Frente Popular

El Frente Popular en Colombia

Entre 1935 y 1938, mientras en Madrid, París y Santiago las coaliciones antifascistas ganaban elecciones y ocupaban ministerios, en Bogotá se ensayó una versión pálida y ambigua de la misma fórmula. El Frente Popular colombiano nunca fue una alianza formal ni llegó a gobernar: fue una coalición propagandística de grupos marginales —comunistas, algunos liberales de izquierda, una llamada Vanguardia Socialista, maestros sindicalizados, un puñado de intelectuales y la cúpula sindical recién nacida— que decidió apoyar al presidente Alfonso López Pumarejo bajo la consigna "Con López contra la reacción". El propio López terminó llamándolo un embeleco. Y sin embargo, en esa figura descolorida se cruzaron las líneas más importantes de la política colombiana del siglo: el ascenso del sindicalismo protegido por el Estado, la primera bolchevización del Partido Comunista, la irrupción de la Iglesia y el conservatismo como bloque contrarreformista, la conversión del gaitanismo en heredero frustrado del reformismo y, en la larga distancia, la clausura oligárquica que representaría el Frente Nacional. Entenderlo es entender por qué la República Liberal fue tanto un umbral de posibilidad como su propio techo.

Un frente que nunca se firmó

Si hubo un acta de nacimiento del Frente Popular colombiano, fue la manifestación del primero de mayo de 1936. La organizaban la Confederación Nacional Sindical y sectores liberales adictos al gobierno, y su escenografía fue elocuente: desde el balcón del Palacio Presidencial hablaron sucesivamente el presidente Alfonso López Pumarejo, el dirigente liberal Roberto Botero Saldarriaga y el joven cuadro comunista Gilberto Vieira. Tres tradiciones —el liberalismo reformista en el poder, el radicalismo decimonónico y el comunismo criollo— comparecían en un mismo estrado ante los trabajadores de Bogotá. La imagen sugería un pacto. La realidad era menos épica.

Lo que existió después de ese primero de mayo no fue una coalición gobernante, ni un programa unificado, ni una estructura orgánica. Fue una coalición propagandística de fuerzas menores que respaldó a López sin obtener a cambio cuotas de poder, ministerios ni concesiones estructurales. El gobierno aceptó ese apoyo pero se cuidó, con una precisión casi coreográfica, de no aparecer vinculado formalmente al movimiento. En cada acto, en cada declaración, López mantuvo la distancia. Cuando el campo republicano español se fue radicalizando hacia una hegemonía primero socialista y luego comunista, y cuando la derecha colombiana empezó a agitar el fantasma bolchevique, el presidente aclaró que en Colombia el frente popular era un embeleco: una fórmula sin consistencia real, una fantasía de opositores y aduladores.

La comparación con los otros frentes populares del período muestra la distancia. En Francia, León Blum llegó al poder en 1936 con una coalición formal de socialistas, radicales y comunistas. En España, el Frente Popular ganó las elecciones de febrero de ese mismo año y fue el gobierno legítimo contra el que se alzaron los militares en julio. En Chile, la fórmula triunfó en 1938 con Pedro Aguirre Cerda y sobrevivió, con mutaciones, hasta el primer año del gobierno de Gabriel González Videla en 1947, llegando a incluir tres ministros comunistas. En Colombia, en cambio, el Frente Popular no gobernó: apoyó. Y ese verbo —apoyar, no gobernar— resume la asimetría original del arreglo.

Los integrantes de la coalición eran, individualmente, poca cosa. El Partido Comunista, refundado en 1930 sobre las cenizas del Partido Socialista Revolucionario, era todavía un cuadro estrecho de militantes urbanos y agitadores rurales. La Vanguardia Socialista agrupaba a intelectuales y profesionales dispersos. Los maestros sindicalizados apenas comenzaban a organizarse. La Confederación Sindical Colombiana, fundada en 1936, había nacido literalmente bajo los auspicios del gobierno lopista. Sumados, no constituían una alternativa al bipartidismo; constituían, a lo sumo, una franja de opinión organizada que ampliaba el respaldo social de la Revolución en Marcha.

De la bolchevización a "Con López contra la reacción"

Para entender por qué el Partido Comunista abrazó con tanta rapidez y tan pocas condiciones la táctica frentepopulista, hay que retroceder al momento de su fundación. En julio de 1930, el viejo Partido Socialista Revolucionario —heredero de la agitación de los años veinte, del recuerdo de la huelga bananera y de la figura de María Cano— se transformó formalmente en Partido Comunista de Colombia siguiendo las directrices de la Internacional Comunista. El proceso, llamado bolchevización, implicó una depuración de cuadros y una reorientación política ceñida a los mandatos de la Komintern, que intervino en la selección de dirigentes y en la línea programática del nuevo partido. En el pleno ampliado del 13 de julio de 1930, Guillermo Hernández Rodríguez, alias Guillén, cuadro dogmático de confianza de la Internacional, fue elegido secretario general.

Desde su fundación, el PCC llamó a la transformación social, al sindicalismo militante y a la educación de la clase obrera. Elaboró programas para mejorar las condiciones de trabajadores urbanos y rurales, y durante los primeros años treinta agitó una línea de confrontación clasista propia del período que la Komintern llamaba "clase contra clase". En 1934 su presencia sindical era ya visible: dirigentes como Jaime Cuéllar, Gilberto Vieira y Jorge Regueros Peralta orientaron un ciclo intenso de huelgas de escogedoras de café en Tolima, Florida, Palmira, Restrepo, Pereira, Chinchiná y Palestina. Desde agosto de ese año, la dirección trazó la orientación de coordinar los conflictos regionales hacia una huelga nacional cafetera —el eje mismo de la economía exportadora del país.

El giro llegó con el VII Congreso de la Komintern en 1935 y la nueva doctrina del frente antifascista impulsada por Georgi Dimitrov. El PCC la asumió con rapidez y simplicidad, tal vez con demasiada. La consigna se condensó en cuatro palabras: "Con López contra la reacción". Detrás había un cálculo: el temor a que la oposición conservadora, radicalizada, católica intransigente y con simpatías falangistas, formara un bloque fascista capaz de destruir al régimen liberal reformista. Ante esa amenaza percibida, el apoyo a López era táctico y temporal.

Con el tiempo, ese apoyo táctico se convirtió en adhesión. La distinción entre respaldar circunstancialmente a un gobierno reformista y adherirse a la persona del presidente se disolvió. El PCC terminó reconciliándose de facto con la tradición radical-liberal que todavía sobrevivía en sus filas pese a las campañas de purificación bolchevique. Trece años más tarde, en el quinto congreso del partido en 1947, el propio secretario general Gilberto Vieira reconocería que hasta entonces el PCC había sido, más que un partido con estrategia autónoma, un apéndice del liberalismo. La táctica frentepopulista había producido, junto con el crecimiento de la militancia y la penetración sindical, la disolución de la autonomía estratégica de la izquierda organizada.

La Revolución en Marcha como suelo

Ningún relato del Frente Popular es inteligible sin la Revolución en Marcha, el proyecto reformista con el que López Pumarejo redefinió el liberalismo entre 1934 y 1938. La reforma constitucional de 1936 introdujo la intervención del Estado en la economía, sentó bases para el Estado asistencial y tocó privilegios eclesiásticos que la Regeneración había blindado desde 1886. La Ley 200 de 1936, conocida como ley de tierras, buscó estimular la productividad y modernización del campo, aunque no fue, pese al mito, una reforma agraria redistributiva: su aplicación quedó incompleta y terminó permitiendo la perpetuación del modelo de acumulación latifundista.

Lo verdaderamente novedoso, sin embargo, no fue solo la letra de las leyes sino la actitud del Estado ante el conflicto social. Entre 1935 y 1940, el 70% de los conflictos laborales registrados se resolvió por intervención gubernamental. Y por primera vez en la historia colombiana reciente, la policía y el ejército no intervinieron sistemáticamente contra las organizaciones populares en los conflictos rurales o sindicales. Ese doble movimiento —arbitraje en lugar de represión, tolerancia en lugar de bala— transformó el terreno sobre el que se movía el movimiento obrero. La Ley 83 de 1931, aprobada durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera, había reconocido ya los derechos de organización y huelga, aunque con limitaciones sustantivas: multas relativamente bajas contra los patrones infractores y, sobre todo, el derecho de las empresas a contratar nuevos trabajadores durante las huelgas, lo que erosionaba el poder efectivo de negociación. Fue el suelo legal mínimo sobre el que después crecería el sindicalismo lopista.

El proyecto reformista tenía una lógica clara. Buscaba modernizar el Estado, remover rezagos coloniales todavía enquistados en la administración y las costumbres, y ampliar el mercado interno mediante una mayor demanda solvente de las clases populares. Los opositores lo tildaban de comunista, marxista o socialista, pero su carácter real era el de un liberalismo reformista europeo trasplantado al trópico, más cercano al radicalismo francés que al bolchevismo. Al mismo tiempo, López promovió activamente una alianza entre el Partido Liberal y sectores populares, asumiendo banderas del cambio social tanto como parte del proyecto modernizador como para atraer y —la palabra es importante— domesticar al movimiento inconforme. El respaldo del Frente Popular encajaba perfectamente en ese diseño: le daba al gobierno legitimidad popular sin obligarlo a compartir el poder.

El bloque contrarreformista

El Frente Popular no habría existido, siquiera como sombra, sin la ofensiva conservadora contra la Revolución en Marcha. La oposición fue amplia y variopinta. La jerarquía eclesiástica reaccionó ante las medidas que rozaban sus privilegios, en un país donde el Concordato y la educación confesional habían sido pilares del orden desde la Regeneración. Los sectores terratenientes tradicionales miraron con recelo la Ley 200 y sus consecuencias. Y sectores empresariales urbanos y rurales se agruparon en la Acción Patriótica Económica Nacional, la APEN, que reunía a conservadores y liberales moderados en oposición explícita a la política económica lopista.

En el plano ideológico y mediático, la ofensiva tuvo cara propia. Laureano Gómez fundó en 1936 el diario El Siglo, que se convertiría en la trinchera principal del conservatismo intransigente. Los jesuitas disponían de la Revista Javeriana. En Medellín funcionaba también una prensa conservadora radical. Otto Morales Benítez, años más tarde, resumiría la estrategia opositora en un balance duro: desacreditar al presidente, dividir al liberalismo, deslindar grupos para debilitar al régimen, unificar la oposición contra el Ejecutivo y propiciar el desconocimiento de las instituciones. El recurso al alegato de fraude y falta de garantías electorales fue uno de los instrumentos favoritos.

Y hubo también teatro callejero. Por Bogotá, Medellín y otras ciudades desfilaron grupos con camisas negras —el distintivo del fascismo italiano— y camisas pardas —el uniforme de los nacionalsocialistas alemanes—. No eran una amenaza militar real, pero sí una amenaza simbólica, una demostración pública de que la extrema derecha se sentía autorizada para ocupar el espacio callejero al modo europeo. La guerra civil española, iniciada en julio de 1936, terminó de polarizar el ambiente: amplios sectores del liberalismo colombiano y de la intelectualidad se declararon partidarios de la República española, y la política nacional se debatió durante un buen tiempo entre republicanos y falangistas. Algunos colombianos incluso combatieron en las milicias internacionalistas contra Franco.

Fue en ese escenario —una derecha organizada, ideológicamente movilizada, con prensa propia y con simpatías internacionales que iban del fascismo italiano al falangismo español— donde la consigna comunista "Con López contra la reacción" adquirió sentido. No se trataba de una alucinación paranoica del PCC: la amenaza reaccionaria era visible en las calles, en los púlpitos y en los editoriales. La respuesta frentepopulista, sin embargo, se limitó a apuntalar al gobierno existente en lugar de construir una fuerza autónoma capaz de disputar el terreno más allá del lopismo.

El sindicalismo como base social

Si el Frente Popular tuvo un cuerpo material, ese cuerpo fue el sindicalismo. La Confederación Sindical Colombiana, fundada en 1936, fue el intento más ambicioso de articular a los trabajadores del país en una central única. Nació, sin embargo, con una fractura política de origen: desde el día de su fundación se conformaron dos comités ejecutivos, uno elegido por sindicalistas independientes y ex-socialistas, y otro por los comunistas. La coexistencia entre liberales y comunistas dentro del espacio sindical fue tanto la marca del Frente Popular como su fragilidad.

El crecimiento del sindicalismo después de 1931 no se explica solo por la Ley 83, sino por algo más importante: el interés político del liberalismo en fomentar un movimiento sindical vigoroso. Los gobiernos liberales entendieron que un sindicalismo urbano y rural organizado consolidaría su base electoral y crearía un contrapeso popular frente a los sectores más reaccionarios. La lógica era instrumental pero eficaz: proteger al sindicalismo era, al mismo tiempo, blindar al régimen. El Partido Liberal buscaba demostrar a las fuerzas que agitaban el golpe de Estado que no sería fácil derrocarlo por la vía de los hechos.

Los conflictos laborales del período, con el 70% resuelto por intervención gubernamental, muestran hasta qué punto el Estado había cambiado su papel frente al trabajo. El gobierno ya no era el brazo armado del patrón: era el árbitro. Esa mutación fue, probablemente, la conquista social más duradera de la Revolución en Marcha, más importante incluso que las leyes específicas. Solo con el Decreto 2350 de 1944 y la Ley 6 de 1945, ya bajo el segundo gobierno de López, la protección legal del sindicalismo alcanzaría su forma consolidada; pero el terreno se había preparado en los años del Frente Popular.

La geografía del sindicalismo frentepopulista dibujó un país específico. Barrancabermeja y el río Magdalena, con los trabajadores petroleros y fluviales. La región cafetera, con las escogedoras y jornaleros de Tolima, Caldas, Valle. Los ferroviarios en las principales líneas. Los portuarios. Los obreros de la incipiente industria en Bogotá, Medellín y Cali. Y, más difuso pero políticamente crucial, el campesinado de Cundinamarca y Tolima, sobre el que operaban simultáneamente el liberalismo lopista, el comunismo agrario y la naciente agitación gaitanista.

La pausa y el declive

La curva del Frente Popular fue corta. Hacia fines de 1936, en el mismo año de su acta simbólica, López Pumarejo proclamó una pausa en la marcha reformista. La polarización entre bloque reformista y bloque opositor se había hecho demasiado evidente, y el presidente temió —con razón, si se lee lo que estaba pasando en España— que se transformara en guerra abierta. La pausa fue, en la práctica, el reconocimiento tácito de que la Revolución en Marcha había alcanzado su techo político.

En 1938, tras la primera elección por sufragio universal y directo desde 1856, asumió la presidencia Eduardo Santos. Su gobierno anunció moderación y ecuanimidad, y prolongó, ahora sin ambages, la pausa reformista. El Partido Comunista se distanció del liberalismo durante el santismo, pero volvería a la táctica frentepopulista con la candidatura de López para su segundo mandato en 1942. Ese segundo lopismo, sin embargo, ya no fue el del entusiasmo reformador sino el del desgaste: crisis de autoridad, escándalos, un intento de golpe en 1944 que llevó al gobierno a decretar el estado de sitio y a cerrar el Congreso.

La medida más elocuente del retroceso fue la Ley 100 de 1944, sancionada en medio de esa crisis: recuperaba poderes de los propietarios de tierras y mostraba el verdadero alcance limitado de las reformas agrarias del primer lopismo. Cuando López dimitió a comienzos de 1945 y fue sucedido por Alberto Lleras Camargo —hasta entonces Ministro de Hacienda y coautor de la Ley 200—, la conformación de un gabinete de coalición liberal-conservadora certificó el fin del reformismo. Durante el gobierno de Lleras se produjo, además, la destrucción de FEDENAL, el sindicato más combativo del país en ese momento: un golpe grave y deliberado al movimiento obrero organizado.

El quinto congreso del PCC, celebrado en 1947, fue prácticamente una refundación. En un mundo ya reconfigurado por la derrota del Eje y por el deterioro creciente de la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la táctica frentepopulista carecía de sustento internacional. El partido revisó su alianza con el liberalismo, buscó una estrategia más autónoma y reconoció retrospectivamente, por boca de Vieira, que había sido, durante los años treinta y cuarenta, un apéndice liberal sin dirección propia.

El heredero: Gaitán y la energía sin cauce

El proyecto frentepopulista se disolvió, pero el material social que había ayudado a movilizar no se disipó. Ese material —trabajadores urbanos organizados, campesinos con conciencia de derechos, maestros, pequeños comerciantes, mujeres populares— encontró un cauce distinto en el gaitanismo.

Jorge Eliécer Gaitán había recorrido un camino paralelo y en tensión con el Frente Popular. Desde su juventud intelectual, documentada al menos desde 1924, se había definido como reformista y no revolucionario, rechazando explícitamente las tácticas comunistas y suscribiéndose a un socialismo gradualista de matriz liberal. Antes de reincorporarse al Partido Liberal, había fundado la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, la UNIR, un intento explícito de romper el bipartidismo con banderas de intervención estatal, reforma agraria, cooperativismo y nacionalismo antiimperialista. Cuando la UNIR se agotó, Gaitán regresó al liberalismo con lo que sus contemporáneos describieron como una táctica del Caballo de Troya: entrar al partido para reorientarlo desde adentro hacia la unidad popular contra la oligarquía.

Su discurso condensaba en pocas frases la ruptura con el esquema frentepopulista. "El pueblo no tiene dos partidos, sino que ha sido partido en dos": esa frase lapidaria era la negación misma de la lógica lopista, que había consistido precisamente en administrar el bipartidismo desde el ala reformista del liberalismo. El Programa del Colón, presentado en 1945, incluía una reforma agraria moderada: limitación de la tenencia a un máximo de 1.000 hectáreas y reversión al Estado de tierras tituladas pero no explotadas, con el objetivo de desarrollar una economía campesina como base de la democracia política. Era, en el fondo, lo que la Ley 200 de 1936 no había logrado.

En las elecciones de principios de 1947, las listas gaitanistas barrieron en todo el país y convirtieron a Gaitán en jefe único del Partido Liberal. La base popular que había estado suelta después del cierre del Frente Popular, después de la pausa de Santos, después de la destrucción de FEDENAL, se recompuso en torno a un liderazgo carismático que hablaba su lenguaje. Que el propio Gaitán, como observó agudamente Herbert Braun, adoptara comportamientos propios de las élites que fustigaba —trajes bien cortados, automóvil de último modelo, casa en sector residencial exclusivo, acciones en compañías importantes— es una de las paradojas centrales de su figura. Ese convivialismo no le restó eficacia política; probablemente contribuyó a que sectores medios lo consideraran uno de los suyos.

Su asesinato en Bogotá, el 9 de abril de 1948, cerró de golpe la última ventana abierta por el ciclo frentepopulista. La energía social que el liberalismo lopista había convocado sin absorber, y que Gaitán había recogido sin llegar a canalizar institucionalmente, se descargó en el Bogotazo y en la larga guerra rural que llamamos La Violencia.

La red y el paisaje

Los nombres del Frente Popular colombiano dibujan un mapa generacional. Del lado del poder, Alfonso López Pumarejo, con Eduardo Santos y Alberto Lleras Camargo como sucesores que moderaron y luego clausuraron el ciclo reformista. Del lado comunista, Gilberto Vieira White como cuadro joven en 1936 y secretario general en la refundación de 1947; Augusto Durán; Ignacio Torres Giraldo con su larga trayectoria desde el PSR; Diego Montaña Cuéllar cruzando entre socialismo y comunismo. En el liberalismo radical, Roberto Botero Saldarriaga. En la intelectualidad de izquierda, Gerardo Molina. En la memoria fundacional del sindicalismo, María Cano, cuya voz de los años veinte seguía resonando aunque su figura ya no fuera protagónica. Del lado opositor, Laureano Gómez como articulador ideológico y político del bloque conservador desde El Siglo. Y, sobre todos ellos, Jorge Eliécer Gaitán, cuya trayectoria propia no cabía en ninguna coalición.

La geografía es igualmente reveladora. Bogotá como escenario de las manifestaciones y la vida política. Medellín como fortaleza del conservatismo católico y también, paradójicamente, del sindicalismo textil emergente. Barrancabermeja como corazón del sindicalismo petrolero. Cali y el Valle como centro de la agitación cafetera. El Tolima y la región cafetera como territorio de conflicto agrario permanente. El departamento de Cundinamarca con sus haciendas y sus arrendatarios en lucha. El río Magdalena, arteria fluvial y sindical del país. Ese conjunto de lugares constituyó el mapa vivo del Frente Popular, más que los edificios institucionales de Bogotá.

La huella larga

El Frente Popular colombiano dejó tres marcas que la historia posterior no borraría. La primera, positiva: consolidó una relación de tolerancia y arbitraje entre el Estado y el sindicalismo que, con vaivenes, permanecería como uno de los rasgos distintivos del régimen colombiano hasta la larga noche de la seguridad democrática. La segunda, ambigua: dejó al Partido Comunista domesticado dentro de la órbita liberal, incapaz de construir una izquierda independiente hasta que el propio ciclo se agotara. La tercera, dramática: dejó una energía popular movilizada sin canal institucional propio, energía que primero desbordó al lopismo por el flanco gaitanista y luego, tras el 9 de abril de 1948, se descargó en la violencia bipartidista que dominaría los años cincuenta.

Diez años después del asesinato de Gaitán, en 1958, esa violencia se cerraría en falso con el Frente Nacional, el pacto bipartidista entre liberales y conservadores que gobernó el país hasta 1974. La ironía de la nomenclatura no es menor: si el Frente Popular había sido una coalición popular sin poder, el Frente Nacional sería una coalición oligárquica con todo el poder. Uno reunía fuerzas de abajo bajo un gobierno reformista; el otro reunía a las cúpulas de los dos partidos tradicionales para excluir toda alternativa.

El Frente Nacional atenuó la violencia partidista, pero al precio de institucionalizar el reparto burocrático entre los dos partidos, convertir el clientelismo en la forma sistemática y nacional de gobernar, y suprimir la competencia política real. La burocracia estatal se volvió depositaria de la reproducción electoral; los partidos abandonaron sus plataformas ideológicas para concentrarse en la obtención de cargos, dado que tenían garantizada la mitad de las posiciones. El uso casi permanente del estado de excepción, como sucedáneo del régimen militar, produjo una institucionalidad hermética y anómala. El tratamiento meramente militar de los reductos campesinos que habían sobrevivido a La Violencia condujo a la formación de guerrillas, en una dinámica que se prolongó hasta el nacimiento de las FARC en 1964.

Vista desde 1958 o desde 1964, la breve experiencia del Frente Popular de los años treinta parecería casi una prehistoria olvidada. Vista desde más lejos, sin embargo, se entiende que fue en aquel umbral —en la manifestación del primero de mayo de 1936, en la refundación bolchevique de 1930, en la CSC fundada bajo auspicios oficiales, en la consigna "Con López contra la reacción"— donde se ensayaron por primera vez las preguntas que Colombia no ha terminado de responder: cómo integrar a los sectores populares a la vida política sin que el Estado los administre por completo, cómo construir una izquierda autónoma frente a un bipartidismo poroso pero omnipresente, cómo articular reforma social sin desatar la violencia contrarreformista. El Frente Popular no las resolvió. Ni siquiera se atrevió a formularlas del todo. Pero fue el primer lugar donde se plantearon.