Función social de la propiedad

La función social de la propiedad es el principio jurídico según el cual el dominio sobre bienes —singularmente sobre la tierra— no confiere a su titular un poder absoluto sino un derecho condicionado por deberes hacia la colectividad. En Colombia entró al ordenamiento con la reforma constitucional de 1936 impulsada por Alfonso López Pumarejo, se consagró en la Ley 200 del mismo año, atravesó el ciclo reformista de 1961, se refundó en la Constitución de 1991 —esta vez acompañada de la función ecológica— y volvió a interpelar al Estado con la Ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras. Cada uno de esos hitos inscribió el principio en la letra del derecho; ninguno alteró de forma sostenida la estructura concentrada de la tenencia rural. La historia del concepto en el país es, por eso, menos una historia doctrinaria que una historia de fuerza: la de un principio invocado en los momentos de crisis de legitimidad para contener la presión campesina, y domesticado poco después por las élites que controlaban el Congreso, la tierra y, en varias coyunturas, las armas.

Del dominio absoluto a un derecho con deberes

Durante el siglo XIX colombiano la propiedad se pensó, en la tradición liberal dominante, como un principio "sagrado e inviolable" consagrado constitucionalmente. La definición que circulaba entre los juristas era la del pandectista alemán Bernhard Windscheid: la propiedad como imperio de la voluntad sobre la totalidad de facultades jurídicas que pueden tenerse sobre una cosa. En el terreno normativo, ese imperio se traducía en un derecho que se ejercía como si fuera universal, exclusivo e irrevocable, apenas limitado por consideraciones de salubridad, urbanismo, conservación ambiental, la expropiación por utilidad pública y las reglas de vecindad.

La consagración era menos técnica que ideológica. Cuando las conclusiones de Pierre-Joseph Proudhon —la propiedad como robo— llegaron a los círculos intelectuales de mediados de siglo, un grupo liberal las rechazó invocando que la Constitución había establecido lo contrario. En 1834, Juan José Nieto había publicado un folleto en esa misma clave. Y en 1879, en su informe a la legislatura de Bolívar, Francisco J. Balmaceda sostuvo que sin propiedad no podía haber sociedad civil, paz duradera, desarrollo de la riqueza pública ni moralidad entre las masas; propuso distribuir gratuitamente tierras públicas y eximir del servicio militar a los cultivadores. La oligarquía ilustrada creía que multiplicar propietarios era la respuesta simultánea al atraso económico y a la inestabilidad política.

Junto a esa corriente hegemónica corrió una veta crítica. Manuel María Madiedo, desde un socialismo filosófico que mezclaba cristianismo e igualitarismo, se opuso a la propiedad territorial como fuente de desigualdad. Manuel Ancízar defendió el reparto de tierras como camino de liberación del indígena y sostuvo que solo la "igualdad de fortunas" podía ser asiento de la verdadera democracia; en ese registro operaron también Manuel Murillo Toro con sus planteamientos agrarios y Rafael Núñez con su explicación teórica de la desamortización. Diego Mendoza Pérez, positivista comtiano, describió por su parte la evolución del régimen territorial colombiano en clave sociológica.

El fin de siglo trajo una revisión minuciosa —histórica y teórica— de los fundamentos del liberalismo clásico. Se cuestionaron el sufragio universal, la capacidad igualitaria de los individuos y, en el terreno económico, la creencia en un equilibrio automático de los mercados. Fue en ese vacío doctrinario donde germinó, en Europa, la noción de función social; y fue esa fórmula la que juristas colombianos importaron a comienzos del siglo XX, presentándola con un pedigrí francés más prestigioso que las teorías locales —como las de Aranda— que ya venían discutiendo, con otras palabras, la necesidad de limitar el dominio y admitir la expropiación por interés social.

La crisis de 1926 y la olla a presión rural

Las ideas no habrían bastado sin un desajuste concreto que las hiciera necesarias. Ese desajuste llegó por una sentencia. En 1926, la Corte Suprema de Justicia estableció que quien pretendiera ser propietario de un predio rural debía exhibir títulos que se remontaran a una concesión de la Corona o de la República. La inscripción en notarías y oficinas de registro dejó de bastar. Muchos terratenientes descubrieron entonces que la cadena de sus títulos se rompía en algún eslabón del siglo XIX, o que nunca había existido. La Corte reiteró el criterio en 1934, y para entonces el problema era ya explosivo.

La sentencia invirtió, sin proponérselo, la carga política en el campo. Campesinos y arrendatarios que hasta entonces habían resistido desde una posición defensiva pasaron a una posición ofensiva: si las tierras de las haciendas eran, jurídicamente, baldíos nacionales mientras no se probara lo contrario, los ocupantes tenían un argumento propio. Ese giro se combinó con la organización sindical, la influencia de agitadores comunistas y una politización urbana que hacía de la protesta campesina uno de sus elementos centrales.

Las cifras del conflicto son elocuentes. En el Sumapaz —Bogotá, Usme, Pandi, Cunday, San Martín, La Uribe— se disputaban 300.000 hectáreas entre herederos de títulos coloniales y colonos convencidos de estar en baldíos. En 1936, 1.800 colonos invadieron predios sobre el río Combeima aprovechando la oscuridad de los títulos. En Cundinamarca, Tolima y Valle, campesinos organizados en ligas ocuparon haciendas no cultivadas y las defendieron por las armas; el caso de Viotá quedó como emblema. El gobierno reconoció oficialmente el problema al menos desde 1933, cuando la Memoria del Ministerio de Industrias de Francisco José Chaux documentó los conflictos de tierras.

Fue en ese cruce —crisis de títulos entre las élites, presión ofensiva desde abajo, revisión doctrinaria del liberalismo— donde la función social encontró su ventana colombiana. El gobierno de Alfonso López Pumarejo, elegido en 1934 con la bandera de la "Revolución en Marcha", la usó.

1936: la consagración ambigua

La reforma constitucional de 1936, contenida en el Acto Legislativo N°1, modificó la parte dogmática de la Constitución de 1886 para consagrar la función social de la propiedad como principio constitucional. Ese mismo año, la Ley 200 desarrolló el mandato en el terreno agrario, y lo hizo con una arquitectura de doble filo que explica buena parte de la historia posterior.

Por un lado, la Ley 200 estableció que los predios rurales no explotados económicamente por sus propietarios revertirían al Estado al cabo de diez años: la llamada extinción de dominio por inexplotación. Y creó una prescripción adquisitiva de cinco años a favor de quien, creyendo de buena fe estar en un baldío, hubiera poseído y explotado un predio privado abandonado por su dueño. En el papel, la ley amenazaba con retirar tierras a los grandes propietarios ociosos y con premiar al colono trabajador.

Por otro lado —y aquí está la clave de bóveda—, la Ley 200 sustituyó la prueba de dominio por títulos coloniales, exigida desde 1926, por el criterio de destinación económica del predio. Un terrateniente que carecía de la cadena documental completa dejaba de estar en riesgo si demostraba que su tierra estaba en explotación. La ley, en esa cláusula, salvó a las élites del pantano jurídico en que la Corte las había metido. Estableció además ciertas trabas al lanzamiento de colonos ocupantes, pero el balance neto fue inequívoco: los grandes propietarios quedaron con sus títulos blindados, y los campesinos, sin organizaciones durables que sostuvieran la presión, no consiguieron que el gobierno respondiera favorablemente a sus intereses como clase.

Los efectos prácticos completaron la paradoja. La cláusula de extinción de dominio por inexplotación nunca se aplicó de manera efectiva. Temerosos de que arrendatarios y aparceros invocaran la prescripción adquisitiva, los terratenientes los expulsaron masivamente de sus haciendas: una ley que no pretendía modificar su situación terminó perjudicándolos. Y como el decreto reglamentario admitió que una cabeza de ganado mayor por hectárea en tierras de buena calidad acreditaba explotación económica, la ganadería extensiva se expandió como forma barata de "ocupación económica del suelo": la manera más eficaz de cumplir la función social era, en la práctica, subutilizar la tierra con pastos.

La Ley 200 nunca pretendió eliminar a los terratenientes como clase ni transformar sustancialmente la situación de colonos y arrendatarios. Pretendía presionar a los propietarios para modernizar la producción agropecuaria, y consiguió calmar temporalmente el malestar rural. Fue, en ese sentido, una válvula. La función social entró al ordenamiento como principio constitucional; su desarrollo agrario funcionó, desde el primer día, como instrumento de modernización capitalista del latifundio antes que como palanca de redistribución.

1961: la reforma domesticada

Veinticinco años después, el Frente Nacional heredó el problema. La Ley 135 de 1961, impulsada bajo la presidencia de Alberto Lleras Camargo y con Carlos Lleras Restrepo como su principal arquitecto político, creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria —el INCORA— con un mandato amplio: comprar y adjudicar tierras, promover la colonización, clarificar la situación jurídica del suelo rural y aplicar la extinción de dominio sobre predios inexplotados. Sobre el papel, la Ley 135 era la maquinaria que la Ley 200 nunca había tenido.

Sobre el papel. El proyecto original llegó al Congreso con instrumentos redistributivos vigorosos; salió mutilado. Las élites terratenientes, con representación directa en el Legislativo, eliminaron o restringieron las herramientas más incisivas antes de la aprobación. La ley promulgada era ya una versión moderada de sí misma.

La ejecución completó la domesticación. En lugar de redistribuir tierras fértiles dentro de la frontera agrícola —que habría exigido enfrentar a los grandes propietarios en el Valle del Cauca, la Costa Atlántica o la sabana de Bogotá—, el INCORA concentró su acción en la colonización dirigida hacia afuera: piedemonte oriental, Magdalena Medio, altillanura de Meta y Vichada, sur de Córdoba, Urabá. La reforma se convirtió en un programa de poblamiento de fronteras que no perturbaba la tenencia existente. Los datos que compiló Absalón Machado son concluyentes: entre 1960 y 1970, la concentración aumentó en lugar de reducirse. Las explotaciones menores de 10 hectáreas disminuyeron en número y superficie; las mayores de 50 crecieron en ambas dimensiones, y ese estrato fue el de mayor expansión.

La presión desde abajo intentó forzar la máquina. En 1967, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo expidió el Decreto 755 y organizó a los campesinos en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos —la ANUC—, concebida como base social de la reforma agraria y como interlocutor frente a los servicios agropecuarios estatales. Para 1970, la ANUC contaba con cerca de 845.000 usuarios inscritos: un aparato de movilización sin precedentes. Fue la conjunción de esa presión organizada, del respaldo político de Lleras y de las expectativas acumuladas la que hizo posible la Ley 1 de 1968, orientada a fortalecer los derechos de aparceros y arrendatarios.

Pero la fuerza tenía otra dirección. El 9 de enero de 1972, en Chicoral, Tolima, se firmó un pacto entre representantes de los partidos tradicionales, el gobierno y los gremios terratenientes que congeló la reforma. Los acuerdos se materializaron en un paquete legislativo: la Ley 4 de 1973 elevó a 160 hectáreas la barrera contra la afectación por reforma agraria e introdujo nuevos criterios que hicieron más difícil clasificar un predio como inadecuadamente explotado; la Ley 5 del mismo año orientó el gasto público al fomento sectorial; la Ley 6 de 1975 reguló los contratos de aparcería de un modo que eliminó la vía —abierta por la Ley 200 de 1936 y por la Ley 1 de 1968— de que el aparcero o arrendatario adquiriera la propiedad tras diez años de trabajo continuo. En tres años, el arsenal jurídico redistributivo quedó desmontado.

El efecto agregado del ciclo Chicoral fue triple: la concentración de la tierra en las zonas agrícolas centrales quedó intacta; los campesinos fueron desplazados hacia la colonización periférica informal, hacia los barrios subnormales de las ciudades o hacia el confinamiento en parcelas de pancoger; y la ANUC, sin la reforma que le daba sentido, se fragmentó. La función social, principio constitucional desde 1936, siguió allí. Nada de lo que ocurrió en los años setenta la aplicó.

Los baldíos: la otra historia de la concentración

Mientras la reforma agraria se domesticaba en el centro, en la periferia se desplegaba, con lógica propia, la política de baldíos. Y allí la historia es todavía más elocuente sobre los límites de la función social como principio operativo.

Entre 1902 y 1953 se adjudicó apenas el 6% del área total de baldíos entregados en todo el período 1902-2012; el 94% restante se adjudicó entre 1954 y 2012, aunque la colonización había comenzado desde mediados del siglo XIX. Lo relevante no es solo el ritmo, sino a quién. La Ley 51 de 1874, pensada para reglamentar la adjudicación a cultivadores, terminó favoreciendo a los latifundistas y dejando a los pequeños ocupantes en la condición de meros poseedores. El patrón se repitió con variaciones a lo largo de un siglo.

El Caquetá es el caso ilustrativo. En la primera mitad del siglo XX, la política estatal de adjudicación de baldíos respondió al fomento del poblamiento para defender fronteras —especialmente tras la guerra con el Perú de 1932-1933— más que a un propósito redistributivo. El resultado, medido en superficies asignadas, es aritméticamente inequívoco: las adjudicaciones en los rangos de 501 a 1.000 hectáreas y de 1.001 a 2.500 hectáreas controlaban el 93,10% de la superficie asignada y representaban apenas el 26% del total de adjudicaciones; los predios de pequeña propiedad eran el 69,57% de las adjudicaciones pero controlaban solo el 4,21% de la superficie. La frontera de colonización, que en la retórica pública era el laboratorio de una nueva propiedad campesina, funcionaba como fábrica de latifundios.

A esa política se sumó, desde los años setenta, una violencia sistemática. Grandes tenedores de tierra en el Caquetá, mediante intimidación y acaparamiento, expulsaron a colonos recién llegados y concentraron extensiones enormes en ganadería extensiva. En la Costa Atlántica, terratenientes armaron "pájaros" —matones a sueldo— para disparar contra campesinos que reclamaban tierras. En el Valle del Cauca, el despojo se entrelazó con estructuras del narcotráfico, en un proceso más amplio de reconfiguración territorial. Los mecanismos del bloqueo redistributivo, que en el Congreso operaban por vía legislativa, en el campo operaban por vía armada.

Ya en los años treinta el Ministerio de Industrias había expresado su decepción con la parcelación como táctica: en 1934 y 1935, funcionarios reconocieron que servía solo para remediar problemas puntuales, no como política general para la cuestión agraria. Cuarenta años más tarde, la observación seguía siendo exacta.

1991: la función ecológica y los nuevos sujetos

La Constitución de 1991 refundó el principio en un contexto radicalmente distinto. La Asamblea Constituyente, presidida en su tríada por Antonio Navarro Wolff, Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa, reunió a fuerzas que habían estado fuera del pacto del Frente Nacional —el M-19 desmovilizado, el movimiento indígena, sectores evangélicos, exguerrilleros del EPL— y produjo un texto largo, ambicioso, cargado de derechos sociales. La función social de la propiedad no solo se ratificó: se amplió con la función ecológica y se acompañó del mandato explícito de promover el acceso a la propiedad de la tierra como vía para consolidar la paz, la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de los pobladores del campo.

La novedad decisiva fue el reconocimiento de nuevos sujetos territoriales. El artículo transitorio 55 ordenó al Congreso expedir, en un plazo de dos años, una ley que reconociera a las comunidades negras que ocupaban tierras baldías en zonas rurales ribereñas de la Cuenca del Pacífico el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que la propia ley demarcaría. Ese mandato se cumplió con la Ley 70 de 1993, reglamentada por el Decreto 1745 de 1995. Las comunidades afrodescendientes obtuvieron la posibilidad de titular colectivamente sus territorios ancestrales y de organizarse en consejos comunitarios —autoridades administrativas propias— para gestionarlos conforme a sus prácticas culturales y formas de producción tradicionales.

Para los pueblos indígenas, la Constitución consolidó el reconocimiento de resguardos como propiedad colectiva y estableció, con desarrollo posterior de la Corte Constitucional, la obligación de consulta previa. La jurisprudencia fue más lejos: cuando se trata de grandes proyectos de inversión o de la explotación de recursos naturales en territorios tradicionalmente habitados, la Corte exigió no solo consulta sino consentimiento libre, previo, informado y conforme a las costumbres de las comunidades.

Bajo la Constitución, la función social dejó de ser un principio agrario para convertirse en un principio pluridimensional: obligaba al titular privado, pero también condicionaba la relación del Estado con territorios colectivos étnicos, la explotación de recursos naturales, la planificación urbana y la protección ambiental. La función ecológica introdujo, por primera vez en el ordenamiento colombiano, la idea de que la propiedad tiene deberes no solo hacia la colectividad presente sino hacia los ecosistemas y las generaciones futuras.

La Corte Constitucional como intérprete

El texto de 1991 se convirtió en principio operante gracias a dos innovaciones institucionales que se reforzaron mutuamente: la Corte Constitucional y la acción de tutela. La creación de la Corte respondió, entre otras razones, a la necesidad de contrapesos institucionales tras un régimen que entre 1958 y 1990 había pasado más del 80% del tiempo bajo alguna forma de estado de sitio. Su desarrollo posterior desbordó ese mandato inicial.

Buena parte del contenido vivo de la Constitución no vino de las casi cuarenta reformas que el texto ha recibido desde 1991, sino de la jurisprudencia. La Corte definió el alcance de la función social en decisiones que abarcaron desde el derecho a la vivienda digna hasta la protección de territorios colectivos, pasando por los deberes ambientales del propietario y las obligaciones estatales frente al campesinado. Magistrados como Ciro Angarita Barón en los primeros años sentaron un estilo interpretativo que hizo del texto constitucional un instrumento activo.

La ausencia de un Estado de bienestar que aplicara administrativamente los derechos reconocidos volvió a los ciudadanos dependientes del litigio: el acceso a la salud, a la pensión, a la vivienda, y también a la tierra, pasó por los estrados. La tutela se convirtió en el instrumento cotidiano de esa relación, y la Corte, en una de las instituciones de mayor confianza pública del país. No todas sus decisiones fueron redistributivas: protegió con firmeza la autonomía del Banco de la República en política cambiaria y bloqueó intentos del Congreso de fijar criterios para refinanciar deudas de caficultores y empresarios. Pero en materia territorial, y singularmente frente a comunidades étnicas, la Corte fue el actor que dio densidad efectiva al principio de función social.

2011: restitución sin acuerdo de paz

El giro más reciente llegó desde otro flanco. El conflicto armado interno, en su ciclo de expansión paramilitar entre finales de los años noventa y mediados de los dos mil, produjo un despojo de tierras de dimensiones sin precedentes. Comunidades enteras fueron desplazadas, títulos falsificados, predios acumulados por testaferros del narcotráfico y de estructuras armadas. El principio de función social, entendido en su versión clásica, se enfrentaba a un problema para el que no había sido pensado: no cómo obligar al propietario ocioso a producir, sino cómo devolver la tierra a quien había sido violentamente despojado de ella.

La Ley 1448 de 2011, promulgada bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, ensayó una respuesta. Reconoció formalmente el despojo perpetrado por guerrillas, paramilitares y bandas criminales, creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas —encargada del registro de tierras despojadas y abandonadas, de la recepción de reclamaciones y de la administración del Fondo de Restitución— y estableció un procedimiento judicial especial para restituir predios a las víctimas.

El diseño tuvo rasgos singulares. Se implementó antes de la firma de un acuerdo de paz, en contravía del patrón habitual —el caso sudafricano suele mencionarse como referencia— en el que la restitución sigue al acuerdo. Fue, en ese sentido, una apuesta política de largo aliento: reparar mientras la guerra continuaba. Pero también tuvo restricciones. La cobertura temporal para la restitución se fijó entre el 1º de enero de 1991 y la vigencia de la ley, con lo que quedaron fuera despojos anteriores; para la reparación administrativa el corte se estableció en 1985. Se excluyó a miembros de grupos armados al margen de la ley y a integrantes de la Policía y el Ejército como víctimas directas.

Y una cláusula específica limitó el derecho a la restitución en un punto sensible: cuando en los predios reclamados existían inversiones empresariales, la ley previó la imposición de contratos de uso que amparaban esas inversiones y los derechos adquiridos por las empresas. En la práctica, la disposición permitió que en varios casos la tierra volviera al titular original pero condicionada a que continuara la explotación empresarial que se había instalado durante el despojo, perpetuando de manera legal situaciones nacidas de la violencia. La función social, en ese pliegue, terminó sirviendo para consolidar el uso agroindustrial del suelo antes que para restaurar la relación del campesino desplazado con su tierra.

La aplicación en territorios colectivos étnicos avanzó lentamente. En el Putumayo, hasta enero de 2014, no se había proferido una sola sentencia de restitución en territorios de comunidades indígenas o afrodescendientes, pese a que las solicitudes se habían presentado desde el año anterior. El déficit de titulación colonial de resguardos indígenas —que la Constitución de 1991 mandaba clarificar y que nunca se cumplió— siguió operando como obstáculo silencioso. Durante el mismo gobierno Santos se propuso una comisión para el esclarecimiento de esos títulos, ligada al Plan de Desarrollo, como sustituto de la consulta previa; su resultado no fue el esperado.

Un principio, tres derrotas parciales

La trayectoria del concepto en Colombia dibuja un patrón. En cada crisis de legitimidad del régimen —el desajuste de títulos y la protesta agraria de los años treinta, la modernización postergada del Frente Nacional, el vaciamiento del pacto bipartidista a fines de los ochenta, el despojo masivo del conflicto armado— la función social fue reactivada como instrumento normativo. Cada reactivación produjo textos ambiciosos: la Ley 200 de 1936, la Ley 135 de 1961, la Constitución de 1991, la Ley 1448 de 2011. Y cada texto fue seguido de un ciclo de neutralización política que preservó, cuando no agravó, la concentración de la tierra.

Los mecanismos del bloqueo se repitieron con variaciones. La representación directa de los grandes propietarios en el Congreso —visible en la mutilación del proyecto de Ley 135 antes de su aprobación, en el Pacto de Chicoral, en la Ley 4 de 1973— fue el más constante. La captura de la administración —el INCORA canalizando su acción hacia la colonización de fronteras en lugar de la redistribución en el interior— fue el complemento burocrático. La violencia contra campesinos organizados, desde los pájaros de la Costa Atlántica hasta el paramilitarismo de los años noventa, fue el mecanismo extremo. Y el diseño mismo de las leyes —la sustitución de la prueba de dominio por destinación económica en 1936, la definición generosa de "explotación" que hizo de la ganadería extensiva la vía barata para cumplir el requisito, los contratos de uso de la Ley 1448— incorporó desde el origen las salidas de las que se serviría la neutralización posterior.

Y sin embargo, sería incompleto leer esa historia como un simple bloqueo estructural. Cada uno de los momentos reformistas fue producto de una presión social real que no habría existido sin movilización organizada: los colonos del Sumapaz y las ligas campesinas de Cundinamarca y Tolima empujaron la Ley 200; la ANUC con sus 845.000 usuarios inscritos empujó las leyes de 1968; el movimiento indígena, la ANUC en su ala más radicalizada y las comunidades afrodescendientes empujaron la Constitución de 1991 y arrancaron el artículo transitorio 55 que produjo la Ley 70 de 1993; las organizaciones de víctimas y de desplazados empujaron la Ley 1448. Cada consagración normativa, aun domesticada, alteró el terreno jurídico y abrió fisuras que actores subalternos usaron. La sentencia de 1926, sin ir más lejos, fue un accidente favorable a los colonos que la Ley 200 apenas consiguió contener.

El principio, entonces, funciona como registro acumulativo. La función social de la propiedad no transformó la estructura agraria colombiana, pero la nombró, le puso vocabulario, produjo instituciones —el INCORA, la Unidad de Restitución, los consejos comunitarios de la Ley 70— y creó un lenguaje al que sucesivas generaciones de campesinos, indígenas, afrodescendientes y desplazados han podido apelar. Que la letra del artículo constitucional no baste para redistribuir la tierra es una lección repetida desde 1936. Que la letra exista, y que haya sido inscrita en momentos de crisis por la presión de quienes no tenían tierra, es la otra parte de la historia.

La disputa sigue abierta. Las 300.000 hectáreas del Sumapaz que en 1936 se disputaban entre herederos coloniales y colonos son hoy, en buena parte, parque nacional y territorio de organizaciones campesinas. Los 845.000 usuarios de la ANUC son la memoria organizativa de un campesinado que reapareció en los paros agrarios del siglo XXI. Los consejos comunitarios del Pacífico administran millones de hectáreas tituladas colectivamente. Y la Unidad de Restitución de Tierras acumula, sentencia a sentencia, un archivo del despojo que la sociedad colombiana no había construido antes. La función social de la propiedad, en Colombia, no es una definición: es el nombre de un pleito de un siglo que no ha terminado.