Movilización agraria y conflictos por la tierra en Sumapaz, Tolima y Cundinamarca (1934–1936)

Movilización agraria y conflictos por la tierra en Sumapaz, Tolima y Cundinamarca (1934–1936)

Entre 1934 y 1936, las haciendas cafeteras del oriente colombiano fueron el escenario de una de las movilizaciones campesinas más intensas del siglo XX. Arrendatarios que durante décadas habían trabajado obligados en los cafetales de sus patrones dejaron de pagar sus jornadas, sembraron café en parcelas donde tenían prohibido hacerlo y, en un giro que trastocó el orden agrario, se declararon colonos de tierras públicas al amparo de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. El desenlace fue la Ley 200 de 1936, promulgada bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, presentada entonces como reforma agraria y recordada después como el techo de un reformismo que resolvió el problema de los títulos del lado de los grandes propietarios y les entregó una década para expulsar a los ocupantes. El ciclo dejó al descubierto el nervio movilizador del campesinado del Sumapaz y del oriente del Tolima, y también la capacidad del latifundio para recapturar la ley que amenazaba con desplazarlo.

El mundo de la hacienda cafetera antes de la tormenta

Las haciendas cafeteras de Cundinamarca y Tolima se consolidaron en la segunda mitad del siglo XIX sobre una fórmula pragmática: como los propietarios carecían de dinero en efectivo para pagar salarios, aseguraron la fuerza de trabajo mediante el arrendamiento, la aparcería y otras formas de tenencia. Al arrendatario se le entregaba una parcela de pan coger a cambio de que trabajara un número determinado de días al año en los cafetales del hacendado. El rango exacto variaba según el tamaño de la parcela, la calidad del suelo, su localización y las prácticas de cada finca, pero el principio no cambiaba: la tierra se pagaba con trabajo, no con dinero.

Sobre esa obligación central se apilaban otras. Al arrendatario le estaba prohibido, en la mayoría de los casos, sembrar café en su parcela o comercializar libremente sus productos: debía contentarse con cultivos de subsistencia. Respondía además por multas, jornadas de trabajo subsidiario para caminos y funciones de policía rural. No controlaba el producto de su tierra, no podía comerciar café, y su propio tiempo estaba prendado a la hacienda. Su participación en el mercado libre —de trabajo y de bienes— quedaba reducida al mínimo.

El sistema, viable mientras la mano de obra abundaba y el café no valía lo que después valdría, empezó a resquebrajarse en los años veinte. Las obras públicas del quinquenio conservador absorbieron un número significativo de trabajadores, encarecieron el jornal libre y presionaron el vínculo obligacional. Y el auge cafetero volvió intolerable la restricción: los arrendatarios veían cómo el grano se vendía a precios altos mientras a ellos les estaba prohibido sembrarlo. Desde mediados de la década, la reivindicación de sembrar café en las parcelas se convirtió en bandera de la protesta y en un cuestionamiento directo al régimen de hacienda, que los excluía del auge y los confinaba a la agricultura de sustento. A esa demanda se sumaron la libre movilidad de los productos, la conmutación de la obligación de trabajo por una renta en dinero o en especie, la reducción de multas y la fijación de condiciones para el desalojo y el pago de mejoras. Hacia finales de los años veinte, en Viotá y en el Sumapaz coexistían un régimen de tenencia premoderno y un negocio cafetero que se modernizaba a toda velocidad.

La sentencia de 1926 y la prueba diabólica

El detonante jurídico llegó desde un lugar inesperado. En 1926, la Corte Suprema de Justicia estableció que quien pretendiera ser propietario de un predio debía exhibir títulos remontados a una concesión original de la Corona o de la República. La doctrina, lógica en apariencia, resultó devastadora en la práctica: gran parte de las tierras ocupadas hasta la década de 1920 se había originado en usurpaciones de tierras públicas, y para muchos hacendados era imposible acreditar el acto original por el cual la tierra había salido del Estado. Los propios juristas bautizaron la exigencia como prueba diabólica.

El magistrado Eduardo Zuleta Ángel explicó ante la Cámara de Representantes, en diciembre de 1935, que casi todas las tierras habían sido otorgadas por la Corona sin ninguna noción de agrimensura, y que era muy difícil encontrar un palmo de territorio colombiano sin que surgiera algún título colonial disputado cuando un colono tenía interés económico en él. La descripción, hecha desde el estrado, resumía el estado de un país cuya propiedad rural se sostenía menos en documentos que en la costumbre y el poder local.

La Corte reiteró su doctrina en 1934, prolongando la incertidumbre. Y entonces, un decreto del Ministerio de Industrias reservó tierras para una colonia en los municipios de Icononzo y Cunday, en el oriente del Tolima, y estipuló que todo el territorio dentro de esos límites se consideraría baldío salvo que los propietarios exhibieran títulos originales conforme a la sentencia. Los arrendatarios entendieron rápido lo que aquello significaba. Si la tierra que trabajaban era baldía —porque nadie podía probar que hubiera dejado de serlo—, ellos no eran arrendatarios sino colonos, y las obligaciones que pagaban a los patrones eran un cobro indebido sobre tierras del Estado.

Las invasiones estallaron. En varias fincas cafeteras de Icononzo y Cunday, los ocupantes se proclamaron colonos y se produjeron ocupaciones en masa. El fenómeno se extendió: Sumapaz, otras regiones de Cundinamarca, el norte del Valle del Cauca y distintos puntos del Tolima vieron cómo arrendatarios y colonos dejaban de pagar obligaciones y alegaban la propiedad de sus parcelas apoyándose en la jurisprudencia de 1926. Un observador de la época estimaría después que si el proyecto de reforma agraria elaborado en 1933 bajo el gobierno de Enrique Olaya Herrera hubiera sido convertido en ley, más de las tres cuartas partes de la propiedad privada en Colombia habrían revertido a la Nación. La cifra, verosímil o no, indicaba la magnitud del terremoto jurídico.

Sumapaz: colonos, ligas y liderazgos

El Sumapaz —franja que abraza el sur de Cundinamarca y desciende al oriente del Tolima, con Fusagasugá, Pandi, San Bernardo, Cabrera, Pasca, Icononzo, Cunday y Villarrica como puntos de referencia— fue el epicentro del ciclo. Allí, los conflictos agrarios de los años veinte y treinta habían tenido rasgos propios, y el liderazgo se organizó en torno a dos figuras que representaban tradiciones distintas.

Erasmo Valencia, señalado por un funcionario gubernamental como uno de los principales organizadores comunistas del campesinado en la cordillera, era en realidad una figura difícil de encasillar. Dirigentes del Partido Comunista lo caracterizaron con ambivalencia notable: unas veces como dirigente anarquista, otras como luchador antilatifundista con concepción legalista y prejuicios anti-comunistas. Valencia dirigía el Partido Agrario Nacional (PAN), cuyas bases estaban entre los colonos del movimiento agrario. En octubre de 1935, el PAN eligió concejales en Fusagasugá, Pasca, San Bernardo y Pandi, y ese mismo año Valencia fue elegido diputado a la Asamblea de Cundinamarca para el período 1935-1936, desde donde propuso ordenanzas como la prohibición del concierto de personas, figura que penalizaba y controlaba el vagabundeo rural y que era palanca habitual de coacción laboral. Valencia nunca tomó las armas, aunque la memoria oral de excombatientes lo recordaría después como referencia de las luchas campesinas.

Junto a él emergió Juan de la Cruz Varela, cuyo protagonismo se desplegaría plenamente en los años posteriores. Los dos mantuvieron relaciones con Jorge Eliécer Gaitán, cuya Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR) organizaba ligas campesinas en las mismas haciendas donde competía el Partido Comunista. Las estrategias eran opuestas: las ligas uniristas recurrían al sistema legal —memoriales, abogados, hojas sueltas—, mientras el Partido Comunista prevenía a sus afiliados contra el recurso a las autoridades nacionales. Ambos aspiraban a organizar la misma base y ambos encontraban en los colonos del Sumapaz su sostén natural. La competencia entre organizadores no fue accesoria: definió el modo en que la protesta se canalizó y las formas concretas de resistencia frente a los desalojos.

Del lado de las autoridades departamentales, la reacción fue temprana y explícita. Ya en 1931, el secretario de gobierno del Tolima realizó una visita personal al oriente del departamento y elaboró un extenso informe en el que analizó la relación entre las invasiones y el decreto de colonización de 1928, y señaló que los colonos se amparaban en él para reclamar tierras como baldíos. El informe cerraba con un discurso anticomunista que denunciaba a organizadores como Valencia y advertía que los campesinos leían el periódico radical Claridad. La postura era clara: los ocupantes eran agitados, los propietarios debían ser defendidos.

La violencia de los desalojos

En Cundinamarca, el gobernador ordenó a las autoridades de Sumapaz actuar bajo el supuesto de que toda la tierra en esa región era propiedad privada, contradiciendo abiertamente la postura de la Corte Suprema, y dos departamentos suministraron refuerzos de policía a los hacendados. Los métodos de expulsión no eran los del pleito civil sino los del hostigamiento cotidiano: los hacendados tiraban semillas de pasto en las parcelas de los colonos y soltaban ganado sobre los sembrados de pan coger, confiscaban productos en camino al mercado, cortaban puentes, cerraban fuentes de agua y clausuraban caminos.

Cada acción tenía una lógica precisa. El pasto convertía la parcela en potrero y borraba la huella del cultivo, argumento clave si un juez venía a mirar. El ganado suelto arruinaba la cosecha. La confiscación en los caminos rompía la incipiente autonomía comercial que los colonos empezaban a ejercer. Cortar el agua o el paso volvía inhabitable la tierra sin necesidad de firmar un desalojo. Frente a esa presión, la resistencia campesina se organizó en torno a la ocupación efectiva: sembrar, permanecer, negarse a pagar obligaciones, reclamar como colono lo que hasta ayer se ocupaba como arrendatario.

El propio Estado central tomó nota de la magnitud del problema. La Memoria de Industrias de 1933, elaborada por Francisco José Chaux, documentó conflictos entre herederos de títulos coloniales y colonos que consideraban baldías unas 300.000 hectáreas situadas en Bogotá, Usme, Pandi, Cunday, San Martín y La Uribe. El gobierno intentó comprar varios de los terrenos en litigio, incluidas la hacienda Doa, en Pandi, y el propio Sumapaz. La compra de tierras en conflicto era, en el fondo, una confesión: el Estado reconocía que la disputa jurídica había superado la capacidad ordinaria de dirimirse en los tribunales.

La Revolución en Marcha entra en escena

Alfonso López Pumarejo asumió la presidencia en 1934 con un programa que se autodenominaba Revolución en Marcha y que se articulaba en torno a tres ejes: reforma tributaria, reforma agraria y democratización de la educación. Su primer gabinete rompió con la iconografía del liberalismo tradicional: Alberto Lleras a los 28 años, Darío Echandía, Plinio Mendoza Neira, Antonio Rocha, Jorge Soto del Corral —todos menores de 38 años, todos intelectuales jóvenes, sin los grandes líderes históricos del partido. La sola composición del gabinete señalaba una intención: el liberalismo llegaba al poder decidido a modernizar el país por vías institucionales, y el problema agrario ocupaba el centro de esa agenda.

Seis años antes había ocurrido, sin embargo, un episodio que marcaba el umbral de tolerancia del sistema y que ningún reformista podría ignorar. La United Fruit Company había establecido un enclave entre Ciénaga y Fundación, y para 1921 era dueña del 59% de la tierra productiva e improductiva de la región. Su monopolio hacia 1928 combinaba el control del ferrocarril y del transporte marítimo, la quiebra y compra de pequeñas empresas bananeras, el acaparamiento de tierras y un sistema de contratistas intermediarios que enganchaban a los trabajadores y desdibujaba la relación laboral directa con la compañía. A los jornaleros se les pagaba en vales canjeables únicamente en los comisariatos de la propia empresa, mecanismo que perjudicaba al trabajador y excluía al comerciante local.

La Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, fundada en 1925, había agrupado a asalariados y colonos —porque la expansión bananera había expropiado a campesinos que fungían también como reserva laboral—, con influencia inicial anarcosindicalista y luego del Partido Socialista Revolucionario. Raúl Eduardo Mahecha organizó a los trabajadores y el 11 de noviembre de 1928, en reunión de la USTM, se decidió la huelga. El pliego incluía seguro colectivo, pago semanal en dinero, servicios sanitarios, vivienda y compensación por accidentes laborales: reivindicaciones que revelaban por omisión lo que la compañía no cumplía.

El gobierno de Miguel Abadía Méndez declaró el estado de sitio en la zona bananera el 5 de diciembre de 1928 y militarizó la región bajo el mando del general Carlos Cortés Vargas. En la madrugada del 6 de diciembre, Cortés Vargas ordenó disparar contra una multitud concentrada en Ciénaga. El número de muertos quedó indeterminado y disputado desde el primer día: Mahecha reportó alrededor de mil, el propio general reconoció 47 —cifra ya sin precedentes en un conflicto laboral colombiano—. No hubo responsabilidad política ni penal efectiva por los hechos; el gobierno actuó en defensa de los intereses de la UFC y los huelguistas fueron objeto de represión posterior.

La masacre fijó un precedente que pesó sobre el gobierno de López desde el primer día. El Estado colombiano había demostrado que podía reprimir sin coste jurídico cuando los intereses afectados eran suficientemente poderosos. Los conflictos cafeteros del oriente se desplegarían sabiendo eso, y el gobierno que los enfrentó en 1934 tendría presente que la vía de Cortés Vargas seguía disponible, aunque a un costo político mayor para un régimen que se presentaba como reformador. Ese cálculo pesó en el modo en que se administró la violencia contra los colonos del Sumapaz: con pasto y ganado, no con fusilamientos frente a una plaza.

La presión desde el campo llegó rápido. En 1934, un grupo de terratenientes dirigió al presidente una carta pidiendo represión armada contra los campesinos ocupantes. López respondió el 6 de septiembre con un lenguaje que, según recordarían testigos, ningún mandatario colombiano había utilizado antes: esbozaba una actitud gubernamental que no aceptaba el uso automático de la fuerza pública en favor de la propiedad. Cuatro días después, el 10 de septiembre, el ministro de Gobierno Darío Echandía presentó a la Cámara proyectos de reforma constitucional sobre la propiedad y la intervención del Estado en la economía, y al Senado proyectos sobre límites y derechos de extranjeros. El gobierno señalaba que se disponía a legislar sobre lo que hasta entonces se dirimía en el monte y en el juzgado municipal.

Los terratenientes organizaron sucesivamente la Liga Nacional para la Defensa de la Propiedad y el Sindicato Central de Propietarios y Empresarios Agrícolas para hacer frente a los conflictos y oponerse a las políticas del gobierno. La resistencia no venía solo de fuera del Partido Liberal: la elección de López no había significado la derrota de la facción terrateniente dentro del partido, que era y siguió siendo una alianza de clases que incluía a terratenientes tradicionales junto a sectores radicales, clase media urbana y burguesía industrial. La reforma agraria debía negociarse tanto contra el conservatismo como contra los propios copartidarios del presidente.

El trámite de la reforma constitucional se extendió: los proyectos se habían presentado desde septiembre de 1934, la legislatura de 1935 contó ya con un parlamento homogéneamente liberal, y el debate agrario avanzó en ese contexto. En diciembre de 1935, ante la Cámara, Zuleta Ángel explicaba por qué la doctrina de los títulos originales había resultado impracticable. La ley que la sustituiría estaba en camino.

La Ley 200 de 1936: qué resolvió y a favor de quién

La Ley 200, promulgada en 1936, hizo cuatro cosas. Resolvió el problema de la prueba diabólica al vincular en adelante la acreditación de la propiedad a la destinación económica del predio, y no a la exhibición de un título remontado a la Corona o a la República. Introdujo una prescripción adquisitiva abreviada para colonos: quien demostrara haber explotado económicamente un predio durante cinco años de buena fe adquiriría derecho al dominio, reduciendo un plazo que en ese contexto era de treinta años. Estableció que los predios rurales cuyo propietario no les diera destinación económica revertirían al Estado al cabo de diez años. Y otorgó a los grandes propietarios ese mismo plazo de diez años para explotar sus predios en forma capitalista.

Enunciados así, los cuatro puntos parecen componer una reforma agraria de talante distributivo. El articulado en conjunto dice otra cosa. La sustitución de la prueba de títulos por el criterio de destinación económica resolvió, en la práctica, la distinción entre propiedades privadas y baldíos del lado de los terratenientes: el gran propietario que no podía exhibir un título colonial ahora solo debía mostrar que su tierra estaba en uso. La cláusula de reversión al Estado por falta de explotación nunca se aplicó. La prescripción para colonos, por su parte, se enfrentó de inmediato al hecho de que muchos hacendados, ante el riesgo de que los ocupantes reclamaran derechos sobre sus tierras al amparo de la nueva ley, procedieron a expulsar a colonos y arrendatarios, y produjeron paradójicamente el efecto contrario al que la norma prometía.

Para cumplir el requisito de explotación económica sin exponerse a reclamaciones, numerosos propietarios recurrieron a la ganadería extensiva. El decreto reglamentario establecía que bastaba una cabeza de ganado mayor por hectárea en tierras de buena calidad, o tres hectáreas por cabeza en terrenos de calidad inferior, salvo circunstancias excepcionales. La medida convirtió la ley en un incentivo para expulsar ocupantes y llenar de reses las haciendas: donde había familias sembrando maíz y yuca aparecieron potreros vacíos, económicamente explotados según el papel y despoblados en la realidad.

El cumplimiento local terminó de vaciar la reforma. Los terratenientes controlaban los gobiernos municipales, la policía y los jueces de distrito, y desde ahí pudieron burlar la Ley 200 y ofrecer interpretaciones alternativas de sus disposiciones. La incapacidad del Estado central para hacer cumplir su propia ley se mostró como el otro rostro del reformismo: la norma se escribía en Bogotá y se ejecutaba —o se desactivaba— en las alcaldías del Sumapaz y el Tolima.

La ley logró, eso sí, frenar temporalmente el malestar. Se entregó un pequeño porcentaje de las tierras en conflicto, se saneó la situación de un grupo de colonos y se instaló la percepción de que el problema agrario estaba siendo atendido por el Estado. La Ley 200 fue una medida del sector liberal que buscaba estimular la productividad, dar seguridad jurídica y frenar el malestar social en los campos; sus resultados fueron contradictorios porque las tres cosas apuntaban en direcciones distintas y el equilibrio interno de la ley se resolvió a favor del propietario. Ocho años después, la Ley 100 de 1944, promulgada durante el segundo gobierno de López, amplió en cinco años el plazo dado a los latifundios para poner a producir la tierra improductiva —pasando de diez a quince años— y confirmó el sentido en que se había inclinado el reformismo.

Presión desde abajo, palanca desde el estrado

La secuencia importa. Si la Ley 200 se leyera solo como concesión graciosa del reformismo lopista a un campesinado difuso, se perdería lo esencial. El detonante inmediato fue la sentencia de 1926, reiterada en 1934, que dotó a los arrendatarios de un argumento jurídico irrebatible: sin título remontado a la Corona, la propiedad no estaba acreditada. El decreto de colonización de Icononzo y Cunday convirtió ese argumento abstracto en herramienta concreta: donde el Ministerio de Industrias declaraba baldío lo que no tuviera título original, los arrendatarios se declaraban colonos.

Sobre esa palanca legal se apoyó una movilización que ya existía pero que sin ella no habría podido pasar de la queja al hecho consumado. Las ligas uniristas armaron memoriales, los organizadores comunistas alentaron la ocupación, el PAN de Valencia articuló una fuerza electoral, y las invasiones se extendieron desde el oriente del Tolima hacia Sumapaz, otras zonas de Cundinamarca y el norte del Valle del Cauca. Los hacendados respondieron con pasto, ganado y policía, pero el hecho central era que no podían acreditar sus títulos y lo sabían. La Corte Suprema los había desnudado, y los colonos aprovecharon.

De ahí el sentido de la Ley 200. No fue una concesión graciosa ni una simple respuesta técnica: fue el punto donde convergieron dos presiones. Desde abajo, una movilización campesina que había reconfigurado la ocupación de las haciendas y hecho impagables las obligaciones. Desde el propio aparato jurídico, una crisis de títulos que amenazaba a los grandes propietarios tanto como beneficiaba a los colonos. El reformismo lopista canalizó ambas hacia una salida que saneó los títulos de los grandes propietarios, les otorgó un plazo para expulsar ocupantes y dejó sin aplicación práctica la cláusula redistributiva. La capacidad campesina de reconfigurar la propiedad sobre el terreno no se tradujo en poder suficiente para imponer una reforma equivalente en el texto ni en la ejecución de la ley.

La reforma también fue producto de la agencia de una élite liberal modernizante —el gabinete joven de López, Echandía a la cabeza— que usó la presión campesina como argumento ante los sectores terratenientes del propio partido para imponer una racionalización capitalista del agro que ninguna de las partes en conflicto había diseñado. Ni los colonos pedían la cláusula de destinación económica ni los hacendados la aceptaron de buen grado; ambos terminaron subordinados a una lógica de modernización desde arriba cuyo horizonte era el capitalismo agrario, no la redistribución. Que esa modernización se plegara con tanta rapidez al latifundio dice algo sobre los límites internos del proyecto: las reformas fueron toleradas por sectores importantes de la clase dominante mientras el movimiento laboral y agrario representó una amenaza real, y una vez encauzadas las organizaciones hacia la cooperación con el Estado y el Partido Liberal, las políticas reformistas fueron abandonadas o revertidas.

La larga posteridad de una reforma incompleta

El ciclo 1934-1936 dejó abierta una pregunta que la historia colombiana del siglo XX no logró cerrar. La Ley 200 resolvió los títulos de los grandes propietarios y frenó por un tiempo el malestar, pero no modificó sustancialmente la situación del campesinado ni avanzó hacia una reforma redistributiva. Las expulsiones que la propia ley provocó, sumadas a la conversión de haciendas en potreros para cumplir formalmente con la exigencia de explotación económica, acumularon un pasivo que el país pagaría después.

En Sumapaz y el oriente del Tolima, las organizaciones formadas en torno a Valencia y a las ligas gaitanistas no se disolvieron con la ley. Juan de la Cruz Varela heredó el liderazgo del movimiento. Cuando la violencia conservadora se desató desde 1946, esa herencia adquirió otro carácter: el de una guerra campesina contra la revancha terrateniente, apoyada en la trama de veredas, ligas y redes de solidaridad que la movilización de los años treinta había tejido en la cordillera.

Los grupos de autodefensa que surgieron entonces —algunos orientados por el Partido Comunista— hundían sus raíces en aquella movilización, aunque el paso a la lucha armada supuso un salto de naturaleza que Valencia, que nunca tomó las armas, no habría suscrito. Varela unificó los comandos guerrilleros del Sumapaz y optó por la desmovilización y entrega simbólica de armas el 31 de octubre de 1953, sin perder el control político de la zona. A mediados de los cincuenta, la ofensiva militar contra Villarrica —bombardeada como colonia agraria comunista— desencadenó desplazamientos masivos y propició la expansión de fuerzas de resistencia hacia territorios marginales. Algunas de aquellas columnas en retirada, replegadas hacia zonas de colonización, derivarían más tarde en las guerrillas que dieron origen a las FARC. El hilo va del arrendatario que se declara colono en 1934 al combatiente que se repliega hacia Marquetalia en los años sesenta.

La Ley 200 de 1936 quedó en la memoria como reforma agraria del liberalismo. Lo fue en el sentido de que abrió por primera vez una discusión legislativa seria sobre la propiedad rural, y en el sentido de que resolvió una crisis jurídica que el propio Estado había precipitado. No lo fue en el sentido de redistribuir la tierra ni de modificar la relación de fuerzas entre latifundistas y campesinos. El ciclo movilizador que la había hecho posible se replegó, y cuando volvió, décadas después, lo hizo por otras vías. La historia agraria colombiana del siglo XX puede leerse como la larga posteridad de esa reforma incompleta.