Rito Alejo del Río Rojas

La semblanza

Del Río pertenece a la generación de oficiales que ascendió en la carrera militar durante los años ochenta, cuando la doctrina contrainsurgente colombiana se articuló alrededor de la lucha contra las FARC-EP, el ELN y el EPL, y cuando en varias regiones del país se toleró —cuando no se estimuló— la aparición de grupos de autodefensa privados como fuerza auxiliar. En 1985, siendo teniente coronel, aparece por primera vez en la memoria histórica del conflicto: un informe lo señala como colaborador de los escuadrones de la muerte del Magdalena Medio, con protección y apoyo logístico, y como participante en el traslado, desde Medellín, de un cargamento de armas —ametralladoras MP5— con destino a los escuadrones de Puerto Boyacá. La atribución no fue probada en sede judicial, pero fija desde el inicio la coordenada temática de toda su biografía: la porosidad entre el uniforme y la autodefensa.

Su ascenso a brigadier general y su llegada al mando de la Brigada XVII, con sede en Carepa (Urabá antioqueño), el 18 de diciembre de 1995, lo situó en el epicentro del proyecto expansivo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) de Carlos y Vicente Castaño. Esa brigada tenía jurisdicción sobre el Eje Bananero y el Bajo Atrato chocoano, una franja de territorio donde en pocos años se libraría una de las disputas más sangrientas del conflicto armado colombiano. La Operación Génesis, ordenada bajo su mando entre el 24 y el 27 de febrero de 1997, y ejecutada de manera simultánea a la Operación Cacarica paramilitar, es el hecho que lo fijó de manera duradera en la memoria pública. Entre agosto y diciembre de ese mismo año pasó brevemente a comandar la Quinta División del Ejército, con jurisdicción sobre el sur del Tolima, en un movimiento que la administración de Ernesto Samper Pizano ejecutó bajo presión creciente por las denuncias en su contra. Fue retirado del servicio activo por el presidente Andrés Pastrana Arango a finales de la década.

Lo que hace de Del Río una figura bisagra —y no un oficial más señalado por vínculos con las autodefensas— es la combinación de tres factores: la centralidad geográfica de su comandancia en el momento en que las ACCU se transformaron en las AUC; la convergencia de testimonios de comandantes paramilitares (Salvatore Mancuso, Freddy Rendón Herrera alias el Alemán, Raúl Hasbún, Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Hébert Veloza alias HH o alias el Cura) que lo ubican como pieza operativa de esa alianza; y el hecho de que su caso judicial se convirtiera en el termómetro de la capacidad —y la voluntad— del Estado colombiano para juzgar a un general por complicidad con el paramilitarismo.

Los orígenes doctrinales y el Urabá de los noventa

Para entender a Del Río hay que entender el escenario que lo recibió. Urabá había sido, desde los años setenta, un territorio en disputa: entre la agroindustria bananera y la izquierda sindical, entre las FARC-EP y el EPL, entre la Unión Patriótica exterminada a finales de los ochenta y los últimos comandos del EPL desmovilizados en 1991. A comienzos de los años noventa, la desmovilización parcial del grupo de Fidel Castaño y la del EPL habían generado la ilusión de un cierre pacífico. La ilusión duró poco. Los reductos disidentes del EPL, agrupados bajo la sigla Comandos Populares, se enfrentaron a las FARC; y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, refundadas por Carlos y Vicente Castaño en 1995, se propusieron disputar palmo a palmo la región al Frente 5 y al Frente 57 de las FARC.

Esa disputa, entre 1995 y 1997, tomó la forma de una campaña de expansión paramilitar bajo la modalidad de tierra arrasada. En 1997, en Urabá, los comandantes de las distintas estructuras regionales se reunieron para fundar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un movimiento político-militar antisubversivo con dirección única y estado mayor conjunto. Urabá no fue solo el escenario del nacimiento formal de las AUC: fue el laboratorio del modelo de expansión territorial que después se replicaría en el Catatumbo, en el Magdalena Medio, en los Llanos, en el sur de Bolívar.

La Brigada XVII operó en ese territorio y en ese tiempo. Desde el 18 de diciembre de 1995, fecha en que Del Río recibió el mando, no aparece registrada ninguna anotación de acciones u operaciones de la brigada contra la delincuencia organizada o los grupos paramilitares. En paralelo, se documentaron acciones sistemáticas contra la población civil sospechada de simpatía con la guerrilla: militares de la Brigada XVII llegaban a poblaciones del Bajo Atrato, reunían a los habitantes y los amenazaban con represalias por supuesto apoyo a las FARC; apenas dos semanas después, paramilitares ejecutaban masacres en esas mismas comunidades. Un ex integrante de las ACCU describió el mecanismo con crudeza: tras combates conjuntos se repartían armas y material capturado —veinte fusiles para los paramilitares, diez para el Ejército— y la tropa se encargaba de presentar los muertos como bajas en combate ante los medios.

No era el comportamiento errático de rangos medios sueltos. Era una arquitectura de coordinación, como lo documentaron después las declaraciones bajo Justicia y Paz y las sentencias del Tribunal Superior de Medellín. Las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir), creadas en el marco legal del gobierno Samper y expandidas bajo la gobernación de Álvaro Uribe Vélez en Antioquia, funcionaron, según Mancuso, como "bisagra de engranaje entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal". A través de las Convivir se coordinó con la unidad operativa del Ejército todo lo relacionado con las operaciones conjuntas entre los bloques Élmer Cárdenas, Bananero y Tolová de las AUC y miembros de la tropa. Esa coordinación, declaró Hasbún ante el Tribunal Superior de Bogotá, fue conocida por generales de la Décima Séptima Brigada.

La trayectoria: del Plan Retorno a la Operación Génesis

Del Río llegó a Urabá con un plan. Entre 1995 y 1996 supervisó lo que se conoció como el Plan Retorno a Urabá, una operación de recuperación territorial cuya doctrina explícita era permitir el retorno de la población civil desplazada por la guerrilla y restablecer la presencia del Estado. En la práctica, coincidió temporalmente con la expansión de las ACCU y con una intensificación del desplazamiento forzado de comunidades acusadas de simpatizar con las FARC. El Plan Retorno le valió a Del Río, en sectores empresariales y políticos de la región, la reputación de haber pacificado Urabá. Esa reputación —construida sobre el silencio del sindicalismo bananero exterminado, sobre el desplazamiento de comunidades enteras y sobre la ausencia sistemática de acciones contra los paramilitares— sería la moneda con la que después se pagaría su defensa política.

El punto culminante de su comandancia llegó a comienzos de 1997. Del 24 al 27 de febrero, la Brigada XVII lanzó la Operación Génesis sobre las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó, en jurisdicción del municipio de Riosucio, Chocó. El objetivo declarado era capturar o destruir integrantes del Frente 57 de las FARC-EP. La operación incluyó bombardeos aéreos sobre el territorio y despliegue de tropa terrestre. Simultáneamente —entre el 23 de febrero y el 5 de marzo—, aproximadamente sesenta paramilitares del Bloque Chocó y del grupo Pedro Ponte, adscritos a las ACCU, ejecutaron la Operación Cacarica: remontaron el río Cacarica, pasaron por el caserío Bijao y avanzaron sobre las comunidades afrodescendientes de la cuenca.

En Bijao, los paramilitares detuvieron a Marino López Mena, un líder campesino afrodescendiente. Lo acusaron de ser guerrillero. Lo desmembraron con un machete. La ejecución de Marino López se convirtió, con los años, en el símbolo judicial del episodio: fue por su asesinato —y no por el conjunto de la operación— que la Corte Suprema condenó a Del Río en 2012, y fue el hecho que la Corte Interamericana declaró violatorio de la Convención Americana en su sentencia de 2013.

El saldo humano de las dos operaciones combinadas fue devastador. Más de quince mil campesinos desplazados, según las fuentes de mayor cobertura; alrededor de cuatro mil afrodescendientes, según los conteos más estrictos vinculados a la cuenca del Cacarica; unas mil familias forzadas al éxodo hacia Turbo, Pavarandó, Quibdó y las cabeceras de Vigía del Fuerte y Bojayá. Se estima un saldo de aproximadamente ochocientas víctimas entre las dos operaciones, muchas de las cuales nunca fueron ubicadas por sus familiares. Las comunidades eran, en su enorme mayoría, campesinos afrodescendientes muy pobres, con pocas conexiones e influencia, un rasgo que las fuentes judiciales identifican como factor que facilitó tanto los vejámenes como la posterior indiferencia institucional.

La clave del episodio —y la razón por la que sigue pesando en la memoria pública— es la simultaneidad y la coordinación. Freddy Rendón Herrera, el Alemán, declaró ante la justicia que doce paramilitares actuaron como guías del Ejército durante la Operación Génesis. Los sobrevivientes describieron cordones militares que dejaron avanzar a los paramilitares sin enfrentamiento. La Corte Interamericana, en su sentencia del 20 de noviembre de 2013, estableció que las dos operaciones fueron simultáneas y que existieron relaciones entre ellas: Génesis ejecutada por la Décimo Séptima Brigada, Cacarica por el Bloque Chocó y el grupo Pedro Ponte. La palabra coordinación aparece en el material judicial y testimonial con una insistencia que ninguna narrativa exculpatoria ha logrado desmontar.

Semanas después de Génesis, en julio de 1997, se produjo la masacre de Mapiripán en el Guaviare. Mancuso y alias el Cura declararon ante la justicia que Del Río, como comandante de la Brigada XVII, coordinó el despegue de los aviones desde Urabá que trasladaron a los paramilitares hacia el oriente del país, en articulación con el coronel Lino Sánchez, coordinador operativo de la Brigada Móvil 2. La justicia no ha probado esas acusaciones específicas y Del Río no ha sido juzgado por Mapiripán. Pero el testimonio, reiterado y convergente de varios comandantes paramilitares, insertó definitivamente su nombre en la cartografía nacional del paramilitarismo, más allá de las cuencas del Atrato.

La red: militares, paramilitares, políticos, empresarios

La figura de Del Río solo se entiende si se la sitúa en la red que la sostuvo. Esa red tenía cuatro anillos.

El primero, militar. La Brigada XVII no era una isla. Los testimonios recogidos en sentencias de Justicia y Paz describen una coordinación operativa que incluía rangos medios del Ejército —oficiales de compañía y batallón— con capacidad de ordenar el despeje de áreas para permitir el ingreso paramilitar o de retardar la llegada de tropa a lugares donde se ejecutaban acciones. Una coordinación descentralizada, lo que significa que la colaboración no dependía únicamente de la voluntad del comandante de brigada, sino de una red de oficiales de rango intermedio con autonomía suficiente para sostenerla. La Fiscalía, con base en testimonios de paramilitares, señaló a Del Río como uno de los militares con mayor compromiso en esa coordinación en Urabá. La responsabilidad, sin embargo, se extendía hacia arriba y hacia los lados: hacia otros generales, hacia mandos policiales como el teniente coronel Rigoberto Ambrosio Ojeda Prieto, del comando de Policía del Chocó, con quien alias el Alemán y Hasbún se reunieron en Quibdó para acordar que la Policía no haría operativos contra las embarcaciones paramilitares en el Atrato durante la toma de Riosucio, y hacia el jefe del CIPOL del Chocó, Luis Alfredo Burgos Pabón, señalado en la sentencia del Tribunal Superior de Medellín por su acuerdo de apoyo con los paramilitares.

El segundo anillo, paramilitar. Del Río operaba en articulación con la cúpula de las ACCU/AUC —Carlos Castaño Gil, Vicente Castaño, Salvatore Mancuso— y con los comandantes de bloque que se movían en Urabá y el Bajo Atrato: Rendón Herrera del Bloque Elmer Cárdenas, Hasbún del Frente Árlex Hurtado, y los mandos del Bloque Bananero y el Bloque Tolová. La coordinación no era simbólica: incluía intercambio de información, protección logística, uso compartido de aeródromos —el episodio de los aviones hacia Mapiripán es el más conocido— y, en episodios como la toma paramilitar de Riosucio, el uso de uniformes y fusiles de la fuerza pública por parte de los paramilitares.

El tercer anillo, político. La remoción de Del Río del servicio activo por parte del presidente Pastrana, en el contexto de las denuncias por vínculos con paramilitares, provocó una reacción inmediata: la Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA), junto con la gobernación de Antioquia y otras entidades regionales, organizó un evento público para honrar al general y a otro oficial removido en las mismas circunstancias. El acto fue una declaración inequívoca: los gremios agroindustriales de Urabá y el establecimiento político regional consideraban que Del Río había cumplido un servicio, y estaban dispuestos a defenderlo públicamente contra la decisión presidencial. Esa lectura de clase —la pacificación de Urabá al servicio de intereses agroindustriales concretos— es indispensable para entender por qué la figura del general trascendió lo estrictamente militar.

El cuarto anillo, judicial-institucional. Cuando el Fiscal General Luis Camilo Osorio se posesionó en 2001, una de sus primeras decisiones fue liberar a Del Río de prisión. Tres años después, hacia 2004, cerró el caso. En el mismo período, el coordinador de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, Pedro E. Díaz Romero, fue obligado a renunciar; fiscales especializados como Mónica Amparo Gaitán Muñoz y Luis Augusto Sepúlveda Reyes fueron destituidos y compelidos al exilio; investigaciones contra paramilitares y militares quedaron paralizadas. El caso Del Río se convirtió, en esos años, en el emblema de lo que la Comisión Interamericana denominaría después una situación de impunidad estructural.

La huella: judicialización, condena y memoria

El proceso judicial contra Del Río tiene la textura del desgaste. Fue investigado por primera vez a finales de los años noventa, en el marco de las denuncias por su comandancia en Urabá; fue arrestado; su detención provocó la crisis dentro de la Fiscalía que llevó a la renuncia de Díaz Romero. En 2001 fue liberado por Osorio y el caso fue archivado hacia 2004. Durante casi una década, el general vivió en un limbo entre la reputación de héroe militar cultivada por sus defensores gremiales y regionales y las acusaciones cada vez más concretas de exjefes paramilitares desmovilizados bajo la Ley de Justicia y Paz de 2005.

Fue esa ley —y las versiones libres que impuso a los comandantes desmovilizados— la que reabrió el caso. Mancuso, Rendón Herrera, Hasbún y otros describieron, con nombres y episodios, la coordinación operativa con la Brigada XVII. Las revelaciones y la presión sostenida de las organizaciones de víctimas —particularmente las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica (CAVIDA), que agrupó a los desplazados de 1997— llevaron a la justicia a abrir un nuevo proceso.

En marzo de 2012, en audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, se recogieron los testimonios que atribuían a Del Río y al coronel Lino Sánchez el papel de facilitadores de suministros militares, aviones y garantes de la entrada de paramilitares sin enfrentamiento con la fuerza pública. Ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia condenó a Del Río por delitos relacionados con su auxilio a los grupos paramilitares. La condena, vinculada específicamente al asesinato de Marino López Mena durante la Operación Cacarica, fue histórica: era la primera vez que un general del Ejército colombiano recibía una sentencia penal por complicidad con el paramilitarismo en un caso emblemático del conflicto. Del Río fue recluido en una prisión militar. En 2014, la revista Semana denunció que mantenía influencia sobre oficiales activos y retirados.

En noviembre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia en el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia. Con Diego García-Sayán como presidente y Manuel E. Ventura Robles como vicepresidente, el tribunal declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos derivadas de las operaciones simultáneas de febrero y marzo de 1997. La sentencia estableció con firmeza jurídica lo que las víctimas habían afirmado desde el principio: que la Operación Génesis y la Operación Cacarica no fueron episodios paralelos e independientes, sino operaciones relacionadas entre sí, y que el desplazamiento forzado, el asesinato de Marino López y la destrucción de la vida comunitaria en las cuencas del Atrato eran atribuibles al Estado.

La condena penal de 2012 y la sentencia interamericana de 2013 constituyen, en conjunto, el reconocimiento más explícito que Colombia ha hecho sobre el nexo entre la Brigada XVII y las AUC en Urabá. Pero el reconocimiento tiene los bordes que impuso la propia justicia. Del Río fue condenado por el homicidio de Marino López, no por la Operación Génesis en su conjunto ni por los quince mil desplazados ni por las ochocientas víctimas estimadas del episodio; nunca fue juzgado por Mapiripán, pese a los testimonios convergentes; no fueron judicializados de manera efectiva los mandos superiores a él en la línea de mando del Ejército durante 1997, ni la relación estructural entre las Convivir y la coordinación paramilitar, ni la responsabilidad de los gremios agroindustriales que lo defendieron públicamente cuando fue removido. La condena fue simultáneamente histórica y fragmentaria: nombró a un hombre y a un crimen, pero dejó fuera del cuadro la arquitectura que hizo posibles ambos.

Ahí reside la centralidad de Del Río en el debate sobre la responsabilidad estatal por el paramilitarismo. No es que su caso sea excepcional: es, precisamente, el caso que llegó más lejos, y por eso su límite señala el límite del reconocimiento institucional. La maquinaria de impunidad que operó entre 2001 y 2004 —la liberación, el archivo del caso, los fiscales exiliados, la renuncia forzada del coordinador de la Unidad de Derechos Humanos— demostró que el sistema judicial actuó, durante una década crítica, menos como mecanismo de rendición de cuentas que como válvula de escape ante presiones políticas concretas. La reapertura y la condena de 2012 no llegaron por una autocorrección institucional espontánea: llegaron por la acumulación de testimonios de la Ley de Justicia y Paz, por la presión internacional que se cristalizaría en la sentencia de la Corte IDH, y por la resistencia sostenida de las comunidades de CAVIDA y del Cacarica.

El Urabá que Del Río gobernó militarmente entre 1995 y 1998 quedó transformado. Los territorios colectivos afrodescendientes del Bajo Atrato fueron ocupados por proyectos agroindustriales de palma aceitera y ganadería extensiva. Las comunidades desplazadas iniciaron, desde finales de los noventa, procesos de retorno organizado bajo la figura de zonas humanitarias y zonas de biodiversidad. La restitución de tierras, ordenada por los tribunales a partir de 2011 en el marco de la Ley 1448, ha sido lenta, disputada y en ocasiones violenta. La pacificación que celebró AUGURA en su acto de homenaje al general se reveló, con el tiempo, como el desplazamiento sistemático de una población para la reconfiguración productiva de un territorio.

Del Río nunca ha ofrecido, en sede pública, una versión propia de los hechos que reconozca lo que las cortes establecieron. Sus defensores insisten en la doctrina del cumplimiento del deber militar contra la subversión, y en el argumento de que la Operación Génesis fue una operación legítima contra el Frente 57 de las FARC. El argumento no es falso en su núcleo doctrinal: el Frente 57 sí operaba en el área, y la fuerza pública tenía competencia constitucional para combatirlo. Lo que la evidencia judicial estableció, y lo que ninguna reivindicación castrense ha logrado desmontar, es que la operación se ejecutó de manera coordinada con una incursión paramilitar contra población civil, y que el resultado —quince mil desplazados, ochocientas víctimas estimadas, un líder afrodescendiente desmembrado con un machete— no puede leerse como daño colateral sino como consecuencia previsible de una alianza operativa. En esa distinción, entre la legitimidad del combate y la ilegitimidad de la alianza, se juega la evaluación histórica del general.

La figura de Del Río funciona, en última instancia, como espejo. Devuelve la imagen de un Estado que fue capaz, tras una década de resistencia interna y presión internacional, de condenar a un general por complicidad con el paramilitarismo, y que al mismo tiempo dejó intacta buena parte de la red institucional, política y empresarial que hizo posible esa complicidad. La Colombia posterior a la Constitución de 1991 —con su declaración de Estado social de derecho, su reconocimiento de los derechos étnicos de las comunidades afrodescendientes en la Ley 70 de 1993, su ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos— fue también la Colombia en la que un comandante de brigada pudo operar en articulación con las autodefensas durante tres años sin sanción, y en la que su procesamiento requirió otros quince. Esa distancia entre el marco normativo y la práctica institucional es el terreno donde su caso sigue siendo, más de veinte años después de la Operación Génesis, una pregunta abierta.