Idea · Frente Nacional
Recuperación de tierras
En Colombia, 'recuperación de tierras' nombra a la vez una política de Estado que nunca acabó de cumplirse y una práctica campesina e indígena que la desbordó: desde la Ley 200 de 1936 hasta el Pacto de Chicoral de 1972, el término fue campo de disputa entre quienes llamaban 'invasiones' a las ocupaciones de haciendas y quienes las llamaban ejercicio de un derecho histórico.
Trayectoria de una idea
- 1936
Ley 200: función social de la propiedad y prescripción adquisitiva
- 1961
Ley 135 y creación del INCORA
- 1967
Creación de la ANUC por Carlos Lleras Restrepo
- 1971
Mandato Campesino de Fúquene y auge de las recuperaciones
- 1972
Pacto de Chicoral y contrarreforma agraria
La lectura
La 'recuperación de tierras' no es solo una política ni solo una práctica: es una categoría de disputa en la que se condensan dos siglos de conflicto agrario colombiano. Su potencia reside en la presunción que lleva inscrita —algo fue arrebatado y puede rescatarse—, presunción que choca frontalmente con la que sostiene el término 'invasión'. Durante el Frente Nacional, esa tensión semántica se volvió política de Estado: el gobierno creó la ANUC para canalizar la demanda campesina y terminó enfrentándola cuando la organización hizo suya la palabra. La metodología de las tomas —identificación catastral previa, acción nocturna coordinada, siembra inmediata, solidaridad interveredal— revela que detrás de cada ocupación había una argumentación jurídica encarnada, no un asalto. El Pacto de Chicoral cerró ese ciclo sin resolverlo: la concentración de la tierra siguió aumentando, y la gramática jurídico-política de la recuperación reaparece cada vez que Colombia vuelve a discutir la restitución.
En Colombia, "recuperación de tierras" nombra a la vez una política de Estado que nunca acabó de cumplirse y una práctica insurgente que la desbordó. Entre la Ley 200 de 1936 y el Pacto de Chicoral de 1972 se desplegó el arco corto en el que la expresión adquirió su sentido moderno: primero como fórmula jurídica —el predio inculto que revierte al Estado, el ocupante de buena fe que adquiere el dominio—, luego como programa administrativo bajo el INCORA, y finalmente como bandera de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que la usaron para nombrar lo que gobiernos y hacendados llamaban invasiones. Esa disputa por la palabra es inseparable de la historia del Frente Nacional: fue en su núcleo institucional donde la reforma agraria se intentó y fue en su prolongación pastranista donde se desmontó. Lo que quedó, más allá de las hectáreas efectivamente redistribuidas —siempre menos del 2% de la tierra agrícola hacia 1970—, fue una gramática jurídico-política que reaparece cada vez que el país vuelve a discutir la restitución.
Qué nombra el término
"Recuperación" supone que algo se perdió y se rescata: un lote comunal cercado, un resguardo disuelto, un baldío usurpado, una parcela arrebatada por deuda. El término carga esa presunción histórica, mientras que "invasión" —la palabra que preferían los gobiernos y los grandes propietarios— presume lo contrario: que el intruso llega a lo ajeno. En el habla privada campesina, el término alternaba con otras expresiones; en el plano público operaba como marca política.
La disputa no era retórica. De ella dependía la legitimidad jurídica de las tomas, la disposición del gobierno a mediar, la actitud de la fuerza pública, la calificación penal de los ocupantes. Un mismo hecho —cien familias que entran de noche a una hacienda de la sabana sucreña y siembran plátano y yuca al amanecer— era, según se lo nombrara, delito flagrante o ejercicio de un derecho histórico. La ANUC y el CRIC hicieron del léxico una parte central de la lucha, sin necesidad de haber acuñado la palabra: la sedimentaron.
La huella de López y la ambigüedad de la Ley 200
La Ley 200 de 1936, aprobada bajo el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, es el punto de partida obligado. Incorporó de manera discutida el principio de la función social de la propiedad y estableció que el propietario que no diera destinación económica a su predio rural lo perdería, revirtiéndolo al Estado al cabo de diez años. Creó a la vez una prescripción adquisitiva breve: el ocupante de buena fe que explotara económicamente un predio durante cinco años tendría derecho a adquirir el dominio. Y otorgó a los grandes propietarios un plazo de diez años para reorganizar sus haciendas en forma capitalista, con trabajo asalariado.
La ley expresó, en forma ambigua, las dos vías posibles del capitalismo agrario colombiano: la redistribución en pequeña propiedad y la transformación capitalista de la hacienda. De hecho se prefirió la segunda. La reversión al Estado nunca se cumplió. Los jueces agrarios creados por la ley operaron con estrechez. Y las cláusulas que protegían al aparcero y al arrendatario terminaron incentivando, en muchos lugares, la expulsión preventiva de esos mismos trabajadores por hacendados que temían ver consolidadas las prescripciones. El saldo estructural fue una modernización desde arriba —lo que la literatura llama la "vía junker"— en la que el latifundio ganadero, lejos de disolverse, se consolidó.
Ese trasfondo importa para lo que vino después. Cuando la Ley 135 de 1961 retomó la palabra reforma, no lo hizo sobre suelo virgen sino sobre una legislación previa que había prometido redistribución y entregado modernización.
El diseño del Frente Nacional: la Ley 135 y el INCORA
La Ley 135 de 1961 fue aprobada en diciembre bajo la presidencia de Alberto Lleras Camargo, que celebró el hecho como el "momento culminante de su administración". La ley combinó dos enfoques: un nuevo régimen legal para la colonización de la frontera agrícola y reglas más estrictas para las propiedades existentes, con poderes ampliados de expropiación pagada de latifundios improductivos. Introdujo la extinción de dominio por razones de interés social y utilidad pública, presumiendo que la explotación económica eximía al predio. Sustituyó los jueces agrarios de la ley de 1936 por procuradores agrarios. Contempló el Fondo Nacional Agrario y las corporaciones regionales de desarrollo. Y creó, sobre todo, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), destinado a ejecutar la política.
En el papel, el andamiaje era serio. En la práctica, la expropiación fue marginal. Los terratenientes presionaron con éxito a la burocracia del INCORA para que concentrara su actividad en proyectos que no tocaran la tenencia existente: colonización dirigida en la periferia y adjudicación de baldíos. Hacia 1970, menos del 2% de la tierra agrícola total del país había sido expropiada bajo la Ley 135, y de esa fracción solo una parte mínima había sido efectivamente redistribuida. La afectación acumulada entre 1962 y 1978 apenas rozó el 1% de la superficie total. Entre 1962 y 1986, el INCORA adquirió 970.741 hectáreas, pero la proporción proveniente de expropiación de latifundio improductivo fue muy reducida; la tendencia dominante siguió siendo la titulación de baldíos, es decir, ampliar la frontera agrícola sin resolver la redistribución de tierras productivas.
Durante los años sesenta, el INCORA dirigió la colonización del piedemonte oriental de la cordillera Oriental, el Magdalena Medio, la altillanura entre Meta y Vichada, el sur de Córdoba y subregiones de Antioquia —bajo Cauca, nordeste y Urabá—. Muchos de esos frentes se superpusieron a colonizaciones espontáneas o forzadas por la violencia previa, sin efectos apreciables sobre la concentración de la tierra en las regiones centrales. En Arauca, entre 1961 y 1973, la colonización dirigida adjudicó 85.830 hectáreas e incluyó promesas legales de infraestructura, mercadeo y servicios; la comunicación con el interior dependía casi por completo de la vía fluvial y una ruta aérea, lo que hacía particularmente frágil el proyecto.
El resultado macro es concluyente. Entre 1960 y 1970 —a pesar de la legislación agraria promulgada alrededor de la Ley 135— el grado de concentración de la propiedad aumentó: las explotaciones menores de 10 hectáreas disminuyeron en número y superficie, las unidades medias perdieron peso relativo, mientras los estratos medio-alto (20-50 hectáreas) y alto (más de 50 hectáreas) crecieron, con especial notoriedad los del último tramo. El diseño frentenacionalista no redistribuyó; en muchos aspectos consolidó lo que decía querer modificar.
Lleras Restrepo y la creación de la ANUC
Fue Carlos Lleras Restrepo, entre 1966 y 1970, quien intentó revitalizar la política. Su gobierno impulsó la Ley 1ª de 1968, que endureció el régimen de aparcería y arrendamiento, y creó el andamiaje institucional para movilizar a la base campesina: el Decreto 755 de abril de 1967 y la Resolución 061 de mayo del mismo año, que instituyó la División de Organización Campesina en el Ministerio de Agricultura y dio origen a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.
El propósito declarado era funcional. La ANUC debía inscribir a arrendatarios y aparceros para convertirlos en propietarios, generar propuestas de crédito supervisado y asociativo y servir de canal entre los campesinos y el Estado para el fomento de servicios agropecuarios. Había también un cálculo político: la organización era, en parte, respuesta al ascenso de los movimientos insurgentes y al populismo de la Alianza Nacional Popular (ANAPO) de Gustavo Rojas Pinilla, que en las elecciones de 1970 puso al Frente Nacional al borde de la fractura. Enrique Peñalosa Camargo, primer gerente del INCORA y luego promotor del proceso organizativo, encarnó ese doble propósito.
La ANUC creció con rapidez inusual para una organización de patrocinio estatal. Hacia mediados de 1969 tenía 563.224 usuarios con personería jurídica propia. Para 1970 contaba con unos 845.000 inscritos —casi un millón, según otras estimaciones—, organizados en asociaciones departamentales y municipales. El propio éxito del proyecto contenía la semilla de su radicalización: una masa campesina inscrita, con expectativas de crédito, tierra y servicios, quedó formalmente reconocida como interlocutora del Estado en el momento mismo en que las promesas de la Ley 135 se revelaban incumplibles.
Fúquene: la ANUC se autonomiza
En agosto de 1971, la Junta Directiva de la ANUC reunida en Fúquene aprobó el llamado Mandato Campesino: la organización se declaró autónoma frente al gobierno y adoptó la lucha por una reforma agraria integral y democrática como su horizonte. En el Encuentro de Cúcuta, a mediados de ese mismo año, y en los documentos programáticos derivados, la ANUC exigió la expropiación del latifundio sin indemnización, rechazó la colonización como sustituto de la reforma agraria y propugnó por la creación de explotaciones agrarias colectivas.
El giro no era retórico. Ya venía acompañado de una práctica: la ocupación organizada de haciendas, que en 1971 concentró aproximadamente el 76,9% de los conflictos de tierras registrados en el país, con epicentros en los latifundios de la costa atlántica, los valles interandinos y los Llanos Orientales. El gobierno de Misael Pastrana Borrero, apenas iniciado, calificó las tomas de 1971 como un "intento coordinado de perturbación del orden público". La ANUC rechazó el comunicado oficial. La ruptura entre la organización y su patrocinador original era ya consumada.
Metodología de la toma
La eficacia de las recuperaciones dependía de un método. La imagen de la turba espontánea que se apropia de la tierra era, en su mayoría, propaganda. Antes de cada acción había una identificación previa de los predios sin trabajar y de su situación catastral, hecha por campesinos, vecinos solidarios y abogados. Se invocaba popularmente el criterio de que una tierra inculta por diez años era susceptible de reforma agraria —eco distorsionado de la Ley 200— aunque en la práctica funcionaba más como referencia legitimadora que como norma exigible.
La toma se ejecutaba con rapidez y coordinación. En el suroeste antioqueño se documenta el patrón nocturno: en una sola noche, con participación masiva y coordinada, se sembraba plátano en toda la finca o se levantaban casitas antes del amanecer. La solidaridad interveredal e intermunicipal era estructural: una acción en Tarso convocaba participantes de Salgar, Andes y Pueblorrico. Familias campesinas de veredas cercanas que ya habían recuperado tierras aportaban semillas, cultivos —principalmente yuca y plátano— y ayuda en la construcción de las viviendas. En al menos una toma documentada en la Costa Caribe se sembraron cultivos de ciclo corto —pepino, habichuela y fríjol— además de colinos de plátano, eligiendo explícitamente "cosechas que den rápido": la lógica era establecer producción visible antes de que llegara la orden de desalojo.
Al proceso concurrían también organizaciones estudiantiles y sindicales de las cabeceras urbanas. Los abogados que hacían las averiguaciones catastrales previas eran, con frecuencia, los mismos que llevaban después los expedientes ante el INCORA o los jueces. La toma era una acción jurídica encarnada: no un asalto, sino la escenificación material de un derecho que la ley reconocía en abstracto y negaba en concreto.
La geografía de las recuperaciones se concentró en las sabanas del Caribe. En Córdoba —Cereté, Ciénaga de Oro, Montería— y en Sucre —Morroa, Colosó, Corozal, Los Palmitos, Ovejas, Toluviejo, San Onofre, San Pedro— se estiman más de 800 recuperaciones para la época. La formación de plantaciones mecanizadas de arroz y algodón después de 1960 había desplazado allí a miles de pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros, que ocuparon primero la periferia de las grandes haciendas y luego, organizados, las propias tierras.
Muchas invasiones —o recuperaciones, según se prefiera— culminaron en empresas comunitarias. Para 1973 existían unas 850 empresas comunitarias o mixtas ocupando 207.000 hectáreas, de las cuales el 40% (81.162 hectáreas) se concentraba en Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre. Sucre, escenario de las acciones más radicales, tenía hacia ese año alrededor de 35.000 hectáreas bajo ese régimen. La empresa comunitaria era el precipitado institucional de la toma: convertía la ocupación en unidad productiva formalizable ante el INCORA, con crédito asociativo y responsabilidad colectiva, y expresaba el ideal programático de Fúquene: explotaciones agrarias colectivas, no parcela individual.
La línea indígena: de Quintín Lame al CRIC
Junto al movimiento campesino mestizo corría, con genealogía propia, la lucha indígena por la recuperación de resguardos. Su figura fundacional es Manuel Quintín Lame Chantre. En 1924, junto con José Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timoté, formó el Supremo Consejo de Indias, fundó el pueblo de San José de Indias y reconstituyó los resguardos de Natagaima, Velú, Yaguará y Coyaima en el sur del Tolima. Sus reivindicaciones —recuperar y ampliar resguardos, fortalecer cabildos, no pagar terraje— fueron sistematizadas en unos escritos compuestos en 1939 y publicados por primera vez, con oportunidad exacta, en 1971. Según su propio testimonio, la defensa de los resguardos lo llevó cerca de setenta veces a la cárcel.
Sus luchas se desplegaron entre el norte del Cauca —Tierradentro— y el sur del Tolima —Chaparral— entre 1922 y 1945, y cobraron mayor resonancia en los años veinte cuando él y otros líderes tolimenses entraron en contacto con el Partido Socialista Revolucionario, en 1926, y luego con el Partido Comunista, en 1930, radicalizando el repertorio y multiplicando las tomas de tierra.
El 24 de febrero de 1971, activistas indígenas del Cauca fundaron el Consejo Regional Indígena del Cauca, que se reconoció explícitamente heredero de Lame. El CRIC surgió en el marco de las luchas por la tierra impulsadas por la ANUC a comienzos de esa década, pero como organización diferenciada. Su plataforma —invariable en lo esencial desde 1971, con los puntos 8, 9 y 10 incorporados posteriormente— combinó recuperación de tierras, fortalecimiento de cabildos, defensa de resguardos y trabajo colectivo.
La táctica del CRIC compartía elementos con la de la ANUC —grupos numerosos, entrada nocturna, siembra rápida— pero se diferenciaba en la forma de tenencia posterior: una parte de la tierra recuperada quedaba para el cabildo y otra para usufructo particular de los comuneros, en un régimen que no era ni propiedad privada ni empresa comunitaria mestiza sino resguardo. Entre 1970 y 1996 se recuperaron en el Cauca 74.228 hectáreas: 13.036 (17,56%) en la década del setenta, correspondientes al surgimiento del CRIC; 43.701 (58,88%) entre 1981 y 1990, en el período del brazo armado que tomó el nombre de Quintín Lame; y 17.490 (23,56%) entre 1991 y 1996, en la coyuntura de la Constitución.
Las relaciones entre el CRIC y la ANUC estuvieron marcadas por discrepancias desde temprano. Los indígenas reclamaban atención a sus reivindicaciones particulares —resguardo colectivo, cabildo, autonomía territorial— frente a un programa campesino que a veces tendía a subsumirlos en la categoría genérica de "usuarios". Las tensiones se hicieron visibles en torno a la comisión indígena que se reunió en el tercer Congreso de la ANUC. Diferencias análogas dieron impulso a organizaciones regionales indígenas autónomas inspiradas en el CRIC: el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) y el Consejo Regional Indígena de Risaralda. Cuando las concepciones sobre la tenencia y el uso de la tierra chocaban en un mismo territorio —el caso del resguardo de López Adentro es ilustrativo— la alianza entre indígenas y campesinos mestizos se volvía frágil.
Chicoral
El 9 de enero de 1972, en Chicoral, Tolima, se firmó el acuerdo que puso fin a la reforma. El Pacto de Chicoral fue una alianza bipartidista, en el gobierno de Misael Pastrana Borrero, que reunió a representantes de ambos partidos y a voceros de los grandes propietarios. Álvaro Gómez Hurtado, dirigente del ala conservadora crítica de la reforma, había sido una de las voces más activas del bloqueo desde el Senado. La ANUC no fue parte del acuerdo, y el gobierno suspendió su apoyo financiero a la organización.
Del pacto salieron los instrumentos legislativos que desmontaron la política redistributiva: la Ley 4ª de 1973, la Ley 5ª de 1973 —de fomento sectorial— y la Ley 6ª de 1975. La Ley 4ª de 1973 estableció una barrera de protección de 160 hectáreas contra la afectación por reforma agraria e introdujo nuevos criterios para clasificar un predio como adecuadamente explotado, lo que dificultó la expropiación hasta el punto de hacerla, en la mayoría de los casos, inviable. La Ley 6ª de 1975 revivió una relación de aparcería que podía obligar al campesino a prestar servicios personales al dueño de la tierra y a pagar rentas en trabajo y en especie, revirtiendo los avances redistributivos de las reformas anteriores.
El efecto general fue doble. Por un lado, dejó intacta la concentración de la tierra en las zonas agrícolas centrales del país. Por otro, empujó a los campesinos hacia la colonización periférica e informal, hacia los barrios subnormales de las grandes ciudades o hacia parcelas de pancoger insuficientes para reproducir la economía familiar. La colonización de tierras periféricas se reactivó, ahora sin el marco —ya débil— del INCORA, con grave daño ecológico, desarrollo desordenado y condiciones que propiciaron el crecimiento posterior de actividades ilegales, incluyendo el narcotráfico.
La destrucción de la ANUC
Chicoral fue también, deliberadamente, un instrumento contra la ANUC. El gobierno de Pastrana promovió activamente su división, apoyando la creación de una organización paralela conocida como Línea Armenia, de orientación gobiernista, enfrentada a la Línea Sincelejo, que representaba a la mayoría de los usuarios y sostenía el programa de Fúquene. La operación fue exitosa: cerca de 500.000 campesinos abandonaron las filas de la ANUC. La Línea Sincelejo quedó con aproximadamente 300.000 afiliados; la Línea Armenia, con apenas 10.000, pero con reconocimiento oficial y financiación.
Las tensiones internas —ideológicas, de método, de relación con partidos y organizaciones armadas— aceleraron la fragmentación. El cuarto Congreso de la ANUC, celebrado en Tomalá (Córdoba) en febrero de 1977, fue descrito como una "lánguida disputa de consignas vacías", y de él surgió un partido campesino de efímera figuración en las elecciones de 1978. La militarización del campo colombiano en respuesta a las movilizaciones —restricciones al movimiento de personas, control de medicinas y alimentos, violencia oficial apoyada por latifundistas y sicarios— completó el cuadro.
Durante la segunda mitad de los setenta y a lo largo de los años ochenta, la cuestión agraria dejó de ser tema prioritario de la política colombiana: una verdadera congelación del proceso reformista. La ANUC como fuerza nacional no volvió. Las empresas comunitarias sobrevivientes se erosionaron por dentro. En las zonas de colonización, la ganadería extensiva de grandes tenedores —al menos uno de ellos, en el Caquetá y los llanos del Yarí, llegó a poseer entre 35.000 y 72.000 hectáreas— siguió avanzando sobre los recién llegados, intimidándolos con los recursos de la violencia política de años atrás.
Estructura y contingencia
Que la reforma no cuajara no puede leerse solo como consecuencia de una estructura agraria adversa. La estructura era, sin duda, adversa: latifundio ganadero atrincherado en la Costa y los Llanos, minifundio andino en descomposición, alianza persistente entre terratenientes y aparato estatal en la vía "junker" que Colombia venía transitando desde los años cincuenta. Pero la estructura no explica por sí sola el desenlace. La ANUC creció, se autonomizó, produjo un método de acción y una gramática política nuevos; el CRIC hizo lo propio en el Cauca. En algún tramo de 1971 fue plausible que el conflicto se canalizara —parcialmente— dentro de un marco institucional reformado.
Lo que cerró esa vía fue una decisión política. Chicoral, la contrarreforma legislativa de 1973-1975 y el patrocinio de la Línea Armenia no fueron efectos automáticos de una correlación de fuerzas: fueron una jugada deliberada de las élites bipartidistas, encabezadas desde el gobierno por Pastrana y desde el Congreso por sectores como el que representó Álvaro Gómez, para desactivar el movimiento y proteger la tenencia. La estructura ofreció el suelo; la contingencia política decidió el desenlace.
Otros focos, otras memorias
La historia de la recuperación no se agota en la ANUC y el CRIC. Antes que ellas, en la primera mitad del siglo XX, las luchas de arrendatarios de las haciendas cafeteras del Sumapaz y del oriente del Tolima habían producido un liderazgo campesino de larga vida, encarnado en Juan de la Cruz Varela, que operaría como puente entre las movilizaciones del López Pumarejo original y la resistencia armada de los años cincuenta. En los Llanos, la guerrilla liberal de Guadalupe Salcedo Unda durante la Violencia había planteado también, a su manera, una reivindicación agraria que la amnistía de 1953 no resolvió.
Esas memorias entraron a los sesenta y setenta como sustrato. Los campesinos que fundaron las asociaciones municipales de la ANUC en el Tolima, el Huila y el Valle del Cauca no llegaban al movimiento desde cero: llegaban con genealogías de conflicto que la palabra "recuperación" recogía y actualizaba. Lo mismo vale para los indígenas del Cauca, cuyos abuelos habían caminado con Lame o habían resistido, desde los cabildos, la disolución jurídica de los resguardos.
Después: la huella larga
La derrota organizativa de mediados de los setenta no borró la gramática que el movimiento había construido. El léxico de la "recuperación" sobrevivió en el habla campesina e indígena. La figura del predio inculto susceptible de reforma —heredada de la Ley 200, distorsionada popularmente, invocada en cada toma— siguió circulando. La distinción entre latifundio improductivo y explotación adecuada, cuyo terreno técnico Chicoral había reconfigurado a favor de los propietarios, quedó como campo de batalla permanente.
Y quedaron los actores. El CRIC ha mantenido su plataforma casi invariable desde 1971, y sus reivindicaciones —recuperación, resguardo, cabildo— encontraron eco en la Constitución de 1991, que reconoció el carácter multiétnico y pluricultural de la nación y consagró los derechos territoriales indígenas. Un movimiento guerrillero adoptó el nombre de Quintín Lame y operó en el Cauca entre finales de los setenta y comienzos de los noventa. La ANUC, aunque nunca recuperó la dimensión de comienzos de los setenta, siguió existiendo, y sus banderas —expropiación de latifundio improductivo, reforma agraria integral— retornan periódicamente al debate.
La Ley 160 de 1994, que rediseñó la institucionalidad agraria e introdujo el mercado de tierras subsidiado, fue leída por muchos como el reconocimiento tardío de que la vía redistributiva del INCORA original no había funcionado. La Ley 1448 de 2011, de víctimas y restitución de tierras, retomó explícitamente el vocabulario de la recuperación, aunque desplazado hacia el marco del despojo por el conflicto armado interno posterior a 1985. En ambos casos, las palabras y los problemas venían de más atrás: de la ambigüedad de la Ley 200, del incumplimiento de la Ley 135, del bloqueo de Chicoral, de las tomas de las sabanas sucreñas y de los resguardos recuperados en Tierradentro.
La recuperación de tierras es el nombre de una deuda. La contabilidad estatal permite medirla en hectáreas, pero la deuda no se agota en la cifra: está en la gramática que el movimiento sedimentó y en la insistencia con que reaparece cada vez que se abre —siempre a medias— una nueva discusión agraria. Que el país siga usando la palabra, que siga discutiendo si tal ocupación es invasión o recuperación, es la señal más precisa de que aquel intento del Frente Nacional de canalizar la cuestión agraria desde arriba, y aquel desbordamiento desde abajo que Chicoral truncó, no han terminado.
En el archivo
1 apariciones públicas, ordenadas por período y año.
Relaciones
Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.
Relaciones editoriales
- 01Ley 200 de 1936 — base jurídica fundacional que introdujo la función social de la propiedad y la prescripción adquisitiva breve, referente legitimador de las recuperaciones posteriores
- 02ANUC — organización campesina que convirtió la recuperación de tierras en práctica masiva y autónoma entre 1971 y 1972, disputando el léxico frente al Estado y los hacendados
- 03INCORA — institución creada por la Ley 135 de 1961 para ejecutar la reforma agraria; en la práctica derivó hacia colonización periférica, limitando la redistribución efectiva
- 04Pacto de Chicoral (1972) — acuerdo bipartidista que clausuró el ciclo reformista del Frente Nacional y desarticuló institucionalmente el proceso de recuperaciones
- 05Manuel Quintín Lame — figura fundacional de la recuperación de resguardos indígenas en el Cauca y el Tolima, cuya genealogía de lucha confluyó con el movimiento campesino en los años setenta
- 06Frente Nacional — marco político en cuyo núcleo institucional se intentó la reforma agraria y en cuya prolongación pastranista se desmontó, definiendo el arco histórico del concepto
Personas
Lugares
Ideas
Documentos y fragmentos citados
59 documentos · 76 fragmentos
01El café en ColombiaMarco Palacios · 2002 · p. 3861 cita
[1]de la Ley de Tierras 14• Los fundamentos teóricos, las bases ideológicas y los efectos prácticos de la Ley 200 han sido muy divulgados y analizados por diferentes especialistas, especialmente en el campo del derecho agrario. Esto nos permite tocarla sólo de pasada. En cuanto a modernizar el derecho dándole uniformidad…
p. 386
02Economía y Nación: una breve historia de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1994 · p. 3372 citas
[2]y cómo se indemnizaba a los propietarios por la pér- dida de sus rentas. Nunca se pretendió eliminar a los terratenien- tes como clase, lo cual desentraña a cabalidad el alcance de la reforma vislumbrada por la "Revolución en Marcha". Se dirimía, además, la vía para el desarrollo del capitalismo en el campo; con base…
p. 337
[3]y cómo se indemnizaba a los propietarios por la pér- dida de sus rentas. Nunca se pretendió eliminar a los terratenien- tes como clase, lo cual desentraña a cabalidad el alcance de la reforma vislumbrada por la "Revolución en Marcha". Se dirimía, además, la vía para el desarrollo del capitalismo en el campo; con base…
p. 337
03Nueva Historia de Colombia, Vol. I: Historia Política 1886-1946Álvaro Tirado Mejía (director científico), Jorge Orlando Melo, Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, Eduardo Lemaitre Román, Alfonso López Michelsen, Humberto Vélez Ramírez, Germán Colmenares, Mario Latorre Rueda, Germán Arciniegas, Gustavo Humberto Rodríguez R. · 1989 · p. 3641 cita
[4]I nómicamente explotados. Quien com- probara que por cinco años había ex- plotado económicamente un predio, tenía derecho a adquirir el dominio, si había obrado de buena fe. A su vez, y en desarrollo del principio de la fun- ción social de la propiedad y de que ésta implicaba obligaciones, si un pro- pietario no daba…
p. 364
04Estado crítico de la propiedad colectivaDelgado Castaño, P. · 2018 · p. 92 citas
[5]Fondo Nacional Agrario; la clarificación desde el punto de vista jurídico de la situación de las tierras rurales del país, incluso las de carácter -privado; la promoción y la ejecución de labores de recuperación de tierras; y la promoción de la colonización, a través de la prestación de ayuda técnica y financiera en…
p. 9
[6]Fondo Nacional Agrario; la clarificación desde el punto de vista jurídico de la situación de las tierras rurales del país, incluso las de carácter -privado; la promoción y la ejecución de labores de recuperación de tierras; y la promoción de la colonización, a través de la prestación de ayuda técnica y financiera en…
p. 9
05Forgotten Peace: Reform, Violence, and the Making of Contemporary ColombiaRobert A. Karl · 2017 · p. 2281 cita
[7]reformmonger.” 29 Carlos’s major role directing land reform came in the drafting process, where delegates from the Liberal and Conservative parties, along with the Catholic Church, committed to a program that mixed the two approaches to agrarian reform seen in earlier measures: a new legal regime for frontier…
p. 228
06Territorial Rule in Colombia and the Transformation of the Llanos OrientalesJane M. Rausch · 2013 · p. 89, 1002 citas
[8]that in order to receive legal title, the cultivator of baldíos had to develop at least two-thirds of the land that he or she was claiming and that fifty hectares was the ideal size of such a claim. The aim was to help both those peasants whose EBSCOhost: eBook Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 8:29:25 PM…
p. 89
[9]excess population from the Departments of Santander, Norte de Santander, and Boyacá was the piedmont region on the eastern side of the Andes, or, in other words, the territories of Caquetá, Arauca, and the Depart- ment of Meta. Lleras Camargo accepted Lebret’s recommendations and began to implement them. 30 The first…
p. 100
07Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 93, 5012 citas
[10]élites terrate - nientes bloquearon la redistribución de tierras, usando la representación directa que tenían en la legislatura, además de la captura de una parte de los funcionarios elegidos, jueces o burócratas, que respondían a la distribución paritaria entre los partidos, y al uso del clientelismo para socavar el…
p. 501
[41]Revolucionario (MOIR), hasta las guerrillas, que emergieron en ese contexto de democracia restringida. Las FARC, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tuvieron influencia en ese amplio y plural campo de la izquierda. Eran tiempos revolucionarios en los cuales la lucha…
p. 93
08Revolutionary Social Change in Colombia: The Origin and Direction of the FARC-EPJames J. Brittain · 2010 · p. 831 cita
[11]130,000 people (Lindqvist, 1979: 102; see also INCORA, 1972). Scholars analytically studying Law 135 came to a different conclusion. They discovered that these numbers were not just greatly misleading, they contradicted the real conditions. Tad Szulc (1964: 245) noted that in its first year, the achievements of Law…
p. 83
09Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 30, 312 citas
[12]hecho de que esta región se encuentra de Santander y del inte- rior del país una cadena de 1nontaúas y llanuras y a la baja densi- dad de población aún más el de la guerra Los términos la distribución de tierra eran tan ambiguos que el Ministerio Agricultura tuvo la determinar tierras podían ser Se llegó a este…
p. 30
[16]Aproximadan1ente 76,9% de los conflictos de tierras en 1971 ocu- rrieron en los latifundios de la costa atlántica, en los valles interandinos y en los Llanos Orientales, donde se desarrollaban los grandes latifun- dios ganaderos y el capitalisrno agrario 49. Los restantes conflictos terri- 62 Sistemas de guerra…
p. 31
10Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 461 cita
[13]Departamentos en los que la ANUC tenía una fuerza muy importante. En aplicación de la Ley 135 de 1961 el Incora dirigió durante los años sesenta la colonización del piedemonte oriental de la cordillera Oriental, el Magdalena Medio, la altillanura entre el oriente del Meta y Vichada, el sur de Córdoba y en varias…
p. 46
11Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 2491 cita
[14]puertas de crédito para la producción agraria, viéndose obligadas a acelerar los flujos migratorios campo-ciudad y a intensificar la ocupación de nuevos territorios. Machado indica que el grado de concentración de la propiedad aumentó entre 1960 y 1970 a pesar de la prolija legislación agraria promulgada alrededor de…
p. 249
12Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Frontera nororientalComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 511 cita
[15]El proceso de colonización fue asumido por el Incora 66. Entre 1961 y 1973 se adjudicaron en la intendencia de Arauca 85.830 hectáreas 67, con el propósito de incor- porarlas a la producción agropecuaria nacional 68. Aparte de brindar asistencia técnica y créditos a los pequeños productores campesinos, la ley incluía…
p. 51
13Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena. Los casos de las parcelaciones de El Toco, El Platanal y Santa FeYamile Salinas Abdala, María Paula Hoyos, Ana María Cristancho · 2018 · p. 291 cita
[17]que se tradujo en la institucionaliza- ción del movimiento campesino bajo el lema “la tierra pa’l que la trabaja” (Archila, 2005, página 97). Con base en el Decreto 755 de 1967, el Ministerio de Agricultura realizó un “empadronamiento masivo de usuarios reales y potenciales de servicios agropecuarios estatales”…
p. 29
14Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Magdalena MedioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 531 cita
[18]de tierras y siembra de pastos, forrajes y fumigación de potreros; pequeñas empresas de carne, leche y levante 79. Gracias a estos proyectos que se desarrollaron en la década de 1960, en la región se empezó a configurar un proceso de organización donde las asociaciones de usuarios cam- pesinos tuvieron un rol…
p. 53
15La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 202, 2122 citas
[19]luz, […] entonces eso es una contradiccion, donde se dice que no pero donde las bases de una u otra forma empiezan a recibir los favores de los políticos tradicionales (Hombres/adultos/ ex dirigentes campesinos/ Sincelejo/ Sucre/ noviembre de 2009). Pero no se puede poner en duda que el gran gestor inicial de la Anuc…
p. 212
[34]se concentraron en los municipios de Morroa, Colosó, Coro- zal, Los Palmitos, la zona plana de Ovejas, Palmito, Toluviejo, San Onofre y San Pedro; y en Córdoba se realizaron principalmente en las sabanas de Cereté, Ciénaga de Oro y Montería. Por el con- trario en otras regiones como en la Ciénaga Grande de Lórica y el…
p. 202
16Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. El Movimiento Armado Quintín LameDaniel Ricardo Peñaranda Supelano · 2015 · p. 139, 3082 citas
[20]un énfasis en la dotación de tierras a los arrendata - rios y aparce ros, y la profun dización de la reforma por medio de la organiza ción de los campe sinos. Esta última medida condujo a la creación de la Asocia ción Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que constituía una osada respuesta al ascenso de los movi…
p. 139
[66]Cauca (1970 – 1996) MUNICIPIO 1970-1980 1981-1990 1991-1996 TOTAL Belalcázar - 417.1 - 417.1 Buenos Aires - 1.137.1 818.1 1.955.2 Caldono 291.2 3.065.0 208.3 3.564.5 Caloto 882.8 3.418.7 4.315.1 8.616.6 Corinto 1.925.2 475.1 115.0 2.515.3 Inzá 74.2 1.592.2 46.9 1.713.3 Jambaló 761.4 4.048.9 916.5 5.726.8 Morales - -…
p. 308
17No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 123, 1262 citas
[21]de julio de 1970, a un mes de que se terminara el gobierno de Lleras, se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Para entonces, había casi un millón de hombres y mujeres afiliados a las asociaciones campesinas, y un empoderamiento que se reflejaba en las palabras del líder agrario sucreño Francisco…
p. 123
[48]del Pueblo (ORP), que según un exdirigente de la ANUC era «una organización clandestina, no armada, no era ilegal» 350. En 1984, apenas entró a operar la tregua de las guerrillas con el gobierno de Belisario Betancur, dirigentes de la ORP fueron acusados del secuestro y asesinato de Gloria Lara, una periodista que…
p. 126
18Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 691 cita
[22]pequeño paso para la organización campesina, pero un gran salto para reformar con equidad la estructura agraria del país. La dureza del discurso del presidente Lleras no era nueva. Tampoco gratuita. En 1968, durante la entrega de títulos de propiedad a antiguos terrajeros y aparceros del bajo Sinú, dejaba un vehemente…
p. 69
199 de marzo de 1990Rafael Pardo Rueda · 2020 · p. 591 cita
[23]su Congreso de 1988, donde un sector trató de liderar una posición más abierta a una negociación basada en parte en el fracaso del paro de octubre de 1987. Ese sector, años después, se separaría y se estructuraría como Corriente de Renovación Socialista y firmaría en 1994 un acuerdo de paz con el Gobierno. 27 — Para…
p. 59
20Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 401 cita
[24]la ANUC. En ellos la Asociación rechazaba la colonización como substituto de la reforma agraria, exigía la extinción del domi- nio de tierras privadas incultas y la expropiación del latifundio, ade- más de los apoyos estatales para elevar el nivel de vida campesino. El Mandato Campesino de la ANUC, aprobado por la…
p. 40
21Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 538, 5422 citas
[25]los programas de colonización del INCORA (como sustituto de la reforma agraria redistributiva) y pidieron la reducción del plazo exigido para que la tierra inculta en manos privadas volviera al dominio del Estado para su entrega a los cam- pesinos sin tierra. Adicionalmente, aprobaron estas peticiones: que los…
p. 538
[26]rechazo a las políticas agrarias del gobierno de Pastrana Borrero, acorda- ron seguir promoviendo la recuperación de tierras y debatieron cuál de las siguientes consignas era más adecuada para el movimiento campesino: “Tierra para quien la trabaja” o “Tierra sin patrones”. Finalmente, el Comité Ejecutivo de la ANUC…
p. 542
2225 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000Mauricio Archila Neira, Álvaro Delgado G., Martha Cecilia García V., Esmeralda Prada M. · 2002 · p. 138, 1462 citas
[27]elléfmino invasiones para denominar a las ocupaciones de hecho por paite de campe. sinos de predios ru~ales de propiedad privada o del Estado. En el conversatorio sobre 25 aAos de Luchas Sociales. tonvocado por el Cinep en julio de 2002 causO polémica el uso del término invasión. Para algunos conocedores de las luchas…
p. 138
[70]el 44.63% de la superficie ocupada 37 • Esto muestra que se fragmentó la pequeña propiedad y que los pequeños y medíanos campesinos perdíeron control sobre la tierra. mientras los gran- des propietarios lo aumentaron. Por otra parte, las leyes de reforma agraria han tenido escasos resulta- dos: han favorecido la…
p. 146
23Campesinos de tierra y agua: memorias sobre sujeto colectivo, trayectoria organizativa, daño y expectativas de reparación colectiva en la región Caribe 1960-2015. Campesinado en el departamento del AtlánticoCarmen Andrea Becerra Becerra, John Jairo Rincón García · 2017 · p. 231 cita
[28]fin de en- frentar los problemas que ya se venían venir con respecto a los servicios que se prestan y a las dificultades que habían, más que todo para vender la producción que se sacaba, la asistencia técnica, todo lo que en ese momento se estaba convirtiendo en problema (…) cuando arrancó la ANUC aquí a nivel de…
p. 23
24The Agrarian Question and the Peasant Movement in Colombia: Struggles of the National Peasant Association, 1967-1981Leon Zamosc · 1986 · p. 2901 cita
[29]207- 8; agrarian reform central issue raised by, 66-9; archive on, 6, 228n; in areas of agrarian capitalism, 61, 91-3, 140-1, 143-5, 203, 204-7; in areas of coloniza- tion, 61, 93-4, 102, 106, 174, 179-80, 273 274 Index ANUC (cont.) 192, 204-7, 231n; in areas of latifundia, 61, 91-3, 107, 204-7, 231n; in areas of…
p. 290
25Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo ILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · 2022 · p. 771 cita
[30]septiembre). Las tomas de tierras eran antecedidas por la identificación de las veredas donde habitaban familias campesinas sin tierra, las zonas donde había fincas si ser trabajadas y su situación catastral. Estas indagaciones eran hechas por los mismos campesinos, vecinos, solidarios y abogados. Entonces, buscábamos…
p. 77
26Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 881 cita
[31][...] Era un movimiento de mucha fuerza en el suroeste, [de Antioquia] entoes había un ejercicio de solidaridad para recuperar esas tierras. Yo recuerdo que siendo muy niño yo iba y me trasnochaba en todo ese asunto porque nos metíamos a una finca en la noche, ¿cierto?; en una noche todo lo teníamos ya muy planeado,…
p. 88
27Historia doble de la Costa. Tomo 4: Retorno a la tierraOrlando Fals Borda · 2002 · p. 2551 cita
[32]el Corrinche, el Collao, el Bolaeburro y el Chinéculeco, los mismos que han encontrado pedazos de cerámica roja puyada que debieron ser de los antiguos zenúes. Con estos niños y otros, todos hijos de luchadores por) la tierra. El pase de lista es heroico y constituye un reflejo de la condición agitacional…
p. 255
28Nueva Historia de Colombia, Vol. III: Relaciones Internacionales, Movimientos SocialesÁlvaro Tirado Mejía, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Cepeda Ulloa, Rodrigo Pardo García-Peña, Germán Zea Hernández, Luis Vitale, Malcolm Deas, Catherine LeGrand, Mauricio Archila Neira, Rocío Londoño Botero, Pierre Gilhodes, Myriam Jimeno Santoyo · p. 3581 cita
[33]de Ubaté, en torno a la laguna de Fúque- ne. Una de las características de estas ocupaciones, con las que también tu- vieron lugar en febrero y octubre de 1971, fue afectar propiedades de per- sonalidades muy conocidas: políticos, obispos y hasta una del propio ministro de Agricultura. Varios intereses se con- jugaban…
p. 358
29El Desarrollo de la Agricultura en ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1982 · p. 293, 2962 citas
[35]acaba de otorgar el Incora durante más de 14 años de existencia. Muchas de estas invasiones culminaron en la conformación de empresas comunitarias, que venían conformándose desde 1968, especialmente en los distritos de aparceros y arrendatarios y en los de adecuación de tierras, cuando el Incora cambia su política de…
p. 296
[72]a parar a las arcas de los capitalistas y terratenientes. Se produce una coyuntura de ofensiva patronal contra los trabajadores en el plano nacional y precios internacionales favorables a nivel internacional que combinados producen una multiplicación de la plusvalía que apropian los capitalistas, sobre todo los…
p. 293
30Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950)Catherine LeGrand · 2016 · p. 3071 cita
[36]resul- tados afines en las vecindades de Santa Marta a comienzos de los años sesenta. Centenares de antiguos trabajadores de las bananeras, al encontrarse sin trabajo, iniciaron actividades de colonización tanto en baldíos como en haciendas ociosas de la región. Los terratenientes acudieron a la respuesta clásica,…
p. 307
31La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Andrés Fernando Suárez (Relator) · 2009 · p. 1021 cita
[37]el corazón de los Montes de María, ade- más de permitir el acceso y la disposición de agua en una región seca y caliente. Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de una geografía como la que habitualmente se asocia con una 62 Ibíd. Grupo de Memoria Histórica 102 zona de retaguardia estratégica desde el…
p. 102
32¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 831 cita
[38]y 1975; la mayoría de ellas entre 1970 y 1973, cuando el movimiento 130 INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica el representante a la cámara Israel Santamaría, el senador Carlos Toledo Plata y un grupo de guerrilleros urbanos encabezados por Jaime Bateman Cayón, escindidos de las FARC, en 1974 conformaron…
p. 83
33Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 661 cita
[39]para seguir defendiendo nuestro territorio ancestral». 146 Informe 262-CI-00390. Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) y Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), «El genocidio silencioso del puebo Embera Chamí de Caldas». de las guerrillas liberales a la efervescencia social (1958-1977)…
p. 66
34Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 6511 cita
[40]que fue un pañito de agua que se dio con el gobierno de Carlos Lleras. Y ya con el gobierno de Misael Pastrana hubo un reversazo, porque [...] se dio el acuerdo de Chicoral, y en el acuerdo de Chicoral se reversó toda la política de equidad en el campo, de reforma agraria» 2123. Estos antecedentes son clave para…
p. 651
35Historia económica de ColombiaJosé Antonio Ocampo Gaviria (compilador), Germán Colmenares, Jaime Jaramillo Uribe, Hermes Tovar Pinzón, Jorge Orlando Melo González, Jesús Antonio Bejarano Ávila, Joaquín Bernal Ramírez, Mauricio Avella Gómez, María Errázuriz Cox, Carmen Astrid Romero Baquero · 2017 · p. 5371 cita
[42]1961 y 1971, el Instituto adecuó 178.000 ha. Solo el 35% de los beneficiarios de estos programas lo eran también de la reforma agraria, 50% minifundistas privados y 15% propietarios medianos y grandes. Con el Acuerdo de Chicoral, se inició el desmonte de la reforma agraria y el diseño de una política alternativa de…
p. 537
36Los retos de la Colombia contemporánea. Miradas disciplinares diversas en las ciencias socialesMauricio Nieto Olarte (edición académica y compilación), Luis Javier Orjuela, Alix Catalina Rojas, Carlos Felipe Cantor, Juan Carlos Rodríguez, Andrés Guhl, Sandra Borda G., Mateo Morales, Ángela Iranzo Dosdad, Alejandro Castillejo Cuéllar, Juan Ricardo Aparicio, Alhena Caicedo, Pablo Jaramillo, Carlos A. Manrique, Laura Quintana · 2017 · p. 26, 294 citas
[43]36 (López Pumarejo) y 1. ª del 68 (Lleras Restrepo), mediante la adjudicación de la propiedad al aparcero o arrendatario, después de diez años de trabajo sobre ella 3. Así, mediante la Ley 6. ª se evitaba la redistribución de la tierra. Esta relación de aparcería, que incluso podía obligar al campesino a pres - tarle…
p. 29
[44]36 (López Pumarejo) y 1. ª del 68 (Lleras Restrepo), mediante la adjudicación de la propiedad al aparcero o arrendatario, después de diez años de trabajo sobre ella 3. Así, mediante la Ley 6. ª se evitaba la redistribución de la tierra. Esta relación de aparcería, que incluso podía obligar al campesino a pres - tarle…
p. 29
[75]prin - cipio de “la tierra para el que la trabaja”, y las “leyes del Llano” de 1953 que, en un principio, conservaron la orientación liberal al promover “la confiscación de los bienes del enemigo o sea de los godos chulavitas”, y que después mostraron más autonomía al extenderla a todos “los hatos y propiedades de…
p. 26
[76]prin - cipio de “la tierra para el que la trabaja”, y las “leyes del Llano” de 1953 que, en un principio, conservaron la orientación liberal al promover “la confiscación de los bienes del enemigo o sea de los godos chulavitas”, y que después mostraron más autonomía al extenderla a todos “los hatos y propiedades de…
p. 26
37Memorias dispersasHumberto De La Calle Lombana · 2021 · p. 2651 cita
[45]olvidar la necesidad de incorporar a grandes masas campesinas a una vida digna y productiva, en un marco de respeto a la propiedad privada. Como se dijo, bajo el Gobierno conservador de Misael Pastrana, con apoyo de sectores liberales y de gremios de la producción, se suscribió el Pacto de Chicoral, que en la práctica…
p. 265
38Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 3571 cita
[46]departamentos de Tolima, Antioquia, Huila, Cauca, Valle y Cundinamarca. Muy poco tiempo después, el gobierno de Pastrana iniciaría la contrarreforma agraria con la Declaración de Chicoral, un pacto bipartidista sobre el proyecto de modificación de la Ley de Reforma Agraria que fomentó la división del movimiento…
p. 357
39Historia de Colombia. Colombia Contemporánea IArturo Alape, Antonio Caballero, Gonzalo Hernández de Alba, Mauricio Archila, Germán Arciniegas, Enrique Sánchez y otros (obra colectiva) · 1988 · p. 107, 1102 citas
[47]se aisl6 practicamente de los sec- tores campesinos al crear la Organizacién Revolu- cionaria del Pueblo (ORP), un grupo mas del es- pectro politico de la Nueva Izquierda. A partir de aqui, el movimiento campesino se atomiza y la mo- vilizaci6n popular més importante de este siglo se desmorona, victima de sus propias…
p. 110
[50]la usurpacién de las tierras de los resguardos, lo que le valié ser perseguido im- placablemente por sus enemigos. Eso le llevé a di- tigirse al Tolima, donde se puso al frente de los re- clamos por la recuperacién del gran resguardo in- digena de Ortega y Chaparra, que habia sido di- suelto por la presién de los…
p. 107
40When Colombia Bled: A History of the Violencia in TolimaJames David Henderson · 1985 · p. 751 cita
[49]that the resguardos uhave no reason to exist} given the fact that their inhabi- tants... are all civilized." 1 In 1924 Quintin Lame} acting in concert with two tolimense Indians named Jose Gonzalo Sanchez and Euti- quio Timonte} formed the Supreme Indian Council. Through it} they founded a town named San Jose de…
p. 75
41En defensa de mi raza y otros textosManuel Quintín Lame Chantre · 2017 · p. 251 cita
[51]encarcelara como a un ladrón facineroso porque reunía a los míos en los departamentos Nariño, Cauca, capital Po- payán; Huila, capital Neiva; Tolima, capital Ibagué, y el doctor Guillermo Valencia en su carácter de representante en la Cámara Baja, pidió se me desterrara de Colombia; pero el señor presidente de la…
p. 25
42A lomo de mula. Viajes al corazón de las FarcAlfredo Molano · 2016 · p. 112 citas
[52]Una de las preguntas más inquietantes es por qué el sur del Tolima y el norte del Cauca fueron la cuna de las Farc y por qué son regiones que aún están envueltas en el conflicto. La respuesta está vinculada a dos grandes litigios históricos vigentes en esos territorios: la lucha por la tierra de los indígenas — paeces…
p. 11
[53]Una de las preguntas más inquietantes es por qué el sur del Tolima y el norte del Cauca fueron la cuna de las Farc y por qué son regiones que aún están envueltas en el conflicto. La respuesta está vinculada a dos grandes litigios históricos vigentes en esos territorios: la lucha por la tierra de los indígenas — paeces…
p. 11
43Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte · 2009 · p. 5651 cita
[54]grupos étnicos del Cauca, pero se sostiene principalmente en los nasas. Fue fundado en 1971, institucionalizando el movimiento indígena en la región y un largo pasado de resistencia indígena en el Cauca a la ocupa- ción de sus territorios y dominación de sus culturas. Brota en el seno de las luchas por la tierra en la…
p. 565
44The Colombia Reader: History, Culture, PoliticsAnn Farnsworth-Alvear, Marco Palacios, Ana María Gómez López · 2017 · p. 3001 cita
[55]“little republic” of Indians, counterposed to the “big republic” of the whites. A few years after his death, indigenous activists founded the Consejo Regional Indígena del Cauca (Regional Indigenous Council of Cauca), and later, an indigenous armed guerrilla movement took Quintín Lame’s name. Both groups took up his…
p. 300
45Historia contemporánea de Colombia (1920-2010)José Ricardo Arias Trujillo · 2011 · p. 321 cita
[56]a sus luchas. Desde finales del siglo xix, los indígenas de la región amazónica eran objeto de una terrible explotación por parte de los grandes comerciantes de caucho; en diferentes zonas del país, otras comuni- dades veían peligrar sus resguardos. En los años veinte, la resistencia indígena se hizo más fuerte, en…
p. 32
46Sus armas no lograrán extinguir nuestra palabra. Informe de riesgos de extinción en 6 Pueblos Indígenas de ColombiaObservatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia (Observatorio ADPI); José Aristizabal G.; Lina María González Correa · 2014 · p. 1271 cita
[57]Defensa de la Familia. 16 La ACIN agrupa a los cabildos del Norte del Cauca, todos pertenecientes al pueblo Nasa. A su vez, la ACIN hace parte del CRIC, por lo cual comparte su plataforma de lucha. 02. CONTEXTO REGIONAL DEL CAUCA INDÍGENA Estos puntos representan el proceso de lucha, de resistencia y de pervivencia de…
p. 127
47Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte (Editores) · 2009 · p. 5641 cita
[58]del Alto Patía, asopatía. Al incluir dos regiones, se decidió para este labo - ratorio de paz que su dirección se sostuviera también en dos organizaciones El Laboratorio de Paz del Cauca y Nariño 563 regionales 19. En esta estructura, el cric tiene esencialmente un rol político y directivo. Las competencias…
p. 564
48El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 1142 citas
[59]con los campesinos, al sur del país los indígenas empe- zaron a reorganizarse, creando el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en 1971, desarrollando actividades para recobrar sus tierras ancestrales usurpadas. Ante ese camino emancipador del grueso de campesinos e indígenas llegó la violencia oficial apoyada…
p. 114
[60]con los campesinos, al sur del país los indígenas empe- zaron a reorganizarse, creando el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en 1971, desarrollando actividades para recobrar sus tierras ancestrales usurpadas. Ante ese camino emancipador del grueso de campesinos e indígenas llegó la violencia oficial apoyada…
p. 114
49Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 3191 cita
[61]menos abiertos, tal como ha ocurrido en varios momentos a lo largo de las últimas décadas en el departamento del Cauca. No por casualidad el corazón de la resistencia indígena, bajo la modalidad de movilizaciones directas de la población para contener la acción de los grupos armados, está localizado en esta región,…
p. 319
50Crecer como un río. Jornaliando cuesta arriba por vida digna, integración regional y desarrollo propio del Macizo Colombiano, Cauca, Nariño y Colombia. Volumen 1John Jairo Rincón García, Camilo López Pérez, Nancy Celia Navarro Rojas, Wilder Jamith Meneses Bolaños, Víctor Hugo Buesaquillo, Camilo Ernesto Muñoz Meneses, Pablo Andrés Convers Hilarión · 2017 · p. 991 cita
[62]a las veredas, a los municipios a diferentes partes. Aquí, por ejemplo, algunos eran estudiantes de antropología me parece… ah, no contaduría y él estuvo colaborando con los muchachos… cuando estaba estudian- do y era un caminador bueno, se tiraba a las vías: Silvia, Jambaló, a toda esa parte a ayudarnos en la parte…
p. 99
51Antropología hecha en Colombia. Tomo IEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 5551 cita
[63]ordenamiento de la vida social (Haring 1963; Roldán 2000). Al tiempo que surgió la ANUC en el marco de la Ley 1a de 1968 para apoyar en los campesinos la aplicación de la reforma agraria, tomaron cuerpo procesos de reorganización de varias comunidades indígenas en diferentes regiones colombiana (Sevilla-Casas,…
p. 555
52Herederos del jaguar y la anacondaNina S. de Friedemann, Jaime Arocha · 2016 · p. 3261 cita
[64]en los municipios de Piendamó, Cal- dono, Caloto y Morales. 327 Hfiífinfiídi nfic erstrí a cr rórfdónr La pujanza de estas nuevas labranzas guambianas rati- fica la convicción de que esta cultura es una de las más maleables de América. Además de las innovaciones que los guambianos han aceptado en su atuendo, en su…
p. 326
53Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Valle y norte del CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 631 cita
[65]fortalecimiento de las autoridades tradicio- nales y la restauración de valiosos rasgos culturales, como la lengua, las creencias, las costumbres y la historia 98. La lucha indígena por la tierra tuvo tres componentes: primero, uno institucional, bajo el cual se buscó la reforma agraria a través de los marcos…
p. 63
54Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y Memoria en el Cauca indígenaDaniel Ricardo Peñaranda Supelano (coordinador), Graciela Bolaños, Víctor Daniel Bonilla, Jorge Caballero Fula, Myriam Amparo Espinoza, Vianney Judith García, Jorge Hernández Lara, Pablo Tattay, Libia Tattay Bolaños · 2012 · p. 481 cita
[67]Los primeros dos testimonios hacen referencia a los territorios que conforman el actual resguardo de López Adentro, que comenzó a ser recuperado en el año de ')*". Se trata de tierras que han pertenecido históricamente a la gran agroindustria cañera del Valle del Cauca y que, de pronto, se vieron amenazadas por una…
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55Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. De la colonia a la creación del Frente NacionalAbsalón Machado Cartagena · 2009 · p. 1831 cita
[68]Amaneceres. Historia de tos agrarios de Sumapa^j Oriente del Tolima. Alcaldía Local de Sumapaz, Fondo Editorial UAN, Bogotá, 2007. 71 Sobre los conflictos en las haciendas cafeteras ver Absalón Machado (1988), son innumerables las referencias sobre estos conflictos en los treinta; en el libro de Catherine LeGrand hay…
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56El poder de la carne. Historias de ganaderías en la primera mitad del siglo XX en ColombiaAlberto G. Flórez-Malagón (ed.), Luis Guillermo Baptiste, Ingrid Johanna Bolívar, Stefania Gallini, Shawn Van Ausdal · 2008 · p. 341 cita
[69]en los años 20, Absalón Machado y otros afirman que Colombia nunca realmente ha tenido una revolución burguesa (únicamente en los años cincuenta, el país comenzó a adoptar el llamado camino junker del desarrollo agrario capitalista desde arriba)"'. En los años 30, apunra Gómez, el latifundio ganadero estaba al frente…
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57Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 621 cita
[71]cercano al poder, y quien fuera uno de los más grandes tenedores de tierra del conti- nente, llegó a poseer para principios de la década del sesenta entre 35.000 y 72.000 hectáreas en el Caquetá, incluyendo varias decenas de miles en los llanos del Yarí 139. Un campesino relata: «Coparon prácticamente todo el…
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58A las puertas de El UbérrimoIván Cepeda, Jorge Rojas · 2008 · p. 231 cita
[73]rraleja irrumpieron movimientos campesinos que reclamaban "la tierra para el que la trabaja", que ocuparon algunas haciendas y enfrentaron a las autoridades judiciales, militares y de policía que actuaban en defensa de los intereses de los dueños de las tierras, o mejor, de quienes ostenta- ban la propiedad sobre las…
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59Los trabajadores en la historia latinoamericana. Estudios comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y ColombiaCharles Bergquist · 1988 · p. 3831 cita
[74]a veces una tercera parte de la cosecha. En ciertos lugares eran obligados, además, a trabajar un determinado número de dias en las tierras de la hacienda, con el salario vigente en la región. En otras localidades se les exigia compartir con el propietario una porción, casi siempre una cuarta parte, de los cultivos…
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