Reforma agraria antioqueña de Juan Antonio Mon y Velarde (1785-1788)

La reforma agraria de Juan Antonio Mon y Velarde en Antioquia (1785-1788)

Entre 1785 y 1789, el oidor visitador Juan Antonio Mon y Velarde recorrió la Provincia de Antioquia con instrucciones de la Corona para averiguar el estado de su administración, su hacienda y su población. De aquella visita salió mucho más que un informe: un programa deliberado de fundación de pueblos y de redistribución de tierras que descansaba sobre un principio jurídico cortante: quien no había ejercido morada y labor sobre una concesión, la había perdido. Con esa fórmula, aplicada al sur de la provincia, el visitador desatascó centenares de miles de hectáreas retenidas por títulos coloniales dormidos y las abrió a los vecinos pobres de Rionegro y Marinilla. La consecuencia fue duradera: allí se encendió la mecha de la colonización que en el siglo XIX empujaría a los antioqueños hacia el sur, hasta el Quindío y el norte del Valle. Y allí también quedó planteado el conflicto que aquella reforma no cerró: el pulso, prolongado por siglo y medio, entre el colono con hacha y el titular de la merced antigua.

El mundo del que brota la visita

Cuando Mon y Velarde llega a Antioquia, la provincia es aún un lugar pequeño y de gravedad extractiva. Su población, en 1778, no alcanzaba los cincuenta mil habitantes: apenas un 6% del total del Nuevo Reino de Granada. Crecía, sin embargo, con rapidez, empujada por la fecundidad de una masa mestiza que a esa altura del siglo era ya el grupo mayoritario del virreinato: un 46% de la población frente al 26% de blancos, el 20% de indios y el 8% de esclavos. En Antioquia esa aritmética se decantaba con un matiz propio: la población libre se sentía blanca, y la escasa presencia indígena, muy erosionada desde el temprano siglo XVII, no daba lugar a las economías de mano de obra tributaria que sostenían a otras provincias.

Esa economía se ordenaba en torno a la minería de aluvión. Las ciudades mineras fundacionales —Cáceres, Zaragoza, Remedios— habían entrado en decadencia a mediados del siglo XVII, cuando la extinción indígena privó a los reales de minas de la posibilidad de autoabastecerse en alimentos, sin que la conversión a la agricultura llegara nunca a compensar la pérdida. La falta de subsistencia a precios cómodos, las vejaciones de gobernadores y tenientes, la carestía o directa imposibilidad de conseguir esclavos figuraban entre los obstáculos que las autoridades identificaban al progreso de las minas. Solo el Valle de Aburrá, sin yacimientos pero bien dotado para la agricultura, había comenzado desde la década de 1630 a suministrar comestibles a los campos mineros que avanzaban hacia el norte.

La agricultura tropezaba con dos frenos estructurales. El primero era la falta de caminos: sin salida hacia el río Nare, los frutos no podían intercambiarse con las provincias vecinas. El segundo, más silencioso pero más decisivo, era la estructura de la propiedad. Al terminar el siglo XVIII, gran parte del territorio donde después se desplegaría la colonización antioqueña había sido adjudicado, mediante concesiones de la Corona, a personas influyentes de raíz peninsular. Felipe Villegas era titular de las tierras entre el río Aures y la quebrada de Arma; más al sur figuraban otros nombres, entre ellos el de José María Aranzazu. Eran mercedes de centenares de miles de hectáreas que nadie ocupaba ni trabajaba, y sobre las que los vecinos pobres del oriente antioqueño no podían asentarse sin infringir un título antiguo.

Ese régimen hundía sus raíces en un largo proceso colonial. Entre 1590 y 1620, la Corona había recurrido a las composiciones de tierras al mejor postor para titular los realengos, y de ahí había nacido el régimen de haciendas como sistema social, económico y político. La composición permitía legalizar ocupaciones de hecho —muchas veces usurpaciones anteriores— mediante el pago de una suma a la Corona, y aunque el mecanismo también admitía a pequeños propietarios y otorgaba tierras a resguardos y municipalidades, el peso del pago tendía a identificar como grandes latifundistas a quienes disponían de mayores recursos. La propia Corona había reconocido los abusos derivados de las mercedes ilimitadas y prescrito, para corregirlos, una política de limitación que asignaba a cada solicitante solo la tierra que pudiera trabajar según sus fuerzas, con medición, amojonamiento y concesión gratuita. Esa doctrina —la tierra medida por la fuerza de brazos del que la pide— es el trasfondo normativo del que Mon y Velarde extraerá su instrumento.

Las reformas borbónicas y el instrumento de la visita

La visita antioqueña no fue una iniciativa personal ni un episodio administrativo aislado: fue una pieza dentro del más amplio esfuerzo del reformismo borbónico. Desde Felipe V, a comienzos del siglo XVIII, la nueva dinastía había iniciado en América una tercera etapa administrativa que buscó racionalizar el gobierno, dotarlo de mecanismos de control y de eficacia, y ejercer sobre los recursos y las actividades sociales una intervención mucho más densa que la de los Habsburgo. Bajo Carlos III —el momento culminante del ciclo— esa vocación de mando se tradujo en el Nuevo Reino en medidas fiscales duras (el restablecimiento del impuesto de la armada de Barlovento y la extensión de la alcabala, en la regencia de Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres desde 1778) y en un ambicioso ciclo de visitas.

La visita era el segundo gran instrumento de control e información de la Corona. Las generales, ordenadas sin sujeción a períodos fijos, buscaban informes amplios sobre la marcha de la administración, la economía, la hacienda y —sobre todo— la situación de la población indígena. A partir de 1755, los visitadores reales pudieron además observar el crecimiento demográfico en la parte oriental del virreinato, un dato que dejaría de ser dato para volverse problema: el mestizaje mayoritario, la apertura de nuevos espacios de colonización, la emergencia de una élite criolla más ambiciosa, y con todo ello, la evidencia de que la sociedad neogranadina había cambiado bajo el suelo antes de que las instituciones lo notaran.

En ese ciclo se inscribe la designación de Mon y Velarde como oidor de la Audiencia con comisión especial para Antioquia. El nombramiento coincide con —o se prolonga sobre— un movimiento ya iniciado en la provincia: entre 1778 y 1782, el gobernador Francisco Silvestre había comenzado a incentivar nuevas colonizaciones, y en 1784 el propio gobernador declaró que los titulares de grandes concesiones no ocupadas en el sur habían perdido su derecho por falta de morada y labor, autorizando la ocupación por colonizadores pobres. Cuando Mon y Velarde asume la visita formal en 1785, encuentra por tanto una decisión política ya tomada en el papel —la de invalidar títulos inactivos— y la convierte en programa: le da doctrina, procedimiento y continuidad, y la extiende del sur al conjunto de la provincia.

El programa: fundar pueblos, componer tierras, mover gente

El corazón de la reforma tuvo dos brazos entrelazados. El primero fue la fundación de pueblos. Entre 1780 y 1800 se levantaron en Antioquia varios asentamientos formados por grupos organizados de colonos pobres con apoyo de las autoridades. La lógica inicial fue estrictamente utilitaria y minera: las primeras fundaciones se hicieron en las cercanías de las explotaciones, para abastecerlas y bajar los precios de sus subsistencias. Muy pronto, sin embargo, el movimiento giró: las fundaciones se orientaron hacia las montañas del sur, allí donde había tierras nuevas y buenas y donde los vecinos de Rionegro y Marinilla —pobres, sin tierra, empujados por la escasez— buscaban ya por su cuenta pastos, salinas y minas de oro.

El segundo brazo fue la composición y redistribución. Mon y Velarde argumentó, recogiendo casi al pie de la letra la doctrina borbónica de limitación de mercedes, que el abuso en las concesiones antiguas había causado grandes perjuicios, dejando a numerosos pobladores sin tierra que trabajar, y que la Corona quería repartir sus dominios para que sus vasallos no tuvieran que mendigar de otros ni sufrir condiciones exorbitantes. Con ese fundamento, aplicó el criterio de morada y labor: los titulares de grandes concesiones que no habitaban ni cultivaban sus tierras habían perdido el derecho sobre ellas, y los colonos podían solicitar títulos describiendo los terrenos como inhabitados y sin uso, la fórmula que aparece, con esas palabras, en las peticiones tempranas.

El caso emblemático fue la concesión de Felipe Villegas, entre el río Aures y la quebrada de Arma. Sobre ese territorio, hacia finales del siglo XVIII, se produjo la fundación de Sonsón, cuya actividad colonizadora está documentada desde 1789. Los fundadores eran vecinos pobres de Rionegro y Marinilla que habían migrado por extrema pobreza y escasez de tierras, buscando en el sur lo que su comarca ya no ofrecía. En archivos coetáneos figuran también los nombres de los agentes menores que instrumentaron esas fundaciones y peticiones —Joaquín Barrientos, Antonio de Quintana—, vecinos y funcionarios locales que hicieron de correa de transmisión entre el mandato del visitador y la práctica del monte.

El programa se complementó con una atención sostenida a la infraestructura. La apertura de caminos hacia el Nare —que un memorial de la época identificaba como condición necesaria para dar vida al comercio y a la agricultura, permitiendo al labrador intercambiar sus frutos con los de otras provincias— se volvió obsesión administrativa. Sin salida al río, cualquier redistribución de tierra quedaba estéril: los colonos podían desmontar y sembrar, pero no vender.

En el trasfondo estaba, además, una preocupación social que iba más allá de Antioquia y que era propia del reformismo tardío: el vagabundaje. La Corona, y sus visitadores, veían con inquietud la existencia de una masa de vasallos indigentes que no se dejaba capturar por el trabajo asalariado ni por la economía formal. La política de tierras se convirtió entonces también en política de fijación: dar tierra al pobre era, entre otras cosas, arrancarlo del ocio y hacerlo productivo. En Antioquia, donde los mineros y comerciantes favorecían la inmigración campesina y la ampliación de la frontera agrícola por la escasez de alimentos, ese diseño encajaba con los intereses locales.

Las causas: por qué la reforma se hizo, y por qué se hizo aquí

Bajo la reforma antioqueña laten tres capas de causas que conviene distinguir.

La primera es estructural y demográfica. Antioquia, junto con Santander, fue abierta a colonos españoles pobres precisamente porque había sufrido una pérdida apreciable de su población aborigen y no había desarrollado economías basadas en mano de obra indígena. La recuperación demográfica del Nuevo Reino a partir de 1690, apoyada en la rápida reproducción de mestizos, negros y mulatos, alimentó un crecimiento poblacional que en Antioquia se manifestó como presión sobre el terrazgo de Rionegro y Marinilla: familias crecientes, parcelas que se subdividían hasta la insuficiencia, hijos sin tierra propia que buscaban abrir la propia. Sin ese excedente humano empujando hacia el sur, la reforma habría sido letra sin sujeto.

La segunda capa es económica. La minería antioqueña llevaba un siglo largo estancada por la extinción indígena y por la carestía de sus subsistencias; los mineros y comerciantes veían con buenos ojos la ampliación de la frontera agrícola porque abarataba el aprovisionamiento. La reforma, en ese sentido, no fue autónoma frente a la economía extractiva sino instrumental a ella: se abría tierra al pobre no solo por doctrina redistributiva, sino porque el pan del pobre bajaba el costo de la mina. Esa subordinación, poco declarada, explica tanto la rapidez con que la reforma se ejecutó como el hecho de que sus beneficios acabaran captados en buena parte por los grupos de élite locales.

La tercera capa es coyuntural y política. Bajo Carlos III, la Corona quería mostrar músculo administrativo y captar recursos en las Indias; los visitadores fueron el instrumento privilegiado de ese proyecto. La designación de un oidor con poderes amplios y agenda propia —y la coincidencia con un gobernador, Silvestre, ya decidido a mover ficha— abrió una ventana de oportunidad que en otras provincias no se dio con la misma nitidez. La reforma antioqueña se hizo, en parte, porque hubo un visitador dispuesto, un gobernador cómplice, un cuerpo doctrinario borbónico disponible y una élite minera que no puso resistencia.

Un detalle más ilumina el gesto. Mon y Velarde no fabricó desde cero el principio de morada y labor: lo tomó de la propia tradición limitativa de la Corona, que había prescrito conceder solo la tierra que cada vasallo pudiera trabajar según sus fuerzas, con medición y amojonamiento. Lo que hizo —y esto es lo decisivo— fue aplicarlo retroactivamente sobre concesiones ya otorgadas y no trabajadas, invirtiendo la carga de la legitimidad. Hasta entonces, el título antiguo prevalecía; a partir de la visita, el título antiguo debía justificarse en trabajo efectivo, so pena de invalidez. Ese giro de foco es la operación jurídica más audaz de la reforma, y la que abrió el conflicto largo.

Las consecuencias inmediatas: el sur en movimiento

En el corto plazo, la reforma produjo lo que se proponía. El sur antioqueño se puso en marcha. Sonsón se fundó y consolidó en el arco de la última década del siglo XVIII, sobre tierras de la concesión Villegas descritas por los colonos como inhabitadas y sin uso. Detrás de Sonsón vendrían, en las primeras décadas del XIX, Abejorral y Aguadas, en un movimiento continuo. El patrón de fondo era autogenerado: las parcelas desmontadas resultaban insuficientes para las familias crecientes, los hijos buscaban tierras más al sur, repetían el ciclo. La colonización dejó de ser un programa administrativo y se volvió una dinámica social, y ese cambio de estatus es también obra, remota, de la visita.

La distribución de la propiedad en la primera generación de colonización resultó relativamente más igualitaria que en otras regiones del Nuevo Reino. Antioquia presenta desde entonces una estructura que Parsons, Brew, López Toro y Twinam habrían de considerar atípica: la gran hacienda tuvo desarrollo limitado, existía una gama más amplia de medianos y pequeños propietarios, y las relaciones de producción incluyeron la aparcería en condiciones más equitativas que los conciertos individuales, agregaturas y terrazguerías de las haciendas centrales. Ese ethos más igualitario —más que igualdad plena, un piso de dignidad campesina menos brutalmente estratificado— es la marca de fábrica que la memoria antioqueña habría de convertir en mito.

Pero conviene detener el elogio en el umbral. Ya en la primera colonización, junto a los productores independientes, se asentaron criollos y mestizos con recursos que trajeron consigo colonos bajo compromiso de aparcería, reproduciendo relaciones de dependencia, aunque más blandas que las del resto del virreinato. La colonización no fue nunca plenamente democrática: fue más igualitaria, en la comparación, y eso no es lo mismo.

Las consecuencias de largo plazo: el conflicto que la reforma no cerró

El efecto duradero de la reforma se juega en un terreno inesperado. Al declarar perdidos los títulos por falta de morada y labor, el visitador no eliminó a los titulares: los obligó a defender jurídicamente lo que ya no podían defender físicamente. La consecuencia fue un conflicto prolongado —estimado en siglo y medio— entre colonos que desmontaban bosques y propietarios que alegaban títulos antiguos de concesión o merced. Ese pleito, en sus formas locales, atravesaría la República entera.

En el siglo XIX, la colonización antioqueña continuó hacia el sur y encontró nuevas tierras concesionadas pero inactivas. La concesión de la familia Aranzazu fue el origen de uno de los enfrentamientos más espectaculares entre colonos y grandes terratenientes de la región. Más al sur todavía, en el Quindío, la Concesión Burila —basada en una merced real de 1641 y encabezada por la familia Caicedo con sede en Manizales— reclamó unas 130.000 hectáreas que cubrían la mitad del sur del Quindío y parte del norte del Valle del Cauca, superponiéndose a un territorio ocupado por entre mil y cuatro mil familias de colonos pobres en jurisdicción de Armenia y Calarcá. En 1905, el personero y el concejo municipal de Calarcá dirigieron comunicaciones al Ministerio de Obras Públicas advirtiendo que las reclamaciones de Burila causaban graves perjuicios al vecindario. Los pleitos se prolongaron hasta los años treinta del siglo XX, cuando la empresa perdió finalmente sus derechos.

Ese arco largo —del Aures a Calarcá, de 1789 a 1930— muestra que la reforma de Mon y Velarde inauguró una tensión que la República heredó sin resolver. No fue la construcción de una democracia agraria, sino el disparo de una carrera entre dos legitimidades: la del colono que trabajaba y la del concesionario que exhibía papel antiguo. Cuando las compañías concesionarias recurrieron a la violencia física, destruyendo o incendiando propiedades de colonos pobres, provocaron reacciones igualmente violentas. La imagen idílica de las Juntas Repartidoras y las Comisiones Agrarias del XIX apenas cubre esa realidad. Si se toman las 195.000 hectáreas base usadas por Parsons, no más de cuatro mil familias habrían sido beneficiadas por los repartos oficiales en toda el área de colonización antioqueña: una cifra inaceptablemente baja dado el número real de colonos, y una prueba de que el aparato administrativo republicano no absorbió sino una fracción menor del movimiento popular que la reforma borbónica había echado a andar.

La continuidad Colonia-República: qué se heredó realmente

Se ha dicho a menudo —y con razón parcial— que la reforma de Mon y Velarde anticipó los principios de la política agraria republicana. Es cierto que la exigencia de habitación y labranza figuró entre los rasgos esenciales de la política de tierras heredados de la Colonia y conservados por la República, y que ese principio orientó la retórica de la legislación decimonónica de baldíos. Pero la continuidad real, la que decide la vida de la gente, corrió por otro carril.

Desde la independencia, el Estado colombiano estimuló y consintió una estructura bimodal de la propiedad a través de la legislación de baldíos, institucionalizando la desigualdad y la exclusión rural, y perpetuando el legado colonial de concentración de la tierra. La cantidad de hectáreas apropiadas por los sistemas de baldíos fue muy superior a la tierra que pasó de corporaciones religiosas a particulares con la desamortización. La tradición de conceder grandes extensiones de tierras baldías con fines productivos para el mercado externo venía de la política borbónica de fines del XVIII y se prolongó en la República. Lo que la República heredó con más fuerza de la Colonia no fue, entonces, el principio quien trabaja la tierra sino el principio complementario y contrario: el de la gran concesión a actores con capital y conexiones políticas. La colonización popular fue tolerada solo en la medida en que no amenazaba esos intereses.

La estructura de tenencia derivada de la colonización antioqueña, examinada sin nostalgia, muestra un patrón general de transferencias similar al del resto del país: núcleos de pequeños y medianos propietarios rodeados de propiedades mucho más extensas, colonos tardíos obligados a aceptar lotes menores o a vincularse como agregados o arrendatarios de los grandes propietarios, grupos de élite capturando el procesamiento y el mercadeo del café y aumentando el valor de sus tierras al calor del movimiento popular. El mito democrático de la colonización antioqueña, en la lectura de los estudios que lo han cuestionado, encubre esa reproducción —atenuada pero real— del latifundio.

Ese es, quizá, el balance más justo. La reforma de Mon y Velarde introdujo un principio redistributivo verdadero —el desconocimiento de títulos inactivos por falta de morada y labor— que detonó la colonización del sur antioqueño y generó en sus fases iniciales un ethos comparativamente igualitario. Pero ese principio nunca desplazó al régimen de concesiones: coexistió conflictivamente con él durante siglo y medio. La reforma borbónica fue menos el laboratorio de una democracia agraria que el disparador de una tensión irresuelta, y esa tensión —no un principio ni el otro por separado— es lo que la República recibió en herencia.

Por qué la visita sigue importando

Tulio Ospina, en un artículo publicado en el Repertorio Histórico en 1918, caracterizó a Mon y Velarde como regenerador de Antioquia. La fórmula fijó una imagen —la del visitador ilustrado que refunda una provincia— que la historiografía posterior ha tenido que matizar sin poder desmontarla del todo. Y no ha podido desmontarla porque tiene una base real: la Antioquia que colonizó el Quindío y sembró de pueblos las cordilleras entre finales del siglo XVIII y comienzos del XX es, en un sentido genealógico estricto, la que Mon y Velarde ayudó a poner en pie. Sin la invalidación de los títulos inactivos, sin la fundación de Sonsón, sin el precedente jurídico y político que la visita dejó asentado, la colonización decimonónica no habría tenido ni el mismo alcance ni el mismo carácter.

Pero la visita importa además por otra razón, menos celebrable y más útil. Muestra hasta qué punto la ruptura Colonia-República, tan cara al relato patriótico, se disuelve al mirar la tierra. Los mismos principios —morada y labor, gran concesión con destino productivo, tolerancia hacia la colonización popular en tanto no incomode al capital— atraviesan el corte de 1810 sin apenas alteraciones. El Estado colombiano no inventó su política agraria: la recibió del reformismo borbónico y la acomodó a sus élites. Los conflictos entre colonos y concesionarios que llegan hasta los años treinta del siglo XX en Quindío, y hasta más adelante en muchas otras zonas del país, no son problemas nuevos: son la prolongación de una tensión que se abrió en el sur de Antioquia en 1784 y que la reforma de Mon y Velarde, al legalizarla en un sentido y no en el otro, hizo estructuralmente irresoluble sin una decisión política ulterior que nunca acabó de tomarse.

En esa cuenta larga, la visita de 1785-1789 aparece como lo que fue: un episodio pequeño en la escala imperial, decisivo en la escala provincial, y revelador —más allá de todas las escalas— de cómo se hicieron y se deshicieron los derechos sobre la tierra en Colombia. No un mito fundacional, sino un momento fundacional; no una revolución agraria, sino un desplazamiento del centro de gravedad de la legitimidad, del papel antiguo al hacha reciente. Que ese desplazamiento no se completara nunca, y que la Colombia contemporánea todavía cargue con sus consecuencias, es también parte de su importancia.