Puerto Gaitán

Sabana alta entre dos ríos

Puerto Gaitán pertenece al corredor de la Altillanura oriental, una franja que limita al norte con el río Meta y al sur con los ríos Guaviare y Orinoco —este último, frontera colombo-venezolana en el Vichada—. Dentro de ese corredor, la llamada Altillanura bien drenada se localiza entre los ríos Meta y Vichada y abarca cerca de diez millones de hectáreas. Es una geografía distinta, y decisiva, respecto a los llanos bajos e inundables de Arauca y Casanare: allá, al norte del Meta, la sabana se convierte en un mar durante el período de lluvias. Aquí, en cambio, las sabanas altas del sur no sufren esa inundación masiva, y su clima combina una temperatura media anual notablemente uniforme con un período seco que se prolonga entre dos y cinco meses.

Esa diferencia hidrológica y edáfica marcó destinos. Mientras el llano bajo se organizó históricamente en torno a la ganadería extensiva de horizonte anfibio, la Altillanura bien drenada —con sus suelos ácidos y pobres en nutrientes— fue vista tarde, y durante mucho tiempo, como una tierra dura: apta para el hato y el vaquero, no para la agricultura intensiva. El propio origen de estas sabanas es objeto de debate. Para algunos responde a condiciones edáficas, esto es, a la pobreza mineral del suelo. Para otros, a la sustitución progresiva de bosques por vegetación herbácea a causa de la tala y la quema. Es probable que cada tipo de sabana tenga un origen distinto, y que el paisaje contemporáneo sea el sedimento de ambos procesos, natural y humano.

El corredor comprende, en el Meta, los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López y Mapiripán; en el Vichada, Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo. En ese conjunto habitan doce pueblos indígenas distribuidos en ochenta resguardos —achagua, guahibos, sikuani, kurripaco, masiguare, piaroa, piacoco, entre otros—, que coexisten con grupos nómadas y seminómadas, vaqueros de antigua estirpe, campesinos que labran las vegas de los ríos y empresarios palmeros, cañeros, petroleros y ganaderos. Es un tejido de sobreposiciones más que de estratos: cada oleada nueva no borró a la anterior. La desplazó, la marginó o la subordinó, pero rara vez la disolvió del todo.

Los pueblos que estaban antes

Cuando los primeros cronistas españoles llegaron a las playas de los ríos llaneros en el siglo XVI, encontraron una región densamente articulada. En el territorio que hoy corresponde a los Llanos Orientales coexistían grupos de filiación arawak —entre ellos huitoto y piapoco—, la nación achagua, la nación sáliva y grupos caribes como los guahibos y los guayupe. Alonso de Herrera documentó, ya en 1533, la existencia de centros de mercadeo indígena en las playas de los ríos, cuya escala impresionaría siglos después a Alexander von Humboldt, que los comparó con las ferias europeas de Frankfurt y Beaucaire. La Orinoquia prehispánica no era un desierto humano ni una periferia inerte: era un sistema de intercambios fluviales con vocación regional.

La fundación de San Martín y San Juan de los Llanos en el siglo XVI impulsó la ocupación ganadera de las sabanas naturales, pero no su colonización efectiva. Durante casi cuatro siglos, el hato hispanocriollo convivió —de manera desigual, tensa y a menudo violenta— con las comunidades indígenas que habitaban el territorio. La figura del llanero, en la descripción de época, fue caracterizada como resultado de un mestizaje entre blancos e indígenas: reconocimiento indirecto, incluso en la retórica del hato, de que los pueblos originarios eran parte constitutiva del paisaje humano. La ocupación española nunca alcanzó, en la Altillanura, la densidad ni la trama institucional que sí tuvo en el altiplano andino. Las misiones jesuíticas y agustinas se implantaron con desigual éxito. Los pueblos de indios quedaron dispersos. La administración colonial trató la región como frontera fluvial más que como territorio a integrar. El siglo XIX no cambió sustancialmente ese estatuto. La República heredó una Orinoquia poco cartografiada, escasamente poblada por el Estado y sostenida económicamente por el hato y por el arreo estacional del ganado hacia los mercados andinos.

De esa vieja economía de intercambios pervive hoy la organización Únuma, cuyo nombre proviene del idioma guahibo y cuya filosofía de intercambio y ayuda mutua es descrita como ancestral. Su centro está a orillas del río Manacacías —el mismo río que bordea la cabecera de Puerto Gaitán—, y los indígenas acuden a él en reminiscencia de los antiguos centros de mercadeo que registraron Herrera y Humboldt. No es una restauración institucional del pasado, sino una evocación viva: un modo de sostener, en el presente, que la Altillanura tuvo forma social antes de tener municipio.

Fundación y erección municipal

El poblado que hoy es Puerto Gaitán se levantó a orillas del Manacacías en 1932, como puerto de embarque para la ganadería llanera y punto de entrada al territorio Sikuani que se extendía hacia el oriente. Lleva el nombre del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán —cuyo asesinato en 1948 desencadenaría la etapa más aguda de la Violencia—, aunque la fundación antecede a su gloria política mayor. Durante décadas fue una inspección de policía dependiente de Puerto López, con caserío disperso, actividad ganadera de subsistencia y trato desigual con las comunidades indígenas del entorno. Solo en 1969 alcanzó la condición de municipio, ya cuando la colonización cundiboyacense había avanzado sobre las sabanas y el Estado colombiano había comenzado a interesarse, con torpeza y violencia, por lo que ocurría al oriente de Villavicencio.

Ese interés estatal se manifestó de manera brutal apenas un año después de la erección municipal. En 1970, en la zona de Planas, dentro del propio Puerto Gaitán, se produjo una operación militar contra comunidades indígenas guahibo que quedaría registrada en la memoria del país como la matanza de Planas. Indígenas que huían hacia los bosques fueron torturados y asesinados por unidades del Ejército. El padre Ignacio González, que trabajaba a favor de los guahibo, denunció los hechos ante congregaciones misioneras reunidas en un congreso en Villavicencio, y la denuncia tuvo eco nacional e internacional. Planas marcó el modo en que el Estado colombiano se hizo presente por primera vez, de manera decidida, en el territorio Sikuani: no para reconocerlo, sino para someterlo.

Colonización, coca y concentración de la tierra

El poblamiento del Meta y de la Altillanura en el siglo XX se nutrió de oleadas de migrantes provenientes principalmente del altiplano cundiboyacense: campesinos expulsados por la crisis de la economía hacendataria en las décadas de 1930 y 1940 y, más tarde, por la Violencia política que se desató tras el 9 de abril de 1948. Llegaron buscando tierra en un territorio que la hacienda tradicional apenas había ocupado y que el Estado consideraba, con notable soltura, baldío. El resultado fue una colonización espontánea, sin catastro riguroso, sin titulación ordenada y sin reconocimiento pleno de la ocupación indígena previa.

A esa dinámica se sumó, desde los años setenta, la expansión de los cultivos ilícitos. Primero la marihuana; luego la coca, que desde finales de esa década y comienzos de los ochenta se desbordó desde el Guaviare hacia el norte, alcanzando las sabanas de la Altillanura. En el año 2000, en la región llegó a haber 4.593 hectáreas cultivadas de coca —cifra que no entra en el cálculo del PIB oficial, pero que reordenó por completo la economía regional—. La coca trajo dinero. Atrajo población flotante. Tensó el mercado de tierras. Financió, indirectamente, a los actores armados que empezaban a disputarse el territorio.

El historiador José Jairo González sintetizó las dinámicas de conformación territorial de la Altillanura en tres procesos entrelazados: olas de colonización espontánea, expansión de cultivos ilícitos y un proceso de concentración de la propiedad agraria. Ese último punto es crucial. Mientras la colonización cundiboyacense fragmentaba la tierra entre pequeños ocupantes, otros actores —narcotraficantes, ganaderos con capital, más tarde paramilitares y agroindustriales— la reconcentraban. El resultado, hacia finales del siglo XX, fue un territorio de tenencia desordenada, con títulos precarios, ocupación superpuesta y una capacidad estatal de arbitraje prácticamente nula.

La Contraloría General de la Nación puso números a esa deriva en febrero de 2014, cuando publicó un Informe de Actuación Especial sobre la acumulación irregular de predios baldíos en la Altillanura, con base en actuaciones del año 2012. El primer hallazgo identificó incumplimiento de los artículos 1, 12 y 72 de la Ley 160 de 1994 por parte del INCODER, con una presunta connotación fiscal de $150.378,92 millones, además de presuntas connotaciones penal y disciplinaria. El segundo hallazgo señaló acumulación de terrenos baldíos por parte de particulares. La Altillanura había sido pastoreada durante años por un mecanismo administrativo que permitía —o toleraba— que grandes actores privados se hicieran con extensiones destinadas por ley a la reforma agraria y a los pequeños ocupantes.

Paramilitares en el norte del Meta

Sobre ese sustrato de colonización desordenada, coca y Estado ausente, el paramilitarismo se implantó en los Llanos Orientales con una rapidez notable. Sus raíces regionales se remontan al grupo Los Masetos, prolongación local del MAS —Muerte A Secuestradores— creado por el Cartel de Medellín, introducido en la región por Gonzalo Rodríguez Gacha. De ahí en adelante, los ejércitos privados se multiplicaron para imponer control sobre extensas tierras compradas y ocupadas, especialmente en Cubarral, El Dorado, Vistahermosa y San Martín, en el Meta, y Monterrey y Tauramena, en el Casanare.

En el norte del departamento, donde se encuentra Puerto Gaitán, el actor central fueron las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada —ACMV—, comandadas por José Baldomero Linares, alias Guillermo Torres. Las ACMV mantuvieron su influencia territorial en Puerto Gaitán y Puerto López, en el Meta, y en Cumaribo, Santa Rosalía y La Primavera, en el Vichada. Según declaraciones del propio Linares, la estructura se financió principalmente mediante el cobro de vacunas a ganaderos —aproximadamente mil pesos por hectárea de pasto y mil quinientos por hectárea de cultivos—, aunque también operaba en corredores estratégicos vinculados al narcotráfico. Junto con las Autodefensas Campesinas del Casanare —ACC—, las ACMV colaboraron inicialmente con el Bloque Centauros, pero nunca se integraron plenamente al proyecto confederado de las AUC. Mantuvieron una autonomía relativa que se traduciría, tras la desmovilización, en una prolongación armada del fenómeno.

Esa prolongación tomó forma en el ERPAC —Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia— y en las expresiones ligadas a Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata: herederos directos del paramilitarismo del Bloque Centauros y de las ACC, con presencia continuada en los Llanos hasta bien entrada la segunda década del siglo XXI. El paramilitarismo llanero que se desmovilizó entre 2003 y 2006 estaba anclado en un largo proceso regional marcado por la escasa presencia estatal, la colonización sin catastro, la expansión de los cultivos ilícitos y la concentración progresiva de la propiedad, acelerada por el capital del narcotráfico.

El corredor de los Llanos Orientales —Puerto Gaitán, Puerto López y Mapiripán en el Meta, y los municipios vecinos del Vichada— fue utilizado por economías ilícitas asociadas al narcotráfico, al tráfico de armas y a la extorsión a empresarios. Sobre ese mismo suelo se instalarían, en la década siguiente, las torres de perforación.

El campo Rubiales y el ascenso de Pacific Rubiales

La planta de petróleo Rubiales se encuentra en la localidad de Planadas, en el municipio de Puerto Gaitán. La existencia de crudo en la zona era conocida desde décadas atrás, pero la explotación a gran escala tuvo que esperar a un conjunto de condiciones que se alinearon a finales de los años 2000: mejora tecnológica para el manejo de crudos pesados, precios internacionales altos, un régimen contractual favorable y —factor no menor— una reducción sustancial de la actividad guerrillera en el territorio tras la ofensiva militar de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y, luego, de Juan Manuel Santos.

Pacific Rubiales, compañía canadiense, adquirió los activos colombianos de Petrobank en 2013. Para ese momento, los accionistas de Petrobank habían recibido 150 millones de dólares en dividendos desde 2002. La escala del negocio era ya extraordinaria: en 2012, las operaciones de Pacific Rubiales en Colombia superaron a las de todas las demás empresas extranjeras, principalmente gracias a sus pozos en el Meta, cuya producción representó cerca de la mitad del crudo del país. Puerto Gaitán, un municipio que apenas había figurado en los mapas económicos nacionales, se convirtió en el centro de gravedad energética de Colombia.

El desarrollo de pozos ricos en el piedemonte orinoquense y en los Llanos generó un flujo de regalías que financió la construcción de carreteras pavimentadas y la dotación de servicios e infraestructura en las ciudades de la región. La cabecera de Puerto Gaitán se transformó: hoteles, restaurantes, servicios logísticos, mano de obra especializada y no especializada llegando desde todo el país, contratistas orbitando alrededor de los campos Rubiales y Quifa. El poblamiento se hizo muy denso a orillas de los ríos afluentes del Meta, siguiendo la lógica de las oportunidades económicas que el crudo generaba a su alrededor.

Ese auge tuvo un contexto geopolítico específico que ayuda a explicar su cronología. A partir de 2007, el ejército de Estados Unidos concentró esfuerzos en consolidar el control estatal en el departamento del Meta, especialmente en La Macarena, donde el Comando Sur —SouthCom— y la USAID invirtieron fuertemente en estabilidad y gobernanza mediante una combinación de asistencia militar, obras de infraestructura vial y proyectos de desarrollo rural cuyo objetivo declarado era recuperar territorios en manos de las FARC. La consolidación militar del corredor central del Meta liberó, en la práctica, las condiciones de seguridad que hicieron viable la operación petrolera al oriente: los mismos ejes viales y perímetros de control que se pavimentaron y patrullaron con recursos de Washington sirvieron después al tránsito de contratistas, taladros y crudo. El boom no fue causa ni consecuencia mecánica de la consolidación, pero corrió sobre sus rieles. Que la producción de Rubiales alcanzara su pico entre 2011 y 2013, cuando el programa de consolidación llevaba media década desplegado y los precios internacionales del crudo pesado hacían rentable perforar sabanas antes intransitables, no fue coincidencia sino convergencia de agendas.

Trabajo, indígenas y agroindustria en el nuevo Puerto Gaitán

El boom petrolero cambió la composición social del municipio con velocidad. La dependencia de economías de bonanza —tanto legales como ilegales— generó, en la Altillanura y particularmente en Puerto Gaitán, un porcentaje significativo de población flotante y, con ello, un tejido social fragmentado. Entre 1985 y 2005, los municipios de influencia de las antiguas ACMV crecieron poblacionalmente muy por encima de la media nacional. Con Pacific Rubiales, ese crecimiento se aceleró aún más: campamentos de miles de trabajadores, subcontratación en cadena, y las tensiones laborales inherentes a un modelo extractivo intensivo en mano de obra tercerizada.

En el mismo territorio conviven —y compiten por el uso y ocupación de la tierra y los recursos— colonos, llaneros, campesinos, empresarios agroindustriales y comunidades indígenas. Sobre la Altillanura se han desplegado, junto al petróleo, cultivos de palma aceitera, caña y otras agroindustrias. La ganadería vacuna, fundamentalmente de ceba y levante y en gran parte de subsistencia, sigue presente pero desplazada del centro económico. La agricultura, la pesca y otras actividades extractivas completan el mosaico.

Los pueblos indígenas de Puerto Gaitán —Sikuani sobre todo, pero también achagua, piapoco, kurripaco y otros de los ochenta resguardos de la Altillanura— quedaron atrapados entre esas dinámicas. Su territorio ancestral fue sucesivamente ganadería, coca, corredor paramilitar y ahora bloque petrolero y palmero. La respuesta organizativa ha sido notable: los pueblos indígenas de la región han consolidado asociaciones de autoridades tradicionales indígenas —Aatis— y un consejo comunitario, y sostienen procesos como el de Únuma, orientado al intercambio económico y a la recuperación cultural. No son actores pasivos ni residuales. Pero operan en una relación de fuerza estructuralmente desigual frente al capital transnacional y a la maquinaria del Estado que llegó a la Altillanura, tarde y de manera selectiva, cuando ya estaban en juego el crudo y la palma.

Un Estado intermitente

La administración de justicia en el municipio se ejerció durante años en condiciones que difícilmente encajarían en el manual de una república moderna. Una comisión de investigación planificó y realizó, durante el proceso judicial vinculado a los hechos violentos del Meta, un recorrido de norte a sur por el departamento: aproximadamente 350 kilómetros por tierra en más de diez días, desde Villavicencio, pasando por Puerto Gaitán, Planadas, Kioscos, La Cooperativa y hasta Mapiripán. La distancia y el tiempo empleados no son un dato menor: revelan que el aparato judicial del Meta se movía por trocha, en convoyes, sobre un territorio donde la geografía y la seguridad imponían tiempos incompatibles con la lógica ordinaria de un proceso penal. La justicia, cuando llegaba, llegaba escoltada; y llegaba tarde, después de que los hechos se hubieran sedimentado en la impunidad.

Un episodio menor lo ilustra con claridad. Durante ese mismo período, en el que los juzgados del corredor oriental del Meta se proveían con lo que hubiera a mano y bajo criterios de urgencia, el magistrado Víctor Leal Jara nombró como jueza de Puerto Gaitán a una funcionaria conocida en el expediente como Olga, cuya hoja de vida certificaba trabajo previo con jueces y abogados reconocidos del país pero que no había culminado su judicatura y, por tanto, no ostentaba aún el título de abogada. El detalle no es anecdótico. Describe con precisión el tipo de institucionalidad que el Estado colombiano proyectó sobre la Altillanura: cargos judiciales cubiertos con lo que había a mano, en un municipio fuertemente militarizado, entre el corredor de un paramilitarismo desmovilizado pero no extinto y una industria petrolera que aportaba casi la mitad del crudo nacional. Que una jueza sin título ejerciera en Puerto Gaitán no fue una excepción escandalosa: fue la regla de un aparato judicial que operaba con lo que tenía porque no tenía más, y porque la Altillanura no figuraba como prioridad institucional hasta que empezó a producir barriles.

El Estado no llegó tarde a Puerto Gaitán en un solo sentido. Llegó fragmentado, subordinado a las urgencias de la economía extractiva y de la lucha contrainsurgente, y con estructuras institucionales tan débiles que debían improvisarse sobre la marcha. Llegó, además, sin memoria administrativa propia: cada oleada de funcionarios encontraba un archivo pobre, un catastro incompleto, una titulación precaria y una información fragmentada sobre resguardos, baldíos y ocupaciones. Esa amnesia estructural fue una de las condiciones que permitieron el hallazgo posterior de la Contraloría sobre acumulación irregular de baldíos: sin memoria, no hay control; sin control, la irregularidad se administra sola.

El patrón y sus grietas

Puesta en secuencia, la historia de Puerto Gaitán exhibe un patrón inquietante en su regularidad. Cada oleada extractiva se montó sobre la anterior, desplazando a los pueblos indígenas y reconcentrando la propiedad en manos de actores con mayor capacidad de violencia o de capital: primero la ganadería sobre el territorio Sikuani, luego la coca sobre la ganadería, luego el paramilitarismo sobre los circuitos cocaleros, y finalmente el petróleo y la palma sobre el suelo pacificado por la desmovilización y la ofensiva militar. El hallazgo de la Contraloría en 2014 sobre acumulación irregular de baldíos y la financiación paramilitar mediante vacunas a ganaderos son las dos caras administrativa y armada de un mismo proceso.

El patrón, sin embargo, no equivale a un proyecto único de despojo articulado desde arriba. En Puerto Gaitán no hubo un plan central. Hubo la confluencia no coordinada de fuerzas que compartían incentivos. Colonos empujados por la Violencia del altiplano. Narcotraficantes que necesitaban lavar dinero y controlar corredores. Paramilitares con relativa autonomía frente a las AUC, que buscaban rentas territoriales. Empresas transnacionales que llegaron a un vacío de gobernanza atraídas por precios internacionales altos y un régimen contractual generoso. El Estado, en vez de arbitrar, participó de la asimetría: tarde, débil, a menudo cómplice por omisión, ocasionalmente violento como en Planas.

La debilidad institucional operó como condición de posibilidad del modelo y también como su resultado. Cada oleada erosionó las capacidades del Estado en el terreno —el catastro, la titulación, la justicia, la protección de los pueblos indígenas— y dejó al siguiente actor un margen aún mayor de maniobra. Por eso el despojo no requirió una orquestación central: bastó con que los incentivos se reeditaran y con que el Estado no tuviera capacidad ni voluntad sostenida para interrumpirlos.

Junto al patrón hay dos hechos que lo matizan. Uno es la agencia indígena. Los Sikuani y los demás pueblos de la Altillanura no fueron solo víctimas pasivas del despojo. La consolidación de ochenta resguardos, la creación de las Aatis y del consejo comunitario, la persistencia de Únuma como espacio de intercambio y de memoria son formas de resistencia organizativa que el modelo extractivo no ha logrado disolver. El otro es la contingencia. Por debajo del patrón hay decisiones concretas, coyunturas específicas, márgenes de acción que en algunos momentos se aprovecharon y en otros se perdieron. Puerto Gaitán no era un destino escrito.

Lo que queda, lo que se disputa

La memoria del municipio tiene hoy actores identificables y narrativas incompatibles entre sí. El Estado central y el gremio petrolero han hecho de Puerto Gaitán un sinónimo de regalías, de infraestructura, de vías pavimentadas donde antes había trocha, de crecimiento económico medido en barriles por día. Las comunidades indígenas y buena parte de la sabana campesina lo recuerdan como un territorio expropiado en cámara lenta —primero por la ganadería, luego por la coca, luego por los ejércitos privados, luego por los taladros y los cultivos de palma— y hablan de reparación territorial más que de crecimiento. Para quienes salieron de la desmovilización paramilitar, entre ellos Baldomero Linares y los herederos de Pirabán, el municipio es la geografía de una guerra que se ganó a punta de vacunas y de control territorial, y cuyo relato judicial —Justicia y Paz, extradiciones, sentencias parciales— aún dista de estar cerrado. Los trabajadores petroleros que pasaron por los campamentos de Rubiales y Quifa guardan otra memoria todavía: la de los conflictos sindicales que sacudieron la operación entre 2011 y 2013, la de una prosperidad frágil que dependía del precio internacional del barril y que se contrajo con la caída de precios de 2014.

En esa disputa se juega también el futuro material del municipio. El crudo pesado que sostuvo el boom no es inagotable, y la caída de precios de 2014 mostró la fragilidad de una economía dependiente de un solo ciclo. La palma y la caña se apoyan en condiciones climáticas y de mercado que la crisis ambiental global vuelve más volátiles. El hallazgo fiscal de la Contraloría sobre los baldíos aún no ha derivado en una restitución efectiva a los ocupantes legítimos. Los procesos de Justicia y Paz contra la comandancia de las ACMV y del ERPAC siguen abiertos, con sentencias parciales y una reparación material a las víctimas que avanza a ritmo desigual. Y los pueblos indígenas de la Altillanura continúan exigiendo un reconocimiento territorial pleno que el Estado colombiano ha aplazado por décadas, mientras los bloques petroleros y los proyectos agroindustriales siguen solicitando ampliaciones. Que en el mismo territorio hayan convivido la matanza de Planas, la organización Únuma, las regalías de Pacific Rubiales y el hallazgo de la Contraloría es la evidencia de que la historia de Puerto Gaitán —y con ella, la de la Altillanura y buena parte del proyecto extractivo colombiano— aún no está cerrada.