Chicoral

Chicoral

En el mapa físico de Colombia, Chicoral es apenas un punto: un corregimiento del municipio de El Espinal, en el Tolima, situado sobre el corredor vial que enlaza a Flandes con Gualanday e Ibagué, en tierras calientes del valle del Magdalena. En el mapa político del país, en cambio, Chicoral es un nombre grande. El 9 de enero de 1972, en ese caserío de calor pesado y latifundio ganadero, dirigentes liberales y conservadores, ministros del gobierno de Misael Pastrana Borrero, parlamentarios y grandes propietarios firmaron el pacto que clausuró formalmente la reforma agraria del Frente Nacional. Desde entonces, decir "Chicoral" en Colombia no es nombrar un lugar sino invocar un acuerdo: la sinécdoque de una contrarreforma. Este artículo trata de las dos cosas —el corregimiento con su geografía propia y el acuerdo que lo volvió célebre— porque la memoria nacional no puede separarlas.

El sitio y su geografía

Chicoral pertenece a la parte del Tolima llamada el llano: la franja caliente y templada que bordea el río Magdalena, dominada por grandes latifundios, a diferencia de las estribaciones de la Cordillera Central, donde predominan las explotaciones de café, plátano y cacao. La diferencia no es solo climática; es también étnica y social. En el llano magdalenense se asentó una población mestiza local, mientras que las tierras frías de la cordillera fueron colonizadas por antioqueños, cundinamarqueses y boyacenses. Los territorios indígenas —los pijaos históricos y sus descendientes— quedaron reducidos a los municipios de Natagaima, Coyaima, Ortega y Purificación, más al sur.

El corregimiento se sitúa sobre la línea vial que va de Flandes a Ibagué, en un tramo de aproximadamente quince leguas que los ingenieros del siglo XX describieron como llano y de fácil trazado, con una única dificultad seria: el descenso de seis u ocho kilómetros al valle del río Coello. Ese accidente topográfico, breve pero exigente, marca el paso entre el plano magdalenense y el ascenso hacia Ibagué. Chicoral se ubica en el trecho inicial de esa ruta, en tierra plana y calurosa, apta para la ganadería extensiva y, más tarde, para el algodón y el arroz que transformaron el Tolima central.

La región donde el corregimiento se inserta —el valle de Armero, el distrito de riego del Coello, el propio Espinal— fue una de las primeras del país en dar el salto al cultivo comercial. El cambio no fue espontáneo: obedeció a un aumento sostenido del gasto público en readecuación de tierras y a la multiplicación del crédito subsidiado, que en materia ganadera se quintuplicó y en su conjunto se duplicó entre 1940 y 1945. Las obras del Coello son quizá la marca material más visible de esa política: gracias a ellas, tierras planas del Espinal se convirtieron en las más productivas del país en algodón y arroz. Chicoral, corregimiento de ese municipio, fue una de las localidades beneficiadas y una de las que mejor encarnó la transición de la hacienda tradicional a la explotación empresarial.

Esa condición doble —tierra caliente de latifundio y tierra transformada por el capitalismo agrario— explica por qué la reunión de enero de 1972 se hizo allí y no en otra parte. Chicoral era un pedazo emblemático de la Colombia rural que los firmantes querían proteger.

Del llano tolimense a la geografía nacional de la tierra

Entender qué se pactó en Chicoral exige un rodeo por la larga discusión colombiana sobre la propiedad rural. La Ley 135 de 1961, aprobada bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo, había fijado los objetivos de la reforma agraria del Frente Nacional: incorporar tierras baldías a la producción, dotar de parcelas a campesinos sin tierra, ofrecer asistencia técnica y crédito, y elevar las condiciones de vida en el campo. Su brazo operativo fue el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, el INCORA, que dirigió colonizaciones en el piedemonte llanero, el Magdalena Medio, la altillanura entre Meta y Vichada, el sur de Córdoba y varias subregiones antioqueñas.

Los resultados fueron, desde el arranque, decepcionantes. La ley no estipulaba un mecanismo eficaz para redistribuir la tierra dentro de la frontera agrícola, y el INCORA carecía de músculo administrativo para responder a la demanda campesina. Entre 1960 y 1970 el índice de concentración de la propiedad rural no disminuyó: aumentó. Las adjudicaciones se concentraron en baldíos periféricos —es decir, en colonizar, no en redistribuir—, y el modelo dual de latifundio y minifundio salió intacto de la primera década de la reforma.

Fue Carlos Lleras Restrepo, presidente entre 1966 y 1970, quien más se comprometió con reactivar el proyecto. Fortaleció el INCORA, empujó nuevas leyes en 1968 que ampliaban las posibilidades de expropiación y afectación, y en agosto de 1969 puso en marcha la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, concebida como puente entre el Estado y el campesinado organizado. La ANUC nació formalmente mediante el Decreto 755 de 1967 y la Resolución 061 del Ministerio de Agricultura, que creó una División de Organización Campesina encargada de inscribir arrendatarios y aparceros, articularlos alrededor de propuestas sobre tenencia de la tierra, crédito supervisado y formas asociativas. La lógica llerista era clara: convertir al campesinado en aliado del Estado, no en su adversario, en un tiempo en que las guerrillas de las FARC —establecidas formalmente entre 1964 y 1966— y el ELN —surgido en 1965— comenzaban su vida armada, y en que el populismo de la ANAPO recogía descontentos por izquierda y derecha.

El proyecto de Lleras no fructificó. Sectores muy influyentes de los dos partidos tradicionales se unieron para sabotear la reforma desde el propio Congreso. No se trataba, para esas élites, de una amenaza teórica: el latifundio ganadero de la costa, los valles interandinos y los Llanos Orientales estaba en su horizonte de riesgo. Cuando Misael Pastrana Borrero llegó a la presidencia en agosto de 1970, tras la disputada elección frente a Rojas Pinilla, la reforma agraria era ya más un enunciado que una política.

La ANUC toma la iniciativa

Lo que las élites bipartidistas no anticiparon fue que la organización creada por Lleras cobrara vida propia. En 1970, en el momento de su Primer Congreso Nacional, la ANUC contaba con cerca de 845.000 usuarios inscritos y aproximadamente un millón de afiliados; a mediados de 1969 ya sumaba más de 560.000 usuarios organizados en asociaciones con personería jurídica. Era, en cifras, el mayor movimiento social del país.

En agosto de 1971, reunida en Fúquene (Cundinamarca), la Junta Directiva de la ANUC aprobó el Mandato Campesino, un documento en que la organización se declaró autónoma frente al Estado, rechazó la colonización como sustituto de la redistribución y exigió dos cosas concretas: la extinción del dominio sobre tierras privadas incultas y la expropiación del latifundio. El giro se tradujo en un ciclo intenso de tomas de tierras. En febrero de 1971 la movilización fue tal que el gobierno de Pastrana emitió un comunicado calificando las invasiones como un "intento coordinado de perturbación del orden público"; la ANUC replicó reafirmando el carácter social del movimiento.

Los datos regionales de ese año son elocuentes: cerca del 76,9% de los conflictos por tierra en 1971 se concentraron en los latifundios de la costa atlántica, los valles interandinos y los Llanos Orientales, allí donde el capitalismo agrario y la ganadería extensiva se habían expandido más. Las tomas alcanzaron propiedades de peso simbólico incalculable: haciendas de políticos prominentes, de obispos y hasta del propio ministro de Agricultura. La Sociedad de Agricultores de Colombia y Fedegán obtuvieron entonces del presidente Pastrana el nombramiento de un comité evaluador que en febrero de 1971 publicó un informe crítico contra el INCORA. La contrarreforma empezaba a organizarse.

El pacto: 9 de enero de 1972

El escenario tolimense fue elegido con cuidado. Chicoral quedaba lejos de Bogotá pero era accesible; se encontraba en el corazón del Tolima de los grandes propietarios y de la agricultura comercial, en tierras que ya habían sentido la presión de la ANUC. Convocó la reunión el gobierno Pastrana, en respuesta a la escalada de las tomas y a los debates del Congreso de septiembre y noviembre de 1971 sobre la política agraria.

Por el lado conservador llevó la voz cantante el ministro Hernán Jaramillo Ocampo; por el lado liberal, Indalecio Liévano Aguirre. Los acompañaban parlamentarios de peso —Víctor Mosquera Chaux, Alberto Mendoza Hoyos, Hernando Durán Dussan, Álvaro Uribe Rueda, Cornelio Reyes—, delegados de la dirección conservadora, dos grandes propietarios rurales de renombre nacional, Rafael Azuero Manchola y Mario Laserna Pinzón, y el asesor liberal y ganadero Enrique Liévano Ricaurte. Era una mesa de élites políticas y económicas, no de campesinos ni de expertos independientes. La ANUC no estuvo. Los aparceros y arrendatarios cuyos derechos se decidirían allí no estuvieron. Los indígenas del sur del Tolima no estuvieron.

De ese encuentro salió un acuerdo bipartidista para reformar la legislación agraria en favor de los propietarios. La consigna era clara: garantizar la seguridad jurídica sobre la gran propiedad rural y reorientar la política del Estado hacia el fomento de la agricultura comercial capitalizada, en vez de la redistribución. Chicoral no produjo por sí mismo una ley, pero fue el marco político dentro del cual se cocinaron los instrumentos legales que llegarían en los meses siguientes.

Las leyes de la contrarreforma

La materialización jurídica del Pacto vino con la Ley 4ª de 1973, la Ley 5ª de 1973 y, después, la Ley 6ª de 1975.

La Ley 4ª fue el corazón de la reversión. Redefinió el concepto de baldío estableciendo una presunción de propiedad privada sobre los fundos poseídos por particulares —un cambio sutil pero devastador, porque desactivó la principal palanca del INCORA para reclamar tierras al dominio público—. Introdujo, además, nuevos criterios para clasificar un predio como adecuadamente explotado, con lo cual la expropiación por inadecuada explotación —eje de la Ley 135— se volvió, en la práctica, casi imposible. Y fijó una barrera de protección de 160 hectáreas contra la afectación por reforma agraria: cualquier predio por debajo de ese umbral quedaba, en los hechos, blindado. Los grandes propietarios habían acompañado la expedición de la ley con un proceso sistemático de demandas ante los tribunales, presión que se sumó a la fuerza política del Pacto.

La Ley 5ª de 1973 fue el complemento propositivo: una política de fomento sectorial orientada a estimular la agricultura comercial mediante crédito, tecnología y garantías al productor. Chicoral, en ese sentido, no fue un mero desmonte: fue un cambio de modelo. La palabra clave dejó de ser redistribución y pasó a ser productividad.

Dos años después llegó la Ley 6ª de 1975, la Ley de Aparcería. Reguló la relación entre propietarios y aparceros de un modo que revirtió lo dispuesto por las leyes de 1936 y 1968, según las cuales el aparcero podía adquirir la propiedad tras diez años de trabajo continuo sobre el predio. Bajo el nuevo régimen esa vía quedó cerrada. La aparcería —relación en la que el campesino podía verse obligado a prestar servicios personales al dueño y a pagar rentas en trabajo y especie— fue calificada, con razón, de rasgo propio de la "más rancia estirpe feudal".

El conjunto legal cumplió su cometido. La distribución activa de tierras se replegó a zonas de conflicto social agudo, y el modelo dual de latifundio en el llano y minifundio en la ladera quedó consolidado por al menos quince años. Solo en 1988, con la Ley 30 impulsada bajo el gobierno de Virgilio Barco, se intentaría —con carácter marginal y estrictamente redistributivo— modificar algunos de los obstáculos legales y procedimentales que Chicoral había levantado.

La fractura de la ANUC

La contrarreforma no fue solo jurídica. Fue también organizativa. El gobierno de Pastrana, en paralelo a la maquinaria legal, promovió la división del movimiento campesino apoyando la creación de una ANUC paralela, gobiernista, con sede en Armenia y bautizada Línea Armenia. Al mismo tiempo, suspendió el apoyo financiero a la organización original, lo que obligó al congreso campesino a aprobar cuotas modestas de afiliación que muchos usuarios, ya empobrecidos, no pudieron sostener.

La mayoría de los usuarios permaneció en la llamada Línea Sincelejo, autónoma frente al Estado, que acordó seguir promoviendo la recuperación de tierras como objetivo central del movimiento. Pero el daño estaba hecho. Cerca de 500.000 campesinos abandonaron la ANUC. La Línea Sincelejo conservó unos 300.000 afiliados; la Línea Armenia apenas alcanzó 10.000. Bajo Lleras, la ANUC había llegado a tener alrededor de 700.000 afiliados a mediados de 1969. La caída fue brutal.

La fractura tenía raíces internas —tensiones ideológicas y organizativas ya visibles antes de Chicoral—, pero fue el Pacto y la política deliberada de división del gobierno lo que las convirtió en ruptura. Colombia perdió, en el proceso, al mayor movimiento social organizado de su historia rural del siglo XX. Nunca lo recuperaría a esa escala.

Consecuencias de largo plazo

El efecto general del Pacto puede resumirse en una frase: dejó intacta la concentración de la tierra en las zonas agrícolas centrales del país. Ese resultado tuvo ramificaciones que superaron con creces lo que sus firmantes imaginaron aquel 9 de enero.

Cerrada la vía redistributiva, los campesinos sin tierra tenían tres caminos: colonizar frontera periférica —el piedemonte, la Amazonia, el Chocó—, migrar a las ciudades, o resignarse a parcelas de pancoger insuficientes para vivir. La colonización, sin acompañamiento estatal, se convirtió en un proceso de daño ecológico severo y de descontrol territorial: en las selvas y piedemontes recién abiertos crecerían, sin institucionalidad de por medio, actividades ilegales que en la década siguiente se anudarían al narcotráfico. Paralelamente, la urbanización se aceleró: en 1985 el país llegaba al 68% de población urbana, con crecimiento espontáneo de barrios marginales en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Chicoral, sin proponérselo, empujó a cientos de miles de colombianos hacia los cinturones de miseria de las capitales.

Más grave aún fue el efecto político. El fracaso del reformismo institucional —del que Chicoral era el sello— confirmó una sensación creciente entre el campesinado y la izquierda radicalizada: que dentro del sistema colombiano no había espacio para las transformaciones de fondo. En doce años de Frente Nacional no se había cumplido ninguna promesa importante de reforma, y ahora se sellaba jurídicamente su clausura. Las guerrillas ya estaban en el país —las FARC desde 1964-1966, el ELN desde 1965, el EPL en el mismo período—, pero hasta finales de los años setenta el conflicto fue más social y político que armado. Chicoral funciona como uno de los momentos en que la vía institucional se estrechó lo suficiente para que la vía armada ganara plausibilidad. No creó la guerrilla, pero contribuyó a su longevidad. El Pacto y las insurgencias pueden leerse como dos respuestas opuestas a la misma crisis: la crisis de la tierra, cuya genealogía moderna se remonta a las luchas del campesinado en los años veinte.

Un patrón, no un accidente

Chicoral no fue una anomalía. Formó parte de una secuencia larga en la que cada intento redistributivo colombiano fue bloqueado, revertido o neutralizado por las élites propietarias con acompañamiento bipartidista. En 1936, la reforma agraria de Alfonso López Pumarejo —la Ley 200— fue contestada apenas cuatro años después por la Ley 100 de 1944, que la desactivó. En los años sesenta, la reforma de Carlos Lleras Restrepo fue saboteada desde el Congreso incluso antes de Chicoral. En 1972, el Pacto y su secuela legislativa clausuraron el ciclo. Y en 2016, el punto 1 de los acuerdos de paz con las FARC —dedicado a la reforma rural integral— enfrentaría resistencias equivalentes, con actores y argumentos sorprendentemente parecidos.

Ese patrón permite entender una tensión propia del Pacto. Vista de un modo, la reforma agraria del Frente Nacional era ya inviable antes del 9 de enero: sin capacidad operativa del INCORA, con la concentración de la tierra creciendo pese a la ley, con sectores mayoritarios de los dos partidos saboteándola desde adentro, lo que se selló en el corregimiento tolimense fue un fracaso ya consumado, no una política vigorosa que fuera asesinada esa tarde. Vista de otro modo, el Pacto tuvo agencia propia: no era inevitable que la respuesta al Mandato de Fúquene y a las tomas de la ANUC fuera esa reunión con esos actores y ese resultado. El gobierno hubiera podido escoger otro camino, negociar de otro modo, ceder en otros términos. No lo hizo.

Ambas lecturas son ciertas y no se anulan. Chicoral fue simultáneamente la cristalización institucional de un bloqueo estructural preexistente y un acto deliberado de voluntad política. Las élites reunidas en el llano tolimense no mataron una reforma pujante: sellaron con leyes y con la fractura del movimiento campesino un proceso que ya agonizaba, y le trasladaron el costo a los sin tierra, a las fronteras ecológicas y, en el largo plazo, al propio conflicto armado del país.

Un corregimiento y su nombre

Chicoral quedó, después de 1972, con un doble destino. En el terreno, siguió siendo un corregimiento del Espinal, integrado a la economía agrícola del Tolima central: tierra caliente sobre la vía a Ibagué, en el corazón de una de las regiones más productivas del país en arroz y algodón. Su vida material continuó, ajena al peso simbólico que había adquirido. En la memoria nacional, en cambio, dejó de ser un lugar para convertirse en una palabra. "Chicoral" es hoy, en el vocabulario político colombiano, sinónimo de contrarreforma agraria, de acuerdo bipartidista contra el campesinado, de vía institucional cerrada. Es un nombre que se invoca cada vez que la cuestión de la tierra vuelve a la agenda —y en Colombia vuelve una y otra vez—.

Los actores del Pacto siguieron sus caminos. Misael Pastrana Borrero completó su mandato en 1974 y quedó como uno de los últimos presidentes del Frente Nacional; Hernán Jaramillo Ocampo mantuvo su peso en el conservatismo; Indalecio Liévano Aguirre continuó su carrera diplomática e intelectual. Álvaro Gómez Hurtado, sin haber estado en la mesa de Chicoral, había sido de los conservadores que en años previos defendían con más vigor la seguridad jurídica de la propiedad rural. Julio César Turbay Ayala, que sucedería a Pastrana en 1978, gobernaría un país en el que la cuestión agraria había sido desplazada del centro y sustituida por el debate sobre el orden público, con el Estatuto de Seguridad como emblema. Juan Manuel Ospina, ligado a la política agraria del país en las décadas siguientes, sería una de las voces que en distintos momentos volverían sobre las heridas abiertas por el Pacto.

La ANUC nunca recuperó su tamaño. La Línea Sincelejo sostuvo la bandera de la lucha por la tierra durante los años setenta y ochenta con costos crecientes: sus dirigentes fueron blanco de la violencia paraestatal cuando en los años ochenta se conformaron grupos armados de autodefensa vinculados a propietarios rurales, agravando las condiciones del campo. La concentración de la tierra volvió a aumentar en las décadas siguientes, alimentada por el narcotráfico y el desplazamiento forzado.

Aquel 9 de enero de 1972, en un corregimiento del Espinal donde el calor aplana el aire y el llano se extiende hacia el Magdalena, un pequeño grupo de dirigentes se reunió a decidir la política rural de Colombia para los siguientes lustros. Lo hicieron sin campesinos en la mesa, en tierra de latifundio, con los ojos puestos en las tomas de la ANUC y en el mapa de sus propias haciendas. Salió de allí un pacto que llevaría para siempre el nombre del sitio. Chicoral —el corregimiento— siguió siendo Chicoral. Pero desde entonces el país entero sabe que, cuando se nombra ese lugar, se está nombrando también algo más grande: la decisión colombiana, tomada muchas veces y ratificada aquella tarde, de posponer indefinidamente la pregunta por la tierra.