Iván Roberto Duque Gaviria

La semblanza de un ideólogo armado

Duque encarnó, dentro del paramilitarismo, una función que ninguno de sus pares militares supo llenar: la de traducir la violencia contrainsurgente al vocabulario de la tradición política colombiana. No provenía del narcotráfico, como Diego Fernando Murillo o Carlos Mario Jiménez; no venía de la venganza personal contra la guerrilla, como los hermanos Castaño; ni había ascendido desde la comandancia rural, como Ramón Isaza o Salvatore Mancuso. Él mismo declaró que nunca sufrió una afectación directa de la guerrilla, y esa ausencia de motivación revanchista lo distingue: llegó a las autodefensas por convicción doctrinaria, no por herida. Su función, según definió con una fórmula reveladora, consistía en "enseñarles la razón de por qué se dispara un arma" a quienes ejercían la violencia directa.

Esa autodefinición —la del intelectual orgánico de la contrainsurgencia armada— resume su lugar en la estructura. Fue secretario de Acdegam en el Magdalena Medio bajo el paramilitarismo de Henry Pérez y Gonzalo Rodríguez Gacha; fundador del Movimiento de Restauración Nacional (MORENA); comandante político del Bloque Central Bolívar bajo Macaco; vocero público de las AUC en la negociación con el gobierno de Álvaro Uribe; uno de los tres jefes paramilitares que hablaron desde el Salón Elíptico del Capitolio Nacional en 2004; y postulado a Justicia y Paz por el proceso que se tramitó, aplazamiento tras aplazamiento, en la Unidad de Medellín. Cada uno de esos papeles corresponde a un momento del paramilitarismo en el que la necesidad de legitimarse hacia afuera se hizo urgente, y Duque estuvo en cada uno de ellos.

Su peso no se mide en cadáveres directos ni en toneladas de cocaína, sino en la arquitectura discursiva que permitió a un proyecto armado de exterminio presentarse ante el país como fuerza política con demandas negociables. Esa mediación es su huella, y también el reproche más grave que puede hacérsele: dio lenguaje al horror.

Los orígenes: Puerto Boyacá y la escuela del Magdalena Medio

Duque se formó políticamente en el laboratorio donde nació el paramilitarismo moderno colombiano: el Magdalena Medio de comienzos de los años ochenta. Era un político activo en la región cuando allí se gestaba, entre ganaderos, oficiales retirados, empresarios de la Texas Petroleum, mandos medios del Ejército y comerciantes locales, el primer proyecto sistemático de autodefensas contra la insurgencia. Fue uno de los primeros apoyadores civiles de aquellos grupos.

Su vehículo institucional fue Acdegam —la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio—, de la que llegó a ser secretario. Acdegam no era una asociación gremial en sentido estricto: fue el canal a través del cual se financiaron los centros de entrenamiento, los sueldos, las armas y las municiones de las estructuras paramilitares de la región. Bajo la fachada del gremialismo campesino se movió el dinero que sostuvo, entre 1982 y 1990, el proyecto que un mayor retirado, Óscar Echandía, había anunciado en diciembre de 1982 con la consigna de una "Puerto Boyacá limpia de guerrilla" —consigna que, a partir de 1983, se convirtió en guerra contra la población civil.

En ese ecosistema, Duque dio el paso lógico: convertir el músculo armado y económico en fuerza electoral. Fundó el Movimiento de Restauración Nacional, MORENA, con un discurso de seguridad nacional, defensa del orden y oposición cerrada a la guerrilla. MORENA fue el primer intento explícito de dotar al paramilitarismo del Magdalena Medio de una representación política formal. Duró poco: el proyecto fue cooptado por el Cartel de Medellín, y la alianza de Henry Pérez con Pablo Escobar y con Rodríguez Gacha terminó desdibujando la frontera —siempre porosa— entre autodefensa y narcotráfico.

Ese fracaso fundacional marcó al Duque posterior. Cuando en los años dos mil reapareciera como comandante político del Bloque Central Bolívar, lo haría con la lección aprendida de aquel primer experimento: que la representación política del paramilitarismo requería un blindaje discursivo mucho más sofisticado, y que la relación con el narcotráfico —lejos de ocultarse— debía ser argumentada como necesidad estratégica. Esa argumentación, precisamente, sería la que lo enfrentaría a Carlos Castaño una década después.

La trayectoria: del Magdalena Medio al Bloque Central Bolívar

La segunda vida pública de Duque comenzó a fines de los años noventa, cuando el paramilitarismo dejó de ser una constelación de grupos regionales y se organizó, bajo la batuta de los hermanos Castaño, en una confederación con vocación nacional: las Autodefensas Unidas de Colombia. En la segunda mitad de 2000, los Castaño ordenaron fusionar los grupos que operaban en el sur de Bolívar, Santander, Puerto Berrío, Yondó, Bajo Cauca y Nariño en una sola estructura: el Bloque Central Bolívar. El mando general recayó en Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco; el liderazgo militar destacado, en Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, que llevaba operando en el sur de Bolívar desde 1998. Al proyecto se integraron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, las de Puerto Boyacá, las Autodefensas del Sur del Cesar, parte de las ACCU y otras estructuras, en un mosaico que incluyó también, por vía de disolución, lo que quedó de las AUSAC tras el asesinato de su comandante Camilo Morantes en noviembre de 1999, ordenado por Carlos Castaño por sus desmanes en Barrancabermeja.

Duque llegó al BCB como comandante político. Su presencia en la estructura está documentada al menos desde 2000-2001. La distinción es importante: Macaco y Julián Bolívar no tenían arraigo previo en el sur de Bolívar —una zona nueva e inexplorada para ellos, atractiva por sus recursos y por la posibilidad de golpear a la insurgencia—, mientras que Duque aportaba precisamente la profundidad ideológica que a la comandancia militar le faltaba. Fue el principal encargado del adoctrinamiento político dentro del bloque: la razón por la que se disparaba un arma, dicha en cada instrucción, en cada arenga, en cada documento.

Esa posición lo enfrentó pronto con la contradicción central del paramilitarismo. El BCB, como buena parte de las AUC, se financiaba con el narcotráfico. Duque —junto con Macaco— sostenía abiertamente que no era posible sostener la guerra sin esos ingresos. Carlos Castaño, en cambio, se oponía a esa dependencia, se enorgullecía de su posición y buscaba una salida negociada con Estados Unidos a cambio de abandonar el tráfico de drogas. La tensión estalló en enero de 2002, cuando Castaño presidió una reunión en Cartago, Valle del Cauca, y pidió a todos los miembros y asociados de las AUC firmar una declaración prometiendo suspender el narcotráfico. Fue en ese contexto donde formuló objeciones específicas contra Duque y Macaco por sus nexos con la producción ilícita.

Dentro de las AUC se decantaron entonces al menos tres facciones. La primera, de extracción narco, buscaba usar el estatus político para sanear su situación jurídica: allí estaban Don Berna y Macaco. La segunda, sin ser originariamente capos, respaldaba a los narcos: Mancuso, Jorge 40. La tercera, encabezada por Castaño, apostaba por la negociación con Washington. Duque se ubicaba en un lugar peculiar: sin origen narco, pero como argumentador de la necesidad del narco. La disputa se cristalizó en el llamado Plan Birmania, impulsado por la facción narco y rechazado de plano por Castaño; ese rechazo fue uno de los detonantes de su renuncia a la comandancia de las AUC, y del propio destino trágico del fundador.

En 2002, mientras esa fractura se abría en la cúpula, Duque hacía política electoral en el sur de Bolívar. Organizó campaña por Carlos Galvis para el Senado y por Yóber Díaz para la Cámara de Representantes: fue el momento en que su función ideológica se materializó en votos concretos, y en que la línea entre bloque militar y maquinaria electoral se borró. Antes había reconocido, en sus declaraciones a la Fiscalía, haber sido vocero a la sombra del Movimiento No al Despeje, aquel activismo que se organizó contra la exigencia del ELN de una zona de distensión durante el gobierno de Andrés Pastrana. Esa plataforma —una causa nacionalista fácilmente respaldable— le sirvió como puente entre el paramilitarismo y el debate público.

La visita al Congreso: el rostro público de la Seguridad Democrática

En julio de 2004, Duque protagonizó el momento más simbólicamente cargado de su trayectoria: entró al Salón Elíptico del Capitolio Nacional acompañado de Salvatore Mancuso y de Ramón María Isaza Arango. Los tres comandantes paramilitares hablaron ante el Congreso de la República con autorización especial del presidente Álvaro Uribe Vélez y con un salvoconducto expedido por el gobierno. La escena era inédita: por primera vez, jefes de una organización responsable de miles de asesinatos, desplazamientos, masacres y desapariciones ejercían tribuna en el corazón institucional del país. La parlamentaria por Córdoba Zulema Jattin Corrales, recién posesionada como presidenta de la Cámara de Representantes, estuvo vinculada a la organización del evento.

Duque declararía después, ante un tribunal de Justicia y Paz, que fue el propio Uribe quien lo instó a asistir al Congreso para justificar el origen de las Autodefensas y contar su trayectoria. Esa versión nunca fue desmentida con la contundencia que hubiera correspondido a semejante afirmación, y el propio comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, admitiría más tarde que no había sido partidario de la visita porque, en lugar de mejorar la imagen del proceso, la empeoró.

Frente al Capitolio, mientras los comandantes hablaban adentro, la calle escenificaba la otra cara del asunto. Partidarios de las AUC portaban pancartas con la leyenda "gracias AUC" e intentaron agredir a familiares de víctimas que reclamaban justicia. La policía terminó cargando contra las víctimas: varios heridos, decenas de detenidos. El Espectador calificó el episodio como de "incalculables consecuencias". Fue la escena que definió lo que significaba, en la práctica, la Seguridad Democrática frente al paramilitarismo: la fuerza pública protegiendo a los perpetradores y golpeando a los deudos.

Para Duque, la visita fue la consagración pública de una función que venía ejerciendo desde hacía años: dar la cara, dar el argumento, dar la historia oficial. Cuando el paramilitarismo necesitó un narrador ante el país entero, fue él quien tomó la palabra.

La negociación: Santa Fe de Ralito, Justicia y Paz y la desmovilización

El marco general en el que se inscribió la visita al Congreso era el proceso de paz con las AUC, formalizado en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado en julio de 2003 entre el Alto Comisionado Luis Carlos Restrepo y los voceros de las Autodefensas, con el compromiso de desmovilización total. La Iglesia católica acompañó las conversaciones exploratorias como facilitadora: varios obispos mediaron en las primeras reuniones entre Restrepo y jefes paramilitares como Mancuso, Castaño y Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán.

Duque fue uno de los voceros centrales de la mesa. Su formación jurídica, su capacidad discursiva y su experiencia previa en la construcción de MORENA lo hacían el interlocutor natural para las cuestiones de arquitectura política del acuerdo. Y sin embargo, desde Santa Fe de Ralito los jefes paramilitares —Duque incluido— siguieron ejerciendo control sobre sus estructuras. Los cabecillas manejaban sus tropas dejadas en la retaguardia o camufladas, y la desmovilización presentaba, en varios frentes, características de simulacro: entrega de armas inservibles, ceremonias con personas ajenas a los grupos, actas infladas.

La Ley de Justicia y Paz, introducida por Uribe y aprobada por el Congreso, fue el instrumento jurídico central del proceso. Concebida como mecanismo para facilitar la desmovilización, fue una legislación de amnistía extremadamente generosa para los paramilitares. La Corte Constitucional intervino en junio de 2006 para endurecerla: si los líderes no cooperaban plenamente con la verdad o no hacían suficiente restitución, serían juzgados bajo la ley penal ordinaria y podrían enfrentar extradición. Esa modificación cambió el cálculo de los comandantes desde adentro.

En agosto de 2006, los líderes de las AUC fueron ordenados a recluirse en una instalación de mínima seguridad en La Ceja, Antioquia. En diciembre de ese mismo año fueron trasladados sorpresivamente a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en Medellín. Duque estuvo entre ellos. El traslado marcó el fin del régimen de acomodo con el que había arrancado la reclusión, y anticipó lo que vendría poco después: el 13 de mayo de 2008, el gobierno colombiano levantó la suspensión de la extradición y ordenó el traslado inmediato a Estados Unidos de catorce jefes paramilitares desmovilizados, entre ellos Mancuso, Jorge 40, Don Berna y Macaco —jefe máximo del BCB, extraditado por haber seguido dirigiendo el narcotráfico desde la propia cárcel de Itagüí.

Duque no fue extraditado. Esa diferencia procesal —quedar en Colombia mientras su comandante militar viajaba a una corte federal en Virginia— resultó decisiva para su historia posterior. Su proceso continuó en la Unidad de Justicia y Paz de Medellín, en etapa de versiones libres. La audiencia de formulación de cargos, señalada para el 26 de abril de 2010, fue aplazada. Julián Bolívar tendría audiencia conjunta de imputación el 9 de febrero de 2011; el proceso de Duque avanzaba por otro carril, con su propio ritmo. Al momento de sus declaraciones ante los tribunales, se identificaba como segundo al mando del BCB de Macaco. Reconoció su paso por Acdegam durante el paramilitarismo de Henry Pérez y Rodríguez Gacha; reconoció, o al menos matizó públicamente, la campaña electoral en el sur de Bolívar; y —el gesto de mayor peso político— sostuvo que había sido el propio Uribe quien lo urgió a ir al Congreso.

Fue en las versiones libres donde Duque cumplió, quizá con más consecuencia que en su vida armada, su función de bisagra. Al hablar ante Justicia y Paz sobre lo que ocurría entre el paramilitarismo y el poder ejecutivo, entre las AUC y las bancadas del Congreso, entre los bloques y las contratistas de servicios públicos, contribuyó —quisiéralo o no— al desmontaje narrativo de la ficción según la cual el paramilitarismo había sido un fenómeno exógeno al Estado. Sus declaraciones alimentaron, junto con las de otros postulados, la avalancha de revelaciones que llegó a su punto máximo en 2007 y que se conoce como la parapolítica.

La red: parapolítica, aliados y adversarios

Duque no operó nunca en solitario. Su trayectoria se entrecruza con los principales protagonistas del paramilitarismo colombiano y con las élites políticas que hicieron posible su expansión. Con los hermanos Castaño —Fidel, Carlos, Vicente— mantuvo la relación de un cuadro doctrinario dentro de un proyecto militar que ellos comandaban desde otra tradición: la del terrateniente en guerra. Con Macaco, la del ideólogo que legitimaba a un jefe de origen narco. Con Julián Bolívar, la de la complementariedad entre el ala política y el ala militar dentro del mismo bloque. Con Mancuso, la del par jerárquico que compartía escenario público. Con Isaza, la del veterano del Magdalena Medio que reconocía en él al camarada del origen.

La red se ampliaba mucho más allá del núcleo armado. En 2002, mientras Duque hacía campaña en el sur de Bolívar, El Alemán aportaba en Antioquia dos mil millones de pesos a candidatos —Óscar Suárez Mira, Antonio Valencia Duque, Jaime Enrique Gallo, Luis Humberto Builes, Rubén Darío Quintero, entre otros— a cambio de representación en el Senado, gestión de proyectos en zonas controladas y participación de sus candidatos preferidos. Bajo el liderazgo de Jorge 40, en Magdalena y Cesar se impulsó el movimiento Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida. En Córdoba se suscribió el Pacto de Ralito entre comandantes paramilitares y políticos regionales con el objetivo declarado de "refundar el país". En 2003, la red clientelar del grupo de Jorge 40 se benefició abiertamente de la contratación estatal en salud y servicios públicos.

Duque fue parte de ese ecosistema, y su función discursiva le daba una posición particular: era él quien podía articular, en clave política y nacional, lo que en cada región funcionaba como pura maquinaria. Cuando Carlos Castaño declaró en 2002 que el 35% del Congreso colombiano era elegido en zonas de influencia de las AUC —cifra que Vicente Castaño ratificaría en 2005 al afirmar que aún tenían al 35% del Congreso como amigos—, describía un mapa dentro del cual Duque había operado como uno de los principales cartógrafos.

La lectura más precisa del fenómeno no es la de una infiltración mafiosa exógena que corrompió a la política, sino la de una alianza activa entre élites políticas regionales y estructuras paramilitares que permitió mantener el mapa político sin cambios sustanciales. La homogenización política que produjo el paramilitarismo en las zonas bajo su control se apoyó en niveles de intimidación que blindaron a las mismas élites en el poder, sin que la población percibiera cambios en la representación. Duque, formado en Puerto Boyacá desde los ochenta, había vivido en primera fila la formación de ese modelo; en los años dos mil ayudó a proyectarlo a escala nacional. La parapolítica no fue, en su caso, un desvío: fue el resultado esperado de un proyecto de largo plazo.

Sus adversarios internos también dibujan la red. Castaño primero —al enfrentarlo en Cartago por su defensa del narcotráfico— y después el propio proceso judicial. Luis Carlos Restrepo, con quien había negociado en Ralito, terminaría admitiendo que su visita al Congreso había sido un error del proceso. Y del otro lado del expediente, los familiares de víctimas —los que fueron golpeados frente al Capitolio en julio de 2004— serían quienes, con más constancia que el Estado mismo, insistirían en que el discurso ideológico de Duque describía una guerra que había tenido nombres, apellidos y fosas concretas.

La huella: verdad tronchada, memoria en disputa

La extradición masiva de mayo de 2008 marcó, para el proceso de Justicia y Paz, un antes y un después. Grupos defensores de derechos humanos y representantes de víctimas advirtieron entonces que el traslado a Estados Unidos de los principales comandantes reducía la posibilidad de hacer justicia sobre crímenes de lesa humanidad y dejaba los derechos de las víctimas en el limbo de la verdad y la reparación. Los hechos les dieron la razón: desde Estados Unidos, Don Berna declaró que no había garantías para él ni su familia y anunció que no declararía más ante la justicia colombiana; propuso, en cambio, colaborar en procesos de parapolítica a cambio de rebajas de pena en cortes federales. Mancuso expresó una posición similar. Macaco continuó su proceso desde Virginia, con audiencia preliminar de medidas cautelares sobre bienes inmuebles desde el 2 de junio de 2009, en una situación jurídica radicalmente distinta a la de sus antiguos subalternos que permanecieron en Colombia.

Ese contraste hizo de Duque una fuente central de verdad —o de la porción de verdad accesible dentro de un proceso que la extradición había mutilado. Sus versiones libres, con sus aplazamientos y su propia lógica autojustificatoria, quedaron como uno de los pocos testimonios directos disponibles desde adentro del BCB. Y ese testimonio, aunque parcial e interesado, alimentó investigaciones judiciales, informes de la Comisión de la Verdad y trabajos periodísticos que documentaron los vínculos entre paramilitarismo y política. El escándalo de la parapolítica, que había alcanzado su punto máximo de revelaciones en 2007, siguió acumulando condenas en los años siguientes: la Corte Suprema de Justicia procesó a un número significativo de políticos por vínculos con grupos paramilitares, en un caso sin precedentes en América Latina por el nivel de la clase política involucrada. La mayoría de las investigaciones, sin embargo, permaneció en etapa preliminar, y se avanzó muy poco en la reparación por parte de los congresistas con nexos comprobados.

La huella de Duque debe medirse en tres registros. Primero, el de la construcción ideológica: contribuyó como pocos a dotar al paramilitarismo colombiano de un discurso propio, una historia oficial, una razón declarada. Ese discurso —el de las autodefensas como respuesta legítima al abandono estatal frente a la guerrilla— sobrevive en versiones edulcoradas en amplios sectores de la política y la opinión colombianas, y buena parte de la eficacia de esa supervivencia le es imputable. Segundo, el de la conexión con el poder político: sus declaraciones ante Justicia y Paz sobre la visita al Congreso y sobre la relación entre Uribe y las AUC son parte del expediente histórico con el que se seguirá evaluando el gobierno de la Seguridad Democrática. Tercero, el de la limitación estructural: Duque no controló el núcleo económico-coercitivo del BCB —Macaco lo hacía, y desde la cárcel—; su rol de ideólogo operó en tensión permanente con los poderes fácticos del bloque, y esa tensión pone un techo a cualquier lectura que lo convierta en cerebro maestro del paramilitarismo. Fue una pieza, no la pieza; pero fue una pieza cuya función ningún otro comandante supo cumplir.

Queda, por encima de todo, la ambigüedad del personaje. Duque no fue un intelectual capturado por la guerra, ni un guerrero civilizado por el debate. Fue algo más incómodo: un hombre que eligió, desde muy temprano, poner una formación jurídica y política al servicio de un proyecto armado de exterminio, y que dedicó tres décadas a explicar por qué esa elección era legítima. Su biografía es la biografía de esa elección, sostenida a través de Puerto Boyacá, MORENA, el Bloque Central Bolívar, la mesa de Ralito, el Salón Elíptico y la sala de audiencias. En la historia colombiana de finales del siglo XX y comienzos del XXI, pocos itinerarios individuales condensan con tanta precisión la fusión entre paramilitarismo, política y Estado. Por eso —no por su fuerza militar, que fue limitada, ni por su carisma, que fue moderado— Iván Roberto Duque Gaviria ocupa un lugar central en el archivo de la guerra colombiana. Fue, durante décadas, la voz con la que el paramilitarismo se explicó a sí mismo, y esa voz —con sus argumentos, sus omisiones y sus revelaciones— quedará como parte irreducible del expediente.