La Revolución en Marcha

La Revolución en Marcha

Entre el 7 de agosto de 1934 y el 7 de agosto de 1938, Alfonso López Pumarejo gobernó Colombia bajo un lema que él mismo acuñó y que se volvió inseparable de su figura: la Revolución en Marcha. Bajo ese nombre se agruparon la reforma constitucional de 1936, la Ley 200 de tierras, una reforma tributaria que introdujo el impuesto progresivo sobre la renta, un nuevo marco de derechos laborales y sindicales, y un ambicioso programa de laicización y modernización educativa que dejó como emblema físico la Ciudad Universitaria de Bogotá. Fue el intento más sistemático que emprendió la República Liberal por adaptar el Estado colombiano al siglo XX: consagrar la función social de la propiedad, autorizar la intervención estatal en la economía, elevar a rango constitucional el derecho de huelga y arrebatar a la Iglesia el monopolio de la vida cultural y educativa. Fue también un reformismo cuyos límites estaban inscritos en su propio diseño y cuya reversión comenzó antes de que terminara el mandato que le dio nombre.

El mundo del que brotó el proyecto

La Revolución en Marcha no fue una irrupción sino la maduración de una trayectoria. Cuando López Pumarejo asumió, hacía apenas cuatro años que el Partido Liberal había vuelto al poder tras casi medio siglo de hegemonía conservadora. Su antecesor, Enrique Olaya Herrera, había iniciado una modernización institucional cuyo alcance suele subestimarse y sobre la cual López construiría su propio programa, radicalizándolo. Ya en 1933, bajo Olaya, había circulado un proyecto agrario que, de haberse aprobado, habría revertido a la Nación más de las tres cuartas partes de la propiedad privada rural del país por carecer de títulos originales de concesión. El Congreso lo derrotó; la Ley 200 de 1936 tomaría el camino opuesto.

El contexto internacional pesaba. En 1934 el mundo salía lentamente de la Gran Depresión mediante políticas de corte keynesiano que estimulaban la demanda agregada, y varios gobiernos latinoamericanos ensayaban reformas afines. El impuesto de aduanas —eje del sistema fiscal colombiano— gravaba las mercancías de consumo masivo importadas, con lo que la carga recaía sobre las clases populares mientras los grupos privilegiados tributaban al mínimo. Rafael Uribe Uribe ya había denunciado esa inequidad en un discurso programático publicado en 1914, proponiendo el impuesto sobre la renta como el más justo, equitativo y moral. Dos décadas después, ese diagnóstico se volvía política de Estado.

En el campo, la presión era más urgente que la doctrina. El epicentro del conflicto agrario estaba en la zona cafetera de Cundinamarca y Tolima: allí se concentraban 75 de las 153 agremiaciones campesinas con personería jurídica registradas hasta 1939. La fuerza de trabajo permanente de las haciendas cafeteras eran arrendatarios que, a cambio de una parcela de pan coger, debían trabajar una parte de su tiempo en los cafetales del propietario. Sus reivindicaciones eran precisas: poder sembrar café en sus parcelas, mover libremente sus productos, cambiar la obligación de trabajo por renta en dinero o en especie, cobrar las mejoras y pactar condiciones para el desalojo. En Sumapaz, colonos sin tierras empezaron a invadir latifundios; en Cundinamarca, Tolima y el norte del Valle del Cauca, arrendatarios se negaban a pagar las obligaciones contraídas con la hacienda, alegando propiedad de las parcelas. Las sentencias judiciales que exigían a los propietarios demostrar la titularidad —la llamada "prueba diabólica"— alimentaron esas invasiones. El Partido Comunista y la UNIR de Jorge Eliécer Gaitán organizaban las movilizaciones y las conectaban con luchas políticas de mayor escala. Cuando López Pumarejo llegó a la presidencia, el orden rural cafetero ya estaba desbordado.

La elección misma se dio en un tablero peculiar. La UNIR proclamó la abstención en las presidenciales de 1934, y el Partido Conservador —bajo la estrategia abstencionista que mantendría durante todo el gobierno— tampoco compitió con fuerza, presentándose como garante de su propia supervivencia política y denunciando falta de garantías. López llegó al poder por alianzas tácticas internas del liberalismo, no por un mandato mayoritario disputado.

Un gabinete joven y un lenguaje socializante

La primera decisión del nuevo gobierno fue una señal. López no llamó a los grandes líderes históricos del Partido Liberal, sino a jóvenes intelectuales: Alberto Lleras Camargo tenía 28 años; Plinio Mendoza Neira, Antonio Rocha, Jorge Soto del Corral y Darío Echandía eran todos menores de 38. Varios se decían de izquierda o habían militado en ella. López les pidió que no abandonaran el lenguaje socializante en el que se habían formado, y esa consigna revela buena parte del método: el reformismo lopista consistió, entre otras cosas, en integrar a la burocracia estatal a los cuadros del movimiento inconforme, ofreciéndoles puestos y protagonismo a cambio de que canalizaran la energía crítica hacia dentro del orden liberal. Antonio García lo describiría con precisión: López no era un revolucionario sino un reformista que consolidó el poder de la élite burguesa liberal y desplazó la hegemonía del partido hacia la ocupación burocrática del Estado. Pragmático, sí, pero también con un estilo de gobierno que —observaría el mismo García— estimulaba "deformaciones absolutistas".

Nacido en Honda, Tolima, el 31 de enero de 1886, en el seno de una familia bogotana de tradición —su abuelo Pedro A. López era bogotano raizal—, López Pumarejo llegó al poder con la convicción de que el orden liberal solo sobreviviría si aprendía a hablarles a los sectores populares y a las clases medias urbanas sin desplazar del partido a su fracción terrateniente. Esa ecuación —atraer a los de abajo sin romper con los de arriba— es la clave para entender por qué la Revolución en Marcha fue tan ambiciosa en su forma y tan acotada en su fondo.

La reforma constitucional de 1936

El 10 de septiembre de 1934, apenas un mes después de la posesión, el ministro de Gobierno Darío Echandía presentó al Senado los primeros proyectos de reforma constitucional. El resultado, dos años después, fue el Acto Legislativo 01 de 1936: la modificación más importante que la Constitución de 1886 recibió en sus más de cien años de vigencia.

Su núcleo doctrinal fue la consagración de la función social de la propiedad, principio que sentó las bases para reformar el régimen sobre la tierra y para autorizar la intervención estatal en la economía. La reforma facultó al Estado a intervenir en la explotación de industrias o empresas —públicas y privadas— con el fin de racionalizar la producción, la distribución y el consumo de las riquezas, o para dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho. Los artículos 17, 18 y 19 definieron el trabajo como obligación social, elevaron el derecho de huelga a rango constitucional —con excepción de los servicios públicos— y establecieron la asistencia pública como obligación del Estado.

En materia religiosa, la reforma suprimió los artículos que declaraban al catolicismo religión de la nación —entre ellos el 38— y los que otorgaban prerrogativas a la Iglesia. Instituyó la libertad de conciencia, de cultos y de instrucción, y entregó al Estado la inspección y vigilancia de los institutos docentes públicos y privados. Pero el gesto tuvo un límite deliberado: la libertad de cultos no podía ser contraria a la moral católica ni a las leyes, y el Concordato de 1887 —junto con la Convención de Misiones de 1902, renovada sin cambios en 1928— siguió intacto. En los territorios nacionales, donde el Estado colombiano casi no existía, el dominio eclesiástico siguió incólume. La laicización fue proclamada en la letra y contenida en la práctica.

La Ley 200 y la política de tierras

Si la reforma constitucional dio el andamiaje doctrinal, la Ley 200 de 1936 fue el terreno donde se midió la voluntad reformista. Su reputación popular como "reforma agraria" oscurece lo que efectivamente hizo. Su objetivo central no era redistribuir tierras sino estimular la productividad y modernizar el campo, consolidando un desarrollo capitalista de las relaciones rurales.

La ley operó sobre tres piezas. La primera fue la extinción del dominio: las tierras que permanecieran incultas durante diez años continuos revertirían al Estado. Era, en teoría, su disposición más radical; en la práctica, nunca llegó a aplicarse. La segunda fue la reducción del plazo de prescripción adquisitiva de treinta a cinco años para ocupantes de buena fe que cultivaran tierras incultas ajenas, con lo que se reconocieron derechos a colonos que hubieran trabajado la tierra durante ese período. La tercera —la más consecuente— resolvió a favor de los terratenientes el problema de los títulos: en lugar de exigir los títulos originales de concesión (la "prueba diabólica" que había hundido el proyecto de Olaya de 1933), la ley aceptó la demostración de destinación económica del predio, y con ese solo cambio legalizó de un plumazo la enorme masa de títulos imperfectos que sostenía el latifundio colombiano.

Sus efectos fueron desiguales y en varios puntos paradójicos. Temerosos de que arrendatarios, aparceros y colonos pudieran reclamar derechos sobre parcelas trabajadas durante años, muchos terratenientes los expulsaron preventivamente de sus haciendas. La aplicación varió radicalmente según la región: los grandes propietarios controlaban gobiernos municipales, policía y jueces de distrito, y allí donde eran fuertes, la ley se burló o se reinterpretó; solo donde eran débiles, los colonos consiguieron prevalecer. El plazo de diez años para explotar los predios de forma capitalista empujó en algunas zonas la conversión de arrendatarios en jornaleros asalariados, transformando la relación laboral rural sin tocar la estructura de la tenencia.

Contra la promesa nominal, la Ley 200 dejó los latifundios en lo esencial intactos y ofreció a los terratenientes una legalización general de sus títulos, algo que el proyecto de Olaya de 1933 no habría concedido. En lugar de redistribución, la política agraria colombiana se decantó, como venía haciéndolo, por la adjudicación de baldíos y la colonización de nuevos territorios: el latifundio quedó a salvo y la presión social se derivó hacia la frontera agrícola. La ley cumplió, eso sí, una función política inmediata: al reconocer una porción menor de las tierras en conflicto, atenuó el malestar rural y quitó combustión a las movilizaciones que la habían hecho necesaria.

El impuesto sobre la renta y la resistencia industrial

La reforma tributaria de 1935 introdujo el impuesto progresivo sobre la renta como respuesta a la inequidad de un sistema fiscal que recaía sobre las clases populares vía aduanas y dejaba prácticamente indemnes a los grupos privilegiados. El proyecto elaborado por una misión especializada contempló tarifa progresiva, renta global —prescindiendo de la distinción cualitativa entre rentas de trabajo, de capital y mixtas— y mecanismos de control para evitar la evasión, pero esta versión no obtuvo acogida en el Congreso. La reforma efectivamente promulgada tuvo un sesgo notorio: puso a la industria manufacturera a pagar más impuestos directos que ningún otro sector del país.

La reacción fue rápida y elocuente. Industriales de distintos partidos se agruparon alrededor del diario liberal de derechas La Razón para combatir la reforma, y calificaron de "bolchevique" la legislación sindical y laboral que la acompañaba. Los grandes industriales antioqueños conservadores opusieron sus propias resistencias. La reforma tributaria mostró así una de las paradojas estructurales del reformismo lopista: gravaba con más fuerza al sector que teóricamente encarnaba la modernización capitalista que el propio López promovía, mientras la renta agraria —el ingreso de la fracción terrateniente del liberalismo, aliada del gobierno— quedaba mucho menos expuesta.

Trabajo, sindicalismo y los límites de la mediación

En el terreno laboral, la Revolución en Marcha rompió con la tradición represiva. Fue la primera —y por mucho tiempo única— vez que la policía y el ejército no intervinieron sistemáticamente contra las organizaciones populares en conflictos rurales y sindicales; el gobierno ensayó una posición de mediador, no de brazo armado del patronato. El derecho de huelga entró a la Constitución en 1936, con la salvedad de los servicios públicos. En zonas petroleras, la nueva legislación tuvo efectos tangibles: la Unión Sindical Obrera obtuvo reconocimiento jurídico y empresas como la Tropical se vieron obligadas a negociar con los trabajadores.

Pero la mediación tenía sus condiciones. Cuando la negociación con la Tropical se rompió, el mismo gobierno militarizó Barrancabermeja y declaró ilegal una huelga de 5.000 trabajadores. En el caso de la Federación Nacional del Transporte Marítimo y Fluvial, Fedenal, el respaldo estatal se ofrecía a cambio de frenar la actividad huelguística: mediación sí, pero subordinada. El paquete completo de derechos laborales —vacaciones, cesantías, indemnización por accidentes, salario mínimo, regulación del trabajo nocturno, prohibición del uso de esquiroles en huelgas legales, inmunidades para líderes sindicales— se consolidaría con más fuerza durante el segundo gobierno de López, pero la lógica ya estaba en marcha en el primero: se reconocían derechos y se dotaba al Estado de herramientas para contener el conflicto, incluida la prohibición de huelgas bajo estado de sitio y la prioridad concedida a los sindicatos de empresa por encima de las federaciones. El reconocimiento sindical fue real; la subordinación política del sindicalismo al Estado liberal, también.

La escuela como territorio en disputa

La educación fue el frente cultural más ambicioso de la Revolución en Marcha, y quizás el más resistido. Durante casi medio siglo, el artículo 41 de la Constitución de 1886 había dirimido en favor de la Iglesia Católica el control de la educación pública y la vigilancia de la privada. Reformar el sistema educativo suponía, por lo tanto, disputarle a la Iglesia el terreno donde su influencia era más honda.

En diciembre de 1934, apenas iniciado el mandato, la Ley 12 creó la Campaña de Cultura Aldeana y Rural, un programa dirigido a llevar alfabetización, salud básica y educación cívica a las zonas rurales. En 1935, otra ley abordó la reforma universitaria, retomando el proyecto que Germán Arciniegas había presentado sin éxito al Congreso en 1932 —inspirado en los principios del movimiento estudiantil de Córdoba de 1918— e integrando facultades y escuelas dispersas en una Universidad Nacional dotada de autonomía. El símbolo material del proyecto fue la Ciudad Universitaria en Bogotá, cuya construcción arrancó en este período en medio de fuertes resistencias políticas: el diario El Siglo difundió acusaciones de lucro personal contra sus impulsores.

El programa educativo contempló la toma de las escuelas normales departamentales por el gobierno central, la creación de liceos nacionales de enseñanza secundaria y la garantía del acceso igualitario de hombres y mujeres a todos los niveles educativos. Durante el gobierno de López, la Universidad Nacional abrió por primera vez sus puertas a las mujeres, permitiéndoles participar plenamente en la vida universitaria. La orientación general —fe en la razón, en la ciencia como fuerza liberadora, en la adaptación de la educación al proceso de industrialización que empezaba a transformar al país— chocaba de frente con la cosmovisión católica que había gobernado las aulas durante generaciones.

La reacción eclesiástica fue directa. El arzobispo de Bogotá, monseñor Ismael Perdomo, dirigió una comunicación formal al ministro de Educación Germán Arciniegas protestando por las conferencias que Luis López de Mesa dictaba en la Universidad Nacional sobre evolución darwiniana. No fue un episodio aislado: expresaba la convicción de la jerarquía de que la reforma educativa amenazaba el fundamento mismo del orden confesional colombiano. En respuesta —o al menos coincidiendo con esos años— surgió la moderna universidad privada católica: la Universidad Javeriana fue refundada en 1932 y la Universidad Bolivariana de Medellín en 1936. La disputa por la educación no se resolvió a favor del Estado; se bifurcó en dos sistemas paralelos que convivirían durante décadas.

El bloque opositor y el liberalismo contra sí mismo

Ninguna de estas reformas ocurrió sin resistencia. El Partido Conservador, replegado en la abstención electoral, encontró en Laureano Gómez —que fundó el diario El Siglo en 1936— su tribuna más implacable. La estrategia opositora, según el balance que después haría Otto Morales Benítez, apuntaba a rechazar propuestas de entendimiento, desacreditar al presidente, dividir grupos liberales para debilitar al régimen y unificar a la oposición contra el Ejecutivo. La Iglesia sumó su peso institucional. Y a esa alianza confesional-conservadora se sumó un actor decisivo: la Acción Patriótica Económica Nacional, la APEN, que agrupó a conservadores y liberales opositores para impedir lo que consideraban "doctrinas conculcadoras de la propiedad". El bloque incluía sectores empresariales urbanos y rurales que veían en la Ley 200, en la reforma tributaria y en la legislación laboral una amenaza directa.

Pero la presión más consecuente vino de dentro del propio liberalismo. Los sectores moderados, encabezados por Eduardo Santos y Luis Cano y respaldados por El Tiempo y La Razón, apoyaban la dirección reformista pero ejercían un freno constante en nombre del pragmatismo. No eran una oposición frontal; eran una moderación interna que iba reajustando permanentemente los alcances del proyecto.

En diciembre de 1936, apenas promulgada la reforma constitucional, el propio López decretó la "pausa". El gesto suele atribuirse a la presión externa —la APEN, la Iglesia, los conservadores— pero se explica también, y quizás sobre todo, por el temor del presidente a que la polarización se transformara en guerra abierta y por la conciencia de que su propia base liberal estaba cediendo. Un año después, las elecciones parlamentarias de 1937 confirmaron el diagnóstico: el ala santista triunfó sobre el lopismo, y el impulso reformista quedó formalmente contenido antes de que terminara el mandato. El propio López describiría el desenlace de su gobierno como "descomposición, desaliento y desorden".

Por qué las reformas fueron lo que fueron

La Revolución en Marcha suele explicarse como un choque entre modernizadores liberales y una reacción conservadora-eclesiástica. Esa lectura captura parte del cuadro pero pierde el mecanismo interno. Las reformas fueron reales —modificaron la Constitución, cambiaron el régimen fiscal, reconocieron derechos laborales, laicizaron formalmente el Estado, transformaron la universidad— y al mismo tiempo estaban acotadas desde el diseño. La Ley 200 legalizó los títulos imperfectos de los terratenientes en lugar de revertir tierras al Estado. La reforma tributaria gravó a la industria manufacturera con más peso que a la renta agraria. La laicización dejó intacto el Concordato y mantuvo la cláusula de la moral católica como límite a la libertad de cultos. La legislación laboral reconoció el derecho de huelga, pero también lo suspendió bajo estado de sitio y dio prioridad a los sindicatos de empresa sobre las federaciones.

Esa acotación no es un fracaso del proyecto: es su forma. López gobernó con un objetivo explícito de armonía social, atrayendo a sectores populares y a la clase media urbana sin desplazar a la fracción terrateniente del Partido Liberal. Su método fue la domesticación —el término lo describe con precisión— del movimiento inconforme mediante la incorporación de sus cuadros al Estado y la traducción de sus demandas en legislación contenida. Como observó Antonio García, no se trató de una revolución sino de la consolidación del poder de una élite burguesa liberal, cuya hegemonía se desplazó hacia la ocupación burocrática del aparato estatal.

Esa lectura, sin embargo, corre el riesgo de escamotear a los actores que forzaron la mano del gobierno. Los colonos de Sumapaz que invadían latifundios, los arrendatarios cafeteros de Cundinamarca y Tolima que se negaban a pagar obligaciones a las haciendas, los trabajadores petroleros de Barrancabermeja organizados en la USO, las bases campesinas que el Partido Comunista y la UNIR articulaban con la política nacional: fueron ellos quienes convirtieron el problema agrario y laboral en un problema de Estado. La Ley 200 y la legislación laboral no fueron concesiones graciosas de una élite ilustrada, sino respuestas a conflictos que ya desbordaban el orden. La iniciativa real, en muchos casos, estuvo fuera del gabinete lopista.

La reversión: de la pausa a la Ley 100

El sucesor de López fue Eduardo Santos, presidente entre 1938 y 1942, cuyo gobierno se recuerda como una prolongación de la "pausa" en clave institucional: no reversión frontal, pero sí enfriamiento. La reforma agraria dejó de aplicarse con energía; la disposición sobre extinción de dominio de tierras incultas —que debía activarse a los diez años— nunca se ejecutó.

El desenlace llegó con el propio López. Elegido para un segundo mandato entre 1942 y 1945, en un contexto de crisis política y debilitamiento del Ejecutivo, sancionó la Ley 100 de 1944, que revirtió gradualmente los avances de la Ley 200 de 1936. La nueva ley protegía a los terratenientes frente a las pretensiones de aparceros y colonos, autorizaba en los contratos de aparcería la prohibición de cultivar productos de subsistencia, estipulaba el rápido avalúo y pago de mejoras y exigía que los trabajadores abandonaran la tierra inmediatamente al expirar los contratos. Su propósito de fondo era negar a arrendatarios y aparceros el derecho a convertirse en propietarios, blindando a los terratenientes contra las expectativas de ascenso social del campesinado. La impulsaron la Asociación Patronal Económica Nacional, la Sociedad de Agricultores de Colombia y la Federación Nacional de Cafeteros, cuya alianza logró inclinar la balanza del Estado a su favor. López renunció a comienzos de 1945; lo sucedió Alberto Lleras Camargo, y con él terminó el ciclo reformista lopista.

La reversión no fue un accidente de coyuntura. Fue el desenlace previsible de un proyecto que nunca rompió con la fracción terrateniente del liberalismo. La élite bipartidista fue incapaz de sostener el consenso reformista que había hecho posible las leyes de los años treinta, y las mismas fuerzas que habían promovido la modernización defensiva se plegaron a la restauración cuando el conflicto social volvió a arreciar.

Por qué sigue importando

La Revolución en Marcha dejó huellas duraderas y ausencias todavía más largas. Consagró en el ordenamiento constitucional colombiano la función social de la propiedad y la intervención del Estado en la economía, dos principios que sobrevivirían a todas las reformas posteriores y llegarían intactos hasta la Constitución de 1991. Estableció el derecho de huelga como garantía constitucional. Introdujo el impuesto progresivo sobre la renta, base del sistema fiscal moderno. Abrió la universidad pública a las mujeres. Puso las bases físicas y jurídicas de la Universidad Nacional contemporánea. Y demostró que el orden confesional de 1886 podía ser modificado sin que el país se hundiera.

Al mismo tiempo, dejó sin resolver el problema que la había hecho necesaria. La tierra siguió concentrada. Los latifundios permanecieron. El modelo de acumulación latifundista se perpetuó bajo la forma de adjudicación de baldíos y colonización de nuevas fronteras, empujando el conflicto hacia territorios donde el Estado apenas existía. Las expectativas redistributivas que la Ley 200 despertó fueron cerradas por la Ley 100, y con ellas se selló el destino de la reforma agraria colombiana durante décadas. El campesinado que se había movilizado en Sumapaz, en Viotá, en el Tequendama, en la Costa Caribe y en el Cauca, aprendió que las ventanas institucionales podían abrirse y cerrarse en menos de una década.

Ese desenlace —reformas que institucionalizan el conflicto sin resolverlo, seguidas de una restauración que revierte lo ganado y consolida lo no tocado— es una de las estructuras que ordenaría la política colombiana durante todo el siglo XX. Entender la Revolución en Marcha en sus dos caras, como avance real y como contención deliberada, es entender por qué el problema agrario nunca dejó de ser el problema colombiano.