Historia oficial

La historia oficial en Colombia

La historia oficial colombiana no es un libro ni un decreto: es un dispositivo. Una maquinaria de instituciones, textos, fechas conmemorativas y silencios que durante más de un siglo decidió qué se enseñaba en las escuelas, qué se recordaba en las plazas y qué quedaba fuera del relato de la nación. Nació con la Academia Colombiana de Historia en 1902, se consolidó en el Centenario de 1910, se enseñó desde los manuales autorizados por la Iglesia bajo el amparo del Concordato de 1887 y sobrevivió intacta durante la hegemonía conservadora. Su erosión, lenta y desigual, comenzó con la historiografía marxista y la Nueva Historia de Colombia entre los años sesenta y ochenta, pero solo en el posconflicto —con el Grupo de Memoria Histórica, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad— el propio Estado se vio obligado a producir contra-relatos oficiales que convivieran con el suyo. Entender la historia oficial colombiana es entender cómo un país que se pensó a sí mismo bajo una sola narrativa republicana, católica y centralista terminó, un siglo después, publicando en 2022 un informe estatal en veinticuatro volúmenes que dedica tomos enteros al exilio, a los pueblos étnicos y a las regiones que el relato fundacional había ignorado.

Un dispositivo, no un libro

Cuando en Colombia se habla de "historia oficial" no se alude a un texto único ni a una versión canónica escrita por un autor consagrado, sino a un conjunto articulado de prácticas: una institución encargada de custodiar el relato (la Academia), un marco jurídico que subordina la enseñanza a una confesión religiosa (la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887), unos manuales escolares autorizados, unas fechas convertidas en liturgia cívica (el 20 de julio) y una nómina de héroes fundadores. Ese dispositivo no operaba por imposición explícita sino por saturación: era, sencillamente, la historia que se enseñaba, se celebraba y se citaba, y por eso mismo su carácter construido resultaba invisible para quienes la habitaban.

Su peso no fue simbólico. Definió durante generaciones qué provincias figuraban en el mapa mental del país y cuáles no, qué guerras eran gestas heroicas y cuáles episodios lamentables, qué figuras merecían monumento y qué muertos no merecían siquiera nombre. La pregunta sobre cuál es la historia "correcta" de Colombia —una pregunta que los propios historiadores contemporáneos consideran imposible y peligrosa— nació precisamente del reconocimiento de que durante décadas hubo una respuesta única, y de que esa respuesta se produjo desde arriba.

La fundación: la Academia y su misión

El 9 de mayo de 1902, mediante la Resolución 115 del Ministerio de Instrucción Pública, se creó la que sería la institución matriz del relato nacional. Nació con un nombre provisional, Comisión de Historia y Antigüedades Patrias, y solo en diciembre de ese mismo año adoptó el que la haría reconocible: Academia Colombiana de Historia. En 1909, la Ley 24 del 28 de septiembre le reconoció carácter oficial, convirtiéndola en interlocutora obligada del Estado en asuntos de memoria pública, toponimia, símbolos y patrimonio.

El momento no fue casual. En 1902 Colombia agonizaba en la Guerra de los Mil Días, el país estaba a punto de perder a Panamá y la Regeneración de Rafael Núñez, consolidada en 1886, buscaba producir con urgencia una narrativa unificadora que apuntalara al Estado centralista y católico salido de la Constitución de aquel año. La Academia se pensó como el órgano encargado de estudiar las antigüedades americanas y la historia patria: dos vertientes que en la práctica se traducían en una arqueología prehispánica leída en clave de curiosidad anticuaria y una historia republicana centrada en próceres, batallas y actas fundacionales.

La institución cumplió su papel con eficacia. Encargó obras historiográficas a sus miembros, como el trabajo sobre la enseñanza de la historia en Colombia publicado en 1951; emitió pronunciamientos sobre símbolos nacionales; estableció una autoridad que durante décadas nadie disputó seriamente. Roberto Velandia, uno de sus miembros, dejó consignada esa trayectoria en Un siglo de historiografía colombiana: Cien años de la Academia Colombiana de Historia, publicado en 2001, donde el propio cuerpo se narró a sí mismo como custodio de la memoria nacional.

Iglesia, Concordato y aulas: quién enseñaba la historia

La Academia produjo el canon; la Iglesia lo enseñó. Ese fue el otro pilar del dispositivo. La Constitución de 1886, en su artículo 41, dispuso que la educación pública se organizaría y dirigiría en concordancia con la religión católica. El Concordato firmado con la Santa Sede en 1887 lo formalizó con más detalle: el artículo 12 ordenó que en universidades, colegios, escuelas y demás centros de enseñanza la instrucción pública se organizara en conformidad con los dogmas y la moral de la religión católica.

Las consecuencias fueron duraderas. Durante toda la hegemonía conservadora, de 1886 a 1930, la Iglesia mantuvo el control efectivo de la educación pública, y solo con la llegada de los gobiernos liberales en los años treinta el Estado comenzó a recuperar prerrogativas educativas. En ese periodo, los textos escolares oficiales que formaron a varias generaciones colombianas fueron los manuales de los sacerdotes jesuitas José Félix de Restrepo, Faustino Segura y José María Ruano. Este último, autor de uno de los manuales más difundidos, llegó al extremo de prohibir la lectura de tres de los poetas mayores de la modernidad colombiana: José Asunción Silva, Guillermo Valencia y Luis Carlos López. La historia patria enseñada en el aula no era, pues, un relato secular producido por el Estado; era una versión confesional escrita por sacerdotes, autorizada por el Concordato y difundida como verdad única.

La Regeneración fue un régimen autoritario, teocrático y centralista sostenido sobre esos dos pilares, y esa condición explica por qué la historia oficial colombiana tuvo desde su origen un componente religioso que la diferenció de otras historiografías nacionales latinoamericanas. No fue solo una historia de próceres; fue una historia moral, con jerarquías teológicas superpuestas a las jerarquías políticas.

El Centenario de 1910: la liturgia del relato

Toda historia oficial necesita su escena fundacional, su día de máxima intensidad simbólica. En Colombia esa escena fue el 20 de julio de 1910, primer centenario de la independencia, celebrado en Bogotá y en las demás capitales provinciales con actos públicos, monumentos a héroes y escritores, y una gran exposición nacional que exhibía los logros artísticos, científicos y económicos de la República con representantes de todas las tendencias políticas.

La fecha misma tenía historia. El 20 de julio había sido declarado día festivo nacional como aniversario de la independencia mediante la Ley 60 de 1873. José María Quijano, secretario entonces de la Cámara de Representantes, defendió esa fecha públicamente y contribuyó al trámite del proyecto de ley que la consagró. La elección no era neutral: al fijar el aniversario en el episodio bogotano de 1810, se instalaba a la capital como cuna simbólica de la nación y se subordinaban las independencias regionales, cartagenera, mompoxina, socorrana, a un relato centralizado.

La conmemoración de 1910 fue mucho más que una fiesta cívica. Fue la puesta en escena del proyecto de nación que la Regeneración había terminado de definir en la primera década del siglo XX: un Estado triunfante, democrático y centralista salido de la Constitución de 1886, capaz de convertir la historia de la independencia en una historia común a todas las provincias. Los próceres del movimiento independentista, Francisco de Paula Santander, Francisco José de Caldas, Francisco Antonio Zea, fueron consagrados como padres fundadores, y sus figuras se multiplicaron en bronce por las plazas del país.

De aquella conmemoración salió una etiqueta duradera: el "centenarismo", ese talante de optimismo, conciliación, concordia e integración que un grupo relativamente pequeño de intelectuales, la llamada generación del Centenario, convirtió en tono dominante de la cultura política colombiana. Su historia era la de un país en marcha ascendente, unificado bajo la Constitución de 1886, sin fracturas irresolubles ni deudas graves con nadie. Era, exactamente, la historia oficial en su forma más elaborada.

Las grietas: la Nueva Historia y el revisionismo marxista

El dispositivo empezó a agrietarse desde dentro de la academia mucho antes de que las víctimas del conflicto armado se convirtieran en sujetos de memoria oficial. La primera fractura vino en los años sesenta, cuando la historiografía de inspiración marxista comenzó a cuestionar los dogmas de la historia patria latinoamericana.

Álvaro Tirado Mejía publicó su Introducción a la Historia Económica de Colombia, un texto que combinó el método marxista con la historia social, los Annales franceses y la teoría de la dependencia, buscando además una forma accesible al público general. Germán Colmenares dedicó su obra a la historia económica y social del periodo colonial: su Historia Económica y Social de Colombia I (1537-1719) apareció en primera edición en 1973 y alcanzó cinco ediciones hasta 1997, convirtiéndose en referencia obligada. Alrededor de ellos trabajaron Jesús Antonio Bejarano, Medófilo Medina, Gonzalo Sánchez Gómez y Salomón Kalmanovitz, cada uno desde una parcela distinta: la historia agraria, la historia política del siglo XX, la violencia, la economía. El cambio de perspectiva era profundo: donde la Academia veía próceres, la nueva historiografía veía estructuras económicas, clases sociales, sistemas de trabajo forzado, dinámicas regionales, procesos de larga duración.

El punto de llegada de esa renovación fue la Nueva Historia de Colombia, publicada en 1989 en ocho volúmenes bajo la dirección general de Tirado Mejía. No era una historia contra la Academia, exactamente, pero era una historia sin la Academia: producida por universidades, orientada por preocupaciones sociales y económicas, y organizada por temas antes que por reinados o presidencias. Con la Nueva Historia, la historia oficial dejó de ser la única historia legible del país.

Los propios protagonistas de esa renovación reconocieron después algunos de sus excesos: dogmatismo, interpretación mecánica de las clases sociales, uso excesivo del término "burguesía", descuido de mediaciones y complejidades. El desplazamiento, sin embargo, era irreversible. La generación que hizo posible la Nueva Historia había demostrado que se podía escribir la historia de Colombia sin la venia de la Academia y sin el marco moral del Concordato.

Violencia, silencio y eufemismo

Mientras la academia se renovaba, otro proceso corría en paralelo y volvía cada vez más insostenible la historia oficial: el país acumulaba capas de violencia que el relato fundacional no sabía nombrar. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 marcó un punto de quiebre e inauguró un ciclo que se prolongaría durante décadas. La denominación misma que se le dio, "La Violencia", con mayúscula y sin apellido político, condensa la dificultad: donde la Guerra de los Mil Días había sido reconocida como guerra entre iguales con legitimidad recíproca, los conflictos posteriores no recibieron ese reconocimiento y fueron englobados en una categoría casi meteorológica.

Décadas después, el M-19 irrumpiría como la primera guerrilla urbana del país. Su denominación aludía al 19 de abril de 1970, fecha en la que el bloqueo del retorno político de Gustavo Rojas Pinilla —leído por sus fundadores como fraude electoral— se convirtió en referencia fundacional, sin que esa lectura agote las causas que explican su surgimiento. Y por décadas, la guerra y la democracia coexistieron en Colombia mientras grupos armados interferían en el marco institucional asesinando líderes, simpatizantes y activistas políticos de distintas filiaciones. Gonzalo Sánchez lo formuló con precisión: el sistema político colombiano mantuvo una apariencia de estabilidad democrática mientras encubría atrocidades del conflicto armado interno, en una operación permanente de ocultar las peores atrocidades tras las rutinarias prácticas de la democracia.

La historia oficial no tenía casillero para eso. Podía celebrar el Centenario, pero no podía integrar Trujillo. Podía consagrar a Santander, pero no podía nombrar las masacres del Urabá o del Magdalena Medio. El divorcio entre la historia oficial y la experiencia real del país se hizo, con las décadas, escandaloso.

El Estado se desdobla: el Grupo de Memoria Histórica

La fractura definitiva no vino, sin embargo, de la academia sino del propio Estado. En el marco de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creada en la segunda mitad de la década de 2000, se conformó el Grupo de Memoria Histórica bajo la coordinación de Gonzalo Sánchez Gómez, uno de los historiadores formados en la corriente renovadora de los años setenta. El GMH publicó en 2008 su primer informe, Trujillo: una tragedia que no cesa, dedicado a la larga masacre ocurrida en ese municipio del Valle del Cauca entre finales de los ochenta y los noventa. Que el primer informe oficial de memoria del Estado colombiano fuera sobre una masacre, y no sobre una gesta, constituye por sí solo un giro copernicano respecto a la tradición fundada en 1902.

La Ley 1448 del 10 de junio de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, transformó el escenario. En su marco, el GMH devino Centro Nacional de Memoria Histórica, con Sánchez Gómez como director general entre 2011 y 2018. El nuevo organismo se propuso dignificar la palabra de las víctimas de la violencia y darles espacio público de reconocimiento. Su composición era significativa: un Consejo Directivo con representantes de organizaciones de víctimas junto a ministros y directores de entidades estatales, combinando por primera vez, en un organismo oficial de memoria, actores gubernamentales y sociedad civil afectada.

El CNMH construyó en los años siguientes una obra monumental. Estableció un registro de masacres ocurridas entre 1982 y 2007, produjo estudios sobre despojo de tierras, violencia de género, pueblos étnicos, guerrilla, paramilitarismo y secuestro, y publicó en 2013 su informe emblemático: ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, presentado como la investigación más completa realizada hasta entonces sobre el conflicto armado y sus víctimas. Trabajó mediante convenios interadministrativos con universidades, en particular con el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, garantizando cierto anclaje académico. Sus informes se declararon producidos con autonomía académica y bajo responsabilidad exclusiva de la entidad.

Esa autonomía tenía un límite decisivo: los informes del CNMH abordaron el daño causado a múltiples sujetos victimizados desde una perspectiva descriptiva y de síntesis, sin vincular los daños a actores armados específicos, un enfoque orientado a la comprensión histórica más que a la imputación jurídica. Producían verdad pública, memoria institucionalmente respaldada, cifras oficiales sobre masacres y desplazamientos; no producían, en cambio, responsabilidad penal, y ese hiato entre lo narrado y lo procesable atravesó toda la etapa transicional.

La Comisión de la Verdad y el relato ampliado

El siguiente eslabón vino del Acuerdo de La Habana, firmado en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP tras las largas negociaciones adelantadas en la capital cubana. De ese acuerdo salió la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuyo Informe Final fue publicado en 2022 bajo el título Hay futuro si hay verdad: once tomos distribuidos en veinticuatro volúmenes, con ilustraciones, diagramas, fotografías, mapas a color y aparato bibliográfico, cuya reproducción libre autoriza la propia Comisión siempre que se contextualice y se le reconozca como autor corporativo.

La CEV calificó las verdades contenidas en su informe como históricas, extrajudiciales, complejas y centradas en las víctimas: una fórmula que las distinguía de la verdad judicial producida por la Jurisdicción Especial para la Paz y las inscribía en el registro de la memoria pública. Se pensó a sí misma como obra acumulativa: recogió lo producido por el CNMH, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, la justicia transicional, las ONG de derechos humanos, las organizaciones de víctimas y la academia. No pretendía sustituir, sino sumar. El propio CNMH aparece referenciado en su aparato bibliográfico, al menos a través de su Observatorio de Memoria y Conflicto.

La estructura del informe amplió la geografía y los sujetos del relato nacional de manera inédita. El Tomo 9, Resistir no es aguantar, se dedicó a los pueblos étnicos. El Tomo 10, La Colombia fuera de Colombia, al exilio, con testimonios de víctimas desplazadas hacia más de veinticuatro países y una reconstrucción de rutas migratorias forzadas que la historia patria nunca había cartografiado. El Tomo 11, Colombia Adentro, se organizó por regiones —Magdalena Medio, Eje Cafetero, Frontera Nororiental, Antioquia, Orinoquía, Valle y Norte del Cauca— y dedicó volúmenes al campesinado y la guerra. Por primera vez un informe oficial situaba en el centro a Chocó, Putumayo, Montes de María y las demás regiones que la historia patria había tratado como márgenes, y lo hacía con un aparato de testimonios, cartografías y análisis regional que rompía la simetría bogotana del relato de 1910.

La tensión que persiste

Sería tentador contar esta historia como una liberación progresiva: del monopolio de la Academia al pluralismo de la Comisión de la Verdad. El material, sin embargo, no se deja leer así con tanta facilidad.

El CNMH y la CEV son instituciones estatales. Fueron financiadas, diseñadas y mandatadas por el Estado colombiano, y sus informes constituyen, en un sentido preciso, una nueva historia oficial, no la desaparición de la categoría. Que esa nueva historia oficial incluya voces de víctimas, pueblos étnicos y exiliados no la vuelve menos oficial; la vuelve más ancha. Cuál memoria se convierte en documento estatal y cuál queda fuera sigue siendo una decisión política, tomada en última instancia desde arriba, con criterios que ninguna comisión hace enteramente transparentes. La sustitución de un canon por otro más plural no cancela la operación misma de canonización.

El conocimiento acumulado que la CEV integra —el CNMH, la Comisión Histórica del Conflicto, la academia— provenía en buena medida de la generación que renovó la historiografía colombiana desde los años sesenta. Gonzalo Sánchez, coordinador del GMH y director del CNMH, era uno de los historiadores identificados con la corriente marxista y social que había cuestionado la historia patria décadas antes. La institucionalidad transicional no cayó del cielo; fue construida por intelectuales formados en la tradición crítica que primero fisuró el relato regeneracionista desde la universidad y luego lo reescribió desde el Estado. La ruptura fue doble: primero académica, después transicional, y la segunda fue posible porque la primera había desplazado los marcos conceptuales durante medio siglo de trabajo universitario.

Queda un tercer nivel, más difícil: no todos los registros hablan de lo mismo ni valen igual. La memoria de las víctimas no es historia académica, aunque a menudo se apoye en investigación histórica; la verdad extrajudicial de la CEV no es verdad judicial; el conocimiento producido por informes institucionales no es lo mismo que el producido por historiadores independientes en universidades. Tratar estos registros como intercambiables empobrece a todos y alimenta los estereotipos que se pretende disolver. La historia económica del café no se sustituye con un informe sobre desplazamiento forzado, ni al revés; buena parte de la producción historiográfica reciente ha privilegiado enfoques temáticos —política, economía, sociedad, cultura— que no compiten con el registro de víctimas y memoria propio de los informes institucionales, sino que ocupan otro lugar en el mapa del conocimiento sobre el país.

Contra-relatos y arte

Fuera de la academia y de los organismos estatales, la fisura del monopolio narrativo se hizo visible también en la cultura. La muestra Arte y Violencia en Colombia Desde 1948, presentada en 1999 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, cristalizó un fenómeno más amplio: artistas y académicos de diversas disciplinas cuestionando la narrativa histórica oficial y desafiando las fuerzas de jerarquía, elitismo y estratificación social que esa narrativa había legitimado. El arte, que la historia oficial había preferido en clave monumental, cívica y prócera, empezó a nombrar lo innombrable: las masacres, los desplazamientos, los desaparecidos. Obras que hacían visibles cuerpos ausentes, mapas de fosas, listas de nombres, funcionaron como una contramemoria estética que la museografía institucional terminaría absorbiendo.

Ese trabajo cultural fue el correlato simbólico del trabajo intelectual que hacían los historiadores y del trabajo institucional que después harían el CNMH y la CEV. La identidad nacional se construye mediante la apropiación semántica de acontecimientos del pasado con los que un grupo representa lo que cree ser; el territorio nacional emerge de un conjunto de enunciados que delimitan fronteras a través de la apropiación de una historia. Ampliar el catálogo de acontecimientos apropiables —incluir en él a Trujillo, a las víctimas del exilio, a los pueblos étnicos, a las mujeres campesinas de los Montes de María— es, en sentido estricto, ampliar la nación, y también redistribuir el derecho a nombrarla.

Herencia y disputa

Ciento veinte años después de la Resolución 115 de 1902, la Academia Colombiana de Historia sigue existiendo. No ha desaparecido; ha sido flanqueada. A su lado operan hoy universidades con departamentos de historia, un Centro Nacional de Memoria Histórica con archivos digitalizados y publicaciones abiertas, una Comisión de la Verdad cuyo informe puede reproducirse libremente y una comunidad académica internacional que estudia el conflicto colombiano desde múltiples ángulos. El monopolio se acabó; la categoría de historia oficial, no.

Toda nación produce, inevitablemente, versiones oficiales de su pasado: fechas conmemorativas, monumentos, textos escolares, discursos presidenciales del 20 de julio. La pregunta que dejan los últimos veinte años de historiografía y memoria en Colombia no es si habrá historia oficial —la habrá, siempre— sino cuán plural será, qué tanto integrará las voces que durante un siglo estuvieron fuera del relato, cuánto espacio dejará al disenso legítimo y con qué mecanismos permitirá que la próxima generación de historiadores la someta, a su vez, a revisión.

El estudio crítico del pasado colombiano es condición para construir una imagen más exacta del carácter de la nacionalidad y sus carencias, y para corregir errores pretéritos que orienten respuestas a los problemas actuales: la tenencia de la tierra, la relación entre centro y periferia, el estatuto de los pueblos étnicos, la impunidad estructural. Esa función crítica no la cumple ninguna institución por sí sola: no la cumplió la Academia en su primer siglo, no la cumple el CNMH, no la cumplirá la CEV. La cumple, si acaso, la coexistencia tensa de todas ellas con la historiografía universitaria, con el arte, con los archivos comunitarios, con las memorias locales que ninguna comisión terminará de recoger y con la libertad de contradecirse mutuamente sin que el Estado decida qué versión prevalece.

De la historia oficial fundada en 1902 al informe Hay futuro si hay verdad de 2022, Colombia ha pasado de un relato único a una polifonía institucionalmente reconocida. No es el fin de la historia oficial ni tenía por qué serlo. Es la constatación de que un país que ha vivido en guerra durante más de medio siglo no puede seguir contándose a sí mismo como si aún estuviera en el Centenario de 1910.