Auge y radicalización de la ANUC: Mandato Campesino y recuperaciones de tierras (1970–1972)

Auge y radicalización de la ANUC (1970–1972)

En el arco breve que va del Primer Congreso Nacional de julio de 1970 al Pacto de Chicoral de enero de 1972, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos protagonizó la mayor movilización rural del siglo XX colombiano. Nacida por decreto tres años antes como instrumento de una reforma agraria oficial, la ANUC llegó a reunir cerca de un millón de afiliados, aprobó en Fúquene un programa que exigía la expropiación de los latifundios sin indemnización y sostuvo, sobre todo en la Costa Atlántica, una oleada de recuperaciones de tierras que adelantó por la vía de hecho lo que el INCORA no lograba ejecutar por la ley. Fue el instante en que el campesinado colombiano dejó de ser objeto de política pública para constituirse en sujeto político con programa propio. Duró poco: la reacción latifundista, sellada en Chicoral y traducida en la Ley 4.ª de 1973, bloqueó legislativamente cualquier redistribución y precipitó la escisión entre las líneas Sincelejo y Armenia, que dejó a la organización partida en dos.

El agro colombiano hacia 1970: concentración creciente y reforma bloqueada

La ANUC no brotó en un campo estable, sino en uno cuya estructura de propiedad se había vuelto más desigual justamente en la década en que se pretendía reformarla. Entre 1960 y 1970, a pesar de la Ley 135 de 1961 y del aparato institucional creado alrededor del INCORA, la concentración de la tierra aumentó. En el momento del Primer Congreso, casi tres cuartas partes de las explotaciones del país —el 73,1%, todas menores de diez hectáreas— apenas ocupaban el 7,2% de la superficie agrícola, mientras que en el otro extremo un 0,7% de fincas mayores de quinientas hectáreas concentraba el 40,9%. Los minifundios habían perdido superficie neta durante la década; las grandes explotaciones absorbían buena parte del crecimiento de la frontera agrícola.

La Ley 135 no contenía un mecanismo eficaz de distribución. El INCORA carecía de capacidad para responder a la demanda de tierra y, cuando actuaba, lo hacía sobre baldíos, no sobre latifundio. En 1971 se distribuyó menos del 1% de las tierras teóricamente sujetas a expropiación, y la mayoría eran baldíos. La razón era jurídica y política: los términos para calificar una tierra como expropiable eran tan ambiguos que el propio Ministerio de Agricultura tenía dificultades para determinar qué podía tocarse, y el Estado había cedido a la presión de terratenientes y gremios empresariales para excluir las mejores tierras del latifundio. La reforma, en la práctica, se ejercía en la periferia sobre suelos vacíos, no en el corazón agrícola sobre suelos ocupados.

Este bloqueo institucional se cruzó con una transformación capitalista acelerada del campo. En ocho departamentos del centro y suroccidente, un incremento de sesenta y siete mil cabezas de ganado entre 1960 y 1970 correspondió a la incorporación de ciento cinco mil hectáreas a los pastos: el latifundio ganadero avanzaba sobre suelos antes cultivados. En la Costa Atlántica, la mecanización arrocera y algodonera posterior a 1960 desplazó a miles de pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El conflicto tuvo así una geografía específica: en 1971, cerca del 76,9% de las disputas de tierras se concentraba en los latifundios de la costa atlántica, los valles interandinos y los Llanos Orientales, precisamente donde el capitalismo agrario avanzaba con mayor intensidad. Sobre ese mapa libró la ANUC su lucha.

Una organización creada desde el Estado

La ANUC fue creada mediante el Decreto 755 del 2 de mayo de 1967, complementado por la Resolución 061 del mismo mes, que instauró la División de Organización Campesina en el Ministerio de Agricultura. El gobierno de Carlos Lleras Restrepo la concibió como base de apoyo a su programa de reforma agraria, enfrentado a un Congreso hostil y a gremios empresariales resistentes, y también como dique frente al ascenso de los movimientos insurgentes y al populismo agrario de la ANAPO. La organización recibió apoyo financiero estatal, personería jurídica para sus asociaciones municipales y un aparato de promotores oficiales encargados de multiplicarla en el territorio.

El resultado, en escala numérica, fue extraordinario. La puesta en marcha operativa se produjo hacia agosto de 1969; hacia mediados de ese año la ANUC contaba ya con setecientos mil campesinos afiliados y más de quinientos sesenta mil usuarios organizados con personería jurídica. En julio de 1970, cuando se constituyó formalmente como organización nacional durante su Primer Congreso, agrupaba entre ochocientos cuarenta y cinco mil y cerca de un millón de afiliados. Ninguna organización campesina colombiana había alcanzado nunca esa escala.

El carácter de la ANUC fue desde el origen dual, casi anfibio: iniciativa estatal, pensada para respaldar la política oficial, y a la vez movimiento con dinámica organizativa propia, arraigado en veredas y municipios de todo el país. Esa ambigüedad constitutiva —creatura del Estado y expresión del campesinado— explica en parte por qué, cuando el Estado cambió de rumbo con el gobierno siguiente, la organización pudo darse la vuelta y usar contra él las estructuras que él mismo le había dado.

El cambio fue inmediato. El Primer Congreso se realizó en julio de 1970, en el último mes del mandato de Lleras Restrepo. Semanas después asumió Misael Pastrana Borrero, cuyo gobierno reviró la política agraria: revirtió disposiciones lleristas, persiguió y encarceló a dirigentes campesinos y reanudó la desposesión de minifundistas y colonos. El apoyo financiero estatal a la ANUC se suspendió. El campesinado, organizado hasta los tuétanos por el Estado, quedó de golpe sin el Estado.

Consignas, cuotas y una identidad propia: el Primer Congreso

En Bogotá, en julio de 1970, la ANUC debatió las dos consignas que habrían de acompañarla: Tierra para quien la trabaja y Tierra sin patrones. La primera enmarcaba una reforma agraria redistributiva dentro del capitalismo; la segunda apuntaba al horizonte de una transformación más profunda de las relaciones de producción. El Comité Ejecutivo las concilió atribuyendo a la primera el estatuto de objetivo inmediato y a la segunda el de meta de largo plazo. Con esa fórmula, sectores que se movían a velocidades políticas distintas caminaron juntos por un tiempo.

Frente a la suspensión del apoyo estatal, el Congreso aprobó cuotas modestas de afiliación para sostener la estructura. Fue una decisión emblemática: la ANUC intentaba financiarse desde abajo, dejar de depender del Ministerio. Muchos usuarios, sin embargo, no llegaron a cumplir con las cuotas, lo que anticipó las dificultades materiales de una autonomía recién declarada. La organización estaba aprendiendo, sobre la marcha, a existir sin la matriz que la había parido.

El Mandato Campesino: la ruptura programática

Entre 1970 y 1971 la ANUC recorrió un trayecto acelerado de radicalización política. A mediados de 1971 se celebró en Villa del Rosario de Cúcuta un Encuentro Nacional Campesino que fijó posiciones cada vez más incompatibles con la política oficial. La decantación programática llegó en agosto de 1971, cuando la Junta Directiva, reunida en Fúquene, aprobó el Mandato Campesino.

El documento fue una declaración de guerra al reformismo tibio. La ANUC rechazó los programas de colonización del INCORA como sustituto de la reforma agraria: colonizar baldíos periféricos, sostenía la organización, no era redistribuir; era desplazar el problema hacia las selvas y las cordilleras, dejando intactos los latifundios centrales. Exigió que los latifundios fueran expropiados sin indemnización alguna, y que el gobierno reconociera la expropiación —no la compra, no la negociación voluntaria— como el único modo legítimo de adquirir tierras para la reforma. Pidió la reducción del plazo que la ley exigía para que las tierras incultas en manos privadas revirtieran al dominio del Estado y pudieran entregarse a campesinos sin tierra.

El Mandato es el punto de ruptura. Un movimiento creado por el Estado para respaldar una reforma tutelada exigía ahora una reforma que el propio Estado, incluso en su versión llerista, nunca había estado dispuesto a ejecutar. La consigna dejaba de ser Tierra para quien la trabaja como aspiración; se convertía en la exigencia concreta de un mecanismo jurídico que despojara al latifundio sin compensarlo. La ANUC dejó de ser correa de transmisión y pasó a ser adversario programático de la política agraria oficial.

Recuperar la tierra: la reforma agraria de hecho

El Mandato no fue una declaración retórica. La ANUC lo tradujo en un método: la recuperación de tierras. En febrero de 1971 comenzó una oleada de ocupaciones de haciendas que, entre ese año y el siguiente, se extendió por buena parte del país y alcanzó su mayor densidad en la Costa Atlántica. En Sucre, Córdoba, Bolívar, Cesar y Magdalena las tomas se sucedieron con una intensidad sin precedentes, y fue Sucre el escenario de las acciones más radicales.

El método era organizado, no espontáneo. En el suroeste de Antioquia —Tarso, Salgar, Andes, Pueblorrico— las tomas se realizaban de noche: los campesinos se organizaban colectivamente para sembrar plátano, levantar casas y establecer una presencia física en la hacienda antes del amanecer. Existían redes intermunicipales de solidaridad que movilizaban campesinos de veredas vecinas para apoyar cada toma. La preparación era minuciosa: identificación previa de familias sin tierra en las veredas, catastro informal de fincas ociosas, asesoría jurídica proporcionada por abogados solidarios. La ANUC había construido, en la práctica, una infraestructura de acción colectiva capaz de coordinar cientos de acciones sin dirección centralizada.

La geografía del conflicto no era fortuita. En las sabanas de Sucre y Córdoba, el latifundio ganadero era un proceso antiguo cuyas raíces se remontaban a los años veinte, cuando grandes haciendas tabacaleras y ganaderas habían absorbido a campesinos e indígenas como terrajeros y arrendatarios. La disrupción de esas viejas relaciones de producción a finales de los años sesenta —empujada por la modernización capitalista y la mecanización— dejó a miles de familias sin el suelo del que dependían. Los invasores de 1971 y 1972 fueron, en muchos casos, colonos expulsados, arrendatarios despedidos y jornaleros desplazados por las plantaciones de arroz y algodón. Recuperaban lo que sentían suyo por trabajo y por historia.

Los Montes de María fueron uno de los principales escenarios de esas luchas. En Sucre, la presión organizativa logró que varias haciendas fueran vendidas voluntariamente al INCORA: Almagra en Ovejas, El Carmen y El Diamante en San Pedro, y otras en Toluviejo y San Onofre. La ANUC forzaba, por la vía de la ocupación sostenida, lo que la ley había vuelto imposible por la vía burocrática.

La respuesta estatal fue represiva. El gobierno de Pastrana calificó las tomas de febrero de 1971 como un "intento coordinado de perturbación del orden público". Las fuerzas del orden respondieron con balaceras, detenciones, desalojos y gases lacrimógenos. En haciendas como La Mula, la represión incluyó balaceras y encarcelamientos; los campesinos fueron expulsados y, cuando finalmente se llegó a algún arreglo, se les entregó un comodato precario en lugar de una adjudicación directa. Las mujeres campesinas participaron activamente enfrentándose a la Policía y al Ejército.

Con el tiempo, muchas de las tomas exitosas cristalizaron en empresas comunitarias, figura organizativa que el INCORA venía desarrollando desde 1968. Para 1973 existían en el país cerca de ochocientas cincuenta empresas comunitarias o mixtas sobre unas doscientas siete mil hectáreas, de las cuales cerca de dos quintas partes se concentraban en apenas cinco departamentos del Caribe —Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre—, con ochenta y un mil ciento sesenta y dos hectáreas. Ese peso territorial dibuja el mapa de la victoria parcial de la ANUC: donde hubo movilización sostenida, hubo tierra recuperada.

La radicalización tuvo intérpretes rurales concretos. Entre los dirigentes que dieron rostro al proceso figuran Jesús Antonio Pérez, Froilán Rivera y Felicísimo Sarmiento. En otro registro, el trabajo intelectual acompañó la lucha: Orlando Fals Borda desarrolló su investigación-acción participativa en el Caribe colombiano entre 1972 y 1974, precisamente en las regiones —Sucre en particular— donde el movimiento contaba con vanguardias más decididas.

La contraofensiva latifundista: el Pacto de Chicoral

La radicalización campesina no podía ser tolerada por la coalición de intereses que dominaba el país. En los primeros días de 1972, en el municipio de Chicoral, Tolima, se reunieron dirigentes de los partidos liberal y conservador junto con representantes de los gremios agropecuarios y grandes propietarios de tierras. El 9 de enero se firmó el Pacto de Chicoral, un acuerdo bipartidista con participación empresarial que decidió modificar la legislación agraria en dirección opuesta a las exigencias de la ANUC. Entre sus firmantes se encontraban el ministro conservador Hernán Jaramillo Ocampo y el dirigente liberal Indalecio Liévano Aguirre, además de parlamentarios y connotados terratenientes.

El pacto fue explícitamente convocado como respuesta a la movilización: el Mandato Campesino, los debates en el Congreso de la República durante septiembre y noviembre de 1971 y la oleada de recuperaciones habían llevado a las élites agrarias y políticas a la conclusión de que era necesario cerrar por ley la posibilidad misma de una reforma redistributiva. La estrategia fue quirúrgica: en lugar de derogar la Ley 135 —lo que habría sido políticamente costoso—, se modificaron los mecanismos jurídicos que habrían podido activarla.

El resultado legislativo fue la Ley 4.ª de 1973. Su disposición central fue una redefinición del concepto de baldío que blindó jurídicamente el latifundio: se presumía que no eran baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares. Esa inversión de la carga de la prueba bloqueaba la posibilidad de expropiar tierras cuya titularidad efectiva era dudosa, y dificultaba enormemente la acción del INCORA sobre latifundios de origen incierto. La ley redujo además los requisitos para calificar una tierra como "explotada": bastaba una explotación mínima o formal para escapar a la expropiación. La reforma agraria quedaba viva en el papel y muerta en la práctica.

Un exfuncionario del período calificaría el acuerdo como un "reversazo" que anulaba la política de equidad en el campo impulsada bajo Lleras Restrepo. Chicoral no fue una modificación técnica de la reforma agraria, sino su desmonte deliberado en respuesta a una movilización que la había tomado en serio.

Los efectos se dejaron sentir de inmediato y a largo plazo. La concentración de la tierra en las zonas agrícolas centrales quedó intacta. Los campesinos que no habían logrado consolidar recuperaciones fueron empujados hacia la colonización periférica —selvas, piedemontes, tierras marginales—, hacia los barrios informales de las ciudades o hacia parcelas de pancoger insuficientes para reproducir una economía familiar. El proceso de colonización expansiva sobre la frontera agrícola trajo daño ecológico, ocupación desordenada del territorio y las condiciones sociales que, en el mediano plazo, se vincularían al posterior crecimiento de economías ilegales, incluido el narcotráfico. La política de vivienda urbana promovida simultáneamente por el gobierno Pastrana absorbió parte del excedente demográfico rural en las ciudades.

Los años posteriores confirmaron el bloqueo. La cuestión agraria, que había ocupado el centro de la política durante casi una década, desapareció de la agenda pública durante la segunda mitad de los años setenta y toda la década siguiente. Una congelación del proceso reformista, resultado directo del cierre legislativo pactado en Chicoral.

Las "Cuatro Estrategias": urbanización en lugar de reforma agraria

El Pacto de Chicoral se inscribía en un giro más amplio de la política de desarrollo del país. En 1971, el economista Lauchlin Currie —autor años antes de la propuesta conocida como Operación Colombia— diseñó para el gobierno Pastrana el Plan de Desarrollo Las Cuatro Estrategias, que otorgaba a la construcción de vivienda urbana el papel de sector líder de la economía, rompiendo con el enfoque cepalino y con la impronta de la Alianza para el Progreso de los gobiernos anteriores. La urbanización debía absorber la mano de obra rural excedente: si el destino del campesino era ser obrero urbano, no había necesidad de darle tierra. Donde antes se prometía tierra, ahora se prometía techo. Chicoral y las Cuatro Estrategias convergían, por vías distintas, en un mismo resultado: liberar al orden agrario tradicional de la presión reformista.

La escisión: Sincelejo y Armenia

Sin financiación estatal, con sus dirigentes perseguidos, con el marco legal cerrándose sobre ella y con miles de campesinos que habían participado en tomas sujetos a represión, la ANUC entró en crisis. El gobierno Pastrana no se limitó a la contraofensiva legislativa; promovió activamente la fractura de la organización. Funcionarios leales al gobierno —entre ellos Leonel Aguirre y Carlos Rico—, que permanecían en las juntas directivas del INCORA y del INDERENA, fueron utilizados por el Ministerio de Agricultura para promover el paralelismo desde adentro.

Así surgió la ANUC-Línea Armenia, facción oficialista alineada con la política gubernamental, frente a la ANUC-Línea Sincelejo, que reunía a la mayoría de los usuarios campesinos y defendía la orientación autónoma y radical consagrada en el Mandato. En el Valle del Cauca la división tuvo expresión regional: cada línea desarrolló su propio trabajo organizativo por separado. En Sucre y Córdoba la ANUC mantuvo estructuras significativas, con predominio del sector radical.

Las cifras del descalabro son elocuentes. Tras la escisión, la Línea Sincelejo quedó con unos trescientos mil afiliados; la Línea Armenia, con apenas diez mil. Entre uno y otro momento, cerca de quinientos mil campesinos abandonaron las filas de la organización. La ANUC que había reunido a casi un millón de personas se quedó, en su tendencia mayoritaria, con menos de un tercio. El resto se dispersó: desilusión, cansancio, temor a la represión, dificultades materiales para sostener la militancia sin apoyo financiero.

La fractura no fue solo obra del gobierno. Al interior de la Línea Sincelejo se libró una pugna intensa entre organizaciones armadas de izquierda —FARC, EPL, ELN— y el Partido Comunista, que buscaban cooptar el movimiento e incorporarlo a sus propias estrategias. En un episodio recogido por dirigentes campesinos, la presentación de una plataforma en Tomala generó escándalo no por su contenido sino por la disputa abierta entre esas organizaciones por controlar la ANUC. El resultado fue el debilitamiento adicional de una estructura ya golpeada desde afuera. La organización quedó apretada por una doble pinza: presión externa del gobierno y de los latifundistas, e implosión interna por la competencia entre corrientes revolucionarias.

El contraste con la trayectoria política del período es revelador. Mientras la lucha guerrillera atravesaba una fase marginal, la izquierda logró, a través del movimiento campesino y de la competencia electoral, una presencia significativa en el mapa institucional local: el Partido Comunista contaba en 1972 con ciento veinte concejales y nueve diputados, y en 1976 con ciento setenta y nueve concejales y doce diputados. Buena parte de esa presencia se apoyaba en la base social construida por la ANUC. La organización campesina había abierto, incluso en su declive, un espacio político que otras formas de acción no habrían logrado abrir.

La respuesta del Estado a la radicalización combinó, además, un giro contrainsurgente que rebasaba la coyuntura de la ANUC. Las fuerzas militares, apoyadas en el marco legal inspirado en la Doctrina de Seguridad Nacional, comenzaron a crear estructuras de civiles armados —las Juntas de Autodefensa— cuyo potencial represivo se desplegaría plenamente en los años ochenta. La radicalización campesina fue leída, en clave militar, como amenaza al orden público, y el tratamiento del conflicto se militarizó progresivamente.

Lo que quedó, lo que perdimos

En dos años y medio, entre el Primer Congreso de julio de 1970 y la Ley 4.ª de febrero de 1973, la ANUC recorrió el arco completo de un movimiento social: constitución, radicalización, victoria territorial parcial, contraofensiva del adversario, escisión, declive. En ese arco se concentró la mayor movilización campesina del siglo XX colombiano, y también su derrota más elocuente.

Esa derrota no obedeció a la incapacidad del movimiento. La ANUC se organizó a escala nacional, articuló un programa preciso, desarrolló una metodología de acción directa, sostuvo una red territorial de solidaridad y logró recuperaciones concretas de tierra en las regiones donde su presencia fue más densa. El Mandato Campesino de agosto de 1971 fue, en términos programáticos, uno de los documentos más avanzados producidos por un movimiento social colombiano: no pedía negociación, exigía expropiación; no pedía tutela, reclamaba autonomía; no pedía colonización periférica, exigía redistribución central.

Lo que la ANUC no pudo hacer fue romper el techo estructural que la contenía. Ese techo estaba hecho de una alianza de terratenientes, gremios empresariales y partidos tradicionales que, cuando la presión campesina se volvió intolerable, tuvo capacidad para cerrar por ley la posibilidad misma de la reforma. La coalición de Chicoral fue, en el orden agrario, lo que muchos pactos bipartidistas fueron en la política colombiana del siglo XX: un acuerdo entre las cúpulas para conjurar por arriba una presión que venía de abajo.

De aquellos años queda, antes que nada, una herencia material: cerca de doscientas mil hectáreas que pasaron a manos campesinas mediante empresas comunitarias, principalmente en la Costa Atlántica. Un número modesto frente a la estructura agraria del país, pero significativo como demostración de que la movilización puede producir redistribución cuando encuentra fisuras institucionales que aprovechar. Queda también una herencia organizativa: una tradición de acción colectiva rural y una geografía de conflicto —Sucre, Córdoba, Bolívar, los Montes de María— que reaparecería en décadas siguientes en formas nuevas, junto con la memoria de que el campesinado colombiano fue, en un momento preciso, un sujeto político con programa nacional. Y queda, sobre todo, una herencia dolorosa: la certeza de que el sistema político colombiano fue capaz de cerrar por ley la reforma agraria justo cuando el campesinado la exigía por la vía de hecho, y de que ese cierre —Chicoral, Ley 4.ª de 1973, urbanización pastranista— marcó buena parte del país que vendría después.

La cuestión agraria, congelada durante dos décadas después de Chicoral, regresaría a la política colombiana por otras puertas: por las armas, por el desplazamiento forzado, por la coca, por los reclamos de restitución. En cada uno de esos regresos hay una línea que baja hasta 1971, hasta Fúquene, hasta las tomas nocturnas de las haciendas de Sucre, hasta la ANUC que casi cambia el país y no pudo hacerlo. Lo que ocurrió después es también la historia de lo que no se hizo cuando aún era posible hacerlo.