Juan Antonio Mon y Velarde

Un oidor peninsular en la periferia minera

Mon y Velarde llegó a Antioquia como jurista de carrera. Estudió artes en la Universidad de Oviedo, fue colegial de San Salvador en Salamanca y obtuvo el bachillerato en cánones y leyes en 1772. Había servido en Obras Públicas de Nueva España y como oidor en Guadalajara; en 1778 fue nombrado para la Audiencia del Nuevo Reino de Granada y tomó posesión en Santafé el 30 de octubre de 1781. Allí participó en las decisiones de la Audiencia sobre la rebelión comunera, incluida la sentencia de muerte contra José Antonio Galán y otros dirigentes. El decreto que lo designó visitador de Antioquia fue expedido en 1784, y el ejercicio provincial comenzó en 1785.

La sociedad que encontró era compacta y a la vez desparramada. En 1778 la provincia no alcanzaba los cincuenta mil habitantes —apenas un seis por ciento del Nuevo Reino de Granada—, concentrados en un núcleo de poblamiento cerrado en torno a la Villa de la Candelaria de Medellín, Rionegro, Marinilla y Santa Fe de Antioquia, y esparcidos sobre una comarca mucho mayor por antiguas fundaciones mineras venidas a menos —Cáceres, Zaragoza, Arma, Remedios— y por desmontes aislados. El suelo quebrado, con cañones profundos que fragmentaban las cordilleras Occidental y Central en varios lóbulos, dificultaba la comunicación entre esos núcleos. La economía giraba en torno al oro: minería de cuadrilla y, cada vez más, minería libre de mazamorreros que lavaban aluviones con almocafre, barretón, pala y batea en placeres y aventaderos. Alrededor de las minas crecía, promovida por los mismos mineros y comerciantes para abaratar la comida, una agricultura campesina que empujaba sobre las tierras vacías. La población crecía deprisa y abría frente hacia el sur, donde las condiciones eran mejores.

El censo de 1778 registró alrededor de 48.600 habitantes en Antioquia; más de la mitad aparecía como población libre de diversos orígenes. Un estudio de los censos ordenados por Mon en 1786 y 1787 muestra además una provincia concentrada en los valles de Santafé de Antioquia, Medellín y Rionegro, con amplias zonas poco pobladas. Esa composición ayuda a entender la importancia del pequeño productor, la minería de aluvión y la presión por tierras, pero no demuestra que la provincia fuera un espacio sin corporaciones ni resistencias. Las reformas produjeron litigios y oposición, en particular entre propietarios afectados y funcionarios locales.

La formación de un cuadro borbónico

Para entender qué vino a hacer Mon y Velarde a la provincia hay que situar el hierro con que fue templado. El reformismo borbónico había entrado al Nuevo Reino de Granada por etapas. La creación del Virreinato en 1717 fue la primera manifestación seria de un impulso por fortalecer la administración colonial, empujado por la voluntad de ampliar las funciones del Estado y por el temor a la guerra con Inglaterra. A lo largo del siglo, y con particular intensidad bajo Carlos III, ese impulso se tradujo en dos convicciones: que las audiencias y los cabildos americanos se habían vuelto demasiado autónomos frente al modelo de control centralizado que Madrid pretendía imponer, y que las riquezas del territorio —minerales, agrícolas, humanas— podían ser mucho mejor conocidas y aprovechadas.

Nueva Granada no recibió el régimen de intendencias que se aplicó a otros virreinatos. En su lugar, bajo Carlos III, se creó la institución de la Regencia, pensada para producir los mismos resultados que se esperaban de los intendentes: racionalización administrativa, escrutinio de recursos, control fiscal. Su primer titular, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, imprimió al cargo un sesgo marcadamente fiscal —aumento de la recaudación, endurecimiento del monopolio de aguardientes y tabaco— que actuaría como causa precipitante de la Revolución de los Comuneros en 1781. Cuando Mon y Velarde llegó a Antioquia cuatro años después, el estruendo comunero estaba fresco y había enseñado a la Corona una lección incómoda: la reforma sin arraigo social podía prender fuego a una provincia entera.

En paralelo al aparato fiscal, el reformismo tenía un rostro ilustrado: medir población y riqueza, describir recursos, ordenar archivos y promover actividades consideradas útiles. José Celestino Mutis encarnó parte de ese programa científico, y Francisco Antonio Moreno y Escandón había impulsado reformas educativas y territoriales. La visita a Antioquia tuvo, sin embargo, un origen administrativo concreto: el gobernador Francisco Silvestre pidió un funcionario con autoridad suficiente para resolver pleitos y elevar las rentas; el arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora autorizó la comisión. La combinación de fomento, disciplina y recaudo fue propia de la visita y no una simple sustitución del control fiscal por una política conciliadora.

La cronología no permite afirmar que Mon hubiera trabajado en Antioquia con Silvestre entre 1778 y 1782 ni que hubiera adquirido entonces conocimiento directo del territorio. Aunque fue nombrado para la Audiencia neogranadina en 1778, llegó a Santafé a fines de octubre de 1781 y permaneció allí hasta 1785. Silvestre gobernó Antioquia y solicitó la visita; Mon lo sucedió con atribuciones de gobierno. Algunas síntesis reúnen a ambos como reformadores de un mismo ciclo, pero eso describe continuidad institucional, no una colaboración de campo demostrada antes de 1785.

La visita: 1785-1788

La visita se ejerció desde agosto de 1785 hasta octubre de 1788. Mon llegó por solicitud de Silvestre y asumió la gobernación cuando este dejó el cargo; no coexistió como gobernador con Cayetano Buelta Lorenzana, cuyo periodo había terminado antes del segundo mandato de Silvestre. Al comenzar, procesó a participantes en los motines de 1781 y 1782, depuró oficinas y reorganizó las rentas de aguardiente, degüello y tabaco. Consultó a los cabildos sobre las necesidades de la provincia y, con esas respuestas, promulgó su Auto del Buen Gobierno. La documentación conserva también censos, pleitos e informes, de modo que la visita fue tanto una investigación administrativa como un gobierno efectivo.

Poblamiento y tierras nuevas

El poblamiento fue uno de los ejes centrales, pero no se limitó al avance hacia el sur. Las fuentes atribuyen a su gobierno la fundación o impulso de Carolina, San Luis de Góngora —hoy Yarumal—, San Antonio del Infante —hoy Donmatías—, San Carlos de Priego y San Fernando de Amagá, en zonas del norte y el oriente además del valle de Aburrá. El programa buscaba entregar tierra a familias pobres, ampliar la producción agrícola y reducir el dominio de grandes concesiones sin cultivar. Esas medidas beneficiaban a colonos, pero también ampliaban mercados, población registrada y capacidad fiscal de la monarquía.

Sonsón exige un tratamiento separado. La petición de vecinos de Rionegro y Marinilla que se conserva en la documentación fue situada por la monografía local hacia 1789 y su trámite continuó bajo autoridades posteriores; el decreto de fundación es de 1791. Para entonces Mon ya había salido de Antioquia. El memorial —que alegaba pobreza, falta de tierras y utilidad para el real erario— muestra la continuidad del lenguaje y de los procedimientos del ciclo reformista, pero no prueba que Mon redactara, recibiera o resolviera esa solicitud. Presentarlo como fundador directo de Sonsón confunde influencia con autoría administrativa.

La política agraria de Mon se apoyó en un proceso de expansión que ya existía. Su intervención consistió en dar forma jurídica a nuevos asentamientos, distribuir tierras y enfrentar concesiones extensas que permanecían improductivas. Las fuentes también registran resistencia de propietarios afectados, por lo que no fue una legalización pacífica ni automática. Su aporte puede describirse con seguridad para los poblados promovidos durante 1785-1788; extenderlo sin mediaciones a Sonsón, Abejorral o a toda la colonización del siglo XIX convertiría una continuidad posible en una causalidad no demostrada.

La minería libre y el problema del mazamorrero

La minería de aluvión y los mazamorreros eran decisivos para la economía provincial. Mon quiso conocer ese sector antes de regularlo: en agosto de 1786 visitó las minas de oro de San Pedro y examinó su funcionamiento. El diagnóstico se inscribía en un problema mayor, pues las justicias ordinarias conocían pleitos técnicos y los poderosos podían acumular terrenos mineros. La evidencia disponible permite atribuirle inspección, censo y reforma normativa; no basta, en cambio, para afirmar que su política principal consistiera en revertir personalmente una capitación de dieciocho tomines heredada de 1780.

Después de la inspección redactó nuevas ordenanzas de minería para Antioquia y el Chocó. Mutis y Juan José D'Elhuyar las evaluaron favorablemente en 1789, en especial porque buscaban limitar la apropiación excesiva de terrenos y mejorar la solución de los pleitos. Su destino práctico fue mucho más incierto: la bibliografía señala que se aprobaron tarde o que nunca llegaron a aplicarse de manera efectiva. Más tangible fue la política monetaria que ordenó aceptar moneda de plata en transacciones acostumbradas al oro en polvo. Por eso conviene distinguir entre proyecto normativo, aprobación formal y efecto económico.

Caminos, agricultura, comercio

La mejora de las comunicaciones fue otro eje verificable. Mon atribuyó el mal estado de las rutas hacia el Nare no sólo a la geografía sino también a la falta de mantenimiento, y propuso contribuciones y responsabilidad de los cabildos para repararlas. Las síntesis institucionales le atribuyen además obras públicas en Medellín y Santafé de Antioquia: conducción de agua, desagües, puente, matadero, casa capitular, numeración de viviendas y nombres de calles. El inventario muestra una agenda urbana amplia; no permite asegurar que cada proyecto se completara durante sus tres años de gobierno.

El fomento económico tampoco se redujo a minería y caminos. Ordenó censos de población y riqueza en 1786 y 1787, creó juntas de agricultura, distribuyó o promovió semillas, estimuló cultivos como anís, cacao y algodón y dispuso graneros públicos. También incluyó escuelas de primeras letras para Medellín, Marinilla y Rionegro, aunque un estudio de la Universidad de Antioquia advierte que la escuela de Medellín todavía era incierta en 1793. Estas diferencias entre disposición y realización impiden presentar el programa como una transformación consumada, pero confirman que educación, agricultura y abastecimiento formaban parte de su gobierno.

Familia, casta, cuerpo

La intervención en la vida familiar está documentada, aunque debe describirse con precisión. La Pragmática Sanción de 1776 reforzó la autoridad paterna sobre los matrimonios y en América se aplicó dentro de jerarquías de honor y calidad racial. En 1787 Mon recibió la denuncia de Juan Ignacio Salazar contra el matrimonio secreto de su hijo con Salvadora Espinosa, identificada en el expediente como mulata, y respaldó la posibilidad de privarlo de herencia y honores familiares. El caso muestra una aplicación racializada de la norma y una disputa de competencias con autoridades eclesiásticas; no prueba por sí solo una persecución uniforme de todos los matrimonios antioqueños.

Los expedientes por amancebamiento y otras relaciones consideradas ilícitas se hicieron más abundantes después de la visita, según investigaciones sobre la justicia tardocolonial. Esa secuencia es compatible con el programa de moralización y “policía” de Mon, pero no permite adjudicarle cada proceso ni convertir agregados de varias décadas en resultados personales de su gobierno. Las cifras sobre ascendencia africana o relaciones entre hombres blancos y mujeres esclavizadas pertenecen a universos documentales más amplios y requieren conservar autor, periodo y jurisdicción. Sin esos límites, el dato cuantitativo aparenta una precisión causal que la fuente no ofrece.

Algo semejante ocurre con el maltrato contra las mujeres. Beatriz Patiño estudió 283 víctimas en procesos por lesiones entre 1750 y 1819 y encontró que 84 eran mujeres; en la década de 1780 fueron 14 de 66 víctimas registradas y en el periodo de la Independencia 25 de 55. La autora plantea que el aumento de denuncias parece corresponder a un cambio de actitud judicial iniciado desde la gobernación de Mon. Son porcentajes de casos llevados a los juzgados, no tasas de violencia en la población, y la propia formulación es una inferencia histórica: debe leerse como una interpretación atribuida, no como efecto probado de un solo funcionario.

La Iglesia participaba en la regulación del matrimonio y la sexualidad, pero no actuó sencillamente como una extensión dócil del gobierno civil. El expediente Salazar muestra precisamente tensión entre Mon y miembros del clero por la celebración de un matrimonio desigual. La red parroquial hacía circular información y normas en un territorio disperso, pero afirmar que cada cura era “un ojo del Estado” borra competencias, conflictos y márgenes de autonomía. La lectura más segura es que autoridades civiles y eclesiásticas compartían instrumentos de vigilancia y a la vez disputaban su aplicación.

La red

Ninguna visita se ejecuta sola. La Corona y el Consejo de Indias fijaban el marco general; la Audiencia de Santafé y el arzobispo virrey Caballero y Góngora autorizaron y supervisaron la comisión. Francisco Silvestre fue el gobernador que pidió la presencia de un visitador con mayor autoridad. Los cabildos respondieron cuestionarios y participaron en la ejecución local; recaudadores, escribanos, alcaldes pedáneos y párrocos produjeron buena parte de la información. Esta red explica mejor el alcance del programa que una cadena personal que una directamente a Mon con todos los ministros y reformadores de la monarquía.

En la provincia, Silvestre fue antecedente y solicitante de la visita, no colaborador de campo de Mon entre 1778 y 1782. Cayetano Buelta Lorenzana había gobernado antes del segundo periodo de Silvestre y no fue el gobernador titular que coexistió con el visitador. Mon asumió el gobierno en 1785 y fue sucedido en octubre de 1788 por Francisco de Baraya. Esta secuencia también cambia la lectura de Sonsón: las peticiones y decretos de 1789-1791 fueron tramitados después de Mon, aunque aprovecharan procedimientos y argumentos consolidados durante el ciclo reformista.

La visita compartió con la Ilustración el interés por convertir territorio, población y riqueza en información administrable. Los censos de 1786-1787, los informes y el ordenamiento de archivos son evidencias directas de esa práctica. Parte de la élite criolla utilizó después instrumentos científicos y administrativos para formular proyectos propios, pero no se sigue de allí que Mon preparara la Independencia ni que sus reformas produjeran la ruptura política. Entre ambos procesos hubo actores, coyunturas y conflictos distintos; la relación puede plantearse como un problema historiográfico, no como una intención o una cadena causal comprobada.

Huella

Al salir de Antioquia en 1788, Mon pasó a Cartagena, donde preparó ordenanzas sobre el trato de los pueblos indígenas y redactó informes sobre la provincia visitada. Regresó a Santafé a mediados de 1789 y en 1790 pasó a Quito como presidente y comandante general de la Audiencia. Ese mismo año fue promovido a una plaza togada en el Supremo Consejo de Indias. Murió en Cádiz en mayo de 1791, unos quince días después de regresar a España, antes de ocupar el nuevo cargo. Tenía unos cuarenta y tres o cuarenta y cuatro años, no cuarenta y cinco cerrados.

El primer plano de su huella es institucional. Los poblados impulsados durante su gobierno, la distribución de tierras, los censos, las oficinas reorganizadas y las medidas de fomento dejaron procedimientos que autoridades y vecinos pudieron continuar. Sonsón, sin embargo, no fue una parroquia fundada por Mon: su expediente avanzó después de 1788 y el decreto fundacional es de 1791. Tampoco puede deducirse que el marco de tres años explique por sí solo la colonización antioqueña del siglo XIX. Su visita fue un antecedente relevante dentro de un proceso más largo de crecimiento demográfico, conflicto por la tierra, minería, mercados y decisiones posteriores.

El segundo plano es historiográfico. Tulio Ospina tituló El oidor Mon y Velarde, regenerador de Antioquia un texto fechado en Medellín en 1900 y publicado como folleto o en prensa en 1901; la obra apareció de nuevo en el Repertorio Histórico en 1918. Por eso 1918 es fecha de una reedición influyente, no el momento seguro en que nació la fórmula. La imagen celebratoria tuvo larga fortuna, pero también recibió críticas tempranas que cuestionaron la eficacia de algunas ordenanzas y la atribución a Mon de procesos económicos más antiguos. La memoria regional debe leerse como debate, no como consenso hagiográfico.

El tercer plano es la tensión entre fomento y coerción. Mon promovió poblados, agricultura, escuelas y caminos, pero también procesó amotinados, reforzó rentas, persiguió conductas consideradas desordenadas y aplicó jerarquías familiares y raciales mediante la Pragmática de Matrimonios. Esa combinación no fue una contradicción accidental: el “buen gobierno” borbónico entendía prosperidad, obediencia y disciplina como partes del mismo programa. Lo que no puede sostenerse con la evidencia reunida es que ese control produjera directamente el independentismo de 1810; la cronología posterior exige tratar esa relación como hipótesis, no como consecuencia.

Queda la figura de un funcionario capaz, severo y polémico que gobernó una provincia ya sometida a cambios demográficos y económicos. La documentación permite atribuirle un programa excepcionalmente amplio y decisiones concretas sobre administración, moneda, minería, agricultura, poblamiento, educación, obras públicas y familia. También obliga a distinguir entre decretar y ejecutar, entre iniciar y continuar, y entre influencia y autoría. Mon no fue el arquitecto solitario de la Antioquia moderna, pero tampoco un simple transmisor de órdenes: fue un agente central de un ciclo reformista cuyos resultados dependieron de cabildos, funcionarios locales, propietarios, campesinos, mineros y gobiernos posteriores.