Norte del Valle

Norte del Valle del Cauca

Al norte del río Cauca, entre la Cordillera Occidental y la Cordillera Central, se extiende una subregión que durante casi dos siglos ha sido a la vez despensa agrícola, escenario de fortunas rurales, laboratorio de clientelismos y, en el último tercio del siglo XX, uno de los territorios donde el narcotráfico colombiano alcanzó su forma más acabada de poder territorial. Esa subregión —una veintena de municipios que van de Cartago y Sevilla en el vértice cafetero, pasando por Zarzal, Roldanillo, La Unión, Toro, El Dovio, Versalles, Bolívar, Trujillo y Riofrío, hasta el corredor que baja hacia Buga— no fue capturada desde fuera por los capos que le dieron nombre al Cartel homónimo. Fue, antes que eso, un suelo trabajado por generaciones de colonos, hacendados y gamonales conservadores; una geografía de corredores estratégicos entre el Pacífico, el interior andino y el eje cafetero; un tejido político heredado del siglo XIX que las mafias de finales del XX no inventaron: lo penetraron, lo replicaron y lo llevaron a un punto de intensidad que aún hoy define lo que la subregión es y lo que recuerda.

La subregión como entidad: qué es y por qué pesa

El Norte del Valle no es una división administrativa formal sino una unidad histórico-cultural reconocible. Su columna vertebral corre por el valle geográfico del río Cauca al norte de Buga, sube por las estribaciones de la Cordillera Occidental hacia el cañón del río Garrapatas y el corredor selvático que comunica con el Chocó, y trepa por la Cordillera Central hasta los municipios cafeteros de Sevilla y Caicedonia, fronterizos con el Quindío por el río La Vieja. En esa horquilla montañosa caben tres economías que se han superpuesto sin cancelarse: la caña y la ganadería del valle plano, el café de altura de las laderas centrales y una franja de agricultura diversificada —piña, tomate, lulo, mora, pimentón, frutales— que despegó a partir de los años setenta.

Su peso en la historia nacional no se explica solo por lo que produce, sino por su ubicación. El corredor articula Cartago con el centro del país, Cali y el aeropuerto de Palmaseca con el puerto de Buenaventura, y los embarcaderos clandestinos del Pacífico con laboratorios escondidos en la cordillera. Por esa razón, cuando el negocio del narcotráfico buscó a finales del siglo XX una geografía en la que pudieran cohabitar cultivo, procesamiento, exportación y lavado, el Norte del Valle ofrecía todas las condiciones a la vez. Y las ofrecía, además, sobre una arquitectura previa: haciendas grandes, élites políticas conservadoras enraizadas en los municipios, precariedad estatal en los cañones cordilleranos y una tradición de colonización campesina que dejó, tras de sí, una tenencia de la tierra más concentrada de lo que la mitología antioqueña quiso admitir.

El fondo agrario: colonización antioqueña, Burila y el mito de la tierra democrática

La subregión, tal como hoy se reconoce, empezó a configurarse en la segunda mitad del siglo XIX con el descenso de la colonización antioqueña sobre las laderas orientales de la Cordillera Occidental y sobre el flanco occidental de la Cordillera Central. El movimiento siguió una lógica autogenerada: la parcela desmontada por una familia se hacía insuficiente cuando crecían los hijos, y algunos de estos migraban más al sur a abrir su propia unidad económica, empujando la frontera. Así llegaron los colonos hasta lo que hoy son Sevilla y Caicedonia, y así se fue tramando el eje cafetero, esa franja de unos 300 kilómetros de largo por 50 de ancho —entre Trujillo en el Valle y Salgar en Antioquia— donde coinciden temperaturas cercanas a los 20 °C, precipitaciones de 1.500 a 2.000 milímetros y suelos de cenizas volcánicas.

De ese proceso surgió una imagen difundida: la de una colonización antioqueña democrática, sembrada por pequeños propietarios en igualdad de condiciones. La realidad fue más ambigua. La estructura de tenencia resultante en Sevilla, Caicedonia y las zonas vecinas no fue igualitaria: se pareció, en términos generales, a la del resto del país, aunque en Caldas y el Quindío la apropiación por grandes terratenientes fue relativamente más moderada. Y no fue igualitaria por una razón que quedaría inscrita en la memoria agraria de la subregión: la Empresa Burila reclamó como suyas 128.000 hectáreas en un territorio que abarcaba las jurisdicciones de Armenia, Calarcá, Sevilla y Caicedonia, sobre las que se habían asentado entre mil y cuatro mil familias de colonos pobres. La cifra exacta es incierta; la tensión, no: durante décadas, la subregión vivió el pleito entre los títulos coloniales-republicanos reclamados por una gran empresa y la ocupación efectiva de miles de campesinos.

De más de un millón de hectáreas de baldíos registrados en el conjunto de la colonización antioqueña, unas 700.000 quedaron fuera de las zonas de alta densidad poblacional y sirvieron de base a una colonización de tipo capitalista. En el Norte del Valle, ese doble movimiento —minifundio cafetero de ladera arriba, hacienda mediana y grande en el valle y en las tierras de menor densidad— definió la matriz agraria del siglo XX. Los pueblos surgidos de la colonización quedaron ligados originalmente a la economía cafetera y a la ganadería de leche. A partir de los años setenta, con la promoción decidida de la Federación Nacional de Cafeteros, empezaron a diversificar hacia los frutales que hoy identifican a la subregión.

Esta memoria agraria importa porque el narcotráfico no cayó sobre un territorio virgen. Cayó sobre una geografía donde la propiedad ya estaba desigualmente distribuida, donde había familias hacendadas con influencia política, donde la frontera entre lo baldío y lo apropiado nunca se había cerrado del todo, y donde la crisis de un cultivo —el café— podía dejar a miles de campesinos disponibles para cualquier alternativa.

La política larga: gamonalismo conservador y clientelismo

El otro fondo que hay que retener es el político. En los municipios del Norte del Valle, particularmente en los del flanco cordillerano occidental, el Partido Conservador consolidó desde el siglo XIX una red de gamonales locales que sobrevivió a los cambios institucionales del siglo XX. Esa impronta conservadora no fue un dato decorativo. Cuando en los años ochenta empezaron a emerger los primeros grandes narcotraficantes de la subregión, muchos de ellos —Iván Urdinola Grajales, el más visible de esa primera generación— procedían de familias y ambientes conservadores. La coincidencia partidaria atenuaba las tensiones con las élites tradicionales, facilitaba la interlocución con alcaldes y concejales, y abría la puerta a lo que en la subregión terminaría siendo una intervención político-institucional sistemática: manejo de la renta pública municipal, cooptación de la fuerza pública local y protección de rutas.

Esa evolución no fue exclusiva del Norte del Valle, pero allí adquirió una densidad particular. El clientelismo colombiano, visto en su curva larga, transitó del "clientelismo moderno" de los años setenta y ochenta al "clientelismo armado" que se extendió entre 1988 y 2006, hasta desembocar en la parapolítica de la segunda mitad de los dos mil. La subregión ilustra las tres fases con nitidez: en la primera, los notables conservadores manejan la renta municipal por vías tradicionales; en la segunda, los actores armados —primero narcotraficantes y luego paramilitares— entran en las redes clientelares, las presionan y las usan; en la tercera, esa penetración se hace visible en los procesos judiciales que llevaron a la captura de políticos regionales como Luis Carlos Restrepo Orozco y Juan Carlos Martínez por sus nexos con las autodefensas, nexos que iban más allá de una relación puntual con el Bloque Calima y apuntaban a conexiones más profundas con el mundo del narcotráfico.

La emergencia narco: de los Urdinola a Don Diego

La primera generación de grandes capos de la subregión tomó forma en la década de los ochenta. Los hermanos Urdinola Grajales, oriundos de El Dovio, encabezaron esa camada junto a figuras como Henry Loaiza Ceballos, alias el Alacrán, y Orlando Henao Montoya. Se movían en un ambiente rural conocido, con vínculos partidarios y familiares que los ataban al mundo hacendado local. Su ascenso coincidió con el auge del Cartel de Cali, con el que mantuvieron relaciones tanto de subordinación como de complementariedad, y se consolidó en una geografía perfectamente diseñada para el negocio: laboratorios en la cordillera, salida por Buenaventura y por los embarcaderos del Pacífico, articulación con Cali a través de Palmira y Palmaseca, y conexión con el centro del país por Cartago.

El momento de bisagra llegó en 1995. Ese año, con el desmantelamiento del Cartel de Cali y la caída de los hermanos Rodríguez Orejuela, el Cartel del Norte del Valle tomó el control del negocio y pasó de socio menor a hegemón regional. La transición se apoyó en las estructuras y contactos que Urdinola, Henao y Loaiza habían tejido durante la década anterior. Poco después, esa primera generación se desdibujó: Iván Urdinola y Orlando Henao murieron en prisión en los años noventa. Su lugar lo ocupó una segunda camada más joven, más violenta y menos anclada en las lealtades partidarias tradicionales.

Tras la captura y posterior asesinato de Jorge Orlando Henao —conocido como el hombre del overol—, dos figuras emergieron como líderes: Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, y Luis Hernando Gómez, alias Rasguño, que crearon la facción conocida como Los Machos. Frente a ellos se levantó Wílber Alirio Varela, alias Jabón, con Los Rastrojos. La disputa entre ambas facciones, sostenida por la fragmentación del cartel original, se saldó con una violencia intensa en el norte y centro del departamento durante los años dos mil. A la par, otros nombres —Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, Arcángel de Jesús Henao, alias el Mocho— completaban el mapa de mando de una organización que había abandonado la forma jerárquica de los grandes carteles medellinense y caleño para operar como una constelación de facciones interconectadas y disputadas.

Lo distintivo de este cartel no fue solo su capacidad exportadora. Fue su capacidad reguladora. Los narcotraficantes del Norte del Valle alcanzaron un grado de control territorial tal que asumieron funciones que el Estado no ejercía o ejercía de manera insuficiente: decidían quién podía vivir en la región, qué actividades del propio negocio se permitían localmente, y qué disputas se resolvían por qué vía. Configuraron nuevos órdenes sociales basados en la participación directa o indirecta de la población en la producción y distribución de drogas.

El giro de los noventa: tierras, coca y el fin de la economía cafetera

Dos golpes coyunturales convergieron a finales de los ochenta e inicios de los noventa para acelerar la transformación de la subregión. El primero fue la caída del Pacto Internacional del Café en 1989, que desmontó el sistema de cuotas y precios sostenidos que había protegido durante décadas a los caficultores colombianos. El segundo fue la irrupción de la broca, la plaga que castigó los cafetales colombianos a comienzos de los noventa. Miles de fincas del eje cafetero, incluidas las del Norte del Valle, entraron en crisis simultánea.

Sobre ese cuadro se montó, con eficacia inmediata, un proceso que ya venía en curso: la compra de tierras por narcotraficantes en zonas cafeteras. Lo que había sido, durante los ochenta, una inversión especulativa se convirtió en los noventa en un mecanismo masivo de reconfiguración agraria. Entre 1980 y 1995, la compra de tierras por narcotraficantes se registró en 409 municipios del país, el 42 % del total. Entre 1980 y 1988, de unos 4.000 millones de dólares de excedentes narcotraficantes, el 45 % se invirtió en tierras, con predilección por fincas ganaderas usadas para especulación. Amplias extensiones de vocación agrícola se desviaron hacia ganadería extensiva, reforzando la ineficiente pauta histórica de destinar las mejores tierras al pasto en lugar del cultivo.

En el Norte del Valle, esa dinámica se leyó en clave local. Los narcotraficantes adquirieron predios mediante mecanismos que no siempre pasaron por el mercado libre: amedrentamiento de propietarios, amenazas, quema de viviendas, invasión de tierras y avalúos manipulados, prácticas ampliamente documentadas en la zona de Trujillo y presumibles en otros municipios de la subregión. Muchos campesinos cafeteros arruinados terminaron aceptando vender; otros, ya sin tierra, aceptaron sembrar coca en predios comprados por los propios narcotraficantes. Hacia finales de los ochenta empezaron a aparecer sembradíos de coca en zonas cafeteras, y para 2007 el fenómeno se había consolidado en el límite occidental de Trujillo, sobre todo en Bolívar y en el cañón del Garrapatas.

Pero no todo fue despojo y ruina. Al mismo tiempo, la subregión experimentó una transformación productiva visible: mejora de razas ganaderas, tecnificación, expansión de frutales y hortalizas, aparición de fincas de recreo, dinamismo comercial y auge de la construcción. Un balance de 1998 sugería que las organizaciones mafiosas habían retomado, a su modo, el proceso de diversificación agrícola iniciado dos décadas antes por la Federación de Cafeteros. La lectura era ambivalente y sigue siéndolo: la misma década que produjo el despojo produjo también una prosperidad rural inédita, una circulación de dinero que muchos habitantes no habían visto nunca, y una mejora en la vivienda rural. Que esa prosperidad conviviera con la coca, el sicariato y las masacres es precisamente lo que hace tan difícil, hasta hoy, la memoria del Norte del Valle.

La guerra territorial: guerrilla, narcos y el Bloque Calima

Antes del auge propiamente narco, la subregión ya había sido tocada por la insurgencia. El ELN tomó como base de operaciones, en los años ochenta, el cañón del río Garrapatas, y desde allí se movió por el corredor selvático que comunica el Chocó con los municipios vallecaucanos de El Cairo, El Dovio, Trujillo y Riofrío. Su nutrición inicial provino de estudiantes, obreros y perseguidos políticos de Cali. Las FARC, por su parte, llegaron desde el flanco opuesto: se instalaron en la Cordillera Central provenientes del Tolima, como parte del desdoblamiento de frentes definido en la Séptima Conferencia guerrillera de 1982. Tras la desmovilización del M-19 en 1989, ocuparon varios de los municipios en los que ese grupo había tenido presencia: El Dovio, Versalles, Argelia, El Cairo.

La Cordillera Occidental, con sus corredores geográficos de alto valor estratégico y su escasa presencia estatal, se convirtió así en escenario de una superposición de actores armados. En ella, la subregión vivió a partir de finales de los ochenta un proceso que sería recurrente en el país: la formación de grupos armados privados, promovidos por los propios narcotraficantes, con el propósito explícito de contener a la guerrilla y proteger sus propiedades y rutas. La Vicepresidencia de la República reconocería años más tarde el papel de esos grupos en la contención de la subversión en la región.

Fue en ese cuadro donde se produjo el episodio más terrible de la subregión: las masacres de Trujillo, ocurridas entre 1986 y 1994 en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar. Fueron perpetradas por narcotraficantes vinculados al Cartel del Norte del Valle y, según algunas versiones, también al de Cali, en alianza con integrantes de la Policía y del Ejército, y con la intervención en algunos episodios de paramilitares. Los procesos judiciales llevaron a la condena de Diego Montoya Sánchez, Henry Loaiza Ceballos, Iván Urdinola Grajales y del mayor retirado Alirio Antonio Ureña Jaramillo. El caso más recordado dentro de la masacre es el del sacerdote Tiberio Fernández, torturado, asesinado y descuartizado el 17 de abril de 1990 junto con al menos tres personas más. Fernández promovía cooperativas campesinas agrarias, comerciales y artesanales; su trabajo de organización comunitaria fue leído por los perpetradores como cobertura guerrillera, y esa lectura sirvió como pretexto general para perseguir y asesinar a organizaciones campesinas y a personas señaladas de apoyar al ELN.

La OEA declaró que los delitos de Trujillo permanecían en la impunidad, con violación al derecho a la justicia de las víctimas, y que algunos servidores públicos participantes seguían vinculados a la Fuerza Pública. La masacre se convirtió, junto con las que la seguirían en el país, en caso emblemático de violencia colectiva. Sus sobrevivientes fueron, además, objeto de un desprecio y una indiferencia social que hicieron doble el daño. Y el efecto agrario del terror fue palpable: la región quedó parcialmente reconfigurada, con desplazamientos y apropiación de tierras por parte de los propios narcotraficantes condenados, que consolidaron dominios en la zona.

Al terror local le siguió, a finales de los noventa, la llegada de los paramilitares organizados. En 1999 entró al Valle del Cauca el Bloque Calima. Su llegada fue, en buena medida, patrocinada por los propios narcotraficantes del Norte del Valle: Don Diego, Rasguño y el Mocho aparecen como los promotores directos del bloque. Don Diego, en particular, habría financiado los primeros meses del grupo con dineros para nómina, material de intendencia y armamento.

La operación no se hizo al margen del Estado. En 1999 se celebró en la sede de la III Brigada, en Cali, una reunión entre oficiales del Ejército y paramilitares en la que se recopilaban datos sobre personas adineradas de la zona que pudieran aportar dinero para traer a los paramilitares. Poco después, unidades del Ejército habrían apoyado el avance paramilitar que comenzó en julio de 1999 cerca de Buga y Tuluá. Antes incluso de la entrada formal del bloque, había en un corregimiento de Tuluá cerca de un centenar de hombres de las ACCU al mando de Antonio Londoño, alias Rafa Putumayo.

La lógica de la financiación quedó registrada en detalle en un episodio judicial posterior. En 2001 se celebró una reunión en Cartago con empresarios, narcotraficantes y dueños de fincas, que habrían acordado aportes al Bloque Calima para que tomara el control de Barragán y evitara que la guerrilla bajara a sus propiedades. Ese acuerdo conecta con la segunda masacre de Barragán, del 27 de agosto de 2001. Con la llegada de las AUC subieron los indicadores de violencia en el departamento: civiles muertos, homicidios y desplazamientos.

La red: personas, lugares, ideas

El Norte del Valle no puede entenderse sin nombrar a sus figuras y sus geografías, sin trazar el mapa concreto de una red que fue a la vez familiar, política, empresarial y criminal. Iván Urdinola Grajales, oriundo de El Dovio, fue la bisagra entre la vieja élite conservadora y la nueva empresa narcotraficante; su hermano y su cuñada Lorena Henao completaron el clan. Los hermanos Henao Montoya —Orlando, Arcángel el Mocho, Jorge Orlando el hombre del overol— aportaron la segunda gran dinastía. Henry Loaiza el Alacrán encarnó la brutalidad de la subregión en Trujillo. Diego León Montoya Sánchez, Don Diego, y Wílber Alirio Varela, Jabón, protagonizaron la guerra interna de los dos mil. Juan Carlos Ramírez Abadía, Chupeta, aportó a la organización el perfil del capo internacionalista, con mercados en Norteamérica y Asia. Carlos Castaño Gil, comandante de las AUC, tejió desde afuera la alianza que trajo al Bloque Calima. Y aunque no perteneció al circuito, el nombre de Álvaro Uribe Vélez cruzó la subregión por vías políticas cuando, ya en la presidencia, negoció la desmovilización de las autodefensas y protagonizó el proceso de Justicia y Paz que trajo a la superficie muchas de las verdades aquí narradas.

Los lugares importan tanto como las personas. Cartago, en el vértice norte, fue el nodo de conexión con el centro del país y punto de encuentro de las élites regionales, incluidas las que aparecerían en los expedientes de parapolítica. Roldanillo, Zarzal, La Unión, Toro y Bolívar, en el valle plano, fueron el corazón político y económico tradicional, donde las haciendas de caña y ganado convivieron con los nuevos capitales narco. El Dovio y Versalles, en la Cordillera Occidental, fueron cuna de los Urdinola-Henao y, a la vez, zonas de disputa con la guerrilla. Trujillo y Riofrío, sobre el mismo flanco, cargaron el peso simbólico de la masacre. Sevilla y Caicedonia, en la Cordillera Central, ataron la subregión al eje cafetero y al Quindío por la cuenca del río La Vieja. Y el cañón del Garrapatas, con su selva y sus corredores hacia el Chocó, fue el espacio donde se libró la disputa más larga entre guerrilla y narcotráfico, y donde los frentes guerrilleros terminaron desplazados, dejando el corredor bajo dominio de las rutas de la droga.

Sobre esos lugares se depositaron ideas y prácticas que definieron a la subregión: la noción de que el "orden" podía ser provisto por actores privados armados; la idea, muy vallecaucana, de una prosperidad rural que se mide en calidad de ganado, mecanización y fincas de recreo; y una relación con la política nacional en la que los partidos tradicionales —el Conservador con más peso en las laderas, el Liberal en algunas cabeceras del valle— quedaron progresivamente cruzados por lealtades armadas.

La huella: fragmentación, sucesores y memoria

La desmovilización del Bloque Calima en diciembre de 2004, en el marco del proceso con las AUC, no cerró el ciclo. Parte de la estructura del bloque continuó operando de manera informal o fue absorbida por estructuras sicariales de la región. Simultáneamente, la fragmentación del propio Cartel del Norte del Valle, empujada por las capturas y las extradiciones, transformó el negocio: se pasó de estructuras jerárquicas tipo cartel a un tejido fragmentado de pequeños grupos, en disputa violenta permanente y con alianzas cambiantes.

Los sucesores tomaron nombres distintos y estructuras más ligeras. Los Machos, la organización armada de Don Diego, y Los Rastrojos, la de Jabón, prolongaron la guerra interna. La extradición masiva de líderes paramilitares en 2008 aceleró la fragmentación y convirtió a antiguos lugartenientes en actores criminales autónomos. Hacia finales de la primera década del siglo XXI, Héctor Mario Urdinola, alias Chicho, al frente de una organización de Los Machos muy debilitada, habría contactado a Los Urabeños, que empezaron a "reciclar" a sus integrantes. Para finales de 2011 había en Zarzal, Roldanillo y La Victoria tres redes criminales dedicadas al microtráfico, extorsiones, hurto y sicariato. El paisaje criminal, en pocos años, se había atomizado.

En términos de conflicto armado, el suroccidente colombiano fue la zona hacia la que se desplazó con mayor intensidad la violencia en los años dos mil, y el Norte del Valle quedó atravesado por esa dinámica. Los cultivos de coca en el cañón del Garrapatas y en el occidente de Trujillo mostraron, hacia 2007, que la reconversión ilícita del suelo no se había revertido. La compra de tierras por narcotraficantes había concentrado la propiedad, había desviado tierras agrícolas hacia ganadería especulativa, y había dejado un tejido donde los beneficiarios directos e indirectos del despojo incluían a élites locales que también eran empresarios legales.

Queda, por último, la memoria. La subregión carga una ambivalencia que su literatura, sus párrocos, sus museos comunitarios y sus víctimas organizadas intentan procesar. Está, por un lado, la memoria de la prosperidad: la modernización ganadera, la diversificación frutícola, la circulación de dinero, las quintas de recreo, el pueblo que se rehízo. Y está, por el otro, la memoria de la sangre: los ocho años de las masacres de Trujillo, con el descuartizamiento del padre Tiberio Fernández como su punto más doloroso; las masacres del Bloque Calima; la impunidad denunciada por la OEA; el desplazamiento sostenido; la desarticulación de las cooperativas campesinas; la enorme dificultad de los sobrevivientes para ser oídos.

Esas dos memorias no son separables. Fueron producidas por los mismos procesos, en los mismos lugares, muchas veces por los mismos actores. Comprender el Norte del Valle es aceptar que la subregión no se dejó capturar por el narcotráfico desde fuera: fue una arquitectura previa —tierras concentradas por la Empresa Burila y por la colonización antioqueña, gamonalismo conservador, corredores geográficos estratégicos, precariedad estatal cordillerana— la que preparó el terreno. Pero también es aceptar que sin la convergencia de choques coyunturales —la caída del Pacto Internacional del Café en 1989, la broca a comienzos de los noventa, el desmantelamiento del Cartel de Cali en 1995, la llegada del Bloque Calima en 1999— esa arquitectura no habría producido, por sí sola, el mismo resultado. Fue en la intersección de esas dos temporalidades, la larga y la corta, donde el Norte del Valle se convirtió en lo que hoy es: un territorio donde la historia agraria, las redes políticas y el narcotráfico se han vuelto indistinguibles unos de otros, y donde la tarea pendiente sigue siendo escribir esa historia sin caer ni en la hagiografía de la colonización ni en la reducción de la subregión a la sombra de sus capos.