo-virrey.