Las guerrillas colombianas y el Frente Nacional

¿Fueron las guerrillas colombianas hijas del Frente Nacional?

Si el pacto bipartidista firmado en Sitges y Benidorm y ratificado por plebiscito el 1 de diciembre de 1957 cerró el sistema político colombiano a toda tercera fuerza durante dieciséis años, ¿no fue ese mismo cierre el que empujó a las FARC, al ELN, al EPL y al M-19 a la vía armada? La respuesta rápida —"el Frente Nacional engendró a la insurgencia"— circula con eficacia divulgativa y contiene una verdad. Pero es una verdad asimétrica: ilumina algunas trayectorias y oscurece otras. Cada una de las cuatro guerrillas clásicas tiene una genealogía propia respecto al pacto, y la fórmula de "hijas legítimas" solo se sostiene para dos de ellas, y no del mismo modo. Conviene pesar esa causalidad guerrilla por guerrilla: el Frente Nacional funcionó menos como padre biológico que como dispositivo de clausura selectiva, condición necesaria en algunos casos, telón de fondo permisivo en otros, causa directa solo en uno.

Dos relatos incompatibles

Lo que se juega al responderla no es un debate escolar. La historia oficial colombiana ha oscilado entre dos relatos incompatibles. En uno, el Frente Nacional fue el arreglo civilizado que puso fin a la guerra bipartidista de La Violencia —más de doscientas mil víctimas mortales y dos millones de desplazados— y devolvió al país la democracia electoral; las guerrillas serían entonces una desviación externa, importada de La Habana, ajena al pacto. En el otro, el mismo Frente Nacional cerró el sistema con tal violencia excluyente que fabricó a su propio enemigo: el conflicto armado contemporáneo sería su hijo no reconocido, y la paz de las élites de 1957 se pagó con medio siglo de guerra en la periferia.

Ninguno de los dos relatos resiste el detalle. El primero olvida que en 1957 ya existían actores armados —autodefensas campesinas comunistas, colonos desplazados, guerrillas liberales no del todo desmovilizadas— que el pacto no incluyó ni desarmó, y que la ofensiva contrainsurgente de los años sesenta se desplegó en su nombre. El segundo exagera el poder demiúrgico de un arreglo de élites y descuida factores estructurales de largo plazo —la cuestión agraria no resuelta, la Guerra Fría, la ola cubana— que habrían producido insurgencia con o sin Sitges. Situarse entre ambos exige distinguir causas estructurales de coyunturales y, sobre todo, mirar guerrilla por guerrilla: las FARC no nacieron como el M-19 ni el ELN como el EPL.

Los términos del debate

La primera tesis fuerte sostiene que el Frente Nacional no fue pacificación bipartidista sino dispositivo de exclusión dirigido específicamente contra el comunismo agrario ya consolidado en La Violencia. En esta lectura, el cierre fue contrainsurgente por diseño, no por efecto: la alternancia liberal-conservadora y la paridad en cargos públicos envolvían institucionalmente un acuerdo cuyo verdadero contenido era neutralizar al Partido Comunista Colombiano, que desde fines de 1949 había ordenado a sus militantes alzarse en autodefensa ante la ley marcial de Mariano Ospina Pérez, mantenía columnas armadas en varias regiones del sur del Tolima y el piedemonte oriental —Sumapaz, Guayabero, Ariari, El Pato— y, a diferencia de las guerrillas liberales, no había entregado las armas.

La segunda tesis desplaza el peso causal hacia lo estructural: el cierre electoral por sí solo no explica ni la reproducción del bipartidismo ni la aparición de la guerrilla; pesan más la modernización sin reforma agraria y la urbanización descontrolada. Aquí la variable decisiva no es Sitges sino la Ley 135 de 1961 —formalmente una reforma agraria, prácticamente inocua— y su desmonte deliberado en el Pacto de Chicoral de enero de 1972. Sin ese fracaso reformista, la exclusión partidista habría sido irritante pero manejable; con él, la periferia campesina quedó sin salidas.

Una tercera lectura matiza territorialmente: el mismo acto estabilizó la democracia electoral en el centro urbano y la deslegitimó en la periferia rural. La causalidad no sería nacional sino diferenciada geográficamente. Bogotá, Medellín y Cali funcionaban bajo la lógica del pacto; las regiones de colonización del Caquetá y el piedemonte llanero, junto con el sur del Tolima, quedaban fuera del alcance de sus rituales electorales y dentro del alcance de sus operaciones militares.

Una cuarta introduce una incomodidad necesaria: el plebiscito del 1 de diciembre de 1957 obtuvo un respaldo abrumador —cercano al 95% de los votantes— e inauguró el derecho al voto de la mujer en Colombia. Contenía a la vez clausura y apertura, exclusión partidista y legitimación democrática de masas. Llamarlo simplemente "pacto oligárquico" empobrece un fenómeno que, para millones de colombianos, fue también la primera experiencia de ciudadanía plena.

La quinta, la más radical, cierra el círculo: el pacto pacificador terminó creando a su propio enemigo principal; la guerrilla nació como reverso contradictorio del orden que el Frente Nacional buscaba estabilizar. Es la lectura de "hijas legítimas" en su versión más fuerte, y es la que hay que probar o refutar con la evidencia.

La evidencia, guerrilla por guerrilla

Las FARC: hijas indirectas del pacto, hijas directas de su política agraria

El caso de las FARC es el que mejor se presta a la tesis del engendramiento. La ofensiva militar sobre Marquetalia, iniciada oficialmente el 18 de mayo de 1964 bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, atacó a comunidades de autodefensa campesina influidas por el Partido Comunista Colombiano, asentadas en zonas del sur del Tolima, el Huila y el Cauca. La operación se desplegó en el marco del Plan Lazo, la estrategia colombiana de contrainsurgencia inscrita en la doctrina de seguridad nacional importada desde Washington, y con la legitimación política de la denuncia sobre las "repúblicas independientes" que Álvaro Gómez Hurtado y otros voceros conservadores habían hecho en el Congreso. Semanas después de romper el cerco, el 20 de julio de 1964, los combatientes de Marquetalia proclamaron el Programa Agrario Guerrillero, considerado acta fundacional. En 1965, la Primera Conferencia del Bloque Sur, celebrada en Riochiquito, Cauca, unificó los destacamentos dispersos —Riochiquito, Natagaima, El Pato, Guayabero y Marquetalia— con unos cien combatientes. En 1966, el grupo adoptó el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Que las FARC nacieran directamente del Frente Nacional exige, sin embargo, una precisión. Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas y sus compañeros venían de un mundo anterior al pacto: las autodefensas campesinas del sur del Tolima tenían raíces en las luchas agrarias de los años veinte y treinta, en la resistencia comunista y liberal durante La Violencia —la I Conferencia Nacional Guerrillera de agosto de 1952, en Boyacá, había intentado ya articular esa resistencia— y en los desplazamientos posteriores a la ofensiva contra Villarrica, que fundaron colonizaciones en las vertientes del piedemonte oriental. El propio Jacobo Arenas lo dijo con claridad: sin la agresión a Marquetalia, probablemente las FARC no habrían nacido. Cabe una formulación aún más dura: el ejército colombiano inventó al enemigo en nombre de una respuesta continental.

Lo que engendra a las FARC, entonces, no es exactamente el Frente Nacional como arreglo político, sino la política contrainsurgente ejecutada bajo su amparo, en el marco de la Guerra Fría y con la legitimación institucional que el pacto proveía. El bipartidismo excluyó al PCC del reparto paritario de cargos, cierto, pero fueron la doctrina del enemigo interno y el Plan Lazo los que transformaron autodefensas locales en guerrilla revolucionaria móvil. Si el Frente Nacional es "padre" de las FARC, lo es en el sentido de haber creado el marco institucional que hizo pensable —y ejecutable— una campaña militar contra comunidades agrarias campesinas a las que el reformismo llerista tampoco supo integrar. El Pacto de Chicoral de 1972, que desmontó la reforma agraria y devolvió a las élites terratenientes la seguridad jurídica sobre el latifundio, selló ese abandono: la periferia colonizada quedó, definitivamente, del otro lado de la línea.

El ELN: la irrupción cubana

El ELN complica la tesis frentista de manera decisiva. Fundado en 1965 en San Vicente de Chucurí y Simacota, en Santander, por campesinos y líderes estudiantiles, se definió desde el inicio como movimiento de liberación nacional inspirado en la Revolución cubana, y combinó marxismo-leninismo con elementos que después convergerían en la teología de la liberación —Camilo Torres Restrepo se incorporaría al grupo hasta su muerte en 1966. Su matriz ideológica es la teoría del foco guerrillero, su modelo es Sierra Maestra, su horizonte no es la exclusión bipartidista colombiana sino la ola continental que el triunfo del 1 de enero de 1959 desencadenó en toda América Latina.

Esto no significa que el Frente Nacional sea irrelevante para explicar al ELN. El cierre del sistema, la percepción de que la vía electoral era una farsa —el Movimiento Revolucionario Liberal de Alfonso López Michelsen había obtenido en 1962 unos 625.000 votos, el 24% del total, anulados por corresponder el turno presidencial a un conservador— y la exclusión de sectores estudiantiles y sindicales del debate político real crearon el suelo en el que la semilla cubana pudo germinar. Pero el detonante no está en Sitges ni en Benidorm: está en La Habana. Sin Fidel Castro, sin el Che Guevara, sin la conmoción continental que la revolución cubana produjo en la juventud radicalizada, el ELN sencillamente no existiría. Los primeros intentos armados de esa inspiración —Antonio Larrota y el MOEC, Federico Arango, Tulio Bayer— fracasaron precisamente porque intentaron replicar el modelo cubano sin arraigo social suficiente; el ELN acertó donde ellos habían fallado, pero pertenecía a la misma familia genealógica.

El EPL: la fractura sino-soviética

El EPL, surgido en la segunda mitad de los años sesenta, es aún más difícil de leer como hijo del Frente Nacional. Su matriz es la ruptura sino-soviética de comienzos de los sesenta, que dividió a los partidos comunistas latinoamericanos y dio resonancia a las tesis maoístas de la guerra popular prolongada. La disputa era ideológica y global: Moscú predicaba el tránsito pacífico al socialismo y la coexistencia; Pekín impugnaba esa línea como revisionista y proponía la lucha armada campesina como camino. El EPL colombiano se ubicó en la segunda trinchera, en una operación que replicaba en menor escala lo que estaba ocurriendo en varios países.

Aquí la exclusión del Frente Nacional pesa incluso menos que en el caso del ELN. Los cuadros que formaron el EPL no eran actores políticos frustrados por no encontrar cabida en el bipartidismo —nunca habrían aspirado a encontrarla—, sino militantes comunistas en ruptura con la línea oficial de su propio partido. El PCC había aprobado en su IX Congreso de 1961 la combinación de todas las formas de lucha, decisión tomada antes de que el Frente Nacional desplegara sus efectos más excluyentes y motivada tanto por la expulsión de sindicatos comunistas de la CTC como por el entusiasmo generado por Cuba. La disidencia maoísta que dio origen al EPL profundizaba esa opción armada por razones internacionales, no locales. Llamarlo "hijo del Frente Nacional" sería confundir un conflicto global —la fractura del comunismo internacional— con una coyuntura nacional.

El M-19: el único hijo directo

Si alguna guerrilla merece sin reservas el título de "hija legítima" del Frente Nacional, es el M-19. Su nombre lo dice: Movimiento 19 de abril, por la fecha en que la ANAPO de Gustavo Rojas Pinilla fue derrotada —según amplios sectores mediante fraude electoral— por Misael Pastrana Borrero. Los primeros datos del escrutinio de esa jornada de 1970 daban ventaja a Rojas; el presidente Carlos Lleras Restrepo suspendió las informaciones parciales, decretó estado de sitio, hubo una intervención televisada del ministro de Gobierno que muchos leyeron como anuncio de fraude, y al reanudarse el conteo el resultado final proclamó ganador a Pastrana por un margen estrecho: 1.625.025 votos contra 1.561.468. Rojas no llamó a resistir; se retiró a sus propiedades en España.

El grupo se conformó formalmente en 1974, con un núcleo heterogéneo. De las FARC llegaron Jaime Bateman Cayón, Álvaro Fayad y Carlos Pizarro; del ELN, de la Juventud Comunista y de corrientes marxista-leninistas convergieron cuadros que buscaban otra cosa; de sectores cristianos revolucionarios y de la propia dirección de la ANAPO se sumaron figuras como Carlos Toledo Plata, Israel Santamaría y Andrés Almarales. Era una coalición de trayectorias distintas que compartían la lectura de 1970 como cierre definitivo. Su primera acción pública fue el robo simbólico de la espada de Bolívar de la Quinta de Bolívar, en enero de 1974, gesto teatral pensado para el circuito urbano de la clase media ilustrada donde el grupo pretendía echar raíces.

El M-19 es la única de las cuatro guerrillas cuyo origen puede rastrearse punto por punto a un acto específico del Frente Nacional: el cierre —real o percibido— de la vía electoral en abril de 1970. Sus fundadores no habían salido de las zonas de colonización ni de las montañas del sur del Tolima; venían de la política institucional, de la ANAPO, de organizaciones que habían intentado disputar el poder por las urnas y habían concluido que no era posible. La lectura del episodio de 1970 como prueba de que el sistema estaba cerrado los empujó a la opción armada. Y, como si quisiera subrayar la diferencia, el M-19 fue predominantemente urbano, mestizo en su origen ideológico, y buscó su identidad en la memoria bolivariana antes que en el marxismo campesino.

La respuesta

Si se pesan estas cuatro trayectorias, la metáfora de "hijas legítimas del Frente Nacional" es a la vez insuficiente y parcialmente cierta. Insuficiente porque presenta como uniforme lo que es asimétrico: cada guerrilla tiene su genealogía. Parcialmente cierta porque en dos de los cuatro casos —FARC y M-19— el pacto operó como causa eficiente, aunque de modos distintos y en momentos distintos de su vida institucional.

El Frente Nacional fue condición necesaria pero no suficiente. Necesaria porque sin el cierre bipartidista, sin la exclusión del PCC del reparto de cargos, sin la doctrina de seguridad nacional que el pacto adoptó como identidad institucional de las Fuerzas Armadas desde 1958, la política contrainsurgente que produjo Marquetalia y la percepción de fraude que produjo el M-19 no habrían tomado la forma que tomaron. Insuficiente porque los factores estructurales —la cuestión agraria no resuelta, cristalizada en el Pacto de Chicoral de 1972; el despojo campesino durante La Violencia; la persistencia de autodefensas comunistas armadas desde antes de Sitges— y los factores internacionales —la Revolución cubana, la ruptura sino-soviética, la Guerra Fría— habrían producido insurgencia con o sin Frente Nacional.

La tesis de la exclusión dirigida contra el comunismo agrario tiene sustento fuerte: el diseño del pacto y su ejecución posterior en el Plan Lazo apuntaron con precisión contra un enemigo que ya existía. La tesis de la modernización sin reforma agraria tiene sustento aún más profundo, porque explica no solo el origen sino la persistencia territorial de las FARC en zonas de colonización periférica. La tesis de la causalidad territorialmente diferenciada es probablemente la más iluminadora: el Frente Nacional estabilizó la democracia electoral en las capitales —donde el plebiscito de 1957 se experimentó como apertura, incluido el voto femenino inaugural— y la deslegitimó en las periferias de colonización, donde no llegaron ni el ritual electoral ni la reforma agraria, pero sí las columnas del ejército. La tesis del respaldo popular del 95% no contradice a las otras: obliga a admitir que el pacto fue simultáneamente clausura y legitimación, y que millones de colombianos lo experimentaron como paz genuina mientras miles lo experimentaban como guerra.

Queda la tesis del enemigo autoengendrado. En su versión fuerte —el pacto creó a su propio enemigo principal—, se sostiene sólo para las FARC y el M-19, y con matices distintos. Para las FARC, el enemigo fue creado indirectamente, a través de la política contrainsurgente que el pacto legitimó; sin la ofensiva de Marquetalia, las autodefensas campesinas comunistas podrían haber permanecido en una lógica local de resistencia territorial, sin transformarse en guerrilla nacional móvil. Para el M-19, la creación fue directa y consciente: el nombre mismo del grupo denuncia al padre. Para el ELN y el EPL, en cambio, el enemigo llegó desde afuera —desde La Habana y desde Pekín— y el Frente Nacional le proveyó apenas el terreno permisivo, no la savia.

Quedan flancos abiertos que ninguna de estas tesis termina de cerrar, y que conviene explicitar antes de cualquier síntesis. El primero es el peso relativo del factor internacional frente al doméstico: cuánto del auge insurgente latinoamericano de los sesenta se explica por dinámicas locales replicadas y cuánto por una ola continental que habría producido guerrillas en Colombia con cualquier régimen político. Los fracasos tempranos de Antonio Larrota y otros, y en cambio el éxito posterior del ELN y del EPL, sugieren que la inspiración cubana o maoísta necesitaba condiciones locales para prosperar, pero no aclaran si esas condiciones eran esencialmente institucionales —el cierre frentista— o esencialmente estructurales —la cuestión agraria—. Una comparación con Venezuela, donde el Pacto de Punto Fijo de 1958 diseñó una alternancia parecida pero sin producir una insurgencia con arraigo campesino comparable, sugeriría que la variable decisiva no está en la ingeniería institucional sino en la geografía social sobre la que esa ingeniería se aplica.

Un segundo flanco es el peso de la ANAPO y de la crisis de 1970: que Rojas Pinilla no llamara a resistir el resultado electoral y que su movimiento no lograra apoyo político sostenido en campañas posteriores sugiere que la lectura del "fraude" como cierre irreversible del sistema fue una decisión interpretativa de sectores minoritarios —los fundadores del M-19— más que una conclusión mayoritaria de la ciudadanía. Millones de anapistas siguieron votando; unos pocos concluyeron que ya no valía la pena. Entender por qué esa minoría específica —urbana, ilustrada, con trayectoria previa en otras guerrillas o en la política institucional— se separó del grueso de su propio electorado exige atender a factores generacionales y culturales que el marco frentista, por sí solo, no ilumina.

Un tercer flanco es el contrafactual estricto: si el Frente Nacional no hubiera existido, la evidencia acumulada sugiere que habría habido guerrillas de todos modos —las autodefensas comunistas ya estaban armadas, la Guerra Fría ya estaba en marcha, la Revolución cubana ya había triunfado, la cuestión agraria ya estaba pendiente—, pero su forma, su geografía, su duración y su capacidad de sobrevivir medio siglo habrían sido probablemente distintas. Sin el pacto, quizá el PCC habría conservado alguna representación parlamentaria, la ofensiva contra las "repúblicas independientes" habría carecido del consenso bipartidista que la respaldó, y las autodefensas de Marquetalia habrían negociado alguna forma de integración territorial en vez de convertirse en columnas móviles. Es especulación, pero es la clase de especulación que ordena las jerarquías causales.

Queda por último el problema de la duración. Ninguna de las cinco tesis explica bien por qué las guerrillas colombianas sobrevivieron a las condiciones que las engendraron: el desmonte formal del pacto en 1974, la apertura democrática de la Constitución de 1991, la caída del Muro y el fin de la Guerra Fría, la desmovilización del M-19 en 1990 y del EPL en 1991. Que las FARC y el ELN siguieran combatiendo décadas después de que sus condiciones fundacionales hubieran cambiado sugiere que la relación entre origen y persistencia no es lineal. Una guerrilla puede nacer por una causa y sostenerse por otras —economías de guerra, control territorial, dinámicas locales de venganza y lealtad, negocios ilícitos— que la genealogía del pacto no captura. Aquí la metáfora de la paternidad se vuelve francamente engañosa: no se hereda medio siglo de guerra de un acuerdo firmado en 1957.

Quizá la metáfora más justa no sea la de la paternidad sino la de la partera: el Frente Nacional no engendró a la insurgencia colombiana, pero ayudó a nacer a la que Colombia efectivamente tuvo. El desmonte formal del pacto en 1974, la Constitución de 1991 y la persistencia del conflicto hasta bien entrado el siglo XXI muestran que el problema era más hondo: la cuestión agraria y territorial que las élites reunidas en Sitges y Benidorm prefirieron no mirar de frente.