Congreso Eucarístico de Medellín de 1935

El Congreso Eucarístico de Medellín de 1935

En agosto de 1935, cuando la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo apenas cumplía un año y la reforma constitucional que desmontaría la confesionalidad del Estado se discutía ya en los pasillos del liberalismo, Medellín acogió el Congreso Eucarístico Nacional. Fue, en la superficie, un acto litúrgico: procesiones, misas, exposición del Santísimo, congregación multitudinaria en el Parque de Bolívar y en la Catedral Metropolitana. Fue, en el fondo, la mayor manifestación de fuerza pública que la Iglesia católica colombiana desplegó contra el reformismo liberal en toda la década. Cerca de trescientos mil fieles fueron convocados, jurados y disciplinados en un ejercicio de contra-movilización que utilizó el formato sacramental para ensayar un repertorio abiertamente político: el juramento colectivo, la muchedumbre encuadrada, el enemigo interno nombrado desde el altar. En Medellín, entre las cordilleras que lo aislaban del país, la jerarquía antioqueña —con monseñor Juan Manuel González Arbeláez a la cabeza— probó por primera vez en el siglo XX que la liturgia podía hablar la gramática de la política de masas, y que esa gramática, prolongada durante trece años más, iría a desembocar en la sangre del 9 de abril de 1948.

El país que hizo posible el Congreso

Para entender por qué el episcopado eligió Medellín en 1935 y no otro escenario, conviene mirar el pacto de casi medio siglo entre la Iglesia católica y el Estado colombiano sobre el que se sostenía ese mundo. La Constitución de 1886 y el Concordato negociado en 1887 y aprobado en 1888 habían configurado un régimen de excepción en el mapa latinoamericano. Mientras México, Uruguay, Chile o Argentina avanzaron durante el siglo XIX hacia diversas formas de separación entre el poder civil y el eclesiástico, Colombia hizo el movimiento inverso: la Regeneración de Rafael Núñez entregó a la Iglesia el control pleno de la educación nacional, otorgó efectos civiles al matrimonio católico, reconoció fuero eclesiástico, concedió autonomía de gobierno y ventajas fiscales, y estableció pagos anuales perpetuos como compensación por la desamortización de bienes eclesiásticos ocurrida bajo los liberales radicales.

La Constitución era categórica: la educación pública se organizaría en concordancia con la Religión Católica, declarada religión de la nación. La Iglesia era, así, un poder constituido, co-soberano en materias enteras de la vida colombiana, con atribuciones jurídicas y presupuestales propias. Esa soberanía compartida tenía un correlato político: la alianza estrecha con el Partido Conservador. Desde el púlpito, desde el confesionario y desde las pastorales, el clero orientaba el voto, lanzaba anatemas contra el liberalismo y participaba en la selección de candidaturas. En Bogotá, la sede del arzobispado funcionaba en época de elecciones como espacio de negociación conservadora, y el respaldo del primado equivalía, dada la debilidad estructural del liberalismo, a la práctica designación del futuro presidente. El dato bogotano de octubre de 1921, cuando la mesa electoral del clero registró 165 votos conservadores y ninguno liberal, era la expresión numérica de una fusión doctrinal que llevaba décadas.

El marco intelectual de esa fusión venía de Roma. El Syllabus de Pío IX, el Concilio Vaticano I y el Concilio Plenario de Obispos Latinoamericanos habían codificado el rechazo al liberalismo, al naturalismo, al socialismo y al racionalismo como bloque doctrinal indivisible. Ese era el catecismo con que se formaba al clero colombiano y desde el que se predicaba a los fieles. En julio de 1902, todavía bajo el eco de la Guerra de los Mil Días, se había redactado un juramento para los liberales que quisieran renegar de su partido: el arrepentido debía condenar «sin reserva alguna y de corazón todo tipo de liberalismo religioso o político y todas aquellas falsas libertades que amenazan y perjudican nuestra fe católica». Décadas después, monseñor Ismael Perdomo, entonces obispo de Ibagué, publicó el folleto Liberalismo colombiano teórico y práctico, donde sostenía que las tendencias anticlericales del liberalismo no habían sido superadas y desplegaba un largo recuento de las persecuciones sufridas por la Iglesia. Cuando en 1935 el episcopado convocó al juramento de Medellín, no inventaba un gesto: reactivaba una tradición.

Ese era el andamiaje nacional. Pero el Congreso fue posible en Medellín, y no en cualquier otra parte, porque Antioquia había sido durante décadas la retaguardia más férrea del catolicismo antiliberal en Colombia. El aislamiento físico del valle —una cuenca larga rodeada de cordilleras andinas, que hasta la era de la aviación mantuvo a la ciudad relativamente incomunicada del resto del país— había configurado una mentalidad proteccionista y una religiosidad de tejido cerrado. A comienzos del siglo XX, con Medellín ya consolidada como capital provincial y centro político, económico y cultural de la región, la sede episcopal había sido trasladada desde Santa Fe de Antioquia por demanda de las autoridades locales y los ciudadanos; el traslado motivó luego el restablecimiento de la antigua diócesis santafereña como obispado separado, tras las quejas de sus habitantes. La jurisdicción de Medellín fue elevada poco después a rango superior, y en 1935 era ya una arquidiócesis con vocación de faro. Antioquia aportaba, además, el linaje militante: el obispo Miguel Ángel Builes, titular de Santa Rosa desde 1924, era el rostro más aguerrido del antiliberalismo pastoral colombiano.

López y la amenaza real

A ese cuadro doctrinal se sumaba una coyuntura que la jerarquía leía como inminente. Alfonso López Pumarejo había asumido la presidencia el 7 de agosto de 1934 tras derrotar a un conservatismo dividido, herencia del fracaso primado de 1930, cuando el arzobispo de Bogotá no logró decidir entre dos candidaturas y provocó la fractura que abrió la puerta al triunfo liberal de Enrique Olaya Herrera. La Revolución en Marcha, como López bautizó su programa, no era retórica: contemplaba la función social de la propiedad, la intervención estatal en la economía, el derecho de huelga, la protección del trabajo, la supervisión estatal de la educación y, en materia religiosa, el desmonte de los artículos confesionales de la Constitución de 1886. Se hablaba de suprimir los artículos confesionales, introducir libertad de conciencia y de instrucción, y encargar al Estado la inspección suprema de los institutos docentes públicos y privados. La disputa por el control de la educación no era abstracta: sesenta años antes, las reformas educativas laicas del liberalismo radical desde 1870 —con la contratación de una misión pedagógica alemana incluida— habían desatado la guerra civil de 1876. El precedente estaba fresco en la memoria episcopal.

A ese cuadro se sumaba el ambiente internacional. La radicalización de los años treinta empujaba a la Iglesia hacia formas más orgánicas de acción social. En 1933, siguiendo un mandato formal de Pío XI, se había creado en Colombia la Acción Católica, cuya justificación oficial invocaba el proceso de industrialización, el crecimiento demográfico y la concentración urbana, pero cuya estructura era jerárquica, clerical en concepción y tradicionalista en pensamiento: un aparato de control social sobre la población católica más que un instrumento para enfrentar los cambios sociales. Su asesor eclesiástico era, precisamente, monseñor Juan Manuel González Arbeláez, obispo coadjutor de Bogotá, y su orientación fue decididamente proconservadora. Cuando en agosto de 1935 el episcopado convocó al Congreso Eucarístico, tenía a mano una infraestructura organizativa recién estrenada, un enemigo político definido y una tradición doctrinal centenaria.

Los actores en escena

El Congreso Eucarístico Nacional no fue obra de un solo hombre, pero tuvo un protagonista indiscutible. González Arbeláez encarnaba en su persona la fusión de dos poderes: era la mano derecha del arzobispo primado Ismael Perdomo —figura políticamente menos fuerte que sus antecesores, de personalidad conciliadora— y era, al mismo tiempo, el asesor eclesiástico de la Acción Católica y la voz más beligerante de la jerarquía frente al liberalismo. El liberalismo lo veía, con razón, como un adversario visceral, cercano personalmente a los sectores más extremistas del conservatismo. Su papel en Medellín fue el de ejecutor pastoral y político del acto: sería él quien tomaría el juramento a la multitud.

El flanco radical lo cubría Builes, que ya había intervenido en disputas internas del episcopado sobre candidaturas conservadoras —secundando al arzobispo de Medellín en favor de Guillermo Valencia frente a Alfredo Vásquez Cobo— y que representaba la línea más dura de la acción pastoral en clave política. El arzobispo de Medellín, Tiberio de Jesús Salazar y Herrera, oficiaba como anfitrión institucional y garante de la logística en el territorio antioqueño. Perdomo, desde Bogotá, brindaba el aval del primado sin poner el cuerpo con la contundencia de González Arbeláez. Manuel José Sierra participó en la coordinación como parte del clero antioqueño movilizado. Detrás, el Vaticano de Pío XI observaba: la Acción Católica era su encargo, pero la traducción colombiana la hacían los prelados criollos.

En el flanco laico, Laureano Gómez —que un año después, en 1936, fundaría el diario El Siglo para dotar al conservatismo doctrinario de una plataforma cotidiana— era el operador político que sabía leer la utilidad partidaria de una movilización de esa envergadura. Frente a ellos, del lado del gobierno, Darío Echandía era la figura central de la ingeniería jurídica de la reforma constitucional que llegaría en 1936; en pocos meses estaría en el Parlamento debatiendo con la jerarquía episcopal con el filo que le era propio.

No todo el episcopado, sin embargo, compartía el temperamento de González Arbeláez y Builes. El arzobispo de Manizales, Luis Concha Córdoba, mantenía una actitud moderada y conciliatoria; Perdomo mismo era de mano suave; había en el clero colombiano posiciones diferenciadas que años después se harían visibles cuando en 1942 González Arbeláez y Builes prohibieron a los fieles la lectura del diario liberal El Tiempo mientras otros prelados no siguieron el gesto. Esa heterogeneidad interna obliga a no leer el Congreso como pura estrategia unitaria: fue también, y quizás sobre todo, una reacción defensiva de un aparato eclesiástico que sentía tambalear sus prerrogativas centenarias. Lo que ocurrió en Medellín no fue el despliegue de un plan calculado por un episcopado monolítico, sino la sincronización, en un momento crítico, del ala militante de la jerarquía con la maquinaria política conservadora en formación.

La ciudad, la muchedumbre, el juramento

Medellín se preparó durante semanas. Las procesiones, congresos marianos y misiones eran ya, desde principios de siglo, el gran formato de manifestación pública de la religiosidad colombiana. En el altiplano cundiboyacense la vida urbana giraba en torno a las festividades religiosas, con Bogotá exhibiendo casi un templo por cuadra en su centro histórico. Había precedentes recientes de convocatoria masiva: el Congreso Mariano de 1919, cuando la Virgen de Chiquinquirá fue coronada en Bogotá, había movilizado a toda la ciudad, y su recibimiento había superado lo visto en un evento religioso relevante de 1913. Las visitas pastorales de obispos, los funerales de autoridades eclesiásticas, la reinstauración de diócesis, las visitas de imágenes milagrosas y los grandes congresos convocaban multitudes con solemnidad estudiada. La Iglesia colombiana sabía llenar plazas.

El Congreso Eucarístico de Medellín reunió cerca de trescientos mil fieles. La cifra hay que dimensionarla: Medellín no tenía en 1935 esa población; los fieles llegaron desde toda Antioquia y desde diversas regiones del país, en trenes y a lomo de mula. El Parque de Bolívar y las inmediaciones de la Catedral Metropolitana se convirtieron en el epicentro. Hubo misas de campaña, procesiones con el Santísimo, sermones, exposiciones del sacramento. La logística eclesiástica —parroquial, diocesana, coordinada por el arzobispado antioqueño— desplegó su capacidad organizativa, ensayada durante décadas en las grandes celebraciones del calendario litúrgico y en los eventos institucionales.

El momento culminante fue el juramento. Ante la multitud congregada, González Arbeláez tomó a los fieles la promesa colectiva de defender la religión católica «a costa de la misma vida». La fórmula, dicha desde el altar y respondida por trescientas mil voces, era mucho más que un acto piadoso. Era un compromiso público, verbalizado, presencial, que trasladaba la lógica del voto de fe al plano de la militancia terrenal. La religión católica —así, sin adjetivos— quedaba definida como amenazada, y los fieles, como cuerpo dispuesto a defenderla hasta el sacrificio. El juramento no nombraba enemigo, pero no le hacía falta: todos los presentes sabían quién era el sujeto contra el que se juraba. El liberalismo lopista, el proyecto de reforma constitucional, el ministro Echandía y los legisladores que en Bogotá preparaban el desmonte del régimen confesional recibían, en Medellín, la respuesta anticipada del catolicismo movilizado.

Un episodio marginal del Congreso reveló, además, cuán lejos estaba dispuesto a llegar González Arbeláez. El obispo coadjutor viajó desde Bogotá a Medellín llevando el Santísimo en avión, gesto de teatralidad litúrgica que se había hecho contra la expresa prohibición del Vaticano, según revelaría después el ministro Echandía en el Parlamento. La revelación motivó que González Arbeláez calificara a Echandía de «mendaz», sin desmentir el hecho. El detalle muestra la tesitura de la operación: el obispo estaba dispuesto a saltarse las reglas de su propia jerarquía romana con tal de dotar al Congreso de la aureola espectacular que el momento político exigía.

Bogotá contra Medellín: el Concejo y el anatema

Mientras Medellín se preparaba, Bogotá abrió otro frente. El Concejo de la capital, con mayoría liberal, discutió una proposición de la minoría conservadora para asociar formalmente a la ciudad al Congreso Eucarístico. La mayoría condicionó su apoyo a que los prelados colombianos se pronunciaran favorablemente sobre una lista de reformas: la modificación del Concordato, el establecimiento de la educación laica, la supresión de las misiones catequizadoras en los territorios nacionales, la adopción del divorcio vincular y otros puntos afines. Era, en efecto, poner sobre la mesa el programa liberal en materia religiosa y exigir al episcopado que negociara públicamente su respaldo.

La respuesta de González Arbeláez fue el detonante retórico del año. El obispo coadjutor calificó la proposición del Concejo bogotano de «ruin, infame, desvergonzada y canalla». Los cuatro adjetivos, encadenados y difundidos, marcaron el tono con que el ala militante del episcopado hablaría del liberalismo en los meses siguientes. No era un lenguaje pastoral: era un léxico de combate político, adaptado al púlpito. La reacción funcionó como amplificador previo del Congreso: la prensa católica y conservadora replicó la injuria, la militancia se sintió agredida en su fe y llegó a Medellín con el ánimo caldeado. El Concejo bogotano había querido chantajear a la jerarquía y terminó proporcionando a González Arbeláez el pretexto perfecto para escalar la temperatura.

Ese cruce reveló algo más: la Iglesia y el conservatismo estaban aprendiendo, en tiempo real, a usar la prensa moderna como campo de batalla. El liberalismo tenía El Tiempo, La Razón y —para el sector lopista— El Liberal. El conservatismo doctrinario se estaba dotando de plataforma: Gómez fundaría El Siglo en 1936; los jesuitas habían creado poco antes la Revista Javeriana; en Medellín, los conservadores radicales contaban con órgano propio. La escenografía mediática que amplificó el Congreso y sus ecos era también parte del ensayo: la contra-movilización necesitaba prensa, no solo púlpito.

Del sacramento a la política

Lo decisivo del Congreso Eucarístico de Medellín no fue el número de fieles ni la teatralidad del juramento aislados, sino la operación de traducción que se ejecutó allí. Bajo forma litúrgica se ensayó y se legitimó un modo de movilización política de masas. Cada uno de los elementos del acto tenía un doble filo. La multitud congregada no era solo la asamblea eucarística: era la demostración de fuerza cuantitativa del catolicismo frente al gobierno. El juramento no era solo el acto de fe: era el acta constitutiva de un cuerpo militante dispuesto a la confrontación. La retórica del enemigo interno —la proposición del Concejo bogotano calificada de canalla, la reforma constitucional presentada como amenaza existencial— no era solo defensa doctrinal: era la fijación de un adversario político en el imaginario colectivo. El anatema, elemento tradicional del arsenal eclesiástico, se estaba convirtiendo en instrumento de movilización partidaria.

La eficacia del procedimiento residía en la ambigüedad del formato. Un acto abiertamente político conservador habría enfrentado obstáculos: el partido estaba dividido y desmoralizado desde 1930, y una manifestación laica antilopista no habría convocado ni la tercera parte del público. Pero un Congreso Eucarístico convocaba en nombre de Dios, no de un partido, y la asistencia era acto de fe, no militancia declarada. El lenguaje sacramental permitía presentar como defensa de lo sagrado lo que era también, y de manera decisiva, ofensiva partidaria. Esa era la genialidad de la operación: hacía imposible criticar el Congreso sin parecer atacar la religión, y transfería toda la energía movilizadora del catolicismo popular al proyecto político del conservatismo doctrinario.

Que la jerarquía no fuera unánime en la estrategia no atenúa lo ocurrido; lo explica. González Arbeláez y Builes empujaban una línea que Perdomo toleraba desde la moderación y que Concha Córdoba no acompañaba con entusiasmo. La Acción Católica proporcionaba la infraestructura organizativa. Gómez y la prensa conservadora en formación amplificaban los efectos. El resultado agregado, más allá de la voluntad de cada actor, fue una contra-movilización de una escala inédita en la historia colombiana del siglo XX.

La reforma que llegó igual: 1936

La primera consecuencia del Congreso fue, paradójicamente, su fracaso inmediato. El gobierno de López Pumarejo continuó la reforma constitucional y en 1936 el Congreso aprobó la Ley que suprimió los artículos confesionales de 1886 e introdujo los nuevos. El catolicismo dejaba de ser reconocido como religión de la nación. Se establecía la libertad de conciencia y de instrucción. Se encargaba al Estado la inspección y vigilancia suprema de los institutos docentes públicos y privados, «con el fin de procurar los fines sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos». La reforma incorporaba, además, la función social de la propiedad, la intervención estatal en la economía, el derecho de huelga —salvo en servicios públicos— y la protección especial del trabajo. Era el paquete de la Revolución en Marcha traducido a texto constitucional. Trescientos mil fieles habían jurado en Medellín defender la religión a costa de la vida, y la reforma pasó igual.

Pero la lectura no puede quedarse ahí, porque el Congreso había impuesto condiciones invisibles al alcance de la reforma. La libertad de conciencia y cultos quedó redactada con una limitación decisiva: dichas prácticas no podían ser contrarias a la moral católica ni a las leyes. La confesionalidad práctica del Estado no fue eliminada; solo lo sería, formalmente, con la Constitución de 1991 y su confirmación por sentencia de la Corte Constitucional en 1994. Sobre todo, el Concordato de 1887 no fue modificado. La Convención de Misiones de 1902, renovada sin cambios en 1928, mantuvo a los misioneros como figuras dominantes en las fronteras y territorios nacionales. La reforma constitucional convivió con un Concordato intacto, y esa tensión estructural se prolongó durante todo el período liberal.

El intento de saldar la contradicción llegó bajo el gobierno de Eduardo Santos: un nuevo Concordato firmado el 22 de abril de 1942, que habría aumentado el control del Estado sobre la Iglesia. El Congreso lo aprobó. Nunca entró en vigor. Santos, ante la polarización política y el temor a una reacción clerical violenta, decidió no transmitirlo al Vaticano. El conservatismo, con Gómez a la cabeza —que calificó el texto de complot masónico—, impidió el canje de notas de ratificación. La eficacia diferida del Congreso Eucarístico de 1935 se veía, siete años después, en la capacidad del catolicismo militante para bloquear una reforma jurídicamente ya cocinada. La contra-movilización de Medellín había ganado, no en la Constitución del 36, sino en el margen de maniobra que quitó al liberalismo para consolidar sus reformas religiosas.

El destino de González Arbeláez y las esquirlas internas

El principal ejecutor del Congreso terminaría siendo desalojado de sus posiciones. González Arbeláez fue trasladado a la diócesis de Popayán y luego a España, un movimiento que la sensibilidad política de la época leyó como derrota. Sectores conservadores intentaron culpar del traslado al arzobispo Perdomo. Gómez y el ala dura, en un folleto encabezado por una circular del 6 de julio de 1942, denunciaron que el gobierno y la masonería manipulaban a la jerarquía eclesiástica y que el traslado era prueba de la penetración masónica en la arquidiócesis de Bogotá y en la nunciatura apostólica. La denuncia era descabellada, pero registraba una realidad interna: el ala más militante del episcopado empezaba a chocar con las jerarquías moderadas y con el Vaticano, que prefería una Iglesia menos abiertamente comprometida en la política partidista.

Las esquirlas internas se hicieron visibles también en la disputa por la Juventud Obrera Católica. González Arbeláez y Gómez, preocupados por las tendencias socialcristianas de la JOC, presionaron para subordinarla a la Acción Católica proconservadora. Los hermanos Murcia —el padre Jorge y su hermano Luis— resistieron esa subordinación, apoyados por Perdomo, por el obispo de Ibagué Pedro María Rodríguez y por el nuncio Carlos Serena, que envió informes favorables a ellos. La pugna revelaba una tensión que el Congreso Eucarístico había maquillado bajo la unanimidad ritual: dentro del catolicismo colombiano coexistían una línea abiertamente antiliberal y politizada, y corrientes más pastorales, socialcristianas o simplemente moderadas, cuya derrota nunca fue total.

En 1942, el mismo año en que el Concordato de Santos quedaba muerto en el escritorio, González Arbeláez y Builes prohibieron a los fieles de sus diócesis la lectura de El Tiempo. Concha Córdoba no siguió el gesto. La línea del Congreso Eucarístico —jurar, anatemizar, prohibir— continuaba operativa en el ala militante, pero ya no representaba a todo el episcopado.

De Medellín al 9 de abril

La estela de largo plazo del Congreso Eucarístico de 1935 se mide en el vocabulario militante que sembró y que se activaría durante la Violencia. El juramento tomado por González Arbeláez —defender la religión «a costa de la misma vida»— fue mucho más que una fórmula ritual: fue la habilitación pública de una lógica sacrificial que autorizaba a los fieles a leer la política como campo de martirio. La injuria contra el Concejo bogotano —«ruin, infame, desvergonzada y canalla»— fue el préstamo de un léxico beligerante al conservatismo doctrinario, que en las décadas siguientes tradujo esa gramática eclesial en violencia partidaria.

La alianza entre Iglesia y conservatismo, sostenida desde el siglo XIX y reforzada por el ensayo de contra-movilización de 1935, moldeó la vida social colombiana durante el resto del período: educación, participación política, control de la vestimenta, regulación del matrimonio, autoridad sobre los territorios de misión. Cuando el 9 de abril de 1948 el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán desató el estallido de Bogotá y otras ciudades, la Iglesia católica se convirtió en blanco central de los amotinados. Templos, conventos y palacios episcopales fueron saqueados e incendiados. Los ataques no venían de comunistas internacionales, como la jerarquía se empeñó en sostener; venían de ciudadanos comunes, buena parte de ellos católicos, que en la Iglesia veían la autoridad, la ley, el orden y la alianza con el poder que había gobernado sus vidas. La institución que en 1935 había convocado a trescientos mil fieles a jurar defensa hasta la muerte era, trece años después, uno de los objetivos del estallido popular.

El Congreso Eucarístico de Medellín ocupa un lugar preciso en la genealogía de esa violencia: allí se ensayó la conversión del lenguaje sacramental en repertorio de movilización política, la fijación del liberalismo como enemigo interno, la disciplina de la muchedumbre convocada por el altar. Ese aprendizaje no se perdió. Durante los años siguientes, la retórica militante circuló entre el púlpito, la prensa conservadora, la Acción Católica y el aparato partidario, y proporcionó a la confrontación política un envoltorio doctrinal que la volvió más difícil de contener. La masa jurada frente a la Catedral de Medellín, y el obispo llamando canalla al Concejo bogotano, siguen siendo piezas indispensables para entender por qué la separación entre lo sagrado y lo político tardó tanto en llegar al derecho colombiano —y por qué, en la vida social, aún no ha llegado del todo.