Ismael Perdomo Borrero

El obispo que llegó a primado

Perdomo nació en Gigante, en el actual departamento del Huila, en 1872, en un país que apenas iniciaba la salida de la guerra civil de los tres años y que aún estaba a más de una década de la Constitución de Núñez y Caro. Su formación sacerdotal y su ascenso eclesiástico corrieron por dentro de la maquinaria que la Regeneración había construido: la Iglesia que lo formó era la del Concordato de 1887, dueña de la educación pública, árbitro del estado civil, tutora moral del Partido Conservador. Antes de asumir el arzobispado primado fue obispo de Ibagué, sede desde la cual desplegó una acción pastoral que combinaba la prevención doctrinal, el anticomunismo temprano y una posición pública frente al liberalismo de la que quedaría rastro escrito.

En Ibagué escribió el folleto Liberalismo colombiano teórico y práctico, donde criticaba el concepto liberal de libertad por sancionar como derecho lo que él consideraba abusos humanos y reunía, en la parte práctica, una documentación de lo que llamaba persecución sistemática de los gobernantes liberales contra la Iglesia. Señalaba como prueba reciente los ataques al clero ocurridos en la junta de delegatarios en Ambalema, apenas ocho días antes de la redacción del texto: un detalle cronológico que revela hasta qué punto la escritura del obispo respondía al calor de la coyuntura tolimense y no a una teología abstracta del conflicto. En esos mismos años, junto al resto del episcopado colombiano, prevenía a los campesinos contra lo que las pastorales llamaban la propaganda subversiva de los bolcheviques y los exhortaba a mantenerse fieles a la Iglesia. Era el manual completo del obispo de provincia bajo la hegemonía conservadora: doctrina, política, tierra y púlpito trenzados sin costura.

De allí saltó al arzobispado de Bogotá en 1928, en los dos últimos años de la larga hegemonía conservadora iniciada en 1886. Su nombre figuraría después, junto a los de Crisanto Luque, Luis Concha y Aníbal Muñoz Duque, en el volumen de Fray Guillermo Agudelo Giraldo Cuatro arzobispos que han marcado nuestra historia, 1928-1984: un tratamiento acrítico, más cercano a la hagiografía que a la biografía rigurosa, útil sobre todo como síntoma del lugar que Perdomo ocupó en la memoria institucional de la Iglesia colombiana.

El palacio arzobispal en la crisis de 1930

La institución que Perdomo heredaba en Bogotá no era solo una sede eclesiástica: era, desde la Constitución de 1886, escenario habitual de actividad política conservadora en épocas electorales. La sabiduría convencional del régimen —tan compartida que casi no requería enunciarse— sostenía que el candidato con respaldo eclesiástico llevaba ventaja decisiva frente a una oposición liberal debilitada. Ese papel del arzobispado nunca fue una institución formal ni figuraba en carta alguna; operaba de facto, por costumbre, por gravedad de las cosas. La prueba más nítida de esa alianza está en un dato que hoy parece caricatura y entonces se aceptaba como natural: en las elecciones de octubre de 1921 en Bogotá, el voto del clero fue de 165 sufragios para los conservadores y cero para los liberales.

La primera gran prueba política de Perdomo llegó apenas dos años después de asumir. En 1930, con la candidatura conservadora fragmentada, Emilio Robledo, presidente del Senado, consultó formalmente al arzobispo si los candidatos eran católicos, ante la especie que circulaba de que Guillermo Valencia era masón. Perdomo respondió con prudencia manualística: todos los candidatos viables eran católicos y la autoridad eclesiástica acataría al escogido por las mayorías conservadoras del Congreso. Era la respuesta correcta en clave institucional, pero también una renuncia al arbitraje que sus interlocutores esperaban. El palacio arzobispal, entretanto, se llenó de políticos y congresistas conservadores buscando la señal que resolviera la disputa entre Alfredo Vásquez Cobo y Guillermo Valencia; se filtró que Perdomo había manifestado inconformidad con la candidatura de otro aspirante, Concha, por no ser grata a Estados Unidos, y el arzobispo no negó esas conversaciones.

El resultado fue el peor imaginable para el conservatismo y para el propio Perdomo: la división del partido se extendió incluso a las pastorales políticas, Vásquez Cobo contó con respaldo eclesiástico sin lograr unificar al bloque, y Enrique Olaya Herrera se llevó la presidencia poniendo fin a cuarenta y cuatro años de hegemonía conservadora. La victoria liberal no fue aplastante —el conservatismo mantuvo mayorías parlamentarias y control judicial, y la alianza clero-conservatismo siguió operando en el fondo—, pero la lección política era clara: el arzobispado primado, presentado durante décadas como fiel de la balanza, había fallado en su primera prueba mayor. Perdomo aprendió en carne propia que su influencia era real pero no automática, y que ejercerla mal podía costar tanto como no ejercerla.

Arzobispo en la República Liberal

Los dieciséis años que van de la posesión de Olaya en 1930 al retorno conservador de Mariano Ospina Pérez en 1946 son el corazón del arzobispado de Perdomo. Cuatro presidentes liberales —Olaya, Alfonso López Pumarejo en dos períodos, Eduardo Santos, Darío Echandía como encargado— gobernaron un país donde el régimen concordatario de 1887 seguía formalmente vigente pero cuyas prerrogativas se erosionaban por vía administrativa, legislativa y, con López, por reforma constitucional.

El diseño de fondo que Perdomo defendía no era invento suyo. La Constitución de 1886, en su artículo 41, establecía que la educación pública se organizaría y dirigiría en concordancia con la Religión Católica. El Concordato de 1887, en su artículo 12, ratificaba ese control eclesiástico sobre la instrucción pública. La regulación del estado civil, la administración de cementerios, la inspección de textos: todos ellos eran campos en los que el poder civil aparecía significativamente supeditado al eclesiástico, lo que colocaba a Colombia en un rumbo distinto al del resto de América Latina, que durante el siglo XIX había caminado hacia la independencia del Estado frente a la Iglesia. Como consecuencia de las políticas de la Regeneración, Colombia había profundizado precisamente lo contrario. Ese era el edificio que Perdomo administraba cuando los liberales llegaron al poder decididos a recuperar prerrogativas estatales.

La contraofensiva episcopal frente a las reformas liberales no fue monolítica ni estuvo dirigida por una sola mano. Perdomo encabezó una línea institucionalista: pastorales de tono medido, comunicaciones oficiales al ejecutivo, uso preciso de las prerrogativas concordatarias en materia educativa, respaldo selectivo a organizaciones laicales. Otros obispos, sobre todo Miguel Ángel Builes desde Santa Rosa de Osos y Juan Manuel González Arbeláez, prefirieron la confrontación abierta. Builes cuestionó públicamente si el liberalismo había dejado de ser pecado y criticó la tendencia conciliadora que algunos prelados colombianos adoptaron a partir de 1930. En 1942, González y Builes llegaron a prohibir a los fieles la lectura del diario liberal El Tiempo. Perdomo no llegó nunca a esos extremos: administró la tensión, no la incendió.

Esa moderación tuvo un precio y una utilidad. El precio fue que la línea intransigente ocupó cada vez más el espacio simbólico del catolicismo colombiano, y que el lenguaje que sembraba —liberalismo como pecado, comunismo como amenaza inminente, defensa armada de la fe— iría fermentando en las bases hasta desbordar cualquier arbitraje episcopal en la década siguiente. La utilidad fue que Perdomo logró preservar buena parte de las prerrogativas concordatarias sin provocar una ruptura frontal con los gobiernos liberales, y que consiguió condicionar, en momentos concretos, los márgenes reales de la reforma.

El pulso por la educación

El campo donde ese condicionamiento operó con más nitidez fue el educativo. Desde 1930, los gobiernos liberales iniciaron una recuperación pausada de las prerrogativas del Estado en materia educativa, revirtiendo el control eclesiástico que el Concordato había institucionalizado en 1887. La reforma buscaba, entre otras motivaciones, adaptar la enseñanza al proceso de industrialización que había cobrado impulso desde 1922, en coherencia con el reformismo liberal y su fe en la razón y la ciencia. La Iglesia entendía lo que estaba en juego: si perdía el aula, perdía la reproducción cultural del país en el largo plazo.

El episodio más revelador de la estrategia de Perdomo en este frente fue su comunicación oficial al ministro de Educación Germán Arciniegas solicitando la suspensión de las conferencias del profesor Luis López de Mesa sobre teoría evolutiva, con el argumento de que contradecían las enseñanzas católicas. El incidente evidenció la capacidad de la jerarquía para presionar al gobierno liberal a fin de suspender la enseñanza de la teoría de la evolución en la universidad, apelando a las prerrogativas concordatarias. No fue una pastoral incendiaria, no fue una excomunión, no fue un llamado desde el púlpito: fue una carta administrativa entre autoridades. Y funcionó. El liberalismo, aun en su fase reformista, seguía operando dentro de un marco jurídico donde la palabra del arzobispo primado tenía peso ejecutivo real.

Ese mismo Perdomo, sin embargo, firmó en 1938 una carta pastoral sobre educación cuyo tono era deliberadamente conciliador, sin rencor ni hostilidad, ajustado al nuevo registro que la Iglesia colombiana había adoptado desde 1930 frente al Estado liberal. La pastoral tenía ramificaciones políticas indirectas sobre la cuestión educativa —era imposible que no las tuviera—, pero su mensaje era negociador antes que confrontacional. La imagen que resulta al superponer los dos gestos —la carta a Arciniegas y la pastoral del 38— es la de un arzobispo que sabía distinguir entre el frente táctico y el frente comunicacional, y que reservaba la presión concreta para casos concretos mientras mantenía en el registro público un tono de estabilidad institucional.

El arzobispo como árbitro moral

Junto a la disputa educativa, Perdomo desempeñó a lo largo de su gestión un papel que hoy resulta menos visible pero fue central en su tiempo: el de árbitro moral en las zonas grises donde la política católica y la violencia partidista comenzaban a rozarse. El caso más elocuente es la consulta que le hizo el doctor Luis Rueda Concha sobre la licitud moral del juramento aprobado por la Convención Departamental Conservadora de Cundinamarca, que comprometía a los convencionistas a dar o hacer dar muerte al liberal que aceptara candidatura en las elecciones por la provincia del Guavio.

La respuesta de Perdomo fue inequívoca: el juramento no obligaba por ser cosa ilícita, aunque reconoció que la defensa es de derecho natural. La declaración, técnicamente moral, tuvo alcance político mayúsculo: el arzobispo primado negaba legitimidad a la fórmula que un sector del conservatismo departamental estaba dispuesto a activar contra el adversario liberal. En un país donde el juramento tenía peso real sobre quienes lo prestaban, la palabra del arzobispo desactivaba el mecanismo moral que lo sostenía. Perdomo no era pacifista —sus antecedentes anticlericales de Ibagué lo desmienten—, pero entendía la diferencia entre defender los privilegios de la Iglesia y bendecir el asesinato político. La distinción la sostendrían cada vez menos, en los años cuarenta, los sacerdotes de parroquia que enviaban a los feligreses conservadores contra sus vecinos liberales.

Esa vocación arbitral se expresó también en el conflicto entre las corrientes internas del laicado católico. En 1933, siguiendo el mandato de Pío XI, se creó oficialmente en Colombia la Acción Católica, justificada por el proceso de industrialización, el crecimiento demográfico y la concentración urbana. Su asesor eclesiástico fue Juan Manuel González Arbeláez, y la organización adoptó desde el comienzo una orientación decididamente proconservadora, jerárquica en su estructura, clerical en su concepción y tradicionalista en su pensamiento. Estaba concebida menos para enfrentar los problemas del capitalismo y la modernidad que para defender el poder de la Iglesia y competir en el campo político: una formalidad para cumplir con Roma, más que un instrumento pastoral genuino.

En paralelo, los hermanos Jorge y Luis M. Murcia habían fundado a comienzos de los treinta la Juventud Obrera Católica (JOC) al modelo belga, con el apoyo inicial de monseñor Juan M. González. La JOC representaba una línea sensiblemente distinta: socialcristiana en su inspiración, autónoma en su gestión, orientada al trabajo con jóvenes obreros que en su mayoría militaban políticamente en el liberalismo o miraban con simpatía las incipientes corrientes de izquierda. Cuando los Murcia se negaron a poner la JOC bajo la directa dependencia de la Acción Católica, estalló un conflicto que reveló la fractura interna del catolicismo colombiano.

Perdomo tomó partido por los Murcia. Contaron también con el apoyo del obispo de Ibagué Pedro María Rodríguez y con informes favorables del nuncio Carlos Serena, mientras González Arbeláez y Laureano Gómez se mostraban preocupados por las tendencias socialcristianas de la JOC; en 1941, Laureano dirigió a las fuerzas conservadoras una petición relacionada con esa organización que evidenciaba la desconfianza política del sector más duro. Que Perdomo respaldara a los Murcia no lo convertía en socialcristiano —seguía siendo el arzobispo del régimen concordatario—, pero mostraba que percibía el peligro estructural de identificar el catolicismo colombiano tan estrechamente con el conservatismo que perdiera cualquier capacidad de interlocución con el mundo obrero. La alianza Iglesia-Partido Conservador constituía una seria desventaja para los eclesiásticos que intentaban trabajar con sectores populares, dada la identificación del clero con el conservatismo frente a una base trabajadora mayoritariamente liberal. Perdomo intuyó ese callejón sin salida antes que muchos de sus colegas.

La red del arzobispado

El poder de Perdomo se sostenía sobre una red de relaciones y una geografía institucional precisas. En Roma, los pontificados de Pío XI y Pío XII marcaron el marco doctrinal —la creación de la Acción Católica, las encíclicas sociales, la doctrina anticomunista— dentro del cual el arzobispo colombiano operaba. En Bogotá, el nuncio Carlos Serena fue interlocutor clave en las disputas internas del episcopado; sus informes a Roma pesaban en el reparto de apoyos, como lo mostró el caso de los Murcia. En el propio territorio nacional, Perdomo administraba un episcopado dividido: Builes en Santa Rosa de Osos y González en la periferia doctrinal marcaban la línea intransigente; Rodríguez en Ibagué, González Arbeláez desde la Acción Católica y otros prelados oscilaban entre líneas; Perdomo intentaba desde Bogotá una moderación que no siempre le obedecían.

En el frente político, sus interlocutores fueron los cuatro presidentes liberales del período. Con Olaya Herrera trató la primera acomodación pragmática: el nuevo régimen no atacaría frontalmente el Concordato y la Iglesia no obstruiría al ejecutivo. Con López Pumarejo, en el primer mandato (1934-1938), la relación fue más tensa: la Reforma de 1936 tocó, así fuera de manera limitada, principios que la Constitución del 86 había consagrado. Con Eduardo Santos (1938-1942), la Iglesia recuperó un modus vivendi más cómodo. El segundo López (1942-1945), interrumpido, y luego Darío Echandía completaron un ciclo en el cual la República Liberal se agotaba antes de haber cumplido su programa.

En el frente conservador, Perdomo tuvo que negociar con los pesos pesados de un partido en reconstrucción. Laureano Gómez, con quien compartía desconfianza hacia la JOC pero divergía en tono y estrategia; Mariano Ospina Pérez, que en 1946 recogería el retorno del conservatismo al poder; y una segunda fila de dirigentes que buscaban en el palacio arzobispal las señales que orientarían sus decisiones. En el propio ámbito eclesiástico, la generación que estaba siendo formada durante su arzobispado incluía a Crisanto Luque, quien lo sucedería en el primado y encabezaría a la Iglesia colombiana en los años más duros de la Violencia. Perdomo fue el último arzobispo de una era y el primero de otra: educado en el régimen de la Regeneración, presidió el catolicismo colombiano cuando ese régimen empezó a agrietarse, y dejó a su sucesor un aparato eclesiástico que ya no podía volver a las certezas del siglo XIX.

La huella: umbrales de la Violencia

Perdomo murió en 1950, en la vecindad temprana de la Violencia. El 9 de abril de 1948, dos años antes, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá había desatado un levantamiento espontáneo en muchos lugares del país, con efectos arrasadores en la capital, donde la Iglesia Católica se convirtió en blanco central de los amotinados que saquearon templos, curias y colegios. Aquel día, la ciudad episcopal que Perdomo había administrado durante veinte años ardió literalmente: iglesias saqueadas, conventos incendiados, símbolos católicos destruidos con una furia que revelaba hasta qué punto el catolicismo colombiano había sido percibido, por los sectores populares liberales y gaitanistas, como aliado estructural del enemigo político.

Colombia venía sufriendo el impacto de la violencia política desde 1930, con agudización desde 1948. El período 1930-1946 fue etapa de degradación estatal y agravamiento de antagonismos partidistas; con la llegada del conservatismo al poder en 1946, el país se caldeó y en los campos y pueblos comenzó la Violencia. Tras el 9 de abril, tanto la Iglesia como el conservatismo reabrieron el debate sobre la cultura colombiana y sus responsables. El cierre del Congreso por orden del ejecutivo en 1949 puso fin al entendimiento mínimo que aún quedaba entre los partidos tradicionales, profundizando el colapso institucional del período. Sobre ese trasfondo estructural —el paulatino derrumbe del Estado, los antagonismos partidistas heredados, los conflictos por la propiedad de la tierra, las disputas de la colonización— se instaló el ciclo largo de guerra rural que definiría a Colombia durante décadas.

¿Cuál fue la parte de Perdomo en esa deriva? La respuesta admite dos lecturas y ambas son verdaderas. La primera: Perdomo no fue Builes ni fue González. No firmó las pastorales más incendiarias, no prohibió leer El Tiempo, no dio bendición explícita a la violencia partidista, y en el caso del juramento del Guavio la desactivó con nitidez. Su arzobispado se caracterizó por una moderación institucional que buscó preservar los privilegios concordatarios mediante negociación antes que arriesgarlos con confrontación abierta. La segunda: Perdomo administró durante veinte años una Iglesia que seguía identificándose orgánicamente con el Partido Conservador, que seguía condenando el liberalismo como error doctrinal, que seguía usando sus prerrogativas concordatarias para influir en la vida civil, y que seguía formando en sus seminarios y sus púlpitos la generación de sacerdotes que en los años cincuenta bendeciría, o al menos toleraría, la violencia rural contra los liberales. La moderación del arzobispo no impidió que la maquinaria de fondo siguiera funcionando; en cierto modo, al hacerla presentable, la sostuvo.

Todavía en 1955 —cinco años después de su muerte— la jerarquía eclesiástica colombiana consideraba que el liberalismo estaba condenado por defender la libertad absoluta de enseñanza, la escuela laica, el matrimonio civil y el divorcio vincular, la libertad de cultos, la laicidad del Estado y la separación de Iglesia y Estado. Ese catálogo era, exactamente, el programa mínimo de cualquier Estado moderno. La Iglesia que Perdomo dejó a Luque en 1950 seguía librando la batalla del siglo XIX en pleno siglo XX, y esa incapacidad estructural para reconciliarse con la modernidad política no fue obra personal del arzobispo primado, pero tampoco fue algo que él intentara transformar más allá de gestos tácticos.

Su legado resulta ambiguo y por eso mismo interesante. Fue el último gran administrador de la hegemonía concordataria de 1887, y su gestión evitó que esa hegemonía se derrumbara antes de tiempo bajo el empuje del reformismo liberal. Fue también el arzobispo que reveló, sin proponérselo, los límites internos de la Iglesia colombiana: incapaz de unificar al conservatismo en 1930, incapaz de disciplinar a los obispos intransigentes durante los años treinta, incapaz de responder al desafío socialcristiano sino por vía burocrática, incapaz finalmente de impedir que el catolicismo popular se convirtiera en combustible de la guerra rural. Su moderación fue una virtud institucional y una insuficiencia histórica al mismo tiempo.

La historiografía eclesiástica lo recuerda con la deferencia debida a un primado que sirvió veintidós años en la sede más importante del país. La historiografía civil, más severa, tiende a leerlo como pieza de un engranaje que condicionó la modernización colombiana desde la sacristía. Ambas visiones capturan un pedazo del hombre. Queda la imagen de un obispo del Huila formado en el régimen de la Regeneración, ascendido al primado en el ocaso de la hegemonía conservadora, que administró con oficio y sin heroísmo el choque entre una Iglesia que quería seguir siendo del siglo XIX y un Estado que aspiraba, con timidez, a entrar en el XX. Cuando murió en 1950, el país donde había nacido en 1872 ya no existía, y el país que venía —el de la Violencia rural, el Frente Nacional, la eventual reforma concordataria de 1973— estaba naciendo sobre los escombros de una alianza Iglesia-Estado que él había defendido hasta el final. Su nombre pertenece al índice de los personajes indispensables para entender por qué Colombia llegó tarde y mal a las conversaciones fundamentales del siglo XX sobre educación, ciudadanía y laicidad. No porque él las obstaculizara con virulencia, sino porque, desde el más alto lugar eclesiástico del país, no encontró la manera —o no la buscó con suficiente convicción— de acelerar su llegada.