Pacto de élites

En Colombia, "pacto de élites" es a la vez una categoría analítica y una experiencia histórica repetida: designa los acuerdos cupulares mediante los cuales las dirigencias bipartidistas, económicas y regionales han cerrado filas para estabilizar el régimen en momentos de crisis. No es un episodio —el Frente Nacional suele monopolizar la etiqueta— sino una gramática que atraviesa siglo y medio de vida republicana. De la Regeneración de 1886 al Acuerdo del Teatro Colón de 2016, la resolución de las crisis colombianas ha pasado, una y otra vez, por la mesa donde se sientan los notables: allí se reparten cargos, se acuerdan constituciones, se firman treguas y se desactivan competidores. La historia siguiente es la de esa gramática: sus reglas, sus productos y la sombra —populismo bloqueado, guerrillas persistentes, reformas agrarias hundidas— que sus repartos han proyectado.

La semblanza del concepto

Un pacto de élites, en el uso colombiano, es un acuerdo entre las cúpulas de los partidos tradicionales —a menudo con el respaldo activo de los gremios económicos y de sectores de la Iglesia— para distribuirse el poder político y clausurar, al menos por un tiempo, la competencia abierta. Su forma varía: puede ser una constitución, un concordato, un plebiscito, una ley de justicia transicional. Su función se repite: contener la violencia entre las propias élites, estabilizar la sucesión presidencial, dividir la administración pública y, en el mismo movimiento, mantener fuera del reparto a los actores que no pertenecen al club.

Esa recurrencia no es casual. El Estado colombiano no logró la autonomía característica del Estado burgués moderno: siguió siendo proyección directa de las capas dominantes de la sociedad civil, con escaso margen para arbitrar entre clases. Los gremios —ANDI, FENALCO, SAC, Federación Nacional de Cafeteros— no fueron interlocutores externos, sino instituciones interpenetradas con el aparato estatal. En ese esqueleto, el pacto de élites no es la excepción cuando las cosas se rompen: es la forma normal de gobernar cuando conviene formalizar lo que ya funciona por debajo.

De ahí la tensión que atraviesa el concepto. Puede leerse como respuesta adaptativa a crisis reales —la Guerra de los Mil Días, La Violencia, el narcotráfico, la presión guerrillera— frente a las cuales el país no encontró alternativa institucional. Puede leerse, con igual fundamento, como el mecanismo por el cual una clase dominante interpenetrada con el Estado reproduce su hegemonía cambiando lo necesario para que lo esencial no cambie. Ambas lecturas describen un mismo hecho: durante siglo y medio, las decisiones sobre qué es Colombia y quién manda en ella se han tomado, ante todo, entre pocos.

La Regeneración: el molde fundacional

El primer gran pacto de la historia republicana colombiana se llamó Regeneración y se firmó en piedra constitucional en 1886. Fue una alianza entre el partido conservador y una fracción del liberalismo que rompió con el radicalismo. Rafael Núñez, liberal independiente, llegó a la presidencia por segunda vez en 1884; durante su gobierno se elaboró la Constitución conservadora que reemplazaría la carta federal de Rionegro y organizaría el país sobre tres pilares: centralización política, restablecimiento del vínculo con la Iglesia y exclusión del liberalismo radical del ejercicio del poder.

La coyuntura la abrió la guerra civil de 1885, en la que el régimen liberal radical —ya erosionado por la guerra de 1876-1877— se derrumbó definitivamente. Sobre ese derrumbe se levantó el nuevo edificio. La Constitución de 1886 estableció una estructura política centralizada; el Concordato con la Santa Sede, firmado el año siguiente, devolvió a la Iglesia las propiedades confiscadas durante la desamortización, ató la educación pública a los preceptos católicos, abolió el divorcio civil, concedió autonomía de gobierno a la Iglesia, fuero eclesiástico y ventajas fiscales, e instituyó pagos anuales del Estado como indemnización por la desamortización. El catolicismo, en el marco jurídico regenerador, quedó como religión oficial. Paralelamente, la creación del Banco Nacional y el papel moneda de curso forzoso dieron a la centralización una base monetaria propia.

El precio del pacto lo pagó el liberalismo, expulsado del reparto. Durante toda la época regeneradora tuvo un único representante en la Cámara y ninguno en el Senado; el sistema electoral favorecía sistemáticamente el fraude en su contra. Miguel Antonio Caro, figura intelectual central del régimen y presidente en ejercicio, llegó a calificar en documento oficial al partido liberal de "banda de facciosos" que actuaba en "cuadrilla de malhechores". La Ley 61 de 1888, conocida como Ley de los Caballos, dio herramientas represivas que las administraciones regeneradoras usarían hasta 1904. El período abierto por la llegada de Núñez y la Constitución de 1886 fue de ultraintolerancia: el nexo entre Estado e Iglesia se estrechó hasta convertirse en instrumento de gobierno.

La Regeneración fijó tres rasgos que ninguno de los pactos posteriores lograría —o quiso— desmontar por completo. Primero, la lógica de resolver crisis mediante alianzas cupulares que fusionan dos fragmentos de las élites en un nuevo bloque hegemónico. Segundo, la ecuación estabilidad-exclusión: el precio del orden es la salida forzada del adversario. Tercero, la durabilidad de sus marcos jurídicos: la Constitución de 1886 sobrevivió, con reformas, hasta 1991, y el Concordato marcó la educación colombiana por más de un siglo. Cuando se habla de "pacto de élites" en Colombia, la matriz que evoca es esta.

Coaliciones tempranas: Quinquenio, Unión Republicana, Concordia Nacional

La Guerra de los Mil Días (1899-1902) y la pérdida de Panamá en 1903 dejaron a las élites colombianas frente a una constatación amarga: gobernar con exclusión absoluta del adversario era impracticable, y derrocarlo mediante sublevación armada, imposible. De esa doble imposibilidad nacieron los primeros ensayos de gobierno compartido del siglo XX.

Rafael Reyes llegó a la presidencia en 1904 con un programa de restauración nacional, aprovechando que la guerra había desacreditado a los conservadores y descompuesto al directorio liberal. Su Quinquenio (1904-1909) combinó métodos autoritarios —una dictadura, en propiedad— con un gesto novedoso: la incorporación de los partidos minoritarios al gobierno. Fue, en germen, la idea de que el reparto podía sustituir a la guerra.

Cuando el autoritarismo de Reyes desbordó el pacto tácito, la reacción vino desde Antioquia. Dirigentes encabezados por Carlos E. Restrepo, con respaldo de la familia Ospina, promovieron Juntas Republicanas en varias ciudades: liberales y conservadores históricos confluían por primera vez en una plataforma común. De ahí nació la Unión Republicana. Los Históricos convocaron una Asamblea Nacional Constituyente que eligió presidente a Restrepo para el período 1910-1914, con apoyo tanto de conservadores como Pedro Nel Ospina como de sectores liberales. El gobierno republicano promovió una visión abierta y tolerante que se declaraba por encima de los partidos y fomentó estándares cívicos que en Colombia eran, entonces, novedad.

La secuencia se prolongaría. En 1930, Enrique Olaya Herrera gobernó en nombre de los dos partidos con participación conservadora minoritaria en el gabinete: fue, otra vez, una coalición de crisis. Hacia 1945-1946, Alfonso López Pumarejo formularía propuestas de gobierno compartido que, aunque no cristalizaron, dejaron huella. Estas experiencias comparten un patrón: surgen tras crisis concretas —autoritarismo de Reyes, ascenso liberal tras la hegemonía conservadora, tensión de los años cuarenta— y funcionan como respuestas adaptativas de las élites, no como diseño sistémico. Pero acumulan un aprendizaje que sería explícitamente invocado décadas después: que las diferencias entre los partidos, en lo esencial, habían desaparecido, y que la fórmula del reparto ya tenía precedentes.

Mientras tanto, la economía cafetera reforzaba —sin transformarlo— el sistema político heredado del siglo XIX. La estabilidad conservadora hasta 1930 se combinó con una fase dinámica de desarrollo exportador que consolidó a las élites regionales cafeteras sin abrir el sistema a nuevas fuerzas. Los canales del pacto de élites no se ampliaron: se afianzaron sus bases materiales.

Del Bogotazo al Frente Nacional

La ruptura llegó en abril de 1948. Jorge Eliécer Gaitán, líder liberal disidente, había capturado la imaginación de campesinos y trabajadores urbanos con un discurso que prometía redistribución de tierras y fin de la dominación oligárquica. Era considerado candidato seguro a la presidencia liberal. Su asesinato en Bogotá el 9 de abril desencadenó disturbios en la capital y en todo el país, y marcó el inicio oficial del conflicto conocido como La Violencia, en el que guerrillas liberales se enfrentaron a vigilantes conservadores frecuentemente respaldados por las fuerzas de seguridad del Estado.

La eliminación de Gaitán bloqueó la vía populista en Colombia. En otros países latinoamericanos, figuras equivalentes canalizaron presiones campesinas y obreras hacia proyectos reformistas dentro del sistema; en Colombia, la puerta se cerró con un magnicidio. La memoria de Gaitán persistiría como agravio invocado por sectores populares en armas durante La Violencia, presentado en testimonios de la época como justificación de la lucha campesina.

Tras el asesinato, el presidente Mariano Ospina Pérez reactivó brevemente un gobierno de Unión Nacional con dirigentes liberales, excluyendo tanto al muerto como al conservador Laureano Gómez. Ese acuerdo duró poco más de un año —de abril de 1948 a noviembre de 1949— antes de la ruptura definitiva entre los partidos, que profundizó la espiral de violencia. La estabilidad se buscó, entonces, por otra vía: la del hombre fuerte. Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder en 1953 y derivó pronto hacia una dictadura populista que amenazaba con desplazar a los dos partidos tradicionales. Al percibir que necesitaba apoyo más allá del bipartidismo, Rojas se orientó hacia la construcción de lo que sería la ANAPO, concebida como tercer partido para romper la hegemonía oligárquica. Fue esa amenaza —tanto o más que el hastío de La Violencia— la que empujó a las élites bipartidistas a rehacer el pacto.

Benidorm, Sitges y el Frente Nacional

El escenario fue España. Alberto Lleras Camargo, director del liberalismo tras renunciar a la Secretaría General de la OEA a fines de 1954, se reunió con Laureano Gómez —expresidente conservador exiliado y depuesto por el propio Rojas— en la localidad de Benidorm. El 24 de julio de 1956 firmaron el pacto que llevaría el nombre del lugar: acuerdo entre los dos partidos para propugnar el retorno a la normalidad jurídica e institucional y oponerse a la dictadura. Fue el primer paso.

Rojas Pinilla cayó el 10 de mayo de 1957 y una Junta Militar asumió la transición. En julio de ese año, Lleras Camargo y Gómez volvieron a encontrarse, esta vez en Sitges, para firmar el pacto que dio forma definitiva al Frente Nacional. Los términos: alternancia presidencial entre liberales y conservadores durante dieciséis años, en cuatro períodos de cuatro años cada uno, dos presidentes por partido, y reparto igualitario en gabinetes, gobernaciones, alcaldías y escaños en los cuerpos legislativos. La fórmula se sometió a plebiscito en diciembre de 1957. Sobre una población cedulada de 5.386.931, votaron 4.169.294 por el Sí y 206.864 por el No: participación del 81,93%, respaldo abrumador. Fue, además, la primera ocasión en que las mujeres colombianas ejercieron el derecho al voto, reconocido formalmente en 1954 bajo Rojas.

El 7 de agosto de 1958 tomó posesión Alberto Lleras Camargo como primer presidente del Frente Nacional. El acuerdo consociacional tenía antecedentes reconocidos —la Unión Republicana de 1910, la coalición de Olaya Herrera en 1930, la propuesta de López Pumarejo en los cuarenta—, pero su novedad estaba en la formalización: por primera vez el reparto se elevaba a rango constitucional mediante plebiscito, con reglas escritas y horizonte temporal de dieciséis años. La gramática del pacto de élites se hacía, literalmente, constitución.

Su diseño era coherente con el diagnóstico. Si las guerras habían nacido de la disputa violenta por el control local, había que eliminar los incentivos para esa disputa. Distribuir milimétricamente los cargos públicos entre los dos partidos —hasta la última alcaldía, la última notaría— desactivaba la razón bipartidista para combatirse. En el corto plazo, la fórmula mermó los sectarismos partidistas tradicionales. En el largo, produjo efectos que sus arquitectos no previeron o subestimaron.

La sombra del Frente: clientelismo, exclusión, guerrilla

El Frente Nacional funcionó bajo Lleras Camargo (1958-1962), Guillermo León Valencia (1962-1966), Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) y Misael Pastrana Borrero (1970-1974); su prolongación institucional se extendió, con matices, hasta el gobierno de Julio César Turbay Ayala. En esos años ocurrieron tres desplazamientos que redefinirían la política colombiana.

El primero fue la mutación del bipartidismo hacia el clientelismo puro. Con los partidos formalmente en tregua y sus banderas ideológicas suspendidas, la militancia perdió sentido movilizador. Las candidaturas y los cargos se repartieron entre miembros de familia, subalternos políticos y cuadros partidistas; la burocracia estatal se convirtió en el mecanismo de reproducción electoral del sistema. El clientelismo —negociación mediante la cual las clases dominantes distribuyen bienes y servicios escasos a cambio de apoyo electoral— se alimentó del atraso, el desempleo de vastos sectores y el desarrollo desigual regional. La mala calidad de la administración pública y el aumento de la corrupción no fueron efectos colaterales del pacto: fueron su prolongación natural.

El segundo desplazamiento fue la exclusión constitucional de terceras fuerzas. Colombia habría sido, en su momento, uno de los pocos países de América Latina que perpetuaban con exclusividad el bipartidismo tradicional liberal-conservador; quienes no cabían en el reparto quedaban al margen: las terceras fuerzas desaparecían, se marginaban o eran cooptadas. La ANAPO, expresión política del rojismo, intentó competir dentro de las reglas del sistema en 1970, con resultados que la propia oposición consideró fraudulentos —hipótesis que alimentaría, después, el nacimiento del M-19.

El tercer desplazamiento fue el más pesado. El Frente Nacional inhibió toda expresión del conflicto social y excluyó de la política a las clases subordinadas. El tratamiento meramente militar de los reductos campesinos heredados de La Violencia contribuyó a la formación de nuevas guerrillas: la persecución a colonias agrícolas vinculadas al Partido Comunista precipitó el rearme campesino y, en ese proceso, el nacimiento de las FARC. El ELN, por su parte, surgió como parte del ciclo de insurgencias latinoamericanas impulsadas por la Revolución Cubana de 1959 y alimentadas por el descontento con el pacto bipartidista. El gobierno de Lleras Camargo intentó un Plan de Rehabilitación que redujo temporalmente la acción armada, pero los problemas agrarios de fondo persistieron. El uso casi permanente del estado de excepción cerró el sistema institucional sobre sí mismo y empujó el inconformismo hacia los márgenes.

La ironía es precisa. El Frente Nacional resolvió el conflicto entre las élites bipartidistas —el que había producido La Violencia— desactivando los incentivos para su confrontación. Pero al hacerlo bloqueó los canales institucionales para el conflicto entre las élites y todo lo demás: los campesinos sin tierra, los trabajadores urbanos, las regiones periféricas, los sectores medios ideologizados. El país en el que las élites dejaron de matarse fue también el país en el que emergieron y se consolidaron actores armados dispuestos a negar de raíz el orden así estabilizado.

La red del pacto: gremios, familias, regiones

La solidez del pacto de élites no se explica solo por las decisiones cupulares. Descansa en un tejido orgánico que las hace posibles, y ese tejido tiene tres capas superpuestas.

La primera es la de los gremios económicos, columna material del sistema. La ANDI, FENALCO, la SAC y sobre todo la Federación Nacional de Cafeteros nunca operaron como grupos de presión externos al Estado: fueron instituciones interpenetradas con él. Participaron en la fijación de precios internos, fueron consultados antes de ajustar retenciones, ocuparon asientos en juntas de política económica y sirvieron de reserva de cuadros para los partidos tradicionales. Los principales dirigentes del bipartidismo o sus familias —Mariano Ospina Pérez, Carlos Lleras Restrepo, Alberto Lleras Camargo, Alfonso López Pumarejo— ocuparon en distintos momentos cargos importantes en esos gremios, moviéndose entre la dirección económica y la dirección política sin cambiar de red. Cuando los partidos tradicionales quedaban formalmente suspendidos —el Quinquenio, la dictadura de Rojas—, eran los gremios quienes mantenían los canales de representación y señalaban el camino hacia el poder compartido bipartidista. En rigor, no eran actores externos al Estado que lo presionaban desde fuera: eran una de las formas en que el Estado colombiano estaba organizado.

La segunda capa es la de las familias, malla biológica del poder. Ospinas, Llerases, López, Pastranas, Gómez: pocas dinastías políticas atraviesan un siglo y medio de historia republicana con presencia continuada en la presidencia, los ministerios, la dirección partidista, los gremios y los grandes negocios. La sucesión no fue solo política: fue patrimonial. El poder se hereda en Colombia por vías que ninguna constitución mencionó.

La tercera es la de las regiones. Antioquia proveyó buena parte de la dirigencia republicana de comienzos del siglo XX y siguió pesando en el bipartidismo y en los gremios industriales. La Costa Caribe desarrolló clanes políticos que han controlado durante décadas el poder regional articulando criterios especulativos y endogámicos propios de las élites hacendiles tradicionales, y las élites emergentes de la región replicaron con éxito esas mismas estrategias. Cundinamarca y Boyacá se disputaron con Antioquia y el Valle los cargos nacionales durante el Frente Nacional. La dirigencia nacional colombiana gobierna, en la práctica, a través de redes clientelistas territoriales cuyo material de cambio es el acceso a rentas de corrupción, incluida la captura de la justicia desde despachos locales hasta altas cortes, lo que impide el control ciudadano sobre la clase política.

Ese tejido —gremios, familias, regiones— es lo que hace que los pactos formales de élites en Colombia no sean acontecimientos aislados, sino la formalización periódica de un poder que ya está organizado por debajo. Cuando Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez firmaron en Sitges, no inventaban un pacto: escribían las reglas visibles de uno que llevaba décadas funcionando.

La Constituyente de 1991: un pacto ampliado

Hacia finales de los años ochenta, el país estaba al borde del colapso. El narcotráfico había desatado una ofensiva terrorista sin precedentes contra el Estado; los carteles asesinaban candidatos presidenciales, magistrados, periodistas y ministros. La guerrilla se había expandido. El bipartidismo tradicional, agotado como fuente de legitimidad, era percibido como parte del problema. La reforma constitucional propuesta por el gobierno de Virgilio Barco fue hundida en el Congreso por mayorías liberales y conservadoras con influencia de la mafia, lo que llevó al M-19 —recién desmovilizado— a convocar a rehacer el pacto de paz directamente con el pueblo mediante una Asamblea Constituyente.

La convocatoria prosperó por vías que desbordaron el trámite parlamentario ordinario. La perspectiva de participar en la Constituyente aceleró las negociaciones y desmovilizaciones del Movimiento Armado Quintín Lame, el PRT y el EPL durante 1990 y 1991. La Asamblea se reunió durante el primer semestre de 1991 y sancionó la nueva Constitución el 4 de julio de ese año. Tuvo tres copresidentes que simbolizaban la apertura pactada: Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano y figura conservadora; Antonio Navarro Wolff, exguerrillero del M-19; y Horacio Serpa, liberal. La composición de esa mesa no tenía precedentes en la historia republicana.

La Constitución del 91 fue —y sigue siendo— celebrada como más pluralista y democrática que la de 1886. Consagró derechos fundamentales, mecanismos de participación, autonomía territorial, la acción de tutela, una Corte Constitucional independiente, y reconoció explícitamente la diversidad étnica y cultural del país. Representó, para sus contemporáneos, un paso inmenso hacia la modernización del Estado colombiano. Puede leerse, con toda propiedad, como una ampliación real del pacto: por primera vez actores antes excluidos —guerrillas desmovilizadas, movimientos indígenas, minorías religiosas— se sentaron en la mesa donde se escribieron las reglas.

Pero el pacto tuvo puertas cerradas. En octubre de 1990, el comandante de las FARC "Alfonso Cano" consideró necesaria la participación de las FARC, el ELN y la disidencia del EPL en la Constituyente. Pocas semanas después, la posibilidad de diálogo se frustró casi por completo. El bombardeo a Casa Verde, sede del secretariado de las FARC, coincidió con la elección de los constituyentes. Las dos guerrillas más grandes quedaron fuera. Y aunque la nueva Constitución abrió espacios políticos, no tocó las condiciones agrarias, económicas y regionales que sostenían la insurgencia. El M-19 se desmovilizó; su líder, Carlos Pizarro, fue asesinado siendo ya candidato presidencial. La violencia contra excombatientes reintegrados a la política —la Unión Patriótica había sido diezmada en la década anterior— envió una señal inequívoca sobre los costos reales de dejar las armas.

El pacto del 91 ilustra la paradoja que atraviesa toda la gramática colombiana: fue el más incluyente de la historia republicana y, sin embargo, dejó intactas las condiciones estructurales que producían actores excluidos. Amplió el club sin redistribuir la tierra.

Los pactos post-conflicto: Justicia y Paz, La Habana, Teatro Colón

Los años siguientes acumularon dos pactos más, muy distintos en su naturaleza, pero unidos por la misma gramática.

El primero fue la Ley de Justicia y Paz de 2005, marco bajo el cual el gobierno de Álvaro Uribe Vélez negoció la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. El proceso desmovilizó decenas de miles de combatientes, pero derivó pronto en el escándalo de la parapolítica: múltiples políticos y allegados al presidente fueron procesados por colaboración con los paramilitares, lo que reveló la profundidad de la interpenetración entre élites regionales y estructuras armadas ilegales. Además, las AUC se rearticularon como bandas criminales —las llamadas Bacrim— que preservaron poder territorial, económico y político. El pacto con los paramilitares no fue un acuerdo entre adversarios, sino, en buena medida, la formalización de un vínculo previo entre sectores de la élite política regional y aparatos armados que operaban en su nombre.

El segundo fue el Acuerdo Final de La Habana con las FARC-EP, negociado bajo el gobierno de Juan Manuel Santos y sometido a plebiscito en octubre de 2016. Triunfó el No. Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña del No del Centro Democrático, admitió después que la estrategia comunicativa se había apoyado deliberadamente en medias verdades y en la manipulación de la indignación pública para llevar al electorado a votar en contra. Álvaro Uribe y el Centro Democrático argumentaron que el acuerdo era inconstitucional, violaba normas internacionales como el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención Americana de Derechos Humanos, y equivalía a impunidad total. Los firmantes ajustaron el texto y suscribieron el Acuerdo del Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016.

El punto más resistido fue el primero: reforma rural integral. Sectores poderosos organizados detrás del No consideraron intolerable un capítulo que apenas planteaba condiciones básicas de acceso a la tierra, formalización y desarrollo agrario. La pauta era vieja. La Ley 200 de 1936 bajo López Pumarejo, la reforma agraria de Lleras Restrepo en los años sesenta y el Pacto de Chicoral que la desmontó en los setenta trazan una línea continua de bloqueo a la redistribución rural. Cada intento reformista se enfrentó al mismo veto estructural. La Habana replicó el patrón: desde el inicio de la implementación, altos tomadores de decisiones dentro del Estado colombiano se arrogaron el derecho de cambiar unilateralmente lo acordado, contraviniendo el principio elemental de que lo firmado no podía modificarse por una sola de las partes.

El propio apoyo al Sí revela la gramática. Al menos un sector de las élites que respaldaron el acuerdo —representado por el entonces alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa— justificó su posición principalmente en términos de beneficios económicos: mayor infraestructura, inversión, turismo. La reducción de desigualdades y la inclusión de sectores vulnerables quedó en segundo plano. La paz, incluso vista desde el Sí, podía leerse como negocio antes que como redistribución.

La huella: qué queda del pacto

Cinco veces —1886, el Frente Nacional, la Constituyente, Justicia y Paz, La Habana— las cúpulas colombianas resolvieron crisis mayores mediante acuerdos entre sí, con distintos grados de apertura hacia actores nuevos y siempre con puntos innegociables en materia agraria y redistributiva. La forma cambió; la arquitectura, no.

Los pactos no fueron uniformes, y reducirlos a una sola lógica traicionaría su especificidad histórica. El Frente Nacional cerró el sistema mientras la Constituyente del 91 lo abrió parcialmente. La Habana negoció con un adversario armado real mientras Justicia y Paz formalizó vínculos previos entre política y paramilitarismo. La exclusión sistemática que producen no siempre es fruto de diseño consciente: opera también por la incapacidad del Estado, la violencia de actores no estatales y la fragilidad institucional que empuja a las élites a soluciones cupulares en ausencia de alternativas. Distinguir entre unos pactos y otros importa: no es lo mismo pactar para clausurar el sistema que pactar para ampliarlo, no es lo mismo pactar con adversarios armados que pactar con aliados encubiertos, no es lo mismo un acuerdo elevado a norma constitucional que una ley de sometimiento penal. Reconocer esas diferencias es la condición para que la categoría "pacto de élites" siga siendo útil como herramienta de análisis y no se degrade en consigna.

Pero la recurrencia estructural es innegable. El resultado agregado es un país en el que la estabilidad del régimen se ha logrado repetidamente sin resolver los conflictos que motivaron cada crisis. El liberalismo del siglo XIX fue derrotado antes que reconciliado. El gaitanismo fue asesinado antes que integrado. Las FARC fueron combatidas medio siglo antes de negociadas. Y una reforma agraria seria sigue pendiente. En cada uno de esos episodios, la mesa donde se cerró el conflicto fue más estrecha que el país al que ese conflicto atravesaba, y lo que no cupo en la mesa reapareció, décadas después, con otro nombre y otra bandera.

Hay también una dimensión temporal que conviene subrayar. Los pactos de élites en Colombia no solo repartieron poder en el momento en que se firmaron: fijaron marcos jurídicos e institucionales que sobrevivieron mucho más allá de sus firmantes. La Constitución de 1886 gobernó al país durante ciento cinco años. El Concordato marcó la educación durante más de un siglo. El Frente Nacional configuró la cultura política del clientelismo que aún hoy organiza buena parte de la representación territorial. La Constitución de 1991, con todas sus virtudes, no ha logrado sustituir esa cultura, y en algunos aspectos convive con ella. Los pactos, en Colombia, tienen la particularidad de durar más de lo que sus autores calcularon, y de proyectar efectos —queridos y no queridos— sobre generaciones que no participaron en ellos.

De ahí que el debate sobre el pacto de élites en Colombia sea, en el fondo, un debate sobre el país mismo. Quienes ven en la fórmula la única vía posible para un Estado frágil frente a crisis extremas subrayan la contención de la violencia y la estabilidad relativa que los pactos han producido en un contexto donde las alternativas eran peores. Quienes ven en ella el mecanismo de reproducción de una dominación estructural señalan que esa estabilidad se pagó —y se paga— con la exclusión sistemática de los actores populares, agrarios y armados que quedaron fuera del reparto, y que, sin resolver esa asimetría, los pactos siguientes reproducirán la lógica de los anteriores. Ambas lecturas describen algo cierto de Colombia. Y ambas coinciden en un punto: la historia del país no se entiende sin la mesa de los pocos, ni sin la sombra que esa mesa proyecta sobre todo lo demás.