Palma aceitera y despojo paramilitar en Colombia (1996–2013)

¿Fue la palma aceitera cómplice, beneficiaria o motor del despojo paramilitar en Colombia?

Entre 1996 y 2013, la palma africana pasó de cultivo minoritario a política nacional estratégica en Colombia. Ese ascenso coincidió, en los mismos mapas y en las mismas ventanas de tiempo, con las oleadas de desplazamiento forzado más severas del conflicto: Bajo Atrato, Urabá, Magdalena Medio, Catatumbo, Montes de María, Sur del Cesar, Llanos y Pacífico nariñense.

La pregunta no es si esa coincidencia existió. La pregunta es qué relación guarda: ¿se acomodó el capital agroindustrial a una violencia que le era ajena? ¿Fue beneficiario pasivo de un despojo hecho por otros? ¿O formó parte de un mismo dispositivo en el que estructuras armadas ilegales, empresarios y aparato estatal de fomento operaron de manera convergente sobre territorios previamente titulados a comunidades negras, indígenas y campesinas?

El fondo del asunto

De la respuesta depende cómo se lee el posconflicto: si el marco jurídico de restitución restaura derechos preexistentes o si, por el contrario, blinda la acumulación ilegal detrás de una envoltura contractual que las víctimas ya no pueden desmontar.

Depende también quién responde y cómo. Si el despojo fue obra de estructuras armadas ilegales de las que el Estado fue víctima o espectador, la reparación consiste en perseguir mandos paramilitares y devolver predios individualmente identificables. Si fue producido por una articulación entre violencia armada, corrupción institucional selectiva y arquitectura estatal de fomento, el problema es otro: los créditos, los subsidios, los títulos revocados y los incentivos de capitalización rural —todos instrumentos legales— siguen sosteniendo la geografía que la violencia produjo.

Los territorios en disputa —Curvaradó, Jiguamiandó, Pedeguita y Mancilla en el Bajo Atrato; Buenos Aires-Las Pavas en el sur de Bolívar; Tibú y Sardinata en Norte de Santander; Macayepo y El Carmen de Bolívar en Montes de María; María La Baja; Mapiripán y Puerto Gaitán en los Llanos; Tumaco en el Pacífico nariñense— no son casos aislados sino nodos de un mismo patrón geográfico y temporal: expansión palmera en las mismas zonas y en las mismas fechas en que se registraron los desplazamientos masivos entre 2001 y 2004.

Los términos del debate

Caben cuatro lecturas.

La primera es la del oportunismo empresarial: los cultivos palmeros llegaron a territorios ya vaciados por una violencia paramilitar cuya lógica era contrainsurgente, no económica. El capital habría aprovechado precios de tierra hundidos, sin coproducir el despojo. Convive bien con la narrativa gremial —la palma como agroindustria moderna e integradora de campesinos— y con la defensa penal de empresas como Urapalma, cuyo abogado, Carlos Daniel Merlano Rodríguez, sostuvo ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín que las asociaciones de pequeños palmicultores respondían a requisitos formales de Finagro y no a un diseño de despojo.

La segunda es la del beneficio estructural pasivo: el paramilitarismo, por razones propias, produjo un vaciamiento territorial que resultó funcional para la agroindustria, sin que exista una coordinación probada entre uno y otra. Admite el patrón sin comprometerse con la intencionalidad.

La tercera es la de la coproducción coordinada: paramilitares, empresarios y funcionarios operaron como parte de un mismo dispositivo, con reparto de funciones —desplazar, comprar, titular, financiar—, mecanismos de retribución explícitos y beneficiarios comunes.

La cuarta, más radical, invierte la causalidad: el paramilitarismo no fue reacción contrainsurgente que luego atrajo capital, sino vehículo de un proyecto modernizador agroindustrial promovido desde su origen por élites que lo adoptaron después como política estatal legítima, borrando su genealogía violenta.

La evidencia: cómo se hizo el despojo palmero

Bajo Atrato: laboratorio del dispositivo

Entre el 24 y el 28 de febrero de 1997, la Operación Génesis —ejecutada por la Brigada XVII del Ejército por aire y tierra— y las acciones simultáneas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá provocaron el desplazamiento masivo de las comunidades afrodescendientes del Cacarica. Para esa operación, el teniente coronel Rigoberto Ambrosio Ojeda Prieto acordó con el comandante paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y con Raúl Emilio Hasbún que la Policía no realizaría operativos contra las embarcaciones paramilitares en el Atrato; miembros de las ACCU usaron uniformes y fusiles de la fuerza pública durante la toma. La coordinación no fue coyuntural: desde 1982, unidades del Ejército venían realizando patrullajes conjuntos con grupos paramilitares en el Magdalena Medio.

Sobre ese territorio vaciado —titulado colectivamente a comunidades negras— llegó la palma. La industria fue introducida desde 1998 con apoyo de agentes paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas, tomando como epicentro los territorios colectivos de Curvaradó, Jiguamiandó y Pedeguita y Mancilla. Para el año 2000, existían 3.636 hectáreas de palma dentro del territorio colectivo de Curvaradó y 198 en la cuenca del Jiguamiandó. El paramilitar Rodrigo Zapata, alias Ricardo, declaró ante la Fiscalía que desde 1997 estuvo en esas cuencas adquiriendo tierras y que sabía que ciertas zonas no eran aptas para la compra porque estaban en trámite de adjudicación como territorios colectivos. La titulación étnica no era ignorada: era el obstáculo a sortear.

El caso Urapalma condensa el dispositivo. La empresa recibió del Banco Agrario, con incentivos de Finagro, más de cuatro mil quinientos millones de pesos en créditos sobre predios ilegalmente adquiridos, incluido el del campesino Lino Díaz, despojado y asesinado. Para acceder a los Incentivos de Capitalización Rural, Urapalma y sus socios constituyeron asociaciones de pequeños palmicultores que servían de fachada para dar posesión efectiva sobre las tierras usurpadas. Jairo Brugés, socio de la empresa, había sido asesor de un exministro de Agricultura y de un presidente de Finagro. Codechocó y Corpourabá otorgaron las licencias ambientales requeridas por proyectos establecidos sobre tierras despojadas; en notarías se falsificaron títulos para completar el circuito.

Vicente Castaño Gil, alias El Profe, reconoció en entrevista a Semana haber conseguido personalmente empresarios para invertir en cultivos de palma en Urabá, y describió como objetivo propio llevar inversores privados a zonas bajo control paramilitar para atraer allí a las instituciones del Estado. Sor Teresa Gómez, cercana a los Castaño, figuró como representante legal de Asoprobeba —creada, según algunas versiones, junto con alias Monoleche— y bajo esa figura compró mil hectáreas en Caño Manso, en Curvaradó, para instalar cultivos de palma en el marco del proyecto de despojo impulsado por los Castaño y El Alemán en Belén de Bajirá.

El Bloque Elmer Cárdenas se financió, además, con las empresas madereras que operaban en su zona: pagaban el equivalente al cinco por ciento de la producción sobre madera fina y al tres por ciento sobre madera ordinaria, según versión libre de Rendón Herrera en junio de 2007. Maderas del Darién S.A. aportó entre veinte y treinta millones de pesos al Bloque y permitió al grupo usar las frecuencias de sus antenas repetidoras. Entre 2002 y 2006, el control territorial del Bloque se consolidó en torno a proyectos económicos sobre territorios étnicos: explotación maderera, palma, banano, plátano, ganadería extensiva y concesiones mineras. Rendón Herrera declaró su apoyo a una "gran revolución agraria" en un contexto en que su bloque impulsaba activamente proyectos palmeros.

Frente a este dispositivo, las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó constituyeron zonas humanitarias de refugio y zonas de biodiversidad, delimitándolas con cuerdas de nylon, maderas, banderas y rótulos en lo que denominaron la Malla de la Vida. Algunas empresas palmicultoras respondieron con desobediencia expresa al mandato de la autoridad ambiental que ordenaba suspender actividades, ignorando también el llamamiento de la Defensoría del Pueblo. Empresarios palmeros del sector antioqueño llegaron a caracterizar los consejos comunitarios como instrumentos "impuestos bajo la ley del fusil por los subversivos", invirtiendo la carga simbólica del despojo.

Magdalena, Cesar, Urabá bananero: el peaje agroindustrial

Al oriente, el Bloque Norte de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, identificó tres focos de colaboración —forzada y voluntaria— entre empresas palmeras y la estructura paramilitar: norte del Cesar en El Copey; norte del Magdalena en Ciénaga, Algarrobo, Fundación y Zona Bananera; y Atlántico como nodo financiero.

En el Urabá bananero, la sentencia contra Jaime Blanco Maya, dictada en 2013 por el Juzgado Once Penal del Circuito Especializado de Bogotá, documentó que el Frente William Rivas recaudaba de empresarios bananeros setenta mil pesos anuales por hectárea cultivada, a cambio de proveer seguridad a las fincas mediante patrullas de vigilancia perimetrales. En los Llanos, el Bloque Centauros de Miguel Arroyave Ruiz se financió con aportes de ganaderos, empresarios y contratistas, cobrando aproximadamente el diez por ciento del valor de los contratos de obra.

Salvatore Mancuso reconoció que la recuperación de tierras tenía por objeto "devolvérsela a los empresarios". La afirmación identifica un beneficiario económico externo al grupo armado, ajeno a la lógica contrainsurgente, y compatible con el reparto de rentas agroindustriales que las versiones libres fueron documentando.

En el Magdalena Medio, Indupalma ejerció control territorial sobre tierras campesinas en San Alberto, Cesar, mediante retenes privados a cargo de su personal de seguridad —los llamados "silvaperros"— y presión sobre el Incoder para que ofreciera titulaciones condicionadas a la salida de los campesinos, aprovechando la ausencia de títulos perfeccionados para calificarlos de invasores. En el Sur de Bolívar, el Bloque Central Bolívar usurpó tierras mediante violencia y compras fraudulentas o presionadas para sembrar palma, según relatos de desmovilizados.

La maquinaria institucional del despojo

El componente estatal del dispositivo no fue omisión: fue actividad. Y esa actividad tuvo un orden reconocible. Primero, funcionarios de reforma agraria revocaron adjudicaciones campesinas invocando el "abandono" de tierras cuyos titulares habían sido desplazados. Después, notarías cooptadas perfeccionaron títulos falsos. Al final, la banca de fomento inyectó recursos públicos sobre esos títulos ya lavados. Cada eslabón exigía funcionarios dispuestos y encontró.

En el Magdalena, entre febrero y marzo de 2003, el Incora revocó la adjudicación de ciento treinta y cuatro predios —dos por día en promedio—, frente a apenas ochenta predios revocados en los siete años anteriores. José Fernando Mercado Polo, ex gerente regional del Incora en el Magdalena, fue investigado penalmente por la Fiscalía por treinta y seis casos en las veredas Bejuco Prieto y El Encanto en Chibolo, en un esquema de despojo vinculado al Bloque Norte. Testimonios campesinos documentan firmas obtenidas bajo amenaza o coacción para renunciar a las adjudicaciones.

El patrón se replicó en el rediseño institucional. Entre 2007 y 2010, cincuenta y tres funcionarios del Incoder fueron investigados y veintiséis destituidos por casos relacionados con mecanismos de despojo. Carlos Reyes, exdirector del Incoder en Cesar, fue acusado de apoyar al paramilitar Hugues Rodríguez —bajo mando de Jorge 40— en acciones de desplazamiento forzado, despojo y titulación a testaferros. El exdirector del Incoder Rodolfo Campo Soto fue destituido e inhabilitado por trece años por la Procuraduría en un contexto vinculado al programa Agro Ingreso Seguro.

Sobre esos títulos lavados —o revocados y readjudicados— llegó el crédito. Además del caso Urapalma, entre 2008 y 2012 Finagro aprobó recursos para financiar la palma en Norte de Santander por setenta y siete mil novecientos dieciocho millones de pesos, bajo el modelo de alianzas productivas cuyos objetivos declarados combinaban la sustitución de cultivos de coca con la "consolidación del control efectivo de territorios". En ese modelo, los recursos se manejaban a través de una fiduciaria, los créditos eran solidarios y la asociación respondía por ellos, quedándose con la tierra —prenda real del negocio— si el pequeño socio no podía pagar. La tierra del campesino era la garantía de su propio despojo.

Encima del crédito, el subsidio. El programa Agro Ingreso Seguro, creado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, canalizó dinero público que terminó en manos de parapolíticos y terratenientes: Eduardo Vives Lacouture, condenado por parapolítica; Silvestre Dangond Lacouture, propietario de Palmas Oleaginosas del Casacará y de amplias extensiones en Becerril, Cesar. El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia y destituido e inhabilitado por la Procuraduría.

El Plan Colombia añadió una capa. Financió proyectos de palma en Tumaco para sembrar mil quinientas hectáreas, en un contexto donde el gobierno Uribe identificó la industria palmera como estratégica y señaló a Tumaco como zona prioritaria por su condición de puerto exportador. El aval del Consejo Nacional de Política Económica y Social a las alianzas productivas y la canalización de recursos de cooperación internacional completaron una arquitectura donde el desarrollo alternativo, la lucha antinarcótica y la agroindustria de exportación se volvieron indistinguibles en los mismos territorios.

La violencia que no cesó y el suelo que la sostiene

Tras la desmovilización de las AUC, la violencia sobre líderes étnicos no cesó. El 11 de octubre de 2010, Los Urabeños asesinaron a Ana María Moreno, representante legal del Consejo Comunitario de Asti, en el Chocó; a Fredy Pestaña, del Consejo Menor de Capitán en Acandí, lo amenazaron telefónicamente con el sonido de una motosierra. Una encuesta a ciento cincuenta mujeres afrocolombianas desplazadas en Cartagena, Cali, Quibdó, Tumaco y Bogotá registró que el 63,24% había recibido amenazas de muerte bajo la condición explícita de desocupar las tierras; el 67% había sido amenazada con daños contra sus hijos u otros familiares.

Sobre el suelo despojado, el monocultivo actuó como una segunda capa de vaciamiento. La palma destruye las especies de fauna y flora incompatibles con ella y reemplaza el ambiente existente en lugar de integrarse a él. Los sistemas de drenaje de las plantaciones modifican cursos hídricos y cuencas: en el caño Elvira, un terraplén asociado a cultivos de palma impidió el flujo natural del agua acumulando caudales sin salida. La expansión del monocultivo está asociada a pérdida de diversidad biológica, uso insostenible del agua, vertimiento de sustancias tóxicas y desertificación paulatina del suelo. La transformación de coberturas vegetales naturales para el cultivo de Elaeis guineensis se realizó sin consideración por las consecuencias sobre las especies endémicas de esas regiones. El despojo humano y el ecológico comparten la misma huella cartográfica.

Entonces, ¿qué relación guarda la palma con el despojo?

Sostener que la expansión palmera fue oportunismo empresarial pasivo obligaría a explicar por qué las asociaciones de fachada, los créditos sobre predios despojados, las revocaciones aceleradas de adjudicación, los pagos regulares de las madereras al Bloque Elmer Cárdenas, el peaje bananero documentado en la sentencia Blanco Maya, la coordinación explícita entre el coronel Ojeda Prieto y el comandante Rendón Herrera, la declaración de Vicente Castaño sobre conseguir inversores para Urabá y las asociaciones de Sor Teresa Gómez en Caño Manso son eventos independientes y no eslabones de un mismo mecanismo. La lectura del beneficio estructural pasivo es más resistente, pero encuentra su límite en las declaraciones de Mancuso y Castaño, en las alianzas contractuales entre empresas y bloques, y en el hecho de que las asociaciones palmicultoras fueron creadas precisamente para acceder a instrumentos legales de fomento sobre tierras que se sabían usurpadas.

La lectura que mejor integra el expediente es la de una coproducción coordinada —aunque no monolítica ni plenamente consciente en cada eslabón— entre estructuras armadas ilegales, capital agroindustrial y aparato estatal de fomento. Los paramilitares desplazaron, mataron y coaccionaron ventas; funcionarios seleccionados del Incora y del Incoder, notarías cooptadas y corporaciones autónomas complacientes legalizaron el vaciamiento; Finagro, el Banco Agrario, el Plan Colombia y Agro Ingreso Seguro canalizaron recursos públicos que consolidaron económicamente la nueva geografía de propiedad; los empresarios aportaron capital, tecnología, redes políticas y la envoltura de "alianza productiva" que blindaba jurídicamente el conjunto. No hubo una oficina central que dictara la política, pero hubo una convergencia cuyos efectos —el mismo territorio, la misma fecha, el mismo cultivo, los mismos beneficiarios— son sistemáticos.

La lectura invertida —que hace del paramilitarismo un vehículo de un proyecto modernizador agroindustrial adoptado después como política uribista— encuentra en la propia entrevista de Vicente Castaño su apoyo más incómodo. Castaño no dijo que el capital llegó después: dijo que él fue a buscarlo. La palma como política estratégica nacional bajo el gobierno Uribe, el AIS canalizado hacia terratenientes cercanos a la parapolítica, el Plan Colombia sembrando palma en Tumaco y Finagro financiándola en Catatumbo son la continuidad, no la ruptura, de esa estrategia inicial. El proyecto se blanqueó, no se sustituyó.

El caso de Las Pavas confirma que el dispositivo sobrevivió al desmonte formal de las AUC. En Buenos Aires, sur de Bolívar, predios campesinos pasaron a las empresas palmeras Aportes San Isidro S.A. y C.I. Tequendama, del grupo Daabon. El grupo contribuyó a la elección de Juan Carlos Díaz-Granados a la Alcaldía de Santa Marta y apoyó con dinero la campaña por la reelección de Uribe. En los Montes de María, un Grupo Élite de la Superintendencia de Notariado y Registro tuvo que intervenir la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Carmen de Bolívar ante irregularidades en compraventas masivas de tierras, en un contexto en que cuatrocientas sesenta mil familias campesinas habían sido desplazadas. La restitución, cuando ocurre, se enfrenta a títulos formalmente perfeccionados, créditos ejecutados, cultivos productivos y garantías fiduciarias que el marco jurídico del posconflicto no desmonta con facilidad.

El posconflicto no restaura: convive con el despojo consolidado y, en varios casos, lo blinda. La institucionalidad de restitución opera sobre una geografía de propiedad que la propia arquitectura estatal ayudó a producir. Devolver un predio es más difícil cuando encima crece una plantación financiada por el Banco Agrario, protegida por una alianza productiva y explotada por una empresa cuyos socios tienen conexiones con exministros y expresidentes de la banca de fomento.

¿Qué queda por preguntar?

Entre 1996 y 2013, en los territorios donde la palma aceitera avanzó sobre tierras titulables a comunidades étnicas y campesinas, la violencia paramilitar, la corrupción institucional y la financiación pública operaron con una regularidad que ni la casualidad ni el oportunismo aislado alcanzan a explicar. El dispositivo tuvo nombres —Castaño, Rendón Herrera, Tovar Pupo, Arias, Brugés, Mercado Polo, Reyes, Sor Teresa Gómez— y tuvo cuentas: los miles de millones que Urapalma recibió del Banco Agrario, los que Finagro puso en Catatumbo, los ciento treinta y cuatro predios revocados en dos meses en el Magdalena.

Quedan preguntas más finas, y todas se pueden formular en el mismo terreno. La primera es hasta dónde llegó el conocimiento institucional: que Finagro y el Banco Agrario financiaran predios despojados es un hecho; que sus directivos actuaran, caso por caso, sabiendo de cada denuncia previa, es otra cosa, y solo puede establecerse operación crediticia por operación crediticia. Lo que sí puede afirmarse desde ya es que el diseño del programa —créditos solidarios con la tierra como prenda, incentivos para asociaciones sin verificación de la limpieza del título— era funcional al despojo incluso cuando cada burócrata individual actuara conforme al manual. La segunda es qué tan diferenciada es la responsabilidad de los empresarios: que Urapalma operó sobre tierras despojadas es cosa juzgada; que Daabon adquirió los predios de Las Pavas en un contexto de desplazamiento previo también. Pero distinguir entre empresas que coprodujeron el despojo desde el origen —contratando servicios paramilitares, aportando financiación a los bloques— y empresas que lo consolidaron después comprando a testaferros ya blanqueados exige una taxonomía caso por caso que todavía no está hecha. La tercera es la escala real del dispositivo fuera de los casos emblemáticos: Curvaradó, Jiguamiandó, Las Pavas, María La Baja y Tibú están razonablemente documentados; el Vichada palmero y ganadero, ciertas cuencas del Pacífico nariñense, extensiones de los Llanos presentan indicios fuertes de patrones similares que aún no han sido igualmente ventilados en tribunales.

La pregunta central, en cambio, no queda abierta. La palma aceitera colombiana, tal como se expandió entre 1996 y 2013, no fue una industria que llegó tarde a una tierra ya limpia por otros. Fue, en buena parte de sus frentes, la razón económica del vaciamiento, su beneficiaria contractual y su continuadora política. Reconocerlo es la condición mínima para que el posconflicto signifique algo distinto de su consolidación.