Diego Montaña Cuéllar

Un liberal de la Cámara joven

Montaña Cuéllar llegó a la vida pública por la puerta del liberalismo reformista. Nacido en 1910 —la generación que se hizo adulta con la caída de la hegemonía conservadora en 1930—, se formó en un país donde la Universidad Nacional era todavía escenario en construcción y donde el debate sobre la modernización del Estado se libraba entre juristas jóvenes que leían al mismo tiempo a los radicales del siglo XIX y a los teóricos europeos del socialismo. Cuando Alfonso López Pumarejo puso en marcha la Revolución en Marcha (1934–1938), Montaña Cuéllar ya estaba en la Cámara de Representantes como una de las voces de la izquierda liberal, ese sector que respaldaba las reformas más ambiciosas del gobierno y que en el recinto convivía con Moisés Prieto, con Jorge Eliécer Gaitán y con figuras como Carlos Lleras Restrepo y Gerardo Molina —este último desde el Senado— que sostenían el bloque reformista desde matices distintos.

Ese grupo parlamentario fue el sostén político de la reforma constitucional de 1936, la pieza mayor de López Pumarejo: la que introdujo la función social de la propiedad, la intervención del Estado en la economía y una noción moderna del trabajo como fuente de derecho. La izquierda liberal a la que pertenecía Montaña Cuéllar era heredera del pensamiento democrático radical del siglo XIX y miraba con interés los movimientos agrarios que en esos años sacudían el Tolima, el Sumapaz y las tierras cafeteras. No era comunista, no era gaitanista, no era uneirista: era la corriente que creía posible transformar el país desde adentro del liberalismo, apostando por una modernización jurídica y social que no rompiera del todo con las estructuras heredadas pero las obligara a admitir la existencia de un pueblo trabajador con derechos exigibles.

El desengaño llegó pronto. A fines de 1936, el propio López Pumarejo proclamó la "pausa": la Revolución en Marcha se detenía ante la polarización política que sus reformas habían provocado. El gobierno había atraído a jóvenes intelectuales de izquierda ofreciéndoles cargos burocráticos con la condición tácita de no abandonar el lenguaje socializante —una operación que en la memoria de la izquierda colombiana quedó registrada como la "domesticación del movimiento inconforme"—. La reglamentación sindical de 1931, las asesorías estatales a las organizaciones obreras y el impulso oficial a la sindicalización habían absorbido buena parte del empuje popular hacia el dominio liberal. Cuando el Partido Comunista respaldó ciertos tramos del gobierno liberal, se cerró un ciclo: la izquierda quedó replegada, cooptada o marginada.

Montaña Cuéllar hizo parte de la generación que salió de esa experiencia con las manos vacías. La pausa de 1936, el segundo gobierno de López Pumarejo interrumpido por el golpe de Pasto de 1944 y el asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948 agotaron el horizonte reformista dentro del liberalismo. Fue en ese vaciamiento donde su itinerario ideológico empezó a desplazarse hacia posiciones marxistas, un tránsito que compartió con parte de aquella generación y que no fue ruptura súbita sino radicalización acumulada, empujada tanto por la evidencia de que el liberalismo oficial no cumpliría sus promesas como por la lectura sostenida de una tradición doctrinaria que en Colombia todavía carecía de arraigo institucional.

La UNIR, el gaitanismo y la línea marxista

Antes de esa pausa, en septiembre de 1933, un episodio menor pero significativo había prefigurado los debates que marcarían a la izquierda colombiana durante las siguientes cuatro décadas: un grupo de estudiantes marxistas abandonó la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR), que Gaitán había fundado ese mismo año. El hecho, registrado por El Espectador del 6 de septiembre, no fue una escisión doctrinaria fría: los estudiantes habían promovido dentro de la UNIR el estudio de la realidad nacional desde perspectiva marxista, habían impulsado la participación directa de obreros y campesinos en la orientación política de la organización y habían convertido a la UNIR en un centro de agitación de ideas socialistas. La ruptura señaló que el gaitanismo, con su fuerza emocional y su idealismo político, no tenía una doctrina socialista definida que pudiera contener a los cuadros marxistas.

Ese pulso entre fuerza populista y doctrina marxista atravesó la trayectoria de Montaña Cuéllar durante décadas. La imagen de un Gaitán reducido a orador populista sin profundidad teórica, tan extendida en la historiografía posterior, la desmiente su propia tesis de grado, Las ideas socialistas en Colombia, que revela una formación filosófica sistemática. Pero la UNIR mostró que el pensamiento gaitanista, incluso cuando conocía a los clásicos, no producía la disciplina organizativa ni la lectura de clase que los marxistas exigían. Montaña Cuéllar, que había militado en la izquierda liberal más cercana a Gaitán en la Cámara, terminaría abrazando esa exigencia doctrinaria sin renunciar del todo al lenguaje reformista de sus años lopistas. La convicción de que la historia del país solo podía entenderse desde la trama de sus conflictos sociales la heredó de una tradición mayor, la que en esos años redactaba desde el exilio Ignacio Torres Giraldo —Los inconformes, las Cinco cuestiones colombianas, la Síntesis de historia política de Colombia, la biografía de María Cano—, obra pionera del estudio historiográfico de las luchas sociales colombianas. En las décadas siguientes, Montaña Cuéllar produciría ensayos y análisis que buscaban dar a la izquierda colombiana un archivo intelectual propio en esa misma dirección.

La pinza del Frente Nacional

En julio de 1956, en Benidorm, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez firmaron la declaración que abrió el camino al Frente Nacional. En 1957, el pacto de Sitges precisó el acuerdo: alternancia presidencial y distribución paritaria de los principales cargos públicos entre liberales y conservadores, como respuesta al gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. López Pumarejo había propuesto años antes un esquema de poder compartido bipartidista, pero fue la coyuntura del régimen militar lo que le dio urgencia. En diciembre de 1957, un plebiscito nacional ratificó el acuerdo e inauguró de paso el voto femenino en Colombia. En 1958 se formalizó la alternancia presidencial cada cuatro años. El pacto rigió hasta 1974 en su versión plena, y la reforma constitucional de 1968 prolongó la paridad bipartidista en los cargos públicos hasta 1978.

Montaña Cuéllar leyó el Frente Nacional a lo largo de más de dos décadas —desde su producción ensayística, desde el Congreso, desde las columnas y desde el Partido Comunista— como un diagnóstico estructural sostenido. El régimen había estabilizado el conflicto entre las élites bipartidistas al precio de inhibir la expresión del conflicto social y excluir a las clases subordinadas de la política. Los partidos Liberal y Conservador eran los únicos legalmente reconocidos para competir por la presidencia y los cargos públicos: una exclusión formal de cualquier tercera fuerza. El propio Alfonso López Michelsen, desde el liberalismo, caracterizó al régimen como una especie de "partido único", sin oposición real, donde era impensable cualquier propuesta sin consenso bipartidista.

Esa lectura no era exclusiva de Montaña Cuéllar, pero él le dio densidad histórica y consistencia analítica. Insistió en que el clientelismo era el resultado más tangible del pacto: los cargos se repartían entre familiares y subalternos políticos, la calidad de la administración se deterioró y la venalidad se volvió práctica corriente. La paridad obligatoria entre liberales y conservadores en la burocracia intensificó ese vicio y sostuvo una tendencia adaptativa que limó los ímpetus reformistas del liberalismo, hasta el punto de que las reformas agraria, social y educativa prometidas nunca se concretaron plenamente. A esa parálisis se sumaba el uso creciente del estado de sitio y la militarización como instrumentos de gobierno: las protestas de trabajadores, estudiantes, indígenas y campesinos fueron tratadas como alteraciones del orden público que justificaban la restricción de la libertad personal, de circulación, de prensa y de reunión, en un marco de anticomunismo doctrinario que orientó las respuestas estatales. El país entraba en una lógica de tratamiento militar de la disidencia mientras el sistema político se cerraba sobre sí mismo.

La consecuencia de fondo era una abulia política que se expresaba en altos niveles de abstención electoral: los partidos, homogeneizados por el pacto, se desconectaban de la población. El inconformismo ciudadano empezó a expresarse cada vez más fuera de los mecanismos institucionales. En ese diagnóstico —élites reconciliadas, clases subordinadas excluidas, reformas incumplidas, protesta criminalizada, oposición extralegal en crecimiento— Montaña Cuéllar identificó tempranamente el mecanismo que explicaría la violencia colombiana de las décadas siguientes: no una anomalía del sistema, sino su producto.

De la crítica liberal al Partido Comunista

El itinerario que llevó a Montaña Cuéllar hasta la dirigencia del Partido Comunista Colombiano no fue lineal. En los años sesenta, la Revolución cubana operó como catalizador para toda la izquierda del continente. En menos de treinta meses, Cuba realizó una reforma agraria, expropió empresas norteamericanas, incorporó a América Latina al campo soviético y se proclamó socialista, entrando en colisión frontal con Estados Unidos. Ese acontecimiento reordenó las lealtades: sectores de la izquierda colombiana que habían mantenido durante años una relación tibia con el marxismo se radicalizaron; otros, como López Michelsen, tomaron distancia.

El Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), fundado por López Michelsen como oposición al Frente Nacional desde dentro del liberalismo, concentró durante un tiempo esa tensión. El Partido Comunista Colombiano, dirigido por Gilberto Vieira, apoyó electoralmente al MRL como táctica de oposición: dado que solo liberales y conservadores podían competir legalmente, el PCC se albergó en la maquinaria mérrelista para conservar presencia electoral. En las presidenciales de 1962, López Michelsen obtuvo cerca de 625.000 votos —un 24% del total— pero los sufragios fueron anulados por inconstitucionales: el turno correspondía a un conservador.

En diciembre de 1963, en la convención de Ibagué, López Michelsen tomó distancia de la Revolución cubana y del Partido Comunista, y poco después se reintegró al Partido Liberal frentenacionalista. Tres meses antes, las Juventudes del MRL, dirigidas por Luis Villar Borda, se habían proclamado marxistas-leninistas, habían adoptado la bandera roja y negra y la consigna "¡Ni un paso atrás!" —que después heredaría el ELN— y habían formado una organización clandestina urbana vinculada al Ejército de Liberación Nacional, que en 1965 disolvió a las propias JMRL. La izquierda del MRL se rompió entre quienes se sentían más liberales y quienes se sentían más revolucionarios, y ese quiebre fracturó el movimiento a nivel nacional y regional.

Fue entonces cuando Montaña Cuéllar consolidó su ingreso pleno al Partido Comunista. Su trayectoria previa —izquierda liberal, cercanía con Gaitán, Cámara reformista, crítica al Frente Nacional— le daba credenciales que ningún otro dirigente comunista poseía. No venía de la formación clandestina de los cuadros ni de las guerras sindicales de los años treinta; venía del Congreso, del Derecho, del liberalismo radical. Esa singularidad lo hacía particularmente útil al PCC de Vieira, que a comienzos de los setenta preparaba su retorno con nombre propio a las lides electorales.

La Unión Nacional de Oposición y la representación institucional

La estrategia del PCC durante el Frente Nacional fue de doble filo: participación electoral bajo denominaciones alternativas, construcción de frentes amplios y trabajo campesino sostenido. La Unión Nacional de Oposición (UNO), constituida a comienzos de los setenta, fue la expresión más lograda de esa línea. A través de la UNO y del movimiento campesino, el partido alcanzó una representación local y regional considerable: 120 concejales y 9 diputados en 1972, 179 concejales y 12 diputados en 1976.

Estas cifras contradicen la imagen —extendida por la historiografía del conflicto armado— de una izquierda legal completamente aplastada durante el Frente Nacional. La marginalidad relativa de la lucha guerrillera en esos años contrasta con la presencia social y política significativa de la izquierda electoral, aunque una no fuera causa directa de la otra. Montaña Cuéllar defendió esa apuesta institucional con convicción y con un argumento poco habitual entre los partidos comunistas del continente: algunos secretarios generales del PCC ocuparon cargos de elección popular —Vieira como congresista y concejal durante su ejercicio del cargo, Hernández Rodríguez tras su retiro—, algo que contrastaba con la tradición de no participación electoral de los secretarios generales en partidos comunistas de otras latitudes.

La vida política del Frente Nacional funcionaba en torno a cuatro "familias políticas" —los Lleras y los López en el liberalismo, los Ospina y los Gómez en el conservatismo— y alrededor de ellas operaban al menos cinco grandes maquinarias en las elecciones intermedias: la Dirección Nacional Liberal, el Directorio Conservador Unionista, la Dirección Conservadora Independiente, la ANAPO y el MRL, este último albergando al Partido Comunista. En ese sistema predecible de enfrentamientos y alianzas entre élites partidistas, Montaña Cuéllar defendió que el terreno electoral no debía cederse: era la única vía para que la izquierda mantuviera visibilidad pública y para que las reivindicaciones campesinas y obreras tuvieran voz institucional, por precaria que fuera.

La ANAPO, el 19 de abril y la aparición del M-19

La otra gran fuerza de oposición al Frente Nacional fue la Alianza Nacional Popular (ANAPO), fundada y liderada por Gustavo Rojas Pinilla, que César Ayala caracterizó como un "Frente Nacional de las clases bajas". En las presidenciales del 19 de abril de 1970, Rojas Pinilla estuvo a punto de ganarle a Misael Pastrana Borrero, y el triunfo oficial de Pastrana se dio en medio de acusaciones sostenidas de fraude. De la frustración de ese sector radical de la ANAPO —estudiantes universitarios y obreros que decidieron integrar un grupo armado para intentar tomar el poder por la fuerza— nacería el M-19, fundado a comienzos de los setenta por Jaime Bateman, Ariel Otero, Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina a partir de combatientes rasos que abandonaron las FARC y activistas influidos por el movimiento estudiantil.

Montaña Cuéllar observó el proceso desde una posición de doble incomodidad. El fraude confirmaba su diagnóstico sobre el cierre democrático del Frente Nacional, pero la aparición del M-19 —y la persistencia y expansión de las FARC de Manuel Marulanda Vélez y del ELN— revelaba que la crítica intelectual al régimen no bastaba: sectores enteros de la sociedad estaban optando por la vía armada, y con ellos se le escurría a la izquierda legal el argumento de que el terreno institucional seguía siendo el único fértil. La fragmentación se le imponía como problema práctico: pequeñas agrupaciones marxistas-leninistas aceptaban verbalmente la lucha armada como "forma superior" sin lograr sostener acciones efectivas, mientras el M-19 conquistaba una visibilidad simbólica que ni las FARC ni el PCC electoral alcanzaban a disputarle en las ciudades. Montaña Cuéllar tenía que defender la vía legal justo cuando una parte creciente de las bases juveniles concluía que esa vía estaba clausurada. La incomodidad no era solo intelectual: comprometía la representatividad misma del proyecto comunista, y anticipaba las tensiones que años después atravesarían a la UP entre la matriz insurgente de sus fundadores y la apuesta electoral de sus dirigentes.

Prolongaciones del pacto y clientelismo de largo plazo

El Frente Nacional terminó formalmente en 1974, pero sus efectos se prolongaron. La reforma de 1968 extendió la paridad bipartidista en los cargos hasta 1978. Y en la práctica, arreglos regionales replicaron la lógica del pacto durante mucho más tiempo: la Coalición Barcoyepista, alianza entre el senador liberal Víctor Renán Barco y el senador conservador Omar Yepes, dominó políticamente el departamento de Caldas desde 1978 hasta entrado el siglo XXI, con una distribución milimétrica del poder y los cargos burocráticos entre los dos partidos y con exclusión efectiva de las demás fuerzas.

Montaña Cuéllar analizó esas prolongaciones como evidencia de que el Frente Nacional no había sido un paréntesis sino la instalación de un modo de gobierno. El bipartidismo con reparto milimétrico, el clientelismo como forma de administración, la homogeneización de los partidos y la desconexión de la población sobrevivieron al fin formal del pacto y se enquistaron como cultura política. El país arrastraba fallas estructurales que ningún gobierno frentenacionalista había resuelto, y la salida de 1974 no las corrigió.

Fue en ese diagnóstico prolongado donde la vejez política de Montaña Cuéllar se volvió inseparable de su función como puente. La crítica al Frente Nacional lo unía a fuerzas heterogéneas: al gaitanismo residual que aún encarnaban algunos viejos liberales; al PCC de Vieira que operaba en la legalidad; a los sectores del MRL que no habían regresado al oficialismo; a la ANAPO popular; a los cuadros que pasaban del combate a la política; a los movimientos campesinos y sindicales. Ninguna disciplina partidaria podía conferir esa autoridad transversal: la conferían sus credenciales de origen —liberal reformista, marxista tardío, jurista, congresista— y la consistencia de casi tres décadas nombrando la exclusión sistémica del régimen.

La Unión Patriótica y el exterminio

En 1984, el gobierno de Belisario Betancur firmó con las FARC los acuerdos de La Uribe, en Meta. De esos acuerdos surgió, en 1985, la Unión Patriótica: una apuesta política por la incorporación de la guerrilla a la vida civil mediante un partido legal. La UP obtuvo un éxito electoral notable en los comicios de 1986: dos senadores propios, tres representantes a la Cámara, 29 diputados, además de una presencia significativa a nivel municipal. Diego Montaña Cuéllar la presidió en esos años decisivos.

La función de puente que había ejercido durante décadas se materializó en la UP. El proyecto reunía al PCC, a sectores de las FARC, a militantes provenientes de otras izquierdas, a intelectuales y sindicalistas que veían en el partido la oportunidad histórica de romper el cerrojo del bipartidismo. Montaña Cuéllar aportaba la legitimidad de su trayectoria: nadie podía acusarlo de aventurerismo, nadie podía reducirlo a comisario del PCC, nadie podía negar que había estado en la Cámara cuando López Pumarejo cambiaba la Constitución. Presidir la UP fue, para él, el punto de convergencia de todo lo anterior: el liberal radical de 1936, el crítico del pacto de 1957, el comunista tardío de los sesenta, el defensor de la vía electoral en los setenta, encontraba en 1985 una plataforma legal en la que confluían por primera vez esas capas biográficas.

La UP fue exterminada. Entre 1984 y 2000, la campaña de exterminio contra el partido —adelantada por narcoparamilitares con complicidad de agentes del Estado— dejó por lo menos 4.153 personas asesinadas o desaparecidas, sin contar víctimas de violencia no letal, según la Comisión de la Verdad; otras instituciones han documentado cifras superiores. Las secciones de inteligencia militar B-2 y S-2 de brigadas y batallones participaron en la coordinación de crímenes contra la izquierda, articulándose con paramilitares para recabar información y coordinar acciones armadas. En los llanos orientales, Gonzalo Rodríguez Gacha, en complicidad con la Brigada VII y el Batallón 21 Vargas, desató a través del grupo "Los Masetos" una persecución que, aunque originada en la ruptura de una alianza con las FARC en torno al pago de impuestos sobre cultivos ilícitos, no distinguió en la práctica entre guerrilleros y militantes de la UP.

El exterminio golpeó a la UP en todos los frentes: alcaldes y concejales de municipios pequeños, sindicalistas urbanos, dirigentes campesinos, cuadros medios sin figuración nacional, además de los magnicidios de mayor visibilidad. En algunas regiones —Urabá, el Magdalena Medio, el piedemonte llanero— desaparecieron listas enteras de candidatos entre una elección y la siguiente. La violencia no fue un accidente ni un exceso local: fue una operación sostenida en el tiempo, con actores identificables, dirigida a suprimir la posibilidad misma de una izquierda legal en el escenario electoral.

Montaña Cuéllar murió en 1988, en plena escalada del exterminio. Vio caer a compañeros, vio asesinar a candidatos, vio confirmarse en la práctica más brutal el diagnóstico que había sostenido durante treinta años: el régimen colombiano no toleraba la oposición organizada por fuera del bipartidismo. Los magnicidios de Jaime Pardo Leal en 1987 y de Bernardo Jaramillo Ossa en 1990 —el primero en vida de Montaña Cuéllar, el segundo poco después de su muerte— fueron las expresiones más visibles de una violencia sistemática que buscaba borrar del mapa la experiencia de la UP.

En diciembre de 2012, dentro del proceso de Justicia y Paz contra Éver Veloza, alias HH, los jueces reconocieron que el exterminio de la UP constituye un genocidio político. En septiembre de 2016, en un acto en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente la responsabilidad del Estado en el exterminio, admitiendo que jamás debió haber ocurrido y que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir los asesinatos. Ese reconocimiento tardío confirmó, con la voz oficial, lo que Montaña Cuéllar había sostenido en vida: que la exclusión del Frente Nacional no fue una anomalía superada en 1974, sino la matriz de una violencia política que continuaría durante décadas.

Una obra dispersa, una autoridad transversal

La obra escrita de Montaña Cuéllar quedó dispersa entre ensayos, discursos parlamentarios, columnas y libros de análisis histórico y político. No dejó una gran obra unitaria comparable a Los inconformes de Torres Giraldo, pero sí un archivo de intervenciones que hilvanó una lectura consistente del país: el Frente Nacional como pacto de élites excluyente, el clientelismo como modo de gobierno, la militarización de la protesta social como respuesta estatal recurrente, la fragmentación de la izquierda como consecuencia estructural del cierre democrático, y la violencia contra la oposición como confirmación empírica de todos los diagnósticos anteriores.

Su función histórica fue menos la del teórico original que la del articulador legítimo, y ese lugar de puente fue tanto biografía como estructura. En un país donde la izquierda se fragmentaba entre PCC, FARC, ELN, EPL, M-19, ADO, MOIR y decenas de organizaciones menores, el diseño mismo del Frente Nacional —al excluir a las terceras fuerzas y consolidar el clientelismo— produjo un vacío que la crítica sistemática al pacto vino a llenar como único terreno común disponible para gaitanistas tardíos, comunistas legales, izquierdas armadas y militantes populares. Que Montaña Cuéllar ocupara ese lugar mejor que ningún otro se explica por sus credenciales acumuladas: haber sido diputado durante la Revolución en Marcha, haber compartido bancada con Gaitán, haber recorrido el itinerario del liberalismo radical al marxismo, haber presidido la UP en su fundación. Cada hito le sumó una autoridad que ninguna disciplina partidaria podía otorgar.

Los 4.153 muertos y desaparecidos de la UP son el costo humano del argumento que Montaña Cuéllar había empezado a formular en los años cincuenta y que no alcanzó a ver confirmado por los tribunales ni por el Estado: un régimen que cierra los cauces institucionales a la oposición termina produciendo, como consecuencia previsible y no como accidente, la eliminación física de quienes intentan abrirlos. La ironía amarga de su biografía es que su diagnóstico se demostró correcto justamente sobre los cuerpos de los militantes que él mismo había convocado a la política legal. Su muerte en 1988 lo eximió de ver el desenlace más completo del exterminio, pero no de intuirlo: los primeros años de la campaña, los primeros nombres sobre las lápidas, la primera evidencia de que el Estado no iba a proteger a los suyos, todo eso ocurrió mientras presidía el partido. La tragedia personal y la validación intelectual coincidieron en el mismo gesto, y esa coincidencia define la posición que Montaña Cuéllar ocupa en la historia política colombiana: la del hombre que anticipó durante treinta años lo que después habría de padecer en carne de sus compañeros.