Sicariato

El sicariato

El sicariato es el nombre que Colombia terminó dándole a un oficio: matar por encargo a través de intermediarios. La palabra existía antes —viene del latín sicarius, el que porta la daga corta—, pero fue en Medellín, entre los años ochenta y noventa del siglo XX, donde adquirió el contenido que hoy circula por el mundo hispanohablante: un joven pobre, casi siempre en moto, entrenado para acercarse a una víctima estudiada y dispararle en la vía pública por una suma pactada con alguien a quien ni siquiera conoce. En esa fórmula caben tres capas que la historia colombiana fue superponiendo. La primera es política: una tradición estatal y de élites de tercerizar la violencia, inaugurada durante la Violencia bipartidista con los pájaros. La segunda es económica: el narcotráfico como industria que encontró en la juventud marginal urbana una oferta laboral precarizada y la convirtió en mercado. La tercera es cultural: el sicario como figura literaria, cinematográfica y turística que Colombia exportó al imaginario global. Ninguna de las tres explica sola el fenómeno; su convergencia sí. El sicariato es, en ese sentido, una tecnología de guerra y un síntoma de desigualdad al mismo tiempo, y su historia es la de cómo un oficio se volvió concepto.

Los pájaros: la primera tercerización

Antes de que existiera la palabra sicario en el vocabulario cotidiano de Colombia, existió la palabra pájaro. Desde los años treinta del siglo XX, caciques del Partido Conservador y la jerarquía católica organizaron bandas para agredir y asesinar a liberales; los liberales respondieron con bandas propias, aunque sin el respaldo de la curia. La simetría no fue completa: durante la Violencia, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, esas bandas se ensañaron con particular saña contra gaitanistas y comunistas. El nombre describía su mecánica: eran mercenarios volantes, aves de paso que se desplazaban de un centro a otro para realizar "trabajitos" y luego desaparecer. La estructura ya prefiguraba lo que vendría: matadores móviles, contratados por poderes que se mantenían en la sombra.

Los Pájaros, como grupo específico, fueron un aparato paramilitar conservador que operó sobre todo en el norte del Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, con proyección hacia el Quindío. Su cabeza más célebre fue León María Lozano, alias el Cóndor, un vendedor de quesos de Tuluá que había comenzado sus acciones clandestinas antes de 1950 y que llegó a ejercer un control territorial suficiente para volverse referencia de la violencia bipartidista en toda la región. La descripción que quedó de esa organización —"una cofradía, una mafia de desconcertante eficacia letal"— anticipa un rasgo que el sicariato conservará: la combinación de estructura clandestina, red de complicidades y letalidad calibrada. Curas, políticos y jefes de ambos partidos hicieron partícipe a la policía —y, en menor grado, al ejército— de esas redes. La violencia no era un desborde: era una operación con proveedores, intermediarios y ejecutores.

En el Quindío la lógica quedó a la vista. Propietarios cafeteros y jefes políticos liberales, acosados por los pájaros, contrataron guerrillas liberales del sur del Tolima como fuerza de autodefensa y de agresión contra sus rivales. Los pájaros no eran solo un aparato ofensivo: eran una fuerza de presión que producía respuestas armadas simétricas. El país aprendió, en esa década, que la violencia se podía subcontratar, que un patrón podía ordenar una muerte sin ensuciarse las manos y que había manos disponibles dispuestas a hacerlo por dinero, por lealtad partidista o por ambas cosas. Esa lección no se olvidó. Las experiencias de violencia paramilitar de la época bipartidista no constituyeron una estrategia estatal formal, pero dejaron un repertorio de prácticas que fue sistematizado poco después, en parte a partir de recomendaciones que hizo el ejército estadounidense tras una visita a Colombia. De los pájaros al sicario del cartel de Medellín hay un puente concreto: la muerte tercerizada como forma habitual de resolver conflictos políticos y económicos. Fueron los pájaros, empleados para acabar con dirigentes guerrilleros desmovilizados tras los pactos de paz de los años cincuenta, los que dieron origen directo a la figura del sicario moderno.

La ciudad que produjo al sicario

Para que esa herencia se convirtiera en un oficio masivo hizo falta una ciudad que produjera, año tras año, miles de jóvenes disponibles. Esa ciudad fue Medellín. Las cifras dibujan la trampa. En 1980, la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 38% según un estudio de la Cámara de Comercio; en 1991 seguía superando en cuatro puntos el promedio nacional. En 1990 la tasa de inactividad de la ciudad era del 17,6%, la más alta entre las ciudades principales del país, concentrada de manera aguda entre hombres de doce a veintinueve años. La deserción escolar golpeaba de manera desproporcionada a los estratos bajos, con tasas de escolarización secundaria sensiblemente menores en los sectores más pobres. Y encima de todo, en 1985, la tasa de homicidios en Medellín llegó a 100,8 por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta del mundo, solo detrás de una Guatemala en plena guerra civil.

Detrás de esos números había un fenómeno más íntimo. Las instituciones que en otras épocas habían encuadrado la vida de un joven —la familia extensa, la escuela de jornada completa, el vecindario cohesionado, la parroquia— estaban debilitadas o ausentes, y no habían sido reemplazadas por equivalentes. La ausencia no era neutra: dejaba al joven en un anonimato agresivo, en el que un incidente trivial podía terminar en homicidio. Sobre ese anonimato caía, como una promesa cruel, una cultura del consumo que el narcotráfico amplificaba. Motos, ropa de marca, carros, oro. En el testimonio recogido tras la masacre de Villatina alguien lo dijo con crudeza: sin esas cosas, un pibe de las comunas "no era nada". El bloqueo de la movilidad social convivía con una presión simbólica implacable. Fue exactamente ese vacío el que Pablo Escobar Gaviria supo leer.

Escobar no inventó a los jóvenes de las comunas; los encontró. Canalizó su exclusión, su rebeldía y su pobreza hacia un mercado nuevo: el de la violencia por encargo al servicio de la industria de la cocaína. Ofrecía dinero y, con el dinero, los bienes de consumo que la vía legal no ofrecía. Ofrecía, además, estatus: un pelado que la semana anterior era invisible podía volverse alguien con un revólver y una moto. Los barrios de las comunas —sobre todo la Nororiental— se convirtieron en el campo de pruebas donde el crimen organizado ensayó, seleccionó y adiestró a los muchachos que necesitaba para proteger sus rutas y sus intereses. No hubo, en sentido estricto, "escuelas de sicarios" como instituciones formales; hubo galladas de barrio recogidas y armadas, primero por emisarios del cartel y después por sus propias bandas.

La legislación colaboraba sin quererlo. Los carteles reclutaron niños desde los diez años, adiestrados en el uso de armas de fuego, en parte porque la ley colombiana no permitía procesarlos ni castigarlos como adultos, y porque los centros de rehabilitación juvenil, superpoblados y de baja seguridad, se traducían en liberaciones rápidas. Un menor era, desde la lógica fría del negocio, mano de obra más barata, más disponible y más desechable. Entre finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, Medellín concentró la mayor proporción de muertes violentas del país, con homicidios perpetrados casi siempre por jóvenes contratados provenientes de las comunas.

La mecánica del oficio

Para entender qué convirtió al sicariato en una tecnología eficiente hay que mirar su arquitectura interna, no solo a los actores que lo poblaron. Es una modalidad de homicidio por encargo caracterizada por la intervención de muy pocas personas en la perpetración material. Esa parquedad no es azarosa: reduce el riesgo de fugas de información que develen redes o alianzas criminales. En su forma canónica, un asesinato sicarial supone un trabajo previo de inteligencia sobre los movimientos de la víctima, un plan para atacarla en el momento y lugar de mayor vulnerabilidad —casi siempre en la vía pública— y una ejecución rápida seguida por una fuga en moto o en vehículo sin placas.

Lo verdaderamente novedoso no está en el gatillo. Está en la cadena. El sicariato opera bajo un esquema de tercerización en el cual el perpetrador material no tiene relación directa con el autor intelectual que ordenó el hecho, sino con intermediarios. Ese eslabonamiento es la clave de su eficacia y de su impunidad. Aquí aparecen las llamadas oficinas de cobro: espacios donde se reunían guardaespaldas y sicarios para recibir órdenes y el pago por los servicios prestados. La oficina intermediaba la violencia entre quienes la ordenaban y quienes la ejecutaban, y con ello introducía una capa que hacía casi imposible remontar de la mano ejecutora al cerebro del crimen. La más célebre fue la Oficina de Envigado, heredera del ala sicarial del Cartel de Medellín, que cumplía tareas de ajuste de cuentas y se financiaba mediante cooperativas de fachada tipo holding vinculadas al narcotráfico. El modelo se replicaría en otras estructuras, con casos documentados como la cooperativa de Soledad o la de Miguel Arroyave, vehículos financieros que administraban actividades legales e ilegales de forma simultánea.

Las oficinas de cobro no atendían solo a narcotraficantes. Personas ajenas al negocio podían intermediar sus quejas a través de ellas, lo que sugería un acceso externo a sus servicios —un tejido comercial de la violencia que desbordaba el mundo del tráfico de drogas—. En el Bronx bogotano, desde estructuras criminales vinculadas al microtráfico se buscaba gente para cometer sicariatos: el vínculo entre narcomenudeo y homicidio por encargo era una línea abierta, aunque en escalas distintas. El sicariato dejó de ser un método episódico y se volvió un servicio disponible.

Esa disponibilidad se apoyó en un dato estructural: el colapso institucional. Durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas, entre 1986 y 1990, según estimativos del propio gobierno, solo el 20% de los crímenes llegaba a conocimiento de las autoridades, y de ese porcentaje apenas el 4% obtenía una sentencia. La ecuación era simple: matar a través de intermediarios en Colombia era, en la práctica, una actividad de bajísimo riesgo penal. Y no lo era por accidente. Entre 1979 y 1991 fueron asesinadas 290 personas en cumplimiento de funciones judiciales. En una encuesta de 1987, el 25,4% de los jueces del país reportó haber recibido amenazas directas o contra sus familiares en razón de sus funciones. El 18 de enero de 1989, una comisión de funcionarios judiciales que investigaba la desaparición forzada de 19 comerciantes fue masacrada en La Rochela, en el Magdalena Medio. La debilidad judicial no fue el telón de fondo del sicariato: fue una condición operativa central. Sin impunidad, el modelo no habría sido rentable.

El narcotráfico industrializa la violencia

El narcotráfico no inventó el sicariato: encontró una tradición de violencia tercerizada, una juventud marginal empobrecida y un aparato judicial desbordado, y las convirtió en un sistema. Ese salto de escala se produjo entre finales de los años setenta y comienzos de los noventa. La tasa nacional de homicidios pasó de menos de 30 por cada 100.000 habitantes en 1978 a más de 70 en 1990. Detrás de ese salto no había una única explicación, pero el narcotráfico —con su capacidad de generar recursos sin precedentes y su necesidad estructural de administrar violencia— aparece como el multiplicador principal.

En Medellín, el Cartel liderado por Escobar organizó bandas de sicarios como brazos armados especializados. La más conocida fue Los Priscos, que ejerció control territorial en el barrio Aranjuez y actuó como principal aparato ejecutor del cartel. Según el escritor Gilmer Mesa, que reconstruyó ese barrio en su novela La cuadra, la banda suplantó funciones del Estado: arbitraba conflictos domésticos, organizaba la vida comunitaria, imponía reglas. El sicariato, visto desde el barrio, no era una desviación exterior a la vida cotidiana; era su regulador. La primera mitad de los años noventa, cuando el Cartel de Medellín libró su guerra abierta contra el Estado colombiano, tuvo a los barrios de la ciudad como escenario principal, en un contexto de hibridación de violencias en el que operaban simultáneamente bandas del narcotráfico y milicias guerrilleras urbanas.

Al mismo tiempo, el sicariato viajó. Sicarios con acento paisa aparecieron en Córdoba desde la primera mitad de los ochenta, actuando con una frialdad y una sevicia que la región no conocía, movilizándose en motos o vehículos sin placas. Esa expansión geográfica no fue un traslado puntual: fue el mecanismo por el que un modelo desarrollado en Medellín se instaló en otras regiones, casi siempre siguiendo las rutas de la coca, la ganadería extensiva y los conflictos por la tierra. Para finales de los noventa, en el norte del Valle del Cauca se habían conformado ejércitos privados con capacidad sicarial masiva: Los Machos, bajo el mando de don Diego, y Los Rastrojos, encabezados por Wilber Varela, alias Jabón, dedicados a eliminar competencia y amenazas para los narcos de la región. La Oficina de Envigado, por su parte, se proyectó hacia el Pacífico colombiano, disputando en el Chocó rutas en Juradó y Bahía Solano que controlaban antiguos socios de Escobar.

Esa expansión coincidió con la fusión más peligrosa: la del sicariato con el paramilitarismo. Los grupos paramilitares surgieron originalmente como mecanismos de defensa contra la guerrilla, con narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha aportando infraestructura y dinero, y con participación de sectores de la Fuerza Pública que veían en los narcos ejecutores útiles para el trabajo sucio contrainsurgente sin comprometer la imagen institucional. Entre 1988 y 1994, los métodos de guerra sucia combinaron acciones encubiertas de eliminación de civiles por organismos estatales de seguridad con asesinatos selectivos perpetrados por paramilitares coordinados por agentes estatales. El sicariato fue el instrumento común. Su ventaja política era exactamente la misma que su ventaja criminal: la tercerización permitía ocultar en la violencia de los narcotraficantes una parte significativa de la violencia política. Cuando cayó un militante de la Unión Patriótica —y cayeron más de mil desde septiembre de 1986, en la campaña de exterminio que marcó el período Barco—, la muerte podía atribuirse indistintamente al narco, al paramilitar o al Estado, porque la cadena de intermediación difuminaba la autoría.

La crisis del monopolio estatal de la violencia era, en Colombia, anterior al narcotráfico. Pero el narcotráfico dotó a los aparatos armados locales —autodefensas, paramilitares, bandas criminales— de recursos económicos sin precedentes, y con ello los transformó de fuerzas irregulares en estructuras que regulaban el negocio y, con él, el orden social, económico y político regional. El sicario, al final de esa cadena, era el operario. La escala de sus operaciones no dependía de él, sino del ecosistema que lo empleaba.

Después del cartel: la reconfiguración

La muerte de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993 y el desmantelamiento posterior de los grandes carteles no acabaron con el sicariato. Lo redistribuyeron. Las bandas que habían servido al Cartel de Medellín se reorganizaron alrededor de nuevos jefes, entre ellos Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, quien administró durante años la Oficina de Envigado y la convirtió en árbitro de la violencia urbana de la ciudad. El modelo probado en Medellín —jóvenes de comunas contratados por intermediarios que operan bajo una marca reconocida— resultó lo bastante flexible para adaptarse a distintos negocios: microtráfico, extorsión, sicariato por encargo puro, control territorial.

La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia entre 2003 y 2006 marcó otro punto de inflexión. Parte de los combatientes que participaron en las ceremonias eran, en realidad, sicarios contratados que se hicieron pasar por paramilitares, y la cantidad de armas entregadas fue muy inferior a la que se sabía en poder de esas estructuras. El resultado fue previsible: los grupos armados ilegales que se reconfiguraron después —Los Rastrojos, la propia Oficina de Envigado, las estructuras que empezaron a llamarse bacrim— continuaron operando, disputando corredores de narcotráfico en el norte del Chocó y el Urabá, y reproduciendo prácticas de asesinato selectivo, desaparición y control territorial en continuidad con el paramilitarismo previo. En el Magdalena Medio, nuevos grupos armados posdesmovilización se apropiaron de territorios antes dominados por el Bloque Central Bolívar, replicando el modelo sicarial en contextos regionales distintos al de Medellín.

El caso de Hernán Giraldo en Santa Marta ofrece un ejemplo temprano y didáctico. Su grupo desarrolló desde los años noventa una empresa de coerción privada que cobraba extorsiones sistemáticas a comerciantes del mercado público mediante una empresa fachada, Conservar Ltda. La violencia sicarial se había vuelto, en muchas regiones, una función administrativa: cobrar cuotas, disciplinar deudores, eliminar rivales. El sicariato dejó de ser exclusivamente un instrumento del narcotráfico para volverse parte del funcionamiento ordinario de economías locales atravesadas por la ilegalidad.

La proyección cultural: cuando el oficio se volvió concepto

Hacia finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, la prensa internacional consagró dos epítetos para Medellín: "capital de la droga" —a veces con la exageración de "capital de la droga del mundo"— y "cuna de sicarios". El 13 de septiembre de 1987, El Tiempo publicó en su edición dominical un artículo de página completa titulado "De Medallo a Metrallo", que documentaba la transformación violenta de la ciudad y consagró en la memoria popular la equivalencia entre el apodo cariñoso de Medellín y el sonido de las armas automáticas. La ciudad que hasta entonces se había vendido a sí misma —en los álbumes y guías comerciales de la Sociedad de Mejoras Públicas de los años veinte, treinta y cuarenta— como capital industrial, próspera y cívica, con fábricas, bancos, colegios y calles amplias, quedó rebautizada por sus muertos.

Esa nueva marca urbana produjo una literatura. La obra que fijó la figura del sicario en el imaginario internacional fue La virgen de los sicarios, publicada por Fernando Vallejo en 1994. Vallejo, nacido en Medellín y radicado en México, describió una ciudad dividida entre los barrios de ladera y el resto de la urbe, con esos barrios como principal escenario de la violencia urbana. La novela no fue un documento: fue una operación estética que convirtió al sicario en personaje literario reconocible, e inauguró lo que la crítica llamaría narrativa sicaresca. En el cine, Víctor Gaviria hizo un trabajo paralelo: en Rodrigo D. No futuro (1990) y en las películas que siguieron, filmó a los jóvenes reales de las comunas, muchos de los cuales morirían en los años siguientes. Alonso Salazar, con No nacimos pa' semilla (1990), había ofrecido antes el retrato periodístico fundacional. Cada una de esas obras hizo algo distinto, pero todas contribuyeron a lo mismo: dotar de figura, voz y sentido a un personaje que hasta entonces era estadística.

La proyección internacional siguió su curso. Desde al menos mediados de los años ochenta, el cine estadounidense representó Colombia, en una serie continua de producciones, como escenario de narcotráfico, corrupción y violencia, y consagró la figura del "bárbaro colombiano". A comienzos del siglo XXI el fenómeno se amplificó con series y telenovelas que llevaron el molde del narco y del sicario al consumo masivo global. Y en Medellín misma se instaló, con los años, un narcoturismo que convirtió los lugares vinculados a Escobar en atracciones. Mauricio Builes, ex director de prensa del Centro Nacional de Memoria Histórica, y sus estudiantes de periodismo respondieron creando una exploración virtual del bandidaje de Escobar desde la perspectiva de sus víctimas, en reacción crítica al carácter mercantil del fenómeno. El mercado editorial colombiano, entre tanto, se llenó de memorias narco escritas por familiares del capo, socios criminales, su amante célebre, traficantes rivales y policías que lo persiguieron, en un auge que convivió incómodamente con el dolor no resuelto de las víctimas.

Ese circuito cultural no es un apéndice del sicariato: es parte de su historia. La imagen ambivalente de Escobar —"Robin Hood paisa" en al menos un artículo de prensa colombiana de los años ochenta que lo describía a la vez como hombre de negocios adinerado y figura de esperanza para los marginados— fue una condición para el reclutamiento. Los muchachos de las comunas no entraban al sicariato solo por hambre; entraban también por un marco de sentido en el que motos, ropa y estatus significaban existir. La cultura del narco proveyó ese marco. Las representaciones posteriores —literatura, cine, series, turismo— no se limitaron a describir el fenómeno; le dieron un lenguaje, y en algunos casos lo estabilizaron. Colombia exportó la palabra sicario al mundo hispanohablante como categoría reconocible porque durante veinte años produjo, con la sistematicidad de una industria, tanto el oficio como su representación.

La huella

Medellín intentó desde los años noventa reescribirse. El sistema de metro inaugurado en 1995, y los metrocables integrados a él a partir de 2004 —los primeros del mundo pensados como transporte urbano masivo hacia comunidades de ladera—, fueron construidos con la ambición explícita de reincorporar a los barrios que habían sido invisibles y luego estigmatizados. Observadores de la ciudad han señalado en el metro un civismo poco común en el transporte público congestionado, como si en ese espacio se ensayara una forma distinta de estar juntos. La ciudad que en 1985 tenía la segunda tasa de homicidios más alta del mundo ha reducido sensiblemente esa cifra en las décadas siguientes, aunque con oscilaciones y sin que el sicariato haya desaparecido de su vida cotidiana ni de las regiones a las que se exportó.

Porque el sicariato no cabe entero en el pasado. Persiste en las regiones que lo heredaron, en las bandas que se sucedieron a los carteles, en las oficinas de cobro que siguen funcionando en distintas ciudades, en los asesinatos de líderes sociales que han marcado la Colombia posterior al Acuerdo de Paz de 2016. Persiste en el vocabulario: en América Latina, "sicario" nombra ya, sin traducción, a un tipo específico de matador urbano cuyo origen es colombiano incluso cuando el ejecutor concreto no lo sea. Y persiste como pregunta pendiente sobre las condiciones que lo hicieron posible. El desempleo juvenil, la deserción escolar, la debilidad institucional en los barrios más pobres, la impunidad estructural —todas las variables que a comienzos de los años ochenta produjeron la masa disponible que el narcotráfico convirtió en mano de obra— siguen operando, con otras intensidades, en Colombia y en la región.

Ese es, quizá, el sentido más denso de haber convertido un oficio en concepto. El sicario colombiano no es un tipo de delincuente: es la figura visible de una manera de hacer política, negocio y guerra a través de intermediarios que se inauguró con los pájaros, se industrializó con el narcotráfico y sobrevive porque las condiciones que la produjeron nunca fueron desmontadas. Su historia no es solo la de un fenómeno criminal. Es la historia de cómo un país, a lo largo de medio siglo, aprendió que la violencia se puede subcontratar, y cómo esa lección terminó exportándose al mundo.