La Revolución en Marcha (1934-1938)

¿Por qué la Revolución en Marcha fue la más tibia del ciclo reformista latinoamericano?

Entre 1934 y 1938, mientras Lázaro Cárdenas repartía cuarenta y cinco millones de hectáreas en México y nacionalizaba el petróleo, mientras Getúlio Vargas construía en Brasil el Estado corporativo del Estado Novo, mientras Víctor Raúl Haya de la Torre agitaba desde el exilio un aprismo antiimperialista continental y mientras Pedro Aguirre Cerda ganaba en Chile la presidencia con el Frente Popular, Alfonso López Pumarejo puso en marcha en Colombia una reforma que sus contemporáneos llamaron Revolución en Marcha y que sus lectores conservadores denunciaron como el preludio del bolchevismo tropical. Cuatro años después, sin haber redistribuido tierra, sin haber tocado el orden cafetero, sin partido propio y sin sujeto social autónomo que lo sostuviera, López anunciaba él mismo la pausa. La reforma constitucional de 1936 se mantuvo en los códigos; la Ley 200 del mismo año quedó atrapada en jueces municipales y en la interpretación de los gamonales; y para 1944, en un segundo gobierno debilitado, el propio López sancionaba la Ley 100 que revertía en buena medida lo suyo.

¿Fue tibieza estructural o autolimitación de élite? La pregunta no es de matiz: decide si el ciclo colombiano tenía otro desenlace posible o si estaba escrito desde adentro. Y decide, con eso, una lectura entera del siglo XX colombiano.

Colombia compartió con México, Brasil, Perú y Chile la coyuntura internacional que hizo posible el reformismo latinoamericano de los años treinta: el derrumbe de 1929, la recuperación bajo lógicas keynesianas, el margen fiscal ampliado por la política del buen vecino de Franklin D. Roosevelt, el clima ideológico de frentes populares y corporativismos, la presión obrera urbana y las tensiones en el campo. En ese tablero común, cada país produjo su propio experimento. El colombiano fue, sin discusión, el que menos alteró la estructura de propiedad, el que menos duró, el que menos partido de masas dejó tras de sí y el que revirtió sus avances con menor costo político. ¿Por qué?

Una respuesta habitual señala que la timidez de la reforma dejó intactas las estructuras agrarias y preparó por omisión la radicalización gaitanista y La Violencia. Es una lectura teleológica que funciona hacia atrás: si en 1948 el 9 de abril arrasó el centro de Bogotá, si La Violencia produjo más de doscientas mil víctimas y el desplazamiento de más de dos millones de personas, entonces algo se dejó sin resolver en los años treinta. La Ley 200 no fue reforma redistributiva sino ajuste de títulos, y ese ajuste selló el latifundio en lugar de disolverlo.

Otra respuesta desplaza la responsabilidad hacia el campo institucional. La Iglesia y el bipartidismo funcionaron como amortiguadores de cualquier movilización que pudiera empujar a López más allá. La Arquidiócesis de Medellín envió a las parroquias antioqueñas un comunicado en defensa de los propietarios frente al proyecto agrario; el conservatismo practicó abstención electoral sistemática durante los gobiernos de López y Santos, negándose a legitimar el régimen; los gamonales locales, articulados con jueces de distrito y policías municipales, burlaron la Ley 200 en la mayoría de los casos donde se intentó aplicar. En esta lectura, la moderación lopista no fue elección sino piso: un reformador con más ambición habría chocado con el mismo muro. Y su versión endurecida dice más: la moderación no fue opción ideológica sino producto de un campo bloqueado, y por lo tanto criticar a López por tibio es voluntarismo.

Una tercera respuesta invierte el eje. López se autolimitó porque dependía de banqueros y cafeteros, porque priorizó el equilibrio fiscal sobre la redistribución, y porque su reforma nunca fue equivalente al cardenismo aunque compartiera el clima. La Federación Nacional de Cafeteros, fundada en 1927, controlaba las divisas de un sector que hacia esa fecha representaba cerca del 15% del ingreso nacional; ningún gobierno podía diseñar política agraria contra ese poder sin diseñar también su propia caída fiscal. Y una cuarta subraya la ausencia estructural: la Revolución en Marcha fue proyecto de élite ilustrada sin partido de masas, y esa carencia explica la reversibilidad rápida. Cárdenas tenía al PRM y a las centrales campesinas; Vargas construyó el corporativismo sindical; Aguirre Cerda tenía Frente Popular con socialistas, comunistas y radicales. López tenía al Partido Liberal, que seguía siendo el mismo partido de terratenientes, comerciantes y letrados que había gobernado desde 1930 con Enrique Olaya Herrera, y cuya ala santista lo abandonó apenas la reforma empezó a incomodar.

Hay lecturas más frontales todavía: la oligarquía colombiana fue incapaz de tolerar incluso un capitalismo modernizante y bloqueó el New Deal tropical vía coalición episcopal-oligárquica; confundió deliberadamente reforma con comunismo; la rigidez aristocrática ante reformas moderadas anticipa el carácter excluyente del régimen y prepara La Violencia. Y otra, opuesta, más fría: no hubo revolución alguna, sino modernización conservadora destinada a desactivar amenazas mayores, y la pausa de finales de 1936 selló los límites que estaban puestos desde el principio.

Cada una de estas lecturas se sostiene sobre evidencia real. Ninguna, por sí sola, explica el conjunto. Conviene entonces mirar la evidencia por dentro.

La reforma constitucional de 1936, impulsada principalmente por Darío Echandía y tomada como referencia la Constitución de la Segunda República Española, consagró la función social de la propiedad, el derecho de huelga —salvo en servicios públicos—, la intervención estatal en la economía, la protección especial al trabajo como obligación social, y restableció el sufragio universal devolviendo el voto a pobres y analfabetos. Fue una reforma de vocabulario constitucional profundo. Pero su fórmula clave —la intervención del Estado para "racionalizar la producción, distribución y consumo de las riquezas"— quedó formulada de manera vaga en cuanto a sus límites y su dirección, lo que dejó a la reforma dependiente de una voluntad política sostenida que no existía en el aparato liberal.

Con la Ley 200 la evidencia se endurece. En 1926, la Corte Suprema había establecido —reiterándolo en 1934— que los terratenientes debían acreditar títulos que se remontaran a concesión de la Corona o de la República, prueba que la mayoría no podía presentar. Un proyecto agrario elaborado en 1933 bajo Olaya Herrera desafiaba la base misma de la propiedad privada: de haberse aprobado, más de tres cuartas partes de la propiedad habrían revertido a la Nación. La Ley 200 de 1936 hizo lo contrario. Sustituyó el requisito de título por el criterio de la destinación económica: quien probara que la tierra estaba en explotación era su dueño legítimo. Incluía, sí, un artículo sexto sobre extinción de dominio de predios incultos, calificado como el más radical del texto, pero su aplicación práctica fue escasa o nula. Donde se intentó aplicar la ley, los terratenientes locales —que controlaban gobiernos municipales, policía y jueces de distrito— impusieron la interpretación que los favorecía. La norma protegió en alguna medida a colonos y ocupantes al establecer trabas al lanzamiento, pero benefició sobre todo a los grandes propietarios al resolverles el problema de los títulos.

Esta ambivalencia es decisiva. La Ley 200 no fue una reforma agraria frenada por sus enemigos: fue una ley que, tal como fue redactada y sancionada, subsanaba la principal vulnerabilidad jurídica de los terratenientes. El artículo radical existía; la ley entera, no. Y cuando López volvió a la presidencia en 1942, en un contexto de crisis política, sancionó en 1944 la Ley 100 que revirtió lo poco redistributivo del 36: protegió a los terratenientes de las pretensiones de aparceros que se declaraban colonos, autorizó en los contratos prohibir el cultivo de productos de subsistencia, exigió abandono inmediato de la tierra al expirar los contratos y amplió el plazo para la extinción de dominio.

En materia laboral la asimetría con el resto del ciclo latinoamericano se atenúa parcialmente. Durante el primer López, el Estado adoptó por primera y única vez una política de neutralidad activa en los conflictos laborales: la policía y el ejército no intervinieron contra las organizaciones populares en huelgas, y el gobierno presionó a las empresas para que hicieran concesiones. La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) se consolidó bajo su patrocinio. Pero la Ley 83 de sindicalización estableció multas bajas para los patrones infractores y mantuvo el derecho de las empresas a contratar nuevos trabajadores durante las huelgas, limitando de hecho la capacidad de negociación. La protección legal amplia —prohibición del paralelismo sindical, prohibición de nuevos contratos durante huelgas— solo llegó con el Decreto 2350 de 1944 y la Ley 6 de 1945, cuando el ciclo ya cerraba. Y la lógica de la política laboral era clara: crear canales de negociación obrero-patronal y ampliar la demanda solvente para consolidar un mercado interno para la industria de bienes de consumo. Reforma con horizonte capitalista, no con horizonte de poder popular.

Y luego está la cuestión cafetera, que atraviesa todo. La Federación Nacional de Cafeteros, fundada en 1927 con poderes especiales que consolidaron su monopolio sobre las divisas del sector, fue más la legalización de un poder económico ya existente que una innovación institucional. La secuencia fiscal de los años siguientes lo confirma: primas al productor financiadas por el Estado, una devaluación temporal y discriminatoria, y luego una devaluación definitiva con certificados de cambio negociables libremente que hundió el peso frente al dólar en pocos meses. Los dividendos del café permitieron al Estado superar las crisis fiscales crónicas del siglo XIX y sostener el gasto público que a su vez alimentaba la industrialización. Un reformador que tocara ese sector tocaba su propia base fiscal, y ningún reformador colombiano estaba en condiciones —ni tenía voluntad— de hacerlo.

Los actores de veto operaban en paralelo. La APEN articuló a opositores de las reformas tributaria y agraria con el propósito declarado de impedir "doctrinas conculcadoras de la propiedad". La Iglesia intervino en el debate legislativo: el comunicado de la Arquidiócesis de Medellín fue presentado por el representante Heliodoro Ángel Echeverri como prueba de la injerencia clerical a favor de los terratenientes. La postura eclesiástica no era homogénea —el arzobispo de Bogotá, Ismael Perdomo, había adoptado a partir de 1930 un tono más conciliador—, pero otros prelados continuaron atacando al liberalismo, al socialismo y al comunismo desde el púlpito. En el flanco político, el ala santista del Partido Liberal triunfó en las elecciones parlamentarias de 1937, corroborando la reorientación moderada del liberalismo antes de que Eduardo Santos ganara la presidencia en 1938 con abstención conservadora y programa explícito de moderación —la Pausa continuada.

Y falta el sujeto ausente, que es donde la comparación latinoamericana revela lo específico de Colombia. El Partido Comunista respaldó abiertamente a López sin condiciones; se habló de un "frente popular" pero el propio López tuvo que aclarar que tal frente era un embeleco, una coalición propagandística de grupos marginales que nunca se constituyó formalmente. La UNIR de Jorge Eliécer Gaitán, fundada como proyecto independiente de los partidos tradicionales, proclamó la abstención electoral en 1934 y 1935 pero terminó absorbida cuando Gaitán fue elegido representante a la Cámara por el liberalismo, muriendo políticamente en los brazos del oficialismo liberal. La CTC se consolidó bajo tutela liberal, y durante la administración Santos se procuró expulsar a los elementos comunistas y radicales, política que para 1941 había consumado la división sindical. La táctica lopista de incorporar intelectuales y líderes de izquierda al aparato estatal funcionó como mecanismo de domesticación del movimiento inconforme antes que como palanca de transformación.

¿Qué se sigue de todo esto? Que la tibieza de la Revolución en Marcha no admite explicación monocausal, pero sí admite jerarquía. La autolimitación de élite fue constitutiva: López diseñó reformas con horizonte capitalista-modernizador que nunca pretendieron desmantelar el latifundio ni desafiar el poder cafetero-bancario. La Ley 200 es la prueba más clara, porque resolvió en favor de los terratenientes el problema jurídico que la Corte les había creado, mientras vestía la solución con un artículo radical destinado a no aplicarse. La política laboral operó dentro de la lógica de consolidar un mercado interno, no de constituir una clase obrera con poder propio. La reforma constitucional consagró principios amplios cuya vaguedad los condenaba a depender de una voluntad política que el mismo partido gobernante no estaba dispuesto a sostener.

Pero el bloqueo estructural fue real e independiente de esas intenciones. La coalición de Iglesia, APEN, ala santista del liberalismo, conservatismo abstencionista y gamonalismo territorial operó antes de que López anunciara la pausa en diciembre de 1936. Incluso una reforma más audaz habría encontrado ese muro. La abstención electoral conservadora sistemática buscaba deslegitimar al régimen liberal en su conjunto; el balance que Otto Morales Benítez hizo de la estrategia opositora —divorciar al presidente del país, rechazar entendimientos, desacreditar al mandatario, deslindar grupos liberales, unificar la oposición— muestra un adversario que operaba con inteligencia de largo plazo.

Lo que hizo la convergencia de autolimitación y bloqueo políticamente indolora fue un tercer factor que rara vez se nombra con la crudeza que merece: la ausencia de un sujeto social autónomo capaz de cobrarle a López el precio de retroceder. Cárdenas tenía tras de sí campesinos organizados en ligas, sindicatos petroleros combativos y un partido de Estado en formación. Vargas construía sindicalismo corporativo desde arriba pero con base social real. Aguirre Cerda gobernaba con un Frente Popular que incluía comunistas y socialistas con base electoral propia. Haya de la Torre, aunque proscrito, tenía un aprismo con militancia disciplinada. López tenía al PCC alineado sin condiciones, a la UNIR absorbida, a la CTC en tutela y a una clase obrera todavía pequeña frente al peso campesino. Cuando llegó la Pausa, no hubo fuerza organizada que la cobrara. Santos ganó en 1938 con abstención conservadora y con votos liberales moderados, y no tuvo que derogar nada: bastó con ignorar.

Lo distintivo de Colombia frente al ciclo latinoamericano no fue la ausencia de un Cárdenas. Fue la ausencia de un sujeto social autónomo capaz de desbordar al reformador desde abajo. Sin ese desbordamiento posible, el reformador podía ser tan moderado como sus élites lo exigieran, y las élites lo exigían mucho. La estructura agraria local se transformó más por las luchas campesinas y el avance del capital sobre el agro que por la legislación misma. Donde hubo cambio, no lo hizo la ley; donde no lo hubo, la ley no lo forzó.

Esta lectura obliga a matizar cada una de las tesis contendientes. La tibieza sí preparó la radicalización gaitanista, pero no por omisión mecánica: la preparó porque cerró la vía institucional a una redistribución que quedó postergada hasta 1961 con la Ley 135, y porque cooptó a los cuadros que en otras coyunturas habrían construido un partido popular. La Iglesia y el bipartidismo sí funcionaron como amortiguadores, pero no como muro absoluto: fueron condición necesaria del bloqueo, no suficiente. La dependencia de banqueros y cafeteros sí operó como constricción, pero fue constricción aceptada por un gobierno que compartía con la Federación de Cafeteros los cuadros técnicos y la visión del desarrollo. La ausencia de partido de masas sí explica la reversibilidad, pero no fue accidente: fue decisión estratégica del liberalismo lopista, que prefirió cooptar la izquierda antes que construirle un cauce autónomo.

La versión más dura —que la oligarquía confundió deliberadamente reforma con comunismo para bloquear el New Deal tropical— captura algo real pero exagera la coherencia del adversario. Los desfiles de camisas negras y camisas pardas por Bogotá durante los años treinta, la Falange como referencia de Laureano Gómez, la denuncia constante del "frente popular" inexistente, funcionaron como movilización ideológica efectiva. Pero la oligarquía colombiana no bloqueó una modernización que estaba en marcha: negoció los términos de una modernización que ya venía diseñada para no tocar sus intereses centrales. El industrialismo protegido de los años cuarenta, sostenido por la política del buen vecino y por las restricciones de la Segunda Guerra, avanzó sin obstáculos porque no amenazaba la estructura agraria.

Que a Gaitán lo mataran en 1948, mientras en el mismo ciclo Cárdenas murió de viejo, Haya de la Torre murió proscrito pero de causas naturales y Vargas se suicidó ya destituido, dice mucho: sugiere que el sistema colombiano tenía menos capacidad de absorción institucional que sus pares y prefería la eliminación física a la incorporación pactada. El asesinato del 9 de abril truncó la única pregunta contrafáctica que valía la pena hacerle al ciclo: si el gaitanismo, con su desplazamiento del eje obrero desde la negociación sindical hacia la acción directa en la plaza pública, habría desbordado el techo estructural o habría replicado la trayectoria lopista dentro de un Partido Liberal que seguía siendo el de sus terratenientes y sus banqueros.

El juicio central queda cerrado. La Revolución en Marcha fue reformismo capitalista modernizador que se autolimitó desde el diseño, encontró bloqueo estructural real pero no absoluto, y quedó reversible porque nunca construyó el sujeto social que la hiciera irreversible. La pausa de diciembre de 1936, el triunfo santista de 1937, la presidencia de Santos en 1938 y la Ley 100 de 1944 sancionada por el propio López son cuatro momentos de una misma línea descendente, no accidentes sucesivos. Y esa línea tiene un rasgo que la separa nítidamente del resto del ciclo continental: se traza sin que el reformador tenga que pagar el precio político de trazarla. En México, la sucesión de Cárdenas fue disputada entre facciones que se reclamaban herederas; en Brasil, el varguismo dejó una arquitectura sindical y una identidad política que sobrevivió al propio Vargas y regresó al poder por vías democráticas; en Chile, el Frente Popular fundó una tradición de coaliciones de centro-izquierda que atravesó cuatro décadas. En Colombia, la reforma terminó y no dejó heredero.

Cuando Alberto Lleras Camargo asumió la presidencia en 1945 con gabinete de coalición liberal-conservadora, el ciclo reformista había terminado sin haber tocado el latifundio, sin haber redistribuido riqueza, sin haber construido partido popular y sin haber dejado una institucionalidad reformista que sobreviviera al reformador. Lo que quedó fue otra cosa: un país donde el conflicto agrario acumulado explotaría en La Violencia, donde el gaitanismo tendría que irrumpir desde fuera del sistema porque el sistema no le había hecho lugar, y donde el Frente Nacional de 1958 cerraría, con miedo mutuo de las dos élites, la puerta que la Revolución en Marcha nunca había abierto de verdad.

La ironía última es que el propio López, en su segundo gobierno, sancionó la ley que revertía su propia obra, y que ningún sector organizado dentro del liberalismo lopista se lo impidió. Una revolución cuyo autor firma su propio retroceso sin costo político es una revolución que nunca fue tal, y ese es el nombre exacto de lo que ocurrió en Colombia entre 1934 y 1944. El resto —la Ley 135 de 1961, el fracaso del Incora, la persistencia del latifundio hasta el siglo XXI, el desplazamiento como forma crónica de reforma agraria al revés— son consecuencias que la historia colombiana ha estado pagando desde entonces.