Institucionalización de la antropología y la arqueología nacionales (1936–1942)

Institucionalización de la antropología y la arqueología nacionales (1936–1942)

Entre 1936 y 1942, bajo los gobiernos de Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos, el Estado colombiano creó por primera vez las instituciones estables desde las cuales se investigaría de manera profesional el pasado indígena del territorio. La fundación del Servicio Arqueológico Nacional en 1938 y del Instituto Etnológico Nacional hacia 1941, articulados a un Museo Arqueológico y Etnográfico y a una revista propia, dieron forma a un campo científico que hasta entonces había estado en manos de aficionados, guaqueros, comerciantes y viajeros extranjeros. El proceso apoyó una operación más amplia: colocar al indígena prehispánico como materia legítima de saber estatal y ensanchar así el horizonte simbólico de la nación más allá del molde hispano-católico que la historiografía conservadora había fijado durante el siglo XIX. No fue una empresa monolítica ni el despliegue de una doctrina cultural coherente: dependió de contingencias internacionales —el exilio europeo—, de rivalidades personales entre sus protagonistas y de la convergencia oportunista de agendas heterogéneas. Aun así, a comienzos de los años cuarenta la arqueología colombiana existía como disciplina profesionalizada, con procedimientos, publicaciones y una comunidad —todavía incipiente— capaz de reproducirse.

El terreno del que se sale: guaqueros, anticuarios y museos vacíos

Antes de 1936, el estudio del pasado indígena colombiano era, en rigor, el negocio del pasado indígena colombiano. Los guaqueros abrían tumbas para alimentar las arcas de los anticuarios; estos, a su vez, surtían colecciones privadas locales y, sobre todo, museos extranjeros. La colonización antioqueña del Gran Caldas se había hecho en gran parte profanando sepulturas quimbayas, ricas en oro; grupos de comerciantes financiaban las excavaciones, fundían las piezas y atesoraban lo demás. Algunos separaban objetos particularmente notables y así formaban las primeras colecciones privadas de orfebrería prehispánica del país.

El episodio más elocuente del período es el del llamado Tesoro Quimbaya. En 1892, con motivo del IV Centenario, se exhibieron en Sevilla 122 piezas orfebres procedentes de dos sepulturas de La Soledad, en el municipio de Finlandia. El presidente Carlos Holguín las obsequió a la Reina María Cristina de España; hoy se conservan en el Museo de las Américas, en Madrid. La donación no fue un desliz aislado. A finales del siglo XIX, un funcionario del Museo Nacional lamentaba en un informe la escasez de objetos históricos y prehispánicos en el establecimiento, la falta de recursos para adquirirlos y el escaso interés institucional por conservarlos; esa desidia estatal había alimentado durante décadas la salida sistemática de piezas al exterior. El coleccionista conocido como Leocadio negoció en 1918 la venta de su celosa colección al Smithsonian —operación cancelada por su fallecimiento—; en 1924 el Gobierno tuvo que declararla reliquia nacional para retenerla; aun así, en 1933, Germán Olano, cónsul de Colombia en Nueva York, intentó de nuevo colocarla en el exterior.

En paralelo, la investigación científica del pasado indígena colombiano estaba en manos de extranjeros. A comienzos del siglo XX habían llegado etnólogos vinculados a la escuela difusionista alemana —Konrad Theodor Preuss, Theodor Koch-Grünberg— y el venezolano Alfred Jahn, aportando por primera vez una metodología de observación directa y convivencia prolongada con las comunidades. En 1923, bajo los auspicios del Field Museum de Chicago, John Alden Mason excavó en la Sierra Nevada de Santa Marta y describió sistemáticamente la arquitectura monumental tairona en Pueblito: fue el primer científico que hizo ese trabajo, y lo hizo para una institución estadounidense. El país, en suma, tenía pasado indígena en abundancia y un sistema —informal pero eficaz— para expropiarlo.

Un Estado liberal que necesita otro relato

La escena política de los años treinta ofrecía condiciones inéditas para intervenir en ese desorden. La República Liberal, y en particular el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934–1938), había puesto en marcha una modernización del aparato educativo y cultural: reforma de la Universidad Nacional, apertura hacia métodos científicos para el estudio de la realidad nacional, incorporación de intelectuales extranjeros. En un sector de esa intelectualidad —influido por la Revolución mexicana, por el aprismo peruano y por la lectura del marxismo hecha por José Carlos Mariátegui— el pasado prehispánico dejaba de ser folclor o curiosidad de anticuario para volverse material político y científicamente serio.

Ese giro tenía un adversario obvio, aunque nunca nombrado en decretos: la Academia Colombiana de Historia, que desde finales del siglo XIX había custodiado el relato oficial de la nación como continuidad hispano-católica, con la Conquista como acto fundacional y la Independencia como su prolongación republicana. Institucionalizar la arqueología y la etnología equivalía a abrir un flanco: si el pasado indígena podía estudiarse con procedimientos científicos, con revistas propias, museos propios y funcionarios pagados por el Estado, entonces la historia de Colombia no empezaba en 1499 ni se resolvía en la genealogía criolla. Ninguna proclama liberal enunció el desplazamiento en esos términos; se produjo, más bien, por acumulación de decisiones administrativas.

El período impone una precisión. En Colombia, tanto en 1938 como después, coexistieron el indigenismo más chovinista y el hispanismo más aberrante, sin que ninguno de los dos fuera doctrina de Estado. El interés por lo indígena no respondía a una posición estatal única, sino a un tejido de posiciones muchas veces antagónicas e irreconciliables, en las que distintos sectores intentaban legitimar su lugar en la disputa por el poder. La República Liberal no fue un régimen indigenista; fue un régimen que, entre otras cosas, permitió y financió que unos cuantos científicos y funcionarios trataran el pasado indígena como asunto público.

1938: el Servicio Arqueológico Nacional

La primera pieza institucional del nuevo campo fue el Servicio de Arqueología, creado en 1938 en el marco de las iniciativas estatales para institucionalizar la arqueología y la etnología. A su creación contribuyó Gregorio Hernández de Alba, quien se convertiría en la figura administrativa y de terreno más constante del período. Ese mismo año publicó Colombia: Compendio arqueológico, una obra que ordenaba en áreas arqueológicas el territorio nacional. La propuesta no era del todo original —Thomas Athol Joyce en 1912 y J. Eric S. Thompson en 1936 habían ensayado divisiones semejantes para Sudamérica en general—, pero Hernández de Alba fue el primero en aplicarla específicamente al caso colombiano. La clasificación tripartita que allí se ensayó situaba a San Agustín como cultura "temprana"; a los muiscas, a los taironas y a algunos materiales del alto Cauca como "tardíos"; y a quimbayas, tierradentro y sinú en un período "medio".

El Compendio hizo algo más que catalogar: fijó una gramática. Que un lector de 1939 pudiera pensar el pasado indígena colombiano en términos de áreas y períodos, y no como una acumulación indistinta de tumbas y estatuas, era un cambio de régimen intelectual. Faltaba, sin embargo, casi todo lo demás. Durante los años cuarenta y cincuenta, quienes en Colombia se interesaron por establecer secuencias y escalas cronológicas fueron muy pocos y produjeron resultados limitados, en marcado contraste con lo que ocurría al mismo tiempo en Mesoamérica, los Andes Centrales, las Antillas y Venezuela, donde se construían las primeras cronologías firmes. La contribución más sólida a la definición de áreas arqueológicas colombianas por análisis cerámico no vendría del país sino de Estados Unidos: en 1944, Wendell C. Bennett publicó en la serie de Yale Archaeological Regions of Colombia: A Ceramic Survey.

El Servicio Arqueológico, en todo caso, comenzó a operar como plataforma. Bajo su rótulo, Hernández de Alba viajó a Estados Unidos, donde estudió la organización de museos e instituciones de investigación, escribió trabajos sobre etnología y arqueología del sur de los Andes colombianos para el Smithsonian Institute y la Universidad de Yale, y gestionó un inicio de colaboración con instituciones estadounidenses de antropología. Era, en la escala del país, un cambio de posición: por primera vez, un funcionario colombiano no vendía piezas ni recibía a expediciones extranjeras, sino que negociaba entre pares.

París, Bogotá y el modelo del Museo del Hombre

El segundo movimiento decisivo se produjo por una vía menos administrativa. Entre 1939 y 1941, Gregorio Hernández de Alba se formó como etnólogo en París bajo la tutela de Paul Rivet, entonces director del Museo del Hombre. Rivet, figura mayor de la etnología francesa, era también un intelectual políticamente comprometido, y las circunstancias de la guerra lo llevarían pronto a Colombia. Bajo auspicio oficial del gobierno liberal, se instaló en Bogotá y asumió la dirección del Instituto Etnológico Nacional (IEN).

El IEN, cuya organización efectiva se consolidó hacia 1941, replicó el modelo francés: un instituto de investigación articulado a un Museo Arqueológico y Etnográfico, con una publicación propia —la Revista del Instituto Etnológico Nacional—, dirigida inicialmente por Rivet. Allí se consignaban los informes de campo. Su primer número, en 1942, incluyó "Apuntes arqueológicos de Soacha", de un joven etnólogo austríaco llamado Gerardo Reichel-Dolmatoff, discípulo de Rivet; el segundo, en 1944, publicó el trabajo de Henri Lehmann sobre la arqueología de Moscopán. Poco después, entre 1945 y 1951, el propio Instituto sacaría el Boletín de Arqueología. Por primera vez, la producción de conocimiento arqueológico colombiano tenía órganos regulares de circulación.

La llegada de Rivet no fue un episodio aislado sino la punta visible de una migración intelectual mayor. Las persecuciones nazis trajeron a Colombia a Justus Wolfram Schottelius —alumno de Preuss, de tendencia socialista, llegado en 1938 y muerto apenas tres años después—, a Rudolf Hommes, a Kurt Freudenthal, a Gerhard Masur, al geógrafo Ernesto Guhl y al historiador Juan Friede, entre otros. La Guerra Civil española y la persecución franquista añadieron a Pablo Vila, Urbano González de la Calle, José María Ots Capdequí y el arqueólogo José Pérez de Barradas. El presidente Eduardo Santos, en cuyo período (1938–1942) se consolidó buena parte de este dispositivo, acogió a los refugiados españoles que se incorporaron al ambiente académico. La Escuela Normal Superior, donde varios de ellos dictaron cátedra —Rivet, Guhl, Vila, Masur—, funcionó como el otro polo formativo del período: allí se preparó una comunidad académica todavía pequeña pero con capacidad de reproducirse.

Este es uno de los datos duros del proceso: la profesionalización de la antropología colombiana entre 1938 y 1942 dependió, en medida decisiva, de una catástrofe europea. Los marcos teóricos y metodológicos que separaron a la nueva arqueología del anticuario del XIX no se elaboraron en Bogotá; los trajeron hombres que huían de Berlín, de Viena, de Madrid y de París, y encontraron en la República Liberal un puerto disponible. La agencia central del proyecto —quien decidía qué se investigaba, cómo se publicaba, con qué categorías— recayó con frecuencia en los científicos exiliados y sus redes disciplinares. El Estado colombiano puso el marco legal, el presupuesto y el edificio.

Expediciones: San Agustín, Tierradentro, la Sierra Nevada

En paralelo a la construcción institucional se hicieron las expediciones que fijarían el imaginario arqueológico colombiano. En San Agustín, en el sur del Huila, la zona ya conocida por más de treinta agrupaciones de rasgos culturales, con sus centenares de estatuas de piedra y sus túmulos funerarios, se convirtió en el escenario privilegiado. José Pérez de Barradas —el arqueólogo español exiliado— dirigió allí trabajos que, siguiendo la tónica del período, se concentraron ante todo en la excavación de estatuas y otros rasgos monumentales, así como de entierros y túmulos. El énfasis funerario y monumental, más que en secuencias estratigráficas, marcaría durante décadas la investigación agustiniana.

En Tierradentro, en el oriente del Cauca, Gregorio Hernández de Alba condujo trabajos sobre los hipogeos de Inzá, cuyos resultados publicó como "Investigaciones arqueológicas de Tierra Adentro" en el número 7 de la Revista de las Indias —la publicación estatal donde también aparecería, en su número 5, la "Máscara de oro de Inzá" de Pérez de Barradas—. La coincidencia de ambos autores en el mismo tema y en la misma revista alimentó una rivalidad que se agrió con rapidez. Las malas relaciones entre Hernández de Alba y Pérez de Barradas derivaron en polémicas y acusaciones mutuas. El enfrentamiento no fue, pese a las apariencias, un choque entre indigenismo liberal criollo e hispanismo peninsular. La disputa se resolvió principalmente en la descalificación mutua del trabajo realizado y en rencillas personales, sin expresarse en términos ideológicos claros. La situación, además, era ambigua: en sus publicaciones académicas, Pérez de Barradas llegó a expresar opiniones favorables sobre los trabajos de Hernández de Alba. Los conflictos del pequeño mundo arqueológico colombiano de esos años se parecen más a los de cualquier comunidad científica joven que a un debate entre proyectos de nación.

La Sierra Nevada de Santa Marta constituye el tercer vértice. Desde las excavaciones de Mason en 1923, la región cargaba con un prestigio arqueológico propio. Hacia 1941, Rivet envió allí a Reichel-Dolmatoff para realizar trabajo etnológico y arqueológico en el marco del IEN. La decisión no era menor: significaba que la joven institución colombiana asumía como suyo el territorio donde una expedición del Field Museum había abierto veinte años atrás la investigación tairona. La Sierra Nevada devenía, así, cuna de la antropología y la arqueología modernas en Colombia, aunque no por una sola iniciativa: el envío de Reichel-Dolmatoff fue un hito relevante en un proceso que venía de antes.

Alrededor de estas tres campañas —San Agustín, Tierradentro, la Sierra Nevada— se organizó, en pocos años, el mapa efectivo del trabajo de campo. A ellas se sumaron investigaciones en zonas muiscas del altiplano y en la región de Sogamoso, que darían pie a los estudios posteriores de Luis Duque Gómez. La Revista del IEN, el Boletín de Arqueología y la Revista de las Indias aseguraron que los resultados no quedaran en informes internos: circulaban, se citaban, se discutían.

Del saqueo a la protección estatal

Detrás del edificio científico avanzaba, más silenciosa, una operación patrimonial. Las mismas piezas prehispánicas que en el siglo XIX habían migrado como "tesoros" —resignificadas de objetos rituales a bienes coleccionables— empezaban a ser tratadas como patrimonio nacional bajo tutela del Estado. La declaración de la colección Leocadio como reliquia nacional en 1924 fue el primer paso; la creación del Servicio Arqueológico en 1938 y del IEN en 1941, con su Museo Arqueográfico y Etnográfico articulado, fue el paso institucional decisivo.

El cambio de estatuto de las piezas no borra el problema. Buena parte del oro quimbaya seguía en Madrid; el Tesoro no volvió, ni ha vuelto. Muchas colecciones privadas formadas a la sombra de la guaquería antioqueña permanecían en manos particulares o habían sido vendidas al extranjero. Y la propia investigación arqueológica, con su lógica de excavar, catalogar y exhibir, prolongaba en clave científica una práctica que las comunidades indígenas contemporáneas rara vez controlaron. La nueva arqueología era también, en más de un sentido, una forma más cuidadosa —y más legítima ante el Estado— de continuar apropiándose del patrimonio material indígena.

Aun así, el desplazamiento fue real. Que existiera un Servicio Arqueológico Nacional significaba que había un funcionario responsable de las piezas prehispánicas; que existiera un IEN, que las excavaciones seguían un procedimiento y sus resultados se publicaban; que existiera un Museo Arqueológico y Etnográfico, que las piezas se exhibían en un contexto nacional, no como curiosidades sino como testimonios de un pasado propio. La distancia respecto de 1892 —cuando un presidente podía regalar 122 piezas de oro a una reina europea— era, en dos generaciones, considerable.

Causas de fondo y causas próximas

La institucionalización de la antropología colombiana entre 1938 y 1942 tuvo, entrelazadas, causas de largo aliento y detonantes específicos.

Pesa la modernización cultural de la República Liberal: un Estado que se pensaba a sí mismo como agente de reforma en la educación, la ciencia y la interpretación del país, y que estaba dispuesto a financiar dispositivos técnicos impensables para las administraciones conservadoras anteriores. Pesa también la disponibilidad de un lenguaje intelectual —indigenismo mexicano, aprismo, Mariátegui— que hacía inteligible, en clave política, la idea de un pasado indígena como recurso simbólico republicano. Y pesa la acumulación de un siglo de guaquería y anticuariado que había hecho visible, aunque a la manera del despojo, la magnitud del patrimonio arqueológico colombiano: hacia 1930 nadie discutía que hubiera un pasado indígena rico; se discutía a quién pertenecía.

El detonante decisivo fue el exilio europeo. Sin la llegada de Rivet, de Schottelius, de Reichel-Dolmatoff, de Pérez de Barradas, de Lehmann, de Guhl, de Masur, de Vila, es difícil imaginar que el Servicio Arqueológico y el IEN hubieran alcanzado en pocos años el nivel de operación que alcanzaron. La República Liberal aportó el marco político; la diáspora intelectual aportó la mano de obra calificada. Otro detonante, más discreto, fue la formación en París de Hernández de Alba entre 1939 y 1941: sin ese vínculo directo con Rivet y el Museo del Hombre, el modelo francés difícilmente se habría trasladado con tanta fidelidad a Bogotá.

El proceso no obedeció a un plan. No hay una doctrina cultural liberal sistemática ejecutada entre 1936 y 1942, sino decisiones administrativas —la creación de un servicio, la contratación de un director, la financiación de una revista— tomadas en contextos cambiantes, muchas veces sin conexión explícita entre sí. La llegada de Eduardo Santos a la presidencia en 1938, con su gobierno de moderación anunciado bajo el nombre de "la pausa", marcó un giro respecto del impulso reformista lopista; y sin embargo, fue durante ese mismo gobierno cuando se consolidaron el Servicio Arqueológico y el IEN. La coherencia del proyecto se ve mejor en retrospectiva que en la sucesión de sus actos.

Consecuencias

Hacia 1942 Colombia contaba por primera vez con una arqueología profesionalizada, con instituciones, publicaciones y una comunidad pequeña, dependiente, pero real. La disciplina había pasado, en menos de una década, del régimen del anticuario al régimen del funcionario y el especialista. La aparición del Boletín de Arqueología en 1945, la publicación de Bennett en Yale en 1944 y la continuidad de los trabajos de Reichel-Dolmatoff en la Sierra Nevada muestran que la infraestructura montada entre 1936 y 1942 no se colapsó tras la caída del ciclo liberal: se transfirió, con modificaciones, a las administraciones posteriores. Hombres formados en la Escuela Normal Superior o en las expediciones del IEN ocuparon cátedras, dirigieron museos regionales, tramitaron licencias de excavación. La reproducción del campo, que en 1938 era una apuesta, hacia 1950 era ya un hecho verificable.

Entre finales de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta se fijaron concepciones más o menos estables sobre el pasado indígena de Colombia que alimentarían el imaginario nacional durante las décadas siguientes. La gran mayoría de los lectores, escolares y ciudadanos siguió identificando el proceso prehistórico del país con los muiscas, los quimbayas o las estatuas de San Agustín: exactamente los tres focos alrededor de los cuales se había organizado el trabajo de campo entre 1938 y 1942. Los muiscas, sobre todo, se convirtieron en la nación indígena "oficial" para amplios sectores de la sociedad colombiana, referencia obligada cuando se hablaba de pasado precolombino. Otras zonas del territorio —la Amazonía, el Pacífico, los llanos— quedaron por décadas al margen del mapa arqueológico dominante, no porque carecieran de vestigios, sino porque las tres campañas fundacionales habían dibujado el itinerario que los sucesores repitieron.

La creación de puestos técnicos, aunque escasos, abrió por primera vez la posibilidad de una carrera arqueológica en Colombia: alguien podía formarse en la Escuela Normal Superior, hacer terreno con Rivet o Pérez de Barradas, publicar en la Revista del IEN y aspirar a una posición estatal. Esa cadena, imperfecta y estrecha, permitió que la generación de Luis Duque Gómez, y luego la de sus discípulos, encontrara un lugar donde ejercer. Sin las decisiones de 1938 y 1941, el itinerario habría exigido el traslado a Estados Unidos, a Francia o a México, como habían hecho, en la generación anterior, los pocos colombianos interesados en la disciplina.

Se cristalizó también una división que subsiste hasta hoy: los historiadores investigan el pasado colonial y republicano, mientras que los antropólogos investigan el pasado indígena y las sociedades indígenas contemporáneas. La antropología nacida entre 1936 y 1942 no solo se dotó de instituciones; se dotó también de un objeto propio —lo indígena— que quedó, por vía de la especialización disciplinar, separado del resto de la historia del país. Ese reparto de aguas explica en parte la persistencia del imaginario prehispánico como algo distinto y separado de la historia nacional propiamente dicha: no una fase temprana de la misma línea, sino un continente adyacente, estudiado por otros profesionales, expuesto en otros museos, publicado en otras revistas. El indígena prehispánico se volvió materia científica al precio de dejar de ser materia histórica. La Academia Colombiana de Historia no perdió su lugar; siguió, y sigue, escribiendo la historia oficial hispano-católica. Pero desde 1942 dejó de ser la única voz autorizada: al lado del historiador conservador se instaló, con revista propia y museo propio, el etnólogo del Estado. Ese cambio de coordenadas —hecho por hombres cansados de guerras europeas y por funcionarios liberales sin gran doctrina— es una de las mutaciones más duraderas de la historia intelectual colombiana del siglo XX.