Juan Antonio Mon y Velarde

Un oidor peninsular en la periferia minera

Mon y Velarde llegó a Antioquia como cuadro medio-alto de la máquina borbónica: oidor de la Real Audiencia de Santa Fe, formado en la tradición jurídica peninsular, enviado a la provincia con las facultades combinadas de visitador y gobernador interino. Esa doble condición importa. Un oidor era un magistrado real con competencia sobre justicia y gobierno; una visita era el instrumento privilegiado por el que la Corona, sin sujeción a periodos fijos, examinaba directamente el estado de sus dominios. Las visitas generales tenían por objeto obtener informes amplios sobre la administración, la hacienda, la economía y la situación de la población indígena; se ordenaban cuando la metrópoli sospechaba desgobierno, disipación fiscal o desorden social, y podían derivar en reformas de fondo. Mon y Velarde reunió, en la práctica, la potestad de diagnosticar y la de decidir.

La sociedad que encontró era compacta y a la vez desparramada. En 1778 la provincia no alcanzaba los cincuenta mil habitantes —apenas un seis por ciento del Nuevo Reino de Granada—, concentrados en un núcleo de poblamiento cerrado en torno a la Villa de la Candelaria de Medellín, Rionegro, Marinilla y Santa Fe de Antioquia, y esparcidos sobre una comarca mucho mayor por antiguas fundaciones mineras venidas a menos —Cáceres, Zaragoza, Arma, Remedios— y por desmontes aislados. El suelo quebrado, con cañones profundos que fragmentaban las cordilleras Occidental y Central en varios lóbulos, dificultaba la comunicación entre esos núcleos. La economía giraba en torno al oro: minería de cuadrilla y, cada vez más, minería libre de mazamorreros que lavaban aluviones con almocafre, barretón, pala y batea en placeres y aventaderos. Alrededor de las minas crecía, promovida por los mismos mineros y comerciantes para abaratar la comida, una agricultura campesina que empujaba sobre las tierras vacías. La población crecía deprisa y abría frente hacia el sur, donde las condiciones eran mejores.

Sobre esa base física, Mon y Velarde encontró una sociedad demográficamente mestiza. En el conjunto del virreinato, hacia 1778, los mestizos y castas eran ya el cuarenta y seis por ciento de la población, los blancos el veintiséis, los indios el veinte y los esclavos el ocho; Antioquia, sin la densa base indígena de otras provincias —había perdido buena parte de su población aborigen desde el temprano siglo XVI—, dependía del trabajo libre mestizo y de la esclavitud africana en las minas mayores. Esa ausencia de una economía indígena estructurada era, paradójicamente, lo que había hecho de Antioquia un territorio abierto a la inmigración de "advenedizos" y lo que ahora, a los ojos del reformismo borbónico, ofrecía margen para intervenir sin la resistencia corporativa que otras regiones oponían.

La formación de un cuadro borbónico

Para entender qué vino a hacer Mon y Velarde a la provincia hay que situar el hierro con que fue templado. El reformismo borbónico había entrado al Nuevo Reino de Granada por etapas. La creación del Virreinato en 1717 fue la primera manifestación seria de un impulso por fortalecer la administración colonial, empujado por la voluntad de ampliar las funciones del Estado y por el temor a la guerra con Inglaterra. A lo largo del siglo, y con particular intensidad bajo Carlos III, ese impulso se tradujo en dos convicciones: que las audiencias y los cabildos americanos se habían vuelto demasiado autónomos frente al modelo de control centralizado que Madrid pretendía imponer, y que las riquezas del territorio —minerales, agrícolas, humanas— podían ser mucho mejor conocidas y aprovechadas.

Nueva Granada no recibió el régimen de intendencias que se aplicó a otros virreinatos. En su lugar, bajo Carlos III, se creó la institución de la Regencia, pensada para producir los mismos resultados que se esperaban de los intendentes: racionalización administrativa, escrutinio de recursos, control fiscal. Su primer titular, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, imprimió al cargo un sesgo marcadamente fiscal —aumento de la recaudación, endurecimiento del monopolio de aguardientes y tabaco— que actuaría como causa precipitante de la Revolución de los Comuneros en 1781. Cuando Mon y Velarde llegó a Antioquia cuatro años después, el estruendo comunero estaba fresco y había enseñado a la Corona una lección incómoda: la reforma sin arraigo social podía prender fuego a una provincia entera.

En paralelo al aparato fiscal, el reformismo tenía un rostro ilustrado. José Celestino Mutis, instalado en el virreinato desde 1761, encarnaba la convicción de que el conocimiento científico era la palanca para identificar y aprovechar los recursos del territorio; la Real Expedición Botánica, aunque desbordaba los propósitos inmediatos de Madrid, se inscribía en esa lógica. Los visitadores del tipo de Francisco Antonio Moreno y Escandón, con su temprana labor sobre resguardos y educación, habían acuñado un estilo de intervención: diagnóstico documental, reordenamiento territorial, castigo de la disipación clerical o del abandono administrativo. Cuando el arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora asumió el gobierno en 1782, con el encargo de pacificar el país después del alzamiento comunero y de reactivar el proyecto reformista con más tacto y menos brusquedad fiscal, la visita a Antioquia se pensó en esa clave: reformar, sí, pero fundando y ordenando, no solo cobrando.

Mon y Velarde encajaba en ese perfil. Sus años previos en la Audiencia lo habían familiarizado con las disensiones internas del cuerpo —oidores que se apoyaban en facciones clientelares propias, roces con los gobernadores provinciales— y con las trampas que el estilo peninsular encontraba al aterrizar en jurisdicciones locales celosas. Había participado además, entre 1778 y 1782, junto al gobernador Francisco Silvestre, en un primer ciclo de estímulo a nuevas colonizaciones en Antioquia; conocía el terreno al que volvería con poderes ampliados.

La visita: 1785-1788

La visita propiamente dicha se desplegó entre 1785 y 1788, aunque su ejecución jurídica y algunos de sus efectos administrativos se prolongaron después. El gobernador titular Cayetano Buelta Lorenzana coexistió con Mon y Velarde en un arreglo que, en la práctica, dejó al oidor visitador con la iniciativa política. La provincia fue recorrida y auscultada; se recogieron memoriales, se examinaron cuentas, se convocó a vecinos y párrocos, se levantaron padrones. El resultado no fue un informe archivado sino una batería de intervenciones concurrentes sobre poblamiento, minería, caminos, agricultura y vida privada. Conviene tratarlas por bloques, porque su coherencia solo se ve cuando se las lee como un solo programa.

Poblamiento y tierras nuevas

El eje más visible de la visita —y el que más pesaría en la memoria— fue el impulso al poblamiento. Antioquia se estaba desbordando por su propio crecimiento: la generación de mestizos y campesinos pobres que no cabían en el núcleo original empujaba hacia el sur, sobre las tierras concedidas por la Corona a Felipe Villegas entre el río Aures y la quebrada de Arma, y hacia el norte, sobre montañas hasta entonces marginales. Mon y Velarde entendió que esa presión, sin marco jurídico, produciría conflictos endémicos con los grandes propietarios; y que, si se canalizaba en forma de parroquias legalmente erigidas, ampliaba a la vez la base tributaria de la Corona, la superficie agrícola disponible para abastecer las minas y la capacidad del Estado de vigilar y gobernar a los recién asentados.

El caso mejor documentado es el de Sonsón. El 27 de agosto de 1789 —cuando la visita ya se cerraba en sus formalidades pero su impulso poblador seguía irradiando— vecinos de Rionegro y Marinilla dirigieron al gobernador de la provincia un memorial pidiendo autorización para fundar una población en las montañas del sur. Alegaron extrema pobreza, escasez de tierras para cultivo y habitación en sus lugares de origen y, con el tono utilitario que la Corona esperaba, sostuvieron que la fundación beneficiaría al Real Tesoro por el descubrimiento de salinas y aluviones de oro en la comarca de destino. No era el lenguaje espontáneo de campesinos; era el lenguaje ya aprendido de un régimen que había hecho saber, a través de la visita, qué argumentos abrían puertas. El mismo patrón —memoriales fundamentados en la utilidad fiscal, en la necesidad de tierras, en el vínculo con caminos y salinas— se replicaría en Abejorral, Carolina del Príncipe, Don Matías, Yolombó y otras parroquias del ciclo colonizador de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX.

Aquí conviene el matiz. La colonización hacia el sur ya estaba en marcha antes de la visita, empujada por el crecimiento demográfico y por la lógica interna de una sociedad de tierra abierta y minería libre. Mon y Velarde no la inventó. La reconoció, la legalizó, la encuadró en formas administrativas —parroquias con cura, con alcalde, con padrón, con cabildo elemental— y la proyectó como política de la Corona. En esa operación de canalización institucional está su verdadera novedad: convirtió un movimiento social difuso en un dispositivo de gobierno.

La minería libre y el problema del mazamorrero

En el frente minero, Mon y Velarde heredó una decisión desafortunada. En 1780, en pleno impulso fiscal del regente Gutiérrez de Piñeres, la Corona había ordenado que los mazamorreros —los pequeños y medianos mineros libres que lavaban oros corridos en ríos y quebradas, o explotaban placeres y aventaderos con almocafre, barretón, pala y batea— se matricularan en las Cajas Reales de sus distritos y pagaran anualmente dieciocho tomines de oro o cuatro pesos de plata por cabeza, extrajeran o no oro. La lógica fiscal era transparente: aprovechar la expansión de la minería libre para ensanchar la base tributaria. Los efectos sobre el terreno fueron perjudiciales. Contemporáneos y cronistas describieron una actividad que hasta entonces beneficiaba tanto a los lavadores como al Estado y que la capitación ciega, cobrada por recaudadores con incentivos propios, castigaba doblemente: al que no encontraba oro y al que, encontrándolo, prefería esconderse antes que matricularse.

Sin poder derogar por sí mismo una disposición real, Mon y Velarde sí pudo diagnosticar y proponer. Su visita insistió en la conveniencia de restituir condiciones más favorables a la minería libre, entendiendo que asfixiar al mazamorrero era asfixiar el ingreso fiscal a mediano plazo. La cuestión revela una tensión de fondo del reformismo borbónico: la agenda fiscal inmediata de Gutiérrez de Piñeres y la agenda de fomento productivo del ciclo Caballero y Góngora–Mon y Velarde no siempre coincidían, y el visitador se movió, en este punto, en el borde entre acatar y matizar.

Caminos, agricultura, comercio

Un tercer eje fue el de las comunicaciones. Los caminos que desde las principales ciudades antioqueñas conducían al río Nare —la salida natural hacia el Magdalena y, por él, hacia el resto del virreinato— eran un cuello de botella para el comercio y la agricultura. Su fragosidad no se atribuía a condiciones naturales insuperables, sino a la inacción y el descuido de las autoridades y cabildos locales. Mon y Velarde propuso lo que un cuadro borbónico ilustrado tenía que proponer: si no había fondos disponibles, imponer una módica contribución para financiar la composición de los caminos, y hacer responsables a los cabildos de su mantenimiento. Detrás había un argumento económico preciso: sin caminos, los frutos de la agricultura que empezaba a diversificarse en el sur no podían extraerse, y la provincia seguiría atada al ciclo estrecho de una minería sin base alimentaria propia.

Ese razonamiento se enlaza con la lectura de fondo de la visita: Antioquia estaba dejando de ser una economía exclusivamente minera. El crecimiento demográfico y la apertura de tierras al sur, con condiciones agrícolas mejores que las del núcleo original, desplazaban el centro de gravedad económico. Mon y Velarde percibió el movimiento y lo alentó institucionalmente. La agricultura campesina, que los mineros habían promovido por interés propio para abaratar el abastecimiento, empezaba a valer por sí misma, y la infraestructura de caminos era la condición para que ese cambio se consolidara.

Familia, casta, cuerpo

El cuarto eje —el más incómodo para la memoria hagiográfica— fue el de la vida privada. Mon y Velarde aplicó con firmeza el marco jurídico que la Corona había ido tendiendo sobre las conductas sexuales y matrimoniales de sus súbditos. La Pragmática Real de 1776, dictada por Carlos III, había ordenado que ningún matrimonio de hijos de familias blancas se realizara sin consentimiento paterno, con particular severidad si la unión era con mestizos o miembros de las castas. La medida admite dos lecturas. Una la ve como respuesta al problema dinástico interno de los Borbones —el matrimonio del infante Luis Antonio de Borbón— y al impulso general de modernización estatal. Otra la lee como un dispositivo racial: un instrumento para blindar a las élites blancas frente al mestizaje que la propia dinámica social hacía cada vez más inevitable. Las dos lecturas son compatibles: la Pragmática nació de una urgencia peninsular y se aplicó en América como muralla de castas.

En Antioquia, con una sociedad mayoritariamente mestiza y con una élite blanca minoritaria pero celosa de su estatus, la aplicación tuvo consecuencias hondas. Tras la gobernación de Mon y Velarde se registraron cientos de juicios criminales por relaciones extramaritales; de ellos, solo en cuarenta y uno uno o ambos implicados eran de ascendencia africana, dato que sugiere que el aparato persecutorio se desplegó de manera amplia sobre el conjunto de la población mestiza y blanca, no solo sobre las minorías esclavizadas. En al menos siete casos documentados se procesó a hombres blancos por relaciones con mujeres esclavizadas, aunque el marco jurídico de la época no problematizaba —no podía, por su propia arquitectura— ni la violencia sexual ni la limitada autonomía real de esas mujeres.

Un giro paralelo y menos visible ocurrió con el maltrato conyugal. Antes de la visita, la violencia doméstica contra las mujeres era una conducta tácitamente aceptada por la costumbre y raramente perseguida. A partir de la gobernación de Mon y Velarde comenzó a serlo. Las denuncias se intensificaron desde 1780: en esa década las mujeres representaban el veintiuno por ciento de las víctimas de lesiones personales registradas, y la cifra ascendería al cuarenta y cinco por ciento en la época de la Independencia. El dato tiene doble filo. Por un lado, muestra un Estado que empieza a entrar en el espacio doméstico —hasta entonces reservado al arbitrio del padre y del marido— y a considerar delictivas conductas antes toleradas. Por otro, muestra el mismo Estado ampliando su capacidad de vigilancia sobre los cuerpos, sobre las sexualidades y sobre las alianzas de casta, en una lógica que era, indisociablemente, protectora y disciplinaria.

La densidad poblacional dispersa de Antioquia jugó a favor de esa vigilancia. En pueblos pequeños las conductas sexuales extramaritales eran más visibles y más fácilmente denunciadas ante las autoridades eclesiásticas y civiles, aunque no necesariamente más frecuentes que en las ciudades. La red parroquial que Mon y Velarde ampliaba con las nuevas fundaciones era, entre otras cosas, una red de observación. Cada cura nuevo era un ojo del Estado.

La red

Ninguna visita se ejecuta sola. Mon y Velarde operó dentro de una malla de personas, instituciones y expectativas que conviene nombrar. Por arriba, la Corona de Carlos III y su ministro José de Gálvez marcaban la orientación general del reformismo. La Audiencia de Santa Fe le delegaba las facultades y le exigía informes. El virrey arzobispo Antonio Caballero y Góngora, encargado de recomponer el país tras la Revolución Comunera de 1781, le respaldaba políticamente. La sombra fiscal del regente Gutiérrez de Piñeres —cuya matrícula de mazamorreros de 1780 había demostrado los límites del cobro sin consentimiento— era el ejemplo negativo que la visita tenía que corregir por vía de fomento y ordenamiento antes que por vía de recaudación pura.

Por abajo, en la provincia, contó con el gobernador Francisco Silvestre, con quien había trabajado en el ciclo colonizador previo de 1778-1782, y con el gobernador titular Cayetano Buelta Lorenzana durante la visita propiamente dicha. Con los cabildos de Medellín, Rionegro, Marinilla y Santa Fe de Antioquia negoció, presionó y en ocasiones sustituyó decisiones. Los curas párrocos, viejos y nuevos, fueron sus agentes de campo. Los vecinos que firmaron memoriales fundacionales —los de Sonsón en 1789 son el prototipo— aprendieron rápidamente el idioma administrativo que la visita imponía y lo usaron a su favor.

En el plano ideológico, la visita compartía atmósfera con la ilustración criolla que Mutis había ayudado a formar desde 1761 en Santa Fe: la convicción de que los territorios coloniales eran, ante todo, recursos por conocer y aprovechar racionalmente. Esa ilustración generaría en la generación siguiente —la de la Expedición Botánica ya en plena marcha, la de los criollos que aprendieron ciencia en las aulas del virreinato— una paradoja que Mon y Velarde no vio pero contribuyó a preparar: al formar intelectualmente a la élite criolla y darle instrumentos de administración y análisis, el reformismo borbónico entregaba también las herramientas con las que esa élite cuestionaría, veinte años más tarde, el orden colonial.

Huella

Mon y Velarde murió en 1791, tres años después de cerrar formalmente la visita y con solo unos cuarenta y cinco años. No vivió para ver los efectos de largo plazo de su obra, ni pudo defenderla contra las lecturas posteriores. Su huella se juega en tres planos.

El primero es el de las estructuras. Las parroquias fundadas o consolidadas durante y después de la visita —Sonsón entre ellas, sobre las tierras que Felipe Villegas había recibido entre el Aures y Arma— se convirtieron en cabezas de puente de la colonización antioqueña del siglo XIX, ese movimiento que la historiografía leería como la principal ruptura con el engranaje colonial y como la gran revolución económica del siglo, protagonizada por la misma generación que hizo la Independencia. La conexión entre la visita y la gran colonización no es una causalidad directa; hubo dos generaciones y una guerra de por medio, y los procesos demográficos y económicos que empujaron la colonización tenían raíces propias. Pero el marco jurídico y territorial dentro del cual esa colonización se ordenó —parroquias reconocidas, caminos abiertos, títulos formalizados, población matriculada— fue en buena medida el que Mon y Velarde ayudó a instalar.

El segundo plano es el de la memoria historiográfica. En 1918, Tulio Ospina publicó en el Repertorio Histórico el artículo que consagró la fórmula del "regenerador de Antioquia". La expresión respondía tanto al mérito objetivo de Mon y Velarde como a las necesidades identitarias de la élite antioqueña de comienzos del siglo XX, empeñada en fundar su modelo de progreso —comercio, empresa, colonización agraria, mentalidad frugal— en una genealogía histórica de larga duración. Autores como Everett Hagen, Max Weber en su recepción antioqueña, Luis Ospina Vásquez y James Parsons alimentaron, con distintos énfasis, la lectura de una mentalidad empresarial antioqueña orientada al comercio y a la colonización como desarrollo endógeno que no atacó la estructura de propiedad rural tradicional, sino que permitió a los colonos explotar tierras nuevas. En esa narrativa, Mon y Velarde ocupaba el lugar del precursor: el hombre que había abierto el cauce por el que corrió luego la energía del pueblo antioqueño. La operación historiográfica es transparente, y no la invalida: los mitos fundacionales suelen tener anclaje en hechos, aunque los sobredimensionen.

El tercer plano es el de las tensiones no resueltas. La visita fue, simultáneamente, un instrumento de fomento y un instrumento coercitivo. Fundó parroquias y persiguió amancebamientos. Racionalizó la administración y aplicó la Pragmática de Matrimonios con su carga racial. Abrió caminos y matriculó mazamorreros. Extendió la vigilancia del Estado sobre los cuerpos —los de las mujeres golpeadas, los de las parejas fuera del matrimonio, los de los blancos que se acostaban con esclavizadas— al mismo tiempo que expandía la base productiva de la provincia. Esas tensiones no se resolvieron con la muerte del visitador; se transmitieron a la generación siguiente. El descontento con la carga fiscal, el resentimiento contra el control racial de las alianzas matrimoniales, la conciencia de que la provincia estaba siendo administrada por peninsulares con mano dura, alimentaron —junto a mil otros factores— el clima que hacia 1810 haría posible que buena parte de la élite antioqueña se sumara a la causa independentista.

Queda la figura de un funcionario capaz y enérgico que llegó a una provincia en transformación autónoma y le impuso, con los poderes de la Corona, un marco institucional que aceleró y disciplinó esa transformación. Ni el arquitecto solitario de la Antioquia moderna que la historiografía tradicional dibujó, ni el simple burócrata ejecutor de órdenes que una lectura descartada podría sugerir. Mon y Velarde fue un agente borbónico en el momento en que el reformismo aún creía en su propia capacidad de rediseñar el orden colonial desde arriba, y una periferia minera y mestiza le ofreció el terreno más maleable —y más agradecido— sobre el que aplicar esa creencia. Que su nombre siga discutiéndose, más de dos siglos después, dice tanto de él como de la sociedad que ayudó a fijar en sus contornos duraderos.