Éver Veloza García

Un exguerrillero convertido en pieza central de las ACCU

Veloza no encarna al paramilitar prototípico del Urabá o del Valle: no era hijo de la región, no venía de las autodefensas ganaderas de Córdoba, no tenía el apellido de las élites regionales que financiaron la guerra. Provenía del Guaviare y había militado en la guerrilla antes de pasarse al bando contrario. Esa condición de exguerrillero le dio, en la lógica de los Castaño, un valor operativo específico: conocía por dentro los métodos del enemigo. Los hermanos Castaño lo pusieron al frente de una banda paramilitar montada en Turbo, en la entrada estratégica al país por el Golfo de Urabá, en el momento en que las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) se transformaban —hacia 1994— en una estructura organizacional muy superior a los grupos paramilitares informales que la habían precedido.

De esa banda de Turbo brotaría el Bloque Bananero, y sobre esa base Veloza se convertiría en el jefe militar de una de las regiones económicamente más productivas y políticamente más disputadas del país. Cuando en el año 2000 los Castaño necesitaron relevar al comandante del Bloque Calima en el Valle del Cauca —David Hernández Rojas, alias 39, acusado de haber puesto parte del bloque al servicio de narcotraficantes—, escogieron a Veloza. Ese doble mando, sucesivo y luego solapado, lo convirtió en uno de los pocos comandantes de las AUC con experiencia directa en dos escenarios geográficos y económicos distintos: la economía bananera exportadora del Urabá y el complejo de ingenios, puerto y narcotráfico del Pacífico y el Valle.

Que un exguerrillero sin arraigo terminara mandando en dos regiones estratégicas dice algo del paramilitarismo tardío: para 1999 el proyecto era ya una franquicia de comandancia rotativa, donde la eficacia militar y la disciplina interna importaban más que el origen regional. Veloza fue una pieza intercambiable dentro de una estructura mayor, y esa condición explica tanto su ascenso como la relativa facilidad con la que, más tarde, aceptaría el papel de testigo.

Del Guaviare a Turbo: la fundación del Bloque Bananero

El paso de Veloza al paramilitarismo se enmarca en el momento fundacional de las ACCU. Hacia 1994, la estructura montada por los hermanos Castaño en Córdoba y Urabá dejaba atrás la etapa de las autodefensas dispersas de los años ochenta y adquiría una organización militar centralizada, con cadena de mando, financiación estable y proyección expansiva. Turbo, en el borde oriental del Golfo de Urabá, era pieza clave: puerto, corredor de salida al Caribe, puerta de entrada a las plantaciones de banano que se extendían hacia el sur por Apartadó, Carepa y Chigorodó.

Veloza recibió el encargo de montar allí una banda paramilitar. Él mismo se atribuyó, años después, la iniciativa fundacional del Bloque Bananero, presentándolo como respuesta de autodefensa. La versión más precisa es también menos épica: la iniciativa fue de los Castaño, que lo pusieron al mando de una estructura pensada desde el principio como pieza del proyecto ACCU. La banda de Turbo creció, se profesionalizó y se transformó en el Bloque Bananero, con jurisdicción sobre la franja de plantaciones que corre por la orilla oriental del Golfo. Bajo su comandancia, las fuerzas paramilitares avanzaron hacia el sur por los pueblos y las aldeas dispersos entre los bananales, imponiendo control territorial a través de asesinatos selectivos, desapariciones, desplazamientos forzados y la construcción de una red de complicidades locales.

La idea de poner el Bloque Bananero bajo la égida de un empresario del sector fue de Carlos Castaño, y esa decisión fijó el rasgo distintivo de la estructura: un bloque paramilitar diseñado para articularse con el capital exportador. No era un grupo que extorsionara al margen de la economía regional; era un grupo montado desde dentro de ella, con una arquitectura de financiación pensada como sistema.

Urabá, Calima y las masacres del Cauca

Entre 1995 y 2000, el Bloque Bananero consolidó su dominio sobre el Urabá antioqueño. La región vivía una guerra doble: las FARC operaban desde el sur, la Brigada XVII del Ejército —al mando del general Rito Alejo del Río entre 1995 y 1998— libraba una campaña contrainsurgente, y los paramilitares avanzaban en un movimiento de pinza que dejó cientos de asesinatos y decenas de miles de desplazados. Del Río sería condenado en 2012, en última instancia, en un proceso vinculado a las denuncias sobre complicidad con el paramilitarismo en la región. Desde el 18 de diciembre de 1995 —fecha en que asumió el mando— la Brigada XVII no registró operaciones contra los paramilitares. En ese vacío operativo prosperó el Bloque Bananero.

Hacia mediados del año 2000, Veloza fue enviado al Valle del Cauca a reemplazar a alias 39 al frente del Bloque Calima. El bloque había sido creado con el respaldo estructural de la Tercera Brigada del Ejército con sede en Cali. Un testigo declaró haber asistido, en 1999, a una reunión en la sede de la III Brigada donde se recopilaban datos sobre personas adineradas de la región para financiar la llegada de los paramilitares. Las unidades militares apoyaron el avance paramilitar iniciado en julio de 1999 en los alrededores de Buga y Tuluá. Cuando Veloza asumió el mando, el bloque ya operaba con presencia consolidada en el norte del Valle; bajo su comandancia se expandió hacia Buenaventura, el Cauca y sectores del suroccidente, tejiendo alianzas con narcotraficantes que controlaban el puerto y con empresarios de ingenios azucareros, pesqueras e industrias.

El 10 de noviembre de 2000, hombres del Bloque Calima, actuando en conjunto con las Autodefensas Campesinas de Ortega —un grupo de campesinos indígenas que había recibido dos semanas de entrenamiento paramilitar—, entraron a la vereda El Carmelo, del municipio de Cajibío en el Cauca, y asesinaron a supuestos colaboradores de la guerrilla. Veloza reconocería después, ante Justicia y Paz, que la orden fue suya. La masacre de Cajibío fue una entre muchas: el Bloque Calima, durante los años en que lo comandó, es responsable de decenas de masacres, cientos de asesinatos selectivos y una campaña sistemática de desplazamiento en el norte del Cauca y el Valle.

Antes del cierre del ciclo, la propia comandancia del bloque empezó a purgarse por dentro, y Veloza no lo impidió cuando no lo ordenó. Alias Fernando, vocero político del bloque, apareció asesinado en Cali. El 28 de marzo de 2002, en Tuluá, cayó alias Juan González —Francisco José García, ex suboficial del Ejército—; cuatro meses después, el 28 de julio, en la misma ciudad, alias Román —Norberto Hernández—. La comandancia financiera había pasado en abril de 2000 a manos de Juan Mauricio Aristizábal, alias El Fino. Cuando llegó la hora de la desmovilización, el organigrama del bloque estaba depurado y las voces que hubieran podido disputar el relato oficial ya no estaban en él.

El 24 de noviembre de 2004, el Bloque Bananero se desmovilizó bajo el nombre de guerra de Hernán Hernández —Veloza—, en una de las primeras entregas colectivas del proceso que llevaría, entre 2003 y 2006, a la desmovilización de 31.671 combatientes y miembros de redes de apoyo logístico de las AUC, con la entrega de 18.051 armas. Poco después le seguiría el Bloque Calima, también bajo su comandancia.

La red: Castaño, Del Río, los bananeros, los ingenios, las Convivir

La comprensión de Veloza como figura histórica pasa por reconstruir la red en la que operó, porque su valor como testigo es exactamente la profundidad con la que la describió.

Veloza fue puesto en Turbo por Carlos y Vicente Castaño y respondía a ellos. Cuando Carlos Castaño reemplazó a alias 39 al frente del Calima, la designación de Veloza fue una decisión de esa comandancia superior. Sus declaraciones ante Justicia y Paz permitieron trazar reuniones específicas de los Castaño con empresarios: en el año 2000, en versión libre ante la Fiscal 17 de Justicia y Paz Nubia Stella Chávez Niño, describió una reunión de Carlos Castaño en los límites entre Córdoba y Urabá con Edgar Lenis —expresidente de Avianca y entonces gerente de pastas La Muñeca— y con personas de apellidos Mejía Escarpeta y Guzmán, familiares de secuestrados en los operativos guerrilleros de La María y el Kilómetro 18. Ese tipo de reuniones, hasta entonces materia de rumor, adquirió con Veloza estatus de declaración judicial.

Sus declaraciones sobre la Fuerza Pública son las más políticamente sensibles. Veloza declaró que el Bloque Bananero coordinaba con la Brigada XVII y con la fuerza pública en Urabá. Afirmó que las cooperativas Convivir tenían sede junto a la Brigada y que para acceder a ellas había que pasar por un retén militar. Una oficina detrás del batallón de la Brigada XVII en Carepa, manejada por Alberto Osorio, coordinaba con la fuerza pública, gestionaba las finanzas con las bananeras y pasaba inteligencia a Policía, Ejército y Autodefensas. Sobre el Bloque Calima, sus declaraciones y las de otros testigos apuntaron a la participación de la Tercera Brigada del Ejército en la conformación y el apoyo logístico del grupo.

La financiación bananera se articulaba a través de doce cooperativas Convivir en Urabá organizadas por Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, con apoyo de la gobernación de Antioquia, que facilitó información cuando inició los trámites. La Convivir Papagayo recibió, entre 1998 y junio de 2003, un total de 7.036.793.917 pesos provenientes de la industria bananera, incluidas filiales de Chiquita Brands como Banadex S.A. Veloza cifró el aporte de las bananeras en un centavo de dólar por caja de banano exportada. Las Convivir no eran una capa civil que después fue capturada por el paramilitarismo: eran una arquitectura pensada desde el principio como coordinación entre empresas exportadoras, Ejército y Autodefensas, y funcionaban como tal.

En el Valle, Veloza confesó que el ingenio San Carlos aportó cerca de 20 millones de pesos a cambio de seguridad, y que los ingenios pusieron vehículos y radios de comunicación a disposición del bloque. Otras empresas de la industria azucarera, ganaderos, comerciantes, industriales y empresas pesqueras de Buenaventura contribuyeron al financiamiento, unos voluntariamente, otros bajo coerción. En Buenaventura, la financiación se apoyó también en el control del narcotráfico: el narcotraficante Víctor Patiño Fómeque envió 30 millones de pesos desde la cárcel para financiar grupos paramilitares que operaron en el puerto.

En el escalón intermedio, Veloza compartió zona de operación en Urabá con Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, comandante del Bloque Élmer Cárdenas, y respondía en el nororiente a Salvatore Mancuso, comandante superior del proyecto AUC. En el Bloque Calima, la comandancia financiera de El Fino articulaba una red de mandos regionales bajo su autoridad directa.

Esa red no fue una anomalía de la comandancia de Veloza. Fue la forma en que funcionó el paramilitarismo colombiano en dos de sus regiones estratégicas, y él la conocía porque la operaba.

Justicia y Paz: la confesión como estrategia y como revelación

La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, ofreció a los paramilitares desmovilizados penas alternativas —de cinco a ocho años— a cambio de confesión plena, entrega de bienes y colaboración con la justicia. En junio de 2006, la Corte Constitucional modificó la ley y estableció que si los versionantes no cooperaban plenamente con la verdad y la reparación serían juzgados bajo la ley penal ordinaria, con posibilidad de extradición. La amenaza de extradición se convirtió, desde ese momento, en el instrumento disciplinario del proceso.

Veloza entró al mecanismo y rindió versiones libres ante la Fiscal 17 de Justicia y Paz. Su comportamiento combinó dos registros. Fue uno de los versionantes que más lejos llegó en la descripción de la financiación empresarial y de los nexos con la Fuerza Pública: aportes de la industria bananera, coordinación con la Brigada XVII, funcionamiento de la oficina de Alberto Osorio detrás del batallón de Carepa, contribución de los ingenios azucareros, reuniones de Castaño con Edgar Lenis. Al mismo tiempo, gestionó una narrativa cuidadosa de sí mismo. En agosto de 2008 declaró a la revista Semana que pedía perdón a las víctimas porque estaba convencido de que la mayoría de los que murieron en la guerra eran inocentes, personas que murieron siendo civiles, en sus casas o en sus lugares de trabajo. Esa petición se inscribía en el patrón general del discurso paramilitar en las versiones libres: el victimario que se auto-representa como protagonista legítimo de una guerra contrainsurgente, que atribuye su vinculación a la juventud, la ignorancia, la inmadurez política o las circunstancias adversas, y que califica a sus víctimas como inocentes atrapadas en un conflicto que él no diseñó.

La combinación era funcional. La revelación de nexos con empresarios y militares se ofrecía envuelta en un relato de arrepentimiento y auto-legitimación que amortiguaba su impacto sobre el propio confesante. Veloza no fue un narrador ingenuo. Fue un narrador estratégico que calculó, en cada audiencia, hasta dónde ir. Sus descripciones sobre la Brigada XVII emplean, en momentos clave, expresiones dubitativas; su reconocimiento de responsabilidad por masacres específicas —Cajibío entre ellas— convive con justificaciones más generales sobre la guerra.

Incluso filtrada por ese cálculo, la verdad que Veloza produjo era suficiente para incomodar. Sus versiones libres empezaron a construir un mapa de responsabilidades empresariales que, de haberse profundizado, habría alcanzado a las multinacionales bananeras, a los ingenios del Valle, a la política departamental antioqueña y a la Brigada XVII con nombres y fechas concretas. En mayo de 2008, en el momento en que ese mapa se ampliaba, catorce jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos.

Mayo de 2008 y las semanas de Veloza

El 13 de mayo de 2008, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez levantó la suspensión de extradición de los líderes paramilitares desmovilizados y ordenó el traslado inmediato de catorce cabecillas, incluidos Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. El argumento oficial fue el incumplimiento de los compromisos de Justicia y Paz: continuación de actividades delictivas desde prisión, no entrega plena de bienes, obstrucción de la verdad. Macaco había sido extraditado ese mismo mes, con el argumento específico de que dirigía el narcotráfico desde la cárcel de Itagüí.

Veloza no fue extraditado en la primera oleada de mayo de 2008. Su extradición se produjo poco después, en 2009, en cumplimiento de un requerimiento de la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico. Para entonces el patrón estaba fijado.

Las consecuencias sobre el proceso de Justicia y Paz fueron inmediatas. Don Berna declaró que no había garantías para él ni para su familia amenazada y suspendió su cooperación. Salvatore Mancuso anunció que no continuaría contribuyendo a los procesos de Justicia y Paz ni a la justicia ordinaria, alegando violación de términos legales e inexistencia de garantías judiciales para su familia. Don Berna llegó a proponer explícitamente la colaboración de los exjefes paramilitares extraditados en los procesos de parapolítica a cambio de una reducción de las penas que enfrentaban en Estados Unidos por narcotráfico —un canje que ninguna instancia oficial aceptó formalizar.

Los representantes de las víctimas denunciaron que la extradición privilegiaba un delito común transnacional sobre los procesos en curso por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Se advirtió que las extradiciones podían ocultar la dimensión real de esas violaciones y los vínculos de los paramilitares con fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y empresarios, si los tribunales estadounidenses decidían no investigarlos por esos crímenes —como en efecto ocurrió. En el debate público circuló, además, la sospecha de que una razón subyacente pudo ser el temor de sectores de la clase política colombiana a las revelaciones que los paramilitares podían hacer sobre sus vínculos con ella, una sospecha que no encontró comprobación institucional ni refutación fáctica.

La situación jurídica desde Estados Unidos

Después de la extradición, el acceso de la justicia colombiana a los versionantes se convirtió en una carrera de obstáculos. No existía un convenio de cooperación judicial escrito entre Colombia y Estados Unidos que regulara el acceso a los extraditados para procesos en curso bajo la Ley 975 y la justicia ordinaria. Cada diligencia dependía de negociaciones ad hoc entre la Fiscalía colombiana, el Departamento de Justicia estadounidense y el Bureau of Prisons, que impuso restricciones que obstaculizaron el trabajo de los funcionarios colombianos. A un fiscal de Justicia y Paz se le negó la visa para presidir diligencias de versión libre en Estados Unidos.

El gobierno colombiano prometió que los extraditados podrían seguir versionando y colaborando con la justicia desde Estados Unidos, mediante enlaces de telecomunicaciones y videoconferencias. Varios exparamilitares continuaron participando por teleconferencia. Pero la continuación de las audiencias enfrentó dificultades logísticas y de voluntad política persistentes, y su retransmisión —clave para que víctimas y medios de comunicación tuvieran acceso al proceso— quedó limitada.

El 19 de julio de 2010, Gary G. Grindler, fiscal general adjunto de Estados Unidos, comunicó al ministro colombiano del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, un nuevo plan cuyo objetivo era aumentar considerablemente la frecuencia de acceso de funcionarios colombianos a los líderes paramilitares extraditados —los ya condenados y los que aguardaban decisión judicial—, con implementación a cargo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia en cooperación con su oficina en la Embajada de Estados Unidos en Colombia. El plan reconocía, implícitamente, que hasta ese momento el acceso había sido insuficiente. Veloza, sin embargo, había optado por una vía distinta: siguió versionando por teleconferencia con la Fiscalía colombiana desde su reclusión en Estados Unidos, y su nivel de colaboración —comparado con el de Mancuso o Don Berna, que redujeron o suspendieron su cooperación— fue relativamente sostenido.

Ese comportamiento respondía a un cálculo. La condena por narcotráfico en Estados Unidos ofrecía a Veloza márgenes de reducción de pena atados a la cooperación con la justicia; la continuación de las versiones libres alimentaba ese margen. Su locuacidad posterior a la extradición no fue un acto de contrición sobrevenida sino la prolongación de la estrategia narrativa que había desplegado desde el principio: cooperar lo suficiente para obtener beneficios, sin cruzar líneas que pusieran en riesgo su propia posición.

Tres huellas superpuestas

La trayectoria de Éver Veloza García deja tres huellas superpuestas, difíciles de separar y sin las cuales su figura no se entiende.

Está, ante todo, la del comandante. El Bloque Bananero y el Bloque Calima, bajo sus órdenes, son responsables de un volumen considerable de crímenes: masacres como la de Cajibío, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, control violento de territorios y poblaciones enteras. La contabilidad exacta de esas víctimas seguía abierta cuando fue extraditado, y su extradición contribuyó a que quedara abierta. La petición de perdón de agosto de 2008, por sincera que se quiera leer, no cierra esa contabilidad ni la reemplaza.

Superpuesta a ella está la huella del testigo. En un proceso que fue simultáneamente instrumento de verdad y estrategia de auto-legitimación de los victimarios, Veloza aportó descripciones concretas y verificables sobre la financiación bananera, la coordinación con la Brigada XVII, el funcionamiento de las Convivir en Urabá, los aportes de los ingenios del Valle y las reuniones de Carlos Castaño con empresarios. Esas descripciones no lo eximen de nada, pero produjeron un mapa que ningún otro mecanismo institucional había articulado con ese detalle: cómo el paramilitarismo se sostenía sobre una arquitectura empresarial y militar más amplia. Que la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica hayan tenido que reconstruir después esas costuras a partir, entre otras fuentes, de las confesiones de Veloza, indica la magnitud de lo que aportó.

Y encima de las dos, la huella del símbolo. Veloza extraditado, versionando por teleconferencia desde una prisión estadounidense, se convirtió en la imagen de un problema estructural: la incompatibilidad entre las obligaciones de verdad y reparación del Estado colombiano y las prioridades punitivas de la política antinarcóticos de Estados Unidos. Cuando los comandantes paramilitares empezaban a nombrar a empresarios, militares y políticos, fueron sacados del país en aviones. Después vinieron los planes de acceso remoto, las teleconferencias, los memorandos entre fiscales generales adjuntos y ministros de Justicia; pero la verdad que se había empezado a producir en las audiencias presenciales de 2006, 2007 y comienzos de 2008 no volvió a alcanzar la misma densidad. La extradición no acabó con las versiones libres, pero cambió irreversiblemente su textura.

Las tres huellas coexisten sin resolverse. Veloza no es villano puro ni testigo redimido, y esa doble condición es la que fija su lugar en la historia. Su trayectoria muestra que el paramilitarismo colombiano no fue una anomalía criminal que capturó a instituciones sanas, sino una arquitectura funcional en la que un exguerrillero del Guaviare, sin arraigo regional, podía terminar mandando en dos regiones exportadoras clave porque la estructura que lo requería —bananeros, ingenios, Convivir, Brigada XVII, Tercera Brigada, narcotraficantes del puerto, comandantes superiores en Córdoba— ya estaba dispuesta y esperaba un operador. Veloza fue ese operador, y luego fue el testigo. Lo que reveló como testigo no cabía, en 2008, en las condiciones políticas del proceso; y lo que reveló, hasta donde reveló, quedó suspendido en el espacio entre una prisión federal en Estados Unidos y una fiscalía colombiana que dependía de videoconferencias y visas. Ese espacio suspendido es, todavía hoy, uno de los lugares donde la memoria del conflicto armado colombiano permanece más incompleta.