Caída de Rojas Pinilla y Junta Militar (1957)

Caída de Rojas Pinilla y Junta Militar de 1957

Entre el 6 y el 10 de mayo de 1957, Colombia asistió a un espectáculo que sus protagonistas se apresuraron a llamar restauración democrática: banqueros que cerraron sus cajas fuertes, industriales que apagaron sus fábricas, estudiantes que marcharon por la carrera Séptima, curas que leyeron pastorales desde el púlpito y periódicos —los pocos que aún circulaban— que convirtieron su papel en munición contra el general Gustavo Rojas Pinilla. Cuatro días bastaron para desalojar del Palacio de San Carlos al hombre que en junio de 1953 había sido recibido como pacificador y que ahora, tras intentar reelegirse hasta 1962 mediante una Asamblea Nacional Constituyente hecha a su medida, entregó el poder a una junta de cinco generales. El acontecimiento cerró el único paréntesis castrense del siglo XX colombiano, abrió la transición al Frente Nacional y selló, en el mismo movimiento, el pacto excluyente que gobernaría el país durante los dieciséis años siguientes. Este artículo reconstruye ese ciclo breve y decisivo: desde la maniobra constituyente de comienzos de 1957 hasta el plebiscito del 1 de diciembre, cuando 4.169.294 colombianos ratificaron con su voto un acuerdo diseñado en Benidorm y Sitges por dos hombres que llevaban años sin pisar el país.

El mundo del que brotó la caída

Cuando Rojas Pinilla tomó el poder el 13 de junio de 1953, lo hizo con el respaldo tácito de los dirigentes tradicionales del liberalismo y de las facciones conservadoras enfrentadas con Laureano Gómez. El golpe se presentó no como ruptura, sino como sedante: la fórmula "paz, justicia y libertad" respondía a la guerra que asolaba el Tolima, los Llanos y buena parte del país desde el Bogotazo. Los primeros meses trajeron amnistías, entregas de guerrilleros liberales en los Llanos, obras públicas, televisión, una economía cafetera todavía próspera. Pero hacia 1954 el precio internacional del café empezó a descender, y con él la coreografía de bonanza que sostenía al régimen.

El 3 de agosto de 1954, la Asamblea Nacional Constituyente —convocada originalmente por Laureano Gómez para reformar el orden jurídico y ahora reciclada como cuerpo palaciego— eligió a Rojas para un período presidencial propio hasta 1958. Días antes, el 30 de julio, mediante acto legislativo n.° 1, la propia ANAC había ampliado su composición en cuarenta miembros: treinta y ocho designados por el presidente y dos por la Iglesia, un artificio destinado a asegurar la mayoría reeleccionista. La operación pasó casi inadvertida en un país todavía dispuesto a concederle al general el beneficio de la duda.

Ese beneficio se agotó rápido. En 1955 el déficit comercial llegó a menos setenta y dos millones de dólares. La liberación de importaciones —incluidas las del propio gobierno— presionó las reservas internacionales al tiempo que las divisas cafeteras menguaban. La deuda comercial vencida, acumulada en facturas, servicios, dividendos y regalías a favor de firmas extranjeras, iba camino de los quinientos millones de dólares. El déficit fiscal se acumulaba en ochenta millones de pesos del año anterior, con quince millones mensuales adicionales en 1957. El empresariado, que había aplaudido al régimen cuando le construía carreteras, empezó a irritarse con la intervención estatal en la economía privada y con una reforma fiscal que provocó, según se dijo entonces, "la cólera de los industriales".

A esa erosión material se sumó una política. Rojas, que había llegado como delegado del bipartidismo, decidió construir sus propios cimientos. Creó SENDAS —el Secretariado Nacional de Asistencia Social— y puso al frente a su hija María Eugenia, de veintiún años. SENDAS repartió víveres en los barrios tuguriales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla; extendió la seguridad social a campesinos, otorgó préstamos a pequeños agricultores en los Llanos, repatrió desplazados desde Panamá y Venezuela, atendió a miles de familias campesinas afectadas por la violencia. La operación construyó una base popular real entre las capas desclasadas que los partidos tradicionales nunca habían mirado de frente. Fue precisamente ese giro —la apelación a un pueblo distinto al que representaban las jerarquías liberal y conservadora, el coqueteo con sindicatos y con la idea de una Tercera Fuerza— lo que provocó la reacción decisiva del bloque de poder tradicional. Cuando Rojas dejó de ser un instrumento de las élites y empezó a intentar convertirse en su rival, las élites se reunificaron para derribarlo.

El 24 de julio de 1956, Alberto Lleras Camargo viajó a Benidorm, un pequeño pueblo de la costa levantina española, a buscar a Laureano Gómez, que vivía allí en el exilio desde 1953. El Acuerdo de Benidorm que firmaron ambos jefes proponía el regreso a la normalidad jurídica y planteaba la posibilidad de gobiernos bipartidistas como forma de terminar con el régimen militar. Era la reconciliación, en tierra franquista, de los dos hombres cuyos partidos se habían masacrado durante casi una década. El precio de esa reconciliación —el desalojo de Rojas— comenzó a cobrarse desde entonces.

Los cuatro meses del derrumbe

El 27 de enero de 1957, el general Gabriel París Gordillo, hombre de máxima confianza de Rojas, dio a conocer la "decisión irrevocable" de las Fuerzas Armadas de que el presidente permaneciera en el poder hasta 1962. La declaración pretendía blindar la reelección con la autoridad castrense antes de que la ANAC —o la nueva Asamblea Constituyente que se proyectaba en su reemplazo, un cuerpo de noventa miembros con un tercio designados directamente por el presidente y los otros sesenta escogidos por juntas locales elegidas por la propia ANAC saliente— la formalizara. La maniobra era transparente: un aparato constitucional diseñado para que Rojas se eligiera a sí mismo.

Fue el detonante. El 29 de enero, Mariano Ospina Pérez —jefe de la última facción conservadora que aún respaldaba al régimen— se retiró de la ANAC y, junto con Alberto Lleras Camargo, se pronunció públicamente contra la declaración del general París. La deserción ospinista fue decisiva. Convirtió lo que era una oposición liberal y laureanista en una coalición completa: todo el bipartidismo tradicional, sin fisuras, contra el proyecto de perpetuación.

El 20 de marzo de 1957, en Cartagena de Indias, los tres bloques —liberalismo de Lleras, conservatismo laureanista y conservatismo ospinista— firmaron un pacto dirigido contra la reelección y a favor de la restauración democrática. La coalición operativa quedó armada. A partir de ese momento, la ofensiva se libró en varios frentes simultáneos.

En la Iglesia, el cardenal Crisanto Luque dirigió a Rojas una carta enérgica en la que impugnaba su reelección y le pedía propiciar el retorno a la democracia. La misiva permaneció bajo reserva y solo sería revelada por la prensa días después de la caída. Su circulación privada, sin embargo, hizo su trabajo: privó al régimen del respaldo eclesiástico que había sido pilar del conservatismo desde el siglo XIX.

En las universidades, la agitación estudiantil venía de tiempo atrás —el régimen ya cargaba con la violencia contra estudiantes de 1954 y con la agresión a civiles en la plaza de toros de Bogotá en 1956—, pero en las primeras semanas de mayo se transformó en huelga abierta. En los gremios, las cámaras de comercio, la banca, la industria y las asociaciones profesionales empezaron a organizar el paro. Los periodistas e intelectuales que aún no estaban exiliados —Carlos J. Villar Borda había buscado protección en España en 1956, Gabriel García Márquez había salido hacia París en 1955— convirtieron cada tribuna disponible en denuncia. El Tiempo y El Espectador, clausurados por el régimen, circulaban clandestinamente en versiones abreviadas o bajo cabeceras sustitutas.

La convergencia se produjo en los primeros días de mayo. El paro cívico fue casi un ballet de clases: los bancos no abrieron, las fábricas suspendieron turnos, los comercios bajaron las cortinas, los estudiantes ocuparon las calles, los curas leyeron desde el púlpito. Fue una huelga que las élites organizaron y llamaron popular, y que —por la magnitud del deterioro económico y por el hastío acumulado— consiguió efectivamente un respaldo social amplio. La ironía del episodio, que nadie tuvo interés en subrayar entonces, es que quienes exigían el retorno a la democracia representaban exactamente al bloque de poder que había hecho innecesario cualquier compromiso democrático durante décadas.

Durante la noche del 9 al 10 de mayo, Rojas hizo su último cálculo. Envió al general Rafael Navas Pardo a la casa del dirigente conservador Álvarez Restrepo, donde estaba reunido un grupo de jefes del partido. Navas Pardo llegó hacia las diez de la noche y permaneció unas seis horas. Rojas les ofrecía una fórmula: un régimen militar-conservador con él a la cabeza titular. Era su última carta —dividir a la coalición seduciendo al ala conservadora con la promesa de compartir el poder—. Los reunidos deliberaron durante horas sobre cómo debía gobernarse Colombia tras la salida del general. La respuesta que Navas Pardo llevó al Palacio, en la madrugada, fue el rechazo.

Rojas Pinilla dimitió esa misma jornada del 10 de mayo de 1957. Entregó el poder a una Junta Militar compuesta por cinco generales: Gabriel París Gordillo, Rafael Navas Pardo, Deogracias Fonseca, Luis E. Ordóñez y Rubén Piedrahíta Arango. La sucesión fue militar, pero la orden vino de otro sitio: la Junta era un compromiso entre la institución armada, que no quería la humillación de un desplazamiento civil directo, y el bloque bipartidista, que necesitaba un puente ordenado hacia el Frente Nacional que ya estaba dibujado sobre el papel. Rojas partió al exilio. Bogotá amaneció eufórica el 11 de mayo, con la Plaza de Bolívar llena y las campanas de la Catedral repicando.

Lo que empujó y lo que precipitó

Distinguir causas estructurales de detonantes es indispensable para no leer el episodio como epifanía o como conspiración. Bajo el fondo del cuadro estaban las cifras: el precio del café en descenso desde 1954, un déficit comercial de menos setenta y dos millones de dólares en 1955, una deuda comercial vencida cercana a los quinientos millones de dólares, un déficit fiscal de ochenta millones acumulados y quince mensuales adicionales, la sexta parte de las importaciones de 1956 —cien millones de dólares— gastada en productos agrícolas que el país no producía. Ese deterioro paralizó empresas, generó desempleo y quitó al régimen la principal moneda con la que había comprado consenso: la prosperidad.

Sobre esa erosión material se montaba otra, política. El régimen había roto con sus mentores. La represión a la prensa —el cierre de El Tiempo, El Espectador y El Siglo entre 1955 y comienzos de 1956—, la agresión a estudiantes y a civiles en la plaza de toros en 1956, la creación de SENDAS y el proyecto de una Tercera Fuerza que apelara directamente a los sectores populares al margen de los partidos alienaron tanto a la opinión ilustrada como a las jerarquías bipartidistas. Los industriales, además, se enfurecieron con la reforma fiscal y con la intervención del Estado en asuntos que consideraban propios.

Pero fue un acto específico el que convirtió esas erosiones acumuladas en coalición operativa con fecha de acción: la maniobra constituyente de enero de 1957. La declaración del general París del 27 de enero, seguida del proyecto de reemplazar la ANAC por una nueva Asamblea aún más domesticada, fue el detonante que unificó a Ospina con Lleras y con Gómez. Sin esa provocación —sin la evidencia palpable de que Rojas se disponía a perpetuarse hasta 1962 por un mecanismo palaciego—, es dudoso que la oposición hubiera cristalizado en la coordinación bipartidista que hizo posible el paro de mayo. La reelección irregular no fue una causa entre otras: fue la que sincronizó los relojes.

Hay una lectura complementaria que conviene sostener sin exagerarla. El proyecto populista de Rojas nunca terminó de constituirse. SENDAS repartió víveres, pero no construyó un partido; la Tercera Fuerza fue un anuncio antes que una organización; las bases sindicales que Rojas intentó cortejar carecían de la fuerza que en la Argentina peronista habían sostenido a Perón. El régimen se derrumbó porque la coalición de élites lo empujó y porque la economía le fallaba, pero también porque no había alcanzado a crear los cimientos alternativos que hubieran podido resistir ese doble embate. La semilla populista, sin embargo, sobrevivió: reaparecería más de una década después en la Alianza Nacional Popular, la ANAPO, y acompañaría a Rojas hasta el final de su vida.

Los primeros meses de la Junta

La Junta Militar de los cinco generales —París, Navas Pardo, Fonseca, Ordóñez y Piedrahíta— asumió un país con una economía asfixiada, una violencia rural persistente en Tolima, Valle del Cauca y los Llanos, y una hoja de ruta política escrita, en lo esencial, por Lleras y Gómez. Su tarea era estabilizar en lo económico, transitar en lo político y, sobre todo, no obstaculizar. El bipartidismo la vigilaba de cerca a través del ministro Alberto Ruiz Novoa y de sus emisarios civiles.

En materia económica, la Junta se movió con urgencia sobre el déficit fiscal y la parálisis empresarial. Expidió el Decreto 290 de 1957, orientado a atacar el problema de la tierra y de la caída de divisas mediante mecanismos tributarios que no tocaban la propiedad. La medida se apoyaba en un informe especial del Banco Internacional de 1956 que proponía clasificar la tierra en tres categorías para efectos de tributación. Era una reforma técnica, cuidadosa de no alarmar a los propietarios, ajustada al horizonte reformista de las agencias multilaterales de la época. La estructura de la propiedad rural, que era el corazón del problema agrario colombiano y de la violencia que sacudía al campo, quedó intacta.

En lo político, la Junta cumplió el guion. El 20 de julio de 1957 —fecha nada casual—, Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo firmaron en Sitges, otra localidad de la costa mediterránea española, el pacto que dio forma definitiva al Frente Nacional. El Pacto de Sitges estableció que la presidencia se alternaría cada cuatro años entre liberales y conservadores durante cuatro períodos —dieciséis años en total— y que los cargos electos y designados se dividirían por mitades exactas entre los dos partidos. Era, más que un acuerdo de gobierno, un tratado de paz entre las dos élites que se habían combatido durante La Violencia, y era también un sistema cerrado: al reservar todo el aparato del Estado a esos dos partidos, dejaba fuera del juego institucional a cualquier otra fuerza política.

La Junta convocó entonces el plebiscito por medio del Decreto 0247 de 1957, expedido al amparo del estado de sitio. El ciudadano Pedro Nel Rueda Uribe demandó la inconstitucionalidad del decreto. La Corte Suprema de Justicia, en una decisión que evitó pronunciarse sobre el fondo, se declaró inhibida; la Procuraduría General había conceptuado favorablemente. El vacío jurídico se resolvió por vía política: la Corte no se atrevió a bloquear un mecanismo que contaba con el respaldo unánime del bipartidismo, la Iglesia, el empresariado y las Fuerzas Armadas.

El plebiscito se celebró el 1 de diciembre de 1957. Por primera vez en la historia colombiana, las mujeres votaron en una consulta nacional: el artículo 2 del decreto estableció el derecho al voto para mujeres y varones mayores de veintiún años. Los resultados fueron abrumadores: 4.169.294 votos por el Sí frente a 206.864 por el No, sobre una población cedulada de 5.386.931 personas, con una participación del 81,93%. Cerca del 95% de los sufragios respaldó el Frente Nacional. Siete de los catorce artículos del texto plebiscitado se referían a la paridad bipartidista. Otras disposiciones establecían que las reformas constitucionales solo podrían hacerse en adelante por el Congreso —cerrando la puerta a nuevas asambleas constituyentes— y que se destinaría una porción del presupuesto nacional a la educación pública. Se exigieron mayorías de dos terceras partes en las corporaciones públicas para ciertas decisiones, lo que institucionalizaba el veto cruzado entre los dos partidos.

En mayo de 1958, la Junta entregó el poder al primer presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo, elegido con el respaldo formal de las dos colectividades tradicionales. El ciclo estaba cerrado.

Consecuencias

Las consecuencias inmediatas fueron perceptibles en semanas. Los periódicos reabrieron. Los exiliados regresaron. Las universidades volvieron a la normalidad. Los presos políticos fueron liberados. Rojas partió al exilio, del que retornaría años después para ser juzgado por el Senado y para fundar la ANAPO, canal por el que fluiría todo lo que el Frente Nacional dejaría fuera de la institucionalidad.

Las consecuencias de mediano y largo plazo fueron más ambiguas. El Frente Nacional, en tanto arquitectura institucional, consiguió lo que se había propuesto: acabar con la guerra entre liberales y conservadores como forma de conflicto principal. La confrontación bipartidista, que había producido cientos de miles de muertos entre 1946 y 1957, se apagó como fuego de partido. Los pueblos del Tolima y del Valle dejaron de arder por la vieja causa azul o roja. Pero la violencia no cesó: mutó. Los cuadros armados que no aceptaron las amnistías, o que las aceptaron y fueron traicionados después, se transformaron en bandolerismo primero y en guerrillas de nuevo tipo después. Las FARC y el ELN, fundadas en la década siguiente, tienen su prehistoria directa en los territorios que el pacto de las élites no supo o no quiso incorporar.

Aquí aparece la ceguera constitutiva del acuerdo. El paro de mayo de 1957 fue una movilización profundamente urbana: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, las capitales del país civilizado que las élites consideraban propio. La violencia rural, en cambio, no participó de esa insurrección cívica ni fue objeto de ella. Los campesinos del Tolima o de los Llanos —muchos de los cuales habían recibido víveres de SENDAS y por eso guardarían durante años una lealtad afectiva a Rojas— no fueron actores de la caída ni sujetos de la restauración. El Frente Nacional se diseñó como pacto entre partidos, no como respuesta al problema agrario. El Decreto 290 de 1957, cuidadoso de no tocar la propiedad, prefiguraba la lógica del arreglo: reformar los márgenes, blindar el núcleo.

El bipartidismo cerrado tuvo, además, un costo democrático evidente. Al reservar la totalidad de los cargos a los dos partidos históricos, el Frente Nacional condenó a la vida política extraparlamentaria, o directamente clandestina, a todo lo que no fuera liberal o conservador: la izquierda, el sindicalismo autónomo, los movimientos regionales y —con particular ironía— al propio rojismo, que reaparecería como oposición popular con la ANAPO y estaría a punto de ganar las elecciones presidenciales de 1970. La deslegitimación del sistema, y la insistencia con que muchos de sus críticos lo llamaron oligárquico, tuvo su raíz precisamente en la arquitectura pactada en Benidorm, Sitges y Cartagena.

Hubo también consecuencias culturales. El régimen de Rojas había roto varias reglas tácitas —la del respeto a la prensa, la del monopolio bipartidista de la política, la del recato en el uso del Estado como despensa clientelar—, pero al ser derrocado por una coalición de élites que se autorrepresentó como pueblo, el pacto restaurador consagró una gramática política que se prolongaría por décadas: la de una democracia que se piensa a sí misma como consenso ilustrado y que trata como amenaza cualquier movilización que no controle desde arriba.

Por qué sigue importando

La caída de Rojas y la Junta de 1957 son el episodio bisagra del siglo XX colombiano. Todo lo anterior —La Violencia, el Bogotazo, la República Liberal, la Regeneración— fluye hacia allí; todo lo posterior —el Frente Nacional, la aparición de las guerrillas modernas, el desprestigio del bipartidismo, la Constitución de 1991— fluye desde allí. Comprender qué pasó entre enero y diciembre de 1957 es comprender cómo Colombia dejó de matarse por partidos y empezó a matarse por otras cosas.

El episodio importa también porque plantea, con inusual claridad, una pregunta que sigue vigente: qué es una insurrección cívica. Los cuatro días de mayo fueron una movilización real, con miles de personas en las calles, con riesgo físico para quienes marcharon, con euforia genuina en la Plaza de Bolívar la mañana del 11 de mayo. Pero fue también una operación milimétricamente organizada por banqueros, industriales, jefes de partido, jerarcas eclesiásticos y directores de periódico, cuyos objetivos —restaurar el bipartidismo, blindar la propiedad, cerrar la ventana populista que Rojas había entreabierto— coincidieron durante unos días con el hastío legítimo de sectores sociales más amplios. Distinguir esas capas, sin caer en el reduccionismo de leer todo como manipulación ni en la ingenuidad de leer todo como pueblo, es una tarea que la historiografía colombiana no ha terminado.

Importa, finalmente, porque el plebiscito del 1 de diciembre de 1957 fue el único momento en más de un siglo de vida republicana en que casi cinco millones de colombianos —incluidas por primera vez las mujeres— votaron directamente sobre la forma de su régimen político. Ese voto fue simultáneamente un acto de participación democrática sin precedentes y la ratificación de un pacto excluyente diseñado por dos hombres en una playa española. En esa paradoja está condensada buena parte de la historia política colombiana del último medio siglo: la de un país que aprende a votar en el mismo acto por el que consiente su exclusión de las decisiones que importan.

Rojas Pinilla salió del Palacio el 10 de mayo de 1957 con la certeza de que volvería. Doce años después, en las elecciones presidenciales de 1970, estuvo a punto de tener razón.